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Raúl Eduardo Iturriaga Neumman

General de Ejercito

Subdirector de la DINA

Alias: "Don Elías"; "Luis Gutiérrez"

 

C.I.: 3.672.875-2

Raúl Iturriaga Neumman nació en Linares en 1938, fue casado con Mireya Baeza, hija del General Ernesto Baeza, Ex Director de Investigaciones. Curso en las Escuela de las Américas de formación en la zona del Canal de Panamá en Mayo de 1965, donde fue compañero de Manuel Contreras jefe de la DINA.

Fecha de Inicio del Cumplimiento de Condena: 02 de agosto de 2007
Fecha del Término del Cumplimiento de Condena: 06 de junio de 2031.

PRONTUARIO
Acusaciones:

- Acusado como autor de 2 secuestros calificados de Mario Fernando Peña Solari y Nilda Patricia Peña Solari, diciembre de 1974, Santiago.
- Acusado como coautor del secuestro calificado de Jorge Arturo Grez Aburto, Operación Colombo, julio de 1974, Santiago

Procesos:

- Procesado como coautor de 38 secuestros calificados en 25 cuadernos. (Procesado como coautor de los secuestros calificados de Jaime Buzio, Mario Calderón, Cecilia Castro, Rodolfo Espejo, Albano Fioraso, Gregorio Gaete, Mauricio Jorquera, Isidro Pizarro, Marcos Quiñones y Jilberto Urbina, Operación Colombo, entre junio de 1974 y febrero de 1975, Santiago. El auto de procesamiento le fue ampliado el 23/05/2008.  Procesamiento ampliado el 09-08-2010 por el secuestro calificado de Ida Vera Almarza).

Condenas:

- Condenado a firme como autor de los homicidios calificados de Carlos Prats y Sra. Sofía Cuthbert Chiarleoni, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo, y como autor de asociación ilícita a la pena de 100 días de presidio menor en su grado mínimo, septiembre de 1974, Buenos Aires.
- Condenado a firme a 5 años y 1 día como autor del secuestro calificado de Luis Dagoberto San Martín Vergara, diciembre de 1974, Santiago.
- Condenado a firme a 5 años y 1 día como coautor de los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Fernando Olea Alegría, septiembre de 1974, Santiago.                                  - Condenado a firme a 3 años de presidio menor en su grado medio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, como autor del secuestro calificado de Félix De la Jara Goyeneche, nov. de 1974, Santiago.
- Condenado a firme como co-autor de 3 secuestros calificados de Luis Genaro González Mella, Luis Omar Mahuida Esquivel y Antonio Patricio Soto Cerna, noviembre de 1974, Santiago.

En 1973 era Segundo Comandante de Boinas Negras en Peldehue. En noviembre del mismo año, se va a Tejas Verdes y pasa a formar parte de la DINA. En 1976 asiste nuevamente a la Escuela de las Américas en Panamá, esta vez era un curso especial que incluía técnicas de interrogación y torturas.

En su calidad de mayor de ejército, Raúl Iturriaga Neumann se desempeñaba, en 1977, como subdirector de inteligencia en el cuartel general de la DINA en calle Belgrado No 1. Posteriormente se hizo cargo del Departamento Económico, a cargo de las empresas de la DINA.

En diciembre de 1975 fue nombrado jefe de la Brigada Puren, la cual hizo desaparecer a decenas de prisioneros. Esta brigada funcionaba originalmente con asiento en Villa Grimaldi y posteriormente en la venda sexy o la discoteque que era el centro clandestino de calle Irán 3937 en la comuna de Macul. La Brigada Puren se caracterizo por las aberraciones sexuales que cometían sus integrantes, incluido su jefe en contra de las detenidas.

Fue el primer responsable del Departamento Exterior de la DINA.

Fue quien dirigió la ejecución de la operación Colombo, que culmino con la publicación de la lista de "Los 119".

En los tribunales argentinos su nombre aparece ligado a la investigación de la operación que culminó con el asesinato del General Prats y su esposa.

En 1980 fue Comandante de la Guarnición de Putre

En 1983 fue nombrado agregado militar en Francia

En 1989 fue ascendido a mayor general en la sexta División del Ejército, con asiento en Iquique. 

En 1991, Iturriaga era un general del Ejército formalmente en retiro.

En 1991 fue interrogado por el ministro Adolfo Bañados quien investiga la participación de la DINA en el homicidio de Orlando Letelier. A través de una carta pública desmintió las versiones que lo ligan a la dirección de ese organismo y anunció querellas a los medios de comunicación. Sin embargo, algunos indicios apuntan a señalar que sigue ligado al trabajo de inteligencia y que prestaría colaboración con el DINE. En Italia, Eduardo Iturriaga Neumann fue condenado en ausencia a 18 años de de presidio por el atentado a Bernardo Leigthon. Recibiría por ella una orden internacional para que cumpla su condena. Existe una orden de extradición desde Argentina por su participación en la muerte del General en retiro, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

Iturriaga Neumman se dió a la fuga el lunes 11 de junio de 2007, la fecha en que se debía entregar ante el juez Solís para iniciar su condena de cinco años y un día dictada en su contra por el secuestro calificado de Luis Dagoberto San Martín Vergara en 1974, logrando permanecer 52 días prófugo de la justicia.

Fue capturado la mañana del 2 de agosto de 2007 en un departamento de Viña del Mar, en la avenida San Martín, y no habría opuesto resistencia. La policía de investigaciones le siguió la pista desde que salió del departamento de su actual amante, Máxima Martota ubicado en calle Vaticano 4232, Las Condes

 

Fuentes: Dónde están hoy los dinos de ayer?  Gladys Díaz, La Tercera, El Mercurio, La Nación, Poderjudicial.cl, Archivo Memoriaviva


El Mercurio

9 de Marzo 2002 

Someten a proceso a Raúl Iturriaga Neumann

La titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, sometió a proceso a quien fuera el jefe de la brigada Puren de la DINA y del servicio exterior del mismo organismo, el general (R) Raúl Iturriaga Neumann.
Esta es la primera resolución que afecta a este ex uniformado desde que se iniciaron en Chile los procesos por violaciones a los derechos humanos.
La magistrada fundó su resolución en la responsabilidad que le compete a Iturriaga en el delito de secuestro calificado en la persona de Víctor Olea Alegría desaparecido en septiembre de 1974 cuando fue detenido junto a otras ocho personas. De éstas, cuatro se encuentran desaparecidas. La información fue conocida en exclusiva por el Mostrador.cl en fuentes militares.
En todo caso, Iturriaga Neumann está incluido en la lista de las seis personas que aparecen en la lista como “partícipes necesario” en el atentado que costó la vida en Buenos Aires al ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats, en 1974.
La jueza dictó la orden de detención contra el ex uniformado a través de la Auditoria General del Ejército, la que deberá ponerlo a disposición de la justicia en las próximas horas.
En este proceso están encausados el coronel (R) Gerardo Urrich, el mayor de Carabineros en (R) Miguel Hernández Oyarzo y otro ex suboficial de la misma institución


Primera Línea

23 de Mayo 2002

Procesan a Manuel Contreras por desaparición de militante socialista

La titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, decidió procesar al ex jefe de la disuelta DINA, general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, en calidad de autor del secuestro del militante socialista Víctor Olea Alegría.

La magistrada con dedicación exclusiva en causas de derechos humanos, completó de esta manera con encausar a la totalidad de la línea de mando de la unidad de represión encargada de este delito, la llamada brigada Purén, informó El Mostrador.

Entre los procesados por este caso figuran el ex carabinero Alejando Molina Cisternas, el suboficial (R) Miguel Hernández Oyarzo, el brigadier (R) Gerardo Urrich González y el general (r) del Ejército Raúl Iturriaga Neumann.

Olea Alegría fue detenido el 11 de septiembre de 1974 en su domicilio de calle Pedro Lagos, en la comuna de Santiago.

Luego, junto a otros militantes socialistas de la llamada Décima Comuna fue trasladado al centro de detención conocido como "Venda Sexy" -ubicada en la calle Irán 3037 esquina de Los Plátanos en la comuna de Macul- uno de los sitios más desconocidos donde fueron torturados los opositores secuestrados por los servicios de represión de la dictadura y utilizado como lugar de tránsito para los detenidos que luego eran trasladados a Villa Grimaldi


Primera Línea

25 de Junio 2002

Corte de Apelaciones otorga libertad a general (R) Raúl Iturriaga Neumann

La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió otorgar la libertad bajo fianza al general (r) Raúl Iturriaga Neumann, procesado por el secuestro del militante socialista Víctor Olea Alegría.

La resolución del tribunal de alzada capitalino revocó la decisión de la jueza con dedicación exclusiva en casos de violaciones de derechos humanos, Raquel Lermanda, que había rechazado el beneficio.

Sin embargo, Iturriaga seguirá en calidad de detenido en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, debido a que continúa procesado por su implicación en otras causas de violaciones de derechos humanos.

Olea Alegría fue detenido el 11 de septiembre de 1974 en su domicilio de calle Pedro Lagos, en la comuna de Santiago.

Luego, junto a otros militantes socialistas de la "Décima Comuna" fue trasladado a la "Venda Sexy", uno de los sitios más desconocidos donde fueron torturados los opositores secuestrados por los servicios de represión de la dictadura y utilizado como lugar de tránsito para los detenidos que luego eran trasladados a Villa Grimaldi.

En este caso continúan procesados el suboficial (R) Miguel Hernández Oyarzo y el brigadier (R) Gerardo Urrich González


 La Tercera

25 de Febrero 2003

Justicia procesa a Manuel Contreras por asesinato de Carlos Prats

El ministro en visita Alejandro Solís procesó a los cinco ex miembros de la plana mayor de la Dina por el doble homicidio y asociación ilícita en el caso de la muerte del general Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército, y su mujer, Sofía Cuthbert, hecho ocurrido en Argentina el 30 de septiembre de 1974.

La decisión judicial recayó en el general (r) y ex director de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda; los brigadieres (r) Pedro Espinoza (segundo hombre de la Dina) y José Zara; el general (r) Raúl Iturriaga Neumann y su hermano, el ex agente civil Jorge Iturriaga. 

Mientras Contreras y Espinoza fueron sometidos a proceso "en calidad de autores como jefes en el delito de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado de Prats y su esposa", Zara  y los hermanos Iturriaga Neumann fueron procesados "en calidad de autores como miembros" de la mencionada asociación ilícita.

El general (r) Contreras fue notificado de la determinación judicial ayer en la tarde en su casa, donde cumple arresto domiciliario por su procesamiento en otros crímenes. Esta mañana, Zara, Espinoza y Raúl Iturriaga Neumann fueron informados de su procesamiento. Por su parte, Jorge Iturriaga Neumann aún no ha sido notificado oficialmente. Según se sabe, estaría de vacaciones y regresa a Santiago el jueves 26 de febrero, día en el que se realizará el trámite judicial.

Procesados después de intensos interrogatorios

La semana pasada el juez Solís interrogó a los cinco involucrados en el caso, ocasión en la que se confirmó que el ex agente de la Dina Michael Townley es autor material del delito.

El general Prats y su esposa fueron asesinados el 30 de septiembre de 1974 en Palermo, Buenos Aires, cuando, al llegar a su casa, una bomba explotó en su vehículo.

El caso en Chile se abrió después de casi 30 años, luego que la Corte Suprema conociera un pedido de extradición, por la jueza argentina María Servini de Cubría, hacia el país trasandino de la cúpula de ese organismo represivo.

Aunque el máximo tribunal rechazó la petición el pasado 9 de diciembre, ordenó abrir una causa en Chile, proceso que había sido derivado al 19° Juzgado del Crimen.

Sin embargo la titular de ese juzgado se declaró incompetente, por lo que el máximo tribunal designó como ministro de fuero al magistrado Alejandro Solís.


La Nación

14 de Julio 2003

Rechazan libertad para el general (r) Raúl Iturriaga Neumann

Por unanimidad, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago denegó hoy la libertad provisional para el general (r) Raúl Iturriaga Neumann, quien se encuentra procesado por el crimen del general (r) Carlos Prats en septiembre de 1974.

Esta es la quinta vez que se rechaza la petición de libertad presentada por el abogado defensor del militar en retiro, Jorge Balmaceda. Iturriaga seguirá detenido en el Comando de Telecomunicaciones del Ejercito.


El Mostrador

30 de Julio 2002  

Otorgan libertad provisional a Iturriaga Neumann

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago otorgó la libertad provisional al general (r) Raúl Iturriaga Neumann, previo pago de una fianza de 500 mil pesos.

El tribunal de alzada ratificó la resolución de la jueza María Ines Collin que había otorgado el beneficio al general Iturriaga, que se encuentra procesado por al desaparición de Dagoberto San Martín en 1974.

El ex uniformado permanece en prisión preventiva, recluido en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, en Peñalolén,

Iturriaga, además, se encuentra requerido por la magistrada argentina Maria Servini de Cubría quien investiga el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert , ocurrido en Buenos Aires en septiembre de 1974


El Mercurio

1 de Septiembre 2003

Caso Prats: Procesados Mariana Callejas y Cristoph Willeke

El ministro en visita que investiga el caso Prats, Alejandro Solís, sometió a proceso a los ex agentes de la Dina, Mariana Callejas y Cristoph Willeke como autores del doble homicidio calificado del general Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires.

Willeke además fue procesado por el delito de asociación ilícita.

Callejas fue notificada tras declarar a primera hora de esta mañana en el despacho del magistrado, y luego fue trasladada al Centro de Orientación Femenina (COF).

En tanto, el ex agente del organismo represor Cristoph Willeke, quien se encontraba cumpliendo detención domiciliaria, fue derivado al Comando de Telecomunicaciones.

Tras conocer la resolución, el abogado de la familia Prats, Hernán Quezada, sostuvo que "los procesamientos indican que la causa avanza decididamente al esclarecimiento de la verdad y de la responsabilidad de todos los que participaron en este crimen".

Callejas y Willike enfrentan además una solicitud de extradición de parte de la jueza argentina María Servini de Cubría, quien investiga el crimen en Buenos Aires. La petición está siendo estudiada por el ministro de la Corte Suprema Nibaldo Segura, quien deberá presentarla a la sala penal del máximo tribunal para que éste se pronuncie al respecto.

Pese a ello, se presume que la Corte Suprema rechazará la solicitud, de la misma forma que lo hizo con los cinco procesados anteriormente en el caso, cuando le negó a la justicia argentina el requerimiento de extradición, con el argumento que debían ser juzgados en Chile.

Mariana Callejas estuvo casada con Michael Townley, a quien se le atribuye haber puesto un artefacto explosivo bajo el automóvil del general (r) Prats. Según algunos testimonios, Callejas detonó el artefacto cuando el auto ingresaba al estacionamiento del edificio donde vivía el ex Comandante en Jefe, en el barrio de Palermo de Buenos Aires.

Por el mismo caso fueron encausados, en febrero pasado, los miembros de la cúpula del organismo represor, general (r) Manuel Contreras, brigadieres (r) Pedro Espinoza y José Zara; el general (r) Raúl Iturriaga Newman y el agente civil Jorge Iturriaga.


