Quienes somos ] Boletin ] Busqueda ] Pinochet en Londres ] Centros Detencion ] Complices ] Empresas ] Fallos ] Criminales ] Tortura ] Exilio ] ecomemoria ] Desaparecidos ] Ejecutados ] Testimonios ] English ]

Juan Ramón Gerardo Fernández Berardi

Brigadier de Ejercito

C.I.: 5.168.289-0

Domicilio: Gral. Eugenio Garzón 6685, Vitacura, Santiago

Condenado a 10 años de prisión por su participación en el asesinato de 6 personas

El 16 de octubre de 1973, miembros de la Escuela de Suboficiales del Ejército allanaron violentamente los departamentos de la Torre 12 de la remodelación San Borja, obedeciendo a una falsa denuncia contra uno de los detenidos de parte de una vecina. El allanamiento sorprendió a los inquilinos del edificio mientras dormían en sus departamentos. Los militares procedieron a detener a 6 personas, 2 turistas argentinos, un funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), un estudiante universitario, un cirujano dentista y un importador y militante del Partido Nacional.

Los seis detenidos, Ricardo Montecinos Slaughter, Carlos Adler Zulueta , Beatriz Elena Díaz Agüero, Víctor Garretón Romero, Jorge Salas Pararadisi, y Julio Saa Pizarro, cirujano dentista.  fueron llevados a la Casa de la Cultura de Barrancas, Pudahuel, lugar transformado en centro de detención por los agentes de la dictadura Al siguiente día, los detenidos fueron trasladados a losalrededores del túnel Lo Prado, donde se les ordena a cada uno que huya, para simular una fuga, y no obstante los ruegos de clemencia, son asesinadas por ráfagas de ametralladora.

En fallo unánime, los ministros de la Octava Sala, Leopoldo Llanos, Adelita Ravanales y Jenny Book (suplente), ratificaron en todas sus partes la sentencia del ministro en visita Jorge Zepeda Arancibia, quien el 6 de abril de 2011 condenó a los siguientes ex efectivos de Ejército:

- Gerardo Urrich González, 10 años de presidio, sin beneficios

- Juan Ramón Fernández Berardi, 10 años de presidio, sin beneficios.

- René Cardemil Figueroa, 10 años de presidio, sin beneficios.

El 6 de enero de 2014, La Corte Suprema ratificó la sentencia que condenó a tres militares por el asesinato, el 17 de octubre de 1973

Fuentes: La Nación, The Clinic, Cooperativa, Archivo Memoriaviva

=========================================================================================================================================


La Nación, 6 de Abril 2011
DDHH: Justicia condena a autores de crímenes de Torres de San Borja
En el marco de la investigación denominada Caso Torres San Borja, donde fueron detenidas 6 personas el 17 de octubre de 1973 y más tarde ejecutadas cerca del túnel Lo Prado, el ministro en visita Jorge Zepeda dictó sentencia de 10 años para tres ex uniformados.
Los sentenciados fueron identificados como los ex miembros de la escuela de suboficiales del Ejército Gerardo Urrich, Juan Ramón Fernández y René Cardemil, quienes una vez que quede ejecutoriado el dictamen, deberán cumplirlo con presidio efectivo.
Los ex agentes son responsables de los homicidios calificados de Ricardo Montecinos Slaughter, funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI); la pareja de turistas argentinos Carlos Adler Zulueta y Beatriz Elena Díaz Agüero; Víctor Garretón Romero, importador y militante del Partido Nacional; Jorge Salas Pararadisi, estudiante universitario y Julio Saa Pizaro, cirujano dentista.
Este caso tuvo un alto revuelo en 1976, pues el FMI consideró el hecho una violación a los derechos humanos por lo que pidió a la ONU investigar los hechos. El organismo internacional recomendó a Chile iniciar una investigación y encontrar a los responsables, sin embargo, en la época, se cerró el proceso sin culpables.
De acuerdo a la sentencia, las víctimas fueron detenidas mientras dormían en sus departamentos de la Torre 12 de remodelación San Borja, el 16 de octubre de 1973 por miembros de la escuela de suboficiales del Ejército y conducidas al recinto de detención habilitado en la Casa de la Cultura de Barrancas en Pudahuel.
El 17 de octubre de 1973 son sacadas de ese lugar y llevadas a los alrededores del túnel Lo Prado, donde se les ordena a cada uno que huya, para simular una fuga, y no obstante los ruegos de clemencia, son asesinadas por ráfagas de ametralladora.

