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Erwin Gestaer Gálvez

General (R) de Ejercito

El paso de la caravana de la muerte por Calama y Copiapó dejó un rastro de dolor y sangre por el gran numero de personas ejecutadas en ambas ciudades.

Los oficiales y suboficiales que cometieron estos alevosos crímenes obedecían ordenes directas del General Sergio Arellano Stark, quien a su vez contaba con una autorización expedita de Augusto Pinochet.

En Calama esta comitiva dejo de acuerdo a las investigaciones un total de 26 dirigentes ejecutados, cuyos cuerpos en primera instancia fueron inhumados ilegalmente y luego, en 1976, desenterrados y arrojados al mar.

Fue el capitán en la época, Carlos Minoletti Arriagada,  es quien fue encargado de elegir los fusileros y ejecutar los fusilamientos, también existen testimonios de que este criminal procedió a dar los tiros de gracia a los prisioneros ejecutados. Posteriormente, fue el quien participó en los entierros de los cuerpos en fosas clandestinas y después, a fines del año 76, tuvo la misión de ubicar las fosas para desenterrarlos, subirlos a un avión de la Fach en el aeródromo local para luego arrojarlos al mar.

Entre los culpables de estos crímenes se encuentran además de Carlos Minoletti Arraigada, el coronel en retiro, Eugenio Rivera Desgroux, comandante del regimiento de Calama al tiempo de la caravana; el brigadier en retiro Carlos Lange Fonfurstenberg, el coronel en retiro, Víctor Santander Véliz, y el suboficial en retiro Gerónimo Rojo Rojo.

Durante su paso por Copiapó la “Caravana de la Muerte”, y también bajo las ordenes directas del General Sergio Arellano Stark dejó otro rastro de dolor. Un total de 16 personas fueron ejecutadas en esta ciudad, de las cuales 13 fueron encontrados en una fosa común ilegal en 1990 y 3 aún permanecen desparecidos.

Todas estas personas fueron llevadas hacia el interior de la pampa por un grupo de oficiales comandados por el brigadier en retiro Patricio Díaz Araneda. Este oficial junto a los coroneles Ricardo Yáñez Mora y Marcelo Marambio Molina, mas el teniente coronel Waldo Ojeda Torrent, fueron quienes ejecutaron a 13 prisioneros el día el 17 de octubre de 1973

Los otros 3 prisioneros  fusilados el mismo día fueron ejecutados por el general retirado Erwin Gestaer Gálvez; y los oficiales en retiro Fernando Castillo Cruz, Oscar Pastén Morales y Ramón Zúñiga Ormeño

Fuentes de Información: La Nación; El Mostrador; www.piensachile.com; Archivo Memoriaviva;


El Mostrador, 21 DE MARZO DE 2006

Ordenan detención de encausado

Caso Caravana: Procesan a ex militares por 42 homicidios en Calama y Copiapó

Ministro Víctor Montiglio encausó a los responsables de los regimientos de las nortinas ciudades por la eventual responsabilidad que les cabe en las ejecuciones de opositores a la dictadura. La decisión se produce cuatro días después que recalificara los cargos contra los principales imputados, medida que ha sido vista como una antesala a la aplicación de la amnistía o la prescripción.

Un juez procesó este martes como presuntos autores de homicidio a trece militares retirados, por su participación en 42 crímenes cometidos en 1973 por la llamada “Caravana de la Muerte” en los episodios de Calama y Copiapó, informaron fuentes judiciales.

Entre los procesados, contra los que el juez de la causa, Víctor Montiglio, dictó también órdenes de arresto, figuran un general retirado, brigadieres, coroneles y oficiales de menor graduación, así como algunos suboficiales, precisaron las fuentes.

La decisión se produce cuatro días después que el magistrado decidera recalificara los cargos de secuestro calificado a homicidio calificado contra los principales imputados en la investigación, en una resolución que ha sido interpretada como una antesala a la aplicación de la amnistía o la prescripción.

