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Carlos Ferrer Gómez

Superintendente de la Papelera de Laja

 Domicilio: Lomas Coloradas 418, Las Condes, Santiago

Teléfono: 22295877

Carlos Ferrer Gómez era el Superintendente de la Papelera de Laja en Septiembre de 1973 y participó directamente en la denuncia, entrega y detención de una gran cantidad de trabajadores de la Papelera de Laja. Carlos Ferrer personalmente facilitó vehículos y acompaño a Carabineros a detener a los trabajadores dentro de la fábrica. Los presos políticos fueron mas tarde trasladados a la Cárcel de los Ángeles.  Posteriormente 19 presos políticos fueron sacados de la cárcel y asesinados por sus captores. Las víctimas eran:  Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Oscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Juan Antonio Acuña Concha, Mario Jara Jara, Juan Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Mufloz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Becerra Avello, Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Alfonso Macaya Barrales, Wilson Muñoz Rodríguez, Fernando Grandón Galvez, Jorge Lamana Abarzúa, Rubén Campos López.

Fuentes de Información: Archivo Memoriaviva


Revistanos.cl, septiembre de 2011

Diez carabineros procesados: Caso Laja-Yumbel, el largo peregrinar por justicia

Diez años tenía Mauricio Araneda Medina cuando salió persiguiendo a la patrulla que se llevaba a su padre a la subcomisaría de Laja. En su fantasía de niño creyó poder rescatarlo y volver con él al hogar, en San Rosendo, el pueblo que popularizó La Carmela y que en 1973 todavía era el ombligo de Ferrocarriles del Estado, donde a lo menos  quince trenes diarios, con miles de almas en viaje, “combinaban” sus destinos al sur o al norte del país en febril actividad.

De una de esas locomotoras a vapor -que llenaban su panza con carbón de Lota- era maquinista Luis Araneda Reyes. Tenía 48 años, era dirigente, socialista y el último de los 19 detenidos desaparecidos de Laja-Yumbel en ser apresado por el entonces teniente Alberto Fernández Mitchel y sus 13 carabineros. Se lo llevaron desde la puerta de su casa después de alcanzar a despedirse de su mujer y de sus cuatro hijos. Uno de ellos, el hoy abogado Araneda Medina, acusa: “De  la Papelera-Laja salió la lista…”

El profesional hace referencia así a los civiles, identificados pero intocados hasta ahora por el ministro para causas de derechos humanos, Carlos Aldana Fuentes, quien el 18 de agosto de 2011, en histórica reconstitución de la matanza de Laja-San Rosendo, en el  fundo San Juan de Laja, lograra la confesión de 10 ex carabineros y  de cómo mataron a estos  obreros y ferroviarios al borde de una zanja de 60 centímetros de profundidad. De los cuatro inculpados restantes, tres están fallecidos- Pedro Rodríguez Ceballos, Evaristo Garcés y Sergio Castillo-y un cuarto carabinero no compareció a la diligencia judicial por hallarse enfermo.

“Los inculpados están confesos de la participación que tuvieron en este lugar y la han recreado de manera tal que concuerda con lo que han dicho anteriormente en declaraciones que le prestaron a este ministro, pero que en averiguaciones hechas por el ministro Martínez habían ocultado”, dijo el ministro Carlos Aldana al concluir la diligencia.

Un juez y dos ministros en visita -Carlos Aldana y José Martínez Gaensly -se han ocupado en 38 años de este caso de lesa humanidad, el segundo en importancia por el número de víctimas después de Lonquén. Luego se conocería lo de Mulchén y otros más. “Hace poco, visité al ministro Aldana y le agradecí en nombre de los que investigamos estos hechos, su decisión de descubrir la verdad”, dijo desde Ancud la abogada Martita Wörner Tapia, quien iniciara, en 1977, desde el Departamento de Derechos Humanos del Arzobispado de Concepción, las primeras indagaciones “para armar el puzzle”, y en el que pusieron todo su empeño curas como el de Laja, Félix Eicher, y los médicos legistas César Reyes, Juan Zuchel y María Antonieta Henríquez, entre tantos otros profesionales.

