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Eduardo Enrique Fornet Fernández

Coronel Fach

Miembro del Comando Conjunto

Ex director de inteligencia de la FACH, cuñado del integrante de la junta Fernando Matthei. Se desempeñaba como secretario de la FACH. Perdió la posibilidad de llegar a la comandancia en jefe cuando renunció en solidaridad a Gustavo Leigh luego de que Pinochet lo echó de la Junta.


Ex oficiales y suboficiales de la Fach fueron cruelmente torturados en la Academia de Guerra Aérea (AGA)
El general (r) Sergio Poblete Garcés recuerda el trato que le dieron sus compañeros de arma cuando fue detenido "comenzaron las torturas que incluyeron, además de golpes, quemaduras en las manos y brazos. Me llevaron a una pieza con un sillón tipo dentista y trataron de hipnotizarme -práctica que realiza la DINA y efectuaba el médico Osvaldo Pinchetti- a lo que resistí mordiéndome el interior de las mejillas hasta sacarme pedazos. Durante los días y las noches que me torturaban me mantenían de pie con las manos amarradas a la espalda con cuerdas de paracaídas, además aprovechaban de golpearme con los puños y culatazos. Eran sesiones que duraban horas. Después de una con electricidad, en que me amarraban a un somier metálico y semi desnudo me aplicaban corriente en diversas partes del cuerpo, dientes, genitales, y lugares sensibles, me tiraron por una escalera y abajo estaba el general (r) Gustavo Leigh, quien dispuso mantenerme de pie en el centro de una sala observándome silenciosamente durante un largo tiempo".
La crueldad que caracterizó su permanencia en la Academia de Guerra Aérea (AGA) alcanzó tal nivel que el 8 de octubre de 1973 "fue asesinado a un metro frente de mí, y en presencia de otros prisioneros, el sargento FACH Rafael Reyes Gajardo, sólo porque en una crisis de desesperación se puso a llorar y preguntó por su familia de la cual no tenía noticias. El soldado que le disparó fue felicitado personalmente por el general (r) Orlando Gutiérrez Bravo y el comandante (r) Sergio Lizosoain Mitrano".

Los nombres de los torturadores de la Academia de Guerra quedaron grabados en la memoria de los detenidos y contra ellos interpondrán nuevas querellas.

Los torturadores del AGA son:
Orlando Gutiérrez Bravo, General (r)
Sergio Lizosoain Mitrano, Coronel (r)
Julio Tapia Falk, Abogado
Cristián Rodríguez, Asesor legal
Jaime Cruzat, Asesor legal
Víctor Barahona, Asesor legal
Jaime Lavín Fariña, Comandante de grupo (r)
León Duffey, Comandante de Escuadrilla (r)
Edgard Ceballos Jones, Comandante de Grupo (r)
Ramón Cáceres Jorquera, Comandante de Escuadrilla (r)
Florencio Dublé, Capitán (r)
José García Huidobro, Teniente (r)
Juan Soler Manfredini, General (r)
Eduardo Fornet, Coronel (r) que se desempeñaba como secretario de la FACH;
Carlos Cáceres, Comandante de Escuadrilla (r) piloto,
Gonzalo Pérez Canto, Comandante de Escuadrilla (r) piloto,
Alvaro Gutiérrez, Capitán de Bandada (r) piloto,
Víctor Mettig, Capitán de Bandada (r) piloto,
Juan Carlos Sandoval, Teniente (r)
Franklin Bello, Teniente (r)
Juan Norambuena, Suboficial (r)
Hugo Lizana, Sargento de Aviación (r)
Humberto Berg Fontecilla, Coronel médico de la FACH (r)
Sergio Sanhueza López, Coronel Ingeniero
Javier Lopetegui Torres, Coronel (r) piloto
Carlos Godoy Avendaño, Comandante de Grupo (r) piloto
 


Primera Línea, 20 de Junio de 2002

Caso Rivera Matus: Oficio reservado del Ejército abre las puertas a la vinculación del Dine 

 

El escueto documento es considerado como vital para los querellantes en el caso que aseguran que permitirá definir la participación del Dine en los interrogatorios a que fue sometido el dirigente comunista. Mientras, el juez con dedicación preferente aguarda un oficio de la Fach en que se debe precisar quiénes integraban la Difa, Sifa y la Base Aérea de Colina.   

Bajo la firma del general de división y Jefe de Estado Mayor, general Roberto Arancibia Clavel, y con carácter reservado, un nuevo documento viene a reafirmar la tesis de que la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) tuvo algún grado de participación en la muerte del dirigente comunista Juan Luis Rivera Matus, detenido el 6 de noviembre de 1975. 

El documento solicitado por los querellantes y anexado al proceso rol 107.877 que tramita con carácter preferente el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, llegó a manos de este tribunal el 17 de mayo. 

