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Aquiles Mauricio González Cortes

Coronel Ejercito

Agente CNI;  Jefe "Brigada Azul"

Alias: "Caracha"; "Don Pato";

Chapa: "Patricio Andrades Torres"

C.I.: 6.540.217-3
Fecha de Nacimiento: 27 de octubre de 1954
Domicilio: El Roble N° 339, Comuna de Peñalolén, Santiago
Valenzuela Puelma 1128, LA Reina

Aquiles Mauricio González Cortes, miembro de la CNI, responsable directo de la detención y desaparición de Sergio Fernando Ruiz Lazo en 1984. También participo en el asesinato del militante del MIR Fernando Eugenio Iribarren González, quien fue ultimado por agentes de la CNI el 7 de febrero de 1983. También esta involucrado en el homicidio calificado de Fernando Vergara Vargas, ocurrido el 15 de diciembre de 1984.

González Cortez fue miembro de la división regional de la CNI y tuvo una participación operativa en la Operación Alfa Carbón 1. Alfa Carbón 1 es el nombre que la División Regionales de la CNI, dirigida por Marcos Derpich, le asignó a la operación de inteligencia que se inició a comienzos de 1984 y culminó en agosto del mismo año. "Claudia Golondrina" y "Claudia Tiuque" son los nombres asignados a esta misma operación por la División Antisubversiva de la CNI (DAS), dirigida por Álvaro Corbalán. Estos operativos represivos fueron efectuados el 23 y 24 de agosto en Concepción, Los Ángeles, Temuco y Valdivia.
 

Fuentes de Información: CIPER; Radio Nuevo Mundo; El mercurio; la Nación; Radio Bio Bio; Poder Judicial; Archivo memoriaviva


Radionuevomundo.cl

2 de Julio 2003

Procesan a cinco militares

La jueza Raquel Lermanda, sometió a proceso a cinco efectivos del Ejército por la ejecución, en 1984, de Fernando Gabriel Vergara, miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Entre los encausados por la magistrada, con dedicación exclusiva del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, figuran los suboficiales activos de la institución militar Luis Gálvez Navarro y Francisco Orellana Seguel. Además aparecen el coronel (r) Aquiles González Cortes, el capitán (r) Luis Sanhueza y el suboficial (r) Jorge Ramírez, quienes fueron procesados por el delito de homicidio calificado.
Según el Informe Rettig, que en 1991 investigó y archivó los casos de violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, Vergara falleció el 15 de diciembre de 1984 tras haber ingresado al país de forma clandestina.
En esa fecha, personal de la Central Nacional de Informaciones (CNI), interceptó en el centro de Santiago a un individuo que, al percatarse de la presencia del personal de seguridad, hizo dos disparos y los funcionarios repelieron el ataque hasta causarle la muerte.
Existen evidencias que el militante del MIR, operador de la emisora clandestina Radio Liberación, era seguido con anterioridad por funcionarios de la CNI, lo cual hace dudar que haya sido descubierto casualmente.
Se comprobó asimismo que el arma, con que se supone Vergara efectuó los dos disparos, funcionaba de forma irregular, pues tenía el martillo quebrado, y no pudo ser usada. Teniendo en cuenta lo anterior, el Informe concluyó que el joven fue seguido, detenido y ejecutado por los efectivos de la CNI, y su muerte considerada una violación de los Derechos Humanos.


La Nación, 3 de Julio 2003 

Procesan a implicados en muerte de mirista

La jueza con dedicación exclusiva del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, proceso a cinco militares por la muerte del mirista Fernando Vergara, hecho ocurrido el 15 de diciembre de 1984.

Entre los encausados figuran los suboficiales activos, Luis Gálvez Navarro y Francisco Orellana Seguel, además del coronel (r) Aquiles González Cortes, el capitán (r) Luis Sanhueza y el suboficial (r) Jorge Ramírez, quien fueron procesados por el delito de homicidio calificado.

Hasta el momento sólo ha sido notificado de la resolución el ex militar Luis Sanhueza. Los tres oficiales en retiro pertenecían a la Brigada Azul de la CNI que se organizó básicamente para desarticular el MIR.


10 de Enero 2006, El Mostrador.cl

Sucesor de Guzmán dicta primeros procesamientos en casos de DDHH

Ministro Carlos Gajardo encausó al coronel retirado Aquiles González y al ex empleado civil el Ejército Claudio Sanhueza como autores del homicidio del mirista Fernando Iribarren González.

Dos ex miembros de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) se transformaron en los primeros procesados en las investigaciones por violaciones a los derechos humanos que el ministro Carlos Gajardo heredó del jubilado juez Juan Guzmán.

Se trata del coronel retirado Aquiles González, ex jefe de la Brigada Azul del organismo represivo, y el ex empleado civil el Ejército Claudio Sanhueza, que también formaba parte de la ex CNI, y contra quienes el magistrado ordenó su arresto preventivo.

Los dos encausados fueron notificados este martes de su procesamiento y trasladados al Batallón de Policía Militar, donde quedaron en prisión preventiva.

Los abogados defensores de los inculpados anunciaron que en las próximas horas solicitarán la libertad provisional de sus clientes.

Los otrora funcionarios castrenses fueron responsabilizados por la muerte del ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Fernando Eugenio Iribarren González, quien fue ultimado el 7 de febrero de 1983.

Al salir de su domicilio, Iribarren González percibió que era seguido por funcionarios de la ex CNI, por lo que según testigos corrió hacia la Plaza Manuel Rodríguez donde fue cercado, opuso resistencia y fue abatido por las fuerzas de seguridad.