De los 10 carabineros hoy procesados por  homicidio calificado, sólo uno de ellos, el ex teniente Fernández sigue detenido en la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz.  En Iquique lo halló el largo brazo de la ley. Antes de abordar la patrulla de la PDI que recorrió 2.289, 73 kilómetros para que compareciera ante el juez, Fernández se despidió de su mujer y de su hijo enfermo. Les prometió volver. La misma promesa que 38 años atrás hiciera el maquinista Luis Araneda a su familia. Nunca regresó.

Pero no sólo directivos de la CMPC-Laja deberían comparecer ante el ministro Aldana según los requerimientos que preparan familiares de estas víctimas; también magistrados, como la ex jueza de Yumbel, Corina Mena, y  la ex secretaria de ese mismo tribunal y hoy ministra de la Corte Suprema, Rosa Egnem Saldías, quien, en octubre de 1973, recibió un parte de Carabineros que daba cuenta del hallazgo de 18 cadáveres que fueron encontrados en el fundo San Juan tapados con cal y trasladados a una fosa común del Cementerio de Yumbel. Como jueza subrogante y seis meses de experiencia en el tribunal, no investigó y  en una caja de fondos  guardó el papel por orden de la titular.

“En ese momento yo encontraba que lo que hacía y que agradara a la señorita Corina estaba bien hecho, porque ella sabía y tenía más experiencia” declaró Rosa Egnem en 1978 ante el ministro José Martínez Gaensly, según consigna en “No hay dolor inútil” la  periodista María Eliana Vega. El libro publica casos de derechos humanos en la Región del Bíobío entre 1973 y 1991 y que defendió la Iglesia de Concepción, en particular los obispos Manuel Sánchez, Alejandro Goic y José Manuel Santos.

“Muchas víctimas fueron asesinadas la madrugada del 18 de septiembre del 73’ a las 5.10 A.M en el fundo San Juan y tres meses después, exhumados y llevados al Cementerio de Yumbel  por policías de ahí mismo. Ella era magistrado y  se mantuvo en silencio; actuó igual que aquella jueza que le dio la orden de omitir. Desde luego la ministra Rosa Egnen no tiene responsabilidad en los hechos directos, pero esto denota  el estándar ético que uno tiene que pedir a quienes administran justicia, sobre todo desde el  máximo tribunal del país”, precisa el abogado Araneda.

Constituido en visita extraordinaria en el tribunal de Laja  para el proceso investigativo Rol N° 2770, el ministro Martínez Gaensly  logró establecer en 1978  la ubicación de la fosa común en el cementerio de Yumbel con 18 cuerpos, y en el fundo San Juan –lugar de la primera inhumación de las víctimas- el cuerpo número 19  faltante. Todos  fueron entregados a sus familiares cinco años después de permanecer en condición de detenidos desaparecidos. El 18 de marzo de 1980 y como había personal uniformado comprometido, el ministro Martínez se declaró incompetente y la causa pasó a la justicia militar, que la sobreseyó y aplicó la Ley de Amnistía. Era el 3 de diciembre de 1981.

Por un “choco” de diente

Diez años tenía  el abogado Araneda la última vez que vio a su padre el 15 de septiembre de 1973 de camino a la subcomisaría de Laja; catorce años Gloria Urra Parada cuando llegaba a la misma unidad policial a dejarle comida a Raúl, el mayor de sus 8 hermanos. Trabajaba en la Papelera-Laja y sin ser militante, simpatizaba del gobierno  y del “compañero” Salvador Allende. Tenía 23 años, fue apresado a la salida de la Papelera y “mi madre no tenía corazón para verlo  ahí, en un calabozo”. Gloria la suplía: le llevaba desayuno, almuerzo y once, como tantas otras mujeres con sus hijos en brazos hicieron también con sus familiares en un ir y venir a diario.

Más grande ya, en el pequeñísimo Juzgado de Laja y mientras los intervinientes aguardaban su turno para declarar ante el ministro José Martínez, Gloria Urra viviría en carne propia las pullas de los uniformados y sería partícipe de las reacciones de los familiares de los DD.DD inquiriendo por su paradero: llantos, gritos, recriminaciones, acusaciones. También la  prensa recibía lo suyo: “Ustedes sólo buscan revivir odios pasados”, reclamaba a los periodistas, protegido tras sus lentes oscuros, el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, hoy fallecido.