 

The Clinic,  06 Abril, 2011

Dictan condena por seis homicidios calificados en Torres San Borja durante dictadura

El ministro en visita Jorge Zepeda dictó sentencia contra tres ex uniformados que asesinaron a dos turistas argentinos y cuatro chilenos, simulando una fuga en los alrededores del túnel Lo Prado.

Las seis personas fueron detenidas en la Torre 12 de la Remodelación San Borja y ejecutadas en las inmediaciones del Tunel Lo Prado, el 17 de octubre de 1973. Por esta razón el magistrado dictó 10 años de presidio sin beneficios a los ex uniformados Gerardo Urrirch González, Juan Ramón Fernández Berardi y René Cardemil Figueroa.

Los tres son responsables de la muerte de Ricardo Montecinos Slaughter (27 años), funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI); Carlos Adler Zulueta (25 años), turista argentino; Beatriz Elena Diaz Agüero (26 años), turista argentina, cónyuge del anterior; Víctor Garretón Romero (60 años), importador y militante del Partido Nacional; Jorge Salas Pararadisi (25 años) estudiante universitario y Julio Saa Pizarro (35 años), cirujano dentista.

Según la sentencia, las víctimas fueron detenidas mientras dormían en sus departamentos de la Torre 12 de Remodelación San Borja el 16 de octubre de 1973 por miembros de la Escuela de Suboficiales del Ejército, quienes los llevaron hasta el recinto de detención habilitado en la Casa de la Cultura de Barrancas, Pudahuel.

Al día siguiente, los detenidos fueron llevados a los alrededores del túnel Lo Prado, donde -según la investigación- se les ordenó que huyeran del sitio para simular una fuga y, a pesar de pedir clemencia, fueron asesinados con ametralladoras.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) solicitó antecedentes de los homicidios por encontrarse entre las víctimas un funcionario del FMI y el 2 de junio de 1976, mediante resolución N°1810, determinó considerar que los hechos configuraban graves violaciones al derecho a la vida, reconocido en el Artículo I de Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y recomendó al Gobierno de Chile establecer la autoría y sancionar a los responsables.

Esa denuncia dio inicio a un proceso judicial por orden del ministro del Interior de la época, a cargo del fiscal militar Rolando Melo Silva, de la cual no se obtuvieron resultados.

 

La Nación,  25 de marzo de 2013

CONFIRMAN SENTENCIA POR CRIMEN QUE OBLIGÓ A LA JUNTA A PEDIR PERDÓN

Una de las seis víctimas asesinadas en el túnel Lo Prado, delatas “por equivocación” en octubre de 1973 por una vecina de la torre 12 de la Remodelación San Borja, era militante del entonces Partido Nacional. Su padre protestó y la Junta de Gobierno expresó su “pésame por este gran error militar”.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia en la investigación por los homicidios de 6 personas en el sector del túnel Lo Prado, cometidos el 17 de octubre de 1973. Las víctimas habían sido detenidas previamente en la torre 12 de la Remodelación San Borja.

La detención de estas personas, que no se conocían entre sí, salvo un matrimonio, se produjo como consecuencia de una delación efectuada telefónicamente por una vecina de la torre, al parecer “por equivocación”.

Entre las víctimas se cuenta un militante del entonces Partido Nacional. Su padre protestó ante el nuevo régimen militar, se realizó un sumario interno en el Ejército y se concluyó que fue “un error militar”. La Junta de Gobierno expresó su  “pésame por este gran error militar”.

Otra de las víctimas era un funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que provocó un impasse diplomático con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que también protestó ante las nuevas autoridades del país.

En fallo unánime, los ministros de la Octava Sala, Leopoldo Llanos, Adelita Ravanales y Jenny Book (suplente), ratificaron en todas sus partes la sentencia del ministro en visita Jorge Zepeda Arancibia,quien el 6 de abril de 2011 condenó a los siguientes ex efectivos de Ejército:

- Gerardo Urrich González, 10 años de presidio, sin beneficios

- Juan Ramón Fernández Berardi, 10 años de presidio, sin beneficios.

- René Cardemil Figueroa, 10 años de presidio, sin beneficios.

LAS SEIS VÍCTIMAS

De acuerdo a los antecedentes de la causa los tres ex uniformados son responsables de los homicidios calificados de las siguientes personas:

- Ricardo Montecinos Slaughter (27), funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI).

