Quienes somos ] Boletin ] Busqueda ] Pinochet en Londres ] Centros Detencion ] Complices ] Empresas ] Fallos ] Criminales ] Tortura ] Exilio ] ecomemoria ] Desaparecidos ] Ejecutados ] Testimonios ] English ]

Alberto Juan Fernández Michell

Teniente (r) de Carabineros

C.I.: 5.587.826-9

Domicilio: Los Nogales 2949, Alto Hospicio, Iquique

 

Carabineros de la Tenencia de Laja detuvieron, torturaron y posteriormente desaparecieron a 19 personas detenidas entre el 11 y el 17 de septiembre de 1973.

Los carabineros  de la tenencia de Laja estaban al mando del Teniente Alberto Fernández Michell, el Subcomisario era el capitán Jorge Carrasco Pérez y parte de la dotación era el sargento Pedro Rodríguez.

Teniente Alberto Fernández Michell fue el oficial a cargo de la Tenencia de Laja y el responsable de ejecutar las órdenes que provenían de Los Ángeles. Él ordenó y participó en las detenciones y la ejecución en el Fundo San Juan. Fue llamado a retiro de la institución en 1979, aduciendo “falta de vocación”. Fue procesado como autor de homicidio. Cuando todos los demás obtuvieron la libertad provisional, él quedó detenido por ser el oficial responsable. Su defensa apeló y salió libre luego de pagar una fianza de $300.000

Fuentes: Radio Biobío, CIPER Chile, Fortín Mapocho, Tribuna del Biobío, Archivo Memoriaviva


Jueves 18 agosto 2011 Radio Bio Bio

Finaliza reconstitución de escena de asesinato de 19 personas en 1973 en Laja y San Rosendo

Durante este jueves se llevan a cabo los procedimientos del histórico caso de la muerte y desaparición de 19 personas detenidas el 11 de septiembre de 1973 en Laja y San Rosendo. Ya se interrogó a los carabineros involucrados en el hecho, que se encuentran detenidos, y durante hoy se realizará la reconstitución de escena del hecho.

Se trata de 19 personas, quienes fueron detenidas en Laja y San Rosendo el día del Golpe Militar, y que el 17 de septiembre de 1973 se les perdió el rastro. Posteriormente, en 1979, se designó al ministro en visita José Martínez Gaensli para realizar la investigación del caso, que concluyó que los detenidos fueron asesinados y enterrados en una fosa ilegal del cementerio parroquial de Yumbel.

En ese mismo año fueron exhumados los cuerpos y se identificaron a los responsables de las muertes, sin embargo en 1981 se les aplicó la ley de Amnistía por lo que quedaron en libertad.

Este año, familiares de las víctimas presentaron un recurso contra quienes resulten responsables, tomando el caso el ministro Carlos Aldana, especializado en casos de violaciones a los Derechos Humanos.

Durante esta mañana, se interrogó a los 13 carabineros acusados de asesinato, quienes en calidad de detenidos llegaron escoltados por la PDI a la Corte de Apelaciones de Concepción. La instancia se extendió de las 8:30 hasta las 11 de esta mañana.

Luego, el Ministro Aldana junto a los detenidos, se dirigieron a Laja y San Rosendo, comunas en donde se llevará a cabo la histórica reconstitución de escena de los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 1973.

Finalmente, Aldana confirma que son 14 los Carabineros involucrados en los hechos, mientras que 10 de ellos han reconocido su participación, confirmando el delito de homicidio calificado. Además, recordó que los procedimientos se llevan a cabo rigiéndose por la antigua legislación.


A 38 años de los crímenes los carabineros hablan y quedan libres

Confesiones inéditas vinculan a la CMPC con la masacre de 19 trabajadores en Laja

Ciper chile 13/01/2012

Fue una cacería. En septiembre de 1973 los carabineros de la Tenencia de Laja apresaron a 14 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles, a dos estudiantes secundarios y dos profesores, a los que llevaron al Fundo San Juan donde los ejecutaron y enterraron clandestinamente. Todos los policías habían bebido copiosamente pisco que les envió la CMPC, la que también aportó vehículos para la caravana de la muerte encabezada por el agricultor Peter Wilkens. A pesar de la desesperada búsqueda de sus familiares, el pacto de silencio sobre lo que ocurrió aquella noche se mantuvo hasta agosto del año pasado.

Como era arena no era difícil cavar. Hicimos una zanja de 2 a 3 metros de largo por 1,5 de profundidad. Luego bajamos de los vehículos a los 19 detenidos. A algunos los arrodillamos frente a la zanja; a los otros los dejamos de pie. Estaban delante de nosotros, dándonos la espalda. Recuerdo muy bien cuando el carabinero Gabriel González discutió fuertemente con Nelson Casanova, porque éste último no quería disparar. Fue tanto que yo me metí y le dije a González que si le hacía algo a Casanova, yo le dispararía a él con el fusil Sig que tenía en la mano. Era tanta la tensión. Todos estábamos muy alterados, pero igual cuando el oficial dio la orden, procedimos a disparar. Todos disparamos, y cuando digo todos, incluyo al teniente Alberto Fernández Michell. Les disparamos por la espalda. Algunos cayeron directamente al foso. A otros, ya muertos, los tuvimos que empujar para que cayeran o bien los tomamos y tiramos al foso. Quedaron uno encima del otro. Luego los tapamos con la misma arena y algunas ramas y tomamos rumbo a Laja. Cuando llegamos a la Tenencia, seguimos tomando el pisco y las bebidas que el teniente había traído del casino de la planta papelera de la CMPC. Recién entonces los que quedaron en la guardia supieron lo que había pasado. Fernández dio la orden de guardar silencio. Después todo siguió como si nada”.

El cabo 1º (r) Samuel Vidal Riquelme fue el primero que quebró el pacto. Por 38 años guardó el secreto de lo que pasó la madrugada del 18 de septiembre de 1973 con los 19 trabajadores que durante los cinco días previos él y sus compañeros de la Tenencia de Laja aprehendieron en esa localidad y San Rosendo para luego meterlos en un pequeño calabozo, torturarlos y después, esa noche, ejecutarlos clandestinamente en un bosque cerca del Puente Perales, en el Fundo San Juan.

La primera vez que Vidal habló sobre lo que pasó esa noche fue en 1979, cuando el Arzobispado de Concepción presentó una querella contra los carabineros de la Tenencia y el entonces ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, lo entrevistó. Pero esa vez dijo lo mismo que sus 15 compañeros de la Tenencia de Laja: que a los prisioneros los habían llevado al Regimiento de Los Ángeles. Martínez preguntó a los militares de ese regimiento por los 19 trabajadores, pero ellos aseguraron que nunca ingresaron allí. Entonces volvió a hablar con los carabineros. Aunque cambiaron la versión, todos dijeron lo mismo: que los habían subido a una micro que les había facilitado la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y que en el camino a Los Ángeles se los habrían entregado a una “patrulla fantasma” de militares. Que desde entonces les perdieron la pista.

Para algo sirvieron las indagaciones de Martínez: se supo que los cuerpos estaban en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel. Que los habían llevado allí en octubre de 1973, sin que nadie supiera, cuando los sacaron del hoyo donde los habían enterrado después de que un agricultor denunciara a Carabineros de Yumbel que sus perros mordisqueaban unos restos humanos. El parte con la denuncia llegó al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de la localidad, pero la jueza Corina Mera ordenó que se guardara en la caja de fondos. Nunca se investigó

Sin saber cómo habían llegado los cuerpos al cementerio ni quién los había ejecutado, los restos fueron identificados, y entregados a sus familiares que por seis años los habían buscado sin tregua. En marzo de 1980, Martínez se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Fiscalía Militar Ad Hoc de Concepción. En tres meses la causa fue sobreseída y a fines de 1981, la Corte Suprema ratificó el sobreseimiento. Esa fue la acción de la justicia.

27 años después, la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del interior, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa. Después de revisar los antecedentes, el ministro Carlos Aldana dejó sin efecto la resolución que sobreseyó definitivamente a los carabineros denunciados y la ratificación de ese fallo por parte de la Corte Suprema. Se reabrieron así el sumario y la investigación bajo la causa rol 27-2010.