“Nunca debió pasar lo que vivimos en las afueras del tribunal; los carabineros nos amedrentaban y se reían a carcajadas de nuestra desgracia” evocó Gloria, quien no olvida el peregrinar de sus padres por Concepción, Talcahuano, Chillán, Los Ángeles y Victoria tratando de hallar en los lugares de detención de la época al hijo. Desde entonces  se prometió “que lucharía en esta vida para que llegara la justicia”.

Hoy es la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Laja y a sus 52 años se acuerda bien del reconocimiento de cráneos  y ropas que autorizó el ministro Martínez Gaensly entre los que no halló a su hermano Raúl. “¡No está!, ¡no está…! -dije-; nos pidieron volver después y cuando lo hicimos, lo reconocimos altiro. Su cuerpo se había quedado en el fundo San Juan. Lo reconocimos por  los restos de pelo negro y crespo y por un “choco” de diente café de tanto fumar  cigarrillos Lucky Strike; por su pantalón de tela verde, bototos de seguridad y calcetines cafesosos. Su polerón rojo estaba lleno de orificios…”

El día de la reconstitución de escena en el fundo San Juan, enterarse “en vivo” cómo se llenó de orificios el polerón rojo de Raúl minó la resistencia de esta mujer. “Fue terrible. El ministro pidió recrear la forma cómo se ubicaron las víctimas y los fusileros. Los detectives les pasaron a los carabineros unos palos para ver cómo habían disparado: estando en una fila y  contándolos uno por medio, los separaron en tres o cuatro grupos y les dispararon a una orden del teniente Fernández…No será fácil olvidar esto, fue un dolor muy grande el que  nos causaron, pero sirvió para conversarles a los  jóvenes de Laja. No tenían claro lo que había pasado, porque -después de la romería- cuando nos entregaron los cuerpos para sepultarlos, nunca más se habló de esto en Laja”.

Otros datos de la investigación revelan que los fusileros bebieron para infundirse ánimo antes de ir al lugar del crimen. De allí los restos de botellas de licor en la tumba clandestina junto a la cual el ministro Aldana hizo la reconstitución de los hechos. Hoy, “uno podría decir que recién- con esta diligencia- esos carabineros se están sacudiendo de la resaca de aquella jornada, resaca que los acompañará hasta sus últimos días”, precisó Mauricio Araneda.

“Busque la cruz de madera y púas”

Desde Ancud, la abogada Martita Wörner lamenta que se haya perdido una cruz hecha con dos pedazos de madera amarrados con alambre de púa. Indicaba la sepultura ilegal y fue hecha por un obrero agrícola que, buscando animales en el fundo San Juan, de la Papelera, “encontraron dos cuerpos humanos semi enterrados y destrozados por perros”. El hombre dio cuenta en la Tenencia Salto del Laja y horas después, el comisario Héctor Rivera Rojas, ordenaba el traslado de 18 cuerpos al Cementerio de Yumbel con autorización de la jueza Corina Mena y previo reporte a la Intendencia  y a la Prefectura de Concepción.

El parte policial que, finalmente, quedó guardado en la caja de fondos del  Juzgado de Yumbel y confeccionado por el sargento primero Martín Gastón Rivera daba cuenta del hallazgo  de 18 cadáveres no identificados, que se encontraban enterrados “en una fosa de 60 centímetros, cubiertos con una capa de cal y tapados con tierra. Al desenterrarlos se  pudo apreciar que algunos presentan heridas a bala calibre 22 milímetros, otros con el cráneo destrozado y la mayoría con las manos amarradas por la espalda. Casi todos estaban descalzos y con puros pantalones.  Por la descomposición de los cuerpos y el deterioro de sus vestimentas, se presume que llevaban enterrados de 15 a 20 días”. Era el 11 de octubre de 1973 y la matanza había ocurrido el 18 de septiembre a las 5.10 AM.

Casi 6 años después de ese episodio, premunidos de palas y guiándose por señas de  un informante, Martita Wörner, la asistente social Nelly Henríquez, el padre Félix Eicher y el abogado Jorge Barudi encontraron la tumba ilegal.

Martita Wörner dice: “La tierra había sido removida sin mucho cuidado; encontramos una cédula de identidad, zapatos, unos lentes ópticos, restos de osamenta y en un extremo de la fosa un cuerpo completo, con sus piernas amarradas con alambre de púa. La pericia legal comprobó que no tenía huellas de impactos de balas mortales por lo que habría sido enterrado vivo. Impactados, improvisamos una especie de camilla para levantarlo completo. Recuerdo haber tomado un calcetín con todos los huesos de un pie humano.