El Mostrador

12 de Noviembre 2003

Procesan a agentes de la DINA por desaparición de ex MIR

La titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, sometió a proceso ayer a tres ex agentes de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el delito de secuestro calificado.

La resolución de la magistrada afecta a Manuel Contreras, ex director del organismo; Eduardo Iturriaga Neumann, ex jefe del Departamento Exterior; y a Riffiere Aldez España, ex inspector del a Policía de Investigaciones.

Los hechos investigados por la jueza dicen relación con la desaparición de Luis Mahuida Esquivel, en mayo de 1977 y de Luis González Mella en diciembre del mismo año.

Ambos ex militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron detenidos por agentes de la DINA y fueron vistos con vida por última vez en el centro de reclusión conocido como "La Venda Sexy".

La jueza Lermanda, además de este proceso, lleva otros, en razón de ser una magistrada con dedicación exclusiva para causas de derechos humanos, condición otorgada por la Corte Suprema. 


La Nación

10 de Noviembre 2004

Dictan condenas contra cúpula de la DINA por desaparecido

El ministro Alejandro Solís dejó al lado la polémica por la aplicación de la ley de amnistía y optó por dictar sendas condenas en contra de la cúpula de la DINA, entre ellos el general (r) Manuel Contreras, por su responsabilidad en el secuestro del mirista Luis Dagoberto San Martín Vergara.

El debate que se realiza en el seno del Consejo de Defensa del Estado (CDE) sobre la conveniencia de aplicar este decreto que deja foja cero los ilícitos y el cuestionamiento a la verdadera existencia del secuestro en casos de detenidos desaparecidos, estuvo fuera de la revisión del juez Solís.

Por ello el magistrado determinó que Contreras debe cumplir una pena de 15 años de presidio, mientras que el brigadier (r) Raúl Iturriaga Neuman de 10 años y un día de presidio, y los brigadieres (r) Miguel Krassnoff y Gerardo Urrich a tres años y un día de presidio en calidad –los dos últimos- de cómplices.

De acuerdo a los antecedentes recogidos por agrupaciones de derechos humanos, el 17 de diciembre de 1974 San Martín fue detenido y trasladado –según informan testigos- hasta el centro clandestino conocido como la “Venda Sexy” donde la DINA lideraba la acción de hostigamiento contra los prisioneros.

Hasta el momento, el juez Solís sólo ha notificado de su condena al brigadier Iturriaga, quien indicó que "estoy siendo sentenciado por una mentira. Yo no tengo ninguna responsabilidad, yo ni siquiera detuve a un señor que no conozco que se llamaba San Martín Vergara y no tengo a nadie secuestrado, y lo sabe usted y lo sabe el presidente de la Corte Suprema. Lo sabe el Presidente de la República y lo sabe el juez". Agregó que “el juez sabe que yo no tengo a nadie secuestrado".


El Mostrador, 27 de Octubre 2006

Corte rectifica tesis de prescripción gradual y aumenta condenas de ex DINA

Novena Sala del tribunal de alzada aumentó de cuatro a diez años la sentencia contra los otrora integrantes del organismo represivo, desestimando lo resuelto por el juez Juan Eduardo Fuentes, quien consideró que los secuestros finalizaron a la par de la dictadura. Se trata del primer fallo de una instancia superior desde el pronunciamiento de la CIDH.

 La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, elevó las sentencias contra la cúpula de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el desaparición de dos militantes del Partido Socialista (PS), rectificando de esta manera la tesis de la prescripción gradual aplicada por el juez Juan Eduardo Fuentes Belmar.

La decisión fue adoptada por los ministros Haroldo Brito, Amanda Valdovinos y Juan Manuel Muñoz Pardo, quienes aumentaron hasta en diez años las condenas que el juez Fuentes Belmar había resuelto aplicar contra varios ex integrantes del organismo represivo, aplicando su teoría de que los secuestros terminaron a la par con la dictadura militar.

De esta manera, el tribunal de alzada capitalino decidió condenar a diez años de prisión al general retirado Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe del organismo represivo, así como al también general en retiro Raúl Iturriaga Neumann y Gerardo Urrich, quienes en primera instancia habían sido a cumplir sólo cuatro años de cárcel.

Los tres ex uniformados fueron condenados como autores del secuestro calificado de los militantes socialistas Mario Carrasco Díaz y Víctor Olea Alegría, ocurridos los días 11 y 16 de septiembre de 1974, respectivamente.

El tribunal de alzada también dictó una condena de cinco años y un día de presidio mayor, en su grado mínimo, para el oficial retirado de Carabineros Alejandro Molina Cisternas, por el rapto de Olea Alegría, mientras que el ex detective Risiere Altez España recibó una pena de tres años de presidio menor.

El dictamen, el primero de un tribunal superior desde el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó a Chile por la aplicación de la ley de Amnistía, corrigió de esta manera la tesis de la prescripción gradual que ha impulsado el ministro Fuentes Belmar, en el sentido de que los secuestros de las víctimas de la dictadura militar terminaron, necesariamente, el 11 de marzo de 1990, cuando retornó la democracia.

Aunque el juez rechaza aplicar la mencionada normativa, sustenta su argumento de reducir gradualmente la condena dado que a partir del 11 de marzo de 1990 volvieron a funcionar todas las instituciones establecidas en la Constitución de 1980, a imperar con plenitud las garantías individuales, y los organismos policiales fueron sometidos al control y supervigilancia directa de la autoridad administrativa.

Los casos

Víctor Fernando Olea Alegría, obrero y militante socialista, fue arrestado por agentes de la DINA que dijeron ser miembros del Servicio de Inteligencia. Su aprehensión se adscribió a un operativo que culminó con la detención de un grupo de militantes de esa colectividad.

Los detenidos, entre ellos la víctima, fueron llevados en primera instancia al Cuartel Central de Investigaciones, donde los interrogaron y ficharon.

Posteriormente fueron trasladados hasta el recinto de interrogatorios de la DINA conocido como Venda Sexy, que correspondía a una casa ubicada en la calle Irán 3037, esquina de Los Plátanos en la comuna de Macul, donde fueron ubicados en una misma pieza. En tanto, la detención de Mario Carrasco se registró el 16 de septiembre de 1974, correspondiendo al mismo procedimiento utilizado por los agentes del desaparecido organismo represor. En una visita efectuada el 11 de octubre de 1974, por los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al campamento de detenidos Tres Alamos, se constató que el joven se encontraba incomunicado en dicho centro, lo que impidió que pudiera ser visitado. 


Radio Universidad de Chile, 25 de Enero 2007

Juez acusa por primera vez a la DINA de “asociación ilícita”

Por primera vez en la historia judicial reciente, un juez chileno acusó a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta durante la dictadura de Augusto Pinochet,  de ser "una asociación ilícita", en particular, para cometer el doble homicidio del general en retiro Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires.

El ministro Alejandro Solís dictó los autos acusatorios para fallar el caso en primera instancia, en los que apuntó al general (r) Manuel Contreras y al brigadier (r) Pedro Espinoza como los jefes de esta asociación ilícita.

El magistrado señaló que el proceso "ha sido complicado, porque son varios delitos, hay gente de muy alto nivel en la jerarquía militar que está implicada, por lo tanto ha sido bastante esforzado el trabajo".

El fallo determinó además que los brigadieres (r) Raúl Iturriaga Neumann, Jorge Zara y Christoph Willike eran parte de la agrupación criminal, al igual que la ex agente civil Mariana Callejas.

Los brigadieres Jorge Iturriaga y Reginaldo Valdés, en tanto, quedaron en calidad de cómplices.

La DINA, que según Contreras dependía directamente del fallecido dictador Augusto Pinochet, es sindicada por abogados de derechos humanos como la responsable de centenares de crímenes contra opositores al régimen militar.

Además, del caso de Prats y su esposa, también fue responsable del atentado que le costó la vida en Washington al ex canciller Orlando Letelier y su secretaria


El Mostrador, 12 de Junio 2007

General (R) Raúl Iturriaga Neumann: El ''analista de inteligencia'' que pasó a ser un prófugo de la justicia

Condenado a cinco años y un día de cárcel por el caso de un desaparecido, el ex jefe del Departamento Exterior de la DINA no se presentó a cumplir la sentencia. Aunque familiares temen por su vida y presentaron una denuncia por presunta desgracia, no se descarta todo sea una operación preparada por un militar que siempre se opuso a la acción de tribunales en derechos humanos.

Prófugo de la justicia. Esa es la calidad que tiene el general en retiro Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, uno de los más emblemáticos militares ligados a la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y quien no se presentó el lunes para comenzar a cumplir la condena a cinco años y un día de reclusión por el secuestro del militante del MIR Luis Dagoberto San Martín Vergara.

Iturriaga Neumann, de 69 años, es uno de los militares ligados a violaciones a los derechos humanos que más se ha opuesto a las condenas dictadas por los ministros que indagan este tipo de casos y, por lo tanto, un “símbolo” para los más de cien condenados por crímenes de lesa humanidad que existen actualmente, por lo que su situación es seguido con sumo interés por los tribunales de justicia y el Ejército.

El general en retiro fue el primer encargado del Departamento Exterior de la DINA y un oficial de los más destacados en inteligencia que realizó cursos de Doctrina, Estrategia y Contrainsurgencia en la Escuela de las Américas en Panamá, donde conoció al general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, con quien colaboró durante todo su paso por el organismo represor.

Perteneciente al arma de Comandos y Paracaidista, Iturriaga Neumann se encuentra condenado en ausencia en Italia, a 18 años de reclusión, por el atentado a Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno, ocurrido en octubre de1975 en Roma; y además de la sentencia a 10 años y un día de cárcel por el caso del detenido desaparecido Víctor Olea Alegría.

Sin embargo, la causa que más dolores de cabeza podría traer a Iturriaga Neumann es la que se instruye por el asesinato en Buenos Aires, en septiembre de 1974, del ex jefe del Ejército Carlos Prats González y su mujer, Sofía Cuthbert Charleoni, donde tanto los querellantes como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) han solicitado su presidio perpetuo por los cargos de asociación ilícita y doble homicidio agravado.

Por el momento, se desconoce el paradero del general retirado y aunque su abogado, Jorge Balmaceda, y su hermano Jorge Iturriaga Neumann –también acusado en el caso Prats- presentaron una denuncia por presunta desgracia en la 17º Comisaría de Carabineros, temiendo que el militar en retiro se haya suicidado, ya que no se contactan con él desde el viernes 8 de junio pasado. Sin embargo, no se descarta que el militar haya decidido mantenerse oculto aprovechando los amplios conocimientos en inteligencia que posee.

Iturriaga Neumann se comunicó personalmente ese día con el ministro Alejandro Solís para informarle que se presentaría en el Penal de Cordillera a las 10:00 horas del lunes 11 junio para cumplir su condena, ratificada el 28 de mayo por la Corte Suprema, pero no llegó a la cita y la actuaria judicial que asesora al magistrado lo esperó por más de una hora y media en la entrada del penal.

La funcionaria judicial regresó pasado el mediodía hasta el despacho del ministro Solís en la Corte de Apelaciones de Santiago y, ante la imposibilidad de ubicar al condenado militar, se dictó la orden de aprehensión respectiva a la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, cuyos efectivos lo buscaron en las dos domicilios que tiene registrados (Detroit 1655 Departamento 804, comuna de Vitacura y Avenida Apoquindo 5244, Departamento 301, ambos en Las Condes), pero no fue ubicado.

En la última vivienda la actual pareja del general en retiro informó a los policías que el general en retiro había salido desde la vivienda rumbo al Penal Cordillera a las 9:00 horas y que no había vuelto a saber de él.

Raúl Iturriaga Neumann se encontraba separado desde hace un año y medio de su mujer, Mireya Baeza, hija del general en retiro y ex director de Investigaciones Ernesto Baeza, y su máxima preocupación eran las actividades del Círculo de Generales en Retiro y la preparación de la estrategia de su defensa judicial en las causas por las que era investigado.

Desde esa tribuna, reclamaba por la aplicación de los Convenios de Ginebra para los casos de violaciones a los derechos humanos y pedía que se aplicara la Ley de Amnistía de 1978 o la prescripción, pues estimaba que la teoría judicial del secuestro permanente era una “ficción jurídica” imposible de ejecutar en la vida real.

En esa calidad, también criticó los procesamientos masivos que dictó el ministro en visita Víctor Montiglio en el caso Calle Conferencia contra ex agentes de la DINA y envió cartas a varias personalidades del mundo político para buscar una solución a las investigaciones que se tramitan actualmente en tribunales.


 El Mostrador, 13 de Junio 2007

General (R) Iturriaga Neumann pasa a clandestinidad y reclama trato injusto

Luego de que sus familiares presentaran una denuncia por presunta desgracia, el ex jefe del Departamento Exterior de la DINA envió un declaración en la que plantea lo que considera una ''injusta condena''. En tribunales preocupa que su actitud sea imitada por otros militares, ya que el ex uniformado es considerado un símbolo por sus pares.

Un comando nunca se entrega. Esa es la consigna que asumió el general en retiro Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, al declararse en rebeldía y no presentarse a cumplir con su condena de cinco años y un día de presidio por el secuestro calificado del militante del MIR Luis Dagoberto San Martín Vergara, tal como lo había acordado con el ministro Alejandro Solís.

Tras 24 horas sin que su familia supiera de su paradero y presentara una denuncia por presunta desgracia, el ex militar envió una declaración pública, a través de un correo electrónico a varios medios de comunicación, en el que declara que no se presentará a cumplir su sentencia, ratificada el 28 de mayo por la Corte Suprema.

En el documento, enviado desde una casilla personal de Iturriaga Neumann, cuestiona la labor de varios jueces y la aplicación de los tribunales de la legislación internacional en casos de violaciones a los derechos humanos y se define como víctima de un indebido proceso.

“Fui sometido a un indebido proceso, al igual que aproximadamente 500 integrantes de las FF.AA. y de Orden, de los cuales ya hay varios condenado por la misma razón, ante la mirada complaciente del gobierno e instituciones que no funcionan para defender los derechos que tenemos y que justamente reclamamos”, señala la nota.

Y agrega que “ya he aceptado muchas cosas: he sido prontuariado en varios oportunidades, soportado detenciones, interminables declaraciones, careos con falsos testigos, humillaciones, doble estándar, parcialidad, exámenes psicológicos, sufrimientos de mi familia y mis amigos, pérdida de trabajo, caos financiero personal, persecución política judicializada. ¿Debemos seguir aceptando esto? ¡Yo no! ¡Ya no más!”.

Situación inédita

Con su declaración, el ex jefe del Departamento Exterior de la DINA planteó una situación inédita en los casos de violaciones a los derechos humanos y en la que por primera vez un general en retiro se declara en abierta rebeldía y prófugo de la justicia luego de ser condenado por una sentencia judicial.

Si bien el ex jefe de la DINA Manuel Contreras se resistió a la condena dictada por el ministro Adolfo Bañados Cuadra por el atentado en Washington contra el ex canciller Orlando Letelier, siempre se mantuvo ubicable para la policía, ya sea en su fundo de Fresia o en el Hospital Naval de Talcahuano, y nunca pasó a la clandestinidad como Iturriaga.

