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Nelson Edison Hernández Franco

Sargento 1ro de Ejército (r)

Agente Civil CNI - DINE

Alias: Marcos de la Fuentes

C.I.: 6.669.908-0

Domicilio: Carlos Valdovinos N°2460, Comuna de Pedro Aguirre Cerda, Santiago

Procesado como cómplice en el asesinato de Tucapel Jiménez, también fue procesado por su participación en la detención y muerte del químico de la DINA, Eugenio Berríos

Cumplió funciones como enlace entre la CNI y Agustín Edwards (quien era resguardado por agentes de la CNI)


29 de Diciembre 2003 La Nación

Caso Berríos: solicitan extradición de militares uruguayos y dictan nuevos procesamientos

El ministro en visita Alejandro Madrid pedirá la extradición de tres militares uruguayos por su presunta responsabilidad en el asesinato del ex agente de la DINA, Eugenio Berríos. La resolución afecta a los oficiales del Ejército uruguayo Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli.

Los tres fueron procesados por el juez Madrid junto a militares chilenos por el delito de asociación ilícita, que se suma a los de secuestro y homicidio por los que ya están encausados algunos oficiales chilenos.

Los nuevos encausamientos apuntan a los generales Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales Juan Pérez Santillán y Marcelo Sandoval y el suboficial Nelson Román, estos tres últimos en servicio activo.

Además, los civiles Nelson Hernández, Raúl Lillo Gutiérrez y la ex secretaria de la Unidad Especial Erika Silva, y los ex mayores enjuiciados también como autores Arturo Silva y Jaime Torres.

Los chilenos procesados enfrentan además cargos por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público.

Eugenio Berríos, de profesión químico, trabajó para la DINA en la fabricación de gas sarín, y se presume que intervino en la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, en 1982.

Asimismo, su nombre ha sido vinculado al secuestro y asesinato del diplomático español de Naciones Unidas Carmelo Soria, en 1976.

En 1991, cuando debía declarar en el proceso por el crimen del ex canciller Orlando Letelier, Berríos fue sacado subrepticiamente de Chile y llevado a Uruguay, donde fue visto por última vez en noviembre de 1992, cuando se presentó en una comisaría para denunciar que estaba secuestrado.

El agente fue entregado por los policías a unos militares que llegaron tras él y nada más se supo hasta abril de 1995, cuando su cadáver, atado y con disparos en el cráneo, fue encontrado en una playa cercana a Montevideo.

En el juicio en Chile están procesados como autores los ex mayores Arturo Silva y Jaime Torres, y por obstrucción de la justicia varios otros oficiales, entre ellos los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubvias, ambos ex jefes de la Dirección de Inteligencia (DINE) del Ejército.

En julio pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago recomendó al juez Madrid una serie de diligencias, entre las que se incluía el eventual desafuero del ex Comandante en Jefe del Ejército Augusto Pinochet y la responsabilidad de otros 18 militares, entre ellos el general retirado Fernando Torres, ex auditor general del Ejército.

La abogada Fabiola Letelier, querellante en el caso, afirmó que la resolución se basa en la certeza del juez sobre la existencia de una asociación ilícita formada al interior de la DINE con el objetivo de secuestrar y asesinar a Eugenio Berríos.

Letelier, hermana de Orlando Letelier, el ex canciller que fue asesinado en Washington en 1976, agregó que una vez que estudie la resolución decidirá si solicita la reapertura de la investigación del crimen de su hermano.

Por esa muerte cumplieron condenas de siete y seis años de prisión, respectivamente, el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, su segundo al mando de esa organización.

En tanto, otro de los abogados querellantes en la causa, Tomás Ehrenfeld, señaló que el dictamen es "aplaudible" y "una acción de toda justicia".

El jurista indicó que con esta resolución se está entrando en la "obra gruesa de lo que significó esta operación para matar a Berríos y obstruir la justicia”.


