Inostroza Lagos Orlando Guillermo

Entre los encausados, todos en retiro, hay ocho coroneles y 23 suboficiales de Ejército, 40 oficiales y suboficiales de Carabineros, dos ex agentes de la FACH, una ex agente de la Armada, y siete ex agentes de la Policía de Investigaciones.

El mayor golpe a la represión de la dictadura de Augusto Pinochet dio ayer el ministro Víctor Montiglio, al procesar a 98 ex agentes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones por 42 víctimas de la Operación Colombo.

Se trata de la resolución más numerosa dictada entre las casi 400 causas por violaciones de los derechos humanos que se instruyen en el país. Incluso superó a los 67 ex agentes encausados por el mismo juez Montiglio en 2007 por los crímenes de la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín en el cuartel Simón Bolívar.

Entre los encausados por Colombo hay ocho coroneles de Ejército (R), seis de los cuales no habían procesados antes en ninguna causa. También fueron declarados reos 23 suboficiales de Ejército (R) de los cuales al menos el 50 por ciento aparecen por primera vez en este tipo de causas.

Entre estos suboficiales figura Juvenal Piña, alias "El Elefante", ex agente de la Brigada Lautaro, que fue quien asfixió al jefe comunista en la clandestinidad (1976) Víctor Díaz, con una bolsa plástica en su cabeza, previo a que le inyectaran cianuro.

Además el magistrado encausó a 40 ex agentes oficiales y suboficiales de Carabineros, entre los que están Ricardo Lawrence, Heriberto Acevedo, Claudio Pacheco y José Mora, todos ex integrantes de la misma Brigada. Entre los procesados hay también ex agentes que pertenecían a la Policía de Investigaciones. El único civil (Ejército) es Juan Suárez.

De la lista total, al menos trece ya se encuentran cumpliendo condena por otras causas (ver lista).

Hasta el cierre de esta edición los procesados seguían siendo detenidos para ser internados en distintos lugares, como el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

Entre las 42 víctimas por las cuales el ministró dictó su resolución, están María Angélica Andreolli, Miguel Acuña Castillo, Juan Carlos Perelmann Ide, Juan Chacón Olivares, Jorge Müller Silva, Luis Guendelmann Wisniak, Mario Calderón Tapia y Carmen Bueno Cifuentes.

La Operación Colombo y los medios

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA.

La Operación Colombo fue parte de la Operación Cóndor, y consistió en un montaje de la dictadura para hacer creer a la población que 119 detenidos que se encontraban desaparecidos, habían salido clandestinamente a Argentina y allí murieron enfrentados con fuerzas policiales y del Ejército durante la fase previa al golpe militar de 1976 en Argentina.

Algunos de esos nombres aparecieron como militantes "asesinados" en Buenos Aires y alrededores, con carteles en sus cuerpos que decía que habían sido ejecutados por sus propios compañeros por ajuste de cuenta por rencillas internas. Sin embargo, ello también resultó un montaje.

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA en el extranjero y tuvieron una única edición.

En Chile la prensa pro dictadura como los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y La Segunda, reprodujeron el montaje de los servicios de inteligencia. En el recuerdo quedó el titular del vespertino que informó "Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina". Ellos formaron parte de la lista de los 119 desaparecidos de Colombo.

El ex prófugo Raúl Iturriaga, quien era uno de los encargados del departamento exterior de la DINA, fue quien primero dio luces en Buenos Aires de este operativo.

Según el ex agente civil Enrique Arancibia Clavel, condenado en Buenos Aires por el crimen del general Carlos Prat y su esposa, fue Iturriaga quien a comienzos de 1975 se juntó con él para pedirle que preparara lo necesario porque "hay que hacer aparecer a unos muertos de la Operación Colombo".

Se trataba de preparar la aparición de los supuestos cuerpos de Jaime Robotham y Luis Guendelmann como parte del montaje.

Lista de procesados

Ejército (todos en retiro):

Víctor Molina Astete (coronel); Sergio Castillo González (crl); Eduardo Guerra Guajardo (crl); Víctor San Martín Jiménez (crl); José Fuentes Torres (crl); Manuel Carevic Cubillos (crl); Jaime Paris Ramos (crl); César Manríquez Bravo (crl); Raúl Toro Montes (suboficial); Eduardo Reyes Lagos (sub); Orlando Torrejón Gatica (sub); Osvaldo Tapia Alvarez (sub. Suicidado); Juvenal Piña Garrido (sub. “El Elefante”); Juan Suárez Delgado (civil); Nelson Paz Bustamante (sub); José Aravena Ruiz (sub); Luis Torres Méndez (sub); Raúl Soto Pérez (sub); Jorge Andrade Gómez (sub); Juan Escobar Valenzuela (sub); Rolando Concha Rodríguez (sub); Gustavo Apablaza Meneses (sub); Hiro Alvarez Vega (sub); Víctor Alvarez Droguett (sub); Jorge Venegas Silva (sub); Carlos Rinaldi Suazo (sub); Carlos Letelier Verdugo (sub); Reinaldo Concha Orellana (sub); Máximo Aliaga Soto (sub); Hugo Clavería Leiva (sub); Samuel Fuenzalida Devia (sub);

Investigaciones

Juan Urbina Cáceres; Hugo Hernández; Manuel Rivas Díaz; Herman Alfaro; Eugenio Fieldhouse; Osvaldo Castillo;

Carabineros (oficiales y suboficiales todos en retiro)

Gerardo Godoy García; Ciro Torres Sáez, Alejandro Molina Cisternas; Camilo Torres Negrier; Héctor Lira Aravena; José Fritz Esparza; Claudio Pacheco Fernández; Jorge Sagardia Monge; Sergio Castro Andrade; Luis Villarroel Gutiérrez; Armando Cofré Gómez; Fernando Roa Montaña; Gerardo Meza Acuña; Enrique Gutiérrez Rubilar; Luis Mora Cerda; José Muñoz Leal; Juan Duarte Gallegos; Carlos Miranda Meza; Rufino Jaime Astorga; Luis Urrutia Acuña; Luis Zúñiga Ovalle; Pedro Alfaro Hernández; Orlando Inostroza Lagos; Rosa Ramos Hernández; Gustavo Caruvan Soto; Héctor Valdebenito Araya; Manuel Avendaño González; José Mora Diocares; Guido Jara Brevis; Nelson Ortiz Vignolo; Ruderlindo Urrutia Jorquera; Héctor Flores Vergara; Jerónimo Neira Méndez; Manuel Montré Méndez; Heriberto del Carmen Acevedo; Claudio Orerllana de la Pinta; Nelson Iturriaga Cortés; Luis Gutiérrez Uribe; José Ojeda Obando

Fuerza Aérea

Delia Gajardo Cortés; Hernán Avalos Muñoz

Armada

Teresa Navarro Osorio;

Procesados que ya cumplen condena

Manuel Contreras Sepúlveda; Pedro Espinoza Bravo; Raúl Iturriaga Neumann; Marcelo Moren Brito; Miguel Krassnoff Martchenko; Ricardo Lawrence Mires; Basclay Zapata Reyes; Conrado Pacheco; Francisco Ferrer Lima; Gerardo Urrich; Orlando Manzo Durán; Rizier Altez España; Fernando Lauriani Maturana

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De acuerdo a un informe estadístico del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, al 30 de septiembre de 2009, estaban abiertas en tribunales 333 causas criminales por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, por 1.101 víctimas, con 768 agentes sometidos a proceso, de los cuales 276 estaban condenados, 53 de ellos ]

De acuerdo a un informe estadístico del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, al 30 de septiembre de 2009, estaban abiertas en tribunales 333 causas criminales por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, por 1.101 víctimas, con 768 agentes sometidos a proceso, de los cuales 276 estaban condenados, 53 de ellos con sentencia ejecutoriada y cumpliendo penas en presidio.

El número máximo de procesos se alcanzó el año en 2004, con 430, por 1.260 víctimas. La reducción en el número de procesos hasta los 330 vigentes, se explica por juicios que han llegado a su término, sea con sentencia condenatoria o con sobreseimiento temporal o definitivo, sin culpables.

Si se considera que el número total de víctimas calificadas por la Comisión Rettig, y la Corporación de Reparación alcanza a los 3.186, se obtiene que por el 39,5% de las víctimas ha habido algún tipo de procedimiento judicial.
El número de 276 condenas en un universo de 768 agentes procesados implica un 35,9%; los 171 agentes con condenas dictadas desde el 1 de enero de 2000 representan el 22,2% y los 53 agentes cumpliendo penas de presidio, implican el 6,9 de los agentes y 1,6% de las víctimas. Estos números pueden variar, en la medida en que hay 46 procesos en apelación, en contra de sentencias de sobreseimiento o absolución, y potencialmente podrían aumentar como consecuencia de la reapertura de las comisiones Rettig y Valech, anunciada por el Gobierno.

 

Instituciones y rangos

 

El análisis de la institución de pertenencia y rango de los agentes procesados y condenados permite configurar perfiles y características de lo que fue la represión durante la dictadura.

