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Juan de Dios Higuera Alvarez

Suboficial de Carabineros

Cinco oficiales y suboficiales de Carabineros en retiro, que formaron parte de una patrulla de aproximadamente 30 personas, compuesta por carabineros, militares y civiles de Mulchén, y que detuvieron, torturaron y posteriormente ejecutaron y/o desaparecieron a 20 personas en Mulchén y sus alrededores, fueron sometidos a proceso por la desaparición de tres campesinos en 1973 en la zona rural de Mulchén.
Así lo determinó la titular del Juzgado de Letras de Mulchén, Rosa Gyacamán, quien acusó a los ex funcionarios policiales por el secuestro y posterior ejecución de los hermanos Rubilar Gutiérrez (José Roberto, José Liborio y Manuel).
Los procesados son Jorge Maturana Concha, Osvaldo Díaz Díaz, Jacob Ortiz Palma, Juan Higuera Álvarez y Héctor Guzmán Saldaña.
El caso por la desaparición de los tres campesinos había sido cerrado hace algunos años, pero una sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán ordenó a la magistrada reabrir la investigación.


A continuación esta el relato del Informe Rettig que hace mención de los crímenes cometidos por estos asesinos:

El día 27 de septiembre Nibaldo Cayetano SEGUEL MUÑOZ, Obrero Municipal, 32 años, Regidor de Mulchén, dirigente de la Central Unica de Trabajadores (CUT) y militante del Partido Comunista, se presentó voluntariamente, acompañado por un ex
alcalde de la misma localidad, a la Comisaría de Mulchén, quedando detenido. Dos meses después de la detención, las autoridades policiales señalaron al abogado de la familia que no lo buscaran más. Hasta la fecha nada se sabe acerca de su suerte o paradero.
Por los antecedentes expuestos, la Comisión se formó convicción que el desaparecimiento de Nibaldo Seguel constituye una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado, toda vez que está suficientemente acreditada su detención en el recinto policial y no hubo explicación verosímil sobre su suerte posterior.
El 28 de septiembre fue detenido Jorge Patricio NARVAEZ SALAMANCA, 15 años, estudiante de enseñanza media y militante del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER
MIR). Fue aprehendido por civiles armados en su domicilio y llevado presumiblemente a la Comisaría de Mulchén. Se desconoce su paradero y suerte. La autoridad policial y militar negó haber arrestado o mandado arrestar al afectado y la Comisaría de Mulchén, ante un requerimiento judicial, señaló que Narváez había huido hacia Argentina, de acuerdo con otros «extremistas».
Estando acreditada su detención y considerando que después de esa fecha Jorge Narváez no tomó contacto con su familia, realizó gestión alguna ante organismos del Estado ni registra salida del país, a esta Comisión le asiste la convicción que su desaparición constituye una violación de los derechos humanos de responsabilidad de civiles que actuaron amparados por agentes del Estado.
Entre los días 5, 6 y 7 de octubre de l973 en los fundos cordilleranos llamados El Morro, Carmen y Maitenes y Pemehue, ubicados al oriente de Mulchén, fueron ultimados 18 campesinos del sector, todos ellos sin militancia política.
Una patrulla de aproximadamente 30 personas, compuesta por carabineros, militares y civiles de Mulchén fue hasta los fundos mencionados, portando una lista previamente confeccionada de las personas que debían ser detenidas y que fueron posteriormente ultimadas.
La patrulla, que se transportaba en caballos, llegó al Fundo El Morro el 5 de octubre en la tarde. Procedieron a detener a cinco campesinos en sus domicilios y los condujeron a orillas del Río Renaico:

-Juan de Dios LAUBRA BREVIS, 26 años, obrero agrícola.
-Domingo Antonio SEPULVEDA CASTILLO, 29 años, mozo de casa patronal.
-José Edmundo VIDAL AEDO, 20 años, obrero agrícola.
-Celsio Nicasio VIVANCO CARRASCO, 26 años, obrero agrícola.
-José Florencio YAÑEZ DURAN, 34 años, obrero agrícola.

Testigos escucharon disparos. En el mes de diciembre vecinos y familiares encontraron en el sector «La playita» los cuerpos con impactos de balas y las manos atadas a la espalda con alambres.