CIPER tuvo acceso a las declaraciones y documentos de esa investigación. Entre ellos está la confesión del cabo Samuel Vidal el 14 de junio de 2011 ante la Policía de Investigaciones (PDI). Desde entonces comenzaron a surgir uno a uno los detalles sobre el destino de los 19 trabajadores que él y sus compañeros asesinaron por la espalda la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Así se supo de los operativos de captura, de la ejecución en un descampado y del apoyo y financiamiento que dieron para su exterminio un importante empresario de la zona y en especial la CMPC de la zona, empresa presidida en ese entonces por el ex Presidente Jorge Alessandri y cuyo principal accionista era el empresario Eliodoro Matte Ossa.

El juramento que los carabineros de la Tenencia de Laja hicieron en noviembre de 1973 en el Puente Perales, cuando su oficial a cargo, el teniente Alberto Fernández Michell, se iba destinado a Antofagasta, se había roto: “Que si alguien abría la boca, había que pitiárselo entre los mismos compañeros”.

15/9/73: CACERÍA EN SAN ROSENDO

El maquinista de Ferrocarriles Luis Alberto Araneda fue al mediodía a la Casa de Máquinas de San Rosendo para ver si estaba en “tabla”. Era lo que hacía todos los días cuando no le tocaba viajar la jornada anterior. Cuando llegó, vio a través de sus lentes de marco negro y grueso el papel que indicaba el itinerario de los trenes que saldrían ese día. Buscó su nombre, pero no aparecía entre los que tenían programado viajar ese sábado 15 de septiembre de 1973. Entonces comenzó la caminata de vuelta a su hogar en la Población Quinta Ferroviaria.

-Devuélvase al trabajo, que lo andan buscando los carabineros, a usted y a Juan Acuña –le dijo su vecino Eusebio Suárez, preocupado, cuando lo vio llegar.

Pero Luis Alberto no le hizo caso. Le respondió que su máquina estaba en la Maestranza, así que no tenía nada que hacer ese día allá. Además, si lo buscaban, no tenía por qué preocuparse. El día anterior había llegado de un viaje al sur y apenas supo que Carabineros requería que militantes y dirigentes sindicales se presentaran, Luis Alberto fue al Retén de San Rosendo. Allí le pidieron sus datos. En un papel escribieron su nombre, su RUT, que tenía 43 años, que era militante del Partido Socialista (PS), que presidía la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) y que era dirigente sindical de la Federación Santiago Watt de Ferrocarriles del Estado. Después le dijeron que podía retirarse. Luis Alberto volvió a su casa y no pensó más en eso, ni siquiera cuando Eusebio le dijo al día siguiente en la calle que lo buscaban, que hacía sólo unos minutos una patrulla de policías de Laja le había preguntado por él y que les había dicho dónde vivía.

Cuando estaba por llegar a su hogar, su esposa lo vio venir a través de la ventana con su vestón gris a rayas, su pantalón café, sus zapatos negros y sus anteojos del mismo color. También vio como seis o siete carabineros con cascos le cerraron el paso, levantaron sus fusiles y lo apuntaron justo cuando estaba por abrir la reja. Luis Alberto quedó tieso. Ella no lo pensó y salió gritando a los policías para que la dejaran, al menos, despedirse. Luis Alberto, que ya tenía las manos amarradas a la espalda, le dijo que sacara de su bolsillo el dinero y su reloj. Ella lo hizo. Luego vio como se lo llevaban. Faltaba poco para las 16:00 horas. La cacería en San Rosendo recién comenzaba.

Como la patrulla que comandaba el teniente Fernández venía de Laja y no conocía a quiénes debía detener, el carabinero Sergio Castillo Basaul, del retén de San Rosendo, les sirvió de guía. No había una lista formal ni órdenes de aprehensión: la orden que vino de la Comisaría de Los Ángeles fue detener a todos los dirigentes de la Unidad Popular (UP). Si Castillo, que los conocía, decía que alguno de los vecinos debía ser detenido, de inmediato lo apuntaban, lo amarraban y se lo llevaban.

Juan Antonio Acuña, 33 años, tres hijos, también maquinista y dirigente del sindicato de Ferrocarriles, fue el siguiente en la lista. Lo fueron a buscar a su casa una hora después, cuando estaba por sentarse a tomar once con su familia. La misma patrulla que había llegado a pie desde Laja se metió a la fuerza y lo sacó a punta de cañón. Luego le tocó al empleado de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), Dagoberto Garfias, de 23 años. A él le siguieron Mario Jara (21) que estaba en su casa con su mamá y su abuela; Raúl Urra (23), que también estaba en su domicilio; y el director de la Escuela 45 de San Rosendo, Óscar Sanhueza (23).

Todos fueron llevados a la Plaza de San Rosendo, donde los esperaba otro detenido: Jorge Zorrilla, un obrero minero de 25 años que trabajaba en Argentina y que estaba pasando en Chile sus vacaciones. Él, al igual que Luis Alberto Araneda, se presentó voluntariamente ante Carabineros. De inmediato lo apresaron y cuando llegaron los demás, la patrulla los amarró y se los llevó a pie por el puente peatonal que unía San Rosendo con Laja. Al otro lado los esperaba una micro, una de las tantas cortesías de la CMPC con la patrulla comandada por el teniente Fernández Michell, el oficial a cargo de la Tenencia de Laja. Una vez arriba del bus, se los llevaron.

11/9/73: LAS PRIMERAS ÓRDENES

Aunque fue el primero en ser detenido, el teniente (r) Fernández Michell fue el último de los miembros de la Tenencia de Laja en declarar ante el Tribunal. El 16 de agosto del año pasado fue detenido en Iquique, donde trabajaba como instructor en una escuela de conducción. Y cuando el día siguiente rompió el pacto de silencio que él mismo propuso después de la ejecución, partió por el principio:

“Estaba en mi domicilio entregado por la CMPC cuando recibí la noticia del Golpe Militar. Había llegado a la Tenencia de Laja a mediados de 1973 como subteniente subrogante, y como no había oficial, quedé de jefe. Tenía 22 años. Para el 11 de septiembre yo era la autoridad policial, y apenas supe del Golpe, mientras esperaba órdenes, llamé al acuartelamiento de todos los carabineros. Eso lo coordinaron el suboficial mayor Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, que me seguían en el mando”.

“Esa misma mañana recibí la orden por parte de la Jefatura de Los Ángeles para que detuviera a todas las autoridades de gobierno, subdelegados y al alcalde. La acción se cumplió sin problemas y después de detenerlos en nuestra unidad, fueron derivados al Regimiento de Los Ángeles en buses facilitados por la Papelera, porque ya tenía mucha gente en el cuartel. Días después, mi superior en Los Ángeles, el comisario Aroldo Solari Sanhueza, me ordenó comenzar a detener a todos los activistas de la comuna. Como la CMPC tenía una planta química, los activistas podían tomársela y actuar en nuestra contra. Esa fue la información que me llegó de inteligencia militar. Uno de esos días llegó el coronel de Ejército Alfredo Rehern Pulido para reiterar la orden. Les ordené a los suboficiales Garcés y Rodríguez que procedieran con el personal a realizar esa labor, porque ellos conocían más a esas personas”.

Desde que Salvador Allende asumió la presidencia en 1970, la CMPC formaba parte de la lista de empresas que el gobierno pretendía expropiar. Por eso, el mismo día del Golpe, una patrulla comandada por Fernández Michell fue hasta la planta que la Papelera tenía –y aún tiene– en Laja. Eran las 16:00 horas cuando los cerca de 300 funcionarios que salían de su jornada se encontraron con Fernández, Garcés, Rodríguez y otros miembros de la Tenencia. Los hicieron formarse en filas. La patrulla tenía en sus manos una lista que el superintendente de la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto Garrido, habían preparado: esos eran los “activistas”.

Los que figuraban en la nómina fueron separados y llevados a golpes y apuntados por fusiles al edificio contiguo, donde funcionaba el policlínico de la empresa. Allí los volvieron a golpear. Después los subieron a vehículos de la CMPC y se los llevaron al cuartel. Todos ellos fueron derivados después, en la misma micro de la empresa del Grupo Matte, a Los Ángeles. Entre ellos estaba Eduardo Cuevas, un mecánico de mantención de la Papelera y militante del MIR que se sumó voluntariamente a la reconstitución de escena que llevó a cabo el ministro Aldana el 18 de agosto del año pasado. Antes de que se lo llevaran, Fernández lo agarró y se los mostró a sus compañeros de trabajo aún formados en la fila: “¡Véanlo por última vez!”, les gritó.