En términos numéricos, la rama que mayor aporte hace a la nómina es el Ejército, con 341 procesados o condenados, seguida por Carabineros, con 245; la Armada, con 54; La Fuerza Aérea, con 51; e Investigaciones, con 18, mientras 53 procesados son civiles.

Por rangos, en el Ejército hay 53 generales o brigadieres (15,5%); 52 coroneles (15,2%), 19 tenientes coroneles (5,5%); 23 mayores (6,7%); 22 oficiales con grado de capitán a subteniente (6,4%); 128 suboficiales (37,5%), 2 conscriptos (0,5%) y 35 empleados civiles de la DINA y/o la CNI /10,6%).

Pertenecientes a Carabineros hay 6 generales (2,4%), 17 coroneles (6,9%), 10 tenientes coroneles (4%); 12 mayores (4,8%); 10 capitanes (4%); 11 oficiales; (4,4%) 178 oficiales (72,6%) y un empleado civil, de la Dicomcar.
Por la Armada hay 6 vicealmirantes o contralmirantes (11,1%); 8 capitanes de navío (14,8%); 6 capitanes de fragata (11,1%); 7 tenientes y subtenientes (12,9%); 25 suboficiales /46,2%) y 2 empleados civiles (3,7%).

En la Fuerza Aérea hay 2 generales (3,9%); 9 coroneles (17,6%); 4 comandantes de grupo o escuadrilla (7,8%); 3 capitanes (5,8%), 1 teniente (1,9%); 20 suboficiales (39,2%) y 12 empleados civiles (23,5%), la mayor parte del Comando Conjunto.

De Investigaciones hay 2 comisarios (11,1%); 2 prefectos (11.1%); 3 subcomisarios (16,65); 3 subprefectos (16,6%) y 7 inspectores (38,8%).

De los 53 civiles, 16 pertenecen a Colonia Dignidad (30,1%).

Desde la perspectiva de género, la estadística muestra que la represión de la dictadura tuvo un marcado carácter machista, por cuanto de los 768 agentes procesados o condenados, sólo 23 son mujeres (2,9%), de las cuales 8 son del Ejército (34,7%); 5 de la Armada (21,7%) 4 de la Fuerza Aérea (17,3%); 3 de Carabineros (13%) y 3 de Colonia Dignidad (13%).

 

Procesamientos y condenas múltiples

 

Al 30 de septiembre de 2009n en la estadística del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, figuran 3.078 autos de procesamiento, cifra determinada por aquellos agentes que tienen más de un procesamiento y/o condenada.

Con dos procesos y/o condenas aparecen 114 agentes. No siempre el número de procesos o condenas representa la gravedad de la participación del agente. A modo de ejemplo, el ex coronel de Ejército Sergio Arredondo González figura en esta categoría. Pero en el caso de la Caravana de la Muerte, está procesado como autor de 55 secuestros con homicidio calificado: 14 en Antofagasta, 13 en Calama, 13 en Copiapó y 15 en La Serena, y como coautor de 20 homicidios calificados: 13 en Calama, 3 en Copiapó y 4 en Cauquenes. Por su participación en las ejecuciones de la Escuela de Caballería de Quillota, está condenado en segunda instancia a 10 años y un día de presidio como autor de 9 secuestros con grave daño.

Con tres procesos y/o condenas, figuran 45 agentes. En este categoría, también vale la prevención anterior, en el sentido de que no siempre el número de procesos o condenas representa el compromiso del agente con la violación de los derechos humanos. Es el caso de Carlos Herrera Jiménez, que además de haber cumplido condena como autor del homicidio calificado de Mario Fernández López., hoy está purgando dos condenas de presidio perpetuo, como autor de homicidio calificado de Tucapel Jiménez Alfaro y Juan Alegría Mundaca.

Catorce agentes figuran con cuatro procesos o condenas. En este reglón destacan Luis Arturo Sanhueza Ross, condenado a firme como autor de un homicidio calificado en la Operación Albania; procesado como coautor de 5 secuestros calificados en el caso de los cinco desaparecidos de septiembre de 1987; condenado a firme como coautor de homicidio calificado en el caso de Jécar Neghme y condenado a firme como autor de homicidio calificado en la ejecución de Fernando Vergara, y Heriberto Adel Carmen Acevedo Acevedo, procesado como coautor de 9 secuestros calificados y como coautor de un homicidio calificado en el caso de Calle Conferencia; procesado como coautor de 6 secuestros calificados en la Operación Colombo; procesado como coautor de 6 secuestros calificados en la desaparición de 13 integrantes de la dirección clandestina del PC y procesado como coautor de 3 secuestros calificados en la Operación Cóndor.

Diez agentes acumulan cinco procesos o condenas. Entre ellos, Paul Schafer Schneider, procesado como autor de 1 secuestro calificado en la desaparición de Alvaro Vallejos Villagrá, acusado como autor de secuestro calificado de Juan Maino Canales, Antonio Elizondo Ormaechea y Elizabeth Rekas; procesado como autor de asociación ilícita en Colonia Dignidad, acusado como autor de secuestro calificado de Pedro Merino Molina y condenado en segunda instancia como autor del homicidio calificado de Miguel Becerra, y Manuel Andrés Cárevic Cubillos, procesado como coautor de 46 secuestros calificados en la Operación Colombo; procesado como autor de secuestro calificado de Rodolgo González; procesado como autor de secuestro calificado de Nilda y Mario Peña; condenado a firme como autor de secuestro calificado de Félix de la Jara y condenado en primera instancia como autor de los secuestros calificados de Luis González Mella, Luis Mahuida Esquivel y Patricio Soto Cerna.

Seis agentes suman seis procesos y/o condenas. Casos emblemáticos de esta categoría son los agentes del Comando Conjunto Daniel Luis Guimpert Corvalán, absuelto en segunda instancia como autor del secuestro de Humberto Fuentes; procesado como autor de 3 secuestros calificados de Ignacio González y otros; condenado como autor del homicidio de Carlos Contreras Maluje; procesado por secuestro calificado de Juan Gianelli y otros; absuelto en primera instancia por el asesinato de dos integrantes del Comando Conjunto, y procesado por los secuestro de José Weibel y Carlos Sánchez Cornejo, y Otto Trujillo Miranda, acusado como autor de secuestro de Víctor Vega; condenado a firme como autor de secuestro calificado de Héctor Urrutia, con resultado de homicidio; procesado como autor de secuestro calificado y como cómplice de dos secuestros calificados, en la desaparición de Ignacio González y otros; procesado como cómplice de dos secuestros en la desaparición de Juan Gianelli y otros; condenado en segunda instancia como cómplice del secuestro calificado de Humberto Fuentes y procesado como autor de dos secuestros calificados y como autor de asociación ilícita, en la desaparición de Alonso Gahona Chávez y Miguel Angel Rodríguez Gallardo.

Nueve agentes enfrentan siete procesos o condenas. El más conocido es Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, condenado en segunda instancia como autor de 2 homicidios calificados y como autor de asociación ilícita, en el asesinato del General Carlos Prats y señora; Condenado a firme como coautor de los secuestros calificados de Carlos Carrasco y Fernando Olea; Condenado en primera instancia como autor de los secuestros calificados de González Mella, Mahuida Esquivel y Soto Cerna; Condenado a firme como autor del secuestro calificado de Fçelix de la Jara; procesado como autor de los secuestros calificados de Nilda y Mario Peña; condenado a firme como autor del secuestro calificado de José San Martín y procesado como coautor de 36 secuestros calificados en la Operación Colombo.

Diez agentes totalizan ocho procesos y condenas. Se trata de los suboficiales de Ejército, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Carlos Eusebio López Inostroza y Eduardo Antonio Reyes Lagos; la también suboficial de Ejército, enfermera y agente de la DINA, Gladys de las Mercedes Calderón Carreño, la mujer con mayor número de procesamientos; los suboficiales de Carabineros, José Mario Friz Esparza y Orlando Guillermo Inostroza Lagos; el médico y coronel de Sanidad, Vittorio Orvieto Teplitzki; el subprefecto de Investigaciones, Eugenio Jesús Fieldhouse Chávez, y el coronel de la Fuerza Aérea, Juan Francisco Saavedra Loyola.
Con nueve procesos o condenas aparecen el general de Ejército, Sergio Arellano Stark; el coronel de Ejército, Juan Hernán Morales Salgado; el teniente coronel de Ejército David Adolfo Miranda Monardes; el suboficial de Carabineros; Claudio Enrique Pacheco Fernández, y el agente civil del Comando Conjunto, Cesar Luis Palma Ramírez.

 

La elite del terror

 

De aquí en adelante emerge la dudosa elite de los violadores de los derechos humanos. Con diez procesos o condenas aparecen el mayor de Ejército Alvaro Julio Corbalán Castilla y el general de la Fuerza Aérea, Freddy Enrique Ruiz Bunger.

Ocho procesos y tres condenas enfrentan el coronel de Ejército y agente de la DINA, Carlos José López Tapia y el teniente coronel de Ejército y agente de la DINA, Ricardo Víctor Lawrence Mires.