En tribunales y el Ejército esperan que el ex militar recapacite a la brevedad y se presente a cumplir su pena en el Penal Cordillera, tal como lo había acordado con el juez Solís, con el fin de evitar un conflicto mayor, como una masiva desobediencia de los uniformados en retiro en los casos de violaciones a los derechos humanos.

"Este es el primer caso de la rebeldía militar a las decisiones injustas de los jueces", expresó una fuente ligada a la defensa de militares en retiro que aseguró que casos como los de Iturriaga Neumann se podrían repetir en el futuro, sobre todo en los grupos considerados más duros y que buscan una salida política a su situación judicial.

En el mismo sentido, el presidente de la Coordinadora de Organizaciones del Personal en retiro de las Fuerzas Armadas (Coperfa), general ( R) Jaime Núñez, señaló que la comunicación enviada por Iturriaga Neumann “se supone se lo está mandando a sus camaradas de armas y a los medios donde hará presente la situación que vive”.

Agregó que la institución realizó una declaración hace unos días, “donde nos referimos a que mientras las autoridades de este país no tengan la voluntad política de solucionar de una vez por todas los problemas, si quieren algún día la reconciliación en Chile, va a ser muy difícil seguir pensando qué cosas van a pasar".

Consultado si considera correcto que un general en retiro evada a la justicia, dijo que “no sé si de la justicia o de la injusticia. La justicia chilena puede ser justa o injusta. Personalmente pienso que hay una injusticia con una serie de camaradas, no sólo con Iturriaga, porque todo está basado en presunciones.

Eso es lo que yo sé”.

"Si baso todo en presunciones para juzgar a personas, la justicia no está actuando plenamente. Creo que todos debemos estar sometidos a la justicia en igualdad de condiciones, y aquí no hay igualdad de condiciones con un sector de la sociedad, que fue el que dio la cara y que hizo lo que este país es hoy día”, sostuvo.

Requerido si apoya que Iturriaga no se presente, dijo que “no hubiera querido haber llegado a esta situación, pero si él lo determinó fue una decisión personal, no creo que alguien le haya dicho "tienes que hacer esto u esto otro". Cuando dice "me cansé de toda esta injusticia", eso es lo que indigna y la indignación está cundiendo en mucha gente y resulta que no es bueno que cunda la indignación, debió haber cundido la reconciliación”.

Recordó que en los últimos años el coronel en retiro Germán Barriga y el agente civil Carlos Marco, ambos procesados por el caso Calle Conferencia, y el coronel en retiro Gonzalo Asenjo Zegers, implicado en la desaparición de cinco frentistas en 1987, se han quitado la vida en los último años.


 La Nación, 17 de Junio 2007

Raúl Iturriaga Neumann: general en fuga

Hace tres semanas, Raúl Iturriaga Neumann se sentó, como de costumbre, frente a sus amigos y camaradas de armas en el Café Havanna, de Huérfanos 1033. El resto de los generales y altos oficiales en retiro prestaron especial atención a las palabras que pronunciaría, ya que todos entendieron que uno de los hombres de la línea más dura de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional

(DINA) tenía algo importante que contarles.

El fuerte olor a café y el humo de cigarrillo se hacía más denso en el segundo piso de dicho café, lugar especialmente discreto y apartado de las miradas de los funcionarios de Gobierno que frecuentan el local.

Mientras la camarera traía la bandeja repleta de tazas, Iturriaga se desabotonó el abrigo que llevaba puesto y dejó a la vista el empuñadura de su pistola 9 milímetros, de la que nunca se despega.

“Amigos, la condena en mi contra es una realidad y no pienso entregarme. La humillación hacia las Fuerzas Armadas es inaceptable. Me voy a escapar, así que les pido que cuiden de mi familia durante el tiempo que esté ausente”, dijo provocando admiración en los presentes, boquiabiertos ante el anuncio.

Después de la reunión, Iturriaga se dedicó a completar el plan para evitar ser descubierto y burlar el cerco policial. El lunes pasado debía entregarse ante la justicia, luego de llegar a un acuerdo “de caballeros” con el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís, quien debía notificarlo para que comenzara cumplir ese mismo día la condena a cinco años y un día de presidio por la desaparición de Dagoberto San Martín.

La sentencia había pasado a firme el 28 de mayo último, día en que la Corte Suprema confirmó la sentencia y ordenó que fuera ejecutoriada.

Iturriaga supo cómo se venía la mano, al menos con una semana de anticipación.

Asesorado por su abogado, Jorge Balmaceda, también sabía que una vez que el fallo fuera oficializado, pasarían al menos 15 días para que el documento, junto con todo el expediente del caso, fueran devueltos al juez Solís, para que éste dictara el “cúmplase” la sentencia.

Amplios poderes para allanar

Como ha sido el procedimiento en los últimos años, los detectives que indagan los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, pasaron a primera hora de ese día, 11 de junio, a buscar a la actuaria que cumpliría con el trámite de notificación.

En un vehículo policial se dirigieron hasta el Penal Cordillera, a un costado del ex Comando de Telecomunicaciones del Ejército, en Peñalolén.

Ingresaron al recinto a la espera de que apareciera el general retirado, minutos antes de las diez de la mañana, la hora acordada para que Iturriaga se notificara. Pero el ex jefe del Departamento Exterior de la DINA no llegó.

Pasaron casi dos horas y la comitiva judicial decidió retirarse.

Ese mismo lunes, el juez Solís firmó una orden de aprehensión en contra de Iturriaga para que cumpliera con el trámite de la notificación. Al día siguiente emitió una orden amplia de investigar con la instrucción de capturarlo, facultando para ello a la policía civil a descerrajar y allanar todo lugar donde pudiese estar o haber información sobre su paradero.

El primer gran problema “logístico” que se desató por la sorpresiva acción del ex general se debió a que la prensa de tribunales se enteró de la detención el martes a las once y media de la mañana e hizo pública la noticia. La policía, sin embargo, sólo fue notificada recién a las tres de la tarde, perdiendo horas clave para iniciar la cacería.

No obstante, los problemas de comunicación se resolvieron a la brevedad y la Jefatura Nacional contra el Crimen Organizado y Asuntos Especiales, a cargo del prefecto inspector Rafael Castillo, elaboró de inmediato un plan de contingencia.

El diseño implicaba conformar un equipo multidisciplinario integrado por la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, la Brigada de Búsqueda de Personas y la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales.

La cacería

¿Qué dificultad extra podría acarrear la ubicación de un prófugo como Iturriaga? El ex general formó parte de la cúpula de la DINA desde sus inicios y hasta su disolución, en 1976. Se trata entonces de un oficial que cuenta con una amplia experiencia en materia de inteligencia y con redes que le facilitarían mantenerse en la clandestinidad, al menos, por unas semanas.

Sin embargo, en Investigaciones existe un cierto optimismo y se piensa que la captura se concretará pronto. “Iturriaga maneja conceptos de inteligencia militar, pero nosotros contamos con los elementos de la inteligencia policial, que son muy distintos y que nos dan las herramientas suficientes como para detectarlo en cualquier momento”, dijo a LND el prefecto Rafael Castillo.

El primer paso que dieron para armar el complejo puzzle de pistas sueltas que dejó el ex jefe de la temida Brigada Purén de la DINA, fue reconstruir sus pasos. Hasta ahora presumen que habría escapado en su auto, patente RG. 4273.

Las versiones de prensa señalan que Iturriaga se dio a la fuga el lunes 11 de marzo, la fecha en que se debía entregar ante el juez Solís. Sin embargo, se ha logrado acreditar que el prófugo salió el viernes 8 del departamento (ubicado en calle Vaticano 4232, Las Condes) de su actual conviviente, Máxima Martota.

La mujer, de 64 años, entrevistada por la policía, se mostró desconfiada y no aportó datos que permitieran arrojar luces sobre el paradero de Iturriaga. “Sus dichos permiten inferir que nos estaría ocultando datos”, explica una fuente de Investigaciones.

Para evitar cualquier sospecha sobre su fuga, el general en retiro se preocupó, en las últimas dos semanas, de llamar constantemente al tribunal para confirmar el día y la hora en que iba a ser notificado. De paso, también reafirmó en cada una de esas ocasiones su decisión de concurrir voluntariamente al Penal Cordillera.

Cuando los funcionarios de Investigaciones que trabajan con el juez Solís supieron que en realidad se había escapado el viernes, se sorprendieron porque esa misma tarde, a eso de las cuatro, ya clandestino, Iturriaga realizó su última llamada al tribunal confirmando su asistencia el lunes.

El asombro fue aún mayor cuando el equipo encargado de su búsqueda, se enteró de otra pista distractiva que dejó el general. Reservó por dos noches y a partir del lunes 11 –el día en que debía ser notificado– una habitación en el Hotel Militar del Ejército, en Providencia. Una maniobra que tenía por objeto concentrar en ese lugar la atención policial, en caso de que se detectara anticipadamente su plan para evadir la detención.

La primera visita de Investigaciones al domicilio de Iturriaga permitió descubrir también datos relevantes que apuntan a la red de apoyo con que el ex jefe del Departamento Exterior de la DINA cuenta desde hace varios años. Según un testimonio, durante una de sus detenciones en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén en 2005, el general (R) salió todas las noches del recinto para alojar en su hogar, en circunstancias que no contaba con ningún beneficio penitenciario. Esto nadie lo supo en esos momentos y constituye parte de los entretelones del verdadero historial de Iturriaga.

Cuenta bancaria y celular

Los efectivos de la Policía de Investigaciones barajan por estos días dos hipótesis sobre el paradero de Irurriaga. La primera indica que podría estar en Coquimbo, en la IV Región. La segunda, en la VIII, hacia la cordillera de los Andes, en una localidad cercana a las Termas del Flaco.

El plazo para detenerlo aún no se ha fijado y se habla de un máximo de 30 días, pues los agentes saben que su formación en inteligencia le da un paso de ventaja. Lo más probable es que no cometa errores básicos, como llamar a su familia desde su teléfono celular.

De registrarse alguna llamada, las empresas de telefonía ya recibieron una orden de entregar los datos de origen y destino de las mismas, mediante la triangulación de las antenas utilizadas en tiempo real.

Lo mismo sucede en el caso de que decida sacar dinero de su cuenta bancaria desde algún cajero automático, y trascendió que la Superintendencia de Bancos recopilará la información sobre sus cuentas.

La policía tiene prácticamente descartada la opción de que Iturriaga salga del país. Esto, porque en el extranjero existen tres órdenes de captura internacional en su contra. Una, por la condena que le impuso la justicia italiana por el atentado contra el ex vicepresidente de la República Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno. La segunda proviene de Argentina, donde la jueza María Servini de Cubría lo procesó y acusó del crimen del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. La última es de España, donde el juez Baltasar Garzón lo requiere por los asesinatos de los sacerdotes Joan Alsina y Antonio Llidó, y el diplomático Carmelo Soria.

Investigaciones tiene elaborado un perfil sicológico de Iturriaga, que permite plantear distintos escenarios para su captura. Se trataría de un personaje ególatra y, al mismo tiempo, astuto. Por ejemplo, en todas las ocasiones en que fue interrogado por jueces y policías evadió las respuestas haciendo gala de su formación en técnicas de contrainterrogación. Calificado como extremadamente orgulloso, los policías están conscientes de que Iturriaga tiene carácter como para resistir con la fuerza el arresto, en caso de que se vea acorralado. Por otra parte, su formación católica descartaría el suicidio.

La estrategia policial apuntaría a lograr que el ex militar deponga su actitud y se entregue voluntariamente, para evitar la tensión que significaría un enfrentamiento directo.

Tal escenario ya fue probado con el general (R) Manuel Contreras, a quien se le ofreció una entrega pacífica, cuando se negó a ser notificado. El frustrado diálogo dio paso a la fuerza, donde incluso el ex director de la DINA fue reducido con su pistola en mano.

La gran incógnita es si Raúl Iturriaga Neumann aceptará entregarse o si, a diferencia de su ex jefe, usará su pistola 9 mm.


La Nación, 19 Junio 2007

El “indebido proceso” que tuvo Dagoberto San Martín

 Con su nueva imagen, demacrado, con barba descuidada y que mantuvo la mirada dura y lejana, el general (R) Raúl Iturriaga Neumann, argumentó que se rebelaba al fallo judicial que lo condenó a cinco años de prisión (por la desaparición en 1974 del mirista Dagoberto San Martín) por no haber sido respetado su derecho a “un debido proceso”. Su declaración la hizo a través de un video que transmitió la TV abierta y ayer sus ex compañeros de armas le brindaron su “apoyo moral”.

La frase caló profundo en quienes pasaron por el cuartel “Venda Sexy”, donde operó el militar (R) como jefe de la brigada Purén de la DINA y a quienes, por cierto, nadie les respetó su derechos.

Así se puede leer en los “considerandos” de la sentencia dictada por el juez Alejandro Solís Muñoz el 9 de noviembre de 2004, que condenó a Iturriaga, como autor de secuestro calificado contra Luis Dagoberto San Martín Vergara, a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Condena que más tarde la Corte Suprema rebajó a sólo cinco años que debía cumplir a partir del lunes 11 de junio pasado en el penal Cordillera de Peñalolén.

El peluca

En diciembre de 1974, Luis Dagoberto San Martín tenía 22 años, estudiaba en tercer año de Agronomía en la Universidad de Chile, le decían “El Peluca” por su larga cabellera y era reconocido militante del MIR en el campus Antumapu.

Allí también se ubica la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde estudiaban Jorge Véliz y Claudio Cabello, que pololeaba con Ema Iribarren, quien arrendaba un departamento junto a María Inés Hidalgo en calle Roberto Espinoza, hasta donde a veces llegaba Dagoberto a visitar a Inés.

Las detenciones

El 6 de diciembre de 1974, dos personas que viajaban en una camioneta blanca, Chevrolet C-10, preguntaron en el domicilio de su madre por Dagoberto, diciendo que eran compañeros de carrera. No lo encontraron, pero siguieron rondando el sitio.

El 11 de diciembre, la amiga de Dagoberto, Carmen Holzapfel, fue detenida en su domicilio y al día siguiente se llevaron a Beatriz Bataszew, entonces polola de San Martín.

El 16, según el testimonio de Ema, estaba en un departamento de calle Roberto Espinoza con Diez de Julio, que compartía con sus amigas Alejandra Holzapfel y María Inés Hidalgo; la primera había sido detenida; ella estaba en el living y en un dormitorio estaban Alejandro Véliz y el novio de ella, Claudio Cabello.

Golpearon a la puerta y al abrir se encontró con varios sujetos que portaban armas, algunos de civil y otros con uniformes de Carabineros. Los llevaron a los tres hasta una camioneta cubierta con lona; al día siguiente los trasladaron a otro lugar. Allí estuvo unos 5 días y la interrogaban preguntándole por sus actividades y por “El Peluca”, le aplicaban corriente eléctrica mientras permaneció desnuda en la llamada “parrilla” y por el lugar circulaba un perro al que le decían Volodia.