10 de Enero 2006, El Mercurio

Detenidos responsables de homicidio de mirista Fernando Irribarren

Detenidos en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén quedaron esta mañana los dos ex miembros del Ejército que el viernes pasado fueron procesados por el ministro de fuero Carlos Gajardo, como autores del homicidio del militante del MIR Fernando Irribarren.

Se trata del coronel (r) Aquiles González y el empleado civil (r) Claudio Sanhueza Sanhueza, quienes fueron notificados esta mañana en el Palacio de Tribunales de su nueva situación procesal.

Fernando Irribarren fue detenido el 7 de febrero de 1983 por agentes de la CNI. El joven, quien tenía 26 años a la fecha, trató de huir hacia las cercanías de la plaza Manuel Rodríguez de Santiago, pero fue cercado y abatido por dichos agentes.


La Nación, 24 de Marzo 2006

Condenas para ex CNI por muerte de mirista

Una nueva condena dictó ayer el ministro Juan Eduardo Fuentes que afecta a cinco ex agentes de la CNI. Esta vez se trata del proceso por el homicidio de quien fuera el operador de Radio Liberación del MIR, Fernando Vergara, ocurrido en 1984.

La sentencia de primera instancia afecta al ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán con diez años y un día de presidio como autor de homicidio calificado; por el mismo ilícito pero con cinco años y un día de cárcel, el magistrado condenó a los ex agentes Luis Sanhueza y Aquiles González; los suboficiales Luis Gálvez, Francisco Orellana y Jorge Ramírez enfrentan cinco años.

Los tres últimos agentes fueron beneficiados por el ministro Fuentes para cumplir la sentencia en libertad vigilada por un delegado de Gendarmería.

Vergara fue interceptado por la CNI el 15 de diciembre de 1984. La versión del organismo fue que Vergara portaba un arma e intentó batirse a tiros con los efectivos, por lo que fue aniquilado. Sin embargo el magistrado comprobó que la versión no era real.En este mismo proceso existen declaraciones policiales de dos ex CNI que aseguraron que el ex ministro de Pinochet, Francisco Javier Cuadra, llegó hasta el sitio del suceso acompañado del propio Corbalán, pero en sus testimonios judiciales cambiaron diametralmente sus dichos.

El ministro Fuentes, además, rechazó acoger la demanda de perjuicio presentada por la familia y representada por el abogado Nelson Caucoto.


El Mostrador, 16 de Octubre 2007  

Elevan condenas a ex agentes de la CNI por homicidio de ex mirista

La Cuarta sala de la Corte de Apelaciones aumentó las penas que se habían dictado en primera instancia para los autores del crimen contra Fernando Vergara Vargas ocurrido en 1984.

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó penas de entre cinco y 10 años de prisión para seis ex agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) por el homicidio calificado del ex militante del MIR Fernando Vergara Vargas, registrado el 15 de diciembre de 1984 en Santiago. Según informó este martes el Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, el tribunal de alzada condenó a 10 años y un día a Luis Arturo Sanhueza Ross y a Jorge Ramírez Romero, y a cinco años y un día a Luis Gálvez Navarro y Francisco Orella Seguel.

Asimismo, la sala conformada por los ministros Jorge Dahm Oyarzún, Manuel Valderrama Rebolledo y el abogado integranteLuis Orlandini Molina, absolvió por falta de participación al ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla y a Aquiles González Cortés.

Además el fallo condenó al fisco a pagar una indemnización de 90 millones de pesos por daño moral a los familiares de la víctima. En primera instancia el ministro Juan Edurado Fuentes Belmar, el 23 de marzo de 2006, había condenado a los seis ex agentes, pero a penas inferiores en cada uno de los casos y se había rechazado demanda civil.

El asesinato de Fernando Vergara tuvo lugar en la esquina de las calles Santa Elvira con Sana Elena, cuando fue interceptado y baleado por los agentes en un supuesto enfrentamiento.


La Nación, Martes 9 de septiembre de 2008

Sentencia definitiva de la Corte Suprema en caso de Fernando Vergara Vargas

Ejecutores CNI de joven mirista no irán a la cárcel

El fallo de última instancia mantuvo absolución de ex agentes Álvaro Corbalán y Aquiles González, y favoreció a otros cuatro con el recurrido beneficio de la “libertad vigilada”.

La Sala Penal de la Corte Suprema resolvió que ninguno de los autores del homicidio del militante del MIR, Fernando Vergara Vargas, cometido el 15 de diciembre de 1984 en Santiago por agentes de la CNI, deberá cumplir pena efectiva de prisión.

Si bien esta sentencia definitiva mantuvo la absolución dictada antes por la Corte de Apelaciones de Santiago de los ex agentes Álvaro Corbalán y Aquiles González, en el caso de los otros cuatro ex agentes les rebajó las condenas a cinco años de presidio, permitiendo con ello que calificaran para obtener el beneficio de la libertad vigilada, lo que les concedió.

Los favorecidos con esta medida son los ex agentes Luis Sanhueza Ros, Luis Gálvez Navarro, Francisco Orellana Seguel, y Jorge Ramírez Romero.

En todo caso Corbalán cumple presidio perpetuo simple (a los 20 años puede obtener beneficios) por el crimen del carpintero Juan Alegría, cometido para tratar de encubrir el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez. Corbalán también acumula otra condena de 20 años por la Operación Albania.

De esta manera el homicidio cometido en contra del encargado de las comunicaciones clandestinas del MIR y director de la Radio Liberación, quien había regresado a Chile en 1982 con identidad falsa tras un período de exilio, quedó sin responsables que cumplan pena efectiva de cárcel.

