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Guillermo Washington González Betancourt

Coronel de Carabineros

Agente de la DICOMCAR

Alias: "El Bototo"

C.I.: 5.141.200-1

Guillermo Washington González Betancourt, miembro de la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), participó en el caso que se denominó “Degollados” donde los militantes comunistas Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino fueron secuestrados, torturados y posteriormente degollados y tirados en un predio de Quilicura cercano al Aeropuerto Internacional de Pudahuel.

Guillermo González Betancourt fue condenado a firme a presidio perpetuo como autor de los secuestros seguidos de homicidio de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino y como autor de los secuestros de otras 6 personas, marzo de 1985, Santiago. Caso Degollados. En la misma causa fue condenado a 5 años y 1 día como autor de asociación ilícita y a 5 años y 1 día por el robo con intimidación del vehículo de uno de los secuestrados sobrevivientes.

El 3 de agosto de 2012, el Consejo Técnico de Gendarmería concedió el beneficio de la salida dominical al coronel (R) de Carabineros Guillermo González Betancourt

 

Fuentes de Información: El Siglo; La Nación; Punto Final; El Mostrador; The Clinic; Memoriaviva


The Clinic

20 Abril 2010

Más allá de la amenaza: Presidente de la Suprema describió a DICOMCAR como “asociación ilícita terrorista” en 1994

La repartición que funcionó bajo el nombre eufemístico de Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), primero que nada, no fue nunca una “dirección de comunicaciones”. Y, en segundo lugar, su cuartel general, conocido como “La Firma”, no era una simple oficina, sino que un recinto ilegal de detención, en el que se torturó a gran cantidad de personas por su pensamiento polìtico. La DICOMCAR fue, en realidad, una “asociación ilícita terrorista”. Así de categórico… ¿De donde salen todas estas afirmaciones? Del fallo vigente de la justicia chilena sobre el Caso Degollados, emanado el 31 de marzo de 1994. ¿Quién firma? El entonces ministro en visita, y actual presidente de la Corte Suprema de Chile, Milton Juica:

LOS ANTECEDENTES DE JUICIO QUE SE HAN RESUMIDO ANTERIORMENTE, HAN SERVIDO ASIMISMO PARA TIPIFICAR EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍTICA TERRORISTA, TODA VEZ QUE PARA LA CONSUMACIÓN DE LOS ILÍCITOS YA DESCRITOS, SE HA DETERMINADO LA EXISTENCIA DE UN GRUPO DE PERSONAS, QUE DEPENDIENDO DE UN ORGANISMO POLICIAL, SE EXCEDIERON DE SUS FUNCIONES LEGALES, PROCEDIENDO BAJO EL SUBTERFUGIO DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA A PRIVAR DE LIBERTAD A DISTINTAS PERSONAS DE UNA IDEOLOGÍA POLÍTICA DETERMINADA, MANTENERLOS EN CAUTIVERIO, INTERROGARLAS CON APREMIOS ILEGÍTIMOS, ACERCA DE SUS ACTIVIDADES POLÍTICAS EN LUGARES QUE NO ERAN PÚBLICOS DE DETENCIÓN, MATARON A TRES DE ELLAS, DE UNA MANERA QUE CAUSÓ CONMOCIÓN PÚBLICA Y LUEGO PARA ELIMINAR LAS EVIDENCIAS QUE LOS HECHOS PUNIBLES, DESTRUYERON POR MEDIO DE EXPLOSIVOS UN VEHÍCULO QUE PERTENECÍA A UNA DE LAS VÍCTIMAS Y DESTRUYERON TAMBIÉN EL INMUEBLE DONDE FUERON LLEVADAS LAS PERSONAS SECUESTRADAS”.

Así reza el texto, rescatado en estos días por el periodista Matías Fouillioux, del Centro de Investigación e Información Periodística, CIPER.

Hace unas semanas, nadie en el gobierno parecía tener en mente este fallo. El general de Carabineros (r) Iván Andrusco, asumía como director nacional de Gendarmería. Casualmente era un 29 de marzo, el día en que se cumplían 25 años exactos del secuestro y asesinato de Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada -los “degollados- muertos a manos de la esa “asociación ilícita terrorista” llamada DICOMCAR.