Jorge Véliz fue compañero de curso de Dagoberto San Martín en el Liceo de Aplicación y fue el primero en reconocer a Miguel Krassnoff a cargo del grupo que los detuvo.

Al día siguiente, en “Venda Sexy”, una persona malherida lo golpeó en la pierna y lo llamó “Oso”, entonces supo que era San Martín, ya que sólo lo llamaban así sus amigos del liceo. Dagoberto San Martín le dijo que no se preocupara porque él no diría nada.

Víctima Y TESTIGO

En la declaración judicial entregada por Claudio Cabello, el 16 de diciembre de 1974, estaba estudiando con Jorge Véliz en casa de Ema, cuando fueron detenidos. Los llevaron primero a un lugar que sería Villa Grimaldi y de allí a calle Irán 3937 donde funcionaba el recinto de detención clandestino que fuera conocido como “Venda Sexy” por las aberraciones sexuales cometidas contra los prisioneros mientras estaban vendados.

“A los dos días llegó Luis Dagoberto San Martín y durmió cerca suyo; estaba en muy malas condiciones físicas, se notaba que había sido muy golpeado y no podía sostenerse de pie”, se lee en la sentencia.

Dagoberto había quedado de reunirse con su hermana Patricia, a las 14 horas del 7 de diciembre, en Grecia con Lo Encalada, pero nunca llegó.

Proceso indebido

Nueve detenidos en “Venda Sexy” reconocieron haber visto a Dagoberto San Martín en pésimas condiciones y que incluso le dio un paro cardiorrespiratorio, que lo llevaron a la clínica Santa Lucía y lo devolvieron a calle Irán, desde dónde “desapareció” para siempre.

Ninguno de los tres jóvenes secuestrados en calle Roberto Espinoza, torturados en “Venda Sexy” y amenazados luego por varios años, era militante de partido político alguno.

Ellos reclaman con desgarro contra la argumentación de Iturriaga de no haber tenido un debido proceso. La entonces polola de Dagoberto, Beatriz Bataszew, respira y dice: “hay que ser muy cara dura”


La Nación, 27 de junio de 2007

Estremecedores relatos de ex prisioneras víctimas de torturas sexuales: La perversa brigada de Iturriaga 

Dos militantes del MIR, Alejandra Holzapfel y Beatriz Bataszew, contaron por primera vez las agresiones que sufrieron en el cuartel de la DINA que comandó el prófugo Raúl Eduardo Iturriaga Neumann. 

Alejandra no pudo contener sus lágrimas. Se hizo un gran silencio. “Yo después estudié medicina veterinaria, pero no pude dedicarme a eso. La imagen del perro Volodia nunca me la pude sacar de mi mente”. Terminó la frase entre sollozos. En el cuartel de la DINA de Irán con los Plátanos, en Macul, agentes de la Brigada Purén, que comandaba el prófugo Iturriaga Neumann, hicieron que el perro la violara.

Alejandra Holzapfel y Beatriz Bataszew, miristas que sufrieron la tortura sexual, rememoraron ayer en la sede de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, Codepu, su paso por la llamada “Venda Sexy”, el cuartel de Iturriaga y sus agentes. Dicen que no pueden dar certeza de que vieron cara a cara a Iturriaga, “porque siempre nos tuvieron vendadas”, pero recuerdan que quien se sentaba detrás de un escritorio dándoselas de jefe “era un chico, más bajo que nosotras”, y piensan que pudo ser él.

“Ese chico tenía siempre una banca donde se subía para violar a las prisioneras”, recuerdan Alejandra y Beatriz. “Y me acuerdo que le daba asco que las mujeres tuviéramos la menstruación”, dice Alejandra. Las prisioneras descubrieron entonces algo que podía reducir el apetito perverso de aquel “chico” y otros agentes. “Tratábamos de dejar siempre en el baño señas, trapos y cosas así, que indicaran de que varias de nosotras teníamos la regla”, recuerda Alejandra.

Miran sorprendidas cuando se les comenta que, en sus declaraciones procesales, insistentemente el prófugo Iturriaga Neumann declara que si bien reconoce haber sido jefe de la Brigada Purén que reinaba en Irán con Los Plátanos, sostiene que esa brigada se dedicaba sólo a “procesar información sobre salud, educación, agricultura y minería”.

“Lo que él fue y es, es un cobarde, porque siempre nos torturaron vendadas. El nunca nos dio la cara, siempre trabajó oculto, igual que ahora”, responde Beatriz alzando la voz.

LA VENDA SEXY

No tienen respuesta cuando se les consulta por qué creen que fue precisamente en ese recinto, la “Venda Sexy” -también conocida como “La Discoteque”, por la música a alto volumen que los agentes ponían para que no se escucharan los gritos de los prisioneros-, donde se concentró la violencia sexual contra las mujeres ejercida por la Brigada Purén.

Era primera vez que Alejandra Holzapfel relataba en público por qué no pudo ejercer la medicina veterinaria que estudió en la universidad Karl Marx, en la desaparecida República Democrática Alemana. “No pude, porque siempre tengo la imagen del perro Volodia frente a mi”. Nadie lo dice, pero es obvio que el nombre que los agentes dieron al perro fue para denigrar la imagen del dirigente comunista Volodia Teitelboim. Beatriz dice estar cansada “de que cada vez los jueces nos llamen y llamen a declarar y debemos siempre repetir los tormentos y vejámenes a que nos sometieron. Y hasta nos han tocado jueces que nos dicen...¡pero ustedes algo habrán hecho entonces!”.

Por eso Alejandra se ha negado a volver a relatar sus vivencias ante los magistrados “y eso me ha costado que ordenen mi detención”


Terra.cl, 02 de Agosto 2007

General (r) Raúl Iturriaga Neumann fue detenido en Viña del Mar

 El general en retiro del Ejército, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, fue detenido esta madrugada por la Policía de Investigaciones, en la ciudad de Viña del Mar, tras encontrarse prófugo de la Justicia desde el pasado 11 de junio.

El ex director del Departamento Exterior de la DINA, tiene una condena de 5 años y un día como autor del secuestro del militante del MIR Luis Dagoberto San Martín Vergara y según se informó será trasladado dentro de las próximas horas a la capital, después de cumplir 52 días escondido.

La información fue confirmada por el prefecto inspector, Rafael Castillo, jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la policía civil, quien comentó que el retirado militar será trasladado dentro de los próximos minutos al cuartel Independencia de la capital, donde será prontuariado.

Posteriormente, será llevado al penal Cordillera, hasta donde llegará la secretaria especial del tribunal, Valeska Castillo, quien a nombre del ministro de fuero, Alejandro Solís, notificará al general de su condena.

Los primeros antecedentes señalan que Iturriaga Neumann estaba con la misma barba, con la que aparece en el video que grabó en la clandestinidad y donde declaró su rebeldía.

Cabe recordar que el juez Solís había dictado, a mediados de junio pasado, una orden de detención en contra del jubilado oficial, luego de que, en una señal de rebeldía hacia los Tribunales de Justicia, no se presentó en el Penal Cordillera, donde debía comenzar a cumplir la sentencia, también recaída contra otros miembros de la cúpula de la desaparecida unidad de inteligencia del régimen militar.

La búsqueda de Iturriaga Neumann fue alertada con "prioridad uno" en todos los cuarteles policiales emplazados a lo largo del país, llegando incluso a figurar su imagen y antecedentes en la página web de Investigaciones, como uno de los criminales más buscados por las autoridades.

En una declaración hecha publica la tarde del 12 de junio, el general (r) de Ejército manifestó: "Abiertamente me rebelo ante esta arbitraria, sesgada, inconstitucional y antijurídica condena, ¡No la acepto!", afirmó.

En su proclama, Iturriaga señaló que "se me ha condenado por el delito de secuestro, delito no acreditado en el proceso. Pedí concretamente al ministro Alejandro Solís, que sentenció en primera instancia, que investigara el secuestro, no lo hizo (...) si el ministro me procesó por secuestro, él debió demostrar que el mirista Luis Dagoberto San Martín Vergara está vivo y secuestrado por mí. El tiene el peso de la prueba, no era yo el que debía demostrar mi inocencia. El debía demostrar el delito que me imputa, no lo hizo".

Agregó que "fui sometido a un indebido proceso, al igual que aproximadamente 500 integrantes de las FF.AA. y de Orden, de los cuales ya hay varios condenado por la misma razón, ante la mirada complaciente del gobierno e instituciones que no funcionan para defender los derechos que tenemos y que justamente reclamamos".

Raúl Eduardo Iturriaga Neumann nació en la ciudad de Linares, VII Región el 28 de enero de 1938.

Al momento del golpe de Estado de 1973, Iturriaga en calidad de coronel era el segundo comandante de las fuerzas de elite del Ejército, el Comando de Paracaidistas “Boinas Negras” del Regimiento Peldehue, en la zona norte de la capital.

A principios de 1974, es trasladado por las autoridades del gobierno de facto al Regimiento Tejas Verdes, en la provincia de San Antonio, donde pasará a ocupar un rol en las acciones represivas de la entonces naciente DINA, que quedó en manos del general Manuel Contreras Sepúlveda.

Su amistad con Contreras permitió que fuera destinado a la jefatura de la Brigada Purén, donde estuvo a cargo de los centros clandestinos de calle Londres 38, José Domingo Cañas y Vílla Grimaldi, donde disidentes al régimen fueron sometidos a torturas y hechos desaparecer.

En 1976 fue enviado a Panamá a un curso especial en la llamada Escuela de las Américas, que operaba bajo el nombre de Centro de Adiestramiento Latinoamericano del Ejército de los Estados Unidos, donde militares recibieron entrenamiento contrainsurgente. Entre los oficiales chilenos graduados figuran Alvaro Corvalán Castilla, Miguel Krassnoff Marchenko, Pablo Belmar, Germán Barriga, Haroldo Latorre, Humberto Gordon, José Zara, Carlos Herrera Jiménez,

Odlanier Mena, Armando Fernández Larios, Fernando Lauriani, Ernesto Baeza Michelsen, Álvaro Guzmán Valenzuela, Manuel Contreras Sepúlveda y con honores Raúl Iturriaga Neumann.

Posteriormente, en 1977 ocupo cargos como subdirector de inteligencia en el Cuartel General de la DINA. Luego se desempeñó como director del departamento económico.

De acuerdo a expedientes judiciales, estuvo involucrado en 1975 en las operaciones Colombo y Cóndor, plan con el cual las dictaduras del Cono Sur pretendían neutralizar a los grupos de izquierda.

Así también figura involucrado en el proceso que se lleva en Chile por el atentado dinamitero que culminó con la muerte del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires. Además el jubilado oficial está condenado en ausencia a 18 años de cárcel por la Corte de Justicia Italiana, por el frustrado homicidio contra el ex vicepresidente Bernardo Leighton (DC) y su esposa Anita Fresno.

Poco antes del retorno a la democracia, en 1989, fue ascendido a mayor general en la VI División del Ejército, con asiento en Iquique, pasando a retiro en 1991. Ese mismo año fue interrogado por el ex ministro Adolfo Bañados, instructor de las indagatorias tendientes a determinar la participación de la disuelta DINA en el homicidio de Orlando Letelier, acontecido en Washington en septiembre de 1976. En la causa fueron condenados Manuel Contreras y Pedro Espinoza.


El Mostrador, 02 de Agosto 2007

Investigaciones: Iturriaga no opuso resistencia, pese a estar armado

Director de la policía civil entregó algunos detalles de la captura del prófugo general en retiro del Ejército, quien fue ubicado este jueves por la mañana en un céntrico departamento de Viña del Mar.

En uno de los departamentos del edificio ubicado en el número 1020 de la céntrica avenida San Martín, de Viña del Mar, fue ubicado este jueves por la mañana el prófugo general en retiro del Ejército Raúl Iturriaga Neumann.

Así lo detalló Arturo Herrera, el director de la Policía de Investigaciones, uno de cuyos equipos interdisciplinarios estuvo a cargo de la búsqueda de quien se declaró en rebeldía el pasado 11 de junio.

Según informó, el inmueble no es de propiedad del otrora responsable del Departamento Exterior de la disuelta DINA y, de momento, “se están investigando, por supuesto, los nexos que hay al respecto”.

“Estaba armado, pero no hubo ninguna situación que pudiéramos llamar ‘conflictiva’. Se entregó sin problemas y fue traído de inmediato hasta Santiago”, añadió.

La máxima autoridad de la policía civil aseguró que Iturriaga se encontraba solo al momento de su aprehensión y no opuso “absolutamente ninguna”

resistencia al ser descubierto, pese a que tenía en su poder una pistola de nueve milímetros.

Y narró que “siempre cuando realiza un procedimiento de este tipo y conociendo todos los antecedentes que había al respecto, la policía por supuesto que toma todas las medidas precautorias y se allanó en el momento oportuno. Yo creo que fue una sorpresa hasta para él que llegara la policía”.

Declinó entregar detalles del operativo, pero destacó que hubo “un trabajo lento, paso a paso, en el que hay que ir indagando situaciones, domicilios, antecedentes (...) desde el momento en que se encontraba prófugo”.

Tampoco se pronunció sobre la eventual existencia de una red de protección, lo cual –aclaró- deberá esclarecer el ministro de la causa, Alejandro Solís, aunque “siempre hay gente que lo conoce”.

“Descartemos cualquier situación de que estuviera metido algún elemento extraño”, precisó ante las insistentes consultas sobre personal en servicio activo del Ejército en la clandestinidad de Iturriaga.

“Sabemos que se estaba moviendo por varios lugares. Sé que estuvo ayer en Santiago que hoy día en la mañana se trasladó a Viña”, reveló.

Juez descarta nuevas sanciones contra Iturriaga Neumann por rebeldía

''No hay delito'', afirmó el magistrado Alejandro Solís, precisando que al ex uniformado tampoco se le puede acusar de quebrantamiento de condena porque ''no la estaba cumpliendo'' al momento de declararse prófugo.

El ministro Alejandro Solís afirmó este jueves que no existe norma alguna que aplique nuevas sanciones contra el general en retiro del Ejército Raúl Iturriaga Neumann por haberse mantenido prófugo desde el 11 de junio pasado.

“No hay delito”, afirmó el magistrado, precisando que tampoco se le puede acusar de quebrantamiento de condena porque “no la estaba cumpliendo” al momento de declararse en rebeldía.

Respecto a la elaboración del video en que justificaba su decisión de no presentarse a cumplir la pena a cinco años y un día que se le impuso en el caso del secuestro y posterior desaparición en 1974 del ex mirista Dagoberto San Martín Vergara, y sobre la posible participación de terceros en la elaboración de ese registro, el ministro señaló escuetamente que “como él estaba en libertad bajo fianza, tenía derecho al libre movimiento”.

Asimismo, consultado sobre si en este nuevo escenario Iturriaga podrá acceder o no a futuros beneficios penitenciarios, Solís indicó que “eso es cuestión reglamentaria de Gendarmería” y agregó que en lo que a él compete “le dejé sin efecto la libertad provisional que tenía, tanto en el caso San Martín como en el caso Prats, o sea, perdió el monto de la fianza y punto”.