El crimen de Vergara intentó presentarse entonces por la dictadura como "enfrentamiento", pero la investigación judicial concluyó que fue un homicidio y un delito de lesa humanidad, que no prescribe por el tiempo ni puede ser amnistiado.

En esta causa estuvo muy cerca de resultar procesado el ex ministro y vocero del régimen opresor, Francisco Javier Cuadra.

Siete ex agentes declararon en el juicio que Cuadra llegó al lugar del crimen junto a Álvaro Corbalán, y que luego justificó públicamente la muerte con la versión falsa del enfrentamiento.

Cuadra lo negó, y el coronel (R) Aquiles González realizó el "lobby" a favor del ex ministro para que los ex agentes se desdijeran de sus dichos. No obstante, Orellana Seguel mantuvo su declaración inculpatoria en contra de Cuadra.

Los mismos ex funcionarios de la CNI relataron en la indagatoria la tarea realizada por Aquiles González a favor del ex ministro. La Radio Liberación logró interferir varias veces otras emisoras y canales de televisión para transmitir proclamas en contra del régimen militar.


La Nación, Jueves 23 de julio de 2009

Corte rebaja penas a ex agentes de la CNI que participaron en crimen de mirista

En fallo unánime, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió rebajar las penas dictadas contra los ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que participaron en el homicidio calificado del joven miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Fernando Iribarren González, ocurrido el 7 de febrero de 1983, en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

Tanto el coronel (R) Aquiles González Cortés como el suboficial (R) Claudio Sanhueza Sanhueza sólo deberán cumplir cinco años de cárcel y no los 10 años que les había impuesto el ministro Carlos Gajardo, quien dirigió la investigación.

Lo anterior porque el tribunal de alzada estimó que "para los efectos de aminorar la responsabilidad penal que afecta a los encartados, no existe impedimento legal ni constitucional que obstaculice dar aplicación a la norma contenida en el artículo 103 del Código Penal, que consagra a favor de todo imputado, la prescripción gradual o media prescripción, en consideración al tiempo transcurrido desde la perpetración del hecho punible", reseña el dictamen.

La sala que falló el caso estuvo conformada por el ministro Cornelio Villarroel, la magistrada Rosa María Maggi y el abogado integrante Enrique Pérez. La jueza Maggi actualmente es miembro del máximo tribunal.


Cómo El Mercurio intentó encubrir las desapariciones de Sergio Ruiz Lazo


Cómo El Mercurio intentó encubrir las desapariciones de Sergio Ruiz Lazo y de cinco militantes del FPMR.

Las mentiras de Lavín en el tribunal y la participación de la Brigada Azul de la CNI.

Invitado por el programa Entrevista del Domingo de Televisión Nacional, el pasado 30 de noviembre, el alcalde de Santiago e incombustible presidenciable, Joaquín Lavín, dijo impertérrito que de haber tenido responsabilidades de editor en Canal Trece no hubiera autorizado la entrevista de Gemma Bueno, en la que entregó antecedentes confirmatorios acerca de la participación del senador quetejedi en las bacanales pedófilas de Claudio Spiniak.

Encomiable actitud encaminada a preservar la honra de las personas.

El problema consiste en que no hizo lo mismo el domingo 20 de marzo de 1988, cuando, en su calidad de editor general de El Mercurio y por tanto al mando del turno de fin de semana autorizó la publicación de la crónica publicada al día siguiente en la página A 11, denominada Detenidos Desaparecidos Sumergidos Voluntariamente, un montaje atribuido a las consabidas "fuentes de organismos de seguridad" que tenía por finalidad desviar la atención de la opinión pública acerca de la detención seguida de desaparición de seis personas, acaecida entre el 21 de diciembre de 1984 y la primera quincena de septiembre de 1987, de los cuales dos, Sergio Ruiz Lazo y Julio Orlando Muñoz Otárola, aparecen mencionados entre los presuntos "sumergidos voluntariamente".

Aun más, convocado a estrados judiciales para identificar al autor de dicho reportaje, adujo ignorarlo puesto que "no necesariamente el periodista que recibió esta información estuvo de turno esa semana, ni tampoco que haya tomado contacto con el editor de turno ese fin de semana, ya que el referido artículo puede haber sido escrito con anterioridad", versión que no resiste el menor análisis, como hasta un estudiante de primer año de Periodismo puede atestiguar.

Los últimos desaparecidos de la dictadura

Conforme establece el proceso 143.671-1 del Tercer Juzgado del Crimen, Sergio Fernando Ruiz Lazo, casado, dos hijos, técnico textil y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario, fue detenido el 21 de diciembre de 1984 por efectivos de la Central Nacional de Informaciones, quienes lo condujeron al cuartel de calle Borgoño, donde, tras sufrir brutales torturas, se pierde su rastro desde entonces.

Testigos de su permanencia en el referido cuartel son Clemente Maldonado González y Omar Mondaca Sepúlveda, detenidos por aquella fecha en el mismo recinto. A fojas 7 del proceso, rola la siguiente declaración de Maldonado: "Yo me encontraba en malas condiciones por el trato recibido, pero esta otra persona, Ruiz, de quien decían que era del MIR, no salía ni siquiera al baño; se quejaba mucho y al parecer estaba grave". En declaración que rola a fojas 25, precisó: "Desde el día que llegué y por varios días, escuché que los funcionarios le preguntaban a otro detenido que había en la celda del lado si pertenecía al MIR, y éste contestaba que sí. Pasados algunos días, le preguntaron su nombre y éste manifestó llamarse Sergio Ruiz Lazo. Yo, a pesar de que me encontraba muy mal debido a los malos tratos y torturas recibidos, logré percatarme de esto".