El grupo de uniformados y civiles continuó hacia arriba hasta llegar al Fundo Carmen y Maitenes, detuvieron a los ocho campesinos en sus domicilios, los condujeron a la casa patronal y allí los golpearon y los hicieron golpearse entre sí:

-Miguel del Carmen ALBORNOZ ACUÑA, 20 años, obrero agrícola.
-Daniel Alfonso ALBORNOZ GONZALEZ, 28 años, obrero agrícola.
-Alejandro ALBORNOZ GONZALEZ, 48 años, obrero agrícola.
-José Guillermo ALBORNOZ GONZALEZ, 32 años, obrero agrícola.
-Luis Alberto GODOY SANDOVAL, 23 años, obrero agrícola.
-Manuel Florencio RUBILAR GUTIERREZ, 25 años, obrero agrícola.
-José Liborio RUBILAR GUTIERREZ, 28 años, obrero agrícola.
-José Lorenzo RUBILAR GUTIERREZ, 33 años, obrero agrícola.

Cerca de las 23:00 horas testigos escucharon ráfagas de metralleta. Al día siguiente los miembros de la patrulla sepultaron siete cuerpos en una fosa cavada en una pampa cercana al sector de las casas, cubriéndolos con césped. Ese mismo día 7 de octubre iniciaron viaje hacia Pemehue, llevándose detenido y en mal estado físico a Guillermo Albornoz, cuyo cuerpo apareció posteriormente aguas abajo del Río Renaico.
En el fundo Pemehue, nuevamente procedieron a detener en su domicilio a cinco campesinos:
-Alberto ALBORNOZ GONZALEZ, 41 años, obrero agrícola.
-Felidor Exequiel ALBORNOZ GONZALEZ, 33 años, obrero agrícola.
-José Fernando GUTIERREZ ASCENCIO, 25 años, obrero agrícola.
-Jerónimo Humberto SANDOVAL MEDINA, 22 años, obrero agrícola.
-Juan de Dios ROA RIQUELME, 35 años, obrero agrícola.
En horas de la noche se escucharon repetidas ráfagas. Familiares encontraron luego sus cuerpos con las manos atadas, los rostros destrozados y numerosos impactos de bala.
Todos ellos fueron sepultados en los mismos lugares en que fueron encontrados.
El 21 de noviembre de 1979 se presentó querella criminal en el Juzgado de Mulchén, rol Nº 20.595, por los delitos de allanamiento de morada, secuestro, apremios ilegítimos, lesiones y homicidio calificado de 18 campesinos de Mulchén. La acción se presentó en contra de los participantes de la «patrulla». La 1ra. Corte de Apelaciones de Concepción nombró un Ministro en Visita quien procedió a la investigación del caso.
El Ministro después de una exhaustiva investigación llegó a la conclusión que la patrulla de militares, carabineros y civiles que concurrió a los fundos mencionados fueron los autores de las muertes de las víctimas y de su posterior inhumación o desaparición de los cuerpos, en algunos casos.

Los cuerpos fueron ilegalmente exhumados, presumiblemente en el mes de marzo de 1979, antes de que se practicara la investigación judicial, no obstante se pudieron hacer numerosas pericias tendientes a la identificación de los cadáveres por los restos que de ellos quedaban y por encontrarse algunos de ellos sepultados aún.

El Ministro se declara incompetente para seguir conociendo de la causa y remite los autos a la Fiscalía Militar de Concepción. El día 07 de enero de 1983 el Juez Militar del 3er Juzgado Militar dictó sobreseimiento definitivo en el caso y aplicó la ley de amnistía a los inculpados. El 18 de diciembre de 1983 la Corte Marcial anuló la aplicación de amnistía y cambió el carácter del sobreseimiento a temporal.

Los antecedentes expuestos permiten a esta Comisión formarse convicción que la ejecución y posterior ocultamiento de los cuerpos de los 18 campesinos de los Fundos El Morro, Carmen y Maitenes y Pemehue constituye una grave violación de los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado y de los civiles que participaban con ellos.

Fuentes: Informe Rettig, Primera Línea, Archivo Memoriaviva


El Mercurio, 1 de Agosto de 2002
MULCHÉN:Procesados 5 ex carabineros


El juzgado de letras de Mulchén procesó a cinco ex carabineros por el asesinato de 18 campesinos en la precordillera de la Octava Región, en 1973. Son el ex teniente Jorge Maturana Concha y los ex carabineros Osvaldo Díaz Díaz, Jacob Ortiz Palma, Juan Higuera Álvarez y Héctor Guzmán Saldaña.