Finalmente, anunció que hasta pasado el mediodía el ex uniformado aún no había sido trasladado al penal Cordillera, ya que “en este momento están haciendo el papeleo en la investigación”.


El Mostrador, 2 de Agosto de 2007

Raúl Iturriaga Neumann ya ingresó al Penal Cordillera

Al arribar al centro penitenciario de la comuna de Peñalolén, donde finalmente fue notificado de su condena, el ex militar fue insultado por manifestantes.

SANTIAGO.- Pasadas las 14.00 horas ingresó al Penal Cordillera, en la comuna de Peñalolén, el general (r) del Ejército Raúl Iturriaga Neumann, capturado esta mañana en Viña del Mar luego de permanecer 52 días prófugo de la justicia.

Una vez en el recinto, la actuaria Valeska Villalón lo notificó de la condena de cinco años y un día dictada en su contra por el secuestro calificado del ex mirista Luis Dagoberto San Martín Vergara, en 1974, trámite que había sido postergado desde el pasado 11 de junio, cuando el general (r) no se presentó.

Según indicaron fuentes judiciales que estuvieron presentes durante el trámite, Iturriaga recibió la condena "resignado, pero amable".

Al llegar al recinto penitenciario, un grupo de manifestantes lanzó proyectiles a la caravana que traía al ex militar, que también fue insultado por militantes de izquierda.

En el Penal Cordillera, compuesto por cinco cabañas enrejadas, también cumplen condena los generales (r) Manuel Contreras y Miguel Krassnoff, los coroneles (r) Maximiliano Ferrer Lima y Marcelo Moren Brito, además de los brigadieres (r) Pedro Espinoza y Carlos López Tapia.

Trasladado bajo fuerte custodia

Raúl Iturriaga Neumann fue trasladado hasta el Penal Cordillera tras permanecer un poco más de tres horas en el cuartel Independencia de la Policía de Investigaciones, hasta donde había llegado directamente desde la Quinta Región.

A la salida del cuartel, el ex uniformado, que lucía una chaqueta beige y pantalón negro, sólo señaló que se encontraba "muy bien".

El general (r) abordó un automóvil Nissan V-16 de la policía civil, acompañado por cuatro detectives, siendo escoltado por otros cuatro vehículos en los que viajaban algunos de los efectivos que participaron en su captura, ocurrida esta mañana en Viña del Mar.

Además del secuestro de San Martín, el ex militar enfrenta otras causas por el crimen del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido en Buenos Aires, en 1975.


La Nación, 7 de Agosto 2007

General (R) Raúl Iturriaga purgará condena en Punta Peuco

Por razones de “seguridad”, y con la autorización del ministro Alejandro Solís, a las 14 horas de ayer personal de Gendarmería trasladó al general (R) Raúl Iturriaga Neumann, desde el Penal Cordillera (Peñalolén) a la cárcel de Punta Peuco (Tiltil) a 50 kilómetros de Santiago.

La medida sólo se le aplicó al recién capturado Raúl Iturriaga, pues en Cordillera permanecen otros ocho ex oficiales detenidos, entre ellos el general (R) Manuel Contreras y el brigadier (R) Pedro Espinoza.

Ayer al término de la reunión del Comité Político en La Moneda, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, señaló que el viernes pasado dispuso que el subdirector operativo de Gendarmería, Pedro Manchileo, concurriera al Penal Cordillera y evaluara la conveniencia de mantener allí al ex jefe de la Brigada Purén.

El informe de Manchileo señala que “consideraciones de seguridad hacían aconsejable esta medida”, expuso Maldonado y mencionó “su intentó de eludir la acción de la justicia”.

Consultado porque el Penal Cordillera era inseguro para Iturriaga y no para los otros reclusos, Maldonado dijo que el penal adecuado depende “de la complejidad del interno, en términos de seguridad y de su actitud frente al cumplimiento del fallo que lo privó de libertad” y agregó que en Punta Peuco existen medidas de seguridad adecuadas para evitar que Iturriaga intente una fuga.

Sobre el posible cierre del Penal Cordillera -solicitado por parlamentarios de la Concertación- el ministro dijo que “esa consideración se va a estudiar en sus propios méritos”.

El general (R) Raúl Iturriaga, fue condenado a 5 años y un día de presidio por el secuestro y desaparición -en diciembre de 1974- del militante del MIR Luis Dagoberto San Martín. Sin embargo, en vez de ingresar al Penal Cordillera el 11 de junio pasado, como se comprometió con el ministro Solís, optó por sumergirse en la clandestinidad.

Para violar la acción de la justicia durante 52 días, el “primer comando de la nación”, como se hacía llamar, contó con la ayuda de parientes y amigos.

Entre ellos, la abogada y profesora de la Escuela de Derecho de la Uniacc, Laura Rajsic (de origen croata), y su esposo, el ex oficial de justicia y colaborador del ex fiscal Torres Silva, actual secretario de estudios de Derecho en la Universidad Central, Oscar Dávila.

Ayer Rajsic debió dejar la Uniacc, tras negarse a explicar su actitud cuando fue requerida por la decana de la carrera, la ex ministra de Pinochet, Mónica Madariaga.

Distinta fue la actitud de la Universidad Central, donde la pareja también hace clases, pues el rector Luis Lucero fundamento su decisión de “no adoptar ninguna medida” en valores como “la tolerancia y el derecho a un debido proceso”.


El Mercurio, 22 de Agosto 2007

"Mamo" Contreras suma nueva condena de diez años

La Corte Suprema mantuvo la sanción en contra de cinco ex integrantes de la DINA, entre ellos el otrora prófugo de la justicia Raúl Iturriaga Neumann por dos casos de detenidos desaparecidos.

La Sala Penal de la Corte Suprema mantuvo la condena de diez años y un día de presidio en contra del ex director del DINA Manuel Contreras  por los secuestros permanentes de Víctor Olea Alegría y  Mario Carrasco Díaz, ocurridos el 11 y 16 de septiembre de 1974, respectivamente.

En un fallo dividido la Segunda Sala del máximo tribunal fijo también una pena de cinco años y un día para Raúl Iturriaga Neumann,  Gerardo Urrich González

y  Alejandro Molina Cisternas, mientras que Rigiere Altez España recibió una sanción de 3 años y un día.

El voto a favor de mantener la pena fue de los ministros Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura y Jaime Rodríguez, quienes estimaron que correspondía seguir aplicando la figura del secuestro permanente; mientras que el ministro Rubén Ballesteros y el abogado integrante Ricardo Peralta fueron partidarios de absolver a los condenados aplicando la prescripción.

El caso estuvo en manos del ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar, quien el  6 de junio de  2005 condenó a Contreras Sepúlveda a 4 años; Raúl Iturriaga Neumann. 4 años; Gerardo Urrich González. 4 años; Alejandro Molina Cisternas 4 años con beneficio de libertad vigilada; y Risiere Altez España 800 días con beneficio de remisión condicional. Sin embargo, al año siguiente la Novena

Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago aumentó las sanciones.

Olea Alegría y Carrasco Díaz eran militantes del Partido Socialista y según los antecedentes recopilados en la causa estuvieron detenidos en el recinto de calle Irán 3037, esquina Los Plátanos, conocida como la “Venda Sexy”, desde donde desaparecieron en septiembre de 1974.


La Nación, 12 de Febrero 2008   

Francia juzgará en ausencia a trece represores chilenos

Luego de casi diez años, desde que la justicia francesa se decidió a juzgar a un grupo de represores chilenos y un argentino por el secuestro y desaparición de cinco ciudadanos franco-chilenos, el Gran Tribunal Penal de París fijó fecha para el juicio entre el 19 y 23 de mayo próximo.

Los 13 chilenos y el argentino serán juzgados en rebeldía (según la figura legal francesa) pues ni Chile ni Argentina acogieron las demandas de extradición formuladas en su momento por Francia. Entre los chilenos están el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y el líder de la secta alemana Colonia Dignidad, Paul Schafer.

Cuatro de los chilenos requeridos inicialmente ya están muertos: el dictador Augusto Pinochet, el general Javier Palacios que comandó el asalto desde tierra a La Moneda el 11 de septiembre de 1973, el coronel de aviación Andrés Pacheco Cárdenas, comandante de la base aérea de Temuco, y el ex agente civil Osvaldo “Guatón” Romo.

Los oficiales chilenos (todos en retiro) que serán sometidos a juicio son, además de Contreras y Sch fer: Emilio Sandoval Poo, empresario sureño; Joaquín Ramírez Pineda, ex comandante del regimiento Tacna; Rafael Ahumada Valderrama; el teniente coronel de Carabineros Gerardo Godoy García (“El Cachete Chico”); Basclay Zapata Reyes (“El Troglo”), DINA suboficial de Ejército; Miguel Krassnoff Martchenko, brigadier DINA ex jefe de la brigada Águila; Marcelo Moren Brito, coronel DINA ex jefe de Villa Grimaldi; Pedro Espinoza Bravo, brigadier ex segundo jefe de DINA; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, general DINA ex jefe de su departamento exterior; José Zara Holger, brigadier DINA, ex jefe de su departamento exterior; y el ex agente civil DINA Enrique Arancibia Clavel, que el año pasado terminó de cumplir una pena de presidio en Buenos Aires por el asesinato en 1974 del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. También será juzgado el ex jefe de la inteligencia del Ejército argentino (SIDE) en Mendoza y Bahía Blanca durante la última dictadura, José Osvaldo Riveiro, alias “Balita”.

Los catorce criminales, la mayoría con un largo prontuario por delitos de lesa humanidad, serán juzgados por el secuestro y desaparición de Alfonso Chanfreau Oyarce, Jean Ives Claudet Fernández, René Marcel Amiel Baquet, George Klein Pipper, y Etienne Pesle de Menil.

Las cinco víctimas Chanfreau fue detenido en julio de 1974 en Santiago y su nombre aparece en la lista de los 119 desaparecidos de la Operación Colombo -preámbulo de la Operación Cóndor- por la que la dictadura chilena pretendió hacer creer que habían huido a Argentina.

Claudet fue detenido en Buenos Aires en noviembre de 1975 como parte de la Operación Cóndor, en la que también participaron los servicios de inteligencia de Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. En este caso, Arancibia Clavel o “Luis Felipe Alemparte”, envió desde Buenos Aires (noviembre de 1975) un memorándum dirigido a “Luis Gutiérrez”   -chapa del cargo de jefe exterior DINA, en ese entonces Iturriaga

Neumann- que decía: “A Claudet se le sometió a interrogatorio. .. Ya no existe, es RIP (Réquiem in pace)”.

El memo, junto a otros similares, fue pesquisado en Buenos Aires por la jueza María Servini y formó parte del expediente abierto allá por el crimen de los Prats-Cuthbert.

Amiel fue arrestado en Mendoza por agentes chilenos y argentinos en 1977. Klein era asesor de Allende y fue detenido en La Moneda el día del golpe militar. Pesle era un sacerdote secuestrado en Temuco en septiembre de 1973.


El Mercurio, 12 de Febrero 2008  

Desaparición de cuatro franceses: Abogados de ex agentes de la DINA restan valor a juicio en Francia

"No tiene validez en Chile", dijo ayer el abogado Jorge Balmaceda, quien representa a dos de los ex miembros de la DINA que en mayo próximo serán juzgados por un tribunal francés, por su responsabilidad en los secuestros y apremios ilegítimos que sufrieron en Chile cuatro ciudadanos de ese país durante el régimen militar.

Ayer se informó en Francia que entre el 19 y el 23 de mayo próximo tendrá lugar en un tribunal criminal de París el juicio contra 17 ex miembros del organismo de inteligencia que encabezaba el entonces coronel Manuel Contreras, a quienes se responsabiliza por las desapariciones de Alfonso Chanfreau Oyarce, Etienne Pesle, Georges Klein y Jean-Yves Claudet Fernández.

Según se prevé, varios de quienes serán enjuiciados en ausencia podrían ser condenados a presidio perpetuo, si se comprueba la aplicación de torturas.

Para Balmaceda, quien defiende al brigadier (r) Pedro Espinoza y al general (r) Raúl Iturriaga -ambos en la lista de los 17- los tribunales franceses "no tienen competencia ni jurisdicción en Chile", y es la justicia chilena la única que puede pronunciarse por los hechos acontecidos en el país. "Además, no tienen cómo investigar los hechos; el juicio se hace sólo a base de suposiciones", agregó.

El abogado Enrique Ibarra, quien representa a Basclay Zapata, enfatizó que lo que pueda resolver la justicia francesa no tiene valor. "Es un tema simbólico", aseveró, porque no tiene efectos prácticos. Además, recordó que los casos por los cuales van a ser juzgados están siendo indagados por la justicia chilena, y en algunos ha habido resoluciones.

El abogado José Luis Sotomayor, quien representa al brigadier (r) José Zara y al ex jerarca de Colonia Dignidad, Paul Schaeffer, enfatizó que "ningún estado de derecho racional puede juzgar a nadie en rebeldía".

En tanto, la viuda de Alfonso Chanfreau, Erika Hennings, celebró la noticia.

"Creo que es espectacular, considerando que en Chile no ha habido avances", aseveró, en referencia al proceso que instruye el ministro Carlos Gajardo. La mujer, quien también estuvo detenida, no descartó viajar a Francia.


La Nación, 27 de mayo de 2008  

Juez Montiglio procesó a 98 ex agentes por víctimas de la Operación Colombo - El golpe más grande a la represión

Entre los encausados, todos en retiro, hay ocho coroneles y 23 suboficiales de Ejército, 40 oficiales y suboficiales de Carabineros, dos ex agentes de la FACH, una ex agente de la Armada, y siete ex agentes de la Policía de Investigaciones.

El mayor golpe a la represión de la dictadura de Augusto Pinochet dio ayer el ministro Víctor Montiglio, al procesar a 98 ex agentes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones por 42 víctimas de la Operación Colombo.

Se trata de la resolución más numerosa dictada entre las casi 400 causas por violaciones de los derechos humanos que se instruyen en el país. Incluso superó a los 67 ex agentes encausados por el mismo juez Montiglio en 2007 por los crímenes de la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín en el cuartel Simón Bolívar.

Entre los encausados por Colombo hay ocho coroneles de Ejército (R), seis de los cuales no habían procesados antes en ninguna causa. También fueron declarados reos 23 suboficiales de Ejército (R) de los cuales al menos el 50 por ciento aparecen por primera vez en este tipo de causas.

Entre estos suboficiales figura Juvenal Piña, alias "El Elefante", ex agente de la Brigada Lautaro, que fue quien asfixió al jefe comunista en la clandestinidad (1976) Víctor Díaz, con una bolsa plástica en su cabeza, previo a que le inyectaran cianuro.

Además el magistrado encausó a 40 ex agentes oficiales y suboficiales de Carabineros, entre los que están Ricardo Lawrence, Heriberto Acevedo, Claudio Pacheco y José Mora, todos ex integrantes de la misma Brigada. Entre los procesados hay también ex agentes que pertenecían a la Policía de Investigaciones. El único civil (Ejército) es Juan Suárez.

De la lista total, al menos trece ya se encuentran cumpliendo condena por otras causas (ver lista).