Emol.com, 16 de Junio de 2000

Absueltas siete personas por crimen de Tucapel Jiménez

Se trata de Miguel Galleguillos, Valericio Orrego, Raúl Lillo, Nelson Hernández, Jorge Ramírez, Héctor Lira y Raúl Descalzi, los seis primeros procesados en calidad de cómplices y el último en calidad de autor del asesinato.

SANTIAGO.- El ministro Sergio Muñoz dictó hoy una resolución que absuelve de responsabilidad a 7 personas, 6 ex CNI y 1 ex DINE, quienes estaban procesadas por el asesinato del líder sindical, Tucapel Jiménez.

Estas personas son Miguel Galleguillos Vásquez, Valericio Orrego Salas, Raúl Lillo Gutiérrez, Nelson Hernández Franco, Jorge Ramírez Romero y Héctor Lira Aravena, todos procesados en calidad de cómplices.

Además, el ex miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (Dine), Raúl Descalzi Sporke, quien se encontraba sometido a proceso en calidad de autor del asesinato. Por este caso además quedan aún 14 personas procesadas: 4 ex CNI y 10 ex DINE.


El Mercurio, 4 de Abril de 2000

CRIMEN DE TUCAPEL JIMENEZ: Otro Proceso contra un General (r)


Ministro en visita Sergio Muñoz ya tiene encausados a tres ex jefes de inteligencia.
Con el procesamiento del general en retiro Hernán Ramírez Rurange como presunto encubridor del homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez, el ministro en visita Sergio Muñoz ya mantiene encausados a tres ex jefes de inteligencia.

Desde que recibió la causa del ministro Sergio Valenzuela Patiño el año pasado, el magistrado ha dictado nueve autos de procesamiento contra oficiales, suboficiales y ahora tres generales, con lo que ya hay 22 encausados en el caso.

Como presunto autor del homicidio ocurrido el 25 de febrero de 1982 está procesado el general (r) Ramsés Alvarez Sgolia, que en el momento en que se registró el asesinato era el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), y en calidad de supuesto cómplice está encausado el general (r) Humberto Gordon Rubio, que en 1982 era director de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Ahora, el magistrado consideró que hay presunciones fundadas para estimar que el mayor general en retiro Hernán Ramírez Rurange pudo tener participación como encubridor del mayor (r) Carlos Herrera Jiménez, que fue hasta el año pasado el único procesado en la causa.

Las presunciones del magistrado se basan en que la Corte de Apelaciones de Santiago consideró que Herrera fue ayudado a salir del país para eludir la acción de la justicia en 1991.

Las responsabilidades por encubrimiento se refieren a actos posteriores al crimen que signifiquen una ayuda para que el o los autores eviten ser enjuiciados. Herrera salió de Chile cuando era buscado por el caso. Fue detenido en Argentina en 1992 y extraditado por ese país en 1993.

De acuerdo con las conclusiones a las que ha llegado hasta ahora el magistrado, supuestamente en su salida de Chile, Herrera habría sido ayudado por el miembro de la Dirección de Inteligencia del Ejército Arturo Silva Valdés.

El nexo entre el encubrimiento y el general Ramírez estaría dado por su condición de jefe de Silva y del propio Herrera Jiménez, que también estaba asignado a la DINE.

El general Hernán Ramírez Rurange, que se encuentra bajo detención domiciliaria, desempeñó durante su carrera diversos cargos de importancia. En sus últimos años de servicio fue comandante en jefe de la Segunda División de Ejército, por lo que le correspondió ejercer como juez militar. En esa calidad debió pedir a Argentina la extradición de Herrera Jiménez en 1993, debido a que el mayor debía ingresar a cumplir la pena aplicada por la justicia castrense por la muerte del transportista Mario Fernández, registrada en 1984 en Ovalle.

Los 22 Procesados
Por el Homicidio 

Con el nuevo auto de procesamiento el panorama en la causa se completa con 22 procesados. Los querellantes estiman que con esta resolución ya se acerca el cierre del sumario.

