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Héctor Espinoza Valenzuela 

Detective de Investigaciones

 

 

Héctor Espinoza Valenzuela, detective de Investigaciones fue acusado y procesado por el homicidio de Claudio Rogelio Soto Robledo, hecho ocurrido después de una fiesta. El crimen fue presentado ante el Octavo Juzgado del Crimen de San Miguel,

Claudio Rogelio Soto Robledo es uno de los denominados "casos sin convicción" uego de ser investigados por Comision Rettig. Estos casos representan la situación de 642 victimas.

 

Fuentes de Información: La Epoca; Informe Rettig; Memoriaviva;


Verdadahora.cl

2 de Agosto 2013

PIDEN QUE LA MONEDA ACLARE VÍNCULOS ENTRE JEFES DE INVESTIGACIONES Y LA CNI

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en un escrito dirigido al presidente Sebastián Piñera, solicitó aclarar los posibles nexos de dos miembros del Alto Mando de la PDI con crímenes ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La carta presentada el 31 de julio pide esclarecer la participación del prefecto general Juan Baeza Maturana, subdirector activo de Investigaciones, en el secuestro o detención ilegal de cuatro estudiantes, sacados a la fuerza por funcionarios de la Central Nacional de Informaciones (CNI) desde un auto diplomático de Holanda, el 8 de septiembre de 1986.

Según reportamos en febrero de este año, “la participación del segundo hombre de Investigaciones fue captada por varios corresponsales de la prensa. Parte de las filmaciones pueden ser vistas en el documental ‘Imágenes de una dictadura’, donde un joven Baeza viste chaqueta azul y chaleco café claro, portando un arma en su mano derecha”.

La misiva solicita además que se informe sobre la eventual relación entre el encargado de la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol), Héctor Espinoza Valenzuela, y el crimen político de Claudio Rogelio Soto Robledo, reconocido como una víctima de violaciones a los derechos humanos en el Informe Rettig.

Según consta en la página Memoria Viva, el homicidio de Soto a manos de un “detective Héctor Espinoza” fue investigado por el Quinto Juzgado del Crimen de San Miguel.

La CUT también pidió información sobre la acusación que hiciera la Contraloría General de la República contra el director general de la PDI, Marcos Vásquez Meza, por incumplimiento de su deber de probidad, en lo referente a la omisión de las declaraciones de Intereses y Patrimonio que exige la Ley Nº 18.575.

La multisindical pide que se aclare si el gobierno de Sebastián Piñera “verificó tanto la investigación administrativa como la aplicación de sanciones”. De no ser así en los casos mencionados, el organismo anunció que remitirá los antecedentes a la Cámara de Diputados y a los candidatos presidenciales para el próximo período.


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