El recurso de amparo entablado por el padre de Sergio Ruiz Lazo corrió la misma suerte que los miles de ellos presentados durante la dictadura, en un desesperado intento de salvar vidas. Bastó un oficio de la CNI, negando la detención de Ruiz Lazo, para que la Corte de Apelaciones, en fallo suscrito por los ministros Raquel Camposano, Luis Correa Bulo y el abogado integrante Orlando Alvarez, declarara sin lugar el amparo, sin perjuicio de remitir los antecedentes al Tercer Juzgado del Crimen, que abrió el expediente 143.671-1.

Con posterioridad, en uno de los importantes golpes contra el FPMR, que por entonces atravesaba por el proceso de división, entre los días 9 y 10 de septiembre de 1987, en el marco de los operativos desencadenados por el secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño, agentes de la CNI detuvieron a cinco de sus militantes: José Julián Peña Maltés, Julio Orlando Muñoz Otárola, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Alejandro Alberto Pinochet Arenas y Gonzalo Iván Fuenzalida Navarrete, quienes permanecen desaparecidos hasta hoy.

En el proceso por las desapariciones de José Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas, el Ministro en Visita Hugo Dolmetsch sometió a proceso al mayor general de Ejército Hugo Salas Wenzel, al teniente coronel de Ejército Krantz Bauer Donoso, al mayor de Ejército Alvaro Corbalán Castilla, al capitán de Ejército Luis Sanhueza Ros, a los suboficiales de Ejército Manuel Rigoberto Ramírez Montoya y René Valdovinos Morales y a los empleados civiles de Ejército César Acuña Luengo, Manuel Morales Acevedo, Luis Santibáñez Aguilera y Víctor Ruiz Godoy.

Nuevas hazañas mercuriales

Entretanto, el proceso por la desaparición de Sergio Ruiz Lazo languidecía sin mayores avances, hasta que el 21 de marzo de 1988 apareció publicada en El Mercurio la crónica mencionada, que en su párrafo inicial, señaló: "fuentes oficiales de los organismos de seguridad denunciaron que un número significativo de personas a las que se ha sindicado como detenidas desaparecidas han sido vistas en libertad y son perfectamente ubicables. La razón es que el origen de la situación responde frecuentemente a denuncias erróneas o falsas, o a la particular conveniencia de los presuntos afectados, que se transforman en ‘sumergidos voluntarios’, señalaron".

A mayor abundamiento, la crónica de marras agregó: "’los movimientos subversivos, terroristas y marxistas leninistas, como medida de seguridad para militantes como para el organismo, en el desarrollo del trabajo clandestino, sumergen a determinados componentes con la finalidad de evadirlos a las investigaciones de los organismos policiales y de seguridad’, indicó la fuente".

En la peculiar condición de "sumergidos voluntarios" identificó a Paola Drago Camus, Sergio Ruiz Lazo, Andrés Orlando Colque García, Julio Orlando Muñoz Otárola y Gabriel Alfonso Flores Rivera, todos los cuales habían experimentado diversas situaciones represivas.

Evidentemente, se trata de uno de los típicos montajes de los organismos de seguridad, que con la complicidad de la prensa uniformada apuntaban a encubrir las graves violaciones de los derechos humanos, numerosos ejemplos de los cuales fueron publicados en El Siglo N°1164.

Esta conducta contumaz parece haberse arraigado en un nivel casi genético en las prácticas periodísticas de El Mercurio, toda vez que también se la puede apreciar en la manera oblicua como ha intentado, vanamente por cierto, desviar la atención sobre la presunta participación de parlamentarios de la UDI en la red de pedofilia de Spiniak.

Ejemplos de esa conducta son la insólita entrevista al propio Spiniak, publicada el 11 de noviembre pasado, que aparentemente no tenía otro objeto que recoger su afirmación de que "no tengo amigos políticos ni empresarios ni nadie de nivel alto", y la reciente versión, publicada el domingo 7 del presente, en el cuerpo de Reportajes, en el sentido de que "la semana pasada el senador cuestionado habría realizado una audaz y secreta jugada que resultó clave para el devenir de la investigación que conduce Muñoz: reunirse con el ministro en visita -a quien conoce desde hace años por investigaciones anteriores- para demostrarle físicamente que no posee las marcas que la joven Gemita Bueno asegura que tiene en su espalda y genitales, lo que habría acompañado de un set de fotografías", atribuida por cierto a las consabidas fuentes no identificadas, y que ha recibido desmentidos de todos los actores presuntamente involucrados, incluido el del Ministro en Visita Sergio Muñoz.

¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad?

Retomando el caso en comento, lo cierto es que la familia de Sergio Ruiz Lazo no estuvo dispuesta a dejar pasar la canallesca imputación de "sumergimiento voluntario", y mediante escrito presentado por el abogado Nelson Caucoto solicitó al tribunal oficiar al director de El Mercurio, para determinar el nombre del autor de la crónica y la identificación de las "fuentes oficiales de los servicios de seguridad", y al director de la CNI para verificar si ese organismo entregó la información al periódico susodicho.