Siete condenas y cuatro procesos ostenta el coronel de Ejército y agente de la DINA; Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo.

Ocho procesos y cuatro condenas es el palmarés de Fernando Eduardo Lauriani Maturana, coronel de Ejército y Agente de la DINA.

Ocho condenas y cuatro procesos acumula el teniente Coronel de Ejército y agente de la DINA, Francisco Maximiliano Ferrer Lima.

Dos condenas y 12 procesos tiene el mayor de Gendarmería y agente de la DINA, Orlando José Manzo Durán.
Doce condenas y ocho procesos penden sobre el suboficial de Ejército y agente de la DINA, Basclay Humberto Zapata Reyes.

Diez condenas y 16 procesos es el balance del brigadier de Ejército y agente de la DINA, Pedro Espinoza Bravo.
El coronel de Ejército y agente de la DINA, Miguel Kassnoff Martchenko, sólo superado por Marcelo Morenj Brito y Manuel Contreras, tiene la impresionante marca de 23 condenas y 17 procesos.

Moren Brito, coronel de Ejército y agente de la DINA suma 25 condenas y 20 procesos.

La marca de Manuel Contreras Sepúlveda, el zar de la represión en Chile, de 37 condenas y 29 procesos, es de nivel mundial tanto por su rango y el número de causas que enfrenta, como por hecho de que permanece en prisión desde 1994.

También una marca mundial debe ser la del Ministro de Fuero Víctor Montiglio, con los 2.215 autos de procesamiento que ha dictado contra 134 agentes por 55 secuestros con desaparición, en la denominada Operación Colombo.

El mismo ministro ha dictado 86 autos de procesamiento en el secuestro y desaparición de la primera dirección clandestina del PC, conocido como Calle Conferencia, y 54 autos de procesamiento en el caso de la desaparición de la segunda dirección clandestina del PC, conocido como Los Trece, y 54 autos de procesamiento en la denominada Operación Cóndor.

También destacan por su masividad los 141 autos de procesamientos dictados contra 21 agentes, por el Ministro de Fuero, Alejandro Solís, 77 víctimas de Villa Grimaldi, entre las cuales hay desaparecidos, ejecutados y torturados sobrevivientes; los 64 autos de procesamientos dictados por los ministros Juan Guzmán y Víctor Montiglio en la denominada Caravana de la Muerte y los 35 autos de procesamiento dictados por el Ministro Mario Carroza, contra los agentes implicados en las cinco desapariciones del integrantes del FPMR, en septiembre de 1987.

 

Penas ejemplares

 

Desde el punto de vista de la contundencia y ejemplaridad de la sanción, sobresalen las condenas de presidio perpetuo dictadas por el Ministro Milton Juica, contra Miguel Estay Reino, José Florentino Fuentes Castro, Guillermo González Betancourt, Alejandro Sáez Mardones y Claudio Salazar Fuentes, por el caso degollados; las condenas de presidio perpetuo, contra Armando Cabrera Aguilar, Alvaro Corbalán Castilla y Carlos Herrera Jiménez, dictadas por el juez Sergio Muñoz, por el homicidio de Juan Alegría Mundaca; y la condena a presidio perpetuo dictada por el Ministro Mario Carroza contra Hugo Salas Wenzel, por los homicidios de la denoiminada Operación Albania; las dos penas de 20 años cada uno a Manuel Contreras y Pedsro Espinoza, dictada por el Ministro Alejndro Solís, por el asesinato del matrimonio Prats; y la condena a 20 años de presidio que le impuso el Ministro Mario Carroza a Alvaro Corbalán, por su participación en distintos homicidios de la Operación Albania.

 

Atenuantes y beneficios

 

Por el contrario, destacan por su benignidad, los tres años y un día, rebajados por la Corte Suprema, a 7 agentes por el secuestro y desaparición de Carlos Contreras Maluje, misma condena, con libertad vigilada, contra Donato Alejandro López Almarza, por el asesinato del sacerdote Joan Alsina; y los tres años con beneficio de remisión condicional de la pena, contra 7 agentes, por el asesinato de Jécar Neghme.

En líneas generales, desde el año 2008 la Sala Penal de la Corte Suprema ha venido aplicando la atenuante de la media prescripción, por lo cual ningún agente ha sido condenado desde entonces a penas mayores de cinco años y un día, lo que determina en muchos caso la remisión condicional de la pena.

De esta manera, al 30 de septiembre de 2009, se encontraban purgando sentencia de presidio sólo 53 agentes. Eso es lo que dicen los números.

Si se considera el alto número de procesos y que los avances en materia de investigación y sanción en casos de violaciones de derechos humanos empezaron a registrarse después de 2002, no se puede sostener que en Chile subsista la impunidad. Pero si considera el reducido monto de las condenas, especialmente las confirmadas durante 2008 y 2009, como consecuencia de atenuantes y beneficios que está otorgando la Sala Penal de la Corte Suprema, y la elevada proporción de víctimas que no han tenido investigación ni sanción, esa heridas inferida al alma nacional, está todavía lejos de cerrarse.

Por Francisco Herreros |

Ximena Pérez G. La cúpula de la DINA y otros ex agentes del organismo fueron procesados ayer por el ministro en visita Alejandro Solís por el secuestro calificado de 13 militantes comunistas, entre ellos los médicos Iván Insunza Bascuñán y Carlos Godoy Lagarrigue.
Encabeza la nómina de 21 encausados el ex jefe de la DINA, general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, procesado como autor de los secuestros calificados junto a Carlos López Tapia, Pedro Espinoza Bravo, Juan Morales Salgado, Eugenio Fieldehouse Chávez, Marcelo Moren Brito, Ricardo Lawrence Mires, Orlando Manzo Durán, Ciro Torré Sáez y Claudio Andrade Gómez.
Como cómplices de seis de los secuestros fueron encausados Gladys Calderón Carreño, Rufino Jaime Astorga, José Friz Esparza, Hermon Alfaro Mundana, Orlando Inostroza Lagos, Pedro Bitterlich Jaramillo, Claudio Pacheco Fernández y Eduardo Reyes Lagos.
En tanto, el ministro en visita Joaquín Billard ordenó el ingreso a Punta Peuco de los ex oficiales del Ejército Fernando Polanco Gallardo y Luis Fernández Monjes, condenados a 5 años y un día de presidio por los homicidios calificados de Bernardo Lejderman y María del Rosario Ávalos, ocurridos el 8 de diciembre de 1973, en el Valle de Elqui.
El magistrado despachó una orden de detención contra el tercer condenado, el suboficial (r) del Ejército Héctor Vallejos Birtiola, quien no concurrió a la citación del máximo tribunal. 

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A 40 años del Golpe de Estado, el ministro Leopoldo Llanos también encausó a Carlos López, Pedro Espinoza, entre otros, como autores de los secuestros calificados de Juan Villarroel Zárate y Clara Canteros Torres y el homicidio calificado de Eduardo Canteros Prado, ocurridos en 1976.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo Llanos procesó a ex agentes de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) por los secuestros calificados de Juan Aurelio Villarroel Zárate y Clara Canteros Torres y el homicidio calificado de Eduardo Canteros Prado, ocurridos en julio y agosto de 1976.

El magistrado encausó como autores a Manuel Contreras Sepúlveda; Carlos López Tapia; Pedro Espinoza Bravo; Juan Morales Salgado; Marcelo Moren Brito; Rolf Wenderoth Pozo; Eugenio Fieldehouse Chávez; Ricardo Lawrence Mires y Jorge Andrade Gómez.

Y como cómplices a Gladys Calderón Carreño; Rufino Jaime Astorga; José Friz Esparza; Hermon Alfaro Mundaca; Orlando Inostroza Lagos; Pedro Bitterlich Jaramillo; Claudio Pacheco Fernández; Eduardo Reyes Lagos; Orlando Torrejón Gatica; Orlando Altamirano Sanhueza y Carlos López Inostroza.

De acuerdo a la investigación, Juan Villarroel Zárate fue detenido desaparecido cerca de la estación Mapocho, el 13 de agosto de 1976. Mientras que Clara Carrasco Torres y su tío Eduardo Canteros Prado fueron detenidos en La Florida, el 23 de julio de 1976.

Los restos de Canteros fueron identificados entre las víctimas que fueron inhumadas ilegalmente en un predio del Ejército, ubicado en el sector Las Tórtolas, Colina, el 3 de julio pasado, restos que fueron encontrados en 1990.

A 40 años del Golpe de Estado, el ministro Leopoldo Llanos también encausó a Carlos López, Pedro Espinoza, entre otros, como autores de los secuestros calificados de Juan Villarroel Zárate y Clara Canteros Torres y el homicidio calificado de Eduardo Canteros Prado, ocurridos en 1976.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo Llanos procesó a ex agentes de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) por los secuestros calificados de Juan Aurelio Villarroel Zárate y Clara Canteros Torres y el homicidio calificado de Eduardo Canteros Prado, ocurridos en julio y agosto de 1976.