Informado el ministro Martínez, en el lugar se constituyeron peritos. Desde ese momento, hallar la fosa común en el cementerio de Yumbel fue todo uno”.

Martita Wörner, ex diputada del PPD, reveló que años después declinó la presidencia de la Cámara de Diputados a favor de su colega Vicente Sota. No podía-dice- como tercera autoridad política del país cumplir el protocolo de ir a saludar al general Pinochet. Todavía era el  comandante en jefe del Ejército.

Sus pares, incluso, la tildaron de “loca” por rehusar el honor de ser la primera mujer presidenta de la Cámara baja y hasta la tentaron con que podría aparecer con frecuencia en revistas de papel couché si asumía el cargo.

Pero, agrega, “¿cómo darle la mano a un militar que las tenía manchada de sangre y seguir mirando de frente a los familiares de DD.HH y a todos los que había conocido durante mi trabajo en la Vicaría?  En toda mi vida he visto una mirada que trasluzca más dolor que el que siempre vi en Rosa Silva Sanhueza, cónyuge de Heraldo Muñoz Muñoz, el dirigente sindical de la Papelera detenido a los 28 años. Nunca la vi sonreír, cada vez que la contemplaba sentía que por todos sus poros emanaba un dolor intenso que un cuerpo tan frágil como el suyo difícilmente soportaba. Por eso estoy orgullosa de pasar a la historia  como soldado desconocido  y sin haber cedido a la soberbia del poder”.

-¿Cree usted que en estas 19 detenciones y muertes hubo participación de civiles de la Papelera-Laja? Circula una versión que junto a la entrada del fundo San Juan, en la época, se dio vuelta un camión con cal, materia que sirvió para “tapar” los cadáveres, pero que en realidad lo habría enviado uno de los jefes de la empresa, Carlos Ferrer Gómez. 

“No sólo se comenta. Desde un principio en la investigación que inició el ministro Martínez quedó claro que estas detenciones fueron ilegales, injustificadas y con participación de civiles en todas las etapas. Transportistas de la Papelera trasladaron a los detenidos al bosque del fundo San Juan. Para la exhumación y entierro clandestino, -hechos que ocultó la jueza Corina Mena- se contó también con logística y colaboración de civiles. La empresa siempre supo esto porque cinco o seis de las víctimas  eran obreros suyos.

Sin embargo, hay que tener presente que las detenciones fueron al azar, en cumplimiento de los bandos generales que emitió la Junta de Gobierno: detener a dirigentes sindicales de izquierda o comprometidos con el gobierno depuesto.

En Laja eran todos amigos: a algunos los fueron a buscar a sus casas y otros  se presentaron tras saberse buscados. En el trámite los acompañó el párroco Félix Eicher, quien se aseguró que nada malo les pasaría. Por eso resulta tan escalofriante cuando hoy, en el proceso que sigue el ministro Aldana, los culpables confesaran que, al pedir la orden de traslado de los detenidos desde la subcomisaría de Laja al Regimiento de Los Ángeles, desde esta unidad les dieron orden de “deshacerse de ellos porque el regimiento no tenía más capacidad”.


Fortinmapocho.com, 9 de julio 2007

TESTIMONIO DE UN SOBREVIVIENTE DE LA MASACRE DE LAJA, DEL 11 DE SEPTIEMBRE 1973

En este testimonio reproducido por Fortín Mapocho se menciona a civiles y militares, muchos de ellos sometidos a juicio y otros simplemente condenados por su conciencia. Esperamos que la acción de los unos y los otros haya calado profundamente en los chilenos que vivieron en esos años estos actos de barbarie y que en su momento se negaron a aceptar que estos hechos ocurrieran en Chile. 