Cooperativa.cl, Miércoles 31 de julio de 2002

Mulchén: cinco carabineros fueron sometidos a proceso por desapariciones

Cinco oficiales y suboficiales de Carabineros en retiro fueron sometidos a proceso por la desaparición de tres campesinos en octubre 1973 en Mulchén, Novena Región. Así lo determinó la titular del Juzgado de Letras de la localidad, Rosa Gyacamán, quien procesó a los ex funcionarios por el secuestro y posterior ejecución de los hermanos Rubilar Gutiérrez (José Roberto, José Liborio y Manuel).

Los procesados son Jorge Maturana Concha, Osvaldo Díaz Díaz, Jacob Ortiz Palma, Juan Higuera Álvarez y Héctor Guzmán Saldaña. El caso por la desaparición de los tres campesinos había sido cerrado hace algunos años, pero una sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán ordenó a la magistrada reabrir la investigación. Los ex carabineros detuvieron un total de 18 campesinos en los sectores precordilleranos de Carmen y Maitenes, entre los que se encontraban los hermanos Rubilar Gutiérrez. Posteriormente, fueron trasladados a las casas de administración de los fundos donde fueron interrogados, golpeados y se les obligó pelear entre ellos. Después fueron trasladados a 50 metros de esas casas donde se les obligó a cavar fosas. Finalmente, les amarraron las manos con alambres y les dispararon descargas de fusiles SIG.


Tribunadelbiobio, 26 de junio de 2008

Procesan a 5 ex carabineros por matanza de 18 campesinos en Mulchén

Fue uno de los casos más impactantes conocidos en la región del Bío Bío. La detención y asesinato de 18 campesinos en la zona rural de Mulchén, por parte de una patrulla integrada por militares, carabineros y civiles, en octubre de 1973.

Treinta y cinco años después, cinco ex carabineros fueron sometidos a proceso por los delitos de secuestro y homicidio.

Fue una masacre

Así con todas sus palabras. No de otra forma se puede calificar la matanza que ocurrió en la zona precordillerana de Mulchén, los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973, cuando una patrulla una patrulla integrada por

militares, carabineros y civiles detuvo a 18 campesinos de tres fundos de esa comuna de la región del Bío Bío y posteriormente les dio muerte. Antes de que eso ocurriera, fueron torturados y humillados. Incluso se les hizo bailar entre ellos y contar chistes, para luego ser asesinados. Transcurrieron casi 35 años y este miércoles 25 nuevamente el caso salió a la luz pública cuando el ministro en especial para casos de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana sometió a proceso y dispuso la detención de cinco ex carabineros que participaron directamente en los hechos. Los procesó por los delitos de secuestro calificado y homicidio y les negó la libertad bajo fianza. A uno de ellos, el ex teniente Jorge Maturana Concha, por considerarlo un peligro para la sociedad y a los otros cuatro por haber diligencias pendientes. Pero este caso es de larga data. Fue investigado en 1980 por el ministro en visita Carlos Cerda de la Corte de Apelaciones de Concepción, terminó con la aplicación de la Ley de Amnistía a favor de los presuntos responsables. Pasaron varios años hasta que gracias a antecedentes remitidos por la Corte Suprema y que fueron obtenidos en la Mesa de Diálogo, el año 2001, la titular del Tercer Juzgado de Letras de Mulchén, Rosa Giacaman debió iniciar la investigación para aclarar la detención y muerte de los hermanos José Lorenzo, José Liborio y Manuel Florencio Rubilar Gutiérrez, detenidos por un grupo integrado por unos treinta uniformados, la tarde del 6 de octubre de 1973, en el fundo "Carmen Maitenes", distante unos 100 kilómetros de Mulchén. Durante 2002, la jueza sometió a proceso los mismos cinco ex funcionarios de carabineros como autores del delito de secuestro con resultado de muerte en contra de tres de los ejecutados. Se trata de Jorge Maturana Concha, teniente de carabineros y jefe de la tenencia de Mulchén en aquella época, y de Osvaldo Enrique Díaz Díaz, conocido también como “El Alicate” y que en ese tiempo no tenía más de 23 años; Héctor Armando Guzmán Saldaña, Jacob del Carmen Ortiz Palma y Juan de Dios Higuera Alvarez, todos ex carabineros. Pero, en agosto de 2002 y por unanimidad, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción revocó los autos de procesamiento. Fundamentó su fallo en la resolución del 25 de julio de 1996 de la Corte Marcial que sobreseyó definitivamente la causa tras aplicarse la Ley de Amnistía. Es decir, invocó el concepto de cosa juzgada, lo cual según algunos juristas consultados, no correspondería porque no todos los responsables de los hechos que se indagan están identificados. Con todo, el tribunal de alzada, ordenó la realización de una serie de diligencias "atendido que la ubicación de los desaparecidos constituye un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena".