El magistrado encausó como autores a Manuel Contreras Sepúlveda; Carlos López Tapia; Pedro Espinoza Bravo; Juan Morales Salgado; Marcelo Moren Brito; Rolf Wenderoth Pozo; Eugenio Fieldehouse Chávez; Ricardo Lawrence Mires y Jorge Andrade Gómez.

Y como cómplices a Gladys Calderón Carreño; Rufino Jaime Astorga; José Friz Esparza; Hermon Alfaro Mundaca; Orlando Inostroza Lagos; Pedro Bitterlich Jaramillo; Claudio Pacheco Fernández; Eduardo Reyes Lagos; Orlando Torrejón Gatica; Orlando Altamirano Sanhueza y Carlos López Inostroza.

De acuerdo a la investigación, Juan Villarroel Zárate fue detenido desaparecido cerca de la estación Mapocho, el 13 de agosto de 1976. Mientras que Clara Carrasco Torres y su tío Eduardo Canteros Prado fueron detenidos en La Florida, el 23 de julio de 1976.

Los restos de Canteros fueron identificados entre las víctimas que fueron inhumadas ilegalmente en un predio del Ejército, ubicado en el sector Las Tórtolas, Colina, el 3 de julio pasado, restos que fueron encontrados en 1990.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Miguel Vázquez dictó acusación en la investigación por los secuestros calificados de Mario Zamorano Donoso, Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortés, Jaime Donato Avendaño, Elisa Escobar Zepeda, Lenin Díaz Silva y Eliana Espinoza Fernández; y por el homicidio calificado de Víctor Díaz López, ilícitos perpetrados entre mayo de 1976 y enero de 1977, en Santiago, causa conocida como “Conferencia 1”.

El magistrado Vázquez determinó la responsabilidad de 79 ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en los ochos delitos cometidos en diversos operativos realizados en calle Conferencia 1587, de la comuna de Santiago; calle Gaspar de Orense 993, de la comuna de Quinta Normal; calle Bello Horizonte 979, de la comuna de Las Condes, y el homicidio en el cuartel de Simón Bolívar 8800, en la comuna de La Reina, causa que se instruyó por una querella presentada el 12 de enero 1998, y que anteriormente instruyeron los ministros en visita Juan Guzmán Tapia y Víctor Montiglio Rezzio.

El ministro en visita Miguel Vázquez determinó responsabilidades –en todos o algunos de los hechos– de:
01. Manuel Contreras Sepúlveda.
02. Pedro Espinoza Bravo.
03. Carlos López Tapia.
04. Miguel Krassnoff Martchenko.
05. Ricardo Lawrence Mires.
06. Jorge Madariaga Acevedo.
07. Eugenio Fieldhouse Chávez.
08. José Fuentealba Saldías.
09. Hugo Clavería Leiva.
10. José Soto Torres.
11. Raúl Soto Pérez.
12. Juan Carlos Escobar Valenzuela.
13. Jerónimo Neira Méndez.
14. Héctor Briones Burgos.
15. Pedro Mora Villanueva.
16. Roberto Rodríguez Manquel.
17. Leonidas Méndez Moreno.
18. Jorge Andrade Gómez.
19. Nelson Herrera Lagos.
20. Juan Morales Salgado.
21. Jorge Sagardía Monje.
22. Héctor Valdebenito Araya.
23. Federico Chaigneau Sepúlveda.
24. Bernardo Daza Navarro.
25. Sergio Escalona Acuña.
26. Guillermo Ferrán Martínez.
27. Gladys Calderón Carreño.
28. Elisa Magna Astudillo.
29. Heriberto del Carmen Acevedo.
30. Emilio Troncoso Vivallos.
31. Claudio Pacheco Fernández.
32. Jorge Díaz Radulovich.
33. Orlando Altamirano Sanhueza.
34. Eduardo Cabezas Mardones.
35. Jorge Escobar Fuentes.
36. René Riveros Valderrama.
37. Jorge Pichunmán Curiqueo.
38. Orfa Saavedra Vásquez.
39. Celinda Aspe Rojas.
40. Teresa Navarro Navarro.
41. Berta Jiménez Escobar.
42. Adriana Rivas González.
43. Jorge Arriagada Mora.
44. Pedro Bitterlich Jaramillo.
45. Eduardo Oyarce Riquelme.
46. Guillermo Díaz Ramírez.
47. Ana Vilches Muñoz.
48. Italia Vacarella Gilio.
49. Jorge Manríquez Manterola.
50. Orlando Torrejón Gatica.
51. José Manuel Sarmiento Sotelo.
52. Manuel Obreque Henríquez.
53. Gustavo Guerrero Aguilera.
54. Eduardo Garea Guzmán.
55. Juvenal Piña Garrido.
56. Rufino Jaime Astorga.
57. Luis Lagos Yáñez.
58. María Angélica Guerrero Soto.
59. Sergio Castro Andrade.
60. Manuel Montre Méndez.
61. Pedro Gutiérrez Valdés.
62. Claudio Orellana de la Pinta.
63. Joyce Ahumada Despouy.
64. Hiro Álvarez Vega.
65. José Miguel Meza Serrano.
66. José Ojeda Obando.
67. Carlos Bermúdez Méndez.
68. Víctor Manuel Álvarez Droguett.
69. Eduardo Reyes Lagos.
70. Marilin Silva Vergara.
71. Hernán Sovino Maturana.
72. José Friz Esparza.
73. Carlos Miranda Mesa.
74. Camilo Torres Negrier.
75. Orlando Inostroza Lagos.
76. Carlos López Inostroza.
77. José Seco Alarcón.
78. Lionel Medrano Rivas.
79. Juan Suazo Saldaña.

De acuerdo a los antecedentes de la causa, los operativos ocurrieron de la siguiente forma:

Operativo de calle Conferencia 1587, Santiago

Que, siendo la 03:00 horas del día 29 de abril de 1976,  agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, concurrieron al domicilio ubicado en calle Conferencia 1587, Santiago, el cual estaba siendo vigilado previamente donde detuvieron a sus moradores Juan Becerra Barrera, María Angélica Gutiérrez Gómez y su prima Eliana Gutiérrez Vidal, quienes fueron obligados a participar en el operativo desplegado en dicho inmueble, para lo cual debían aparentar una vida normal, bajo la observación de agentes de la DINA, los que permanecían en el lugar en espera de la concurrencia de integrantes del partido comunista con el propósito de proceder a su detención.  Fue así como a las 19:00 horas del día 4 de mayo de 1976, llegó al inmueble de calle Conferencia 1587, Mario Jaime Zamorano Donoso, encargado de Organización del Partido Comunista, quien fue detenido por agentes de la DINA, trasladado al cuartel de detención Villa Grimaldi, ubicado en Av. José Arrieta 8.200, comuna de La Reina, donde permaneció privado de libertad, desconociéndose posteriormente su paradero.

Cerca de las 21:00 horas  del mismo día, llegó al mencionado inmueble Onofre Jorge Muñoz Poutays, miembro del Comité Central de la misma colectividad, el que fue detenido y conducido al cuartel Villa Grimaldi por los agentes de la DINA, donde permaneció privado de libertad, desconociéndose posteriormente su paradero.

Al día siguiente, 5 de mayo de mayo de 1976, concurrieron al inmueble de calle Conferencia Uldarico Donaire Cortez, y Jaime Patricio Donato Avendaño, miembros del Comité Central del Partido Comunista, los que fueron detenidos por agentes de la DINA y llevados posteriormente al cuartel de Villa Grimaldi, donde permanecieron privados de libertad, desconociéndose posteriormente su paradero.

Y que, del mismo modo, el día 6 de mayo de 1976, fue detenida por agentes de la DINA en el mismo inmueble y utilizando el mismo procedimiento, Elisa del Carmen Escobar Cepeda, integrante del Comité Central del Partido Comunista, la que fue conducida al cuartel de Villa Grimaldi,  donde permaneció privada de libertad, desconociéndose posteriormente su paradero.

Operativo de calle Gaspar de Orense 993, Quinta Normal

Que, el 9 de mayo de 1976, fue detenido por agentes de la DINA Lenin Adán Díaz Silva, miembro de la Comisión Técnica del Partido Comunista de Chile, en el inmueble ubicado calle Gaspar de Orense N° 993, Quinta Normal, Santiago, siendo trasladado al cuartel de Villa Grimaldi, lugar donde se pierde todo rastro ignorándose hasta la fecha su paradero.

Operativo de detención de Eliana Espinoza Fernández

Que, el 12 de mayo de 1976, Eliana Marina Espinoza Fernández, quien había tomado locomoción colectiva  en calle Independencia para dirigirse a un destino que no reveló, fue detenida por agentes de la DINA y trasladada al cuartel de detención Villa Grimaldi, donde permaneció privada de libertad, desconociéndose posteriormente su paradero.