¿Pero, dónde trabajaba Andrusco hace justamente 25 años? No era una pregunta obvia. De hecho, formulada así, de la nada, a quién le podía importar. Sin embargo, la respuesta, una vez difundida por el diputado Hugo Gutiérrez, no podía dejar indiferente a nadie…

¿CARRERA EJEMPLAR?

Resultaba que la persona encargada de dirigir todos los recintos de reclusión legal del país, trabajó largo tiempo en un centro de detención ilegal y tortura. A él debían, en lo sucesivo, los jueces confiar las personas que declararan reas. Andrusco, el responsable final de resguardar el propio edificio de la Corte Suprema, de acuerdo al fallo firmado por el mismo presidente del máximo tribunal, había sido miembro de una “asociación ilícita terrorista”.

Los antecedentes del Caso Degollados, según el fallo de Milton Juica, terminaron por no involucrarlo directamente en los asesinatos de Nattino, Guerrero y Parada, pero todo lo demás indicaba, definitivamente, que, tras su designación, algo no estaba en su lugar. Las condenas por “asociación ilícta terrorista”, en su oportunidad, cayeron piadosamente sólo sobre los cinco máximos oficiales de la DICOMCAR, incluyendo al general César Mendoza, de cuya comandancia en jefe dependía, de acuerdo al irregular organigrama, este grupo criminal. Andrusco, como el resto de los oficiales subalternos, se libró del cargo. Pero, algo no podía ignorarse, Andrusco había sido parte de “La Firma”.

Así que (pese a que El Mercurio asegure que se trata de un oficial “de carrera ejemplar”) la mancha en el expediente podía resultar difícil de olvidar. Y se puede presumir que, si hay una persona que tendría la mancha siempre en mente, ésta debe ser el presidente de la Corte Suprema; aquel juez que tuvo que investigar a ese organismo, que de policial pasó a terrorista y que, en vez de proteger a los ciudadanos, los había detenido ilegalmente, torturado y asesinado.

Y un pelo de la cola. A propósito de esta “carrera ejemplar”, el mismo El Mercurio informó el 9 de abril del 2005 de versiones que hablaban de “una eventual baja del servicio del general Andrusco”, envuelto en un bochornoso incidente como general de Carabineros a cargo de la Región del Bío Bío. En esa ocasión, un grupo de doce miembros de la institución firmó una carta denunciando inhumanas condiciones de trabajo instauradas bajo el mando de Andrusco. La misma nota habla del “impacto causado por la carta denuncia” en el alto mando, que no se caracteriza por aceptar este tipo de misivas de subordinados que critican el actuar de generales.

LAS “AMENAZAS”

Ivan Andrusco terminó por renunciar a su puesto como director nacional de Gendarmería el viernes 16 de abril. En esa oportunidad declaró que lo hacía porque se habían detectado “amenazas” de muerte, en plural, en contra de su persona.

Finalmente, resultó que se trataba de una única amenaza: un comentario posteado por un troll en theclinic.cl usando el nombre “Ciclista Maulino”. Un troll , como todos los usuarios de internet saben, es una persona que ingresa, a manera de hobby, comentarios provocadores en diversos sitios web, como una forma de matar el tiempo. El troll en cuestión, como muchos de sus congéneres, aparentemente escribe, bajo varias identidades, mensajes de diferente tenor, en los que asume distintas personalidades y estados ánimo. Con esto, el troll busca molestar o lograr alguna reacción de sus interlocutores cibernéticos. En el trato con los trolls hay una sola máxima “don`t feed the troll”, no alimente al troll (no le haga caso), una regla que en este caso no se ha cumplido.

Se anunció, en su momento, con bombos y platillos, que se iniciaría una investigación judicial para buscar a la persona autora de esta trascendente amenaza, que había logrado amedrentar a un general veterano, al mando de miles de hombres armados, al punto de hacerlo renunciar a su puesto. Pero, hasta el día de hoy, nadie ha llamado a esta oficina.