Desde el punto de vista procesal, el secuestro permanente es un delito establecido en la legislación internacional sobre crímenes de lesa humanidad y, en ese marco, no puede ser objeto de una amnistía o declararse prescrito. En cambio, al ser caratulados como homicidios, el juez queda en condiciones de aplicar la legislación sobre prescripción o amnistía.

Los encausados este martes por el juez no formaban parte de la fatídica comitiva, sino que pertenecían a las dotaciones de los regimientos de las nortinas ciudades de Calama, donde fueron asesinados 26 prisioneros, y Copiapó, donde las víctimas sumaron 16.

Según la resolución judicial, algunos de los nuevos procesados participaron en las ejecuciones, otros se ocuparon de los entierros clandestinos de las víctimas o participaron, años más tarde, en su exhumación y lanzamiento al mar de los cadáveres.

Los procesados fueron detenidos y llevados para ser notificados de la resolución ante el juez Montiglio, quien dispuso su reclusión en el Batallón de Policía Militar. Sólo no han sido arrestados Ramón Zúñiga Olmedo, quien reside en Iquique, y Carlos Minoletti Arriagada, que vive en Estados Unidos.

Procesados

Por el episodio de Copiapó, el magistrado encausó al brigadier Patricio Díaz Araneda, los coroneles Ricardo Yáñez Mora y Marcelo Marambio Molina, y el teniente coronel Waldo Ojeda Torrent, como autores de trece homicidios calificados, perpetrados el 17 de octubre de 1973.

Por otros tres crímenes, cometidos el mismo día, fueron encausados el general retirado Erwin Gestaer Gálvez; y los oficiales en retiro Fernando Castillo Cruz, Oscar Pastén Morales y Ramón Zúñiga Ormeño.

En tanto, en el caso de Calama, entre los procesados figura el coronel retirado Eugenio Rivera Desgroux, que en 1973 comandaba el regimiento de esa ciudad y que ha asegurado que trató de oponerse a la orden del jefe de la comitiva, el general Sergio Arellano Stark, de asesinar a los prisioneros.

Entre los asesinados en Calama hubo dirigentes sindicales, profesionales y un periodista, Carlos Berger, que había sido condenado por un consejo de guerra a sólo 61 días de prisión.

También fue procesado el ex mayor Carlos Minoletti, que dirigía la compañía de Ingenieros del regimiento y se encargó de sepultar los cadáveres en el desierto. A finales de 1976, según el expediente, dirigió también la exhumación de los cuerpos para que fuesen lanzados al mar.

La exhumación se hizo con una máquina excavadora y en el lugar quedaron centenares de fragmentos óseos que permitieron, en los años 90, reconstruir los hechos e incluso identificar a algunas de las víctimas.

Del personal del regimiento de Calama fueron procesados también el ex brigadier Carlos Lange von Furstenberg, el suboficial Gerónimo Rojo y el coronel Víctor Santander Véliz.
 

Argumentos de Montiglio

Según comentó por la tarde el juez Montiglio, "la diligencia, dado el número de procesados, ha sido bastante positiva, porque esto permite que la causa siga su curso y avance como corresponde".

Ante la consulta periodística, sólo reveló que cuatro de los procesados solicitaron la libertad bajo fianza, beneficio sobre el cual resolverá tras una nueva revisión de sus antecedentes.

Resaltó, asimismo, que todos los procesados han colaborado con su trabajo al comparecer y destacó el rol de la Policía de investigaciones, que "ha hecho esto en un muy breve plazo".

Sobre la recalificación de los delitos, recordó que existen modificaciones en autos de procesamiento anteriores y las últimas "guardan coherencia" con lo hecho en el pasado.

"Uno tiene que aceptar la realidad tal como es y no acomodarla a otras circunstancias", manifestó el magistrado en alusión al reconocimiento en su causa de la muerte de las víctimas de la represión política durante el gobierno militar.

