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Pedro Octavio Espinoza Bravo

Brigadier de Ejercito

Agente DINA

 

 

C.I. No: 3.063.238-9

 

Pedro Octavio Espinoza Bravo, su nombre está indisolublemente ligado a la así llamada "Caravana de la Muerte", que inicia su trágica trayectoria el 4 de octubre en Cauquenes y termina el 19 del mismo mes en Antofagasta dejando a su paso 68 ejecuciones. Pero no solo ejecuciones sino además masacres con corvos, con armas blancas. Extraditable.

Pedro Octavio Espinoza Bravo ocupó una de las jefaturas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en los comienzos de la dictadura y fue uno de los hombres de Arellano Stark. En el Ejército tiene la clásica imagen del militar profesional, razón por la que se desempeñó en la DINA como jefe de operaciones y como jefe del Centro de tortura Villa Grimaldi.

Sus cercanos lo describen como una persona reservada y a momentos taciturna. Prisioneros de Villa Grimaldi coinciden con esa percepción, aunque le agregan un apego a las formalidades y admirador por los valores y el orden. En 1995, decidió su retiro voluntario del Ejército -luego de pertenecer 46 años- debido a la condena dictada por la Corte Suprema y que ratificó la resolución de primera instancia del ministro instructor Adolfo Bañados.

Pedro Octavio Espinoza Bravo era el segundo hombre de la policía política, después de general Manuel Contreras.

Actualmente cumple condena por asesinato y secuestro en Punta Peuco, incluyendo el homicidio calificado, en Washington D.C., del ex canciller chileno Orlando Letelier. Recluido en el pabellón "alfa", donde además de él permanece el general Manuel Contreras.

 

Fuentes de Información: La Nación; El Mostrador; Dónde están hoy los dinos de ayer? Gladys Díaz, La Tercera, El Mercurio; Fichas de casos de los detenidos desaparecidos.; 'Los Zarpazos del Puma'. Patricia Verdugo; Archivo Memoriaviva


El Mostrador

Jueves 9 de Mayo  2002

Rechazan apelación de ex brigadier Pedro Espinoza

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la apelación interpuesta por la defensa del brigadier (r) Pedro Espinoza Bravo, la que pretendía dejar sin efecto el auto de procesamiento dictado en su contra por la titular del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, María Inés Collin.

En fallo unánime, el tribunal de alzada dejo “a firme” el encausamiento, que fue decretado en la investigación por la desaparición en 1974 de la periodista Diana Aron Svigilsky, militante del MIR.

En días anteriores también habían apelado a la resolución dos de los cinco procesados, el general en retiro Manuel Contreras Sepúlveda y el coronel en retiro Miguel Krassnoff, recursos que también fueron desestimados por la Corte.

La jueza Collin encausó el pasado 26 de abril a toda la plana mayor de la DINA por el secuestro de Aaron Spislisky, periodista y militante del MIR cuyo rastro se perdió en septiembre de 1974 y cuyo cuerpo no ha sido hallado. Además de los mencionados, figuran como encausados el coronel en retiro Marcelo Moren Brito y el ex agente Osvaldo Romo Mena


Tercera

Martes 18 de Junio  2002

Libertad bajo fianza para brigadier (r) Espinoza

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago otorgó la libertad, previo pago de una fianza de 400 mil pesos, al brigadier (R) Pedro Espinoza.

El ex uniformado se encuentra detenido en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército por la desaparición de la egresada de Periodismo y militante del MIR Diana Aarón.

El 18 de noviembre de 1974 la joven resultó herida en un operativo realizado por agentes de la DINA. A consecuencia de ello fue trasladada a una clínica clandestina que operaba al interior de Villa Grimaldi, desde donde se le pierde de vista.

Asimismo, el tribunal de alzada confirmó el auto de procesamiento de Miguel Krassnoff Marchenko y denegó la libertad a Marcelo Moren Brito

 


Zonaimapcto.cl

7 Julio 2003

 En enero pasado el magistrado ya había procesado a nueve oficiales (R) y suboficiales (R) como autores del delito de secuestro y desaparición de 12 de los prisioneros de La Moneda ejecutados. Ellos son el ex comandante del regimiento Tacna en 1973, general (R) Luis Joaquín Ramírez Pineda, quien se encuentra detenido en Argentina a la espera de que se resuelva su extradición a Francia, donde es requerido por el secuestro y desaparición de Georges Klein. También fue procesado el ex segundo hombre de la DINA, brigadier (R) Pedro Espinoza Bravo, quien supervisó el ametrallamiento de los detenidos y su posterior sepultación clandestina.

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En la causa se encuentran sometidos a proceso por el secuestro de siete personas de Pisagua y tres de Iquique, el general (r) Carlos Forestier, el brigadier (r) Pedro Espinoza y el suboficial (r) Miguel Aguirre. En paralelo, el juez interrogó al Primer y Segundo Comandante del Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique en la época. Ellos fueron requeridos por la muerte de Jorge Marin Rossel, empleado portuario, del PS, y de William Millar Sanhueza, ocurridas el 30 de septiembre de 1973.

(Extracto- Para documento completo, ver Pacto de Silencio)


El Mercurio

21 de Julio 2003

Guzmán dicta procesamientos caso Caravana de la Muerte

El ministro de fuero Juan Guzmán sometió a proceso a tres militares (r) por delitos cometidos por la denominada Caravana de la Muerte en cuatro ciudades al sur del país.

Luego de su investigación, Guzmán encargó reos al general (r) Sergio Arellano Stark, por el homicidio calificado de dos personas en la ciudad de Curicó. Además encausó a Arellano y al general (r) Gabriel del Río por los delitos de secuestro y homicidio calificado de Teófilo Arce, Leopoldo González, Segundo Sandoval y José Sepúlveda, todos ellos de la ciudad de San Javier.

El magistrado determinó además recalificar desde secuestro a homicidio el procesamiento al general (r) Arellano, al brigadier Pedro Espinoza (r) y el coronel (r) Marcelo Moren Brito, por la muerte y desaparición de dos personas en la ciudad de Cauquenes.

Asimismo, Guzmán decidió nuevamente encargar reo a Arellano Stark y al general (r) Héctor Hernán Bravo por el secuestro con homicidio de dos personas en la ciudad de Valdivia.

Con la resolución emanada hoy el magistrado estableció que la comitiva militar efectivamente recorrió la zona sur del país en 1973.

Luego de notificarse, el abogado de derechos humanos Juan Bustos sostuvo que con la resolución "queda muy patente que en relación a la Caravana de la Muerte faltaba aún mucho más. Ahora esto se ha comprobado y ha quedado claro, y así el ministro dictó procesamientos por los casos de Valdivia, San Javier y Curicó".


 La Nacion

22 de Agosto 2003

CDE se hace parte en caso desaparecidos de La Moneda

El avance en que se encuentra la investigación que se sustancia en el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago y los nuevos antecedentes que entregaron los abogados de la causa por la desaparición de 14 personas desde el palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, fueron los principales motivos para que el consejo general del Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidiera que la entidad debía hacerse parte en el proceso.

Fuentes de la entidad explicaron que la resolución fue adoptada en forma unánime y “fue una relación de más de una hora, con todas las piezas del proceso y no se pasó de una cosa que se diga que era negro a una que ahora es blanca, sino que simplemente como están las cosas, ahora hay merito suficiente”.

Con ello, se explica por qué esta idea había sido rechazada el 11 de agosto pasado.

De esta manera se determinó además que el abogado que se sumará a la causa que sustancia el juez exclusivo, Juan Carlos Urrutia, será Helmut Griott, quien se estima argumentará los criterios de la propuesta del Presidente Ricardo Lagos sobre derechos humanos en materia penal.

Esto significa distinguir entre los autores materiales y los intelectuales del caso.

En esta causa ya han sido procesados el brigadier (R) Pedro Espinoza, el coronel (R) Servando Maureira y el mayor (R ) Jorge Herrera. Además los suboficiales en retiro Teobaldo Mendoza, Eliseo Cornejo, Bernardo Soto, Juan de la Cruz Riquelme y Jorge Gamboa.

Entre ellos también está el general en retiro Hernán Ramírez Pineda, quien se encuentra detenido desde septiembre pasado en Buenos Aires.

Respecto a este caso, para el cual la justicia chilena ya solicitó la extradición, el CDE estudia hacerse parte en Buenos Aires, lo que a juicio de los consejeros es posible, porque él está procesado en Chile por esta causa.

Entre las víctimas de La Moneda, llevadas del regimiento Tacna al fuerte Justo Arteaga Cuevas en Peldehue, donde fueron fusilados y posteriormente sus cuerpos lanzados al mar, se encuentran Jaime Barrios Meza, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras y George Klein Pipper. Es por el caso de este último que la justicia francesa pidió a su par argentina la detención de Ramírez Pineda


La Tercera

25 de Febrero 2003

Justicia procesa a Manuel Contreras por asesinato de Carlos Prats

El ministro en visita Alejandro Solís procesó a los cinco ex miembros de la plana mayor de la Dina por el doble homicidio y asociación ilícita en el caso de la muerte del general Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército, y su mujer, Sofía Cuthbert, hecho ocurrido en Argentina el 30 de septiembre de 1974.

La decisión judicial recayó en el general (r) y ex director de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda; los brigadieres (r) Pedro Espinoza (segundo hombre de la Dina) y José Zara; el general (r) Raúl Iturriaga Neumann y su hermano, el ex agente civil Jorge Iturriaga. 

Mientras Contreras y Espinoza fueron sometidos a proceso "en calidad de autores como jefes en el delito de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado de Prats y su esposa", Zara  y los hermanos Iturriaga Neumann fueron procesados "en calidad de autores como miembros" de la mencionada asociación ilícita.

El general (r) Contreras fue notificado de la determinación judicial ayer en la tarde en su casa, donde cumple arresto domiciliario por su procesamiento en otros crímenes. Esta mañana, Zara, Espinoza y Raúl Iturriaga Neumann fueron informados de su procesamiento. Por su parte, Jorge Iturriaga Neumann aún no ha sido notificado oficialmente. Según se sabe, estaría de vacaciones y regresa a Santiago el jueves 26 de febrero, día en el que se realizará el trámite judicial.

Procesados después de intensos interrogatorios

La semana pasada el juez Solís interrogó a los cinco involucrados en el caso, ocasión en la que se confirmó que el ex agente de la Dina Michael Townley es autor material del delito.

El general Prats y su esposa fueron asesinados el 30 de septiembre de 1974 en Palermo, Buenos Aires, cuando, al llegar a su casa, una bomba explotó en su vehículo.

El caso en Chile se abrió después de casi 30 años, luego que la Corte Suprema conociera un pedido de extradición, por la jueza argentina María Servini de Cubría, hacia el país trasandino de la cúpula de ese organismo represivo.

Aunque el máximo tribunal rechazó la petición el pasado 9 de diciembre, ordenó abrir una causa en Chile, proceso que había sido derivado al 19° Juzgado del Crimen.

Sin embargo la titular de ese juzgado se declaró incompetente, por lo que el máximo tribunal designó como ministro de fuero al magistrado Alejandro Solís.


El Mercurio

1 de Septiembre 2003

Caso Prats: Procesados Mariana Callejas y Cristoph Willeke

El ministro en visita que investiga el caso Prats, Alejandro Solís, sometió a proceso a los ex agentes de la Dina, Mariana Callejas y Cristoph Willeke como autores del doble homicidio calificado del general Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires.

Willeke además fue procesado por el delito de asociación ilícita.

Callejas fue notificada tras declarar a primera hora de esta mañana en el despacho del magistrado, y luego fue trasladada al Centro de Orientación Femenina (COF).

En tanto, el ex agente del organismo represor Cristoph Willeke, quien se encontraba cumpliendo detención domiciliaria, fue derivado al Comando de Telecomunicaciones.

Tras conocer la resolución, el abogado de la familia Prats, Hernán Quezada, sostuvo que "los procesamientos indican que la causa avanza decididamente al esclarecimiento de la verdad y de la responsabilidad de todos los que participaron en este crimen".

Callejas y Willike enfrentan además una solicitud de extradición de parte de la jueza argentina María Servini de Cubría, quien investiga el crimen en Buenos Aires. La petición está siendo estudiada por el ministro de la Corte Suprema Nibaldo Segura, quien deberá presentarla a la sala penal del máximo tribunal para que éste se pronuncie al respecto.

Pese a ello, se presume que la Corte Suprema rechazará la solicitud, de la misma forma que lo hizo con los cinco procesados anteriormente en el caso, cuando le negó a la justicia argentina el requerimiento de extradición, con el argumento que debían ser juzgados en Chile.

Mariana Callejas estuvo casada con Michael Townley, a quien se le atribuye haber puesto un artefacto explosivo bajo el automóvil del general (r) Prats. Según algunos testimonios, Callejas detonó el artefacto cuando el auto ingresaba al estacionamiento del edificio donde vivía el ex Comandante en Jefe, en el barrio de Palermo de Buenos Aires.

Por el mismo caso fueron encausados, en febrero pasado, los miembros de la cúpula del organismo represor, general (r) Manuel Contreras, brigadieres (r) Pedro Espinoza y José Zara; el general (r) Raúl Iturriaga Newman y el agente civil Jorge Iturriaga.


El Mostrador

29 de Noviembre 2003

Caso Prats: niegan libertad bajo fianza a brigadier (r) Espinoza

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la libertad provisional del segundo hombre de la Dina, el brigadier en retiro Pedro Espinoza, procesado por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su mujer Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974.

La resolución del tribunal de alzada establece que Espinoza es "un peligro para la sociedad", por lo que permanecerá recluido en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército.

El caso es investigado por el juez especial Alejandro Solís, quien procesó por este doble crimen a siete funcionarios de la DINA, entre ellos, al director de la Dirección, general en retiro Manuel Contreras.

Además del brigadier en retiro, el juez Solís ha sometido a proceso por el caso a Contreras, al general (r) Raúl Iturriaga Neumann, a los brigadieres en retiro José Zara y Christoph Willike, además de los agentes civiles Jorge Iturriaga Neumann y Mariana Callejas.