La tesis que se ha impuesto hasta ahora en el caso señala supuestas autorías de agentes de la DINE en servicio en 1982, complicidad de miembros de la CNI y sindicalistas y encubrimiento por parte de agentes de la inteligencia militar en 1991.

Como presuntos autores están procesados el general (r) Ramsés Alvarez Sgolia, el mayor retirado Carlos Herrera Jiménez, los suboficiales (r) Manuel Contreras Donaire, Miguel Letelier Verdugo, el teniente retirado Raúl Descalsi Sporke, el brigadier Víctor Pinto Pérez, el teniente coronel (r) Francisco Ferrer Lima y el suboficial retirado Humberto Calderón Luna. También se encausó como supuesto autor a Galvarino Ancavil, cuyo paradero se desconoce.

Figuran procesados como supuestos cómplices el general (r) Humberto Gordon Rubio, el suboficial en retiro de Carabineros Luis Pino Moreno, el brigadier (r) Roberto Schmied, los ex miembros de la brigada laboral de la CNI Raúl Lillo Gutiérrez, Nelson Hernández Franco, Jorge Ramírez Romero, capitán de Carabineros en retiro Miguel Hernández; el ex junior de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales Julio Olivares Silva, el suboficial de carabineros (r) Héctor Lira Aravena, los ex dirigentes sindicales Misael Galleguillos y Valericio Orrego Salas.

El general (r) Hernán Ramírez Rurange y Arturo Silva Valdés figuran ahora como presuntos encubridores.


El Mercurio, 12 de Octubre de 1999
RESOLUCION DE LA CORTE DE APELACIONES: Crnel. (r) Ceballos Jones Quedó Libre


En otra decisión del tribunal, se concedió la excarcelación a dos procesados por el crimen de Tucapel Jiménez.
El coronel de Aviación (r) Edgard Ceballos Jones recuperó ayer su libertad por decisión de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Con los votos del ministro Domingo Kokisch y del abogado integrante Raúl Allendes, el tribunal resolvió que no hay diligencias pendientes que ameriten que el oficial continue privado de libertad. Por mantener la decisión del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, que había negado la excarcelación se pronunció el abogado integrante Benito Mauriz.

El proceso judicial contra Ceballos se mantendrá vigente, aunque el coronel ahora lo enfrentará en libertad, tras permanecer en prisión preventiva en un recinto institucional desde que fue procesado a fines de enero.

La causa contra el oficial de la FACh en retiro se refiere a la desaparición de once dirigentes de izquierda y el homicidio del comunista Alfonso Carreño Díaz.

Su defensa valoró ayer que la Corte de Apelaciones de Santiago "reconociera su derecho a la libertad provisional". Para el abogado Jorge Balmaceda se está comenzando a hacer justicia a los militares procesados por causas de derechos humanos.

El profesional espera tener pronto acceso al sumario para pedir la anulación del procesamiento del oficial. Balmaceda estima que no hay fundamentos para mantener la causa contra su cliente. Asimismo, abogó ayer para que se cumplan las diligencias que restan de la causa a la brevedad.

Lógicamente el abogado querellante Francisco Bravo manifestó una posición diferente respecto de la responsabilidad del coronel en retiro. Consideró "insólita y decepcionante" la resolución del tribunal. Recordó que el procesamiento de Ceballos se basa en los delitos de homicidio calificado, asociación ilícita genocida y secuestro. En su opinión, es inconcebible que a una persona se le conceda la excarcelación en circunstancias que se le inculpa de esos crímenes y hay 45 diligencias pendientes en la causa.

Este proceso fue pedido recientemente por la justicia militar, pero la Sala Penal de la Corte Suprema, con el voto en contra del auditor del Ejército, brigadier de Justicia Juan Romero, resolvió mantenerlo en el Noveno juzgado del Crimen de Santiago.