Después de poco más de un año y tres meses en centros de detención y tortura, y luego de pasar por un Consejo de Guerra, a Eduardo Cuevas se le volvió a ver. Una “suerte” que los que fueron cazados los días siguientes no tuvieron.

13 y 14/9/73: LA CAÍDA DEL ESTUDIANTE Y LOS OBREROS

Lo primero que hizo la patrulla que ese día encabezaba el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, fue ir a la Estación de Trenes. En el andén, Manuel Becerra se despedía de su mamá, su abuela, su hermano y su prima. Eran las 8:00 y en sólo unos minutos saldría el tren que lo llevaría de vuelta a Curacautín, donde cursaba la enseñanza media en la Escuela Industrial. Estaba a punto de abordar cuando los carabineros lo agarraron. Entre los gritos de sus familiares, Manuel Becerra fue sacado a golpes de la estación, lo subieron al jeep que la CMPC les había otorgado para que se movilizaran, y se lo llevaron a la Tenencia de Laja. Era el 13 de septiembre de 1973. Mario tenía 18 años.

En cosa de minutos le avisaron a su papá, que trabajaba en las oficinas de Transportes Cóndor. Apenas supo, le pidió a su jefe que hablara con Carabineros y gestionara su liberación. Él fue a la Tenencia y habló con el guardia de turno, pero le dijeron que ya habían registrado su detención en los libros correspondientes. Después le dirían a su padre que lo habían detenido porque “militaba con los miristas”. Manuel ya había sido detenido antes, durante la campaña para las elecciones parlamentarias de 1973, por pintar junto a otros amigos consignas del MIR en Laja. El joven quedó detenido.

El siguiente en la lista fue Luis Armando Ulloa, 41 años, casado, cinco hijos, militante del Partido Comunista (PC) y obrero maderero de la Barraca Burgos de Laja, adonde lo fueron a buscar. Eran las 8:30. Como su hijo mayor trabajaba con él, lo primero que hicieron sus compañeros fue avisarle apenas llegó, porque justo cuando se lo llevaron no estaba. Él corrió a su casa y le avisó a su madre aún convaleciente del último parto. Tampoco pudieron hacer nada por sacarlo.

Esa tarde, los carabineros volvieron a la CMPC. Apenas puso un pie afuera de la planta, Juan de Dios Villarroel fue secuestrado por la patrulla de Rodríguez. Tenía 34 años, cuatro hijos y la mala fortuna de trabajar en una empresa que elaboró una lista negra con los nombres de sus propios empleados. En esa misma nómina estaban sus compañeros de trabajo Jack Gutiérrez, militante del MAPU; Heraldo Muñoz, del PS; y Federico Riquelme. A todos los llevaron a la Tenencia, donde se sumó el comerciante de frutas y verduras y regidor del Municipio, Alfonso Macaya, que llegó voluntariamente después de oír en una radio local que lo andaban buscando. A él lo dejaron libre al día siguiente, pero el 15 de septiembre lo fueron a buscar de nuevo a la casa de sus suegros. Nunca regresó.

El 14 de septiembre, Rodríguez salió de nuevo a las calles en el jeep de la CMPC. No tuvo que alejarse mucho, porque a los dos hombres que se sumaron ese día al grupo de detenidos políticos, los encontró saliendo de su trabajo en la planta papelera. Uno era Wilson Muñoz. El otro, Fernando Grandón, que a sus 34 años ya tenía ocho hijos.

16 y 17/9/73: LA PEQUEÑA TENENCIA

Muy probablemente, la Tenencia de Laja nunca tuvo tantas visitas como esos días. Para la noche del 15 de septiembre de 1973, en el calabozo de aquella construcción en Las Viñas Nº 104 que Fernández recuerda como “dos mediaguas grandes a las que se le habían hecho unos agregados”, había 17 personas detenidas: a los siete que trajeron de San Rosendo y a los nueve que secuestraron en Laja, se había sumado esa tarde el director del Sindicato Industrial de la CMPC, Jorge Lamana, que se presentó en la Tenencia de forma voluntaria.

Desde que comenzaron las detenciones, sus padres, hermanos e hijos los fueron a visitar con la autorización del oficial a cargo del recinto. La esposa de Fernando Grandón llegó el mismo día que lo detuvieron a verlo por primera vez. Cuando lo vio, lo notó asustado, pero sin lesiones. La hija mayor de Luis Armando Ulloa también fue a verlo y cuando lo encontró en medio del grupo, se dio cuenta que le habían cortado el pelo a tijeretazos. Pero la peor parte se la llevaron los de San Rosendo. Todos ellos tenían moretones, rasguños y mordeduras de perros. Jorge Zorrilla, el minero detenido en sus vacaciones, dijo a uno de los familiares de los detenidos que también los habían sentado en la pica.

El 16 de septiembre llegaron a la celda los últimos dos miembros del grupo. A Juan Carlos Jara, de 17 años, lo agarró la patrulla de Pedro Rodríguez cuando peleaba con otros jóvenes en la calle. A Rubén Campos, director de la Escuela Consolidada de Laja, lo sacaron de su casa y de ahí fue directo al calabozo.

Hasta el 17 de septiembre, las visitas a los prisioneros continuaron. En las mañanas llegaban casi todos los familiares con el desayuno recién hecho y ropa limpia. Más tarde les llevaban almuerzo y en la noche la cena. También los visitaba el párroco de Laja, el sacerdote Félix Eicher, que ingenuamente había acompañado a algunos de los que se presentaron voluntariamente a la Tenencia para que “arreglaran sus problemas”. Y cada vez que iban intentaban convencer a los carabineros de que los soltaran. Los presos les decían que estuvieran tranquilos, que pronto saldrían de allí. La noche de la víspera de fiestas patrias, el teniente Fernández Michell recibió una orden.

“Estaba cenando en el comedor cuando el suboficial Garcés me dijo que el mayor Solari, el comisario de Los Ángeles, estaba al teléfono. Estaba muy molesto conmigo porque había mandado mucha gente al regimiento sin preguntarle. Yo lo había hecho por un tema de espacio. Me asustó que estuviera enojado, porque yo me había casado sin permiso de mis superiores y estaba esperando a mi primera hija, así que tenía que hacer lo que me dijera, si no me arriesgaba a otra sanción. Me preguntó cuántos detenidos tenía en la unidad. Le dije que había 19 personas. Me dio la orden de “eliminarlos”. Me dijo que si no lo hacía, tendría que atenerme a las consecuencias. Luego cortó. De inmediato llamé a Garcés y Rodríguez y les dije que alistaran al personal”.

18/9/73: MATANZA EN EL BOSQUE

Los hombres que seguían a Fernández en la cadena de mando hicieron unas llamadas y en sólo minutos consiguieron cordeles, alambres, palas, vehículos y hasta un lugar alejado donde llevar a cabo la masacre. Tenían carabinas y fusiles para todos los funcionarios de la Tenencia. También el alcohol que les dio la CMPC. El plan para matar a los 19 ya estaba en curso.

“Cuando nos llamaron al cuartel, ya había comenzado el toque de queda. Al llegar, nos juntaron en una sala que usábamos de comedor y nos ordenaron beber pisco en abundante cantidad. Estábamos casi todos los integrantes de la Tenencia de Laja, desde el teniente Fernández Michell, hacia abajo. Los que no llegaron al cuartel, se unirían más tarde a nosotros. Después de tomar, el teniente Fernández nos dijo que sacáramos a los 19 detenidos de los calabozos de la Tenencia. Les amarramos las manos atrás de sus espaldas con cáñamo y alambres de fardo de pastos, los llevamos afuera y los subimos al bus de la CMPC. Yo tuve que custodiar el interior del bus. Por eso llevaba mi fusil Sig en las manos. Tomamos la carretera hacia Los Ángeles. Al frente de la caravana iban en un jeep Fernández, Garcés y Peter Wilkens, un agricultor alemán de la zona”.