El Mostrador

3 de febrero 2014

Entre gallos y medianoche condenados a cadena perpetua por Caso Degollados obtienen salida diaria de Punta Peuco

A mediados de 2013 y poco antes de cumplirse 40 años del Golpe Militar y de que Sebastián Piñera cerrara el penal Cordillera, familiares y políticos protestaban fuera de la Corte Suprema luego de que ésta confirmara la salida dominical de dos de los asesinos de los militantes comunistas Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino. Solo cuatro días después, Gendarmería les daba el mayor de los beneficios intrapenitenciarios, autorizándolos a salir de Punta Peuco todos los días. Beneficio del que hasta ahora los familiares de las víctimas no habían sido informados.

El jueves 20 de junio del año pasado, Javiera Parada Ortiz y Manuel Guerrero Antequera protestaban frente al Palacio de Tribunales junto a familiares, abogados y políticos luego de que la Corte Suprema confirmara el otorgamiento del beneficio intrapenitenciario de salida dominical de dos condenados por el secuestro y asesinato de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino.

Conocido como el Caso Degollados, sus hijos veían con impotencia cómo el coronel de Carabineros Guillermo González Betancourt y el sargento José Fuentes Castro, ambos en retiro, mantendrían el beneficio penitenciario autorizado por el alcaide de Punta Peuco, Luis Meneses.

González y Fuentes son ex carabineros y agentes de la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), y fueron dos de los seis implicados en el homicidio perpetrado el 29 de marzo de 1985 contra los militantes comunistas José Manuel Parada –entonces jefe de documentación de la Vicaría de la Solidaridad–, el pintor y publicista Santiago Nattino, y el dirigente gremial de los profesores Manuel Guerrero.

Sus asesinatos fueron un claro mensaje de la dictadura para infundir terror en la población, que –tras la fuerte crisis económica– se había tomado las calles para manifestarse contra el régimen.

Los tres cuerpos degollados de Parada, Nattino y Guerrero remecieron al país. Así como el llamado de la viuda de José Manuel Parada afuera del Servicio Médico Legal, tras ser notificada de que su marido había sido identificado.

“Hace ocho años detuvieron a mi padre, que está desaparecido. Hoy día me mataron a mi marido. Me dejan con cuatro niños. Con Javiera, con Camilo que tiene 8 años, y Antonio que tiene 1 año 8 meses. Se llevaron a mi padre y han matado a mi marido. Sepan bien que cada uno de ellos va a pagar cada uno de estos crímenes, no les quepa duda… hasta que me quede la última gota de sangre los voy a vengar. No quiero que más gente sufra lo que yo he sufrido. Esto es demasiado terrible. ¡Tenemos que cambiar este país de una vez por todas! ¡Hasta cuando siguen dialogando con los asesinos! (…) ¡Por favor, por favor, exijamos justicia de una vez por todas!”.

La justicia llegó. En 1995 cinco de los seis implicados fueron condenados a cadena perpetua por los delitos de secuestro con homicidio, robo con intimidación y asociación ilícita.

Pero hoy, y desde hace siete meses, González y Fuentes ya no pasan sus días en Punta Peuco. Y es que la salida dominical obtenida por ambos en septiembre de 2012, se había ampliado en enero de 2013 al fin de semana, lo que los familiares de los militantes comunistas asesinados ignoraban cuando protestaron.

No sólo eso: cuatro días después de la manifestación frente a tribunales, el sargento (r) José Fuentes Castro y el coronel (r) Guillermo González Betancourt accedían al más importante beneficio intrapenitenciario: la salida diaria.

Es así como, desde el 24 de junio del año pasado, los asesinos de los militantes comunistas fueron beneficiados con “la salida controlada al medio libre”, que –según señala el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios–, les da la libertad de salir del recinto penitenciario hasta 15 horas diarias, con el objeto de “concurrir a establecimientos laborales, de capacitación, justicia laboral o educacional, a instituciones de rehabilitación social o de orientación personal, con el fin de buscar o desempeñar trabajos”.

Todo, el mismo año en que se cumplían 40 años del Golpe Militar y en que el Presidente Sebastián Piñera cerraba el Penal Cordillera.
Consultados sobre la medida, desde Gendarmería señalan que “de acuerdo a la normativa legal vigente, cumplidos 20 años de reclusión, el interno tiene derecho a postular a Libertad Condicional”.