Caso se reactiva

Con el tiempo, la investigación se estancó y la causa fue sobreseída temporalmente. Pasó el tiempo nuevamente y a raíz de denuncias referidas a la inhumación ilegal de restos correspondientes a detenidos desaparecidos, se abrieron una serie de procesos que empezó a instruir el ministro Carlos Gajardo, de Santiago, investigación conocida como "Retiro de televisores". En ese marco, Gajardo conoció también el caso Mulchén. Pero la presentación de una querella por secuestro y homicidio calificado ante el ministro especial para casos de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana por parte de Pedro Roa Riquelme, hijo de Juan Roa Riquelme, también víctima de esta patrulla en Mulchén, cuyos restos fueron encontrados durante las indagaciones realizadas por el ministro Carlos Cerda, llevó al ministro Aldana a hacerse cargo de este proceso, que le fue remitido por su colega el 27 de marzo de este año.

Tras interiorizarse de la investigación, Aldana dispuso una inspección material a los fundos donde se produjeron los hechos, la que se materializó los días 2 y 3 de abril de este año, con participación de familiares, testigos y los principales inculpados. Según lo que recuerda la abogada Raquel Mejías, ex secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y principal impulsora de la reactivación de este caso, "la diligencia fue muy buena y también muy dramática e impactante". Y si bien durante sus declaraciones, los ex carabineros Guzmán, Díaz, Higuera y Ortiz habían negado su participación en los hechos, durante la reconstitución terminaron reconociendo lo ocurrido, señalando los lugares y lo que hicieron. Todo eso fue seguido en un conmovedor silencio por los familiares presentes. Para la abogada Raquel Mejías esta diligencia fue clave para que el ministro Aldana adoptara su resolución y dijo que tiene respaldo suficiente para sostenerse, pues los hechos están debidamente acreditados. En ese sentido reconoció la labor del magistrado que se atrevió a seguir indagando y a dictar procesamientos. Algunos detalles El ministro Aldana tenía pensado realizar la reconstitución de escena sólo en el fundo Pemehue, donde fue detenido Juan Roa Riquelme, junto a los hermanos Felidor y Alberto Albornoz González y a Fernando Gutiérrez Asencio y Jerónimo Sandoval Medina, y practicar sólo inspección a los fundos El Morro y Carmen Maitenes. Para ello había fijado como fecha el 31 de enero. Pero optó por postergar la diligencia, que finalmente se concretó los primeros días de abril, con gran acuciosidad y rigurosidad, según reconoce la abogada Patricia Parra, querellante en el proceso. Eso le permitió al tribunal interiorizarse de lo ocurrido, aclarar dudas y con el cuadro claro, dictar, casi tres mese después los procesamientos de los principales responsables de la detención y muerte de 18 campesinos.

Mucho de venganza se dice que hubo en esta acción, aunque también se ha esgrimido como causa la búsqueda de Carlos Altamirano en la zona, pues su familia tuvo una propiedad en Mulchén. También se habla de venganza por la reforma agraria, lo cual explicaría la participación de civiles en los hechos. Como sea, lo importante es que el proceso avanza, pero ahora hay que esperar lo que decida la Corte de Apelaciones.


Tribunadelbiobio.cl, 30 de enero de 2014

Primeros procesamientos por "Operación Retiro de Televisores" en Mulchén

Nuevos procesamientos dictó el ministro en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, en el caso de la matanza de 18 campesinos en Mulchén, ocurrida los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973. La resolución involucra a 5 ex carabineros y 9 ex militares y considera también los delitos de inhumación ilegal y exhumación ilegal. Todo esto en el marco de la denominada "Operación Retiro de Televisores".

 

A los cinco ex carabineros que ya estaban procesados como co autores  por los delitos de secuestro  y secuestro con resultado de muerte de 13 personas, se les agregaron tres delitos más: homicidio calificado, secuestro calificado e inhumación ilegal.

A ellos se suman nueve ex militares del Regimiento de Infantería de Montaña Reforzada N 17 de Los Ángeles, que fueron sometidos a proceso como autores del delito de encubrimiento de  los delitos de homicidio calificado de 11 personas y por la coautoría de los delitos de inhumación ilegal de 11 personas.