Hasta que el cabo Samuel Vidal declarara en junio de 2011, el nombre de Wilkens jamás apareció en la investigación. Después de él, Fernández y varios carabineros ratificaron su participación en la matanza de esa noche. Antes no se sabía que Garcés lo había llamado, que había acompañado a Fernández en el jeep de la CMPC que lideraba la caravana ni que pasado el Puente Perales, después de una curva en el camino entre Laja y Los Ángeles, fue él quien le dijo que doblara a la derecha y que se detuviera 300 metros más allá, en un claro junto a un bosque de pinos. Como sólo los carabineros que estuvieron esa noche y juraron silencio sabían que Wilkens había estado allí, nadie relacionó el hecho cuando en 1985 un joven de 19 años llamado Arturo Arriagada, sin antecedentes, ingresó a su fundo en Laja, mató a su mayordomo, ingresó a su habitación y le dio un escopetazo. Después subió los cadáveres a su furgón y los sepultó el borde del camino, muy cerca de donde esa noche sepultaron a los detenidos de Laja y San Rosendo.

Según un reportaje que publicó Contacto cuando en 2001 se estaba por abolir la pena de muerte en Chile, Arriagada fue condenado a cadena perpetua y para entonces, por su buena conducta, había sido incorporado al Centro de Educación y Trabajo (CET) de Concepción. Para su acto criminal, la justicia sí funcionó. Wilkens, en cambio, murió sin que nadie lo interpelara por haber sido cómplice y haber guiado y observado como un grupo de policías fusilaba a 19 obreros la madrugada del 18 de septiembre de 1973 en el Fundo San Juan. Una noche que el sargento 2º (r) Pedro Parra recuerda muy bien:

“No había militares ni agentes de la DINA; sólo estábamos los de la Tenencia, menos los tres que se quedaron en la guardia. Cuando nos detuvimos, la camioneta quedó muy cerca de unos arbustos. La noche estaba clara y había luna, pero igual se usaron las luces de los vehículos. Con la pelea entre Gabriel González y Nelson Casanova, recién tomé el peso de lo que estaba pasando. Ya estaba todo decidido. El teniente Fernández Michell no decía nada; era uno más del grupo. Los detenidos estaban frente a nosotros con sus manos atadas. Yo tenía una carabina Mauser. Cuando Fernández dio la orden, todos apuntamos a los detenidos que nos habían asignado. Ninguno de ellos se quejaba o decía algo. Entonces dieron la orden de disparar. Todos lo hicimos”.

18/9/73: DESPUÉS DE LA MASACRE

Los cadáveres quedaron bajo tierra. El grupo de carabineros subió a los vehículos y volvió al cuartel de Laja. Todos recuerdan que fue un momento extraño, que nadie se atrevió a decir algo. Cuando llegaron, se bebieron lo que había quedado del pisco que habían tomado antes de partir. Y allí mismo acordaron que nadie diría nada, que si alguno hablaba, correría la misma suerte de los que acababan de asesinar.

A la mañana de ese día, Gloria Urra se levantó temprano, preparó el desayuno, y como los días anteriores, fue a la Tenencia a ver a su hermano Raúl. Esperaba encontrarse con todos los detenidos y sus familiares, sentarse junto a ellos y compartir la comida. Pero el calabozo estaba vacío. Ahora que lo estaban limpiando, se veía mucho más grande. A Hilda Bravo, la esposa del comerciante de frutas Alfonso Macaya, no le habían permitido verlo cuando lo encerraron dos días antes, así que esa mañana esperaba encontrarse con su marido. Pero le dijeron lo mismo que a las madres, esposas, hermanos e hijos de los 19 trabajadores que estuvieron allí hasta la noche anterior: que los habían trasladado al Regimiento de Los Ángeles.

Los familiares se agruparon y partieron a buscarlos. En el Regimiento de Los Ángeles no los encontraron. Pasaron por la cárcel, el gimnasio de IANSA; nada. Después, algunos se fueron a Concepción y preguntaron en el Estadio Regional, en la Isla Quiriquina, en Talcahuano; sus nombres no aparecieron en las listas de prisioneros. Pasaron los días y la desesperada búsqueda se repitió una y otra vez en Chillán, en Linares. Así fue por semanas, por años. Muchos gastaron sus ahorros recorriendo distintas ciudades del país, buscando y preguntando sin respuestas. Pasaron por Temuco hasta llegar a Santiago. Todo fue inútil: los 19 se habían esfumado.

Dos días después de la masacre, el sacerdote Félix Eicher acompañó al obrero de la CMPC, Luis Sáez, a Los Ángeles, según declaró ante el ministro Carlos Aldana, “para que los de Laja no le hicieran nada”. Los días previos habían allanado dos veces su casa buscándolo, pero no lo habían encontrado. “Así como se entregó Macaya, dile a tu marido que también lo haga”, le habría dicho el sargento Rodríguez a su esposa. El sacerdote lo convenció de que se entregara el 20 de septiembre de 1973. Ese mismo día quedó detenido. Seis años después, cuando encontraron a los otros 19 en el cementerio de Yumbel –donde habían sido llevados clandestinamente por Fernández y sus hombres–, los restos de Luis Sáez aparecieron en el Fundo San Juan.

EL PROCESO DE LOS FUSILEROS DE LAJA

Aunque habían pasado 38 años, muchos de los carabineros que trabajaron en la Tenencia de Laja en septiembre de 1973 pretendieron en 2011 mantener su juramento de silencio sobre lo ocurrido en la madrugada del 18 de septiembre de ese año . El sargento 1º (r) Gabriel González, por ejemplo, aseguró ante la PDI que no sabía nada de los 19 desaparecidos y que él sólo participó en algunas detenciones. Nada dijo de su pelea con Nelson Casanova esa madrugada justo antes de dispararles por la espalda. Y el mismo Casanova, quien según los testimonios se resistió a disparar, declaró: “En esa época había muy buena relación con los trabajadores de la CMPC, por lo que no tuve conocimiento de que hayan sido detenidos empleados de dicha empresa”.

Fueron los testimonios de los que sí decidieron confesar los que le permitieron al ministro en visita Carlos Aldana emitir en agosto de 2011 una orden de detención para los 14 funcionarios aún vivos que participaron en las detenciones y en la ejecución de los trabajadores asesinados en el Fundo San Juan. Después de eso, todos comenzaron a hablar. El 18 de ese mes, Aldana realizó con todos los detenidos la reconstitución de escena de la cadena de hechos que acabaron con la vida de los 19 trabajadores. Fue un día clave, dramático. Después de eso, no quedaron más dudas: luego de cuatro días, el ministro procesó a nueve de los carabineros por homicidio y a uno por encubrimiento. Otros tres, los que esa noche se quedaron en la guardia, fueron sobreseídos. A pesar de la crudeza de los crímenes, hoy todos están libres.

La siguiente es la lista de todos los carabineros involucrados y lo que ocurrió con ellos

1.- Alberto Juan Fernández Michell: Teniente (r) de Carabineros. Fue el oficial a cargo de la Tenencia de Laja y el responsable de ejecutar las órdenes que provenían de Los Ángeles. Él ordenó y participó en las detenciones y la ejecución en el Fundo San Juan. Fue llamado a retiro de la institución en 1979, aduciendo “falta de vocación”. Fue procesado como autor de homicidio. Cuando todos los demás obtuvieron la libertad provisional, él quedó detenido por ser el oficial responsable. Su defensa apeló y salió libre luego de pagar una fianza de $300.000.

2.- Evaristo Garcés Rubilar: Era suboficial de Carabineros y el segundo al mando en la Tenencia de Laja, por lo que jugó un papel clave en la organización de las detenciones y la matanza de los 19 en el Fundo San Juan. Él se consiguió el lugar para la ejecución clandestina y contactó al agricultor alemán Peter Wilkens. Murió el 25 de diciembre de 1987 a los 60 años por un accidente vascular producto de la diabetes.

3.- Pedro Rodríguez Ceballos: Sargento de Carabineros. Estuvo a cargo de varias de las detenciones y tuvo un papel protagónico en la gestión de la ejecución. Estaba casado y tiempo después de lo que ocurrió esa noche, pasó a ser parte de la DINA. Murió el 22 de diciembre de 2002 el el Hospital Dipreca por un cáncer gástrico metastásico que le provocó una falla multiorgánica. Tenía 64 años.