Para las nuevas generaciones, que nacieron en los años posteriores al golpe y que no tuvieron conciencia de lo que sucedía en su país, este relato servirá para alertarlos hasta donde es capaz de llegar el ser humano por conservar y desarrollar sus privilegios. El general constitucionalista Carlos Prats, advirtió a sus pares que cometerían un grave error si intervinieran y tomaran el camino del golpe. Agregó, que por muchos años la sociedad chilena los señalaría con su dedo crítico y les reprocharía esa determinación. Textualmente, y prosiguiendo con su opinión crítica, expresaba: 
'tendría que ser [la intervención] implacablemente represiva. Para ello, las FFAA tendrían que transformarse en una policía especializada y refinada, y significaría convertir al pueblo en tupamaros. A la semana siguiente de los aplausos al dictador, los políticos de los bandos más encontrados estarían unidos gritándonos: 'gorilas', y pidiendo elecciones. Este no es un país de borregos. Los trabajadores representan un poder social. Están organizados. En este país hay dignidad vertical. En este país los dirigentes políticos mueven efectivamente a las masas. No nosotros los militares no acariciamos la idea de reemplazar al poder civil, ni es nuestra misión' [Revista Ercilla Nº 1950, Semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 1972. Entrevista periodística al Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Prats. Reproducida en Héctor Vega, 'Crítica de la Unidad Popular'. Edit. Fontamara. Barcelona. España. 1975, ps. 121, 122]

El general Prats tenía razón cuando decía que los trabajadores no se engañarían. Se equivocaba trágicamente cuando apreciaba el rol de los dirigentes políticos. Muchos de ellos comprometidos con el golpe, y algunos dirigentes, hoy, de la Concertación, no sólo buscaron la caída del gobierno de la Unidad Popular desde sus asientos parlamentarios, sino que golpearon la puerta de los cuarteles. No hablemos de aquellos que militan en la Alianza y que hoy profesan de demócratas, directos discípulos del pinochetismo. En fin, unos y otros, constituyen una generación que nunca ha creído en la democracia y menos aún en que los trabajadores tomaran su destino en sus propias manos y que buscaran los caminos de una democracia auténtica y participativa.

TESTIMONIO

El 11 de septiembre de 1973 me encontraba como trabajador de la COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONESA DEL PUEBLO DE LAJA [500 kms. al sur de Santiago]. Monopolio perteneciente a la familia Alessandri. Familia de reconocida trayectoria política defendiendo los intereses de la burguesía, aplastando al pueblo y participantes activos en el golpe militar de 1973.

En los días previos al golpe militar la empresa, los grupos de derecha [Patria y Libertad y Partido Nacional, Democracia Cristiana] y la policía ya hacían sentir la represión en los trabajadores y campesinos, más aun en los dirigentes de éstos, con amenazas de palabra y de hecho. Los carabineros patrullaban la fábrica y sus alrededores atemorizando a los trabajadores. Eran los síntomas de los horrores de los que seríamos testigos más tarde, el 11 de septiembre de 1973, cuando Pinochet y un grupo de generales asesinos decidieron poner fin al gobierno que representaba los intereses de las masas desposeídas que hasta ese entonces habían sido cruelmente explotadas por la burguesía, de la cual un digno exponente es la familia Alessandri.

Aquí es necesario destacar que el general WASHINGTON CARRASCO estaba a cargo de la III División del Ejercito con asiento en la ciudad de Concepción. Por tanto, los hechos que a continuación describiré son de su responsabilidad, así como de sus superiores, el general Pinochet y su camarilla asesina.

El día Martes 11 de septiembre de 1973 yo me encontraba trabajando en la fábrica cuando observamos, con nuestros compañeros de trabajo, que la policía y grupos paramilitares de extrema derecha, fuertemente armados, encabezados por CARLOS FERRER GOMEZ [Superintendente de la compañía CMPC] patrullaban el recinto de la empresa.

A las 16 horas del mismo día, hora de término de faenas, a la salida de la fábrica, nos esperaba un pelotón de carabineros acompañados de los grupos paramilitares de extrema derecha, encabezados por PEDRO JARPA, hombre de confianza de la PAPELERA, quien con una lista en sus manos denunciaba los compañeros que defendieron con más fuerza los intereses de la clase obrera.

Producto de esta infame delación fuimos detenidos 22 compañeros e inmediatamente, en presencia de todos los trabajadores de la fábrica [400], fuimos salvajemente golpeados, en esta acción de brutalidad policíaca. En esta acción se destacaban dos reconocidos criminales el teniente ALBERTO FERNANDEZ MITCHEL y el sargento PEDRO RODRIGUEZ CEBALLOS.

Antes de ser trasladados a la comisaría, en vehículos facilitados por la Papelera, el Teniente Fernández Mitchel Salgado se dirige a los trabajadores diciendo que seré asesinado en cuanto llegue al recinto policial y que será la última vez que me verán.