El ministro Carlos Aldanan notificó del auto de procesamiento a siete de los ex militares involucrados, los que fueron conducidos a Tribunales por personal de la PDI, desde dependencias del Regimiento Chacabuco donde permanecían detenidos.

Lo interesante de este fallo, es que apunta también a los delitos de inhumación ilegal cometidos en el marco de la denominada “Operación Retiro de Televisores”, dispuesta por el general Pinochet ordenando el desentierro de todos los cuerpos de ejecutados políticos para hacerlos desaparecer definitivamente.

Los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973, en el marco de un operativo concertado, una patrulla de carabineros al mando del teniente Jorge Maturana Concha, y con lista en mano, llegó hasta los fundos “El Morro”, “Carmen y Maitenes” y “Pemehue”, deteniendo a un total de 18 campesinos, quienes fueron acribillados por sus captores y sus cuerpos enterrados clandestinamente a orillas del río Renaico.

La investigación llevada a cabo primero por el ministro en visita Carlos Cerda en 1980 y posteriormente por la jueza Rosa Giacaman y el ministro Carlos Gajardo, que indagaba la “Operación Retiro de Televisores”,  llegó en marzo de 2008 a manos del ministro Carlos Aldana.

Desde entonces se ha profundizado en la misma, abarcando también el episodio de inhumación ilegal.

Hacer desaparecer toda evidencia

Es así como se pudo establecer que “entre fines de 1978 y principios de 1979, se recibió en la Sección 2 del Regimiento "Húsares" de Angol, por el encargado de Inteligencia Sargento 1°  Juan Carlos Balboa Ortega, un criptograma proveniente de la Comandancia en Jefe del Ejército en el cual se ordenaba a todos los comandantes de las unidades militares del país, realizar las diligencias pertinentes para evitar que terceros dieran con las inhumaciones derivadas de ejecuciones ilegales, realizadas en cada jurisdicción militar. Este documento lo entregó al Comandante del referido Regimiento Coronel Patricio Escudero Troncoso, quien le preguntó si existía en la jurisdicción algún caso, a lo que Balboa le respondió que no, archivando los antecedentes”.

Posteriormente, en el verano del año 1979, el referido Sargento 1° Balboa Ortega, mientras se encontraba de vacaciones en el sector precordillerano entre Mulchén y Angol, supo en una conversación casual con un hijo de las víctimas, que su padre había sido muerto por Carabineros de Mulchén en 1973 y que su cuerpo, junto a los de otras personas, había sido enterrado en el sector. 

Dio cuenta de este hecho al Comandante de su Regimiento, quien ordenó desarchivar el criptograma y ponerlo en conocimiento, por intermedio del mismo Balboa Ortega, del Comandante del Regimiento de Infantería de Montaña Reforzada n° 17 "Los Ángeles", Coronel Jaime García Zamorano, quien tenía jurisdicción respecto del lugar en el que se encontrarían los restos de las víctimas. 

Fue así como García ordenó realizar un operativo con personal militar de ese Regimiento a cargo del Jefe de la Sección II Teniente Julio Reyes Garrido, compuesto por los suboficiales José Puga Pascua, José Iturriaga Valenzuela,  Jaime Muller Áviles, Julio Fuentes Chavarriga,  Luis Palacios Torres y Juan Cares Molina y del Departamento II de la 3ª División de Ejército de Concepción, a cargo del Suboficial Mayor Eduardo Paredes Bustamante (actualmente fallecido) quien al año 1973 se había desempeñado en la sección II del Regimiento de Los Ángeles.

Todos ellos se dirigieron hacia el lugar de las inhumaciones. Partieron por la ribera sur del Rio Renaico vía Collipulli y desde allí se internaron por el camino a Curaco, llegando al sector "El Amargo". Cruzaron a la ribera norte del río, donde previas averiguaciones con lugareños, llegaron al sector de Carmen y Maitenes, específicamente a un sitio donde se encontraba una cruz. Allí excavaron con palas y picotas sacando restos humanos, además de vestimentas y cédulas de identidad, los que introdujeron en sacos paperos, diferenciando los restos humanos de las otras especies sacadas. 