"Si partimos de la base de que están los certificados de defunción, los testimonios y hay confesiones, creo que es casi imposible decir que (las personas) están secuestradas", argumentó.

Montiglio declinó pronunciarse sobre la eventual aplicación de amnistía o prescripción en los casos tras la reclasificación, "porque es un asunto que hay que resolver en otra oportunidad".

"Es un punto que hay que resolver en la sentencia definitiva. El papel mí es el de un juez instructor y tengo que realizar toda la gestión necesaria para que la causa quede en condiciones de ser resuelta convenientemente y dar todos los pasos para que a su vez las instancias superiores a lo largo del procedimiento puedan ir decidiendo lo que correspondan y conozcan el contenido de la causa", puntualizó.


Mercuriocalama.cl, 22 de marzo de 2006

Ex militares deben responder por la muerte de 26 Calameños

Además por 13 víctimas en Copiapó. Proceso se lleva a cabo en la capital

Informaciones procedentes de Santiago y difundidas ayer por la página de internet de El Mercurio, además de los canales de televisión dan cuenta que nuevos procesamientos dictó, en Santiago, el ministro de fuero Víctor Montiglio en el marco del caso Caravana de la Muerte contra 13 oficiales (r) del Ejército por homicidios calificados cometidos en Copiapó y Calama.

Por la muerte de 26 víctimas en la localidad de Calama, el 19 de octubre de 1973, Montiglio procesó al coronel y comandante del Regimiento Calama, coronel Eugenio Rivera, al brigadier Carlos Langer, al mayor Carlos Minoletti Arraigada, al coronel Víctor Santander Véliz y al suboficial mayor Jerónimo Rojo.

Entre las 26 víctimas de Calama, figura Carlos Berger, quien fuera esposo de la abogada de derechos humanos Carmen Hertz.

Los oficiales (r) encausados fueron notificados ayer en horas de la mañana en dependencias de tribunales, para luego ser conducidos hasta el Batallón de Policía de Peñalolén donde permanecerán detenidos.

La nueva encargatoria de reo se suma a la recalificación de los delitos que la semana pasada efectuó Montiglio en la misma causa, oportunidad en que dejó fuera el delito de secuestro en este proceso.

En Calama, la nómina de los ejecutados políticos es la siguiente: Mario Argüéllez Toro, Carlos Berger Guralnik, Haroldo Cabrera Abarzúa, Gerónimo Carpanchay Choque, Bernardino Cayo Cayo, Carlos Escobedo Caris, Luis Gahona Ochoa, Daniel Garrido Muñoz, Luis Hernández Neira, Manuel Hidalgo Rivas, Rolando Hoyos Salazar, Domingo Mamani López, David Miranda Luna, Hernán Moreno Villarroel, Luis Moreno Villarroel, Rosario Muñoz Castillo, Víctor Ortega Cuevas, Milton Muñoz Muñoz, Rafael Pineda Ibacache, Carlos Piñero Lucero, Sergio Ramírez Espinoza, Fernando Ramírez Sánchez, Alejandro Rodríguez, Roberto Rojas Alcayaga, José Saavedra González, Jorge Yueng Rojas. 

Copiapó

Las encargatorias de reo afectan al brigadier (r) Patricio Díaz Araneda, y a los oficiales (r) Ricardo Yáñez Mora, Waldo Antonio Ojeda y Marcelo Marambio Molina, por 13 víctimas que fueron detenidas el 17 de octubre de 1973 en Copiapó.

El magistrado encausó además como autores del homicidio calificado de tres dirigentes sindicales asesinados en la tarde del mismo día a los oficiales (r) Edwin Herbstard Gálvez, Fernando Castillo Cruz, Ramón Zúñiga Ormeño y Oscar Pastén Morales.

La "Caravana de la Muerte" fue una comitiva militar que entre octubre y noviembre de 1973 recorrió varias localidades chilenas, en las que sus integrantes ejecutaron al menos a 75 presos políticos.