Edgard Ceballos Jones fue jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile (SIFA). Los querellantes lo responsabilizan de acciones contra miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista.

Resolución en Caso
Tucapel Jiménez 

Ayer también recuperaron su libertad dos procesados por el homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez. Por resolución de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se concedió la excarcelación a Humberto Calderón Luna y al suboficial (r) de Carabineros Héctor Lira Aravena.

El tribunal con los votos del ministro Juan González y la abogada integrante María Cristina Navajas concedió la libertad a ambos procesados. Se pronunció por mantenerlos en prisión preventiva el magistrado Alejandro Solís.

También habían solicitado la excarcelación los ex integrantes de la brigada laboral de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Jorge Ramírez Romero y Nelson Hernández Franco. Pero respecto de ellos, el tribunal estimó que hay diligencias pendientes que hacen necesario mantenerlos detenidos por ahora.

Calderón Luna está procesado como supuesto autor del homicidio, mientras que a Lira Aravena se le atribuye presunta responsabilidad en los seguimientos a Tucapel Jiménez previos a su muerte.


El Siglo, 12 DE AGOSTO, 2009 

Documento Secreto de la CIA Revela Impresionantes Antecedentes Sobre Asesinato de Ex Presidente Eduardo Frei

Las estremecedoras revelaciones del documento adjunto forman parte del archivo que mantiene la Agencia Central de Inteligencia, CIA, en la Embajada de los Estados Unidos en Santiago. Las razones y las circunstancias por las cuales dicha documentación obra en nuestro poder, serán dadas a conocer primero en los respectivos tribunales que investigan los temas y casos concernidos, por una cuestión de elemental imperativo de deber cívico.

Por el momento, podemos decir que se trata de un conjunto de aproximadamente cuarenta documentos, que totalizan más de doscientas páginas, las que iluminan con perturbadores destellos y contribuyen a comprender la particular configuración de la transición chilena, la actuación de la clase política dentro de ella, y la acumulación originaria de ciertos grupos empresariales del país, de una manera que el documento adjunto no es más que un anticipo.

Sin perjuicio de lo anterior, y puesto que el conocimiento de estos antecedentes constituye no sólo un derecho ciudadano, sino también un área oscura de nuestra historia que merece ser develada, estamos en condiciones de adelantar que la totalidad de la información será publicada en forma de un libro que aparecerá no bien finalice nuestra propia investigación, cotejo y verificación de los mismos.

Mientras tanto, los originales de los documentos, y una copia legalizada de cada uno de ellos, permanecerán en custodia en dos notarías distintas, desde donde un mecanismo para hacerlos públicos de manera inmediata, se activará en caso de cualquier eventualidad.

Nomenclatura

El informe con el cual inauguramos la publicación de los Documentos Secretos de la CIA en Chile, corresponde a la traducción de una recopilación de información relativa a las operaciones Coihueco, nombre cifrado del asesinato de Tucapel Jiménez; Valquiria, nombre cifrado del asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y Cóndor 2, nombre cifrado del asesinato del químico Eugenio Berríos, que registra entradas los años 1984, 1986 y 1999.

El original en inglés fue enviado a Washington DC, bajo la clasificación Secreto-3290, mientras que la anotación Eyes Only implica que se trata de un documento de solo lectura, indicativo de su alta confidencialidad.

Hasta donde sabemos, WSA es la dependencia encargada del seguimiento y la intervención en los principales medios de comunicación. AMCO, Comunicaciones Americanas, es el departamento de comunicaciones de la embajada. APO, es una sección dependiente de la CIA en cualquier país, la cual establece que la documentación con la denominación "APO" solo la puede manejar y compilar "personal autorizado", el cual sólo una vez chequeada, la envía a las otras dependencias. Una vez que APO la compila, ARA ingresa la documentación a un archivo de registros en la estación local de la CIA, sobre la base de la información suministrada por los equipos operativos.