La respuesta del director subrogante de El Mercurio, Juan Pablo Illanes, al oficio de la jueza Dobra Lusic, recibida por el tribunal el 7 de abril de 1988, fue escueta y contundente:

"En respuesta a su oficio N°553 de fecha 26 de marzo ppdo., relacionado con la causa N°141.671-1, que se tramita en ese tribunal, me permito informar a US que la crónica aparecida el día 21 de marzo pasado fue despachada por el reportero de turno en la sección correspondiente, bajo la supervisión del Editor de Informaciones, Joaquín Lavín Infante".

Citado por el tribunal, el entonces insospechado candidato, disfrazado de periodista y de editor de informaciones, por demás, compareció el 10 de mayo de 1988, donde despachó algunas añagazas y carantoñas de antología.
A modo de ejemplo, farfulló: "en relación a la información proporcionada por el diario el día 21 de marzo, debo señalar que ignoro por quién fue proporcionada debido a que cada información es escrita en una pantalla de computador y revisada posteriormente por jefes y editores, quienes la cambian, reducen o agregan nuevas materias y finalmente la decisión de publicarla depende del editor de informaciones".

O sea, hay pero no queda. Luego, contradiciendo a Illanes, agregó: "los fines de semana queda un equipo a cargo de un editor de turno que ignoro quién sea en este caso, no obstante lo averiguaré, o por lo menos lo intentaré". Pero todavía más pueril es la excusa que sigue: "en todo caso debido al sistema computacional con que hoy funciona el diario, luego de tres días que un artículo es publicado, el archivo es borrado completamente por el computador, por lo que no queda registrado el nombre de la persona que escribe cada cosa que se publica (SIC)".

Si, llegado el caso, este caballero gobernara el país con la misma eficiencia con que se desempeñó como editor, Dios nos pille confesados.
El comprahuevos mercurial culminó con la comparecencia de Juan Pablo Illanes, quien aseveró: "no podría señalar al tribunal qué periodista es el autor de la crónica, ya que ni siquiera puedo asegurar que esta crónica tenga un solo autor, ya que la información provino de distintos periodistas, enseguida algunos editores participaron de la corrección y finalmente algún editor o jefe participó en la publicación definitiva y sus ajustes finales", en lo que constituye un involuntario reconocimiento de lo que se ha dado en llamar "periodismo en piño".

Naturalmente, el entonces vice director de la CNI, brigadier Humberto Leiva, respondió al tribunal, con fecha 17 de mayo de 1988, "que este organismo no ha entregado información al diario El Mercurio en relación a detenidos desaparecidos sumergidos voluntariamente que posteriormente serían perfectamente ubicables".

Las huellas de la Brigada Azul

El proceso 143.671-1 entró en un prolongado período de estancamiento, hasta que la tenacidad del abogado Caucoto logró que el tribunal obtuviera la nómina del personal de la CNI de turno en el cuartel Borgoño en la fecha de la detención de Sergio Ruiz Lazo.

Dicho antecedente, sumado a otros que aparecieron en la investigación del asesinato de Fernando Vergara Vargas, militante del MIR ejecutado en un falso enfrentamiento el 15 de diciembre de 1984, enfocó la investigación hacia la denominada Brigada Azul de la CNI, un equipo represivo integrado por seis o siete grupos operativos de tres o cuatro personas, que se encargó de la represión del MIR hasta 1989.

Esbirros de esta agrupación aparecen implicados en los asesinatos de Paulina Aguirre Tobar, ejecutada en falso enfrentamiento el 27 de marzo de 1985, en su domicilio de calle Pastor Fernández N°16.100, Las Condes, y de Jécar Neghme Cristi, ejecutado el 4 de septiembre de 1989, frente al número 14 de calle Bulnes.

En virtud de los antecedentes que obran en los procesos por los asesinatos de Fernando Vergara, Paulina Aguirre y Jécar Neghme, así como los que rolan en el proceso 143.671-1, por la desaparición de Sergio Ruiz Lazo, se puede establecer fehacientemente que la Brigada Azul de la CNI dependía del mando operativo del mayor (R) Alvaro Corbalán Castilla, condenado a perpetuidad por el asesinato de Juan Alegría Mundaca y procesado en numerosos casos, entre los que destacan la Operación Albania y la desaparición de los cinco militantes del FPMR de septiembre de 1987.

Entre los integrantes de esa agrupación represiva aparecen mencionados los oficiales de Ejército Krantz Bauer Donoso, Luis Arturo Sanhueza Ross, Aquiles González Cortés, Miguel Angel Soto Duarte y Luis Rojas, y los agentes Luis Gelvez Navarro, Francisco Orellana Seguel, Jorge Ramírez Romero, Manuel Ramírez Montoya, Raúl Durán Martínez, Rosa Humilde Ramos Hernández, José Salas Fuentes, Orlando Torrejón Gatica, Haroldo Veloso, Patricio González, Carlos Miranda, Verónica Ceballos y Cecilia Ahumada.

Al cierre de la presente edición la jueza del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Graciela Gómez, se aprestaba a ordenar una nueva ronda de diligencias en el proceso 143.671-1. En caso de que le permitan dictar autos de procesamiento, lo seguro es que sus nombres estarán en la lista precedentemente citada. También es seguro que Joaquín Lavín continuará impertérrito su carrera hacia la candidatura presidencial, aunque ahora disfrazado de independiente.

Municipalidad de Santiago: Los encargados de la "seguridad"

Joaquín Lavín se ha encargado de llenar de "seguridad" la comuna de Santiago, siendo éste uno de sus más socorridos recursos para publicitar los supuestos logros alcanzados en su gestión. Sin embargo, la realidad dista de ser el éxito publicitado por los seguidores del alcalde-candidato.