En el caso de los dos ex carabineros, ese tiempo se cumplió en mayo de 2012.
“Al tenor de lo anterior, en conformidad a lo establecido en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, un año antes de cumplirse el tiempo para postular a la Libertad Condicional, los internos pueden postular a los beneficios intrapenitenciarios”, señalan desde la institución liderada por el coronel Marco Fuentes. De esta forma, González podía postular a beneficios a partir de febrero de 2011 y Fuentes desde mayo de ese mismo año.
Hasta la publicación de esta nota, los familiares no tenían noticias del nuevo beneficio obtenido por los verdugos de los militantes comunistas.

INDIGNACIÓN
Para Manuel Guerrero hijo “resulta sumamente violenta esta situación. Sabiendo que se trata de un crimen de lesa humanidad y que se les aplica un reglamento pensado para presos comunes… no hay comparación, para personas que atentaron contra la vida y además fueron recluidas en una cárcel especial, que obtengan más beneficios que los presos comunes”.

Y agrega que “con Javiera le demostramos a la ministra de Justicia, junto al abogado del área de DDHH del Gobierno, con quienes nos entrevistamos, que los beneficios fueron entregados de forma irregular porque su hoja de vida no está limpia y uno de los requisitos que se necesitan es que no se tenga ningún tipo de falta al reglamento interno (…) es vergonzante y muy doloroso. Estamos indignados de saber que andan prácticamente libres y constituyen un peligro para la sociedad”.

El abogado Fernando Leal, que interpuso el recurso de protección que intentó impedir la salida dominical de los ex carabineros, considera la decisión de darles salida diaria como “impresentable y repudiable. Una muestra más de que en Chile hay algunos que gozan de privilegios que no todos tienen (…) Esto habla muy mal del gobierno de Piñera y del sector justicia”.

Leal explica que, luego del fallo de la Corte Suprema, se reunieron con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries. Además, detalla, “Javiera Parada y Manuel Guerrero se reunieron con la ministra de Justicia (Patricia Pérez) que ofreció impulsar un proyecto para que no se entreguen más beneficios a gente que ha cometido delitos contra los Derechos Humanos, lo que no se ha concretado”.
En palabras del abogado, “me parece lamentable que la ministra se haya reunido con hijos de las víctimas mientras el servicio dependiente de su cartera seguía dando más beneficios a estos mismos asesinos”.

ACCIONES LEGALES
Uno de los requisitos para que los internos obtengan este tipo de beneficios carcelarios es que tienen que haber tenido una conducta sin sanciones.
“Durante los alegatos presenté artículos de prensa que daban cuenta de que habían tenido una pésima conducta penitenciaria. Incluso, que Gendarmería presentó una denuncia contra Fuentes Castro al Ministerio Público por amenazar de muerte a otro interno”, asegura Leal. Dicha situación, le costó una sanción de cuatro días de internación en celda solitaria. “González Betancourt también estaba sancionado por participar en una huelga de hambre para obtener beneficios”.

Pero “cuando terminé mi alegato en la Corte, empieza a alegar el abogado de Gendarmería y dijo que habían cumplido con todo. Al final, y porque el juez lo exigió, reconoció que tenían sanciones. Así que pensé que el fallo lo iban a acoger. Pero si bien en el fallo dejaron constancia que, de acuerdo a los antecedentes proporcionados, se podía dar por establecido que Gendarmería había entregado beneficios sin apegarse al reglamento, no fue tomado en cuenta porque nosotros no habíamos acreditado cómo eso había dañado la integridad física de los afectados. O sea, querían que les llevara un psiquiatra que dijera que a los hijos les afecta que anden libres los asesinos de sus padres”.
En su opinión, “lo delicado era que la Corte Suprema estaba validando beneficios sobre la base de una mentira: Gendarmería y el Ministerio de Justicia dijeron que cumplían requisitos cuando no los cumplían. Así que hice una presentación a Contraloría, pidiendo iniciara sumario administrativo en contra de Gendarmería y el Ministerio”.