Operativo de calle Bello Horizonte N° 979, Las Condes

Que, alrededor de la 01:00 horas del día 12 de mayo de 1976, agentes de la DINA allanaron el domicilio de calle Bello Horizonte N° 979, comuna de Las Condes, Santiago y detuvieron a Víctor Manuel Díaz López, secretario  general del Partido Comunista de la época y luego lo condujeron al cuartel de Villa Grimaldi, donde permaneció en cautiverio y fue sometido a constantes interrogatorios y torturas, siendo posteriormente trasladado a cuartel de la DINA ubicado  en Simón Bolívar N° 8.800 de la comuna de La Reina, Santiago, donde permaneció los últimos meses en que permaneció con vida.

Muerte de Víctor Díaz López

Que, Víctor Manuel Díaz López, una vez trasladado al cuartel de la DINA ubicado en Simón Bolívar 8.800, La Reina, Santiago, fue mantenido en un régimen de  encierro y privación de libertad, permanentemente custodiado e interrogado por  los agentes que operaban en dicho cuartel y durante la tarde de un día de la primera quincena del mes de enero de 1977 y en circunstancias que se encontraba en el interior de un calabozo en el mencionado cuartel de Simón Bolívar, agentes que operaban en el lugar, en cumplimiento de una orden de ejecución emanada del superior jerárquico de la institución y transmitida por el jefe del cuartel a sus subordinados, procedieron a  darle muerte utilizando para ello una bolsa plástica con la que cubrieron su cabeza y amarraron al cuello impidiéndole la  respiración, lo que produjo  su deceso, y, constatada su muerte, los hechores introdujeron el cadáver en dos bolsas gruesas de polietileno, una por la cabeza y otra por los pies, las que amarraron con alambre en torno a la cintura, enseguida al cadáver embolsado ataron un trozo de riel de más o menos setenta u ochenta centímetros de largo, y luego lo introdujeron en dos sacos de arpillera, uno por la cabeza y otro por las extremidades, los que fueron unidos con alambre, lo transportaron hasta el sector de Peldehue, lugar donde fue subido  a un helicóptero Puma que esperaba en el sector, el que partió con destino al mar donde fue arrojado en un punto no determinado.

Los querellantes particulares, el Consejo de Defensa del Estado y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, fueron notificados de la acusación para que adhieran a ella o presenten acusación particular en el caso.

Con la acusación del ministro y las adhesiones o acusaciones particulares se notificará a las defensas de los acusados para dar paso a la etapa de plenario antes de dictar sentencia de primera instancia.

La corte de Apelaciones de Santiago dictó procesamiento en el caso de secuestro calificado de Nalvia Mena Alvarado, ocurrido en abril de 1976. El ministro Leopoldo Llanos confirmó procesos por autoría del crimen contra los ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) a Manuel Contreras Sepúlveda, Carlos López Tapia, Pedro Espinoza Bravo, Juan Morales Salgado, Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth Pozo, Eugenio Fieldhouse Chavez y Jorge Andrade Gómez.

En tanto, en calidad de cómplices fueron procesados los agentes Gladys Calderón Carreño, Rufino Jaime Astorga, José Friz Esparza, Hernán Alfaro Mundaca, Orlando Inostroza Lagos, Pedro Bitterlich Jaramillo, Claudio Pacheco Fernández, Eduardo Reyes Lagos, Orlando Torrejón Gatica, Orlando Altamirano Sanhueza y Carlos López Inostroza.

“La consecuencia de esta detención es que se encuentran en calidad de desaparecidas, toda vez que, privadas de libertad, no ha tomado contacto con sus familiares, tampoco ha realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado ni organismos privados, ni registra entradas o salidas del país, sin constar, tampoco, su defunción”, explica el documento judicial que repasa los vejámenes cometidos en las casas de tortura “Villa Grimaldi” y Simón Bolívar.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto Greisse, dictó condenó en contra de 77 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Eduardo Humberto Ziede Gómez, ilícito perpetrado a partir del 15 de junio de 1974, en el marco de la denominada «Operación Colombo».

Eduardo Ziede, de 27 años de edad, era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Santiago, se caracterizaba por su elevada estatura (sobre 1,90) y pulcra manera de vestir, lo que lo hacía fácilmente reconocible. Fue detenido por los agentes de la agrupación Halcón de la DINA que comandaba Krassnoff e integraban, entre otros, Basclay Zapata, el "Troglo", y Osvaldo Romo, el "Guatón Romo"; fue éste último quien lo identifica en el sector adonde se dirigía Ziede a un encuentro con otro militante.

En la resolución, el ministro Crisosto condenó a penas de 13 años de presidio a los ex oficiales de ejército y jerarcas del organismo represivo: César Raúl Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Manuel Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, en calidad de autores del delito.

En tanto, deberán cumplir 10 años de presidio, también como autores del delito de secuestro calificado, los ex oficiales de ejército: Gerardo Ernesto Urrich González, Sergio Hernán Castillo González y Manuel Andrés Carevic Cubillos; igual pena deberán cumplir los ex oficiales de carabineros Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Víctor Lawrence Mires, y Ciro Ernesto Torré Sáez. La misma pena fue sentenciada para los agentes: José Nelson Fuentealba Saldías, Basclay Humberto Humberto Zapata Reyes, José Enrique Fuentes Torres, José Mario Friz Esparza, Julio José Hoyos Zegarra, Nelson Alberto Paz Bustamante, Claudio Orlando Orellana de la Pinta, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Gustavo Galvarino Caruman Soto, Hiro Álvarez Vega, José Alfonso Ojeda Obando, Olegario Enrique González Moreno, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Hernán Patricio Valenzuela Salas, Hugo Rubén Delgado Carrasco, Juan Alfredo Villanueva Alvear, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Pedro Ariel Araneda Araneda, Rafael de Jesús Riveros Frost, Víctor Manuel Molina Astete, Manuel de la Cruz Rivas Díaz, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Juan Ángel Urbina Cáceres, Hermon Helec Alfaro Mundaca y Raúl Juan Rodríguez Ponte.

Asimismo, en calidad de cómplices deberán cumplir 4 años de presidio, sin beneficios, los agentes: Luis Eduardo Mora Cerda, José Jaime Mora Diocares, Camilo Torres Negrier, Carlos Justo Bermúdez Méndez, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Fernando Adrián Roa Montaña, Gerardo Meza Acuña, Héctor Raúl Valdebenito Araya, Jaime Humberto Paris Ramos, Jorge Laureano Sagardia Monje, José Dorohi Hormazábal Rodríguez, José Manuel Sarmiento Sotelo, José Stalin Muñoz Leal, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Luis René Torres Méndez, Manuel Antonio Montre Méndez, Máximo Ramón Aliaga Soto, Moisés Paulino Campos Figueroa, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Nelson Eduardo Iturriaga Cortés, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Reinaldo Alfonso Concha Orellana, Sergio Hernán Castro Andrade, Víctor Manuel de la Cruz San Martin Jiménez, Gustavo Humberto Apablaza Meneses, Héctor Carlos Díaz Cabezas, Jorge Antonio Lepileo Barrios, "scar Belarmino la Flor Flores, Rufino Espinoza Espinoza, Roberto Hernán Rodríguez Manquel, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Héctor Manuel Lira Aravena, Luis Fernando Espinace Contreras, Juan Miguel Troncoso Soto y Sergio Iván Díaz Lara.

Los agentes Rodolfo Valentino Concha Rodríguez y Armando Segundo Cofré Correa fueron absueltos por falta de participación en los hechos.

En esta causa se dictó sobreseimiento definitivo por muerte, respecto de los procesados: Augusto Pinochet Ugarte, Osvaldo Enrique Romo Mena ("Guatón Romo"), Luis Arturo Urrutia Acuña, José Germán Ampuero Ulloa, Orlando Guillermo Inostroza Lagos, Luis Salvador Villarroel Gutiérrez y el recientemente fallecido "Mamo", Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda.
Los hechos

En la etapa de investigación, el ministro Crisosto Greisse, logró acreditar que:

«En horas de la mañana del día 15 de junio de 1974, Eduardo Humberto Ziede Gómez, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en la vía pública en la intersección de Avenida Portugal con Porvenir de Santiago, por agentes del estado pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quienes lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino denominado «Yucatán» o «Londres 38″, ubicado en dicha dirección en la ciudad de Santiago, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA; durante su estada en el cuartel Londres 38 permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dicho cuartel, con el propósito de obtener información respecto de otros integrantes del MIR, para proceder a la detención de los miembros de esa organización. La última vez que la víctima Ziede Gómez fue visto por otros detenidos en dicho recinto de la DINA, ocurrió un día no determinado del mes de julio de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha. El nombre de Eduardo Humberto Ziede Gómez apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista LEA de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Ziede Gómez habría muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros. Las publicaciones que dieron por muerto a la víctima tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior».

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió una serie de solicitudes de libertad provisional de ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, procesados por el ministro en visita Víctor Montiglio en las investigaciones conocidas como Operación Colombo, Calle Conferencia I y II y Operación Cóndor.