Probado está que las decenas de casetas rojas no han contribuido a mejorar la situación de inseguridad que viven los santiaguinos, llegando incluso a existir denuncias de algunos vecinos que hablan del mal uso que le dan los guardias a dichas estructuras. También ocurre algo similar con las camionetas de patrullaje y los inspectores de rojo que pasean por los lugares más céntricos de la capital.

Fiel a su doctrina neoliberal, Lavín ha privatizado más del 70 por ciento de la seguridad municipal, pasándola a manos de la Corporación de Desarrollo de Santiago (CORDESAN) bajo el mando de Hernán Cáceres Sanhueza, un conocido militante UDI que comenzó en un cargo similar al interior del municipio. También existe un Comité Técnico de Seguridad, bajo la dirección de la UDI Carmen Domínguez, en la que destacan Juan García e Iván Valenzuela Reinoso, quienes trabajan el tema de la seguridad con los comités comunitarios y las juntas de vecinos. En el municipio continúan a cargo del tema Manuel Silva Finzi, jefe operativo que cumplió un oscuro rol en el Cementerio General en años de dictadura, y Jorge Altimira Ortega, actual Director de Seguridad e Informaciones, que responde directamente ante el alcalde.

La estructura de la seguridad municipal cuenta mayoritariamente con personal en retiro de las FF.AA. y Carabineros, como el capitán (R) de Ejército Julio Hernández San Martín, a cargo de la Dirección de Proyectos Especiales, que incluye la seguridad de comunidades y edificios y la coordinación de los módulos, como se denomina a las vistosas casetas rojas. Otro es el mayor (R) de Ejército Julio Pizarro Morales, que actúa como supervisor operativo de los módulos y prepara un plan especial de seguridad para el próximo año en los colegios. También aparece el mayor (R) de Ejército Zaide Campos, a cargo de la mantención de los móviles, y el teniente (R) Sergio Saavedra Olmedo, subdirector de Seguridad, famoso al interior del municipio por una extraña impunidad que le rodea y por ser "sobreviviente" de los tiempos del alcalde designado Carlos Bombal. En la coordinación de módulos también trabaja Hernán "fonola" Sandoval, un ex asesor directo de Lavín que cayó en desgracia por algunos manejos turbios de dineros, pero que recibió como sanción solamente un cambio de lugar de trabajo.

Donde más se ve la cercanía de los encargados de la seguridad con posibles delitos de tráfico de drogas y corrupción es en los móviles y las casetas rojas. Entre los inspectores de "seguridad e informaciones", algunos hacen alarde de haber pertenecido a la CNI, como Jorge Salvatierra, que ingresó al municipio en tiempos de Ravinet, o Roberto Matthies, conductor de confianza de Lavín. También son conocidos los ex suboficiales de las instituciones armadas Luis Coveña, Claudio Campos, José Barra y Miguel Arenas, algunos con una cincuentena de anotaciones positivas en su hoja de vida funcionaria, en las que se destacan alabanzas a su "labor cumplida", lo exitoso de su "procedimiento" y el orgullo que son para sus familias, claro que nada dicen de que algunas de estas labores han terminado con menores de edad internados en estado grave en la Posta Central, cuando los señores de la "seguridad" han sobrepasado todos sus límites y, actuando en forma paralela a Carabineros, han realizado procedimientos policiales que no les están permitidos. Así, es común ver a los inspectores bajarse apresuradamente de sus vehículos para golpear a jóvenes "por sospecha" o a uno que otro "curadito" que circula por las noches de la capital.

La relación de Joaquín Lavín con la dictadura, a pesar de sus intentos por esconderla, aparece cada vez más cercana. Sus vínculos con ex uniformados y agentes de seguridad así lo prueban.


La Nacion, 27 de Diciembre 2011

NUEVA ACUSACIÓN POR SECUESTRO CONTRA ÁLVARO CORBALÁN

El ministro en vista de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid dictó acusación en la investigación por el secuestro calificado de Sergio Ruiz Lazo (21 de diciembre de 1984) contra los ex agentes de la (CNI) Álvaro Corbalán Castilla y Aquiles González Cortés.
El ministro en vista de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Madrid Crohare dictó acusación en la investigación por el secuestro calificado de Sergio Ruiz Lazo, ocurrido el 21 de diciembre de 1984, en la Región Metropolitana. El magistrado responsabilizó del delito a los ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Álvaro Corbalán Castilla y Aquiles González Cortés .
La investigación judicial determinó que: “El día 21 de diciembre de 1984, en una hora indeterminada, dejó de verse y de tenerse noticias de Sergio Fernando Ruiz Lazo, quien pertenecía al Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, y al que otras personas que se encontraban privadas de libertad, a la fecha, en el recinto de la Central Nacional de Informaciones (CNI) -órgano de inteligencia del Gobierno de la época-, conocido como Cuartel Borgoño, donde operaba específicamente la Unidad identificada como Azul de dicho órgano; dicen haber oído mencionar por agentes aprehensores en dicho lugar, o bien haber tenido información a su respecto; permaneciendo éste por un espacio indeterminado de tiempo en dicho recinto de detención, para ser posteriormente sacado con destino desconocido, no volviendo a tenerse noticias de él, hasta el día de hoy”.
La acusación fue notificada a la parte querellante y al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para que determinen si adhieren a la formulación de cargos o presentan acusación particular.


Radio BioBio, 05 de Diciembre 2013

Condenan a ex agentes CNI por secuestro de militante del MIR

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, dictó sentencia de primera instancia por el secuestro calificado de Sergio Ruiz Lazo, ocurrido a partir de diciembre de 1984, en la Región Metropolitana.