Aprueban exhorto para interrogar a Townley

En tanto, la Corte Suprema, tras admitir una petición del magistrado Solís, envió el pasado 16 de octubre un exhorto a Estados Unidos para indagar la participación del agente estadounidense de la DINA Michael Townley en el asesinato de Prats y su mujer.

Según informaron fuentes judiciales, el exhorto para Townley ya fue enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la embajada de Chile en Washington, que deberá hacerlo llegar a los tribunales estadounidenses.

En el documento, que contiene 34 preguntas, el juez pregunta a Townley sobre su participación "en calidad de autor" del asesinato del matrimonio.

El documento contiene un agregado con la petición del juez Solís al gobierno estadounidense para que le autorice estar presente cuando un juez de ese país interrogue al ex agente de la DINA, petición que aún no tiene respuesta.

Michael Townley confesó ser el autor material del crimen de Prats ante la juez argentina María Servini de Cubría, quien lo interrogó en 1999 en Estados Unidos, donde el sujeto reside como testigo protegido por su colaboración en el esclarecimiento del asesinato del ex canciller socialista Orlando Letelier, del que también fue autor.

Townley hizo esas confesiones dentro de un acuerdo que garantiza la confidencialidad del testimonio.


 El Mostrador

23 de Diciembre 2003

Dictan primeros procesamientos por Operación Cóndor

El juez Juan Guzmán procesó hoy a tres ex uniformados como autores del secuestro de nueve detenidos desaparecidos entre 1975 y 1977, como parte de la Operación Cóndor: el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, y a los brigadieres (r) Pedro Espinoza y Christoph Willikie, miembro del Departamento Exterior de dicho organismo.

El fallo establece que los tres oficiales fueron responsables, como autores, del secuestro y la posterior desaparición de los miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Juan Hernández, Luis Muñoz y Manuel Tamayo. Además de Edgardo Enríquez, Alexis Jacard, Jacobo Stoulman, Matilde Pessa, Julio Valladares y Jorge Fuentes Alarcón.

Según la resolución, los nueve izquierdistas fueron detenidos entre 1975 y 1977 en Argentina, Bolivia y Paraguay por los servicios de inteligencia de esos países, para ser entregados a agentes de la DINA, quienes los trasladaron a Chile. Una vez en el país, fueron llevados a “Villa Grimaldi”, donde funcionaba un centro de tortura. Desde ese lugar se pierde el rastro a las víctimas.

La resolución señala que Juan Hernández, Luis Muñoz, Manuel Tamayo y Edgardo Enríquez fueron detenidos en Buenos Aires, Argentina, en abril de 1976. Alexis Jacard, Matilde Pessa y Jacobo Stoulman fueron apresados también en esa ciudad, pero en mayo de 1977. La detención de Julio Valladares fue en julio de 1976 en Bolivia y la de Jorge Fuentes en mayo de 1975 en Asunción, Paraguay.

La semana pasada, el juez Juan Guzmán, quien investiga numerosas causas que involucran a Pinochet en crímenes cometidos durante su régimen, sobreseyó en primera instancia al general en retiro en un proceso por el secuestro y desaparición de una decena de dirigentes del Partido Comunista, en 1976. Ello, tras el rechazo de la Corte de Apelaciones de Santiago a dar curso al desafuero. “Lo único que corresponde jurídicamente es el sobreseimiento definitivo”, dijo el juez.

El pasado 22 de octubre, la Corte Suprema cerró definitivamente la puerta al eventual desafuero de Pinochet por este caso al declarar improcedente, por una cuestión de forma, una tercera petición en tal sentido. El máximo tribunal validó así un fallo de la Corte de Apelaciones, que el 27 de agosto rechazó retirar la inmunidad al general, de acuerdo con el dictamen que en 2001 lo declaró afectado por una demencia vascular "progresiva e irreversible".

El abogado Eduardo Contreras anunció que el miércoles presentará una nueva solicitud de desafuero de Pinochet, en nombre de los familiares de las víctimas de la llamada Operación Cóndor. “La idea es que se le pueda procesar por este caso, dada la lucidez que mostró en una reciente entrevista a un canal de televisión de Miami”, afirmó Contreras.

Los miembros de la policía secreta de Pinochet hoy procesados afrontan otros juicios por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el asesinato del ex comandante Jefe del Ejército chileno, Carlos Prats, perpetrado en septiembre de 1974 en Buenos Aires.

La Operación Cóndor, que significó la muerte de miles de personas en Latinoamérica, es investigada por el juez español Baltazar Garzón y su colega argentino Rodolfo Canicoba.

Esta es la primera resolución por este caso que adopta el ministro de fuero, que investiga desde 1998 la desaparición de más de un centenar de chilenos que fueron arrestados en los países vecinos en los años 70. Esta operación consistió en la coordinación de los servicios de información de las dictaduras del Cono Sur para el exterminio de izquierdistas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.


La Tercera

24 de Marzo 2004

Corte concede libertad bajo fianza al  Pedro Espinoza

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago concedió hoy la libertad bajo fianza al brigadier en retiro del Ejército Pedro Espinoza Bravo, quien está procesado por el crimen del ex comandante en jefe de la institución Carlos Prats  y su esposa, Sofía Cuthbert, hecho perpetrado en Buenos Aires, en 1974.

El ex jefe operativo de la Dina también está encausado por el delito de asociación ilícita y ya cumplió condena junto al generalñ (r) Manuel Contreras por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier

Hasta ahora, Espinoza se encuentra recluido en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército y para salir en libertad, deberá pagar una fianza de un millón y medio de pesos.

Según informa Radio Cooperativa, esta vez los jueces no consideraron al ex uniformado como un peligro para la sociedad, a diferencia de la sala de verano de la corte, que el 10 de febrero pasado rechazó la solicitud de su defensa.


La Nacion

4 de Enero 2004

Juez Guzmán volvió a golpear a la DINA

En uno de los procesamientos que terminó por echar abajo uno de los principales montajes de la pasada dictadura, el ministro de fuero Juan Guzmán encausó a diez ex agentes de la DINA, varios de ellos de su plana mayor, incluido el ex jefe Manuel Contreras, por ocho víctimas desaparecidas en la conocida como Operación Colombo. Este es el segundo encausamiento dictado por el juez Guzmán por este montaje acontecido en 1975, siendo el primero el decretado el 2 de septiembre, cuando el magistrado procesó a 16 ex agentes por 37 víctimas de la Colombo.

Las resoluciones adoptadas por el juez Guzmán en este episodio, constituyen en conjunto el más masivo procesamiento dictado hasta ahora por este ministro, y uno de las que abarca más cantidad de víctimas y encausados en los juicios que se instruyen por violaciones de los derechos humanos.

Los procesados, todos en situación de retiro y declarados reos como autores de secuestro calificado son, además de Contreras, el ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, general César Manríquez Bravo, hermano de Mario, coronel (R) encartado como autor intelectual del crimen de Víctor Jara; el ex segundo hombre de la DINA, brigadier Pedro Espinoza Bravo; el ex jefe de Villa Grimaldi, coronel Marcelo Moren Brito; el ex jefe del recinto DINA Cuatro Alamos, oficial de Gendarmería Orlando Manzo Durán; el ex jefe del grupo Halcón de la DINA, brigadier Miguel Krassnoff Martchenko; el ex jefe del Servicio Secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército y ex miembro de la plana mayor de la DINA, coronel Francisco Ferrer Lima, que cumple condena en Punta Peuco por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez; el ex jefe del recinto DINA Tres Alamos, oficial de Carabineros Conrado Pacheco Cárdenas; el suboficial de Ejército Basclay Zapata Reyes; y el ex agente civil Osvaldo Romo Mena.

Las nuevas ocho víctimas de Colombo son: Aldo Pérez Vargas, Roberto Aranda Romero, Jorge Müller Silva, Modesto Espinoza Pozo, Carlos Pérez Vargas, Carmen Bueno Cifuentes, Rodrigo Ugas Morales y Carlos Gajardo Wolf. Los cinco últimos figuran en la lista de los 119 desaparecidos por este operativo, no así los tres primeros.

El montaje

La llamada Operación Colombo nació en los primeros meses de 1975, cuando la DINA y el propio ex dictador Augusto Pinochet, así como otros de sus ministros militares, comenzaron a difundir informaciones de que el MIR preparaba “guerrilleros” en distintas ciudades argentinas para hacerlos entrar clandestinamente a Chile por pasos fronterizos a combatir el régimen militar. Los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y el vespertino La Segunda fueron los encargados de publicarlas.

La cúspide del montaje ocurrió entre los días 17 y 19 de julio de 1975, cuando primeramente el diario brasileño O Dia, de breve tiempo de circulación, informó

El retirado general Manuel Contreras ha sumado otro enjuiciamiento a su expediente en los tribunales chilenos.

 que 59 chilenos habían sido ejecutados en Argentina por sus propios compañeros de izquierda, atribuyendo las muertes a “ajustes de cuentas” políticas. El día 19, la revista argentina Lea, publicó en su único número que lo mismo había ocurrido con otros 60 chilenos, la mayoría del MIR.

En abril de 1975 apareció en un sótano de Buenos Aires el cuerpo destruido por una explosión con un cartel que decía “dado de baja por el MIR”. Se dijo que era el detenido desaparecido comunista David Silberman. Sin embargo, no era él. El 12 de julio de 1975 aparecieron en Buenos Aires otros dos cuerpos baleados y quemados con una leyenda similar. La dictadura informó que se trataba de quienes habían sido dado por desaparecidos en Chile, Jaime Robotham Bravo y Luis Guendelman Wisnik. Lo que también resultó falso.

El 24 de julio de 1975, La Segunda publicó en portada tal vez el titular más representativo del invento: “Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”.

Objetivo y origen de la acción

El objetivo de la Operación Colombo fue hacer creer que decenas de personas, que en Chile sus familiares, abogados y las iglesias daban por detenidos desaparecidos, en realidad habían salido clandestinamente a Argentina a prepararse en guerrillas para regresar a Chile a combatir. Y que en el intertanto afuera se habían ajustado cuentas políticas matándose entre ellos o cayendo abatidos por operativos militares en Argentina, país que vivía la convulsión política y militar en los últimos meses antes del golpe de Estado de marzo de 1976.

En cuanto al origen del nombre Operación Colombo, éste se remite a declaraciones del ex agente civil de la DINA Enrique Arancibia Clavel, quien admitió en Buenos Aires en 1978 -acusado de “espionaje”- que en 1975 llegó a esa capital el agente Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (ex jefe del Departamento Exterior DINA y actual general retirado) para hacer aparecer muerto en Argentina a un “subversivo chileno” de nombre “Simelman o algo parecido”. Se trataba de Silberman. Según Arancibia Clavel, Iturriaga le dijo que se trataba de la Operación Colombo en la cual se contó con la colaboración, entre otros, del civil argentino y miembro de la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista) Martín Ciga Correa.


La Nacion

21 de Junio 2005

Procesan por torturas a plana mayor de la DINA

Como autores de tormentos y apremios ilegítimos el ministro de fuero, Alejandro Solís, procesó a nueve ex miembros de la plana mayor de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): el otrora director de la general (R) Manuel Contreras, el brigadier (R) Pedro Espinoza, el mayor (R) Miguel Krassnoff, el coronel (R) Marcelo Moren Brito, y los ex agentes Osvaldo Romo, Basclay Zapata, Gerardo Godoy, Fernando Laureani y Francisco Ferrer Lima.

A todos ellos Solís los responsabilizó de haber torturado a una veintena de presos políticos que estuvieron ilegalmente detenidos en Villa Grimaldi, -cárcel clandestina emplazada en la comuna de Peñalolén, de la que desaparecieron unos 400 presos políticos- durante los años 1974 y 1975.

En el auto de procesamiento, de 50 páginas, se señala que en ese lugar “operaba un grupo de agentes de la DINA (que) aplicaban tormentos (para) recabar información sobre el paradero de otros opositores” a Pinochet.

La mayoría de los procesados actualmente están recluidos en el penal Cordillera, instalado al interior de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército, donde cumplen sentencia por otros casos de violaciones de los derechos humanos


La Nacion

1 de Marzo 2006

Ministro Solís procesó a 12 ex agentes de la DINA

El ministro de fuero Alejandro Solís procesó por los delitos de secuestro y homicidio a 12 ex agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), incluido su ex jefe, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda. Los encausamientos fueron dictados por el secuestro y desaparición de ocho personas y la ejecución de otras seis, cuyos cuerpos fueron posteriormente entregados a sus familiares o abandonados en la vía pública.

Además de Contreras, los otros procesados son el ex segundo jefe de la DINA, Pedro Espinoza; el ex jefe de grupos operativos de ese organismo, Miguel Krassnoff; el ex jefe de algunos recintos de la DINA, oficial (R) de Carabineros, Ciro Torré; el ex jefe del departamento exterior de DINA, Christoph Willikie; el ex agente de la DINA y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Francisco Ferrer; el ex jefe del recinto de Villa Grimaldi y ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, Marcelo Moren Brito; el ex integrante del grupo Halcón de la DINA, Basclay Zapata; el ex jefe del grupo Vampiro de la DINA, Fernando Lauriani; el ex agente civil Osvaldo Romo; el ex jefe del recinto de Cuatro Álamos y oficial (R) de Gendarmería, Orlando Manzo Durán, y el oficial (R) de Carabineros e integrante de grupos operativos de la DINA, Gerardo Godoy.

Los ex agentes fueron procesados por la responsabilidad que les cabe en el destino final de las siguientes víctimas: Sergio Pérez Molina, Iván Olivares Coronel, Jaime Ossa Galdames, Gustavo Ramírez Calderón, Julio Flores Pérez, Herbit Ríos Soto, Iván Monti Cordero, y Sergio Lagos Marín, todos ellos fueron secuestrados y hechos desaparecer, sin que hasta ahora se sepa que ocurrió exactamente con sus cuerpos.

Embajada de Italia

Además, los encausamientos fueron dictados por los homicidios calificados de Lumi Videla Moya, Pedro Labra Saure, Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez y Luis Ganga Torres.