En un escueto escrito Arancibia asegura que entre noviembre de 1975 y los primeros meses de 1976 dirigía el Dine el mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla secundado por el general (r) Sergio Díaz López. Nada dice el documento sobre las visitas que ex agentes del Comando Conjunto realizaron a la base aérea de Colina -conocida como Remo Cero- en la fecha en que fue acribillado Rivera. 

Sin embargo, días antes de llegar el escrito, el propio mayor(r) Corbalán compareció ante los tribunales. Durante la toma de declaración indagatoria -requisito procesal para someter a proceso a cualquier inculpado- el oficial en retiro, ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), afirma que durante noviembre viajó fuera del país, por lo que mal pudo haber tenido antecedentes sobre el deceso del dirigente comunista. 

Es más, Corbalán afirma que nunca supo que oficiales del Dine deambularán por la base de Colina, y menos aún tuvo conocimiento de la integración del Comando Conjunto. 

La negación de todos los antecedentes no destruye -sostienen los querellantes- la tesis promovida tras las declaraciones obtenidas en Francia del ex agente del Comando Andrés Valenzuela Morales, conocido por su chapa El Papudo, quien confirmó ante peritos del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones que el Dine participó en los interrogatorios a Rivera Matus. 

El dato también fue ratificado por un hermano del agente del Comando, que también compareció ante el juez preferente. 

Pero el avance que implica el oficio reservado es sólo uno de los frentes por los cuales sigue la investigación del magistrado Billard. El juez aguarda con impaciencia otro oficio -también de carácter reservado- pero esta vez proveniente de la Fach, en donde se debe entregar la nómina completa de agentes que integraban la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (Difa) y del sucesor de éste, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (Sifa). Al mismo tiempo deberá especificar qué personas, oficiales u agentes, integraban la planta de la Base Aérea de Colina. 

Los informes son considerados primordiales porque permitirán restringir aún más el área de investigación del juez, pero estas no son las únicas diligencias despachadas y efectuadas en los últimos días. 

Los primeros vinculados: Investigaciones 

El proceso, tras la designación del juez Billard en calidad de preferente, ha avanzado a paso más firme. A ello se suma la decisión del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior de hacerse parte como coadyuvantes en el caso. 

Con estos elementos en mano, el proceso cuenta en su expediente con testimonios vitales como el interrogatorio efectuado el 9 de mayo al vicecomandante del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, comandante de grupo (r) Carlos Arturo Madrid Hayden.

El ex oficial afirmó que en noviembre de 1975 se encontraba en la Base de Aérea de Colina con el cargo de comandante de este regimiento y en ese momento su superior director era un comandante de apellido Cardenas que falleció. Pese a la insistencia de las consultas del tribunal sobre la posibilidad que se hayan efectuando interrogatorio al interior de la Base, el oficial niega los antecedentes e incluso sostiene que jamás supo de visitas de otros servicios de inteligencia. 

La tesis se contrapone con todo lo obrado en las investigaciones sobre el Comando Conjunto que afirman que en 1975 tuvo su apogeo la unión de los servicios de inteligencia del Ejército, Fach, Armada e Investigaciones que aportaba cada uno con sus mejores oficiales. 

En la misma senda de estos testimonios, el ex director de inteligencia de la Fach, Eduardo Enrique Fornet Fernández, compareció ante el juez Billard, repitiendo el planificado discurso de la negación absoluta. El oficial figura en prácticamente todos los procesos sobre el Comando Conjunto. 

Para el magistrado también resulta vital definir cuál fue el equipo de autodenominados agentes de Investigaciones que ordenó el 6 de noviembre de 1975 la detención de Rivera Matus. 

Y en esa línea las pesquisas se dirigen hacia los ex gerentes de Chilectra, lugar donde trabajaba la víctima. Días previos a su detención, sujetos de civil vigilaron la residencia de Rivera Matus y el mismo grupo acudió hasta la oficina donde se desempeñaba el detenido, requiriendo información. Allí se les comunicó que Rivera hacía uso de un descanso ante la muerte de un familiar, pero igualmente los ejecutivos fueron conminados a citar a la víctima. Fue justamente cuando arribó Rivera Matus hasta Chilectra cuando fue detenido, de ahí que los querellantes soliciten al juez Billard que cite a declarar a todos los ejecutivos de Chilectra que se desempeñaron en la fecha del ilícito. 

Hasta ahora sólo ha concurrido a declarar, el entonces director de personal, Aurelio Rodríguez Somerst, quien afirmó que desconocía si efectivamente los agentes correspondían a Investigaciones como aseguraban. La idea de los querellantes es que se realice una rueda de reconocimiento en donde los ejecutivos tengan en su poder de las fotografías de los agentes que han comparecido ante el juez. Así se podrá definir si efectivamente fue la policía civil o miembros del Comando Conjunto los que detuvieron a Rivera y con ello, esclarecer la primera parte del crimen.


 

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