Específicamente, en el caso de documento adjunto, la que suministraron los grupos G12 y G14, encargados de la infiltración de las áreas política y sindical, los cuales, por lo demás, siguen en plena actividad.

La veracidad de la información contenida en el documento Copia de Acción 9091 a 9097, corresponde determinarla a los tribunales competentes, los cuales tienen las facultades, atribuciones y medios para hacerlo.

Por nuestra parte, la decisión de publicar dicho documento obedece, tanto a los antecedentes que le puede entregar al Ministro en Visita, Alejandro Madrid, que no por casualidad acumula la investigación de los casos Frei y Berríos, como a los resultados de nuestro propio cotejo de la información, que de manera suficiente para la norma, la ética y el método periodístico, apunta a la autenticidad de los datos.

Mérito judicial

El desglose de la información del acápite 9091, relativo a la Denominación Operativa Coihueco, esto es, el asesinato de Tucapel Jiménez Alfaro, acaecido en 25 de febrero de 1982, no ofrece diferencias sustantivas respecto de la investigación del Ministro en Visita Sergio Muñoz, pero suministra algunos antecedentes no conocidos. Por de pronto, la participación, en diversos grados, de los generales Arturo Alvarez Sgolia, Hernán Ramírez Rurange, Humberto Gordon y Fernando Torres Silva, del mayor Carlos Herrera Jiménez, del coronel Arturo Silva Valdés y de los suboficiales Miguel Letelier Verdugo y Mnauel Contreras Donaire, aparece acreditada hasta el punto de la condena de la mayoría de ellos.

En cambio, en el fallo no aparece establecida la intervención de la UAT, Unidad Especial de Inteligencia Militar según el documento de la CIA, una escasamente conocida unidad de intervención directa, que respondía directamente a Pinochet, por encima del mando jerárquico de los servicios de inteligencia formales, y que aparece directamente implicada en los homicidios de Tucapel Jiménez, Eduardo Frei, Eugenio Berríos y Gerardo Huber Olivares, bajo el móvil de “neutralizar” potenciales amenazas para la dictadura en los dos primeros casos, y de prevenir posibles filtraciones de esas operaciones a los tribunales, en los dos segundos.

Tampoco existe novedad respecto a la participación de la Brigada Sindical de la CNI y de la Secretaría General de los Gremios en las labores de inteligencia previa y encubrimiento posterior. Los nombres de Misael Galleguillos, Raúl Lillo Gutiérrez, Miguel Hernández, Francisco Ferrer Lima, Valericio Orrego y Eduardo Arriagada Rehren, aparecen profusamente mencionados en el proceso, lo mismo que Jovino Novoa Vásquez, actual Presidente del Senado. Pero el informe de la CIA implica al Ministro del Interior de la época, Sergio Fernández Larraín, y agrega dos nombres que no aparecen en la investigación: Nelson Hernández Franco, al cual el mismo documento identifica posteriormente como enlace con Agustín Edwards, y Luis Becerra, quién por cerca de veinte años se desempeñó como chofer de Eduardo Frei Montalva.

Una secuela inquietante emerge del cotejo de las fechas consignadas en el documento -1984, 1986 y 1999- en circunstancias de que mientras lo conoció el Ministro Sergio Valenzuela Patiño, el proceso estuvo virtualmente paralizado, y que sólo en los últimos dos años previos al fallo, registrado el 5 de agosto de 2005, el Ministro Sergio Muñoz logró desentrañar la trama.

Esto significa, ni más ni menos, que desde 1984, y en todo caso en 1999, la CIA, y por tanto el gobierno norteamericano, tenían acabado conocimiento de la conspiración para asesinar a Tucapel Jiménez, atribuida a Pinochet en persona, y de los implicados en la misma. Es fácil deducir el poder de negociación que asigna la posesión de información de semejante calibre.