La situación represiva sufrida por Lumi Videla, militante del MIR, fue conocida por la opinión pública porque el 4 de octubre de 1974 su cadáver fue arrojado por sobre la pared al interior de la Embajada de Italia. Aunque la prensa de la época atribuyó la muerte a rivalidades entre los asilados en el recinto diplomático, la verdad es que Lumi Videla había muerto el día anterior por efecto de las torturas a que fue sometida en la cárcel clandestina de la calle José Domingo Cañas en Ñuñoa.

Asimismo Alberto y Catalina Gallardo, Mónica Pacheco y Luis Ganga, fueron hechos aparecer como muertos en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad supuestamente ocurrido en Rinconada de Maipú al mediodía del 19 de noviembre de 1975. Pero la investigación judicial de los últimos años estableció que fueron asesinados por agentes de la DINA, y sus cuerpos trasladados al lugar donde fueron encontrados.

El ex agente de la DINA Amador Fuentes Salas, de chapa “Hernán Galleguillos” entrevistado por La Nación en 2003, declaró que estas personas fueron sacadas ya muertos desde Villa Grimaldi, y que el falso enfrentamiento fue grabado en exclusiva para Televisión Nacional por el periodista Julio López Blanco.

La resolución del ministro Alejandro Solís deberá ser ahora revisada por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que las respectivas defensas de los ex agentes apelen de los encausamientos.

Varios de los procesados, entre ellos Contreras, Moren, Krassnoff y Ferrer, se encuentran ya cumpliendo condenas de presidio por su responsabilidad en la muerte o desaparición de otras víctimas.


El Mercurio

30 de Mayo 2006

Caso Arón: Suprema anula amnistía y confirma condena a cúpula DINA

En un fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema anuló la

aplicación de la Ley de Amnistía que había dejado sin efecto las condenas a los ex miembros de la DINA sindicados como responsables del secuestro de la militante del MIR Diana Arón.

El tribunal firmó hoy la esperada resolución mediante la cual deja sin efecto el fallo que a comienzos de junio 2005 absolvió de cargos al general Manuel Contreras, y a los ex agentes Marcelo Moren Brito, Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff y Osvaldo Romo aplicando el polémico decreto de Ley de Amnistía.

De esta manera quedan vigentes las condenas de primera instancia que había dictado en contra de los ex DINA el ministro de fuero Alejandro Solís, quien investigó la situación de la periodista del MIR.

El fallo fue redactado por el ministro Enrique Cury, que integró la sala junto a los magistrados Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez y Rubén Ballesteros.

Aunque aún no se conoce el texto de la resolución, que se presume extenso, si se sabe que algunos magistrados hicieron breves prevenciones.

Esta es la segunda condena por secuestros que la Corte Suprema deja a firme en contra de la cúpula de la DINA. A fines del 2004 el Máximo Tribunal ratificó la sentencia en el caso del también mirista Miguel Ángel Sandoval.


La Nación

14 de Junio 2006

Brigadier (r) Espinoza comenzó a cumplir condena por crimen de Diana Aron

El brigadier en retiro Pedro Espinoza, ex agente de la DINA, comenzó a cumplir hoy la condena a 10 años de cárcel por el secuestro y desaparición de la periodista y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Diana Aron.

El cumplimiento de la pena se llevará a cabo en el Penal Cordillera de Gendarmería y fue posible luego que a fines de mayo pasado, la Corte Suprema decidiera condenar a penas de cárcel a cinco ex miembros de la DINA, revocando la aplicación de la ley de amnistía decidida por la Corte de Apelaciones.

La decisión del máximo tribunal permitió que se repusiera la condena a 15 años en contra del ex director de la DINA, Manuel Contreras y del retirado brigadier Miguel Krasnoff.

En tanto, a diez años fueron condenados, además de Espinoza, el coronel en retiro Marcelo Moren Brito y el civil Osvaldo Romo.

Al interior del Penal Cordillera, Espinoza se encontrará con Manuel Contreras, quien ya cumple condena por el mismo caso, además de otros 12 años y un día de prisión por el crimen de Miguel Angel Sandoval en 1975.

Diana Aron Svigilski tenía 24 años cuando fue detenida por agentes de la DINA el 18 de noviembre de 1974, luego de ser herida a bala en el pulmón y el riñón. Según los datos del proceso, fue atendida de esa herida en una clínica perteneciente a la misma DINA y en seguida llevada al campo de torturas "Villa Grimaldi", donde se la vio por última vez.


La Nación

15 de Junio 2006

Los detalles del ingreso a la cárcel de Pedro Espinoza, el ex segundo hombre de la DINA

El “Mamo” Contreras, Krassnoff y Laureani se la jugaron en Gendarmería para no tenerlo de vecino, aduciendo primero falta de cupo. Luego, entraron a las amenazas y dijeron que “su vida corre peligro aquí”, porque Espinoza “se ha ido de lengua”.

Como último recurso, el “Mamo” Contreras, Miguel Krassnoff y Fernando Laureani, “estrellas” de la DINA que cumplen condena en el penal Cordillera, mandaron decir al ministro Alejandro Solís que la vida de Pedro Espinoza “corre peligro aquí adentro, así que es mejor que no lo manden para acá”. Espinoza, ex subdirector de la DINA que estaba en libertad, debía ingresar ayer a ese recinto a cumplir diez años de presidio por el secuestro de la periodista Diana Arón, como finalmente ocurrió, no sin problemas. Los otros ya están cumpliendo penas por la desaparición del mirista Miguel Ángel Sandoval.

Cuando Contreras, Krassnoff y Laureani se enteraron de que Espinoza llegaría a acompañarlos por decisión del juez Solís, instructor de los procesos por los crímenes de Villa Grimaldi, intentaron primero librarse de su compañía escribiendo una carta a Gendarmería, a cargo del penal. “Aquí no hay más cupo, que se vaya a Punta Peuco”, dijeron lacónicamente en la misiva.

Sus ex amigos no quieren ver cerca a Espinoza porque sostienen que “ya ha gritado mucho”, aludiendo a que éste “se ha ido de lengua” muy seguido en el último tiempo, “traicionando a la DINA”.

Informado el juez por Gendarmería de la inquietud de los huéspedes del penal en cuanto a la falta de cupo, sencillamente tomó una decisión que comunicó a la institución carcelaria. “Si no hay cupo, Laureani se va a Punta Peuco, porque es el menos antiguo de los que hay ahí”, ordenó el magistrado, refiriéndose a la antigüedad en el Ejército. Ello produjo que la troica del Cordillera mandara entonces el mensaje que, si así estaban las cosas, la vida de Espinoza correría peligro adentro.

“Me atrinchero”

Enterado del escenario, el brigadier (R) rechazado y amenazado sacó las garras. “¡Si me vienen con este cuento, me atrinchero en el Comando de Telecomunicaciones (que está al lado del penal) y cuento muchas cosas que sé, y ahí vamos a ver si me dejan entrar o no!”, dejó saber Espinoza al tribunal y a quienes lo rechazaban como un paria. Eso sí, en ningún momento puso obstáculos o resistencia para entrar a cumplir la condena, como en su momento lo hizo Contreras con el juez Solís.

Los mensajes iban y venían en las últimas horas. Gendarmería tampoco quería recibir a Espinoza en el penal Cordillera, e insistía ante el juez Solís en llevarlo a Punta Peuco, incluso hasta ayer temprano en la mañana. Pero era el juez quien resolvía. El ministro Solís impuso su autoridad y coordinó con el Comando de Apoyo Administrativo del Ejército (CAE) que a Espinoza lo fueran a buscar a su casa y lo ingresaran a las nueve de la mañana de ayer al penal Cordillera. El asunto estaba cerrado.

Entre otros argumentos, Espinoza, de 74 años, sostenía que tenía derecho a cumplir condena en ese lugar y que necesitaba estar cerca de un hospital por una enfermedad que le afecta. Además, reclamaba que su esposa, también enferma, no sabe manejar y llevarlo a Punta Peuco sería “un desastre”.

El juez pidió entonces a sus actuarios, Valeska Villalón e Iván Pavez, que se dirigieran ayer al penal Cordillera para notificar a Espinoza de su condena, como también a Contreras de sus nuevos 15 años de presidio, al brigadier (R) Miguel Krassnoff (15 años), y al coronel (R) Marcelo Moren Brito de sus 10 años, todos por el secuestro de Diana Arón.

Ironías

A las 09:10 horas Espinoza ingresaba finalmente al penal en un automóvil, sentado en el asiento posterior. Vestía un abrigo piel de camello y un lujoso maletín grande de cuero a tono con el abrigo. Se había afeitado el bigote tradicional y lucía resignado, aunque sonrió a la prensa que lo aguardaba en la puerta. Se esperaba que hablara bastante ante todo lo acontecido, pero no lo hizo. Con los vidrios del auto cerrados, sólo pudo registrarse el movimiento de sus labios respondiendo “es injusta”, cuando desde afuera se le preguntó cómo sentía su condena.

Pero adentro se viviría otra escena. Inteligentemente, los actuarios hicieron llamar primero a Contreras, Moren y Krassnoff para notificarlos de las nuevas sentencias, para que no se enteraran de la presencia de Espinoza, al menos en ese momento. Contreras cruzó un par de frases incisivas con los actuarios, pero estuvo dentro de lo normal. Moren demostró más su desagrado. “¡Qué! ¿también me viene a notificar ahora de la condena por Hans Pozo (el descuartizado)?”.

Krassnoff los hizo esperar al menos diez minutos: “Díganles que estoy haciendo mis ejercicios”. Y cuando llegó, se trabó en una pelea verbal con los detectives que acompañan a los actuarios. “¡Ustedes váyanse, no tienen nada que hacer aquí!”, repitió varias veces mirando a los policías a tan corta distancia que podían sentir su aliento.

El “guatón” Romo fue más lejos cuando momentos después lo notificaron también de su condena por Diana Arón en el hospital de Gendarmería. “¡Yo no tengo na’ que ver con esa p... periodista!”, gritó enrabiado.


Radio Universidad de Chile

25 de Enero 2007

Juez acusa por primera vez a la DINA de “asociación ilicita”

Por primera vez en la historia judicial reciente, un juez chileno acusó a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta durante la dictadura de Augusto Pinochet,  de ser "una asociación ilícita", en particular, para cometer el doble homicidio del general en retiro Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires.

El ministro Alejandro Solís dictó los autos acusatorios para fallar el caso en primera instancia, en los que apuntó al general (r) Manuel Contreras y al brigadier (r) Pedro Espinoza como los jefes de esta asociación ilícita.

El magistrado señaló que el proceso "ha sido complicado, porque son varios delitos, hay gente de muy alto nivel en la jerarquía militar que está implicada, por lo tanto ha sido bastante esforzado el trabajo".

El fallo determinó además que los brigadieres (r) Raúl Iturriaga Neumann, Jorge Zara y Christoph Willike eran parte de la agrupación criminal, al igual que la ex agente civil Mariana Callejas.

Los brigadieres Jorge Iturriaga y Reginaldo Valdés, en tanto, quedaron en calidad de cómplices.

La DINA, que según Contreras dependía directamente del fallecido dictador Augusto Pinochet, es sindicada por abogados de derechos humanos como la responsable de centenares de crímenes contra opositores al régimen militar.

Además, del caso de Prats y su esposa, también fue responsable del atentado que le costó la vida en Washington al ex canciller Orlando Letelier y su secretaria


El Mostrador

30 de Marzo 2007

Juez condena hasta quince años de cárcel a cúpula de la ex DINA

El ministro de fuero Alejandro Solís dictó una nueva condena de hasta quince años y un día contra la cúpula de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el secuestro calificado de Herbit Guillermo Ríos Soto, registrado el 3 enero de 1975.

Las máximas sentencias dictadas por el magistrado recayeron en contra del general retirado Manuel Contreras Sepúlveda, otrora director del organismo represivo, y el brigadier retirado Miguel Krassnoff Martchenko.

En tanto, a diez años y un día de prisión fueron condenados el brigadier (R) Pedro Espinoza Bravo, el teniente (R) Fernando Lauriani Maturana, el coronel (R) Marcelo Morén Brito, el mayor (R) Rolf Wenderoth Pozo, el suboficial (R) Basclay Zapata Reyes, y el agente civil Osvaldo Romo Mena.

Solís también condenó a cinco años de cárcel al teniente coronel retirado Francisco Maximiliano Ferrer Lima, y absolvió al carabinero en retiro Orlando Manzo Durán.

Ríos Soto, estudiante de pedagogía en Historia y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido el 3 de enero de 1975 en el domicilio de un compañero, tras lo cual fue trasladado al centro de detención de Villa Grimaldi.

La Nacion

28 de Septiembre 2007

Nueva condena por crimen en dictadura de Pinochet

El ministro en visita Alejandro Solís dictó una nueva condena en contra de ex miembros de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su implicancia en el secuestro calificado de la militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), María Teresa Bustillos Cereceda, en hechos acontecidos en diciembre de 1974.

El magistrado sentenció al ex jefe de la desaparecida DINA  general (r) Manuel Contreras Sepúlveda a 15 años de presidio; y a los brigadieres en retiro Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito y Pedro Espinoza Bravo a 10 años y un día de reclusión.

Esta es la 17 condena que dicta el ministro Solís desde que fue nombrado en octubre de 2002 para hacer cargo de investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos cometidas entre 1973 y 1990.

La victima era militante del MIR y asistente social de la Universidad de Chile, tenia 24 años de edad, y fue detenida en su departamento de calle San Antonio, de la comuna de Santiago.


El Mostrador

28 de Diciembre 2007

Corte condena a 15 años de cárcel a Contreras por secuestro de mirista

Tribunal también sentenció a diez años y un día a los coroneles  jubilados Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth y Francisco Ferrer Lima,  a los ex brigadieres de Ejército Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza y  al suboficial Basclay Zapata.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó este viernes a quince años  y un día de presidio al general retirado Manuel Contreras, ex jefe de  la DINA, la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, por  la desaparición de un mirista en 1975.

El tribunal también sentenció a diez años y un día a los coroneles  jubilados Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth y Francisco Ferrer Lima,  a los ex brigadieres de Ejército Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza y  al suboficial Basclay Zapata.