En fallo dividido de la Cuarta Sala, los ministros Juan Escobar, Adelita Ravanales y el abogado integrante Rodrigo Asenjo revocaron las resoluciones del ministro en visita que había concedido el beneficio de la libertad bajo fianza a los ex agentes Eugenio Fieldhouse Chávez, Manuel Rivas Días, Juan Ángel Urbina Cáceres, Herrmon Helec Alfaro Mundaca, Ricardo Lawrence Mires, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Heriberto del Carmen Acevedo, José Abel Aravena Ruíz, Moisés Paulino Campos Figueroa, Orlando Guillermo Inostroza Lagos, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Rufino Jaime Astorga, Raúl Alberto Soto Pérez, Hugo Hernán Clavería Leiva y José Javier Soto Torres.

El ministro Escobar y el abogado Asenjo consideraron a los procesados en el episodio conocido como Operación Colombo como un peligro para la sociedad por lo que determinaron su mantención en prisión; mientras que la ministra Ravanales era partidaria de conceder el beneficio.

En los episodios conocidos como Conferencia I y II, en la Quinta Sala, las ministras Dobra Lusic, María Eugenia Campo (suplente) y el abogado integrante Bernardo Lara se determinó la libertad provisional de Ricardo Lawrence Mires, Jorge Sagardía Monje, Claudio Orellana de la Pinta, Heriberto del Carmen Acevedo, Emilio Troncoso Vivallos, Jorge Pichunmán Curiqueo, Claudio Pacheco Fernández, Camilo Torres Negrier, Luis Urrutia Acuña, Gustavo Guerrero Aguilera, José Sarmiento Sotelo, Manuel Montre Méndez, Italia Donatta Vacarella Gilio, Orfa Saavedra Vásquez, Elisa Magna Astudillo, Joyce Ahumada Despouy y Víctor Álvarez Droguett.

En el caso de los agentes Jorge Segundo Madariaga Acevedo, Jerónimo Neira Méndez, Orlando Inostroza Lagos, Eugenio Fieldhouse Chávez, Raúl Soto Pérez, José Soto Torres y Hugo Clavería Leiva se determinó que constituían un peligro para la sociedad y se negó el beneficio.

Para el episodio conocido como Operación Cóndor, los ministros de la Sexta sala del tribunal de alzada Alfredo Pfeiffer, Mario Rojas y el abogado integrante Enrique Pérez determinaron la libertad provisional de: Nelson Alberto Paz Bustamante, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Jorge Laureano Sagardia Monje, Claudio Orlando Orellana de la Pinta, José Sarmiento Sotelo, Manuel Antonio Montre Méndez, Camilo Torres Negrier, Luis Salvador Villarroel Gutiérrez, Luis Arturo Urrutia Acuña, Fernando Adrián Roa Montano, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Orlando Guillermo Inostroza Lagos, Juan Angel Urbina Caceres, José Abel Aravena Ruíz, Manuel Rivas Díaz, Hermon Helec Alfaro, Manuel Andrés Carevic Cubillos, César Manríquez Bravo, Jaime Humberto París Ramos, Sergio Hernán Castillo González, Luis Eduardo Mora Cerda, Carlos Justo Bermúdez Méndez, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Héctor Manuel Lira Aravena, José Stalin Muñoz Leal, Víctor Manuel Molina Astete, Héctor Alfredo Flores Vergara, Víctor Manuel Alvarez Droguett, Alfonso Humberto Quiroz Quintana, Luis René Torres Méndez, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Luis Rigoberto Videla Inzunza, Luis Fernando Espinace Contreras, Miguel Angel Yañez Ugalde, Ricardo Zamorano Vergara, Moisés Paulino Campos Figueroa, Ruffino Espinoza Espinoza, Pedro Ariel Araneda Araneda , Palmira Isabel Almuna Guzmán, Juan Alfredo Villanueva Alvear, José Nelson Fuentealba Saldías, Leoncio Enrique Velásquez Guala y José Fernando Morales Bastías.

El ministro en vista de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto Greisse, dictó tres nuevas acusaciones en procesos investigativos que sustancia en la denominada “Operación Colombo”, por víctimas de secuestros calificados, perpetrados entre julio de 1974 y febrero de 1975.

En la resolución, el ministro Crisosto determinó acusar a ex agentes de la DINA por los secuestros calificados de Ismael Darío Chávez Lobo, ocurrido el 26 de julio de 1974; Washington Cid Urrutia, ocurrido el 8 de diciembre de 1974, y Rodrigo Ugas Morales, ocurrido el 7 de febrero de 1975. Con lo resuelto, se han dictado a la fecha acusaciones en 33 de los 37 episodios que agrupa la investigación, por un total de 57 víctimas.

De acuerdo a los antecedentes recopilados, se ha logrado acreditar, en el caso de Chávez Lobo, los siguientes hechos:

“En horas de la noche del día 26 de julio de 1974, *Ismael Darío Chávez Lobos*, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en su domicilio ubicado en calle Los Copihues N° 1977, comuna de Quinta Normal, por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quienes lo trasladaron al recinto de detención clandestina denominado “Londres 38”, ubicado en dicha dirección en la ciudad de Santiago, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA. Durante su estada en el cuartel de Londres 38, permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a integrantes del MIR, para proceder a la detención de los miembros de esa organización; la última vez que Chávez Lobos fue visto con vida, ocurrió un día no determinado en los meses de julio o agosto de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha. El nombre de Ismael Darío apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista “O’ DIA” de Brasil, de fecha 25 de junio de 1975, en la que se daba cuenta que Ismael Darío Chávez Lobos había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros; Que las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Chávez Lobos tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional en el exterior”.

En esta arista, el ministro acusó como coautores del delito de secuestro calificado de Chávez Lobos, a los siguientes 85 ex agentes de la Dina:

01. Juan Manuel Contreras Sepúlveda,

02. César Manríquez Bravo,

03. Pedro Espinoza Bravo,

04. Marcelo Moren Brito,

05. Miguel Krassnoff Martchenko,

06. Raúl Eduardo Iturriaga Neumann,

07. Gerardo Ernesto Godoy García,

08. Ricardo Víctor Lawrence Mires,

09. Gerardo Ernesto Urrich González,

10. Ciro Ernesto Torré Sáez,

11. Sergio Hernán Castillo González,

12. Manuel Andrés Carevic Cubillos,

13. Luis Eduardo Mora Cerda,

14. Hermon Helec Alfaro Mundaca,

15. Basclay Humberto Zapata Reyes,

16. José Enrique Fuentes Torres,

17. José Jaime Mora Diocares,

18. José Mario Friz Esparza,

19. Julio José Hoyos Zegarra,

20. Nelson Alberto Paz Bustamante,

21. Claudio Enrique Pacheco Fernández,

22. Héctor Raúl Valdebenito Araya,

23. Héctor Manuel Lira Aravena,

24. Jaime Humberto Paris Ramos,

25. Jorge Laureano Sagardia Monje,

26. José Stalin Muñoz Leal,

27. Nelson Aquiles Ortiz Vignolo,

28. Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo,

29. Rudeslindo Urrutia Jorquera,

30. Víctor San Martín Jiménez,

31. Máximo Ramón Aliaga Soto,

32. Juvenal Alfonso Piña Garrido,

33. Camilo Torres Negrier,

34. Manuel Antonio Montre Méndez,

35. Sergio Hernán Castro Andrade,

36. Claudio Orlando Orellana de la Pinta,

37. Hiro Álvarez Vega,

38. Nelson Eduardo Iturriaga Cortés,

39. José Alfonso Ojeda Obando,

40. Carlos Justo Bermúdez Méndez,

41. Gustavo Galvarino Carumán Soto,

42. Orlando Jesús Torrejón Gatica,

43. José Manuel Sarmiento Sotelo,

44. Fernando Adrián Roa Montaña,

45. Gerardo Meza Acuña,

46. Luis René Torres Méndez,

47. Orlando Guillermo Inostroza Lagos,

48. Reinaldo Concha Orellana,

49. Rodolfo Valentino Concha Rodríguez,

50. Luis Salvador Villarroel Gutiérrez,

51. Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar,

52. Hugo del Tránsito Hernández Valle,

53. Juan Ángel Urbina Cáceres,

54. Manuel Rivas Díaz,

55. Risiere del Prado Altez España,

56. Luis Germán Gutiérrez Uribe,

57. Juan Evaristo Duarte Gallegos,

58. Víctor Manuel Molina Astete,

59. Fernando Enrique Guerra Guajardo,

60. Gustavo Humberto Apablaza Meneses,

61. Víctor Manuel Álvarez Droguett,

62. Carlos López Inostroza,

63. Armando Segundo Cofré Correa,

64. José Nelson Fuentealba Saldías,

65. Moisés Paulino Campos Figueroa,

66. Olegario Enrique González Moreno,

67. José Dorohi Hormazábal Rodríguez,

68. Raúl Juan Rodríguez Ponte,

69. Hugo Rubén Delgado Carrasco,

70. Jorge Antonio Lepileo Barrios,

71. Lautaro Eugenio Díaz Espinoza,

72. Óscar Belarmino La Flor Flores,

73. Pedro Ariel Araneda Araneda,

74. Rufino Espinoza Espinoza,

75. Sergio Iván Díaz Lara,

76. Carlos Alfonso Sáez Sanhueza,

77. Roberto Hernán Rodríguez Manquel,

78. Juan Alfredo Villanueva Alvear,

79. Alfredo Orlando Moya Tejeda,

80. Rafael de Jesús Riveros Frost,

81. José Germán Ampuero Ulloa,

82. Leonidas Emiliano Méndez Moreno,

83. Héctor Carlos Díaz Cabezas,

84. Hernán Patricio Valenzuela Salas, y

85. José Avelino Yévenes Vergara.

En tanto, en la investigación por el secuestro calificado de Cid Urrutia, se dio por acreditado lo siguiente:

“En horas de la madrugada del día 8 de diciembre de 1974, Washington Cid Urrutia, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en su domicilio ubicado en pasaje 15, N° 2973, Población Cervecerías Unidas, comuna de Renca, por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quienes luego de atarlo y vendarle la vista, lo introdujeron en la parte posterior de una camioneta y lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino denominado “Terranova” o “Villa Grimaldi”, ubicado José Arrieta N° 8200, de la comuna de La Reina y a “Cuatro Álamos”, ubicado en calle Canadá N° 3000, de Santiago, que eran custodiados por guardias armados y a los cuales sólo tenían acceso los agentes de la DINA; el ofendido Cid Urrutia durante su estada en los cuarteles de Villa Grimaldi y Cuatro Álamos permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dichos cuarteles con el propósito de obtener información relativa a integrantes del MIR, para proceder a la detención de los miembros de esa organización; La última vez que la víctima Cid Urrutia fue visto con vida por otros detenidos fue en día no determinado del mes de diciembre de 1974, sin que existan antecedentes de su paradero hasta la fecha.; el nombre de Washington Cid Urrutia apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista Novo O’ Día de Curitiba, Brasil, de fecha 25 de junio de 1975, en la que se daba cuenta que Washington Cid Urrutia había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros; Las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Cid Urrutia tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior”.

Por este episodio, el ministro Crisosto acusó, como coautores a los siguientes 81 ex agentes de la DINA:

01. Juan Manuel Contreras Sepúlveda,

02. César Manríquez Bravo,

03. Pedro Octavio Espinoza Bravo,

04. Orlando Manzo Durán,

05. Miguel Krassnoff Martchenko,

06. Basclay Zapata Reyes,

07. Marcelo Luis Moren Brito,

08. Francisco Maximiliano Ferrer Lima,

09. Raúl Eduardo Iturriaga Neumann,

10. Fernando Eduardo Lauriani Maturana,

11. Gerardo Ernesto Godoy García,

12. Ricardo Víctor Lawernce Mires,

13. Ciro Ernesto Torres Sáez,

14. Manuel Andrés Carevic Cubillos,

15. Alejandro Francisco Molina Cisternas,

16. Eugenio Jesús Fieldhouse Chávez,

17. Rosa Humilde Ramos Hernández,

18. Teresa del Carmen Osorio Navarro,

19. Sylvia Teresa Oyarce Pinto,

20. Eduardo Antonio Reyes Lagos,

21. José Jaime Mora Diocares,

22. José Mario Fritz Esparza,

23. Julio José Hoyos Zegarra,

24. Nelson Alberto Paz Bustamante,

25. Pedro René Alfaro Fernández,

26. Samuel Enrique Fuenzalida Devia,

27. José Abel Aravena Ruiz,

28. Claudio Enrique Pacheco Fernández,

29. Héctor Raúl Valdebenito Araya,

30. Jaime Humberto Paris Ramos,

31. José Stalin Muñoz Leal,

32. Nelson Aquiles Ortiz Vignolo,

33. Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo,

34. Rufino Eduardo Jaime Astorga,

35. Víctor San Martín Jiménez,

36. Juvenal Alfonso Piña Garrido,

37. José Alfonso Ojeda Obando,

38. Gustavo Galvarino Carumán Soto,

39. Heriberto del Carmen Acevedo,

40. Luis René Torres Méndez,

41. Orlando Guillermo Inostroza Lagos,

42. Reinaldo Concha Orellana,

43. Rodolfo Valentino Concha Rodríguez,

44. Luis Salvador Villarroel Gutiérrez,

45. Hugo del Tránsito Hernández Valle,

46. Juan Ángel Urbina Cáceres,

47. Manuel Rivas Díaz,

48. Osvaldo Octavio Castillo Arellano,

49. Víctor Manuel Molina Astete,

50. Fernando Enrique Guerra Guajardo,

51. Guido Arnoldo Jara Brevis,

52. Hugo Hernán Clavería Leiva,

53. Jerónimo del Carmen Neira Méndez,

54. Juan Carlos Escobar Valenzuela,

55. Carlos Enrique Miranda Mesa,

56. Víctor Manuel Álvarez Droguett,

57. Raúl Alberto Soto Pérez,

58. Manuel Heriberto Avendaño González,

59. Carlos Enrique Letelier Verdugo,

60. Herman Eduardo Ávalos Muñoz,

61. Raúl Bernardo Toro Montes,

62. Silvio Antonio Concha González,

63. Héctor Wacinton Briones Burgos,

64. Olegario Enrique González Moreno,

65. Carlos López Inostroza,

66. Ricardo Orlando Zamorano Vergara,

67. Luis Rigoberto Videla Inzunza,

68. Jorge Segundo Madariaga Acevedo,

69. Hugo Rubén Delgado Carrasco,

70. Luis Fernando Espinace Contreras,

71. Jorge Antonio Lepileo Barrios,

72. Lautaro Eugenio Díaz Espinoza,

73. Pedro Ariel Araneda Araneda,

74. Palmira Isabel Almuna Guzmán,

75. Miguel Ángel Yáñez Ugalde,

76. Rafael de Jesús Riveros Frost,

77. Leónidas Emiliano Méndez Moreno,

78. Héctor Carlos Díaz Cabezas,

79. Alejandro Francisco Astudillo Adonis,

80. Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra y,

81. Rodolfo Gonzalo Wenderoth Pozo.

En este episodio se acusó, además, por el delito de Asociación Ilícita a:

1. Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda,

2. Pedro Octavio Espinoza Bravo,

3. Raúl Eduardo Iturriaga Neumann,

4. Marcelo Luis Manuel Moren Brito,

5. Miguel Krassnoff Martchenko y,

6. Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo.

En la investigación por el secuestro calificado de Ugas Morales, se acreditó “que en horas de la tarde del día 7 de febrero de 1975, Rodrigo Eduardo Ugas Morales, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en la vía pública, en el sector de Estación Central de Santiago, por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) quienes lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino de la DINA, denominado “Cuartel Terranova” o “Villa Grimaldi”, ubicado en Lo Arrieta N° 8200, de la comuna de La Reina, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA; El ofendido durante su estada en el cuartel de Villa Grimaldi permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a integrantes del MIR, para proceder a la detención de los miembros de esa organización; La última vez que la víctima Ugas Morales fue visto con vida, ocurrió un día no determinado del mes de febrero de 1975, encontrándose desaparecido hasta la fecha; El nombre de Rodrigo Eduardo Ugas Morales, apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista “LEA” de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Rodrigo Eduardo Ugas Morales había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros; Las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Ugas Morales tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior”.

Por este delito, se acusó a los siguiente 75 ex agentes de la Dina:

01. Juan Manuel Contreras Sepúlveda,

02. César Manríquez Bravo,

03. Pedro Espinoza Bravo,

04. Marcelo Luis Moren Brito,

05. Miguel Krassnoff Martchenko,

06. Basclay Zapata Reyes,

07. Francisco Maximiliano Ferrer Lima,

08. Raúl Eduardo Iturriaga Neumann,

09. Fernando Eduardo Lauriani Maturana,

10. Gerardo Ernesto Godoy García,

11. Ricardo Víctor Lawrence Mires,

12. Ciro Ernesto Torré Sáez,

13. Manuel Andrés Carevic Cubillos,

14. Alejandro Francisco Molina Cisternas,

15. Eugenio Jesús Fieldhouse Chávez,

16. Rosa Humilde Ramos Hernández,

17. Teresa del Carmen Osorio Navarro,

18. Eduardo Antonio Reyes Lagos,

19. José Jaime Mora Diocares,

20. José Mario Friz Esparza,

21. Nelson Alberto Paz Bustamante,

22. Pedro René Alfaro Fernández,

23. Samuel Enrique Fuenzalida Devia,

24. José Abel Aravena Ruiz,

25. Claudio Enrique Pacheco Fernández,

26. Delia Virginia Gajardo Cortés,

27. Héctor Raúl Valdebenito Araya,

28. José Stalin Muñoz Leal,

29. Nelson Aquiles Ortiz Vignolo,

30. Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo,

31. Rufino Eduardo Jaime Astorga,

32. José Alfonso Ojeda Obando,

33. Gustavo Galvarino Carumán Soto,

34. Heriberto del Carmen Acevedo,

35. Luis René Torres Méndez,

36. Orlando Guillermo Inostroza Lagos,

37. Reinaldo Concha Orellana,

38. Rodolfo Valentino Concha Rodríguez,

39. Luis Salvador Villarroel Gutiérrez,

40. Hugo del Tránsito Hernández Valle,

41. Juan Ángel Urbina Cáceres,

42. Manuel Rivas Díaz,

43. Osvaldo Octavio Castillo Arellano,

44. Víctor Manuel Molina Astete,

45. Fernando Enrique Guerra Guajardo,

46. Guido Arnoldo Jara Brevis,

47. Hugo Hernán Clavería Leiva,

48. Jerónimo del Carmen Neira Méndez,

49. Jorge Luis Venegas Silva,

50. Juan Carlos Escobar Valenzuela,

51. Carlos Enrique Miranda Mesa,

52. Víctor Manuel Álvarez Droguett,

53. Raúl Alberto Soto Pérez,

54. Carlos Enrique Letelier Verdugo,

55. Herman Eduardo Ávalos Muñoz,

56. Raúl Bernardo Toro Montes,

57. Silvio Antonio Concha González,

58. Héctor Wacinton Briones Burgos,

59. Pedro Mora Villanueva,

60. Carlos López Inostroza,

61. José Nelson Fuentealba Saldías,

62. Moisés Paulino Campos Figueroa,

63. Luis Rigoberto Videla Inzunza,

64. Raúl Juan Rodríguez Ponte,

65. Óscar Belarmino La Flor Flores,

66. Pedro Ariel Araneda Araneda,

67. Sergio Iván Díaz Lara,

68. Palmira Isabel Almuna Guzmán,

69. Osvaldo Pulgar Gallardo,

70. Roberto Hernán Rodríguez Manquel,

71. Miguel Ángel Yáñez Ugalde,

72. Rafael de Jesús Riveros Frost,

73. Leonidas Emiliano Méndez Moreno

74. Héctor Carlos Díaz Cabezas, y

75. Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo.

Además, en esta arista se acusó como autores del delito de asociación Ilícita a:

1. Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda,

2. Pedro Octavio Espinoza Bravo,

3. Raúl Eduardo Iturriaga Neumann,

4. Marcelo Luis Manuel Moren Brito,

5. Miguel Krassnoff Martchenko, y

6. Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo.

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones absolvió a un grupo de seis exagentes de la DINA y redujo la condena de otros 11, a quienes se le concedió la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva por el lapso de cinco años. "Si se les revocare tal sustitución, deberán cumplir las penas inicialmente impuestas", aclara el fallo. Los crímenes fueron cometidos en 1976 y hoy, después de décadas, tres ministros del tribunal de alzada, sellaron en primera instancia, la suerte de los 17 ex agentes, vinculados al secuestro y asesinato de igual número de personas.

La Corte de Apelaciones de Santiago informó que el pasado viernes 9 de abril, el ministro de fuero Leopoldo Llanos dictó sentencia definitiva de primera instancia y absolvió a seis exagentes de la DINA, acusados como autores y cómplices de los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado ocurridos durante la dictadura en 1976.

Se trata de Juan Morales Salgado, autor de los delitos de secuestro calificado de Nalvia Mena Alvarado, Clara Canteros Torres, Juan Aurelio Villarroel Zárate y el homicidio calificado de Eduardo Canteros Prado.

Ciro Torres Sáez y Orlando Manzo Durán, acusados como autores de los delitos de secuestro calificado de Manuel Segundo Recabarren Rojas, Alejandro Rodríguez Urzúa y José Eduardo Santander Miranda. (Orlando José Manzo Durán falleció el 8 de julio de 2019 y aún no se ha dictado la resolución correspondiente a su respecto). Y Jorge Andrade Gómez, acusado de ser autor del delito de secuestro calificado de Daniel Palma Robledo.

Además, también fue absuelta Gladys Calderón Carreño, cómplice de los delitos de secuestro y homicidio de Eduardo Canteros Prado. Y Hermon Helec Alfaro Mundaca, también cómplice del delito de secuestro pero de Daniel Palma Robledo.

La Corte de Apelaciones decidió también condenar, concediendo la pena sustitutiva de libertad vigilada, a otros 11 exagentes a distintas penas de presidio por ser autores de los delitos reiterados de secuestro calificado y múltiples homicidios.

Del mismo modo, la Corte de Apelaciones señaló que el ministro Llanos acogió 37 demandas civiles por montos que van desde los $50.000 hasta los $100.000.000.

El fallo añade que en contra de dichas sentencias se presentaron diversos recursos de casación y apelación. Sin embargo, la Corte que declaró que se rechazan todos los recursos de casación deducidos por la defensa de los sentenciados Claudio Pacheco Fernández y Gustavo Guerrero Aguilera.

Reducción de condenas

La Octava Sala del tribunal, presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera e integrada por la ministro Mireya López y el abogado Cristián Lepín, señaló que se reduce la pena impuesta a Ricardo Lawrence Mires como autor de los delitos de secuestro calificado a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa.

Lo mismo para Jorge Andrade Gómez, Juan Morales Salgado, Ciro Torré Sáez, Sergio Orlando Escalona y Gladys Calderón Carreño, todos como autores de los delitos de secuestro calificado.

La Corte informó que, reuniéndose los requisitos legales, se le concede a cada uno de los condenados la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva por el lapso de cinco años, debiendo cumplir, además, con las exigencias del artículo 17 de la ley 18.216.

"Si se les revocare tal sustitución, deberán cumplir las penas inicialmente impuestas, las que se les contarán desde que se presenten o sean habidos, sirviéndoles de abono el tiempo que estuvieron privados de libertad y a que ha hecho referencia el fallo que se revisa", precisa el fallo.

Finalmente, se señala que se aprueban los sobreseimientos definitivos y parciales decretados por el fallecimiento de Orlando Guillermo Inostroza Lagos, Eduardo Antonio Reyes Lagos, Rufino Eduardo Jaime Astorga, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Marcelo Luis Morén Brito, Bernardo del Rosario Daza navarro, Guillermo Jesús Ferrán Martínez, Eugenio Jesús Fieldhouse Chávez y José Mario Friz Esparza, respectivamente.

El fallo de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que absolvió a 8 ex agentes de la DINA por delitos de lesa humanidad y rebajó la condena de otros 9 causó molestia entre familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, quienes consideraron un gesto de impunidad la resolución judicial.

El ministro de fuero Leopoldo Llanos había dictado -a mediados de 2017- condena por 16 secuestros y 1 homicidio calificado en Villa Grimaldi.

Sin embargo, la decisión de los ministros Juan Cristóbal Mera y Mireya López, y el abogado integrante Cristián Lepín, dejó sin efecto la condena de primera instancia de los otrora miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Pedro Espinoza Bravo, Rolf Wenderoth, Hermon Alfaro, Pedro Betterlich, Claudio Pacheco, Orlando Torrejón, Orlando Altamirano y Carlos López.

Respecto del resto de los inculpados –Ricardo Lawrence, Jorge Andrade, Juan Morales Salgado, Ciro Torré, Sergio Escalona, Juvenal Piña, Jorge Díaz, Gustavo Guerrero y Gladys Calderón– se rebajó la pena a 3 años y 1 día de presidio.

Para todos estos represores, varios ya condenados en otros casos, el juez Llanos había terminado condenas que partían en los 5 años y 1 de cárcel.

“Jueces nostálgicos de la dictadura cívico-militar”

Para la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), el fallo de segunda instancia “representa en todos sus extremos la posición del pinochetismo al interior del Poder Judicial”.

“Son jueces nostálgicos de la dictadura cívico-militar, que reivindican las violaciones de los derechos humanos dándole impunidad a los agentes de la DINA que cometieron secuestro, tortura, homicidio y desaparición forzada, sosteniendo que las víctimas por sus circunstancias políticas -todas militantes del Partido Comunista- se encontraban en una situación de riesgo preexistente”, afirmó.

Además, la AFDD recordó que “nuestros familiares siguen teniendo la calidad de detenidos desaparecidos y a los victimarios se les concede la libertad vigilada”.

“El efecto de este fallo para nosotros, familiares de las víctimas, ha sido devastador. La falta de justicia y de verdad por la que hemos luchado durante tantos años, con marchas, movilizaciones, encadenamientos, protestas y huelgas de hambre, vuelve a sentirse con un profundo dolor”, dijo la agrupación.

También reaccionó el Partido Por la Democracia (PPD), que manifestó su “firme repudio” a la sentencia, porque “mientras algunos jueces sigan asumiendo la equiparación entre delitos de lesa humanidad y aquellos comunes, inevitablemente se seguirá fomentando la aplicación de sentencias inauditas para un régimen democrático”.

“Es deber del Estado de Chile avanzar en sancionar de manera proporcional al delito cometido, garantizar la no repetición, reparar integralmente, como también evitar utilizar disposiciones internas que contrarían el derecho internacional, tales como indultos, penas sustitutivas, media prescripción, y reducción de condenas”, señala una declaración.

“Instamos a que la Excelentísima Corte Suprema restablezca el imperio del derecho, en conformidad a lo establecido por el derecho internacional, en las normas de Ius Cogens, tratados internacionales, principios generales y evidentemente en la jurisprudencia interamericana”, dijo el partido.