Concluida la excavación, en la que intervinieron Puga Pascua, Iturriaga Valenzuela, Muller Áviles, Fuentes Chavarriga, Palacios Torres, Cares Molina y Paredes Bustamante, cruzaron el río y pusieron los sacos paperos en la parte trasera de la camioneta en que se movilizaban. Allí los esperaba  Balboa Ortega, quien según su testimonio  y al ver que a Müller se le cayó el saco que trasportaba al río, ingresó al agua y lo rescato ya que conocía su contenido. Para terminar la operación, taparon la tumba de la cual extrajeron los huesos u otras especies, simulando que nada había ocurrido en el sector.

Posteriormente, se trasladaron hasta el lugar de las Termas de Pemehue, en el interior de la Cordillera, también de jurisdicción del Regimiento de Los Ángeles, donde nuevamente excavaron y desenterraron otros cuatro cuerpos, que estaban sepultados en la ribera norte del río Renaico, bajo unas piedras. Taparon las tumbas para ocultar la exhumación y luego subiendo los restos a la camioneta en la cual se movilizaban.

Los integrantes de la patrulla que exhumó los referidos cuerpos, tenían antecedentes que ellos correspondían a lugareños quienes en octubre de 1973, habían sido fusilados por personal de Carabineros de Mulchén. 

Los restos óseos exhumados, las ropas y documentos de identidad fueron llevados hasta el Regimiento de Infantería de Montaña Reforzado n° 17 de Los Ángeles, lugar donde el Teniente Reyes, a cargo de la operación, dio cuenta al Comandante García quien ordenó deshacerse de ellos, para lo cual se dispuso su incineración en un horno de ladrillos que se ubicaba contiguo a la Sección 2ª en el interior del Regimiento.

“Los hechos descritos anteriormente, constituyen el último eslabón del episodio que se inició el 6 de octubre de 1973 ya referido en el considerando primero, respecto de las víctimas de Carmen y Maitenes y Pemehue,  destinado a lograr la eliminación de los restos de las víctimas a fin de ocultar o inutilizar el cuerpo de los delitos para impedir su descubrimiento”, se lee en la resolución del ministro Aldana.

Los procesados

Con los hechos claros, se configuraron tres delitos: secuestro calificado homicidio calificado e inhumación ilegal. 

Es así como se somete a proceso a Jorge Maturana Concha, Jacob del Carmen Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña, como coautores de los siguientes delitos:

a) Homicidio calificado de las siguientes 12 personas: Del Fundo Carmen y Maitenes: José Florencio, José Liborio y José Lorenzo, de apellidos Rubilar Gutiérrez, de Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González; y del fundo Pemehue:  Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz González, Jerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Fernando Gutiérrez Ascencio; 
b) Secuestro calificado de las siguientes 6 personas: Del fundo El Morro: Juan de Dios Laubra Brevis, José Florencio Yáñez Durán, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo José Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y de Guillermo José Albornoz González, en el Fundo Carmen y Maitenes;

c) Inhumación ilegal de 12 cadáveres correspondientes a José Florencio, José Liborio y José Lorenzo, todos de apellidos Rubilar Gutiérrez, además de Alejandro Albornoz Acuña,  Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González (Del Fundo Carmen y Maitenes) y Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz González, Jerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Fernando Gutiérrez Ascencio (del Fundo Pemehue).

Asimismo, se somete a proceso a Julio Reyes Garrido, José Puga Pascua, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Muller Áviles,  Julio Fuentes Chavarriga, Luis Palacios Torres, Juan Cares Molina, Juan Carlos Balboa Ortega y Jaime García Zamorano como:

a. Encubrimiento, en los términos del artículo 17 n° 2 del Código Penal, respecto de los delitos de homicidio calificado de las siguientes 11 personas: José Florencio, José Liborio y José Lorenzo, de apellidos Rubilar Gutiérrez, además de Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González (Del Fundo Carmen y Maitenes) y Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz González, Jerónimo Humberto Sandoval Medina y José Fernando Gutiérrez Ascencio (del Fundo Pemehue).

b. Coautoría, en los términos del artículo 15 n° 1 del Código Penal, de los delitos de exhumación ilegal, de los restos de las siguientes 11 personas: José Florencio, José Liborio y José Lorenzo, de apellidos Rubilar Gutiérrez, además de Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González (Del Fundo Carmen y Maitenes) y Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz González, Jerónimo Humberto Sandoval Medina y José Fernando Gutiérrez Ascencio (del Fundo Pemehue)

Debido a que los procesados Jorge Maturana Concha, Jacob del Carmen Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña, están en libertad provisional, se les citó para el 29 de enero a fin de notificarles la resolución.