El fallo, acordado por unanimidad de la Novena Sala de la Corte de  Apelaciones, ratificó la resolución de primera instancia dictada por  el juez Alejandro Solís, el 18 de enero de este año.

El tribunal, sin embargo, rechazó la demanda civil interpuesta por los  familiares de la víctima en contra del Estado chileno, que solicitaban  una indemnización monetaria.

El caso se refiere al secuestro de Julio Flores, de 22 años, quien era  estudiante de la Universidad Técnica del Estado y militaba en el  Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El joven fue detenido por agentes de la DINA el 10 de enero de 1975 en  su domicilio en Santiago y fue visto por última vez en el centro de  torturas de Villa Grimaldi, desde donde desapareció, según consta en  el Informe Rettig.

Con la de este viernes, Contreras acumula una quincena de sentencias  condenatorias en su contra, que suman más de 200 años de prisión,  aunque al menos la mitad aún está pendiente de una revisión de la  Corte Suprema.

Con estas sentencias la Corte de Apelaciones completa en lo que va del  año 21 fallos en casos de violaciones a los derechos humanos. Según el informe Rettig, durante la dictadura de Pinochet más de 3.200  personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192  figuran como detenidas desaparecidas.


 La Nacion

12 de Febrero 2008  

Francia juzgará en ausencia a trece represores chilenos

Luego de casi diez años, desde que la justicia francesa se decidió a juzgar a un grupo de represores chilenos y un argentino por el secuestro y desaparición de cinco ciudadanos franco-chilenos, el Gran Tribunal Penal de París fijó fecha para el juicio entre el 19 y 23 de mayo próximo.

Los 13 chilenos y el argentino serán juzgados en rebeldía (según la figura legal francesa) pues ni Chile ni Argentina acogieron las demandas de extradición formuladas en su momento por Francia. Entre los chilenos están el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y el líder de la secta alemana Colonia Dignidad, Paul Schafer.

Cuatro de los chilenos requeridos inicialmente ya están muertos: el dictador Augusto Pinochet, el general Javier Palacios que comandó el asalto desde tierra a La Moneda el 11 de septiembre de 1973, el coronel de aviación Andrés Pacheco Cárdenas, comandante de la base aérea de Temuco, y el ex agente civil Osvaldo “Guatón” Romo.

Los oficiales chilenos (todos en retiro) que serán sometidos a juicio son, además de Contreras y Sch fer: Emilio Sandoval Poo, empresario sureño; Joaquín Ramírez Pineda, ex comandante del regimiento Tacna; Rafael Ahumada Valderrama; el teniente coronel de Carabineros Gerardo Godoy García (“El Cachete Chico”); Basclay Zapata Reyes (“El Troglo”), DINA suboficial de Ejército; Miguel Krassnoff Martchenko, brigadier DINA ex jefe de la brigada Águila; Marcelo Moren Brito, coronel DINA ex jefe de Villa Grimaldi; Pedro Espinoza Bravo, brigadier ex segundo jefe de DINA; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, general DINA ex jefe de su departamento exterior; José Zara Holger, brigadier DINA, ex jefe de su departamento exterior; y el ex agente civil DINA Enrique Arancibia Clavel, que el año pasado terminó de cumplir una pena de presidio en Buenos Aires por el asesinato en 1974 del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. También será juzgado el ex jefe de la inteligencia del Ejército argentino (SIDE) en Mendoza y Bahía Blanca durante la última dictadura, José Osvaldo Riveiro, alias “Balita”.

Los catorce criminales, la mayoría con un largo prontuario por delitos de lesa humanidad, serán juzgados por el secuestro y desaparición de Alfonso Chanfreau Oyarce, Jean Ives Claudet Fernández, René Marcel Amiel Baquet, George Klein Pipper, y Etienne Pesle de Menil.

Las cinco víctimas Chanfreau fue detenido en julio de 1974 en Santiago y su nombre aparece en la lista de los 119 desaparecidos de la Operación Colombo -preámbulo de la Operación Cóndor- por la que la dictadura chilena pretendió hacer creer que habían huido a Argentina.

Claudet fue detenido en Buenos Aires en noviembre de 1975 como parte de la Operación Cóndor, en la que también participaron los servicios de inteligencia de Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. En este caso, Arancibia Clavel o “Luis Felipe Alemparte”, envió desde Buenos Aires (noviembre de 1975) un memorándum dirigido a “Luis Gutiérrez”   -chapa del cargo de jefe exterior DINA, en ese entonces Iturriaga

Neumann- que decía: “A Claudet se le sometió a interrogatorio. .. Ya no existe, es RIP (Réquiem in pace)”.

El memo, junto a otros similares, fue pesquisado en Buenos Aires por la jueza María Servini y formó parte del expediente abierto allá por el crimen de los Prats-Cuthbert.

Amiel fue arrestado en Mendoza por agentes chilenos y argentinos en 1977. Klein era asesor de Allende y fue detenido en La Moneda el día del golpe militar. Pesle era un sacerdote secuestrado en Temuco en septiembre de 1973.


El Mercurio

12 de Febrero 2008  

Desaparición de cuatro franceses: Abogados de ex agentes de la DINA restan valor a juicio en Francia

"No tiene validez en Chile", dijo ayer el abogado Jorge Balmaceda, quien representa a dos de los ex miembros de la DINA que en mayo próximo serán juzgados por un tribunal francés, por su responsabilidad en los secuestros y apremios ilegítimos que sufrieron en Chile cuatro ciudadanos de ese país durante el régimen militar.

Ayer se informó en Francia que entre el 19 y el 23 de mayo próximo tendrá lugar en un tribunal criminal de París el juicio contra 17 ex miembros del organismo de inteligencia que encabezaba el entonces coronel Manuel Contreras, a quienes se responsabiliza por las desapariciones de Alfonso Chanfreau Oyarce, Etienne Pesle, Georges Klein y Jean-Yves Claudet Fernández.

Según se prevé, varios de quienes serán enjuiciados en ausencia podrían ser condenados a presidio perpetuo, si se comprueba la aplicación de torturas.

Para Balmaceda, quien defiende al brigadier (r) Pedro Espinoza y al general (r) Raúl Iturriaga -ambos en la lista de los 17- los tribunales franceses "no tienen competencia ni jurisdicción en Chile", y es la justicia chilena la única que puede pronunciarse por los hechos acontecidos en el país. "Además, no tienen cómo investigar los hechos; el juicio se hace sólo a base de suposiciones", agregó.

El abogado Enrique Ibarra, quien representa a Basclay Zapata, enfatizó que lo que pueda resolver la justicia francesa no tiene valor. "Es un tema simbólico", aseveró, porque no tiene efectos prácticos. Además, recordó que los casos por los cuales van a ser juzgados están siendo indagados por la justicia chilena, y en algunos ha habido resoluciones.

El abogado José Luis Sotomayor, quien representa al brigadier (r) José Zara y al ex jerarca de Colonia Dignidad, Paul Schaeffer, enfatizó que "ningún estado de derecho racional puede juzgar a nadie en rebeldía".

En tanto, la viuda de Alfonso Chanfreau, Erika Hennings, celebró la noticia.

"Creo que es espectacular, considerando que en Chile no ha habido avances", aseveró, en referencia al proceso que instruye el ministro Carlos Gajardo. La mujer, quien también estuvo detenida, no descartó viajar a Francia.


La Nacion

18 de abril de 2008

Juez dicta condena N°100 contra cúpula de la DINA

Los sentenciados de siempre: brigadier (R) Pedro Espinoza, general (R) César Manríquez Bravo, teniente coronel (R) Francisco Ferrer Lima, y el coronel (R) Miguel Krassnoff Martchenko.

La condena Nº 100 contra los jerarcas de la ex Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, dictó ayer el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís. Esta vez fue por el secuestro calificado del mirista Marcelo Salinas Eytel, desaparecido en 1974.

El ex director de la DINA, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, fue sentenciado a 15 años de cárcel, que se sumaron a los 57 que ya cumple por otros casos. Sin embargo, Contreras espera sentencias definitivas en otras 15 causas que elevarían su reclusión a 197 años.

Otro de los condenados por el ministro Solís es el brigadier de Ejército (R) Pedro Espinoza Bravo, segundo en la jerarquía de la DINA, sentenciado a 10 años y un día de presidio.

La misma condena recibieron el general de Ejército (R) César Manríquez Bravo, ex jefe de la brigada metropolitana de la DINA; el teniente coronel (R) Francisco Ferrer Lima, el "intelectual" del organismo represivo, porque pedía más "inteligencia y menos sangre"; y el coronel (R) Miguel Krassnoff Martchenko, alias "El Ruso", jefe de la brigada de exterminio del MIR en la Villa Grimaldi.

Absuelto quedó José Manzo Durán, ex jefe del centro de detención Cuatro Álamos.

El fallo del ministro Solís es parte de un proceso que nació en enero de 1998, paralelo a los juicios contra el ex dictador Augusto Pinochet que quedaron en manos del juez Juan Guzmán Tapia.

Ese año, familiares de detenidos desaparecidos se querellaron contra Pinochet y otros ex oficiales de la Fuerzas Armadas y Carabineros, pero el juez Guzmán decidió abrir otro proceso, por los secuestros calificados que se originaron en la Villa Grimaldi.

El 14 de octubre de 2002, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió reordenar las investigaciones del juez Guzmán, debido al gran volumen de este proceso. Se nombró a cuatro ministros, entre ellos a Alejandro Solís, quien ha dictado 20 de las 100 condenas que afectan a la cúpula de la DINA.

Marcelo Salinas Eytel, técnico en radio y televisión, tenía 31 años al momento de su detención, el 31 de octubre de 1974, frente a su domicilio de calle Alberto Decombe, en Providencia. Era miembro del MIR.

Días antes, su esposa Jacqueline Drouilly Yurich, estudiante de Servicio Social y también detenida desaparecida hasta hoy, había sido secuestrada por la DINA para mantenerla como rehén mientras aparecía Salinas Eytel.

En el domicilio de ambos se montó una "ratonera" y los agentes obligaron a la hermana de Salinas Eytel a decirle que todo estaba bien y que podía llegar a la casa sin problemas.

El técnico llegó en un taxi, pero al ver algo sospechoso le dijo al chofer que continuara, ante lo cual los agentes dispararon a las ruedas del vehículo. A golpes, Salinas Eytel fue llevado primero a Cuatro Álamos y después a Villa Grimaldi, desde donde desapareció. Según testigos, tanto Salas Eytel como su esposa fueron brutalmente torturados por Osvaldo Romo Mena.


La Nacion

Jueves 8 de mayo de 2008 

Corte procesa a diez ex uniformados por crimen de ex GAP

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago  sometió a proceso a diez ex uniformados, entre ellos el general (r) Herman Brady por el delito de delito de secuestro calificado cometido en contra del ex GAP, Luis Fernando  Rodríguez Riquelme.

La resolución señala que tienen participación en el crimen  Luis Joaquín Ramírez Pineda, Servando Elías Maureira Roa, Jorge Iván Herrera López, Teobaldo Segundo Mendoza Vivencio, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Bernardo Eusebio Soto Segura, Juan de la Cruz Riquelme Silva, Jorge Ismael Gamboa Alvarez,  general (r) Herman Julio Brady Roche y brigadier (r) Pedro Octavio Espinoza Bravo.

El dictamen señala que “se desprenden fundadas presunciones para estimar que a cada uno le cupo participación en calidad de autor en el delito descrito ( ) toda vez que el primero de los nombrados (Ramírez Pineda) en su calidad de Comandante del Regimiento Tacna, con el grado de coronel, ordenó el traslado de los prisioneros a Peldehue y presumiblemente dio también las ordenes para su fusilamiento, en tanto que el segundo al octavo de los normados, ejecutaron  dichas ordenes, sin que existan antecedentes que permitan estimar que dichos subordinados se encontraban en la situación de exigibilidad de otra conducta”.

Añade el dictamen que el décimo (Espinoza Bravo) llegó también  al lugar donde bajaron a los prisioneros y con mando dispuso lo pertinente para que presumiblemente los fusilaran, y el noveno (Brady Roche) teniendo  un cargo superior en el mando del primero de los nombrados (Ramírez Pineda) dispuso o permitió que se llevara a cabo el traslado de la víctima hasta Peldehue, donde desaparece”.

Luis Fernando Rodríguez Riquelme era parte del Grupo de Amigos del Presidente (GAP) y fue detenido el 11 de septiembre en La Moneda. El día 13 de septiembre alrededor del mediodía por orden del Comandante del Regimiento Tacna (Ramírez Pineda) fueron amarrados con alambres en manos y pies y trasladados  a bordo de un camión Pegaso, cubiertos con una lona, rumbo a Peldehue.

En este lugar se pierde información sobre el detenido, presumiéndose que fue acribillado.


UPI

20 de mayo de 2008

Ex jefe de la disuelta DINA sumó nueva condena

El magistrado dictó las siguientes sentencias en contra de ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): Manuel Contreras Sepúlveda, 15 años como autor de secuestro calificado.

El ministro en visita Alejandro Solís dictó este lunes una nueva condena en contra del ex jefe de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general (r) Manuel Contreras por su implicancia en el secuestro calificado de Anselmo Radrigán Plaza, ocurrido a partir del 12 de diciembre de 1974.

El magistrado dictó las siguientes sentencias en contra de ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): Manuel Contreras Sepúlveda, 15 años como autor de secuestro calificado; Marcelo Moren Brito 10 años y un día como autor de secuestro calificado; Pedro Espinoza Bravo, 10 años y un día como autor de secuestro calificado; Rolf Wenderoth Pozo, 10 años y un día como autor de secuestro calificado; Miguel Krassnoff Martchentko, 10 años y un día como autor de secuestro calificado; y Basclay Zapata Reyes, 10 años y un día como autor de secuestro calificado.

Asimismo el juez dictó una serie de autos de procesamiento por cuatro casos de secuestro calificado. Entre los encausados figuran Pedro Espinoza Bravo, Basclay Zapata Reyes y Palmira Almuna Guzmán, vinculados a la desaparición de Claudio Silva Peralta, ocurrido a partir del 26 de noviembre de 1974.