Una vez en la comisaría fuimos brutalmente golpeados y amenazados de muerte. Luego en estado semiinconsciente, producto de los golpes, fui arrojado violentamente al interior de una pequeña celda en calidad de incomunicado.

No satisfecho con mi estado lanzaron al interior de la celda una bomba lacrimógena, producto de esto perdí totalmente el conocimiento. A las 19 hrs., por orden del teniente FERNANDEZ MITCHEL dos compañeros me sacaron de la celda y fui conducido a la sala de guardia, donde estaba el resto de mis compañeros de detención, y nuevamente fuimos salvajemente golpeados.

Mientras esto ocurrió pude ver al profesor y militante del Partido Socialista RUBEN CAMPOS LOPEZ quien es uno de los mártires de LAJA- y SAN ROSENDO.

Nuevamente queda de manifiesto la participación activa de la Papelera de LAJA en estos bárbaros actos, cuando uno de los directores [jefe de personal] HUMBERTO GARRIDO, pone a disposición del teniente FERNANDEZ MITCHEL SALGADO un bus de la empresa, así como cuerdas para atarnos. En este bus fui trasladado a la cárcel de los Ángeles [ciudad cercana a la LAJA]. Cabe destacar que este mismo bus fue utilizado para transportar a los 19 asesinados por carabineros con la complicidad de civiles.

Cuando fui conducido por carabineros junto al resto de mis compañeros a la cárcel de los Ángeles y cuando entramos al puente del salto de LAJA el teniente MITCHEL SALGADO y el sargento PEDRO RODRIGUEZ CEBALLOS ordenó al chofer de detenerse en la mitad del puente y fui llevado a golpes hacia la puerta atado de manos y tomado del cuello comenzó a empujarme con la clara intención de lanzarme del puente hacia el precipicio todo esto acompañado de insultos y amenazas, no conforme con esto me ordeno que me arrodillara a sus pies.

Cuando llegamos a la cárcel de los Ángeles el teniente MITCHEL le indicó al capitán responsable del penal que yo era peligroso, extremista perteneciente al MIR y que fuera incomunicado hasta nueva orden ya que en mi casa se había encontrado una pistola y planos para asaltar la comisaria de LAJA cosa totalmente falsa.

La cárcel estaba llena de campesinos y obreros de los diferentes campos y fábricas de la provincia, allí permanecí encarcelado hasta diciembre de 1973, recibiendo constantemente un maltrato carcelario.

A fines de septiembre recibimos nuestra primera visita. Se trataba del párroco de LAJA, FELIX ELCHER, quien nos comunicó la muerte de los 19 compañeros de LAJA Y SAN ROSENDO.

El teniente WALTER KRUG RIVERA, jefe del campo de prisioneros de los Ángeles, fue otro de los criminales del régimen de Pinochet, quien visitaba constantemente la cárcel buscando compañeros para trasladarlos al regimiento donde eran torturados, asesinados y desaparecidos.

Fue este personaje quien nos confirmó la muerte de 19 compañeros ya que se entretenía botando y destruyendo los alimentos que los familiares de estos les hacían llegar creyéndolos detenidos. La verdad era que los habían asesinado. Se trataba de un criminal sádico, quien insultaba y golpeaba a los detenidos cuando se le ocurría.

En el mes de diciembre de 1973 fui trasladado junto a 10 compañeros por el caso de LAJA, al campo de concentración del regimiento de los Ángeles por orden expresa del capitán GUSTAVO MARZZAL, [jefe del SIM] quien era además jefe máximo del campo de prisioneros. Se nos dijo que esta medida era para ser puestos en libertad.

De los 11 compañeros sólo yo quedé detenido en calidad de incomunicado por orden del SERVICIO DE INTELIGENCIA MILITAR [SIM], los otros fueron puestos en libertad.

En la tarde del 11 de diciembre de 1973, fui trasladado al SIM., a las salas de interrogatorios, que en realidad era una sala de amedrentamiento y desgaste anexa a una segunda sala de torturas. Los interrogatorios estaban a cargo de DOMINGO BASCUÑAN, PATRICIO ABARZUA [el PATO], MARIO PACHECO, RENÈ PAREDES, y el médico pediatra, GREGORIO BURGOS [DINA].Todos ellos pertenecientes al SIM.