Hasta el cierre de esta edición los procesados seguían siendo detenidos para ser internados en distintos lugares, como el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

Entre las 42 víctimas por las cuales el ministró dictó su resolución, están María Angélica Andreolli, Miguel Acuña Castillo, Juan Carlos Perelmann Ide, Juan Chacón Olivares, Jorge Müller Silva, Luis Guendelmann Wisniak, Mario Calderón Tapia y Carmen Bueno Cifuentes.

La Operación Colombo y los medios

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA.

La Operación Colombo fue parte de la Operación Cóndor, y consistió en un montaje de la dictadura para hacer creer a la población que 119 detenidos que se encontraban desaparecidos, habían salido clandestinamente a Argentina y allí murieron enfrentados con fuerzas policiales y del Ejército durante la fase previa al golpe militar de 1976 en Argentina.

Algunos de esos nombres aparecieron como militantes "asesinados" en Buenos Aires y alrededores, con carteles en sus cuerpos que decía que habían sido ejecutados por sus propios compañeros por ajuste de cuenta por rencillas internas. Sin embargo, ello también resultó un montaje.

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA en el extranjero y tuvieron una única edición.

En Chile la prensa pro dictadura como los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y La Segunda, reprodujeron el montaje de los servicios de inteligencia. En el recuerdo quedó el titular del vespertino que informó "Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina". Ellos formaron parte de la lista de los 119 desaparecidos de Colombo.

El ex prófugo Raúl Iturriaga, quien era uno de los encargados del departamento exterior de la DINA, fue quien primero dio luces en Buenos Aires de este operativo.

Según el ex agente civil Enrique Arancibia Clavel, condenado en Buenos Aires por el crimen del general Carlos Prat y su esposa, fue Iturriaga quien a comienzos de 1975 se juntó con él para pedirle que preparara lo necesario porque "hay que hacer aparecer a unos muertos de la Operación Colombo".

Se trataba de preparar la aparición de los supuestos cuerpos de Jaime Robotham y Luis Guendelmann como parte del montaje.

Lista de procesados

Ejército (todos en retiro):

Víctor Molina Astete (coronel); Sergio Castillo González (crl); Eduardo Guerra Guajardo (crl); Víctor San Martín Jiménez (crl); José Fuentes Torres (crl); Manuel Carevic Cubillos (crl); Jaime Paris Ramos (crl); César Manríquez Bravo (crl); Raúl Toro Montes (suboficial); Eduardo Reyes Lagos (sub); Orlando Torrejón Gatica (sub); Osvaldo Tapia Alvarez (sub. Suicidado); Juvenal Piña Garrido (sub. “El Elefante”); Juan Suárez Delgado (civil); Nelson Paz Bustamante (sub); José Aravena Ruiz (sub); Luis Torres Méndez (sub); Raúl Soto Pérez (sub); Jorge Andrade Gómez (sub); Juan Escobar Valenzuela (sub); Rolando Concha Rodríguez (sub); Gustavo Apablaza Meneses (sub); Hiro Alvarez Vega (sub); Víctor Alvarez Droguett (sub); Jorge Venegas Silva (sub); Carlos Rinaldi Suazo (sub); Carlos Letelier Verdugo (sub); Reinaldo Concha Orellana (sub); Máximo Aliaga Soto (sub); Hugo Clavería Leiva (sub); Samuel Fuenzalida Devia (sub)

Investigaciones

Juan Urbina Cáceres; Hugo Hernández; Manuel Rivas Díaz; Herman Alfaro; Eugenio Fieldhouse; Osvaldo Castillo

Carabineros (oficiales y suboficiales todos en retiro)

Gerardo Godoy García; Ciro Torres Sáez, Alejandro Molina Cisternas; Camilo Torres Negrier; Héctor Lira Aravena; José Fritz Esparza; Claudio Pacheco Fernández; Jorge Sagardia Monge; Sergio Castro Andrade; Luis Villarroel Gutiérrez; Armando Cofré Gómez; Fernando Roa Montaña; Gerardo Meza Acuña; Enrique Gutiérrez Rubilar; Luis Mora Cerda; José Muñoz Leal; Juan Duarte Gallegos; Carlos Miranda Meza; Rufino Jaime Astorga; Luis Urrutia Acuña; Luis Zúñiga Ovalle; Pedro Alfaro Hernández; Orlando Inostroza Lagos; Rosa Ramos Hernández; Gustavo Caruvan Soto; Héctor Valdebenito Araya; Manuel Avendaño González; José Mora Diocares; Guido Jara Brevis; Nelson Ortiz Vignolo; Ruderlindo Urrutia Jorquera; Héctor Flores Vergara; Jerónimo Neira Méndez; Manuel Montré Méndez; Heriberto del Carmen Acevedo; Claudio Orerllana de la Pinta; Nelson Iturriaga Cortés; Luis Gutiérrez Uribe; José Ojeda Obando

Fuerza Aérea

Delia Gajardo Cortés; Hernán Avalos Muñoz

Armada

Teresa Navarro Osorio;

Procesados que ya cumplen condena

Manuel Contreras Sepúlveda; Pedro Espinoza Bravo; Raúl Iturriaga Neumann; Marcelo Moren Brito; Miguel Krassnoff Martchenko; Ricardo Lawrence Mires; Basclay Zapata Reyes; Conrado Pacheco; Francisco Ferrer Lima; Gerardo Urrich; Orlando Manzo Durán; Rizier Altez España; Fernando Lauriani Maturana


La Nación, 30 de junio de 2008    

Manuel Contreras condenado a cadena perpetua por crimen de Prats

Después de 34 años de cometido el doble homicidio, el ministro Alejandro Solís dictó sendas condenas en contra de la cúpula de la DINA por su responsabilidad en la muerte del otrora comandante en jefe del Ejército Carlos Prats  y su esposa Sofía Cuthbert. En el dictamen de primera instancia el juez establece una pena perpetua en contra de Manuel Contreras Sepúlveda por los dos crímenes y a su vez una sentencia de veinte años de presidio por asociación ilícita.

Para el brigadier (r) Pedro Espinoza la sentencia es de veinte años de presidio por cada  asesinato y otros veinte años por su rol en esta asociación ilícita

En el caso del agente Raúl Iturriaga Neumann el dictamen es de quince años de presidio por cada homicidio  y de 541 por asociación ilícita. Un poco más baja es la pena para José Zara, Juan Morales Salgado y Christoph Willike donde la sentencia alcanza a diez años presidio por cada crimen y de  541 días por la asociación ilícita.

En el caso de  Jorge Iturriaga  Neumann cinco años y un día por cada homicidio  y a su vez Mariana Callejas  -en su rol de autora material del crimen- recibió  una pena de diez años por cada homicidio

Finalmente el suboficial (r) Reginaldo Valdés enfrentará dos penas de 541 días por su rol en los dos asesinatos.

Hijas del matrimonio Prats-Cuthbert destacaron fallo

Angélica y Cecilia Prats Cuthbert arribaron complacidas hasta el palacio de tribunales para interiorizarse del dictamen del ministro Alejandro Solís en contra de quienes participaron en el doble homicidio de sus padres Carlos Prats y Sofía Cuthbert ocurrido en 1974 en Argentina.

"Lo que uno más esperaba era justicia frente a lo que vivieron nuestros padres y la posibilidad de hacer un aporte al país con esta verdad, un aporte al Ejército para que puede escribir su verdadera historia", afirmó Angélica Prats.

En tanto Cecilia afirmó que “el país ya conoce la verdad, nosotros estamos tranquilos después de todos estos años. El Ejército también tiene claridad de los participantes: son siete militares que en servicio activo participaron de la muerte del Comandante en Jefe, agentes del Estado participantes están determinados también, así que esa claridad ya la tiene el país y la tenemos nosotros también".

Angélica Prats valoró el trabajo que ha efectuado el ministro a cargo del proceso Alejandro Solís puntualizando además que no se puede olvidar los avances de la justicia argentina que también tramita esta causa.

Para la abogada de la familia Prats, Pamela Pereira  con la investigación del juez Solís queda en evidencia que el crimen fue "un acto de terrorismo de la mayor magnitud en territorio extranjero" y que en este participaron “agentes de la DINA, oficiales del Ejército de Chile.


La Nación, 1 de julio de 2008  

Primer paso en la justicia para el crimen Prats-Cuthbert

Cuando cerca de la una de la madrugada del lunes 30 de septiembre de 1974 el general Carlos Prats detuvo su auto junto a su esposa Sofía Cuthbert para entrarlo al garaje de la calle Malabía, en el barrio de Palermo en Buenos Aires, unos segundos pudieron salvar sus vidas.

Fue el breve lapso en que la agente de la DINA Mariana Callejas no logró activar el detonador electrónico cuando su marido, el gringo Michael Townley, a su lado al interior de un vehículo, le dio la orden de matar.

Townley era más diestro y le quitó el dispositivo provocando la explosión que remeció la calle oscura. El general y su mujer nunca supieron de aquellos segundos del destino.

Treinta y cuatro años después, ayer la espada de la justicia cayó finalmente sobre los autores intelectuales y materiales, seis altos oficiales y un suboficial de Ejército, todos en retiro, además de dos civiles.

Dos presidios perpetuos y penas de prisión entre 20 años y 541 días para todos ellos, dictados en la sentencia de primera instancia por el juez instructor de la causa, Alejandro Solís.

A las 10 de la mañana llegaron al despacho del ministro Solís las hijas del general, Cecilia y Angélica, junto a la abogada Pamela Pereira. La otra hija, Sofía, es actual embajadora en Atenas. El otro abogado querellante, Hernán Quezada, se encuentra en Nueva York por dos años.

Media hora después, al salir de la sencilla oficina en la terraza del Palacio de Tribunales, los ojos brillantes de las tres mujeres denotaban la emoción vivida junto al juez.

"Ahora el país ya sabe la verdad", dijo Angélica. Cecilia recordó los primeros tiempos en Buenos Aires cuando la jueza María Servini iniciaba las primeras indagatorias que concluyeron con un único condenado, el agente civil Enrique Arancibia Clavel.

Después, en 2002 el doble crimen se comenzó a investigar por primera vez en Chile.

La abogada Pereira tenía también motivos para emocionarse, pues recordó a su padre asesinado junto a los campesinos de Paine.

"Este acto de justicia con el general Prats, su esposa, y su familia simboliza la justicia que otros familiares todavía no han tenido en Chile, como es el caso de mi padre", señaló.

Pero como lo recordaron las hijas del matrimonio asesinado, faltó a la cita el dictador Augusto Pinochet. El fue el principal autor intelectual, a pesar de que, primero con su pretendida demencia con la que engañó a los jueces de las cortes, como algunos ministros en privado lo reconocen, y luego por una cuestión de forma procesal, se salvó dos veces de ser desaforado por este doble crimen.

Desde Nueva York el abogado Quezada manifestó que "la sentencia del ministro Solís debería convertirse en material de estudio en las escuelas institucionales de las Fuerzas Armadas, porque constituye un documento histórico para establecer la verdad acerca de los crímenes más atroces cometidos durante la dictadura de Pinochet".

Aquel domingo 29 de septiembre de 1974, extrañamente el general Prats se veía alegre y hasta rió a veces. En la casaquinta de los Stevenin-Muratorio en las afueras de Buenos Aires (BA) asistía a un asado junto al ex cónsul de Chile, Eduardo Ormeño.

Hablaron de pintura y otros temas que manejaba como un soldado culto, al igual que su esposa. Jugaron al bridge y el matrimonio propuso formar un grupo para reunirse todos los miércoles a jugar. Empezarían la próxima semana.

Cerca de las cuatro de la tarde los Prats-Cuthbert pidieron a Ormeño que los llevara de vuelta a Malabía para cambiarse ropa porque irían al cine con el ex embajador de Allende en Buenos Aires, Ramón Huidobro y su mujer. "Pan y chocolate" fue la película.

Después se fueron a cenar a casa de Huidobro. Allí Prats, en la sobremesa, volvió a entristecer y dijo una frase que marcó para siempre esa noche: "Cómo irá a ser esto Ramón, por dónde vendrá, pero yo ando armado así es que no les será tan fácil". En los días previos había recibido amenazas de muerte.

El viernes anterior, oculto en el garaje de Malabía, Townley instaló bajo el Fiat 125 del general la carga con dos cartuchos de C4 y tres detonadores.

El tío Kenny, como los hijos de Mariana Callejas llamaban al gringo, se había cruzado días antes con el general Prats en un parque mientras lo seguía. Pensó en dispararle ahí mismo, pero desistió porque "había mucha gente" como lo dijo después en Estados Unidos a la jueza Servini.

Mientras tanto, El "Yiyo" Raúl Iturriaga, entonces jefe del departamento exterior de la DINA, vigilaba, husmeaba, juntaba más datos de los pasos del matrimonio que agregaba a los recolectados por el mayor Juan Morales (que después sería el jefe de la temible Brigada Lautaro), enviado por Contreras a BA como el primer espía de avanzada.

A las 00:40 de la madrugada del día 30, Townley y Callejas esperaban a cien metros de distancia al interior de su auto en la penumbra de la calle Malabía, cuyas luces estaban debidamente apagadas coordinados con la inteligencia argentina.

Prats y su mujer no alcanzaron a sospechar nada. Menos que estaban a minutos de conocer la fatal respuesta al comentario que esa noche el general le había hecho en la sobremesa a su amigo Ramón Huidobro, ¡cómo irá a ser!

34 años después

Viajaban por el barrio Palermo, en Buenos Aires, la madrugada del 30 de septiembre cuando una bomba instalada por miembros de la DINA fue detonada. El general (R) Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, habían sido asesinados.

Ayer, 34 años después, elmagistrado Alejandro Solís, finalmente dictó condenas contra los ex agentes de la DINA acusados por asociación ilícita y doble homicidio.

Para Manuel Contreras, el ex jefe operativo del grupo de inteligencia, ordenó cadena perpetua en cada una de las muertes. La sentencia también incluye penas para otras ocho personas.

Informadas del fallo en profundidad, las dos hijas del general Prats no pudieron contener su emoción. Para ambas las sentencias son justas y entregan verdad al país y al Ejercito.

Sin embargo, para ellas, también debió haber sido condenado Augusto Pinochet por cuanto, “él también fue parte de este grupo de personas que atentaron contra mi padre”, dijo Cecilia Prats.

Hecho público el fallo, el Gobierno valoró la investigación, un paso en la labor de “hacer verdad y justicia”, como dijo el ministro de Justicia, Carlos Maldonado. Los parlamentarios socialistas y PPD también se mostraron conformes con el dictamen y esperanzados en que otros casos que se investigan también tengan este impacto.

Pero todavía no está todo dicho en este caso. Al ser una sentencia de primera instancias los involucrados pueden apelar. Habrá que esperar.

Condenados

• General (R) Juan Manuel Contreras Sepúlveda: Dos condenas a presidio perpetuo por los homicidios calificados de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Charleoni. Veinte más como jefe en el delito de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Brigadier (R) Pedro Octavio Espinoza Bravo: Dos condenas a 20 años por los homicidios de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Charleoni y 20 años como jefe en el delito de asociación ilícita.