Por el secuestro de Mireya Pérez Vargas, secuestrada a partir del 24 de febrero de 1976, fueron procesados Manuel Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martchentko, Carlos López Tapia, Basclay Zapata Reyes, José Fuentes Torres.

Por Jaime Robotham Bravo, secuestrado a partir del 31 de diciembre de 1974, Solís formuló cargos contra Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Rolf Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchentko, Fernando Lauriani Maturana, Daniel Cancino Varas.

En el caso de Claudio Thauby Pacheco, secuestrado a partir del 31 de diciembre de 1974, se encausó a Pedro Espinoza Bravo, Rolf Wenderoth Pozo, Fernando Lauriani Maturana y Daniel Cancino Varas

 La Nación

27 de mayo de 2008 

Juez Montiglio procesó a 98 ex agentes por víctimas de la Operación Colombo - El golpe más grande a la represión

Entre los encausados, todos en retiro, hay ocho coroneles y 23 suboficiales de Ejército, 40 oficiales y suboficiales de Carabineros, dos ex agentes de la FACH, una ex agente de la Armada, y siete ex agentes de la Policía de Investigaciones.

El mayor golpe a la represión de la dictadura de Augusto Pinochet dio ayer el ministro Víctor Montiglio, al procesar a 98 ex agentes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones por 42 víctimas de la Operación Colombo.

Se trata de la resolución más numerosa dictada entre las casi 400 causas por violaciones de los derechos humanos que se instruyen en el país. Incluso superó a los 67 ex agentes encausados por el mismo juez Montiglio en 2007 por los crímenes de la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín en el cuartel Simón Bolívar.

Entre los encausados por Colombo hay ocho coroneles de Ejército (R), seis de los cuales no habían procesados antes en ninguna causa. También fueron declarados reos 23 suboficiales de Ejército (R) de los cuales al menos el 50 por ciento aparecen por primera vez en este tipo de causas.

Entre estos suboficiales figura Juvenal Piña, alias "El Elefante", ex agente de la Brigada Lautaro, que fue quien asfixió al jefe comunista en la clandestinidad (1976) Víctor Díaz, con una bolsa plástica en su cabeza, previo a que le inyectaran cianuro.

Además el magistrado encausó a 40 ex agentes oficiales y suboficiales de Carabineros, entre los que están Ricardo Lawrence, Heriberto Acevedo, Claudio Pacheco y José Mora, todos ex integrantes de la misma Brigada. Entre los procesados hay también ex agentes que pertenecían a la Policía de Investigaciones. El único civil (Ejército) es Juan Suárez.

De la lista total, al menos trece ya se encuentran cumpliendo condena por otras causas (ver lista).

Hasta el cierre de esta edición los procesados seguían siendo detenidos para ser internados en distintos lugares, como el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

Entre las 42 víctimas por las cuales el ministró dictó su resolución, están María Angélica Andreolli, Miguel Acuña Castillo, Juan Carlos Perelmann Ide, Juan Chacón Olivares, Jorge Müller Silva, Luis Guendelmann Wisniak, Mario Calderón Tapia y Carmen Bueno Cifuentes.

La Operación Colombo y los medios

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA.

La Operación Colombo fue parte de la Operación Cóndor, y consistió en un montaje de la dictadura para hacer creer a la población que 119 detenidos que se encontraban desaparecidos, habían salido clandestinamente a Argentina y allí murieron enfrentados con fuerzas policiales y del Ejército durante la fase previa al golpe militar de 1976 en Argentina.

Algunos de esos nombres aparecieron como militantes "asesinados" en Buenos Aires y alrededores, con carteles en sus cuerpos que decía que habían sido ejecutados por sus propios compañeros por ajuste de cuenta por rencillas internas. Sin embargo, ello también resultó un montaje.

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA en el extranjero y tuvieron una única edición.

En Chile la prensa pro dictadura como los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y La Segunda, reprodujeron el montaje de los servicios de inteligencia. En el recuerdo quedó el titular del vespertino que informó "Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina". Ellos formaron parte de la lista de los 119 desaparecidos de Colombo.

El ex prófugo Raúl Iturriaga, quien era uno de los encargados del departamento exterior de la DINA, fue quien primero dio luces en Buenos Aires de este operativo.

Según el ex agente civil Enrique Arancibia Clavel, condenado en Buenos Aires por el crimen del general Carlos Prat y su esposa, fue Iturriaga quien a comienzos de 1975 se juntó con él para pedirle que preparara lo necesario porque "hay que hacer aparecer a unos muertos de la Operación Colombo".

Se trataba de preparar la aparición de los supuestos cuerpos de Jaime Robotham y Luis Guendelmann como parte del montaje.

Lista de procesados

Ejército (todos en retiro):

Víctor Molina Astete (coronel); Sergio Castillo González (crl); Eduardo Guerra Guajardo (crl); Víctor San Martín Jiménez (crl); José Fuentes Torres (crl); Manuel Carevic Cubillos (crl); Jaime Paris Ramos (crl); César Manríquez Bravo (crl); Raúl Toro Montes (suboficial); Eduardo Reyes Lagos (sub); Orlando Torrejón Gatica (sub); Osvaldo Tapia Alvarez (sub. Suicidado); Juvenal Piña Garrido (sub. “El Elefante”); Juan Suárez Delgado (civil); Nelson Paz Bustamante (sub); José Aravena Ruiz (sub); Luis Torres Méndez (sub); Raúl Soto Pérez (sub); Jorge Andrade Gómez (sub); Juan Escobar Valenzuela (sub); Rolando Concha Rodríguez (sub); Gustavo Apablaza Meneses (sub); Hiro Alvarez Vega (sub); Víctor Alvarez Droguett (sub); Jorge Venegas Silva (sub); Carlos Rinaldi Suazo (sub); Carlos Letelier Verdugo (sub)

Reinaldo Concha Orellana (sub); Máximo Aliaga Soto (sub); Hugo Clavería Leiva (sub); Samuel Fuenzalida Devia (sub); Investigaciones

Juan Urbina Cáceres; Hugo Hernández; Manuel Rivas Díaz; Herman Alfaro; Eugenio Fieldhouse; Osvaldo Castillo; Carabineros (oficiales y suboficiales todos en retiro)

Gerardo Godoy García; Ciro Torres Sáez, Alejandro Molina Cisternas; Camilo Torres Negrier; Héctor Lira Aravena; José Fritz Esparza; Claudio Pacheco Fernández; Jorge Sagardia Monge; Sergio Castro Andrade; Luis Villarroel Gutiérrez; Armando Cofré Gómez; Fernando Roa Montaña; Gerardo Meza Acuña; Enrique Gutiérrez Rubilar; Luis Mora Cerda; José Muñoz Leal; Juan Duarte Gallegos; Carlos Miranda Meza; Rufino Jaime Astorga; Luis Urrutia Acuña; Luis Zúñiga Ovalle; Pedro Alfaro Hernández; Orlando Inostroza Lagos; Rosa Ramos Hernández; Gustavo Caruvan Soto; Héctor Valdebenito Araya; Manuel Avendaño González; José Mora Diocares; Guido Jara Brevis; Nelson Ortiz Vignolo; Ruderlindo Urrutia Jorquera; Héctor Flores Vergara; Jerónimo Neira Méndez; Manuel Montré Méndez

Heriberto del Carmen Acevedo; Claudio Orerllana de la Pinta; Nelson Iturriaga Cortés; Luis Gutiérrez Uribe; José Ojeda Obando; Fuerza Aérea

Delia Gajardo Cortés; Hernán Avalos Muñoz

Armada

Teresa Navarro Osorio;

Procesados que ya cumplen condena

Manuel Contreras Sepúlveda; Pedro Espinoza Bravo; Raúl Iturriaga Neumann; Marcelo Moren Brito; Miguel Krassnoff Martchenko; Ricardo Lawrence Mires; Basclay Zapata Reyes; Conrado Pacheco; Francisco Ferrer Lima; Gerardo Urrich; Orlando Manzo Durán; Rizier Altez España; Fernando Lauriani Maturana


 La Nación

Lunes 30 de junio de 2008    

Manuel Contreras condenado a cadena perpetua por crimen de Prats

Después de 34 años de cometido el doble homicidio, el ministro Alejandro Solís dictó sendas condenas en contra de la cúpula de la DINA por su responsabilidad en la muerte del otrora comandante en jefe del Ejército Carlos Prats  y su esposa Sofía Cuthbert. En el dictamen de primera instancia el juez establece una pena perpetua en contra de Manuel Contreras Sepúlveda por los dos crímenes y a su vez una sentencia de veinte años de presidio por asociación ilícita.

Para el brigadier (r) Pedro Espinoza la sentencia es de veinte años de presidio por cada  asesinato y otros veinte años por su rol en esta asociación ilícita

En el caso del agente Raúl Iturriaga Neumann el dictamen es de quince años de presidio por cada homicidio  y de 541 por asociación ilícita. Un poco más baja es la pena para José Zara, Juan Morales Salgado y Christoph Willike donde la sentencia alcanza a diez años presidio por cada crimen y de  541 días por la asociación ilícita.

En el caso de  Jorge Iturriaga  Neumann cinco años y un día por cada homicidio  y a su vez Mariana Callejas  -en su rol de autora material del crimen- recibió  una pena de diez años por cada homicidio

Finalmente el suboficial (r) Reginaldo Valdés enfrentará dos penas de 541 días por su rol en los dos asesinatos.

Hijas del matrimonio Prats-Cuthbert destacaron fallo

Angélica y Cecilia Prats Cuthbert arribaron complacidas hasta el palacio de tribunales para interiorizarse del dictamen del ministro Alejandro Solís en contra de quienes participaron en el doble homicidio de sus padres Carlos Prats y Sofía Cuthbert ocurrido en 1974 en Argentina.

"Lo que uno más esperaba era justicia frente a lo que vivieron nuestros padres y la posibilidad de hacer un aporte al país con esta verdad, un aporte al Ejército para que puede escribir su verdadera historia", afirmó Angélica Prats.

En tanto Cecilia afirmó que “el país ya conoce la verdad, nosotros estamos tranquilos después de todos estos años. El Ejército también tiene claridad de los participantes: son siete militares que en servicio activo participaron de la muerte del Comandante en Jefe, agentes del Estado participantes están determinados también, así que esa claridad ya la tiene el país y la tenemos nosotros también".

Angélica Prats valoró el trabajo que ha efectuado el ministro a cargo del proceso Alejandro Solís puntualizando además que no se puede olvidar los avances de la justicia argentina que también tramita esta causa.

Para la abogada de la familia Prats, Pamela Pereira  con la investigación del juez Solís queda en evidencia que el crimen fue "un acto de terrorismo de la mayor magnitud en territorio extranjero" y que en este participaron “agentes de la DINA, oficiales del Ejército de Chile.


La Nación

Martes 1 de julio de 2008  

Primer paso en la justicia para el crimen Prats-Cuthbert

Cuando cerca de la una de la madrugada del lunes 30 de septiembre de 1974 el general Carlos Prats detuvo su auto junto a su esposa Sofía Cuthbert para entrarlo al garaje de la calle Malabía, en el barrio de Palermo en Buenos Aires, unos segundos pudieron salvar sus vidas.

Fue el breve lapso en que la agente de la DINA Mariana Callejas no logró activar el detonador electrónico cuando su marido, el gringo Michael Townley, a su lado al interior de un vehículo, le dio la orden de matar.

Townley era más diestro y le quitó el dispositivo provocando la explosión que remeció la calle oscura. El general y su mujer nunca supieron de aquellos segundos del destino.

Treinta y cuatro años después, ayer la espada de la justicia cayó finalmente sobre los autores intelectuales y materiales, seis altos oficiales y un suboficial de Ejército, todos en retiro, además de dos civiles.

Dos presidios perpetuos y penas de prisión entre 20 años y 541 días para todos ellos, dictados en la sentencia de primera instancia por el juez instructor de la causa, Alejandro Solís.

A las 10 de la mañana llegaron al despacho del ministro Solís las hijas del general, Cecilia y Angélica, junto a la abogada Pamela Pereira. La otra hija, Sofía, es actual embajadora en Atenas. El otro abogado querellante, Hernán Quezada, se encuentra en Nueva York por dos años.

Media hora después, al salir de la sencilla oficina en la terraza del Palacio de Tribunales, los ojos brillantes de las tres mujeres denotaban la emoción vivida junto al juez.

"Ahora el país ya sabe la verdad", dijo Angélica. Cecilia recordó los primeros tiempos en Buenos Aires cuando la jueza María Servini iniciaba las primeras indagatorias que concluyeron con un único condenado, el agente civil Enrique Arancibia Clavel.

Después, en 2002 el doble crimen se comenzó a investigar por primera vez en Chile.

La abogada Pereira tenía también motivos para emocionarse, pues recordó a su padre asesinado junto a los campesinos de Paine.

"Este acto de justicia con el general Prats, su esposa, y su familia simboliza la justicia que otros familiares todavía no han tenido en Chile, como es el caso de mi padre", señaló.

Pero como lo recordaron las hijas del matrimonio asesinado, faltó a la cita el dictador Augusto Pinochet. El fue el principal autor intelectual, a pesar de que, primero con su pretendida demencia con la que engañó a los jueces de las cortes, como algunos ministros en privado lo reconocen, y luego por una cuestión de forma procesal, se salvó dos veces de ser desaforado por este doble crimen.

Desde Nueva York el abogado Quezada manifestó que "la sentencia del ministro Solís debería convertirse en material de estudio en las escuelas institucionales de las Fuerzas Armadas, porque constituye un documento histórico para establecer la verdad acerca de los crímenes más atroces cometidos durante la dictadura de Pinochet".

Aquel domingo 29 de septiembre de 1974, extrañamente el general Prats se veía alegre y hasta rió a veces. En la casaquinta de los Stevenin-Muratorio en las afueras de Buenos Aires (BA) asistía a un asado junto al ex cónsul de Chile, Eduardo Ormeño.

Hablaron de pintura y otros temas que manejaba como un soldado culto, al igual que su esposa. Jugaron al bridge y el matrimonio propuso formar un grupo para reunirse todos los miércoles a jugar. Empezarían la próxima semana.