4.- Lisandro Alberto Martínez García: Sargento 1º (r) de Carabineros. Si bien declaró en un principio no haber participados en la masacre porque en ese entonces trabajaba en la oficina de partes del cuartel, terminó aceptando su participación: “Todos portábamos fusiles y disparamos”, dijo. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional con una fianza de $300.000.

5.- Luis Antonio León Godoy: Sargento 2º (r) de Carabineros. Al principio dijo que habían sido los militares los que pasaron por la Tenencia y se llevaron a los 19 detenidos. Luego cambió su versión: “Cuando mi suboficial Garcés dio la orden, todos debimos disparar”, señaló. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional luego de pagar una fianza de $300.000.

6.- José Jacinto Otárola Sanhueza: Sargento (r) de Carabineros. En sus declaraciones aseguró que no había participado y que no estuvo la noche de la matanza. Pero en la reconstitución de escena, reconoció haber estado allí. Su función fue estar todo el tiempo en el jeep de la CMPC alumbrando lo que sucedía al frente suyo. Lo vio todo, pero no apretó el gatillo. Fue procesado por encubrimiento de homicidio y luego de pagar una fianza de $100.000, obtuvo su libertad provisional.

7.- Gerson Nilo Saavedra Reinike: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue uno de los primeros en prestar declaración y reconocer lo que sucedió la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Esa noche se juntó con la caravana cuando ya estaban por llegar al Fundo San Juan. Lo procesaron por homicidio y obtuvo su libertad provisional después de pagar una fianza de $300.000.

8.- Florencio Osvaldo Olivares Dade: Sargento 2º (r) de Carabineros. También reconoció su participación desde el 11 de septiembre de 1973. “Fueron días difíciles, se dormía poco”, dijo. Es uno de los procesados por homicidio y tras pagar los $300.000 de la fianza, salió en libertad provisional.

9.- Pedro del Carmen Parra Utreras: Sargento 2º (r) de Carabineros. Apenas lo interrogaron, contó con detalles lo que sucedió esa noche. También fue procesado por homicidio y está con libertad provisional desde que pagó los $300.000 de su fianza.

10.- Gabriel Washington González Salazar: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue el hombre que se peleó antes de disparar, aunque cuando le tocó declarar, dijo que habían sido los militares. Después reconoció su participación. Los procesaron por homicidio y hoy está libre.

11.- Samuel Francisco Vidal Riquelme: Cabo 1º (r) de Carabineros. Fue el primero que rompió el pacto de silencio. Su testimonio fue clave para aclarar lo que pasó con los 19 trabajadores en Laja. Fue procesado por homicidio y también obtuvo su libertad tras pagar la fianza de $300.000.

12.- Víctor Manuel Campos Dávila: Perteneció por 30 años a Carabineros. En su primera declaración sólo dijo que después del 11 de septiembre, la Tenencia de Laja se mudó a dependencias de la CMPC. Después agregó que estuvo esa noche y que disparó cuando se lo ordenaron, pero que no lo hizo a los cuerpos. Es uno de los procesados por homicidio y hoy goza de libertad provisional.

13.- Nelson Casanova Salgado: Sargento 1º (r) de Carabineros. Había dicho que nunca había participado en un operativo de detención de trabajadores de la CMPC, pero se comprobó su participación. También procesado por homicidio, hoy está libre después de pagar la fianza.

14.- Luis Muñoz Cuevas: Cabo 1º (r) de Carabineros. Como esa noche se quedó haciendo guardia en el cuartel, el ministro Aldana lo sobreseyó de la investigación.

15.- Anselmo del Carmen San Martín Navarrete: Suboficial (r) de Carabineros. Su misión esa noche fue detener el tránsito en la zona del hospital para que pasara la caravana. Después volvió a la Tenencia y se quedó toda la noche allí. Es uno de los tres carabineros sobreseídos.

16.- Juan de Dios Oviedo Riquelme: Suboficial (r) de Carabineros. También se quedó esa noche de guardia en la Tenencia de Laja, por lo que fue sobreseído.

17.- Sergio Castillo Basaul: Suboficial de Carabineros. Si bien no participó en el fusilamiento, tuvo un rol activo al guiar las detenciones en San Rosendo, ya que el se desempeñaba en esa localidad y conocía a sus habitantes. Murió el 16 de septiembre de 2005 por una hemorragia digestiva masiva, várices esofágicas y cirrosis de la ennec, la que produce el alcoholismo.

18.- Peter Wilkens fue el único civil presente en la matanza, sin embargo no vivió para enfrentar a la justicia: en 1985 encontró la muerte a manos de un joven de 19 años que se introdujo en su fundo en Laja y le descargó un escopetazo como “ajuste de cuentas”, sepultando su cuerpo y el de su mayordomo muy cerca de donde habían enterrado a los fusilados 12 años atrás.


Fortín Mapocho, 09/07/07

TESTIMONIO DE UN SOBREVIVIENTE DE LA MASACRE DE LAJA, DEL 11 DE SEPTIEMBRE 1973 (ANÓNIMO)

En este testimonio reproducido por Fortin Mapocho se menciona a civiles y militares, muchos de ellos sometidos a juicio y otros simplemente condenados por su conciencia. Esperamos que la acción de los unos y los otros haya calado profundamente en los chilenos que vivieron en esos años estos actos de barbarie y que en su momento se negaron a aceptar que estos hechos ocurrieran en Chile.

Para las nuevas generaciones, que nacieron en los años posteriores al golpe y que no tuvieron conciencia de lo que sucedía en su país, este relato servirá para alertarlos hasta donde es capaz de llegar el ser humano por conservar y desarrollar sus privilegios. El general constitucionalista Carlos Prats, advirtió a sus pares que cometerían un grave error si intervinieran y tomaran el camino del golpe. Agregó, que por muchos años la sociedad chilena los señalaría con su dedo crítico y les reprocharía esa determinación. Textualmente, y prosiguiendo con su opinión crítica, expresaba:
'tendría que ser [la intervención] implacablemente represiva. Para ello, las FFAA tendrían que transformarse en una policía especializada y refinada, y significaría convertir al pueblo en tupamaros. A la semana siguiente de los aplausos al dictador, los políticos de los bandos más encontrados estarían unidos gritándonos: 'gorilas', y pidiendo elecciones. Este no es un país de borregos. Los trabajadores representan un poder social. Están organizados. En este país hay dignidad vertical. En este país los dirigentes políticos mueven efectivamente a las masas. No nosotros los militares no acariciamos la idea de reemplazar al poder civil, ni es nuestra misión' [Revista Ercilla Nº 1950, Semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 1972. Entrevista periodística al Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Prats. Reproducida en Héctor Vega, 'Crítica de la Unidad Popular'. Edit. Fontamara. Barcelona. España. 1975, ps. 121, 122]

El general Prats tenía razón cuando decía que los trabajadores no se engañarían. Se equivocaba trágicamente cuando apreciaba el rol de los dirigentes políticos. Muchos de ellos comprometidos con el golpe, y algunos dirigentes, hoy, de la Concertación, no sólo buscaron la caida del gobierno de la Unidad Popular desde sus asientos parlamentarios, sino que golpearon la puerta de los cuarteles. No hablemos de aquellos que militan en la Alianza y que hoy profesan de demócratas, directos discípulos del pinochetismo. En fin, unos y otros, constituyen una generación que nunca ha creído en la democracia y menos aún en que los trabajadores tomaran su destino en sus propias manos y que buscaran los caminos de una democracia auténtica y participativa.

TESTIMONIO
El 11 de septiembre de 1973 me encontraba como trabajador de la COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONES DEL PUEBLO DE LAJA [500 kms. al sur de Santiago]. Monopolio perteneciente a la familia Alessandri. Familia de reconocida trayectoria política defendiendo los intereses de la burguesía, aplastando al pueblo y participantes activos en el golpe militar de 1973.