• General (R) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann: Dos condenas a 15 años por los homicidios calificados y 541 días como miembro de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Brigadier (R) José Octavio Zara Holger: Dos condenas de 10 años y un día por el doble homicidio y 541 días por asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Coronel (R) Cristoph Georg Paul Willeke Floel: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio y como miembro en el delito de asociación ilícita a 541 días.

• Coronel (R) Juan Hernán Morales Salgado: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio y 541 días por asociación ilícita.

• Mariana Inés Callejas Honores: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio calificado.

• Jorge Enrique Iturriaga Neumann: Dos condenas a 5 años y un día como cómplice de homicidios calificado.

• Suboficial Reginaldo de la Cruz Valdés Alarcón: Dos condenas de 541 días como cómplice de homicidio calificado.


La Nación, 29 de enero de 2009    

Confirman duras condenas por crimen de Carlos Prats

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó en todos sus términos las condenas dictadas en primera instancia por el ministro Alejandro Solís el pasado 30 de junio de 2008, en contra de nueve ex agentes de la DINA, incluido su jefe Manuel Contreras, por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

El doble crimen fue cometido en Buenos Aires en la madrugada del 30 de septiembre de 1974, mediante la instalación de una bomba en el auto del ex comandante en jefe del Ejército.

 La hija del general, Angélica Prats, dijo en el palacio de tribunales que “estamos emocionados como familia porque la Corte ha confirmado todas las condenas aplicadas por el ministro Solís”.

 Sin embargo, advirtió que “ahora esperamos que la Sala Penal de la Corte Suprema no rebaje las penas”. Con ello aludió a que, desde hace unos tres años, este tribunal viene beneficiando a todos los ex agentes con rebajas considerables de condena, lo que permite otorgarles el beneficio de cumplirlas bajo los cinco años y un día en el régimen de “libertad vigilada”.

 Entre los organismos de derechos humanos existe la interrogante si esta vez los ministros de la Sala Penal “se atreverán” a beneficiar también a los asesinos del general y su esposa.

De los nueve sentenciados, sólo están en prisión cumpliendo otras condenas, Manuel Contreras, el ex segundo de la DINA, Pedro Espinoza, y el ex jefe exterior de esta asociación ilícita criminal, general (R) Eduardo Iturriaga Neumann.

 Los otros castigados judicialmente son el brigadier (R) José Zara Holger, los coroneles (R) Christoph Willikie Flöel y José Morales Salgado, el suboficial (R) Reginaldo Valdés Alarcón, y los ex agentes civiles Mariana Callejas Honores (ex esposa de Michael Townley quien hizo estallar la bomba junto a Callejas) y Jorge Iturriaga Neumann.

La resolución fue adoptada por la unanimidad de la Novena Sala integrada por los ministros Jorge Dahm y Mario Rojas, y la magistrado Dobra Lusic.


La Nación, 11 de marzo de 2009   

Otros diez años de cárcel para Manuel Contreras

Si ayer fue el turno de la Corte Suprema para condenar a cinco años de presidio al ex director de la DINA, Manuel Contreras, hoy el magistrado Juan Eduardo Fuentes Belmar quien dictó sentencia en la investigación por los secuestros calificados de Antonio Soto Cerna, Luis Mahuida Esquivel y Luis González Mella, ocurridos a partir del 20 de noviembre de 1974, en la Región Metropolitana.

El magistrado a Manuel Contreras Sepúlveda le corresponde una pena de diez  años y un día de presidio mayor en su grado medio -sin beneficios- por su participación como autor de  los tres secuestros. A su vez en contra de Raúl Iturriaga Neumann, Risiere Altez España y Manuel Carevic Cubillos rige 3 años de presidio menor en su grado medio -con el beneficio de la remisión condicional- por su participación como autor de los tres delitos.

En el caso de Orlando Manzo Durán  y Hugo Hernández Valle fueron absueltos de la acusación como cómplice de los tres delitos de secuestro.

 El magistrado rechazó, además, la demanda de indemnización presentado por las familiares de las víctimas por considerar prescrita la acción en este sentido.

Esta es la condena número 16 dictada por el ministro en visita Fuentes Belmar desde 2005, fecha en la que fue designado para investigar procesos por violaciones a los derechos humanos.


La Nación

4 de septiembre de 2009

Crueles represores figuran entre los más de 150 ex agentes procesados

Crueles represores figuran entre los más de 150 ex agentes de la DINA, todos en situación de retiro, que fueron procesados el martes pasado por el ministro Víctor Montiglio en los casos Operación Colombo, Cóndor y Calle Conferencia 1587.

Entre ellos figura la oficial de Ejército Gladys Calderón Carreño, quien inyectaba cianuro para matar a los detenidos en el cuartel de avenida Simón Bolívar, en la comuna de La Reina, donde operó la Brigada Lautaro.

También aparece el suboficial de Infantería de Marina Sergio Escalona Acuña, quien con un alicate extraía a los cuerpos de los prisioneros ya muertos, las piezas dentales que contenían oro.

Esta operación la realizaba antes de que los cadáveres fueran ensacados para ser arrojados al mar.

De la misma manera, otros de los procesados son los suboficiales de Carabineros Jorge Pichunmán Curiqueo y Claudio Pacheco Fernández, quienes se encargaban en ese cuartel clandestino de desfigurar los rostros de los detenidos y quemar sus huellas dactilares, utilizando un soplete.

Entre los 150 ex agentes encausados por los casos Colombo y Conferencia, existe un total de 21 oficiales. (Ver lista).

A ello hay que sumar los cerca de 50 procesados por víctimas de la Operación Cóndor, lo que podría hacer crecer la cifra total de encausados por sobre los 165, dado que la mayoría de estos cerca de 50 nombres se repiten en las resoluciones dictadas por Colombo y Conferencia.

La mayoría de los procesados pertenecen al Ejército, pero también hay integrantes de la Fuerza Aérea, Armada, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería.

Hoy viernes debe terminar la maratónica operación para que todos los procesados queden arrestados e ingresados a los distintos lugares de reclusión preventiva, según la institución a la que pertenecen.

En el caso del Ejército, todos deberán quedar detenidos en el Batallón de Policía Militar en la Avenida José Arrieta, en la comuna de Peñalolén

Lista de oficiales (R)

1.- César Manríquez Bravo (coronel Ejército)

2.- Ciro Torré Sáez (crl. Carabineros)

3.- Fernando Lauriani Maturana (brigadier Ej.)

4.- Gerardo Godoy García (tte.crl. Carab.)

5.- Gerardo Urrich González (crl. Ej.)

6.- Jaime Paris Ramos (crl. Ej.)

7.- José Fuentes Torres (crl. Ej.)

8.- Manuel Contreras Sepúlveda (gral. Ej.)

9.- Manuel Carevic Cubillos (crl. Ej.)

10.- Marcelo Moren Brito (crl. Ej.)

11.- Miguel Krassnoff (brig. Ej.)

12.- Orlando Manzo Durán (crl. Gendarmería)

13.- Pedro Espinoza Bravo (brig. Ej.)

14.- Raúl Iturriaga Neumann (gral. Ej.)

15.- Ricardo Lawrence Mires (crl. Carab.)

16.- Sergio Castillo González (crl. Ej.)

17.- Víctor Molina Astete (crl. Ej.)

18.- Víctor San Martín Jiménez (crl. Ej.)

19.- Gladys Calderón Carreño (cap. Ej.)

20.- Federico Chaigneau Sepúlveda (tte. crl. Ej.)

21.- Juan Morales Salgado (crl. Ej.)


La Nación

12 de septiembre de 2009 

Benefician a cúpula DINA por secuestro de mirista

El general (R) Raúl Iturriaga, el coronel (R) Manuel Ceveric y el ex inspector de Investigaciones Risiere Altez fueron favorecidos con la remisión de sus penas de tres años de cárcel por la desaparición del estudiante de Pedagogía en Historia Félix de la Jara Goyeneche, ocurrida en 1974

Si no fuera porque el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, acumula más de 300 años de cárcel por diversos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, ayer habría recibido el beneficio de libertad vigilada tras la condena a cinco años que dictó ayer la Corte Suprema en su contra por el secuestro calificado del joven estudiante de Pedagogía en Historia Félix de la Jara Goyeneche.

El máximo tribunal también benefició a los demás autores de esta desaparición con la remisión de la pena de tres años de cárcel al general (R) Raúl Iturriaga Neumann, al coronel (R) Manuel Ceveric Cubillos y el otrora inspector de la Policía de Investigaciones y agente DINA, Risiere Altez Españos.

Esta resolución dividida fijó el final del proceso judicial por el secuestro permanente de este estudiante de Pedagogía en Historia, que militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y que fue visto por última vez en el cuartel del detención “Venda Sexy”, en Macul.

Según el proceso, el universitario fue detenido el 27 de noviembre de 1974 en calle Independencia en presencia de su novia Sonia Valenzuela, quien habría sido aprehendida por agentes de la DINA un día antes y sometida desde ese instante a severas torturas.

Tanto De la Jara como su pareja fueron llevados en primera instancia al recinto de detención denominado “Venda Sexy”, ubicado en calle Irán con Los Plátanos, como lo corroboraron en el Informe Rettig otros detenidos que pasaron por el recinto.

René Vergara, uno de los retenidos en el lugar, contó a la Comisión de Verdad y Reconciliación que conoció en ese lugar a Félix de la Jara y que éste le pidió que cuando saliera en libertad le dijera a sus padres que su futuro era incierto y que siempre estuvo muy dispuesto a ayudar a los otros detenidos, pese a que había sido víctima de brutales torturas.

Pese a las bajas penas y los beneficios que entregó la Suprema a los miembros de la cúpula de la DINA responsables de este secuestro, el máximo tribunal dictaminó una indemnización de $70 millones a los nueve hermanos de la víctima.

La suma reparatoria podría haber sido aún mayor pues los ministros de la sala penal, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, eran del parecer de que la indemnización debía ser $ 70 millones para cada uno de los hermanos de la víctima, porque a su juicio el daño moral que provocó la desaparición de su pariente es personal. Sin embargo los otros tres ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez y Rubén Ballesteros impusieron su votación en cuanto a la demanda civil


El Clarín

20 de noviembre de 2009  

Procesados en España Generales y oficiales implicados en asesinato de Carmelo Soria

 Los generales (R) del Ejército de Chile Hermán Brady Roche, Cesar Raúl Benavides Escobar, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Jaime Enrique Lepe, Raúl Eduardo Iturriaga Neuman Orellana;  el ex Subsecretario del Interior, Capitán de Navío Enrique Montero Marx; los oficiales Jorge Remigio Rios San Martín;  Guillermo Humberto Salinas Torres; Pablo Belmar Labbé; René Patricio Quilhot Palma; Rolf Wenderoth Pozo; Ricardo Lawrence Mires, han sido procesados por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de España por su participación, mediata o inmediata, en el secuestro, tortura y asesinato del diplomático D. Carmelo Soria.

En el Auto de 17 de noviembre de 2009, que próximamente publicará integro EL CLARIN en la sección “Caso Pinochet”, el Juez y el Ministerio Fiscal han aceptado la ampliación de querella formulada el 23 de enero de 2007 por la Fundación Presidente Allende-España y la viuda de D. Carmelo Soria. Estos habían solicitado, asimismo, el procesamiento del Ministro del Interior, Sergio Fernández, y de la Ministra de Justicia, Mónica Madariaga, por haber firmado en 1978 el Decreto de Amnistía en cuya aplicación la Corte Suprema de Chile ha ordenado en 1996 que este crimen no fuera enjuiciado en Chile.  El Juez español ha denegado el procesamiento de estos Ministros de la Dictadura “en este momento, por cuanto resulta insuficiente para hacerlo el hecho de que hubiesen firmado el Decreto de Amnistía en 1978 que sirvió para conferir impunidad a los autores, cómplices y encubridores, porque por tal razón también tendrían que serlo los demás miembros del gobierno y todos aquellos que aplicaron la norma posteriormente, máxime después del pronunciamiento sobre tal tipo de normas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, y ientras no se acredite una participación diferente en los hechos no puede admitirse a trámite la querella contra estas dos personas”.

 El Auto de 17 de noviembre de 2009 acuerda, entre otras Diligencias, poner en conocimiento del Sr. Secretario General de Naciones Unidas, en aplicación del artículo 11 del Convenio sobre prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas de 14 de diciembre de 1973, la admisión de la querella  contra los presuntos culpables de la tortura y asesinato de D. Carmelo Soria Espinoza y que en su día se comunicará el resultado final.

 España asume la competencia para enjuiciar este delito en virtud de los principios de jurisdicción universal y de evitar la impunidad, después que la Corte Suprema ha acordado que no puede serlo en Chile, país cuya jurisdicción España considera preferente en virtud del principio de territorialidad.


El Mostrador.cl

8 de Julio 2010

Caso Prats: Drástica rebaja de penas para autores del crimen y formación de asociación ilícita
La Segunda Sala de la Corte Suprema dio a conocer este jueves el fallo definitivo con las condenas dictadas contra los responsables de los homicidios del otrora comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrados en septiembre de 1974, en el barrio bonaerense de Palermo.
El presidente de la sala penal, Rubén Ballesteros, comunicó las siguientes penas. Por asociación ilícita formada en 1974, el general (r) Manuel Contreras y el brigadier (R) Pedro Espinoza fueron condenados a tres años y un día, sin beneficios.
Por su parte, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Cristoph Willike Floel, José Zara, Juan Morales Salgado fueron condenados a 100 días de cárcel por este mismo ilícito.
Por el delito de homicidio calificado, los generales en retiro Manuel Contreras y Pedro Espinoza fueron condenados a 17 años de presidio mayor, sin medidas alternativas.
En tanto, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Willike Floel, José Zara, Juan Morales Salgado fueron condenados a 15 años y un día sin beneficios.
En calidad de cómplices, Mariana Callejas y Jorge Iturriaga Neumann fueron condenados a una pena de cinco años de presidio con beneficios.
El 29 de enero del año pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia dictada el 30 de junio de 2008 por el juez de primera instancia, Alejando Solís. El magistrado condenó a doble cadena perpetua al general Manuel Contreras y de forma adicional, fue sentenciado a otros 20 años de prisión como jefe de la asociación ilícita que organizó la disuelta DINA para cometer el doble crimen.
Las mismas penas recibió el ex brigadier Pedro Espinoza Bravo; mientras el general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, encargado de las operaciones en el exterior del organismo, recibió dos condenas de 15 años de prisión por los asesinatos y 541 días por asociación ilícita.
El ex brigadier José Zara fue sentenciado a dos penas de diez años de cárcel por los homicidios y a 541 días por la asociación ilícita, al igual que los ex coroneles Cristoph Willike Floel y Juan Morales Salgado.
Mientras Mariana Callejas fue condenada a dos penas de diez años. La mujer fue esposa del ex agente estadounidense Michael Townley, quien actualmente reside en Estados Unidos, acogido al programa de protección de testigos, fue el encargado de instalar y detonar la bomba colocada bajo el automóvil del general Prats.