Operación Valquiria

El segundo capítulo se inicia con una información hasta hoy desconocida. En clave operativa, el asesinato del ex-Presidente Eduardo Frei Montalva, se denominó Operación Valquiria, el mismo nombre utilizado por los conspiradores que intentaron acabar con Adolfo Hitler, mediante un atentado con explosivos, el 20 de julio de 1944.

Muchos de los nombres de los involucrados se repiten porque, según el informe de la CIA, “se crearon dos frentes de acción paralelos para el desarrollo de estos dos objetivos, Valquiria y Coihueco”. A mayor abundamiento, precisa que “a través de la Unidad Especial de Inteligencia Militar, UAT, la cual depende directamente del Comandante en Jefe General Augusto Pinochet, se desarrolla unidad operativa Valquiria, DC. Su objetivo principal era neutralizar y eliminar a Eduardo Frei Montalva”.

Siempre según el documento, de los aspectos económicos y logísticos se encargó la empresa Elissalde y Poblete, una de las fachadas que utilizaba la DINA para financiar sus operaciones. Nombres como los de Luis González Sepúlveda, Juan Jara Quintana, Alicia Uribe, Alejandro Campos, Fernando Arancibia Reyes y Fernando Suau Baquedano, aparecen frecuentemente mencionados tanto en procesos judiciales como en páginas de periodismo de investigación.

En los aspectos operativos intervinieron, según el documento, la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE; la Unidad de Contraespionaje, CIE; el Comando de Apoyo Táctico, CAT; el Departamento Exterior de la Central Nacional de Informaciones, CNI y el Complejo Químico del Ejército, IST.

Entre los nombres, figuran agentes que también aparecen mencionados en los asesinatos de Eugenio Berríos, y/o de Tucapel Jiménez, casos de Fernando Torres Silva, Hernán Ramírez Rurange, Eugenio Covarrubias Valenzuela, Arturo Silva Valdés y Raúl Lillo Gutiérrez, todos los cuales están sometidos a proceso por el Ministro Alejandro Madrid, en el caso Berríos.

En palabras del informe de la CIA, el asesinato del ex-Presidente Frei se produjo por la inoculación, en cada una de las cuatro operaciones quirúrgicas, de sustancias tales como gas mostaza y el bacilo Clostridium Botulinum, ingresado por agentes de la DINE infiltrados en la Cancillería chilena.

El documento reporta acciones directas o indirectas, de los doctores Patricio Silva Garín, Augusto Larraín Orrego, Eduardo Wainstein, Rodrigo Vélez Fuenzalida, Sergio Virgilio Bocaz, Pedro Samuel Soto, Helmar Rosenberg, Eduardo Arriagada Rehren, Sergio Rosende Oyarzún, Alejandro Goic y Enzo Fujide. En la faena de embalsamar el cadáver y bloquear los indicios de las toxinas, aparecen mencionados los doctores Patricio Rojas Saavedra, Patricio Silva Garín, Hernán Barahona, Helmar Rosenberg y Sergio González Bombardiere, así como el auxiliar Humberto Gallardo.

Para el suscrito, ninguna de estas informaciones constituye una novedad, toda vez que se ajusta con milimétrica precisión a las líneas de investigación que lleva adelante el Ministro Alejandro Madrid, como consignamos en las ediciones 1447 y 1437. Pero es posible que al Ministro le interese interrogar a Juan Renán Quintana, María Eugenia Valenzuela y Julio Lobos Romero. Se presume que el Ministro Alejandro Madrid expedirá sus primeras resoluciones en el curso de este año. Por tanto, resulta altamente llamativo que la CIA maneje esta información, al menos desde 1999.