Respecto de los procesados Julio Reyes Garrido, José Puga Pascua, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Muller Áviles,  Julio Fuentes Chavarriga, Luis Palacios Torres, Juan Cares Molina, Juan Carlos Balboa Ortega y Jaime García Zamorano, atendida la pena asignada a los delitos por los que se le encausa y el grado de participación, fue despachada orden de aprehensión en su contra, por la Brigada de Homicidios de Concepción de la Policía de Investigaciones de Chile. Permanecieron detenidos en el Regimiento Chacabuco de Concepción para ser notificados.

 

 

 

 

Juan de Dios Higuera Alvarez

Carabinero


Cinco oficiales y suboficiales de Carabineros en retiro, que formaron parte de una patrulla de aproximadamente 30 personas, compuesta por carabineros, militares y civiles de Mulchén, y que detuvieron, torturaron y posteriormente ejecutaron y/o desaparecieron a 20 personas en Mulchén y sus alrededores, fueron sometidos a proceso por la desaparición de tres campesinos en 1973 en la zona rural de Mulchén.
Así lo determinó la titular del Juzgado de Letras de Mulchén, Rosa Gyacamán, quien acusó a los ex funcionarios policiales por el secuestro y posterior ejecución de los hermanos Rubilar Gutiérrez (José Roberto, José Liborio y Manuel).
Los procesados son Jorge Maturana Concha, Osvaldo Díaz Díaz, Jacob Ortiz Palma, Juan Higuera Álvarez y Héctor Guzmán Saldaña.
El caso por la desaparición de los tres campesinos había sido cerrado hace algunos años, pero una sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán ordenó a la magistrada reabrir la investigación.

A continuación esta el relato del Informe Rettig que hace mención de los crímenes cometidos por estos asesinos:

El día 27 de septiembre Nibaldo Cayetano SEGUEL MUÑOZ, Obrero Municipal, 32 años, Regidor de Mulchén, dirigente de la Central Unica de Trabajadores (CUT) y militante del Partido Comunista, se presentó voluntariamente, acompañado por un ex﷓alcalde de la misma localidad, a la Comisaría de Mulchén, quedando detenido. Dos meses después de la detención, las autoridades policiales señalaron al abogado de la familia que no lo buscaran más. Hasta la fecha nada se sabe acerca de su suerte o paradero.
Por los antecedentes expuestos, la Comisión se formó convicción que el desaparecimiento de Nibaldo Seguel constituye una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado, toda vez que está suficientemente acreditada su detención en el recinto policial y no hubo explicación verosímil sobre su suerte posterior.
El 28 de septiembre fue detenido Jorge Patricio NARVAEZ SALAMANCA, 15 años, estudiante de enseñanza media y militante del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER﷓MIR). Fue aprehendido por civiles armados en su domicilio y llevado presumiblemente a la Comisaría de Mulchén. Se desconoce su paradero y suerte. La autoridad policial y militar negó haber arrestado o mandado arrestar al afectado y la Comisaría de Mulchén, ante un requerimiento judicial, señaló que Narváez había huido hacia Argentina, de acuerdo con otros «extremistas».
Estando acreditada su detención y considerando que después de esa fecha Jorge Narváez no tomó contacto con su familia, realizó gestión alguna ante organismos del Estado ni registra salida del país, a esta Comisión le asiste la convicción que su desaparición constituye una violación de los derechos humanos de responsabilidad de civiles que actuaron amparados por agentes del Estado.
Entre los días 5, 6 y 7 de octubre de l973 en los fundos cordilleranos llamados El Morro, Carmen y Maitenes y Pemehue, ubicados al oriente de Mulchén, fueron ultimados 18 campesinos del sector, todos ellos sin militancia política.
Una patrulla de aproximadamente 30 personas, compuesta por carabineros, militares y civiles de Mulchén fue hasta los fundos mencionados, portando una lista previamente confeccionada de las personas que debían ser detenidas y que fueron posteriormente ultimadas.
La patrulla, que se transportaba en caballos, llegó al Fundo El Morro el 5 de octubre en la tarde. Procedieron a detener a cinco campesinos en sus domicilios y los condujeron a orillas del Río Renaico:

-Juan de Dios LAUBRA BREVIS, 26 años, obrero agrícola.
-Domingo Antonio SEPULVEDA CASTILLO, 29 años, mozo de casa patronal.
-José Edmundo VIDAL AEDO, 20 años, obrero agrícola.
-Celsio Nicasio VIVANCO CARRASCO, 26 años, obrero agrícola.
-José Florencio YAÑEZ DURAN, 34 años, obrero agrícola.