- Carlos Adler Zulueta (25), turista argentino.

- Beatriz Elena Díaz Agüero (26), turista argentina, cónyuge del anterior.

- Víctor Garretón Romero (60), importador y militante del Partido Nacional.

- Jorge Salas Pararadisi (25), estudiante universitario.

- Julio Saa Pizarro (35), cirujano dentista.

De acuerdo a la sentencia se establece que las víctimas fueron detenidas mientras dormían en sus departamentos de la Torre 12 de  remodelación San Borja, el 16 de octubre de 1973 por miembros de la Escuela de Suboficiales del Ejército y conducidas al recinto de detención habilitado en la Casa de la Cultura de Barrancas, Pudahuel.

LES APLICARON LA LEY DE FUGA

El 17 de octubre de 1973 fueron sacadas de ese lugar y llevadas a los alrededores del túnel Lo Prado, donde se les ordenó a cada uno que huyera, para simular una fuga, después de lo cual fueron asesinadas por ráfagas de ametralladora.

Por encontrarse entre las víctimas un funcionario del FMI, la Organización de Naciones Unidas (ONU) solicitó antecedentes de los homicidios y el 2 de junio de 1976 determinó considerar que los hechos configuraban graves violaciones al derecho a la vida, reconocido en el Artículo I de Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y recomendó al Gobierno de Chile establecer la autoría y sancionar a los responsables.

En el aspecto civil, se ratificó la condena al Fisco que ordenó pagar un indemnización de $ 100.000.000 a cada uno de los 9 familiares de las víctimas demandantes en la causa

 

Cooperativa.cl, 7 de enero de 2014

Corte Suprema condenó a tres militares por el asesinato de seis personas en 1973

Máximo tribunal ratificó sentencias a 10 años de presidio a los ex oficiales Gerardo Urrich, Juan Ramón Fernández y René Cardemil.

Además, el Estado deberá pagar 100 millones de pesos a cada una de las familias de las nueve víctimas.

La Corte Suprema ratificó la sentencia que condenó a tres militares por el asesinato, el 17 de octubre de 1973, de seis personas, incluidos un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), dos turistas argentinos y un militante de derecha.

La Segunda Sala Penal del máximo tribunal sentenció a 10 años de presidio a los ex oficiales del Ejército Gerardo Urrich González,Juan Ramón Fernández Berardi y René Cardemil Figueroa, como coautores de los delitos reiterados de homicidio calificado.

Con su resolución, la Corte rechazó un recurso de casación presentado por la defensa de los ex agentes del Estado y ratificó lo dictaminado en primera instancia por el ministro instructor Jorge Zepeda respecto del crimen.

De acuerdo con el expediente, en la madrugada del 16 de octubre de 1973, efectivos de laEscuela de Infantería del Ejercito detuvieron en uno de los edificios de la céntrica Remodelación San Borja de Santiago a seis personas, a las que dieron muerte al día siguiente en un recinto clandestino de detención denominado Casa de la Cultura de Barrancas, en la actual comuna de Pudahuel.

Detalles de los crímenes

Las víctimas del crimen fueron Ricardo Montecinos Slaughter, un alto funcionario del FMI; los turistas argentinos Carlos Adler Zulueta y su esposa Beatriz Elena Díaz Agüero; el comerciante Víctor Garretón Romero, militante del derechista Partido Nacional, que apoyaba la dictadura de Augusto Pinochet.

También fueron asesinados el estudiante universitario Jorge Salas Paradisi y el cirujano dentista Julio Saa Pizarro, a todos los cuales, tras ser llevados al lugar de la ejecución, se les ordenó correr para simular una fuga, y no obstante sus ruegos de clemencia, fueron acribillados con ráfagas de ametralladora.

El caso tuvo connotación internacional en 1976, cuando el FMI lo calificó como una violación a los derechos humanos y pidió una investigación a las Naciones Unidas, que a su vez recomendó al Estado de Chile iniciar una investigación y encontrar a los responsables, aunque el proceso abierto en esa época fue cerrado tiempo después sin responsables.

En el aspecto civil, la Corte condenó al Estado a pagar un a indemnización de 100 millones de pesos a cada una de las familias de las nueve víctimas, por concepto de daño moral, al considerar que no existe prescripción en crímenes de lesa humanidad.

 

  Estas paginas han sido preparadas y son mantenidas por: Proyecto Internacional de Derechos Humanos - Londres © 1996 - 2015