La sala de torturas semejaba una clínica, con jeringas, un grupo electrógeno, un catre de metal, y un armario de madera que semejaba una portería de fútbol donde fui colgado de pies y manos mirando hacia el suelo, además había música para acallar los gritos de dolor. El piso de la sala era de madera y estaba salpicado con la sangre de los presos que habían sido torturados. Llamaba la atención que hubieran fotos de Miguel Enríquez y Salvador Allende. Allí fui golpeado de cara a las fotos. 

Cuando se cansaron de los golpes y botaba sangre por boca y nariz me botaron al piso donde me sacudieron a patadas por todo el cuerpo.

Duré entre 3 y 4 horas en esa sala. A los golpes siguió la corriente eléctrica y las quemaduras con cigarrillos. No contentos con ello, uno de los torturadores se colgó de mi espalda mientras me suspendían de la horizontal de la “portería”.

Las secuelas son de imaginarse pues hasta el día de hoy sufro de fuertes dolores en la espalda. 

Luego de las torturas fui trasladado en calidad de bulto por dos soldados a una sala secreta [motel] de incomunicación del SIM, donde se encontraban otros 24 compañeros en pésimo estado de salud debido al exceso de las torturas.

Las secuelas sicológicas de este tratamiento aún perduran en mi mente.

El motel estaba retirado del campo de prisioneros y las condiciones en que allí vivimos fueron inhumanas. No veíamos la luz del día. No había otra manera de hacer las necesidades elementales sino en un tarro grasero que cada tres días, en las noches, era vaciado por nosotros. Nunca hubo atención médica para aquellos que venían de la tortura. Los guardianes robaban los alimentos que traían los familiares. Peor que todo, estábamos sometidos a volver a la tortura según placiera a los torturadores.

Producto de ello me vinieron principios de epilepsia, no podía caminar, no podía ponerme los zapatos, ni siquiera sentarme o flectar la espalda, los compañeros me daban la comida en la boca. Nos llenamos de pulgas y piojos pues no podíamos lavarnos.

Un día llegó la CRUZ ROJA INTERNACIONAL, al campo de concentración. La administración del campo nos ocultó. Sin embargo, después de 3 meses, gracias a la Acción del Arzobispado de los Ángeles y de la CRUZ ROJA INTERNACIONAL, los detenidos.

Después de un tiempo y por orden del SIM, fui trasladado nuevamente, al centro de torturas para ser interrogado por el caso de LAJA. Bajo promesas de libertad inmediata y salida del país, pretendieron que firmara una declaración con relación a la muerte de los 19 compañeros asesinados en un fundo de la Papelera.

Con mi negativa volví al régimen de golpes e incomunicación. 

Cuando estuve en el campo de concentración me tocó presenciar un cobarde asesinato. Un campesino perdió la razón producto de los golpes y de la vida que llevábamos, por esto tomó un día una tabla de madera de pequeñísimas dimensiones y golpeó con ella a un soldado en su casco, esto lo vio el teniente Walter Krug Rivera, reconocido torturador y asesino, y ordenó que todos los prisioneros que estábamos cerca nos diésemos vuelta para no ver, y ordeno que nos fuéramos a nuestras celdas, entonces el sacó su pistola y la descargó en el pobre campesino demente. CRUZ ROJA INTERNACIONAL supo de este cobarde asesinato pues se le mostró el lugar de la muerte en donde aún se veían las manchas de sangre estampadas en el cemento.

A mediados de 1974 fui trasladado a la cárcel pública de los Ángeles ya que tenía que pasar a proceso por el caso de LAJA. Luego de algunos dìas fui visitado por el SIM, quienes me ofrecieron quedar en libertad inmediata, siempre y cuando firmara una declaración falsa, a lo que nuevamente me negué. Producto de mi negativa, fui nuevamente, incomunicado en muy mal estado de salud.

A fines de 1974 fui llevado ante un CONSEJO DE GUERRA POR EL CASO DE LAJA , junto a 8 compañeros, donde al no comprobarse ningún cargo en mi contra fui puesto en libertad condicional con una pena de 345 días ya que siempre se sostuvo que el proceso se mantenía abierto, es decir permanecí 1 año y tres meses en cárcel y el campo de concentración de los Ángeles

 

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