Radio Bío Bío

13 de Agosto 2010

Procesan a ex agentes de la DINA por dos víctimas de Operación Colombo
A dos ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) procesó este viernes la ministra en visita (S) de la Corte de Apelaciones de Santiago, Raquel Lermanda, en la investigación que instruye por secuestro calificado de dos víctimas de la denominada Operación Colombo, que fueron detenidos en el centro de torturas conocido como la “Venda Sexy” .
La magistrada encargó reo a los ex agentes Raúl Iturriaga Neumman y Alejandro Molina Cisternas por el secuestro calificado de Bernardo De Castro López, ocurrido a partir del 14 de septiembre de 1974 en la comuna de Providencia.
A Iturriaga Neumann además lo procesó por el secuestro calificado de Ida Vera Almarza, ocurrido a partir del 19 de noviembre de 1974 en la comuna de La Reina.
La jueza -que reemplaza al ministro Víctor Montiglio por encontrarse éste con licencia médica- determinó que la notificación de los procesados se realice en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, donde ambos permanecen por otras condenas por violaciones de los Derechos Humanos

 


La Nación, 08 de enero de 2015

DICTAN CONDENAS DE CÁRCEL A 21 EX DINA POR DESAPARICIÓN DE MILITANTE PS

Magistrado Hernán Crisosto estableció que los agentes de inteligencia de la dictadura participaron como autores de secuestro calificado de Bernardo Castro López, el que después apareció en una supuesta lista de muertos por enfrentamientos en Argentina.

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago designado para causas por violaciones a los Derechos Humanos Hernán Crisosto dictó -el 6 de enero pasado- sentencia en la indagatoria por el delito de secuestro calificado de Bernardo de Castro López, hecho ocurrido a partir del 14 de septiembre de 1974.

En la causa, el magistrado condenó en calidad de autores a los ex agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA): Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, César Manríquez Bravo,  Pedro Octavio Espinoza Bravo, Gerardo Ernesto Urrich González, Manuel Andrés Carevic Cubillos y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann. a cumplir penas de 13 años de presidio.

Asimismo, el ministro Crisosto condenó como autores de secuestro calificado a: Orlando Manzo Durán, Pedro René Alfaro Fernández, Armando Segundo Cofré Correa, Héctor Alfredo Flores Vergara, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Manuel Rivas Díaz, Risiere del Prado Altez España, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Manuel Heriberto Avendaño González, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra, Hernán Patricio Valenzuela Salas y Alejandro Francisco Molina Cisternas, a 10 años de presidio.

En tanto, en calidad de cómplices, sentenció a: Nelson Eduardo Iturriaga Cortez y José DorohiHormazábal Rodríguez a la pena de 4 años de presidio, sin beneficios; y  absolvió a Basclay Zapata Reyes.

EL FALLO

 Según la resolución,  el ministro Hernán Crisosto dio por acreditado los siguientes hechos:

“Que en horas de la tarde del día 14 de septiembre de 1974, Bernardo de Castro López, militante del Partido Socialista, fue detenido en su domicilio ubicado en calle Bilbao N° 1236, de la comuna de Providencia, siendo llevado a un cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile donde fue interrogado  y luego entregado a agentes de la DINA , quienes lo llevaron  al recinto de detención clandestina,  denominado "Venda Sexy", ubicado en calle Irán N° 3037, de Santiago, y posteriormente fue trasladado al recinto de detención clandestino denominado  "Cuatro Álamos", ubicado en calle Canadá N° 3000, de la comuna de Santiago, recintos que eran custodiados por guardias armados y a los cuales sólo tenían acceso los agentes de la DINA”, afirma en su primer punto.

 En un segundo, señala que “De Castro López durante su estada en el cuartel de ‘Venda Sexy’ permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a integrantes de su grupo político, para proceder a la detención de los miembros de esa organización, aislamiento que continuó en Centro de Cuatro Álamos”.

“Que la última vez que la víctima De Castro López fue visto con vida por otros detenidos, ocurrió un día no determinado del mes de octubre de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha”, en tercer lugar.

En cuarto, que “el nombre de Bernardo de Castro López apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista LEA de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Bernardo de Castro López había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes a grupos de izquierda, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros;  y que las publicaciones que dieron por muerto a la víctima De Castro López tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior”, 

Como quinto punto, estableció que “los hechos establecidos en el considerando anterior son constitutivos del delito de secuestro calificado en la persona de Bernardo de Castro López previsto y sancionado en elartículo 141 inciso 3° del Código Penal, de la época, en relación con el inciso primero del mismo artículo, toda vez que la privación de libertad o encierro de la víctima se ha prolongado por más de 90 días, y por ende produjo un daño grave en la persona de esta, que se tradujo finalmente en su desaparición”.

 


Villa Grimaldi.cl, 03 de febrero de 2015
Miguel Angel Acuña Castillo: La desaparición del joven de 19 años en Londres 38
Fue detenido en julio de 1974 en la comuna de Macul. Numerosos testigos lo vieron en el centro de tortura y exterminio de Londres 38. Es una de las víctimas de la “Operación Colombo”. La Justicia condenó a 78 ex agentes de la DINA por este crimen contra la humanidad.
El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Hernán Crisosto, dictó sentencia de primera instancia por el secuestro y desaparición de Miguel Angel Acuña Castillo.
El magistrado estableció que el joven, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en las cercanías de su domicilio ubicado en pasaje Talca N° 2033 de la comuna de Macul, por agentes del Estado pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), entre ellos Osvaldo Romo Mena, alias el Guatón Romo.
Su hermana Rosa Acuña Castillo declaró que su padre trató de subirse a la parte trasera de la camioneta con toldo, en momentos en que se lo llevaban, pero fue golpeado en la boca por uno de los sujetos, cayendo al suelo.
Una semana después del secuestro, Romo fue nuevamente a su domicilio y le dijo que su hermano estaba en buenas condiciones junto a Héctor Garay Hermosilla, también desaparecido. Ambos integraron el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), en el Liceo 7 de Ñuñoa.
El juez Crisosto determinó que los agentes de la DINA“lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino denominado “Yucatán” o “Londres 38″.
Acuña Castillo pertenecía a la estructura de estudiantes secundarios del Grupo Político Militar 3 del MIR (GPM3), orgánica que agrupaba a los militantes de la zona oriente de la capital y que era dirigida por Agustín Reyes González, del cual se perdió para siempre su rastro en Londres 38.
Allí “permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA” y, la última vez que fue visto con vida, “ocurrió un día no determinado del mes de julio o agosto de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha”, señala el fallo de primera instancia.
Reían en Londres 38 junto a Héctor Garay Hermosilla
En el Cuartel “Yucatán” fue visto por Erika Hennings, detenida el 30 de julio de 1974. “Puedo decir que era muy joven, creo que le decían El Pampa, aseveró en el proceso. Escuchó que les pasaban lista diaria dos veces al día a los detenidos. El 31 de Julio de 1974, escuchó el nombre de Miguel Angel Acuña Castillo, quien contestaba presente. Luego no volvió a oir que lo llamaran. “Los sacaron de Londres 38 al igual que otros detenidos entre los que recuerda a María Inés Alvarado”, detenida desaparecida de 21 años.
Hugo Chacaltana Silva detenido el 4 de mayo de 1974, ex alumno del Liceo Manuel de Salas y miembro del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), también lo vio en Londres 38. Relató que en la madrugada del 8 al 9 de Julio de 1974 llegaron Miguel Angel Acuña junto a Héctor Garay Hermosilla a quien decían Titín, los pudo ver por un hueco que se formaba entre la nariz y los pómulos de la venda.
Chacaltana señaló que conoció a Castillo en 1971, cuando ambos eran estudiantes secundarios. Ambos coincidieron en reuniones que se efectuaban en la época entre miembros del FER, consigna el dictamen judicial. Recuerda a “Miguel Ángel como un joven de gran capacidad de liderazgo y mucha resistencia física”.
Dejó de verlo el 11 de septiembre de 1973. Lo volvió a encontrar en Londres 38. Llegó junto a Héctor Garay a la misma habitación en que él permanecía acostado en el suelo. “En ese momento no me dirigí a Miguel Ángel”, por el contrario, se hizo el desentendido respecto de su presencia. “Al día siguiente cuando las colchonetas en que nos recostábamos los detenidos fueron retiradas y reemplazadas por sillas, yo me senté y, a uno de los costados observé que aún permanecían sentados. Le llamó la atención que ambos conversaban y se reían, lo que le hizo pensar que ignoraban la magnitud de lo que les esperaba. Miguel Ángel lo abordó en Londres-38 diciéndole “yo te conozco”.
Su madre supo en la peluquería que su hijo estuvo en Londres 38
León Gómez, detenido el 15 de julio de 1974 y trasladado a Londres 38 vio a Miguel Angel junto a Héctor Garay a quien conocía. Alguien le comentó que entre los detenidos estaba Pampino, lo que corroboró al escucharlo “con sus típicas tallas que le hacía a los guardias, como dando la impresión que lo que estaba sucediendo en el lugar no tenía ninguna importancia. Incluso Titín con Pampino sacaban de sus casillas a los guardias. Eran muy irreverentes”.
David Cuevas Sharon detenido el 04 de mayo de 1974 también testimonió haberlo visto. “El Pampino pese a que evidenciaba maltrato se veía con mucha presencia de ánimo, era muy fuerte físicamente”. Compartió con él a lo menos unos cinco días.
Cuando Cuevas salió en libertad Acuña Castillo quedó prisionero. Su abuela materna tenía una peluquería en Ñuñoa y una de sus clientas era la madre de Miguel Angel. En una conversación “se enteró del problema que tenía con un hijo desaparecido. Ante esto mi abuelita le hizo ir a la peluquería en donde conoció a la madre de Pampino y le contó lo que sabía de él, específicamente el lugar en que había estado preso con él”.
Respecto a los tormentos aplicados a los detenidos en Londres 38, entre ellos Miguel Angel, el ministro Crisosto incorporó declaraciones de Osvaldo Romo, quien manifestó que entre otras torturas, se les aplicaba a los detenidos “el submarino seco, que era taparle la respiración con una bolsa de plástico puesta en la cabeza, a los detenidos, se les ponían los ojos como “huevo frito”, les salía sangre por las narices y por los tímpanos. Después de los interrogatorios y apremios los detenidos quedaban extenuados”.
Otro ex agente, Samuel FuenzalidaDevia precisó al respecto que “el trato general a los prisioneros era mantenerlos con la vista cubierta, no se los dejaba asear, no había camas para que durmieran, la alimentación era escasa y eran sometidos a intensos interrogatorios en los cuales se les aplicaba electricidad, especialmente en los órganos genitales y senos. Otra forma de tortura consistía en mantener sentados a los detenidos en las sillas, atados de pies y manos , mientras se les aplicaba corriente con magnetos, aunque también se les aplicaba corriente eléctrica común, por lo cual se quemaba a esas personas, procedimiento en los cuales falleció mucha gente.”
Eugenio Fieldhouse Chávez sostiene que como funcionario de la Policía de Investigaciones a mediados de junio de 1974 fue destinado a ese organismo represor e indicó que los mismos agentes de la DINA que intervenían en la detención e interrogatorio de los detenidos, una vez obtenida la información que se buscaba, eran los encargados de hacerlos desaparecer”, previa orden de la superioridad de la DINA.
El nombre de Miguel Ángel Acuña Castillo, apareció entre los 119 chilenos de la Operación Colombo, en una lista difundida en la prensa nacional, luego que figurara en publicaciones que aparecieron por una sola vez en Brasil y Argentina, “en la que se daba cuenta que Miguel Ángel Acuña Castillo, había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas”.
Las condenas
“Las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Acuña Castillo tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior”, determinó el juez Crisosto, quien condenó a 78 ex agentes de la DINA por su desaparición.
El magistrado dictó sentencia de 13 años de presidio mayor en su grado medio a Manuel Contreras Sepúlveda; César Manríquez Bravo; Pedro Espinoza; Marcelo Luis Moren Brito; Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Iturriaga Neumann.
Asimismo condenó a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo a Gerardo Ernesto Urrich González; Gerardo Ernesto Godoy García; Ricardo Víctor Lawrence Mires; Ciro Ernesto Torré Sáez; Sergio Hernán Castillo González; Manuel Andrés Carevic Cubillos; José Nelson FuentealbaSaldías; Basclay Humberto Zapata Reyes; José Enrique Fuentes Torres; José Mario Friz Esparza; Julio José Hoyos Zegarra; Nelson Alberto Paz Bustamante; Claudio Orlando Orellana de la Pinta; Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar; Gustavo GalvarinoCaruman Soto; Hiro Álvarez Vega; José Alfonso Ojeda Obando; Luis Salvador Villarroel Gutiérrez; Olegario Enrique González Moreno; Orlando Jesús Torrejón Gatica; Rudeslindo Urrutia Jorquera; Alfredo Orlando Moya Tejeda; Carlos Alfonso Sáez Sanhueza; Fernando Enrique Guerra Guajardo; Hernán Patricio Valenzuela Salas; Hugo Rubén Delgado Carrasco; Juan Alfredo Villanueva Alvear; Juan Evaristo Duarte Gallegos; Lautaro Eugenio Díaz Espinoza; Leónides Emiliano Méndez Moreno; Pedro Ariel Araneda Araneda; Rafael De Jesús Riveros Frost; Víctor Manuel Molina Astete; Manuel Rivas Díaz; Hugo del Tránsito Hernández Valle; Juan Ángel Urbina Cáceres; Risiere del Prado Altez España; HermonHelec Alfaro Mundaca y Raúl Juan Rodríguez Ponte.
Como cómplices del secuestro y desaparición del joven de 19 años sentenció a 4 años de presidio menor en su grado máximo a Luis Eduardo Mora Cerda; José Jaime Mora Diocares; Camilo Torres Negrier; Carlos Justo Bermúdez Méndez; Claudio Enrique Pacheco Fernández; Fernando Adrián Roa Montaña; Gerardo Meza Acuña; Héctor Raúl Valdebenito Araya; Jaime Humberto Paris Ramos; Jorge Laureano Sagardia Monje; José DorohiHormazabal Rodríguez; José Manuel Sarmiento Sotelo; José Stalin Muñoz Leal; Juvenal Alfonso Piña Garrido; Luis René Torres Méndez; Manuel Antonio Montre Méndez; Máximo Ramón Aliaga Soto; Moisés Paulino Campos Figueroa; Nelson Aquiles Ortiz Vignolo; Nelson Eduardo Iturriaga Cortes; Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo; Reinaldo Alfonso Concha Orellana; Sergio Hernán Castro Andrade; Víctor Manuel de la Cruz San Martin Jiménez; Gustavo Humberto Apablaza Meneses; Héctor Carlos Díaz Cabezas; Jorge Antonio Lepileo Barrios; Oscar Belarmino La Flor Flores; Rufino Espinoza Espinoza; Roberto Hernán Rodríguez Manquel; Víctor Manuel Álvarez Droguett; Héctor Manuel Lira Aravena y Sergio Iván Díaz Lara.
Respecto de Víctor Manuel De la Cruz San Martín Jiménez, por haber caído en demencia, se suspende el cumplimiento de la pena, debiendo en su oportunidad ser entregado bajo fianza de custodia a un familiar.

 

 

 

 


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