Los procesados hoy por Montiglio no formaban parte de la comitiva, pero pertenecían a las dotaciones de los regimientos de Calama, donde fueron asesinados 26 prisioneros, y Copiapó, donde las víctimas sumaron 16.

De acuerdo con la resolución de Montiglio, algunos de los nuevos procesados participaron en las ejecuciones, otros se ocuparon de los entierros clandestinos de las víctimas o participaron, años más tarde, en su exhumación y lanzamiento al mar de los cadáveres.

Entre los procesados figura el coronel retirado Eugenio Rivera Desgroux, que en 1973 comandaba el regimiento de Calama y que en años posteriores ha asegurado que trató de oponerse a la orden del jefe de la "Caravana de la Muerte", el general Sergio Arellano Stark, de asesinar a los prisioneros.

También fue procesado el ex mayor Carlos Minoletti, que dirigía la compañía de Ingenieros del regimiento y se habría encargado de sepultar los cadáveres en el desierto.

A finales de 1976, Minoletti, según el expediente, dirigió también la exhumación de los cuerpos para que fuesen lanzados al mar.

La exhumación se hizo con una máquina excavadora y en el lugar quedaron centenares de fragmentos óseos que permitieron, en los años 90, reconstruir los hechos e incluso identificar a algunas de las víctimas.

Del personal del regimiento de Calama fueron procesados también el ex brigadier Carlos Lange von Furstenberg, el suboficial Gerónimo Rojo y el coronel Víctor Santander Véliz.

De los que pertenecían al regimiento de Copiapó fueron enjuiciados el general retirado Erwin Gestaer Gálvez; el brigadier Patricio Díaz Araneda, los coroneles Ricardo Yáñez Mora y Marcelo Marambio Molina, y el teniente coronel Waldo Ojeda Torrent.

Además, los ex oficiales Fernando Castillo Cruz, Oscar Pastén Morales y Ramón Zúñiga Ormeño.

Los procesados fueron detenidos en las primeras horas de ayer y llevados para ser notificados de la resolución ante el juez Montiglio, quien dispuso su reclusión en el Batallón de Policía Militar, en el sector oriente de Santiago. 

Juez Guzmán

El caso de la "Caravana de la Muerte" estuvo anteriormente a cargo del juez Juan Guzmán Tapia, que en 2001 procesó a Augusto Pinchet, pero el ex dictador (1973-1990) fue absuelto por la Corte Suprema por padecer supuestamente demencia subcortical.

La semana pasada, Montiglio resolvió cambiar de secuestro a homicidio el delito por el que están procesados los integrantes de la "Caravana de la Muerte" en los casos de diecinueve víctimas, lo que despertó el temor de la parte querellante de que se aproxime un fallo de amnistía para los autores o la prescripción del caso. 

Montiglio

El ministro de fuero Víctor Montiglio explicó las razones por las cuales recalificó el procesamiento desde secuestro a homicidio calificado en el marco del caso Caravana de la Muerte.

"Hay que aceptar los hechos como objetivamente son", dijo el magistrado tras notificar a los 13 nuevos procesados en la causa, para referirse a la convicción de que las víctimas están muertas.

"Partimos de la base que están los certificados de defunción, los testimonios, confesiones por lo que yo creo que es casi imposible decir que están secuestrados", aseveró el juez.

Montiglio declinó pronunciarse sobre la posibilidad de aplicar la amnistía o prescripción a estos delitos, sosteniendo que no corresponde hacerlo en esta etapa procesal.

Junto con ello, precisó que investigará los hechos hasta el final. "El papel mío es el de un juez instructor que tiene que realizar todas las gestiones necesarias para que la causa quede en condiciones de ser resuelta convenientemente", afirmó.

Los militares procesados fueron trasladados en medio de una manifestación de familiares de las víctimas, quienes gritaban "asesinos", mientras eran trasladados hasta el Batallón militar de Peñalolén, donde permanecerán durante las próximas horas.

El ministro debe resolver si concederá la libertad provisional a los uniformados que se la solicitaron.

 

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