Cerca de las cuatro de la tarde los Prats-Cuthbert pidieron a Ormeño que los llevara de vuelta a Malabía para cambiarse ropa porque irían al cine con el ex embajador de Allende en Buenos Aires, Ramón Huidobro y su mujer. "Pan y chocolate" fue la película.

Después se fueron a cenar a casa de Huidobro. Allí Prats, en la sobremesa, volvió a entristecer y dijo una frase que marcó para siempre esa noche: "Cómo irá a ser esto Ramón, por dónde vendrá, pero yo ando armado así es que no les será tan fácil". En los días previos había recibido amenazas de muerte.

El viernes anterior, oculto en el garaje de Malabía, Townley instaló bajo el Fiat 125 del general la carga con dos cartuchos de C4 y tres detonadores.

El tío Kenny, como los hijos de Mariana Callejas llamaban al gringo, se había cruzado días antes con el general Prats en un parque mientras lo seguía. Pensó en dispararle ahí mismo, pero desistió porque "había mucha gente" como lo dijo después en Estados Unidos a la jueza Servini.

Mientras tanto, El "Yiyo" Raúl Iturriaga, entonces jefe del departamento exterior de la DINA, vigilaba, husmeaba, juntaba más datos de los pasos del matrimonio que agregaba a los recolectados por el mayor Juan Morales (que después sería el jefe de la temible Brigada Lautaro), enviado por Contreras a BA como el primer espía de avanzada.

A las 00:40 de la madrugada del día 30, Townley y Callejas esperaban a cien metros de distancia al interior de su auto en la penumbra de la calle Malabía, cuyas luces estaban debidamente apagadas coordinados con la inteligencia argentina.

Prats y su mujer no alcanzaron a sospechar nada. Menos que estaban a minutos de conocer la fatal respuesta al comentario que esa noche el general le había hecho en la sobremesa a su amigo Ramón Huidobro, ¡cómo irá a ser!

34 años después

Viajaban por el barrio Palermo, en Buenos Aires, la madrugada del 30 de septiembre cuando una bomba instalada por miembros de la DINA fue detonada. El general (R) Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, habían sido asesinados.

Ayer, 34 años después, elmagistrado Alejandro Solís, finalmente dictó condenas contra los ex agentes de la DINA acusados por asociación ilícita y doble homicidio.

Para Manuel Contreras, el ex jefe operativo del grupo de inteligencia, ordenó cadena perpetua en cada una de las muertes. La sentencia también incluye penas para otras ocho personas.

Informadas del fallo en profundidad, las dos hijas del general Prats no pudieron contener su emoción. Para ambas las sentencias son justas y entregan verdad al país y al Ejercito.

Sin embargo, para ellas, también debió haber sido condenado Augusto Pinochet por cuanto, “él también fue parte de este grupo de personas que atentaron contra mi padre”, dijo Cecilia Prats.

Hecho público el fallo, el Gobierno valoró la investigación, un paso en la labor de “hacer verdad y justicia”, como dijo el ministro de Justicia, Carlos Maldonado. Los parlamentarios socialistas y PPD también se mostraron conformes con el dictamen y esperanzados en que otros casos que se investigan también tengan este impacto.

Pero todavía no está todo dicho en este caso. Al ser una sentencia de primera instancias los involucrados pueden apelar. Habrá que esperar.

Condenados

• General (R) Juan Manuel Contreras Sepúlveda: Dos condenas a presidio perpetuo por los homicidios calificados de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Charleoni. Veinte más como jefe en el delito de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Brigadier (R) Pedro Octavio Espinoza Bravo: Dos condenas a 20 años por los homicidios de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Charleoni y 20 años como jefe en el delito de asociación ilícita.

• General (R) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann: Dos condenas a 15 años por los homicidios calificados y 541 días como miembro de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Brigadier (R) José Octavio Zara Holger: Dos condenas de 10 años y un día por el doble homicidio y 541 días por asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Coronel (R) Cristoph Georg Paul Willeke Floel: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio y como miembro en el delito de asociación ilícita a 541 días.

• Coronel (R) Juan Hernán Morales Salgado: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio y 541 días por asociación ilícita.

• Mariana Inés Callejas Honores: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio calificado.

• Jorge Enrique Iturriaga Neumann: Dos condenas a 5 años y un día como cómplice de homicidios calificado.

• Suboficial Reginaldo de la Cruz Valdés Alarcón: Dos condenas de 541 días como cómplice de homicidio calificado.


 La Nación

Jueves 7 de agosto de 2008   

Procesan a nueve oficiales (R) por desaparecidos de La Moneda

El ex director de Investigaciones, Eduardo “Coco” Paredes, y el médico personal de Allende, Enrique Paris, son dos de las ocho víctimas por las que fueron procesados los oficiales (R) del Ejército.

El ministro en visita Juan Fuentes Belmar sometió ayer a proceso al general (R) Herman Julio Brady y a otros ocho oficiales en retiro del Ejército por los detenidos desaparecidos de La Moneda, entre ellos el doctor Enrique Paris y el ex director de Investigaciones, Eduardo "Coco" Paredes.

Es el segundo procesamiento que afecta a Brady y los otros oficiales por las detenciones realizadas en el palacio de gobierno el 11 de septiembre de 1973, las que después se convirtieron en desapariciones. Por lo mismo, se les caratuló como secuestros calificados de presos políticos.

Junto a Brady, fueron procesados el brigadier (R) Pedro Espinoza Bravo (quien sería después el segundo al mando de la DINA) y los ex oficiales Servando Maureira Roa, Jorge Herrera López, Teobaldo Mendoza Vicencio, Eliseo Cornejo Escobedo, Bernardo Soto Segura, Juan Riquelme Silva y Jorge Gamboa Álvarez.

El día del golpe de Estado tropas militares ingresaron a La Moneda, donde detuvieron a cerca de 50 personas, entre asesores directos, miembros del Grupo de Amigos Personales (GAP) del Presidente Allende, médicos y funcionarios de Investigaciones, quienes fueron trasladados hasta el Regimiento Tacna, para luego ser ejecutados. Hasta la fecha sus cuerpos no han sido ubicados.

Además del doctor Paris y del "Coco" Paredes, en La Moneda fueron detenidos Jaime Sotelo Ojeda (GAP), Sergio Contreras Contreras (jefe de Prensa de la Intendencia), Héctor Pincheira Núñez (asesor del Presidente Allende), José Freire Medina (GAP), Manuel Castro Zamora (GAP) y Daniel Gutiérrez Ayala (GAP).

El abogado querellante en el caso, Nelson Caucoto, dijo que "es la primera vez, después de 35 años, que estos asesores del Presidente Allende comienzan a vislumbrar la justicia. Con este fallo se ha demostrado que la justicia tarda pero llega".

Respecto del general (R) Luis Ramírez Pineda, ex comandante del Regimiento Tacna -a quien el magistrado resolvió no someter a proceso por el momento-, el abogado Caucoto explicó que su situación se decidirá cuando la Corte Suprema solicite a la justicia argentina la ampliación de su extradición.

Los generales (R) Pineda y Brady, junto con los otros oficiales, ya fueron sometidos a proceso en mayo pasado por la desaparición (secuestro calificado) del ex GAP Luis Rodríguez Riquelme, también apresado en La Moneda. Sin embargo, en aquella oportunidad, la Corte de Apelaciones actuó de oficio, ante la negativa del ministro Fuentes Belmar en esta causa.

Brady era el comandante de la guarnición de Santiago y el entonces coronel Ramírez Pineda, comandante del Regimiento Tacna donde fueron llevados los detenidos de La Moneda.

Desde ese lugar los sacaron en un camión, amarrados de pies y manos con alambre, con destino a Peldehue donde los fusilaron. Toda la operación fue supervisada por Pedro Espinoza, quien vestía de civil.

Enrique Paris y “Coco” Paredes

Juan Antonio Eduardo “Coco” Paredes Barrientos estaba casado, tenía dos hijos y era médico cirujano. Militaba en el PS y durante el Gobierno de Allende fue director del Servicio de Investigaciones.

Enrique París Roa, también médico, estaba casado, tenía 3 hijos y era miembro del comité central del PC. Asesoraba al Presidente Allende en materias de Salud.

Ambos fueron apresados al salir del Palacio de La Moneda, mientras era bombardeado. Junto al resto de los detenidos, se les trasladó al Regimiento Tacna, donde permanecieron hasta el 13 de septiembre.


La Nación

Martes 30 de diciembre de 2008        

Juez dicta condenas por desaparición de dos socialistas en 1974

El ministro Alejandro Solís sentenció a siete ex agentes de la DINA que secuestraron a Jaime Robotham y Claudio Thauby justo la víspera del Año Nuevo de 1975. Las pistas de los estudiantes de Sociología se pierden tras su paso por Villa Grimaldi.

Un capítulo doloroso de la reciente historia comenzó ayer a cerrarse luego que el ministro de fuero Alejandro Solís dictara sentencia por el secuestro calificado de los dos militantes del Partido Socialista Jaime Robotham y Claudio Thauby, detenidos por organismos represores durante la víspera del año nuevo de 1975.

El magistrado condenó al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, a 15 años de presidio efectivo y la misma pena impuso al líder de la denominada "Brigada Vampiro", Fernando Lauriani quien -según el relato de testigos- se habría ensañado con las torturas a Thauby, ya que lo conocía de la Escuela Militar, donde el joven socialista había pasado un tiempo antes de decidirse a estudiar Sociología en la Universidad de Chile.

Este hecho habría molestado a Lauriani quien lo consideraba un traidor a las Fuerzas Armadas por sus ideales socialistas, situación que quedó plasmada en declaraciones efectuadas a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990.

Asimismo, el juez tras investigar este caso halló responsabilidad en los demás agentes represores Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth y Miguel Krassnoff; todos sentenciados a 10 años de cárcel y sin ningún beneficio. En tanto, el ex policía Daniel Cancino quien fue destinado a la DINA durante esos años fue condenado a 5 años y un día.

Esto último por prestar colaboración para el esclarecimiento de los hechos. El policía, en una de sus declaraciones, reconoció que integró el "Grupo Vampiro" y aclaró que Lauriani estuvo al mando del grupo que detuvo a Robotham y Thauby.

"Cuando se hizo cargo del grupo Laureani me pareció que era una persona que no tenía manejo de mando, tenía menos grado que yo en equivalencia y era tonto, por lo que me molestó mucho estar bajo sus órdenes ( ) (le decíamos) "Pablito". Se le decía así como diminutivo por lo tonto que era. No tenía ninguna preparación. Era un ignorante total en todo aspecto" declaró Cancino.

Asimismo, el ministro Solís acogió la demanda indemnizatoria presentada por las familias de las víctimas. Es así como todos los condenados deberán cancelar $250 millones a la familia de Thauby y la misma suma a la de Robotham.

Ambos jóvenes caminaban por calle Miguel Claro el 31 de diciembre de 1974, cuando agentes de la DINA los intimidaron con armas obligándolos a subirse a un automóvil para luego trasladarlos a Villa Grimaldi.

En ese lugar, Robotham durante su estadía era identificado porque su cabeza sangraba debido a que una alergia le impedía cicatrizar un golpe recibido de parte de uno de los agentes cuando quiso escapar de la detención.

En tanto, Thauby recibió una tortura tan violenta con electricidad que afectó su oído medio y su equilibrio. Una cara amoratada y su incapacidad para mantenerse de pie son las características que recuerdan ex prisioneros de Villa Grimaldi que le perdieron la pista en ese recinto.


El Mostrador

Martes 6 de enero de 2009    

Corte de Apelaciones ratifica condena por secuestro de Marcelo Salinas Eytel

Los ministros ratificaron la condena de primera instancia del ministro Alejandro Solís quien el 17 de abril de 2008 determinó: 15 años y un día de presidio para el general (r) Manuel Contreras Sepúlveda.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la condena por el secuestro calificado de Marcelo Salinas Eytel, ocurrido a partir del 31 de octubre de 1974 en la Región Metropolitana.

En fallo unánime, los ministros ratificaron la condena de primera instancia del ministro Alejandro Solís quien el 17 de abril de 2008 determinó: 15 años y un día de presidio para el general (r) Manuel Contreras Sepúlveda; y 10 años y un día para el ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, general (r) César Manríquez Bravo.

Así como también para el bigadier (r) Pedro Espinoza Bravo, y los ex agentes de la DINA Maximiliano Ferrer Lima, Miguel Krassnoff Martchentko. Mientras Orlando Manzo Durán fue Absuelto falta de participación

Historia

Marcelo Salinas Eytel, técnico en radio y televisión, tenía 31 años al momento de su detención, el 31 de octubre de 1974, frente a su domicilio de calle Alberto Decombe, en Providencia. Era miembro del MIR.

Días antes, su esposa Jacqueline Drouilly Yrich, estudiante de Servicio Social y también detenida desaparecida hasta hoy, había sido secuestrada por la DINA para mantenerla como rehén mientras aparecía Salinas Eytel.

En el domicilio de ambos se montó una "ratonera" y los agentes obligaron a la hermana de Salinas Eytel a decirle que todo estaba bien y que podía llegar a la casa sin problemas.

El técnico llegó en un taxi, pero al ver algo sospechoso le dijo al chofer que continuara, ante lo cual los agentes dispararon a las ruedas del vehículo. A golpes, Salinas Eytel fue llevado primero a Cuatro Álamos y después a Villa Grimaldi, desde donde desapareció. Según testigos, tanto Salas Eytel como su esposa fueron brutalmente torturados por Osvaldo Romo Mena.


 La Nación

Jueves 29 de enero de 2009    

Confirman duras condenas por crimen de Carlos Prats

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó en todos sus términos las condenas dictadas en primera instancia por el ministro Alejandro Solís el pasado 30 de junio de 2008, en contra de nueve ex agentes de la DINA, incluido su jefe Manuel Contreras, por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

El doble crimen fue cometido en Buenos Aires en la madrugada del 30 de septiembre de 1974, mediante la instalación de una bomba en el auto del ex comandante en jefe del Ejército.

 La hija del general, Angélica Prats, dijo en el palacio de tribunales que “estamos emocionados como familia porque la Corte ha confirmado todas las condenas aplicadas por el ministro Solís”.