En los días previos al golpe militar la empresa, los grupos de derecha [Patria y Libertad y Partido Nacional, Democracia Cristiana] y la policía ya hacían sentir la represión en los trabajadores y campesinos, más aun en los dirigentes de éstos, con amenazas de palabra y de hecho. Los carabineros patrullaban la fábrica y sus alrededores atemorizando a los trabajadores. Eran los síntomas de los horrores de los que seríamos testigos más tarde, el 11 de septiembre de 1973, cuando Pinochet y un grupo de generales asesinos decidieron poner fin al gobierno que representaba los intereses de las masas desposeídas que hasta ese entonces habían sido cruelmente explotadas por la burguesía, de la cual un digno exponente es la familia Alessandri.

Aquí es necesario destacar que el general WASHINGTON CARRASCO estaba a cargo de la III División del Ejercito con asiento en la ciudad de Concepción. Por tanto, los hechos que a continuación describiré son de su responsabilidad, así como de sus superiores, el general Pinochet y su camarilla asesina.

El día Martes 11 de septiembre de 1973 yo me encontraba trabajando en la fábrica cuando observamos, con nuestro compañeros de trabajo, que la policía y grupos paramilitares de extrema derecha, fuertemente armados, encabezados por CARLOS FERRER GÓMEZ [Superintendente de la compañía CMPC] patrullaban el recinto de la empresa.

A las 16 horas del mismo día, hora de término de faenas, a la salida de la fábrica, nos esperaba un pelotón de carabineros acompañados de los grupos paramilitares de extrema derecha, encabezados por PEDRO JARPA, hombre de confianza de la PAPELERA, quien con una lista en sus manos denunciaba los compañeros que defendieron con más fuerza los intereses de la clase obrera.

Producto de esta infame delación fuimos detenidos 22 compañeros e inmediatamente, en presencia de todos los trabajadores de la fabrica [400], fuimos salvajemente golpeados, en esta acción de brutalidad policíaca. En esta acción se destacaban dos reconocidos criminales el teniente ALBERTO FERNÁNDEZ MITCHEL y el sargento PEDRO RODRÍGUEZ CEBALLOS.

Antes de ser trasladados a la comisaría, en vehículos facilitados por la Papelera, el Teniente Fernández Mitchel Salgado se dirige a los trabajadores diciendo que seré asesinado en cuanto llegue al recinto policial y que será la última vez que me verán.

Una vez en la comisaría fuimos brutalmente golpeados y amenazados de muerte. Luego en estado semi-inconciente, producto de los golpes, fui arrojado violentamente al interior de una pequeña celda en calidad de incomunicado.

No satisfecho con mi estado lanzaron al interior de la celda una bomba lacrimógena, producto de esto perdí totalmente el conocimiento. A las 19 hrs., por orden del teniente FERNÁNDEZ MITCHEL dos compañeros me sacaron de la celda y fui conducido a la sala de guardia, donde estaba el resto de mis compañeros de detención, y nuevamente fuimos salvajemente golpeados.

Mientras esto ocurrió pude ver al profesor y militante del Partido Socialista RUBÉN CAMPOS LÓPEZ quien es uno de los mártires de LAJA- y SAN ROSENDO.

Nuevamente queda de manifiesto la participación activa de la Papelera de LAJA en estos bárbaros actos, cuando uno de los directores [jefe de personal] HUMBERTO GARRIDO, pone a disposición del teniente FERNANDEZ MITCHEL SALGADO un bus de la empresa, así como cuerdas para atarnos. En este bus fui trasladado a la cárcel de los Angeles [ciudad cercana a la LAJA]. Cabe destacar que este mismo bus fue utilizado para transportar a los 19 asesinados por carabineros con la complicidad de civiles.

Cuando fui conducido por carabineros junto al resto de mis compañeros a la cárcel de los Angeles y cuando entramos al puente del salto de LAJA el teniente MITCHEL SALGADO y el sargento PEDRO RODRÍGUEZ CEBALLOS ordenó al chofer de detenerse en la mitad del puente y fui llevado a golpes hacia la puerta atado de manos y tomado del cuello comenzó a empujarme con la clara intención de lanzarme del puente hacia el precipicio todo esto acompañado de insultos y amenazas, no conforme con esto me ordeno que me arrodillara a sus pies.

Cuando llegamos a la cárcel de los Angeles el teniente MITCHEL le indicó al capitán responsable del penal que yo era peligroso, extremista perteniente al MIR y que fuera incomunicado hasta nueva orden ya que en mi casa se había encontrado una pistola y planos para asaltar la comisaría de LAJA cosa totalmente falsa.

La cárcel estaba llena de campesinos y obreros de los diferentes campos y fabricas de la provincia, allí permanecí encarcelado hasta diciembre de 1973, recibiendo constantemente un maltrato càrcelario.

A fines de septiembre recibimos nuestra primera visita. Se trataba del párroco de LAJA, FELIX ELCHER, quien nos comunicó la muerte de los 19 compañeros de LAJA Y SAN ROSENDO.

El teniente WALTER KRUG RIVERA, jefe del campo de prisioneros de los Angeles, fue otro de los criminales del régimen de Pinochet, quien visitaba constantemente la cárcel buscando compañeros para trasladarlos al regimiento donde eran torturados, asesinados y desaparecidos.

Fue este personaje quien nos confirmó la muerte de 19 compañeros ya que se entretenía botando y destruyendo los alimentos que los familiares de estos les hacían llegar creyéndolos detenidos. La verdad era que los habían asesinado. Se trataba de un criminal sádico, quien insultaba y golpeaba a los detenidos cuando se le ocurría.

En el mes de diciembre de 1973 fui trasladado junto a 10 compañeros por el caso de LAJA, al campo de concentración del regimiento de los Angeles por orden expresa del capitán GUSTAVO MARZZAL, [jefe del SIM] quien era además jefe máximo del campo de prisioneros. Se nos dijo que esta medida era para ser puestos en libertad.

De los 11 compañeros sólo yo quedé detenido en calidad de incomunicado por orden del SERVICIO DE INTELIGENCIA MILITAR [SIM], los otros fueron puestos en libertad.

En la tarde del 11 de diciembre de 1973, fui trasladado al SIM.,a las salas de interrogatorios, que en realidad era una sala de amedrentamiento y desgaste anexa a una segunda sala de torturas. Los interrogatorios estaban a cargo de DOMINGO BASCUÑAN, PATRICIO Abarzúa [el PATO], MARIO PACHECO, RENÉ PAREDES, y el médico pediatra, GREGORIO BURGOS [DINA].Todos ellos pertenecientes al SIM.

La sala de torturas semejaba una clínica, con jeringas, un grupo electrógeno, un catre de metal, y un armario de madera que semejaba una portería de fútbol donde fui colgado de pies y manos mirando hacia el suelo, además había música para acallar los gritos de dolor. El piso de la sala era de madera y estaba salpicado con la sangre de los presos que habían sido torturados. Llamaba la atención que hubieran fotos de Miguel Enríquez y Salvador Allende. Allí fuí golpeado de cara a las fotos.

Cuando se cansaron de los golpes y botaba sangre por boca y nariz me botaron al piso donde me sacudieron a patadas por todo el cuerpo.

Duré entre 3 y 4 horas en esa sala. A los golpes siguió la corriente eléctrica y las quemaduras con cigarrillos. No contentos con ello, uno de los torturadores se colgó de mi espalda mientras me suspendían de la horizontal de la “portería”.

Las secuelas son de imaginarse pues hasta el día de hoy sufro de fuertes dolores en la espalda.

Luego de las torturas fui trasladado en calidad de bulto por dos soldados a una sala secreta [motel] de incomunicación del SIM, donde se encontraban otros 24 compañeros en pésimo estado de salud debido al exceso de las torturas.

Las secuelas sicológicas de este tratamiento aún perduran en mi mente.

El motel estaba retirado del campo de prisioneros y las condiciones en que allí vivimos fueron inhumanas. No veíamos la luz del día. No había otra manera de hacer las necesidades elementales sino en un tarro grasero que cada tres días, en las noches, era vaciado por nosotros. Nunca hubo atención médica para aquellos que venían de la tortura. Los guardianes robaban los alimentos que traían los familiares. Peor que todo, estábamos sometidos a volver a la tortura según placiera a los torturadores.