En la resolución de la causa, el magistrado condenó a 8 años de presidio efectivo a los ex jefes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Álvaro Corbalán Castillo y Aquiles González Cortés por su responsabilidad, en calidad de autores, del delito de secuestro calificado.

En el aspecto civil, el fallo acoge la demanda presentado por familiares de la víctima en contra del fisco, ordenando el pago de una indemnización de 70 millones de pesos.

De acuerdo a los antecedentes de la causa, se logró establecer que Sergio Fernando Ruiz Lazo pertenecía al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), al menos desde el año 1972 y, a consecuencia del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, fue detenido en diferentes oportunidades, abandonando el país en calidad de exiliado político, radicándose en Francia.

También que estando en Francia participó en diversas reuniones de carácter político y regresó clandestinamente al país en 1983, entrando y saliendo en varias oportunidades, también en forma ilegal, ingresando nuevamente al territorio nacional los primeros días de diciembre de 1984, manteniendo contacto con sus familiares y/o compañeros de partido hasta el día 20 de diciembre de 1984.

Y, finalmente, que a contar del 20 de diciembre de 1984 se perdió todo contacto con el indicado Ruiz Lazo, pero otras personas que se encontraban privadas de libertad a esa fecha en el recinto conocido como “Cuartel Borgoño”, que pertenecía a la Central Nacional de Informaciones (CNI), órgano de inteligencia del Gobierno Militar de la época, donde operaba específicamente la Unidad Azul, encargada de la represión del indicado movimiento MIR, escucharon en forma directa o a través de agentes de dicho órgano que se encontraba recluido en dicho recinto en esa misma fecha, siendo sometido a interrogatorios bajo tortura por un espacio indeterminado de tiempo, desapareciendo sin volver a tenerse noticias de él hasta la actualidad.

El ministro Vázquez determinó que una vez que la sentencia quede ejecutoriada, se indague la eventual responsabilidad de otros agentes de la CNI en el secuestro calificado.

Sergio Fernando Ruiz Lazo era casado, tenía dos hijos y se desempeñaba como técnico textil


Pode Judicial, 05 de Diciembre 2013

MINISTRO MIGUEL VÁZQUEZ DICTA CONDENA CONTRA EX AGENTES DE LA CNI POR EL SECUESTRO DE SERGIO RUIZ LAZO

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, dictó sentencia de primera instancia por el secuestro calificado de Sergio Ruiz Lazo, ocurrido a partir de diciembre de 1984, en la Región Metropolitana.

En la resolución de la causa, el magistrado condenó a 8 años de presidio efectivo a los ex jefes de la Central Nacional de Informaciones (CNI): Álvaro Corbalán Castillo y Aquiles González Cortés por su responsabilidad, en calidad de autores, del delito de secuestro calificado.

En el aspecto civil, el fallo acoge la demanda presentado por familiares de la víctima en contra del fisco, ordenando el pago de una indemnización de $ 70.000.000 (setenta millones de pesos).

De acuerdo a los antecedentes de la causa, se logró establecer los siguientes hechos:

“a) Que Sergio Fernando Ruiz Lazo pertenecía al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), al menos desde el año 1972 y, a consecuencia del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, fue detenido en diferentes oportunidades, abandonando el país en calidad de exiliado político, radicándose en Francia.

b) Que estando en Francia participó en diversas reuniones de carácter político y regresó clandestinamente al país en el año 1983, entrando y saliendo en diversas oportunidades, también en forma ilegal, ingresando nuevamente al territorio nacional, los primeros días de diciembre de 1984, manteniendo contacto con sus familiares y/o compañeros de partido hasta el día 20 de diciembre de 1984.

c) Que a contar del 20 de diciembre de 1984, se perdió todo contacto con el indicado Ruiz Lazo, pero otras personas que se encontraban privadas de libertad a esa fecha en el recinto conocido como “Cuartel Borgoño”, que pertenecía a la Central Nacional de Informaciones (CNI), órgano de inteligencia del Gobierno Militar de la época, donde operaba específicamente la Unidad Azul, encargada de la represión del indicado movimiento MIR; escucharon en forma directa o a través de agentes de dicho órgano, que aquel estaba recluido en dicho recinto en esa misma fecha, siendo sometido a interrogatorios, bajo tortura, por un espacio indeterminado de tiempo, desapareciendo sin volver a tenerse noticias de él, hasta el día de hoy”, sostiene el fallo.

La resolución agrega: “Los hechos que se han tenido por establecido en el motivo anterior, configuran la hipótesis penal que contempla el artículo 141 incisos 1 y 3 del Código Penal, correspondiendo al delito de secuestro con grave daño en la persona de Sergio Fernando Ruiz Lazo, en su redacción vigente a la época de comisión del hecho punible, aplicable por expreso mandato de los artículos 19 N° 3 inciso 7 de la Constitución Política de la República y 18 del Código Penal, sancionado con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados, toda vez que tal hecho debe ser calificado por el tiempo en que se prolongó la acción por más de 90 días, lo que evidencia un acto determinado y resuelto en contra de la libertad de la víctima, siendo retenida en contra de su voluntad a partir del día 21de diciembre de 1984, prolongándose esta situación hasta el día de hoy, ignorándose su paradero”.