Paquete Berríos

Muchos de los nombres, como Ramírez Rurange, Covarrubias Valenzuela, Silva Valdés, Lillo Gutiérrez, y Herrera Jiménez reaparecen en la operación de “extracción” del país y posterior asesinato del químico Eugenio Berríos, porque, según el documento de la CIA, también fue una operación realizada por la UAT. Para hacer corto el cuento, todos los nombres que aparecen en los acápites 4, Paquete Berríos; 5, Extracción de Chile y 6, Ejecución Paquete Berríos, están sometidos a proceso por el Ministro Alejandro Madrid por su participación en diversos grados en el asesinato del químico, acaecido entre enero y marzo de 1993, en Uruguay. La mayor novedad que aporta el documento dice relación con el hecho que habría sido una delación de la estación de la CIA en Buenos Aires, la que permitió la detención de Herrera Jiménez; un dato no menor, pues a su regreso a Chile, fue uno de los primeros en romper la cadena de lealtades, toda vez que empezó a entregar información clasificada que conduciría al esclarecimiento del asesinato de Tucapel Jiménez.

Edwards y Cía.

En las partes donde el documento logra el clímax en materia de impacto y novedad es en los títulos 7, Operaciones Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia; 8, Objetivos de Inteligencia y Operaciones Criminales y 9, Lavado de Activos y Financiamiento Operativo.

Por de pronto, en la planificación, desarrollo de medios logísticos y empresas utilizadas para el encubrimiento de acciones de la Escuela de Inteligencia del Ejército, EIE; Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, DINE; Unidad Especial de Inteligencia Militar, UAT y Central Nacional de Informaciones, CNI, el documento implica a Augusto Pinochet Ugarte, Agustín Edwards Eastman, propietario de la Empresa El Mercurio S.A.P, y a su primogénito, Agustín Edwards del Río.

El informe agrega que Pinochet le encargó personalmente la planificación, desarrollo y ejecución de las operaciones Valquiria y Coihueco al entonces mayor Arturo Silva Valdés. A mayor abundamiento, sostiene que en ambas operaciones se utilizó personal activo y en retiro del Ejército, el cual fue traspasado, en palabras del documento, al servicio privado de seguridad de Agustín Edwards Eastman y Agustín Edwards del Río, “colaboradores e informantes de esta dependencia desde 1968”. Agrega que se utilizó como enlaces a Arturo Silva Valdés, Nelson Hernández Franco, Marcelo Sandoval, Nelson Román, Erika Silva y Eduardo Martínez Wogner.

Este antecedente corrobora la crónica publicada por el desaparecido diario Siete + 7, el 1 de agosto de 2003, denominada Yo Amé a un Asesino, firmada por las periodistas Verónica Foxley y Mónica González, que sobre el retiro del Ejército de Arturo Silva Valdés, relató: “Sus planes los materializó en 1994. Nació Vanward. Y en septiembre de 1994, lo enviaron en comisión de servicio a trabajar para la seguridad personal de Agustín Edwards, el dueño de El Mercurio. En esa misión se unieron a Valdés Nelson Hernández Franco, también miembro de la unidad secreta de la DINE y que se desempeñó en la CNI bajo la chapa “Marcos de la Fuente”, procesado por el asesinato de Tucapel Jiménez; Marcelo Sandoval y Nelson Román. Hubo también una mujer: Erika Silva. Todo el equipo quedaría más tarde encabezado por el mayor Eduardo Martínez Wogner, quien fue ayudante del director de la CNI Humberto Gordon”.

Por lo tanto, es posible que dicha información ya esté asentada en el proceso que conoce el Ministro Alejandro Madrid. Pero también entra dentro de las probabilidades que desconozca la información relativa al lavado de activos para el financiamiento de acciones operativas, para lo cual se creó una red de empresas de fachada, tales como Serprotec S.A.; Consultsistem Chile S.A.; Inversiones Canelo Seis, Compañía de Inversiones Nacionales; Inmobiliaria Santa Raquel, Ecogas, Focus Investment y una empresa que no identifica, la que estaría vinculada a Jovino Novoa Vásquez, entonces editor de informaciones del diario El Mercurio.

Nuestra propia investigación arrojó resultados sorprendentes, y en muchos casos concordantes con la información del documento de la CIA. .