 Sin embargo, advirtió que “ahora esperamos que la Sala Penal de la Corte Suprema no rebaje las penas”. Con ello aludió a que, desde hace unos tres años, este tribunal viene beneficiando a todos los ex agentes con rebajas considerables de condena, lo que permite otorgarles el beneficio de cumplirlas bajo los cinco años y un día en el régimen de “libertad vigilada”.

 Entre los organismos de derechos humanos existe la interrogante si esta vez los ministros de la Sala Penal “se atreverán” a beneficiar también a los asesinos del general y su esposa.

De los nueve sentenciados, sólo están en prisión cumpliendo otras condenas, Manuel Contreras, el ex segundo de la DINA, Pedro Espinoza, y el ex jefe exterior de esta asociación ilícita criminal, general (R) Eduardo Iturriaga Neumann.

 Los otros castigados judicialmente son el brigadier (R) José Zara Holger, los coroneles (R) Christoph Willikie Flöel y José Morales Salgado, el suboficial (R) Reginaldo Valdés Alarcón, y los ex agentes civiles Mariana Callejas Honores (ex esposa de Michael Townley quien hizo estallar la bomba junto a Callejas) y Jorge Iturriaga Neumann.

La resolución fue adoptada por la unanimidad de la Novena Sala integrada por los ministros Jorge Dahm y Mario Rojas, y la magistrado Dobra Lusic.


El Mostrador

Martes 24 de Marzo de 2009   

Manuel Contreras suma nueva condena por caso Villa Grimaldi

El ministro en visita Alejandro Solís impuso la condena de primera instancia en la investigación por los secuestros calificados de Fernando Silva Camus y Claudio Silva Peralta, padre e hijo respectivamente, ocurridos a partir del 26 y 27 de septiembre de 1974 en la Región Metropolitana.

Asimismo el magistrado determinó las siguientes sanciones:

-Pedro Espinoza Bravo: 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor.

-Marcelo Moren Brito: 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor.

-Basclay Zapata Reyes: 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor.

-Palmira Almuna Guzmán: 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplice. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

Igualmente en el aspecto civil, se estableció que los condenados como autores deberán  pagar solidariamente $ 100.000.000 (cien millones de pesos) a María Inés Peralta Zamorano y $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a Regina Lazo Dinamarca.

En tanto, la condenada Almuna Guzmán deberá cancelar $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) a Regina Lazo Dinamarca.

Además se desestimó la demanda en contra del Fisco de Chile acogiendo la excepción de incompetencia del tribunal.

Fernando Guillermo Silva Camus, 60 años, casado, dos hijos, decorador de interiores, vinculado al MIR, fue detenido en su domicilio el 27 de noviembre de 1974, aproximadamente a las 23:30 horas por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA). El día anterior había sido detenido en la vía pública su hijo Claudio Guillermo Silva Peralta, militante del MIR.


La Nación

Martes 14 de abril de 2009     

Manuel Contreras suma 15 años más de condena

Otra vez el ex director de la DINA, Manuel Contreras, suma condena en causa de derechos humanos. Esta se vez se trata del secuestro de Anselmo Radrigán Plaza, ocurrida el 12 de diciembre de 1974 en la región Metropolitana.

En esta investigación la Corte de Apelaciones de Santiago dictó condena de segunda instancia en un fallo unánime suscrito por los ministros Lamberto Cisternas, Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Claudia Chaimovich.

Los jueces ratificaron en el aspecto penal la sentencia del ministro en visita Alejandro Solís que estableció las siguientes penas:

- Manuel Contreras Sepúlveda 15 años de presidio.

- Marcelo Moren Brito 10 años y un día de presidio.

- Pedro Espinoza Bravo. 10 años y un día de presidio.

- Rolf Wenderoth Pozo. 10 años y un día de presidio.

- Miguel Krassnoff Martchentko. 10 años y un día de presidio.

- Basclay Zapata Reyes. 10 años y un día de presidio.

En materia civil los jueces estuvieron por entregar una indemnización a los  familiares de las víctimas, cambiando así el dictamen de primera instancia suscrito por el ministro Alejandro Solis:

Amalia Caballero Nadeau. $ 40.000.000

Gastón Radrigán Plaza $ 20.000.000

Cecilia Radrigán Plaza. $ 20.000.000

Jorge Radrigán Plaza $ 20.000.000


La Nacion

Viernes 17 de julio de 2009    

Ministro Zepeda dicta acusación en caso de DDHH

El ministro Jorge Zepeda dictó acusación en la investigación por el secuestro calificado de Pedro Juan Merino Molina, ocurrido a partir del 14 de septiembre de 1974 en la ciudad de Coronel, región del Bio Bio.

El magistrado acusó a Sergio Rigoberto Aplazaba Rojas, Manuel Rioseco Paredes, Orlando José Manzo Durán, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Paul Schäfer Schneider, Fernando Gómez Segovia y Gerd Seewald Lefevre como responsables del delito antes señalado.

El magistrado determinó que la víctima: “después de ser detenido por agentes de Estado, la madrugada del catorce de septiembre de 1974, en la vivienda que ocupaba de la población Yobilo Dos, calle Aconcagua N 817, de la ciudad de Coronel, fue trasladada al retén de Carabineros “Lo Rojas” y enseguida conducida a Parral, determinadamente, al centro clandestino de detención de la ex Colonia Dignidad, donde quedó registro de los interrogatorios que le fueron hechos por colonos alemanes actuando éstos junto a agentes de Estado pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA; con quienes los primeros cooperaban en la persecución, privación de libertad y eliminación de civiles por razones políticas o ideológicas; procediendo dichos agentes a mantener privada de libertad a la referida víctima, haciéndola desaparecer hasta hoy”.


La Nación

Viernes 4 de septiembre de 2009    

Crueles represores figuran entre los más de 150 ex agentes procesados

Crueles represores figuran entre los más de 150 ex agentes de la DINA, todos en situación de retiro, que fueron procesados el martes pasado por el ministro Víctor Montiglio en los casos Operación Colombo, Cóndor y Calle Conferencia 1587.

Entre ellos figura la oficial de Ejército Gladys Calderón Carreño, quien inyectaba cianuro para matar a los detenidos en el cuartel de avenida Simón Bolívar, en la comuna de La Reina, donde operó la Brigada Lautaro.

También aparece el suboficial de Infantería de Marina Sergio Escalona Acuña, quien con un alicate extraía a los cuerpos de los prisioneros ya muertos, las piezas dentales que contenían oro.

Esta operación la realizaba antes de que los cadáveres fueran ensacados para ser arrojados al mar.

De la misma manera, otros de los procesados son los suboficiales de Carabineros Jorge Pichunmán Curiqueo y Claudio Pacheco Fernández, quienes se encargaban en ese cuartel clandestino de desfigurar los rostros de los detenidos y quemar sus huellas dactilares, utilizando un soplete.

Entre los 150 ex agentes encausados por los casos Colombo y Conferencia, existe un total de 21 oficiales. (Ver lista).

A ello hay que sumar los cerca de 50 procesados por víctimas de la Operación Cóndor, lo que podría hacer crecer la cifra total de encausados por sobre los 165, dado que la mayoría de estos cerca de 50 nombres se repiten en las resoluciones dictadas por Colombo y Conferencia.

La mayoría de los procesados pertenecen al Ejército, pero también hay integrantes de la Fuerza Aérea, Armada, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería.

Hoy viernes debe terminar la maratónica operación para que todos los procesados queden arrestados e ingresados a los distintos lugares de reclusión preventiva, según la institución a la que pertenecen.

En el caso del Ejército, todos deberán quedar detenidos en el Batallón de Policía Militar en la Avenida José Arrieta, en la comuna de Peñalolén

Lista de oficiales (R)

1.- César Manríquez Bravo (coronel Ejército)

2.- Ciro Torré Sáez (crl. Carabineros)

3.- Fernando Lauriani Maturana (brigadier Ej.)

4.- Gerardo Godoy García (tte.crl. Carab.)

5.- Gerardo Urrich González (crl. Ej.)

6.- Jaime Paris Ramos (crl. Ej.)

7.- José Fuentes Torres (crl. Ej.)

8.- Manuel Contreras Sepúlveda (gral. Ej.)

9.- Manuel Carevic Cubillos (crl. Ej.)

10.- Marcelo Moren Brito (crl. Ej.)

11.- Miguel Krassnoff (brig. Ej.)

12.- Orlando Manzo Durán (crl. Gendarmería)

13.- Pedro Espinoza Bravo (brig. Ej.)

14.- Raúl Iturriaga Neumann (gral. Ej.)

15.- Ricardo Lawrence Mires (crl. Carab.)

16.- Sergio Castillo González (crl. Ej.)

17.- Víctor Molina Astete (crl. Ej.)

18.- Víctor San Martín Jiménez (crl. Ej.)

19.- Gladys Calderón Carreño (cap. Ej.)

20.- Federico Chaigneau Sepúlveda (tte. crl. Ej.)

21.- Juan Morales Salgado (crl. Ej.)


El Clarin

Viernes 20 de noviembre de 2009  

Procesados en España Generales y oficiales implicados en asesinato de Carmelo Soria

 Los generales (R) del Ejército de Chile Hermán Brady Roche, Cesar Raúl Benavides Escobar, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Jaime Enrique Lepe, Raúl Eduardo Iturriaga Neuman Orellana;  el ex Subsecretario del Interior, Capitán de Navío Enrique Montero Marx; los oficiales Jorge Remigio Rios San Martín;  Guillermo Humberto Salinas Torres; Pablo Belmar Labbé; René Patricio Quilhot Palma; Rolf Wenderoth Pozo; Ricardo Lawrence Mires, han sido procesados por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de España por su participación, mediata o inmediata, en el secuestro, tortura y asesinato del diplomático D. Carmelo Soria.

En el Auto de 17 de noviembre de 2009, que próximamente publicará integro EL CLARIN en la sección “Caso Pinochet”, el Juez y el Ministerio Fiscal han aceptado la ampliación de querella formulada el 23 de enero de 2007 por la Fundación Presidente Allende-España y la viuda de D. Carmelo Soria. Estos habían solicitado, asimismo, el procesamiento del Ministro del Interior, Sergio Fernández, y de la Ministra de Justicia, Mónica Madariaga, por haber firmado en 1978 el Decreto de Amnistía en cuya aplicación la Corte Suprema de Chile ha ordenado en 1996 que este crimen no fuera enjuiciado en Chile.  El Juez español ha denegado el procesamiento de estos Ministros de la Dictadura “en este momento, por cuanto resulta insuficiente para hacerlo el hecho de que hubiesen firmado el Decreto de Amnistía en 1978 que sirvió para conferir impunidad a los autores, cómplices y encubridores, porque por tal razón también tendrían que serlo los demás miembros del gobierno y todos aquellos que aplicaron la norma posteriormente, máxime después del pronunciamiento sobre tal tipo de normas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, y ientras no se acredite una participación diferente en los hechos no puede admitirse a trámite la querella contra estas dos personas”.

 El Auto de 17 de noviembre de 2009 acuerda, entre otras Diligencias, poner en conocimiento del Sr. Secretario General de Naciones Unidas, en aplicación del artículo 11 del Convenio sobre prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas de 14 de diciembre de 1973, la admisión de la querella  contra los presuntos culpables de la tortura y asesinato de D. Carmelo Soria Espinoza y que en su día se comunicará el resultado final.

 España asume la competencia para enjuiciar este delito en virtud de los principios de jurisdicción universal y de evitar la impunidad, después que la Corte Suprema ha acordado que no puede serlo en Chile, país cuya jurisdicción España considera preferente en virtud del principio de territorialidad.


La Nacion

Miércoles 25 de noviembre de 2009 

Contreras suma otros 5 años de condena

Por su responsabilidad en el secuestro calificado de Sergio Alejandro Riffo Ramos, ocurrido a partir del 27 de noviembre de 1974, fue condenado el director de la desaparecido DINA, Manuel Contreras, así como el resto de la cúpula del organismo represivo de la dictadura.

En fallo de segunda instancia la Corte de Apelaciones de Santiago fijó de manera unánime las siguientes penas:

-Manuel Contreras Sepúlveda: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.

-Pedro Espinoza Bravo: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.

-Marcelo Moren Brito: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.

-Miguel Krassnoff Martchentko: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.

-Fernando Lauriani Maturana: absuelto por falta de participación.

En el aspecto civil del proceso los jueces Cornelio Villarroel Ramírez, Mauricio Silva Cancino y el abogado integrante Bernardo Lara Berríos estuvieron por mantener el dictamen anterior y ordenar el pago de una indemnización solidaria de 20 millones de pesos por parte de Contreras y Moren a Blanca Ramos Aranda, cónyuge de la víctima


El Mostrador

8 de Julio 2010

Caso Prats: Drástica rebaja de penas para autores del crimen y formación de asociación ilícita

La Segunda Sala de la Corte Suprema dio a conocer este jueves el fallo definitivo con las condenas dictadas contra los responsables de los homicidios del otrora comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrados en septiembre de 1974, en el barrio bonaerense de Palermo.

El presidente de la sala penal, Rubén Ballesteros, comunicó las siguientes penas. Por asociación ilícita formada en 1974, el general (r) Manuel Contreras y el brigadier (R) Pedro Espinoza fueron condenados a tres años y un día, sin beneficios.
Por su parte, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Cristoph Willike Floel, José Zara, Juan Morales Salgado fueron condenados a 100 días de cárcel por este mismo ilícito.

Por el delito de homicidio calificado, los generales en retiro Manuel Contreras y Pedro Espinoza fueron condenados a 17 años de presidio mayor, sin medidas alternativas.

En tanto, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Willike Floel, José Zara, Juan Morales Salgado fueron condenados a 15 años y un día sin beneficios.
En calidad de cómplices, Mariana Callejas y Jorge Iturriaga Neumann fueron condenados a una pena de cinco años de presidio con beneficios.
El 29 de enero del año pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia dictada el 30 de junio de 2008 por el juez de primera instancia, Alejando Solís. El magistrado condenó a doble cadena perpetua al general Manuel Contreras y de forma adicional, fue sentenciado a otros 20 años de prisión como jefe de la asociación ilícita que organizó la disuelta DINA para cometer el doble crimen.