Pero el órgano contralor se abstuvo de pronunciarse sobre el tema.
Luego de esto, hicieron una denuncia ante el Ministerio Público, el que dio a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI orden de investigar .
Hace 10 días, Leal presentó una querella criminal por falsificación ideológica –que se aplica cuando un funcionario público falta a la verdad en hechos sustanciales– en representación de una hija de Guerrero que vive en Suecia, América Guerrero. Fue declarada admisible.
Según detalla el abogado, “estamos pidiendo que sea citado el ex director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, el jefe de gabinete del director, coronel Cristian Alveal, y también el funcionario del Ministerio de Justicia que informó a la Corte”.


La Nación

14 de Octubre de 2012

DD.HH.: 14 CONDENADOS RECIBIERON BENEFICIOS DE GENDARMERÍA

La mayoría se encuentra en libertad vigilada y otros obtuvieron la salida dominical, como los dos condenados por los secuestros y degollamientos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. Observatorio de DDHH de la Universidad Diego Portales cuestiona estos beneficios.

 El 3 de agosto se informó que el Consejo Técnico de Gendarmería concedió el beneficio de la salida dominical al coronel (R) de Carabineros Guillermo González Betancourt y el sargento (R) José Fuentes Castro, quienes se encuentran recluidos en Punta Peuco, cumpliendo cadena perpetua simple por los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, así como del secuestro de otras 6 personas en marzo de 1985, situación que fue conocida como el “Caso Degollados”. La condena de primera instancia fue dictada por el ministro Milton Juica en marzo de 1994 y quedó a firme en octubre de 1995.

 La noticia impactó en el mundo de los derechos humanos y particularmente entre los familiares de las víctimas, quienes para tratar de revertir la medida presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, indicando que les causaba un profundo daño moral y perturbaciones sicológicas. El recurso fue aceptado a tramitación y el tribunal solicitó a Gendarmería que informe los antecedentes que se tuvieron a la vista para adoptar la resolución.

 Fue en estas circunstancias que se supo que otros condenados también habían recibido beneficios carcelarios. En total, se trata de 14 reclusos que cumplen sentencia en Punta Peuco y el Penal Cordillera de Peñalolén. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales informó que los siguientes condenados por violaciones a los DDHH gozan de distintos beneficios penitenciarios (todas las sentencias son afirme, es decir, ratificadas por la Corte Suprema):

 - Hugo Enrique Alarcón Vergara, ex empleado civil de la Central Nacional de Informaciones (CNI), condenado en 2006 a 5 años y 1 días como cómplice del homicidio calificado del carpintero Juan Alegría Mundaca (caso Tucapel Jiménez). Recibió una conmutación de 8 meses y actualmente se encuentra en libertad condicional.

 - Primitivo Castro Campos, suboficial (R) de Carabineros, condenado en 2007 a 5 años y 1 días por el homicidio de Carlos Fuentealba Herrera. Se le conmutaron 17 meses y está en libertad condicional.

 - Luis Fernando Romo Morales, mayor (R) de Carabineros, sentenciado en 2007 a 5 años y 1 días por los secuestros calificados de José Lorenzo Cofré Obadilla y Carlos Montecinos Urra. Se le benefició con una reducción de pena de 8 meses, la conmutación de otros 3 y se encuentra en libertad condicional.

 - Juan de Dios Caniulaf Hualme, civil, condenado en 2007 a 3 años como encubridor del homicidio simple de José Matías Ñanco. Recibió los beneficios de salida controlada y se le redujo la pena en 5 meses. Se encuentra libre.

 - Alejandro Molina Cisternas, suboficial (R) de Carabineros, sentenciado en 2007 a 5 años y 1 día por los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Olea Alegría. Se le redujo la pena en 8 meses y está libre.

 - Gerardo Ernesto Urrich González, mayor (R) de Ejército, condenado en 2007 a 5 años y 1 día por los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Olea Alegría. Además, está acusado en otras 3 causas y procesado en otras 21. Se le redujo la pena en 8 meses y está libre.