Asimismo, se sostiene que: “El indicado delito debe ser calificado como de lesa humanidad al tenor de lo dispuesto en el artículo sexto del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que en su letra c) considera como crímenes contra la humanidad “el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron”. De lo antes transcrito aparece que para ser considerado como tal debe tratarse, entre otros, de un acto que atente contra la persona humana, perteneciente a la población civil, que la persecución se efectúe por motivos de índole político, racial o religioso, constituya o no una vulneración de la legislación interna. En este caso, se trata de la detención de una persona, respecto de la cual nunca más se supo –secuestro- hasta el día de hoy, cuya motivación ha sido de orden político, perpetrado por agentes del Estado en una organización –Central Nacional de Informaciones- que tenía toda una estructura, en forma específica, para la persecución, ubicación y detención de los miembros del MIR y, en su caso, hacerlos desaparecer.

En estos antecedentes se acreditó suficientemente que actuaron Agentes del Estado, con el objetivo preciso de detener a la víctima exclusivamente por motivos políticos, ejecutándose el hecho con ocasión de una política de represión de un sujeto por su pensamiento, lo que resulta atentatorio contra la persona humana”.

Además, el ministro Vázquez determinó que una vez que la sentencia quede ejecutoriada, se indague la eventual responsabilidad de otros agentes de la CNI en el secuestro calificado de Ruiz Lazo.

 


La Nacion

12 de Junio 2014

CORTE RATIFICA CONDENA DE 8 AÑOS PARA EX CNI ÁLVARO CORBALÁN

El ex jefe operativo de la CIN fue declarado culpable del secuestro calificado de un militante del MIR en 1984, que fue torturado en el “Cuartel Borgoño”.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este jueves la condena a ocho años de prisión de dos antiguos agentes de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile por el secuestro calificado (desaparición) de un militante opositor en diciembre de 1984, informaron fuentes judiciales.

La resolución unánime, de la Cuarta Sala del tribunal de alzada, ratificó el fallo de primera instancia dictado por el juez especial Miguel Vásquez contra el ex mayor del Ejército Alvaro Corbalán Castilla y el coronel retirado Aquiles González Cortés, ambos pertenecientes a la desparecida Central Nacional de Informaciones (CNI).

Corbalán Castilla fue jefe operativo de la CNI, organismo que sucedió a la DINA como principal cuerpo represivo de la dictadura, en tanto González comandaba una de las brigadas de la organización y ambos han sido condenados en otros juicios por violaciones a los derechos humanos.

Sergio Ruiz Lazo, la víctima, era un dirigente sindical y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que ingresó de forma clandestina a Chile en 1983 para incorporarse a la resistencia contra la dictadura después de haber vivido varios años exiliado en Francia, con prohibición de regresar a su país.

Ruiz se exilió después de haber estado encarcelado dos veces en los años 70 y de haber pasado por los cuarteles secretos de la DINA, en los que fue torturado.

De 34 años, Ruiz Lazo fue secuestrado el 20 de diciembre de 1984 por agentes de la CNI que lo llevaron al llamado “Cuartel Borgoño” del organismo, donde según testimonios de supervivientes fue torturado durante varios días, hasta que no se le volvió a ver.

En la parte civil del juicio, la Corte confirmó el pago de una indemnización fiscal de 70 millones de pesos (unos 127.000 dólares) a los familiares de la víctima.

La Nación, 12 de febrero de 2015

8 años más de presidio para ex jefe CNI Alvaro Corbalán

Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva por el caso del secuestro calificado del mirista Sergio Ruiz Lazo, detenido en 1984 y desaparecido tras su paso por el denominado cuartel Borgoño.

La Corte Suprema dictó 8 años de presidio contra el ex jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Álvaro Corbalán Castilla, y el ex jefe operativo de la "Brigada Azul" del organismo represor, Aquiles González Cortés, por su responsabilidad en el secuestro calificado del mirista Sergio Ruiz Lazo, ocurrido a partir del 21 de diciembre de 1984 en Santiago.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas rechazaron los recursos de casación y confirmaron la sentencia contra Corbalán y González.

La decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Dolmestch y Cisternas, quienes fueron partidarios de acoger el recurso de casación y acoger la figura de prescripción gradual de la pena.

Sergio Fernando Ruiz Lazo (en la foto) era técnico textil, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y tenía 34 años al momento de la detención.

A consecuencia del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 fue detenido en diferentes oportunidades, abandonando el país en condición de exiliado político, radicándose en Francia. Luego, regresó en forma clandestina al territorio nacional, desde 1983 en diversas oportunidades, y el 21 de diciembre de 1984 se perdió todo contacto con él.

Sin embargo, de acuerdo a la resolución, "personas que se encontraban privadas de libertad en esa fecha en el recinto conocido como "Cuartel Borgoño", que pertenecía a la Central Nacional de Informaciones, donde operaba la llamada "unidad azul", encargada de la represión del indicado movimiento -MIR-, escucharon en forma directa o a través de agentes de dicho órgano que Sergio Ruiz Lazo estaba recluido en ese recinto en la misma fecha, siendo sometido a interrogatorios bajo tortura por un espacio indeterminado de tiempo, desapareciendo, sin tenerse noticias de él, hasta el día de hoy".

El fallo establece que "su detención tuvo una motivación de orden político, perpetrada por agentes del Estado en una organización -la CNI- que tenía una estructura específica para la persecución, ubicación y detención de los miembros del MIR y, en su caso, hacerlos desaparecer. Se ejecutó el hecho con ocasión de una política de represión de un sujeto por su pensamiento, lo que resulta atentatorio contra la persona humana".

En el aspecto civil se ratificó la sentencia que condenó al Fisco a pagar una indemnización de $ 70 millones a Daniel Ruiz Lazo, hermano de la víctima por el concepto de daño moral.

 



 

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