Testigos escucharon disparos. En el mes de diciembre vecinos y familiares encontraron en el sector «La playita» los cuerpos con impactos de balas y las manos atadas a la espalda con alambres.

El grupo de uniformados y civiles continuó hacia arriba hasta llegar al Fundo Carmen y Maitenes, detuvieron a los ocho campesinos en sus domicilios, los condujeron a la casa patronal y allí los golpearon y los hicieron golpearse entre sí:

-Miguel del Carmen ALBORNOZ ACUÑA, 20 años, obrero agrícola.
-Daniel Alfonso ALBORNOZ GONZALEZ, 28 años, obrero agrícola.
-Alejandro ALBORNOZ GONZALEZ, 48 años, obrero agrícola.
-José Guillermo ALBORNOZ GONZALEZ, 32 años, obrero agrícola.
-Luis Alberto GODOY SANDOVAL, 23 años, obrero agrícola.
-Manuel Florencio RUBILAR GUTIERREZ, 25 años, obrero agrícola.
-José Liborio RUBILAR GUTIERREZ, 28 años, obrero agrícola.
-José Lorenzo RUBILAR GUTIERREZ, 33 años, obrero agrícola.

Cerca de las 23:00 horas testigos escucharon ráfagas de metralleta. Al día siguiente los miembros de la patrulla sepultaron siete cuerpos en una fosa cavada en una pampa cercana al sector de las casas, cubriéndolos con césped. Ese mismo día 7 de octubre iniciaron viaje hacia Pemehue, llevándose detenido y en mal estado físico a Guillermo Albornoz, cuyo cuerpo apareció posteriormente aguas abajo del Río Renaico.
En el fundo Pemehue, nuevamente procedieron a detener en su domicilio a cinco campesinos:
-Alberto ALBORNOZ GONZALEZ, 41 años, obrero agrícola.
-Felidor Exequiel ALBORNOZ GONZALEZ, 33 años, obrero agrícola.
-José Fernando GUTIERREZ ASCENCIO, 25 años, obrero agrícola.
-Jerónimo Humberto SANDOVAL MEDINA, 22 años, obrero agrícola.
-Juan de Dios ROA RIQUELME, 35 años, obrero agrícola.
En horas de la noche se escucharon repetidas ráfagas. Familiares encontraron luego sus cuerpos con las manos atadas, los rostros destrozados y numerosos impactos de bala.
Todos ellos fueron sepultados en los mismos lugares en que fueron encontrados.
El 21 de noviembre de 1979 se presentó querella criminal en el Juzgado de Mulchén, rol Nº 20.595, por los delitos de allanamiento de morada, secuestro, apremios ilegítimos, lesiones y homicidio calificado de 18 campesinos de Mulchén. La acción se presentó en contra de los participantes de la «patrulla». La 1ra. Corte de Apelaciones de Concepción nombró un Ministro en Visita quien procedió a la investigación del caso.
El Ministro después de una exhaustiva investigación llegó a la conclusión que la patrulla de militares, carabineros y civiles que concurrió a los fundos mencionados fueron los autores de las muertes de las víctimas y de su posterior inhumación o desaparición de los cuerpos, en algunos casos.

Los cuerpos fueron ilegalmente exhumados, presumiblemente en el mes de marzo de 1979, antes de que se practicara la investigación judicial, no obstante se pudieron hacer numerosas pericias tendientes a la identificación de los cadáveres por los restos que de ellos quedaban y por encontrarse algunos de ellos sepultados aún.

El Ministro se declara incompetente para seguir conociendo de la causa y remite los autos a la Fiscalía Militar de Concepción. El día 07 de enero de 1983 el Juez Militar del 3er Juzgado Militar dictó sobreseimiento definitivo en el caso y aplicó la ley de amnistía a los inculpados. El 18 de diciembre de 1983 la Corte Marcial anuló la aplicación de amnistía y cambió el carácter del sobreseimiento a temporal.

Los antecedentes expuestos permiten a esta Comisión formarse convicción que la ejecución y posterior ocultamiento de los cuerpos de los 18 campesinos de los Fundos El Morro, Carmen y Maitenes y Pemehue constituye una grave violación de los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado y de los civiles que participaban con ellos.


Informe Rettig
PrimeraLinea 31 de Julio 2002


 

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