Producto de ello me vinieron principios de epilepsia, no podía caminar, no podía ponerme los zapatos, ni siquiera sentarme o flectar la espalda, los compañeros me daban la comida en la boca. Nos llenamos de pulgas y piojos pues no podíamos lavarnos.

Un día llegó la CRUZ ROJA INTERNACIONAL, al campo de concentración. La administración del campo nos ocultó. Sin embargo, después de 3 meses, gracias a la Acción del Arzobispado de los Angeles y de la CRUZ ROJA INTERNACIONAL, los detenidos.

Después de un tiempo y por orden del SIM, fui trasladado nuevamente, al centro de torturas para ser interrogado por el caso de LAJA. Bajo promesas de libertad inmediata y salida del país, pretendieron que firmara una declaración con relación a la muerte de los 19 compañeros asesinados en un fundo de la Papelera.

Con mi negativa volví al régimen de golpes e incomunicación.

Cuando estuve en el campo de concentración me tocó presenciar un cobarde asesinato. Un campesino perdió la razón producto de los golpes y de la vida que llevábamos, por esto tomó un día una tabla de madera de pequeñísimas dimensiones y golpeó con ella a un soldado en su casco ,esto lo vio el teniente Walter Krug Rivera, reconocido torturador y asesino ,y ordenó que todos los prisioneros que estábamos cerca nos diésemos vuelta para no ver, y ordeno que nos fuéramos a nuestras celdas, entonces el sacó su pistola y la descargó en el pobre campesino demente. CRUZ ROJA INTERNACIONAL supo de este cobarde asesinato pues se le mostró el lugar de la muerte en donde aun se veían las manchas de sangre estampadas en el cemento.

A mediados de 1974 fui trasladado a la cárcel publica de los Angeles ya que tenía que pasar a procesó por el caso de LAJA. Luego de algunos días fui visitado por el SIM, quienes me ofrecieron quedar en libertad inmediata, siempre y cuando firmara una declaración falsa, a lo que nuevamente me negué. Producto de mi negativa, fuí nuevamente, incomunicado en muy mal estado de salud.

A fines de 1974 fui llevado ante un CONSEJO DE GUERRA POR EL CASO DE LAJA ,junto a 8 compañeros, donde al no comprobarse ningún cargo en mi contra fui puesto en libertad condicional con una pena de 345 días ya que siempre se sostuvo que el proceso se mantenía abierto, es decir permanecí 1 año y tres meses en cárcel y el campo de concentración de los Angeles.


El Ciudadano, 24 de agosto de 2011

Por homicidio calificado procesan a once ex carabineros

Por el delito de homicidio calificado en contra de 19 persona detenidas tras el golpe militar de 1973 en Laja y San Rosendo, el ministro especial para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, sometió a proceso a once ex carabineros este lunes.

La resolución era esperable ya que el jueves, tras realizar una larga reconstitución de los hechos ocurridos entre el 13 y el 16 de septiembre de 1973, en Laja y San Rosendo, Aldana había dejado detenidos a los 13 ex carabineros que habían sido puestos a su disposición para concretar esta diligencia.

En terreno, el propio magistrado reconoció tener más elementos y claridad para dictar los autos de procesamiento, lo cual se concretó finalmente ese lunes.

Junto con procesar por homicidio calificado, también encausó a otro ex funcionario por el delito de encubridor de dicho delito, mientras a otros dos los dejó en libertad por falta de méritos.

Los ex carabineros procesados son Alberto Fernández, Lisandro Martínez, Luis Godoy, Gerson Saavedra, Florencio Olivares, Pedro Parra, Gabriel González, Samuel Vidal y Nelson Casanovay José Otárola, este último como encubridor.

Además, quedaron absueltos dos ex funcionarios que señalaron haberse quedado en el cuartel el día en que los detenidos fueron sacados de la unidad y llevados hasta el fundo San Juan donde fueron asesinados.

Durante la reconstitución de escena, el momento más impactante se vivió precisamente en el predio, situado en el camino entre Laja y Yumbel, a donde fueron trasladados los 19 detenidos. En ese lugar, los procesados reconocieron que los mataron a balazos tras recibir la orden del teniente Alberto Fernández Mitchel, quien a su vez declaró que recibió instrucciones de un superior de Los Angeles.

Asimismo, reconocieron que los cuerpos fueron enterrados en el mismo predio, en una fosa cavada por algunos de los carabineros.

Y si bien para los familiares de las víctimas este ha sido un avance significativo en la búsqueda de justicia, a 38 años de ocurrida esta matanza, también esperan que el ministro Carlos Aldana indague las responsabilidades de civiles en la detención de los obreros de la Papelera CMPC de Laja, ya que todo indica que hubo colaboración directa incluso individualizando personas.


Biobiochile.cl, 27 agosto 2011

En libertad bajo fianza quedan 10 de 11 ex Carabineros procesados en casos de DDHH

En libertad bajo fianza, quedaron 10 de los 11 ex Carabineros que están procesados por el Ministro Especial para causa de Derechos Humanos, por el asesinato de 19 personas tras el Golpe Militar en Laja Y San Rosendo.

Dentro de sus facultades, el ministro Carlos Aldana concedió la libertad bajo fianza a parte de los 11 procesados, 10 por homicidio calificado y uno por encubrimiento, frente a lo cual la abogada del programa de DD.HH apeló durante la semana.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Concepción apoyó la decisión del ministro Aldana y concedió la libertad a 10 de ellos, menos al teniente Alberto Fernández Mitchell, quien dio la orden de disparar.

Para los familiares de los 19 ejecutados políticos, como Emilio Araneda, la situación es sólo parte del proceso investigativo del ministro especialista en casos de Derechos Humanos, el que confía termine con duras condenas para los procesados.

Araneda incluso estima que podrían darse otras detenciones de ex uniformados, porque el teniente Fernández Mitchell habría declarado que un superior jerárquico le ordenó cometer los crímenes en el fundo San Juan, situado entre Laja y Yumbel, la madrugada del 18 de septiembre de 1973.

Recordemos que en principio fueron 14 los detenidos, pero tres de ellos no fueron sometidos a proceso por el ministro.


Tribuna del Biobío, 19 de agosto de 2011

Histórica Reconstitución De La Matanza De Laja-San Rosendo

Ex Carabineros Confesos De Ejecuciones Fue una jornada maratónica e histórica la que se vivió este jueves en Concepción, Laja y San Rosendo. Esto porque el ministro para causas de derechos humanos, Carlos Aldana, decretó la reconstitución de escena, para lo cual dispuso que la PDI ubicara a los catorce inculpados en esta causa, los que, salvo uno que está enfermo, fueron puestos a disposición del ministro Aldana.

“¿Quién dio la orden de disparar?”

-El teniente Fernández
La pregunta fue repetida varias veces por el ministro Carlos Aldana, a medida que iba interrogando a los dos ex carabineros que participaron en la reconstitución de uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en la región del Bío Bío, durante la dictadura: la ejecución de 19 obreros y empleados de Laja y San Rosendo.

Fue una larga jornada la que se vivió este jueves en Concepción, Laja y San Rosendo. Temprano se iniciaron las diligencias en el palacio de Tribunales. Hasta allá llegaron pasadas las 8:00 horas, doce ex funcionarios de Carabineros, trasladados por personal de la PDI desde Iquique, Rancagua, Santiago, Chillán y Los Ángeles.

Allí, el ministro Aldana tomó las primeras declaraciones a los ex carabineros, quienes fueron identificados durante la investigación judicial de este caso desarrollada por el ministro en visita, José Martínez Gaensly, entre 1979 y 1980.

Entre el 13 y el 16 de septiembre de 1973, 19 personas, entre empleados de la Papelera CMPC de Laja y de ferrocarriles en San Rosendo, fueron detenidos por personal de Carabineros de la Tenencia de Laja, a cargo del teniente Alberto Fernández Mitchel y también por funcionarios de San Rosendo.

Las indagaciones del ministro Martínez permitieron identificar a Alberto Fernández Mitchel, Evaristo Garcés Rubilar, Pedro Rodríguez Ceballos, Juan Muñoz Cuevas, Nelson Casanova Delgado, Luis León Godoy, Carlos Fritz Gómez, Gerson Saavedra Reinike, Gabriel González Salazar, Juan Oviedo Riquelme, Anselmo San Martín Navarrete, Lisandro Martínez García, José Otárola Sanhueza, Samuel Vidal Riquelme, Florencio Olivares Dade, Pedro Parra Utreras, Sergio Castillo Basaúr e Israel Ormeño este último civil.