 - Patricio Zamora Rodríguez, capitán (R) de Carabineros, condenado en 1995 a 15 años y 1 día por los secuestros de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino y como cómplice de los homicidios de los tres y por los secuestros de otras cinco personas en el mismo caso. También tiene otras tres condenas a 5n años y 1 días por violencia innecesaria con resultado de muerte de Percy Arana; 541 días por asociación ilícita y 541 días por lesiones. Se le redujo la pena en 13 meses y está libre.

 - Emilio Enrique Neira Donoso, ex agente de la CNI y teniente coronel (R) de Ejército, condenado a la pena única de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, como autor de los homicidios calificados de José Valenzuela Levi y de Recaredo Valenzuela Pohorecky, ocurridos en junio de 1987 en el marco de la “Operación Albania”, cuya sentencia quedó a firme en agosto de 2007. Se le concedió el beneficio de la salida dominical.

 - Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, coronel (R) de Ejército, condenado en 7 oportunidades, entre 2007 y 2011, por varios secuestros calificados (desapariciones). Recibió una reducción de pena de 7 meses. En algunos casos ya se encontraba con libertad vigilada. Actualmente está en libertad.

 - José Florentino Fuentes Castro, sargento (R) de Carabineros, condenado en 1995 a presidio perpetuo simple (mínimo de 20 años) y 541 días por los homicidios de Parada, Nattino y Guerrero y por los secuestros de 6 dirigentes de la Agech. Acaba de recibir el beneficio de salida dominical.

 - Guillermo Washington González Betancourt, coronel (R) de Carabineros, condenado a presidio perpetuo simple en el mismo caso del anterior. Junto con Fuentes, acaba de obtener la salida dominical.

 - Otto Silvio Trujillo Miranda, alias “Colmillo Blanco”, ex empleado civil de la Fuerza Aérea de Chile e integrante del Comando Conjunto, condenado en 2010 a 3 años y 1 día como cómplice del secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, detenido por el Comando Conjunto en noviembre de 1975. Trujillo, además, se encuentra procesado o acusado en otras 5 causas, como autor o cómplice de las desapariciones de 11 militantes del Partido Comunista, detenidos por el Comando Conjunto en los años 1975 y 1976. Se le concedió la salida dominical.

 - César Luis Palma Ramírez, alias “Fifo”, también ex empleado civil de la Fuerza Aérea de Chile e integrante del Comando Conjunto, quien igualmente fue condenado en 2010 a 5 años y 1 día por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez. También fue condenado en 2007 a 3 años y 1 día, con el beneficio de la libertad vigilada,  como autor del homicidio de Carlos Contreras Maluje, detenido en noviembre de 1976. Además, se encuentra procesado o acusado en otras 6 causas, como autor de las desapariciones de 13 militantes del Partido Comunista, detenidos por el Comando Conjunto en los años 1975 y 1976. Se le concedió la reclusión nocturna.

 - Odlanier Rafael Mena Salinas, general (R) de Ejército, ex director de la CNI, condenado en 2008 a 6 baños por tres secuestros calificados (Caso Caravana de la muerte, episodio Arica).

 El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, al ser consultado acerca del tema, manifestó que respaldaba plenamente las decisiones del Consejo Técnico de Gendarmería, ya que si bien los beneficiados podían haber cometido “delitos rechazables, también tienen derechos humanos”. Sin embargo, en opinión del Observatorio de DDHH “hay razones muy fundamentadas para cuestionar la aplicabilidad de normas del derecho interno diseñados para crímenes comunes a crímenes que, por su carácter de lesa humanidad, revisten la mayor gravedad, según normas activamente reconocidas y ratificadas por el mismo Estado de Chile”.


La Nación

4 de abril de 2011 

INDULTO: 9 CONDENADOS A PERPETUA EN PUNTA PEUCO NO CALIFICARÍAN

 Están sentenciados por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca, operación Albania y caso Degollados. Entre ellos se cuentan Álvaro Corbalán Castilla y Carlos Herrera Jiménez. No cumplirían requisitos para beneficio por razones humanitarias.

Nueve ex militares condenados a cadena perpetua cumplen sentencia en el penal de Punta Peuco, según datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP). Estos reos no pueden recibir beneficios antes de 20 años de sentencia y tampoco podrían optar a un eventualindulto por razones humanitarias.