Serprotec S.A. es una empresa constituida por escritura publicada en el Diario Oficial el 18 de agosto de 1992, y cuyos socios son Inversiones Canelo Seis y Cía, con un aporte de 4.900.000 pesos y Juan Luis Armando Herrera Villena, que aportó la suma de 10.000 pesos.

Consultsistem Chile S.A. es una sociedad constituida por escritura publicada en el Diario Oficial el 15 de octubre de 1996, que registra un capital suscrito y pagado de 6.000.000 de pesos, aportado en partes iguales por los socios Arturo Rodrigo Silva Valdés y Eugenio Augusto Covarrubias Benavides.

Canelo Seis es una sociedad de inversión constituida el 3 de septiembre de 1986, por Agustín Edwards Eastman y la Compañía de Inversiones Samotracia, integrada por Javier Duarte García de la Huerta y Jorge Eyzaguirre Correa, formada con la finalidad de triangular y licuar la cuantiosa deuda que por entonces acumulaba la Empresa El Mercurio S.A.P., ascendente a 5,2 millones de Unidades de Fomento, equivalentes al día de hoy a 109 mil 111 millones de pesos, o sea, poco más de 190 millones de dólares.

La Operación Salvataje de El Mercurio concluyó el 8 de marzo de 1990, esto es, el día hábil inmediatamente anterior a que la dictadura abandonara formalmente el poder, con cuantiosos créditos concedidos por el Banco del Estado, entre muchas otras maniobras, mientras lo presidía Alvaro Bardón Muñoz. La querella entablada por Andrés Sanfuentes, Presidente del Banco del Estado en 1990, estableció que la pérdida patrimonial directa del Banco con las citadas operaciones, ascendió por lo menos a 25 millones de dólares, equivalentes al 70% de la utilidad del Banco en el balance de 1989, y al 8% de la totalidad de su capital y reservas.

La primera referencia sobre Inversiones Nacionales S.A. en el Registro Nacional de Socios y Sociedades de la Cámara Nacional de Comercio, remonta al 6 de junio de 1989, cuando aparecen como socios Mauricio Andrés Parot Medina y Mikel Ugarte Larrazábal. La siguiente glosa de interés aparece en el Diario Oficial del 28 de febrero de 1992, con Inversiones Nacionales S.A. ya convertida en matriz del holding empresarial de Francisco Javier Errázuriz, con sus filiales Comercial e Industrial Unimarc; Hipermarc Internacional, Inversiones Salmones Unimarc, Compañía Minera Nacional e Ingeniería e Informática Nacional, entre otras que aparecen en la escritura.

No menos sorprendente es la vinculación societaria que el rastreo de las escrituras permite establecer entre Comercial Canelo S.A. e Inversiones Nacionales S.A., de Francisco Javier Errázuriz.

En el extracto del notario Iván Torrealba, publicado el 10 de junio de 1994, en el Diario Oficial, se lee:

“Con fecha 18 de mayo de 1994 se redujo a escritura pública ante mí, acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Comercial Canelo S.A., en la cual los accionistas Agustín Edwards Eastman, Inversiones Nacionales S.A. y Agustín Edwards del Río, acordaron la división de Canelo S.A. en dos sociedades, distribuyéndose entre ellas el patrimonio, activos y pasivos, en la forma y términos acordados en la Junta”, estableciéndose un capital ascendente a $ 4.835.928.564, dividido en 1.450.000.000 acciones nominativas sin valor nominal.

Los vínculos entre Inversiones Canelo Seis e Inversiones Nacionales se reproducen en la Sociedad de Inversiones Rahue S.A., constituida el 20 de diciembre de 2008, y en la Sociedad de Inversiones Pozo Almonte, publicada en el Diario Oficial el 4 de octubre de 2008.

Nuevas revelaciones de los Documentos Secretos de la CIA, serán dadas a conocer en la medida en que la verificación y cotejo de antecedentes arroje resultados convincentes y comprobables.

 

 

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