Sin embargo, como se trataba de personal uniformado, el 18 de marzo de 1980, el magistrado se declaró incompetente, pasando la causa a la Justicia Militar, que la sobreseyó y aplicó la Ley de Amnistía, el 3 de diciembre de 1981.

Treinta años después, familiares de las víctimas y sus victimarios volvieron a encontrarse. El dolor de tantos años brotó espontáneo en gritos y interpelaciones. La pasividad fue la respuesta de los inculpados. Así fue durante gran parte del día, en las diligencias realizadas por el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana quien está indagando este caso, luego de la presentación de dos querellas, una de familiares y la otra de Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Cerca del mediodía, el ministro junto con los inculpados y personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, se dirigieron a Laja. Allá, se constituyó primero en el Juzgado y luego se trasladó hasta el ingreso principal de la Papelera, donde realizó algunas inspecciones y conoció un par de testimonios.

Mientras, en las inmediaciones, familiares, amigos y vecinos demandaban justicia con gritos y pancartas. El ambiente era de tensión y de gran expectación. La localidad de Laja advertía que algo estaba sucediendo ante el paso de los vehículos policiales y el inusual resguardo de la fuerza pública.

Luego de casi media hora de espera, Aldana salió de la Papelera y junto a la comitiva, partió a San Rosendo, donde realizó la reconstitución de dos detenciones. La de Luis Araneda Reyes, 43 años, maquinista de Ferrocarriles, detenido el 15 de septiembre, en la puerta de su casa. Y la de Juan Acuña Concha, maquinista de 33 años y residente en San Rosendo. Su esposa, Rosa Barriga Pérez, relató los pormenores de la detención y también se quebró y encaró enardecida a dos de los carabineros que participaron en la detención de su esposo: Alberto Fernández y Florencio Olivares.

La aparición de ambos provocó una fuerte reacción por parte de algunos familiares, especialmente jóvenes, que a voz en cuello le gritaban: “¡Asesino! ¡Asesino!” a los dos ex funcionarios.

Terminadas esas diligencias, la comitiva regresó a Laja, para dirigirse al sector donde estuvo ubicada la Tenencia de Laja. Todas estas acciones eran seguidas muy de cerca por familiares y amigos y también más de algún vecino curioso.

Los afectados directos también compartían sus visiones e impresiones de lo vivido hace 38 años y de lo que estaba ocurriendo en ese momento.

Mirta Gutiérrez, hija de Jack Gutiérrez, reflexionaba sobre así: “Se supone que las personas que asesinan a otras van presos ¿ por qué ellos no?”, reflexionaba y de inmediato reconocía que se alegraba con las diligencias decretadas por el ministro Aldana, ya que “se está haciendo justicia. No puede existir una amnistía en algo así tan doloroso“.

Nuevamente la caravana se puso en marcha, esta vez para dirigirse al último objetivo del día en Laja: conocer el predio donde fueron asesinados los 19 detenidos.

Tras algunos inconvenientes derivados de la ubicación exacta del lugar donde carabineros llevaron a los detenidos y luego los asesinaron, se pudo llegar al fundo “San Juan”. Allí, en una diligencia que demoró casi dos horas, el ministro Aldana interrogó uno a uno a los inculpados. En total trece, porque el décimo cuarto estaba enfermo en cama en Laja.

A medida que los llamaba, les pedía que se identificaran y luego les preguntaba sobre su participación en los hechos. De los asistentes, diez reconocieron su participación en el traslado y muerte de las 19 personas detenidas en Laja y San Rosendo.

Los inculpados esperaban su turno de ser llamados a declarar por el ministro Aldana, bajo un árbol y casi sin hablar entre ellos. Sus miradas seguían atentas a lo que ocurría a pocos metros. Se notaban algo intranquilos, aunque no todos.

Una vez que el ministro Aldana los escuchó, pidió recrear la forma cómo se ubicaron las víctimas y los fusileros.

En las inmediaciones y con vigilancia policial, familiares de las víctimas, amigos y conocidos, seguían atentamente y casi en silencio, la diligencia que se estaba concretando. En medio del grupo, Rosa Barriga sostenía con gran dignidad un retrato fotográfico de nuestras familiares. Pero sus fuerzas no resistieron y de repente cayó al suelo desmayada. rápidamente se le prestó auxilio y atención.

Una vez terminada la diligencia y cuando el sol se había ocultado y un intenso frío se dejaba sentir en el lugar, que sin embargo ni por un momento les arrebató el aliento y la esperanza de avanzar en el largo camino por encontrar la justicia.

Al finalizar la labor, el propio ministro Aldana explicó el sentido de la diligencia realizada: “Se cumplió con la reconstitución de escena en el momento en que las personas fueron detenidas, trasladadas a la unidad policial y traídas a este lugar donde fueron ejecutadas“, comentó, para agregar:. “Los inculpados están confesos de la participación que tuvieron en este lugar y la han recreado de manera tal que concuerda con lo que han dicho anteriormente en declaraciones que le prestaron a este ministro, pero que en averiguaciones hechas por el ministro Martínez habían ocultado“.

Para Aldana, los ya está caro que se les aplicará la figura penal de homicidio calificado y resaltó que diez personas que están inculpada, ya que están confesas. “Quedan diligencias pendientes, faltan familiares que tomarle las declaración para cerrar la investigación pero para avanzar en el sometimiento a proceso con esto que se ha reunido e suficiente y estamos claros de su participación, la han reconocido y eso en cuanto a un avance en la investigación es notorio y significativo“.

En el mismo sentido se pronunció la abogada del Programa de Derechos Humanos y querellante en la causa, Patricia Parra:

“Esta reconstitución de escena nos ha sorprendido a todos, como lo hace muchas veces el ministro, creo que tiene claro cómo fueron los hechos a partir de que efectivamente hay algunos funcionarios que están confesos, esta reconstitución viene a aclarar algunos puntos que le interesan al ministro para configurar el tipo penal y desde esa perspectiva ojala dentro de pocos días se dicte el procesamiento de los responsables“.

Asimismo, recordó que hace treinta años se aplicó la Ley de Amnistía, que sigue plenamente vigente. Por ello, calificó de hecho histórico lo sucedido este jueves.

“Este caso se cerró el 81 y los familiares desde siempre buscaban la alternativa que se hiciera justicia y se estableciera la verdad y a partir de allí pudiera saber qué había pasado con sus familiares y quienes eran los responsables. Eso es un hecho histórico. El ministro Martínez había hecho esta diligencia el 80, en un contexto histórico judicial bastante distinto, pero logró establecer los hechos y la justicia militar aplicó la amnistía.

Es una situación bastante dolorosa porque todos y cada uno de los victimarios conocía a las víctimas, eran personas cercanas, se visitaban, se conocían y bastó el 11 de septiembre para que cambiara eso. Uno no se explica la manera cómo una persona que hasta el día anterior eran amigos, podían haber asesinado a las personas por pensar distinto. Los van a buscar a sus casas, a sus lugares de trabajo y son trasladados a las dependencias de la tenencia de Laja de donde son sacados y llevados al fundo San Juan donde son asesinados”.

De los inculpados en este caso, hay que señalar que tres fallecieron: Pedro Rodríguez, Evaristo Garcés y Sergio Castillo.

Finalizada la preconstitución, el ministro dispuso que cualquier cosa que necesite, le avise. Y que los inculpados serían llevados a la Corte de Apelaciones, donde se dictaría una orden para que sean ingresados a una unidad policial de Concepción.

Pero el caso no ha terminado. El ministro comentó que diligencias pendientes, faltan familiares que tomarle las declaración para cerrar la investigación “pero para avanzar en el sometimiento a proceso con esto que se ha reunido suficiente y tengo clara su participación”. Por ello, se espera que pronto dicte los procesamientos de los inculpados.

 

  Estas paginas han sido preparadas y son mantenidas por: Proyecto Internacional de Derechos Humanos - Londres © 1996 - 2015