Se trata de Álvaro Julio Corbalán Castilla, Carlos Herrera Jiménez, Armando Cabrera Aguilar, Hugo Iván Salas Wenzel, Miguel Arturo Estay Reino, José Florentino Fuentes Castro, Guillermo Washington González Betancourt, Alejandro Segundo Sáez Mardones y Claudio Alberto Salazar Fuentes.

El mayor de Ejército (R) Álvaro Julio Corbalán Castilla no requiere de mayores presentaciones. En el año 2000, el ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) de Santiago fue condenado a perpetua por la Corte Suprema por el homicidio calificado del carpintero Juan Alberto Alegría Mundaca.

LO "SUICIDARON"

En 1983 el cadáver de Alegría apareció en Valparaíso con las muñecas cortadas, junto a una "carta-suicida" en que se incriminaba por el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez. Sin embargo, los homicidas cometieron el error de cercenarle tan profundamente una mano, que no habría podido manejar un arma blanca para cortarse la otra.

Por el crimen de Alegría Mundaca también fueron condenados a perpetua el mayor de Ejército (R) Carlos Herrera Jiménez y el suboficial de Carabineros (R) Armando Cabrera Aguilar, los dos adscritos a la CNI. Los homicidas pensaron que, en su condición de alcohólico y por tener antecedentes penales, el carpintero sería el chivo expiatorio perfecto para el crimen del sindicalista.

Herrera Jiménez es otro que tampoco requiere presentación. Estuvo prófugo en Argentina, de donde fue extraditado. Paradojalmente, en 2004 Herrera Jiménez fue condenado por la Corte Suprema a sólo 10 años de cárcel como autor material del homicidio de Tucapel Jiménez, ex presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), crimen cometido en 1982.

OPERACIÓN ALBANIA

En 2007, el máximo tribunal del país dejó a firme la condena a cadena perpetua en contra del general de Ejército (R) Hugo Iván Salas Wenzel, ex director de la CNI, como coautor de cinco homicidios simples y como coautor de siete homicidios calificados en el caso Albania.

La Operación Albania o "Matanza de Corpus Christi" se produjo entre los días 15 y 16 de junio de 1987, en Santiago. En ella doce miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fueron ejecutados por agentes de la CNI en diversos puntos de la capital en supuestos enfrentamientos.

En esta misma causa, Álvaro Corbalán fue condenado por la Suprema a 20 años de cárcel como coautor de cuatro homicidios simples y como coautor de ocho homicidios calificados.

CASO DEGOLLADOS

Los otros cinco condenados a perpetua son ex carabineros que participaron en uno de los peores crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet: el degollamiento de los profesionales comunistas José Manuel Parada Maluenda, Manuel Leonidas Guerrero Ceballos y Santiago Esteban Nattino Allende.

El 28 y 29 de marzo de 1985, los tres fueron secuestrados por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, Dicomcar. Al día siguiente, sus cuerpos aparecieron degollados y con signos de tortura en un camino de Quilicura. En agosto de ese año, el caso provocó la salida del general director de Carabineros, César Mendoza, de la Junta Militar de Gobierno.

En 1995, el coronel de Carabineros (R) Guillermo Washington González Betancourt, ex jefe de la Dicomcar, fue condenado por la Corte Suprema a presidio perpetuo como autor de los secuestros seguidos de homicidios de Parada, Guerrero y Nattino, y también como autor de los secuestros de otras seis personas.

Nattino y Guerrero pertenecían a la Asociación Gremial de Educadores de Chile (Agech), entidad paralela al entonces oficialista Colegio de Profesores. Los seis secuestrados que sobrevivieron pertenecían a la Agech. El sociólogo José Manuel Parada era hijo de los actores Roberto Parada y funcionario de la Vicaría de la Solidaridad.

Los otros ex carabineros condenados a perpetua por este crimen son el ex empleado civil Miguel Arturo Estay Reino ("El Fanta"), el sargento (R) José Florentino Fuentes Castro, y los cabos (R) Alejandro Segundo Sáez Mardones y Claudio Alberto Salazar Fuentes.


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