Las mismas penas recibió el ex brigadier Pedro Espinoza Bravo; mientras el general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, encargado de las operaciones en el exterior del organismo, recibió dos condenas de 15 años de prisión por los asesinatos y 541 días por asociación ilícita.
El ex brigadier José Zara fue sentenciado a dos penas de diez años de cárcel por los homicidios y a 541 días por la asociación ilícita, al igual que los ex coroneles Cristoph Willike Floel y Juan Morales Salgado.

Mientras Mariana Callejas fue condenada a dos penas de diez años. La mujer fue esposa del ex agente estadounidense Michael Townley, quien actualmente reside en Estados Unidos, acogido al programa de protección de testigos, fue el encargado de instalar y detonar la bomba colocada bajo el automóvil del general Prats.


AFP

17 de Diciembre 2010

Francia condena en ausencia a militares de dictadura chilena

La justicia francesa condenó el viernes en ausencia a penas de 15 años de prisión a cadena perpetua a una docena de militares y un civil chilenos y a un militar argentino por la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).

El general retirado Manuel Contreras, fundador de la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía política del régimen, encarcelado actualmente en Chile, fue condenado a cadena perpetua por decisión del Tribunal en lo Criminal de París presidido por el juez Hervé Stephan.
A la misma pena máxima fue condenado su número dos en la jerarquía de la DINA, el general retirado Pedro Octavio Espinoza Bravo, sostuvo el magistrado al leer la sentencia que pone punto final al juicio en ausencia por la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura pinochetista.
George Klein, Etienne Pesle y Alphonse Chanfreau desaparecieron en Chile y Jean Yves Claudet desapareció en Argentina, todos ellos entre 1973 y 1975.

El general retirado Herman Julio Brady fue condenado a 30 años de cárcel, igual que los coroneles retirados Marcelo Luis Moren Brito y Miguel Krasnoff Martchenko.

El magistrado francés reafirmó la vigencia de la orden de detención emitida por la justicia francesa en mayo de 2005 contra los militares condenados. De la lista inicial fue absuelto José Octavio Zara Holger, por fallecimiento.

En presencia de un centenar de familiares, principalmente los hijos de los cuatro desaparecidos, de ex compañeros de trabajo y de expertos legales que llegaron desde Chile, España y Francia, concluyó así un juicio en ausencia iniciado el 8 de diciembre, 12 años después de iniciada esta causa en Francia, en octubre de 1998, justo cuando Pinochet era detenido en Londres.


Radio Universidad de Chile

20 de Diciembre 2010

Familiares de ciudadanos franceses desaparecidos en dictadura valoran condenas a ex agentes de Pinochet

Condenas ejemplares que en Chile serán difíciles de igualar recibieron los ex agentes de la dictadura militar, con el general Augusto Pinochet incluido, en el juicio que se desarrolló en París.

En total, fueron 14 acusados del régimen chilenos, quienes recibieron como mínimo penas de 15 años de prisión.
Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, la temible DINA, fue condenado a cadena perpetua, la misma pena otorgada al ex brigadier Pedro Espinoza.

35 años después de las desapariciones de 4 ciudadanos franceses asesinados en dictadura, llega una forma de justicia simbólica para sus familiares, como celebra Bernard Chanfreau, hermano de Alphonse, militante del MIR desaparecido en 1974.
“Estoy muy emocionado porque termina una época muy dura para nosotros, tanto para nuestra familia como para la mujer de mi hermano, la hija, las dos hermanas de Janet Claude. Es una satisfacción total muy importante. Ninguna condena de esos culpables nos va a restituir a nuestro hermano y a nuestra familia”, señaló Chanfreau.

Los familiares de los desaparecidos valoraron que en estos casos se haya logrado la actuación de la justicia, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, donde según acusan, el sistema sigue bajo el yugo de la dictadura.

El abogado Benjamín Serfati, representante de la Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (Codepu) destacó que a partir de este juicio histórico emanarán desde Francia órdenes de extradición que deberá resolver nuestro país.
“Una orden de extradición va a ser emitida por Francia dirigida a las autoridades chilenas y vamos a ver cómo van a reaccionar las autoridades chilenas respecto de los condenados que hoy están presos en Chile. Sobre los casos de los chilenos libres va a ser muy interesante seguir la elección de las autoridades en el sentido de acoger o no las solicitudes”, indicó el jurista.

Los familiares y sus representantes aseguraron que más allá que parezca que este juicio haya sido simbólico se utilizaron argumentos jurídicos válidos en todo el mundo, lo que impedirá que los ex agentes condenados salgan del país, por ejemplo, y las órdenes de detención emanadas del gobierno francés para los 14 inculpados siguen vigentes.


La Nacion

Miércoles 29 de Junio 2011

Manuel Contreras condenado por caso de DDHH en Colonia Dignidad

El ministro en visita Jorge Zepeda dictó sentencia de primera instancia en la causa por la desaparición del militante comunista Pedro Merino Molina, ocurrida el 14 de septiembre de 1974.

El caso de refiere a una de las aristas de los procesos por violaciones a los derechos humanos ocurridas al interior de la ex Colonia Dignidad. De esta forma el magistrado determinó absolver de todos los cargos a quien fue el principal inculpado, Paul Schäfer, quien por estar fallecido no puede ser sujeto de acción penal.

Sin embargo, dictó penas de 5 años de presidio menor en su grado máximo sin ningún tipo de beneficio, a quien se desempeñó como jefe de la disuelta DINA, general (r) Manuel Contreras Sepúlveda.

La misma sentencia recibieron el jefe del órgano represor en la ciudad de Parral, Fernando Gómez Saravia y el brigadier (r) Pedro Espinoza Bravo. La resolución determina además que el Fisco de Chile debe pagar una indemnización total de $155 millones para la madre y los hermanos de la víctima, que se dividen en $50 millones para la mujer y $15 millones para cada uno de los siete hermanos de Merino Molina. El juez Zepeda dispuso también liberar de cargos por falta de participación a Orlando Manzo, Sergio Apablaza, Manuel Rioseco y el ex colono Gerd Seewald


El Mercurio

Lunes 10 de Octubre 2011

Justicia francesa condena a cadena perpetua a ex miembros de la DINA en fallo simbólicoManuel

Una delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) notificará a las 11:00 horas de este jueves en el Penal Cordillera al director de la disuelta DINA, General (r) Manuel Contreras, y a sus subalternos Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff, de la condenas que les impuso la justicia francesa por los crímenes de cuatro ciudadanos chileno-franceses.

El proceso en ausencia, ante la negativa de la justicia chilena de extraditar a los 13 chilenos y un argentino, culpables de secuestro, tortura y desapariciones en Chile de Jorge Klein, Etienne Pesle y Alfonso Chanfreau y Jean Yves Claudet, en Argentina entre 1973 y 1975, terminó con una actuación sin precedentes de los magistrados galos. En el Tribunal de París -presidido por el juez Hervé Stephan- Contreras y su lugarteniente Pedro Espinoza Bravo recibieron la pena máxima, y el resto de los encausados por los delitos de "secuestro acompañado de torturas y de actos de
barbarie", extensas condenas de prisión. Pese a que los ex agentes de la disuelta DINA no cumplirán las sentencias, ya que casi todos
ellos están encarcelados o con juicios pendientes en Chile, los familiares de las víctimas se manifestaron satisfechos por el fallo.

Los expedientes fueron investigados durante 12 años de instrucción, además de otros tres de juicios. Del resto de los acusados, tres recibieron penas de 30 años, seis de 25, uno de 20 y el restante, una condena de 15 años. La causa se inició en 1998, cuando el general Pinochet fue arrestado en Londres por una orden de captura internacional emitida por el magistrado español Baltasar Garzón.

Además de los casos de Contreras y Espinoza Bravo, las condenas más fuertes fueron para el general retirado Herman Julio Brady, a 30 años de cárcel, lo mismo que los coroneles en retiro Marcelo Luis Moren Brito y Miguel Krasnoff Martchenko. El coronel argentino José Osvaldo Riveiro fue condenado a 25 años de prisión, igual que el recientemente fallecido Enrique Arancibia Clavel, el general Raúl Iturriaga, el coronel Gerardo Godoy García, el general Luis Ramírez Pineda y el suboficial Basclay Zapata Reyes. En un hecho poco común, el fiscal general de París, Francois Falletti, defendió la legitimidad de llevar a cabo este juicio en Francia, 37 años después de los hechos denunciados. "Es necesario recordarlo: este juicio es indispensable (...) y debe lanzar un  mensaje claro" pues crímenes semejantes "deben dar lugar a demandas ante la justicia, en cualquier momento y lugar", afirmó Falletti.


El Clarin

13 Octubre 2013

La Operación Cóndor enfrenta un juicio clave en Roma

Han sido 15 años de investigación, pero este viernes 11 de octubre arrancaron las audiencias en Roma que deben determinar a quién se juzga de los 35 acusados de la desaparición de 23 italianos durante la Operación Cóndor, que coordinó la represión de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80.

La justicia es lenta. Eso lo sabe la muerte, que ya le ha evitado el paso por los tribunales a decenas de los torturadores y asesinos de uniforme que participaron en la tétrica Operación Cóndor, el plan urdido por la CIA (según documentos desclasificados de Estados Unidos), y que significó la acción conjunta contra sus opositores de las dictaduras cívico-militares de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y esporádicamente actuaron con militares de Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador.

En el marco de la Operación Cóndor fueron asesinadas unas 50.000 personas, unas 30.000 fueron desaparecidas y hasta 400.000 encarceladas y torturadas.

Ahora, la Fiscalía de Roma pide que se juzgue a 35 de las 140 personas investigadas durante los últimos 15 años por Giancarlo Capaldo, el fiscal que puso en marcha este proceso en 1998 por el asesinato de 23 ciudadanos italianos. Ahora, el juez Alessandro Arturi debe decidir a quién procesa de los imputados de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay a los que juzgaría en ausencia y que sólo serían pedidos en extradición en caso de ser condenados y si existe convenio entre su país de origen e Italia.

De los 140 investigados iniciales, varios han muerto, como el ex presidente de Uruguay Juan María Bordaberry Arocena o el ex militar chileno Odlanier Rafael Mena Salinas, pero el hecho de que se investiguen y esclarezcan los asesinatos, desapariciones y torturas realizados durante la Operación Cóndor es un aporte al proceso de verdad, justicia y reparación exigido por las víctimas y sus familiares.
El juez aceptó el viernes que Italia, Uruguay y el Frente Amplio Uruguayo se personen como partes en el proceso y el Partido Democrático de Italia (PD) también ha anunciado que asistirá en el proceso y que, en caso de producirse finalmente el juicio, ayudará a las familias de las víctimas para que puedan asistir.

La lista de 23 desaparecidos que tenían nacionalidad italiana incluye a seis argentinos –dos secuestrados en Bolivia, dos en Brasil y dos en Paraguay–, cuatro ciudadanos chilenos secuestrados en el propio país, y 13 uruguayos desaparecidos en la Argentina.

Estos son los imputados por la fiscalía

Bolivia: general Luis Gómez Arce, jefe del Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor, entre 1979 y 1980, y el expresidente Luis García Meza Tejada.

Chile: Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía; el general Sergio Víctor Arellano Stark (Caravana de la Muerte); el general Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda (DINA); el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo; Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez, el coronel Hernán Jerónimo Ramírez, el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el excomandante del regimiento Tacna Luis Joaquín Ramírez Pineda, y el brigadier Manuel Vásquez Chahuán.

Perú: el expresidente Francisco Morales Bermúdez, Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa, y Pedro Richter Prada.

Uruguay: los exmilitares Gregorio Conrado Álvarez Armellino, José Ricardo Arab Fernández, Carlos Calcagno Gorlero, José Horacio Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirre Garay, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Iván Paulós y Ernesto Avelino Ramas Pereira. Figuran también en la lista José Felipe Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, el exabogado Juan Carlos Blanco y Ricardo Eliseo Chávez Dominguín. 


La Nación

6 de febrero 2014

CARAVANA DE LA MUERTE: DICTAN ACUSACIÓN CONTRA ARELLANO STARK Y 8 OFICIALES MÁS

Patricia González, ministra en visita, realizó la acusación contra los nueve oficiales en retiro del Ejército en calidad de autores de secuestro y homicidio calificado

La ministra en visita en el caso “Caravana de la Muerte”, Patricia González, dictó este jueves la acusación en contra de nueve oficiales en retiro del Ejército en calidad de autores de secuestro y homicidio calificado de 16 víctimas en el llamado “Episodio Copiapó”.

Los antecedentes constatados en la acusación acreditan que “en horas de la noche del 16 de octubre de 1973 llegaron hasta la ciudad de Copiapó en un helicóptero institucional de la categoría ‘Puma’ un grupo de militares comandados por el general de Ejército, Sergio Arellano Stark”.

El general llegó a la zona “para cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y procedimientos judiciales”, según un instructivo elaborado por delegación del entonces comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet.

Junto a un grupo de militares pertenecientes al Regimiento “Atacama” de la ciudad de Copiapó, el grupo militar se llevó a cuatro personas detenidas en la unidad de militar y las subieron a un camión. Posteriormente se dirigieron a la Cárcel Pública y subieron a nueve personas más, que se encontraban privadas de libertad por orden de la autoridad jurisdiccional militar.

Los 13 detenidos fueron llevados a la “Cuesta Cordone”, los obligaron a descender del vehículo y junto con otros militares que estaban en el lugar, le dispararon a cada uno de ellos.

Alfonso Gamboa, Atilio Ugarte, Fernando Carvajal, Agapito Carvajal, Winston Cabello, Manuel Córtazar, Raúl Guardia, Raúl Larravide, Edwin Mancilla, Adolfo Palleras, Héctor Vicenti, Pedro Pérez y Jaime Sierra perdieron la vida en el lugar.

La rutina se repetiría la noche siguiente. El 17 de octubre de 1973, un grupo de militares se trasladaron hasta los barrancones donde mantenían a los presos políticos y sustrajeron del lugar a Benito Tapia, Maguindo Andrade y Ricardo Posada, llevándolos hasta la “Cuesta Cardone”, donde según el documento “se pierden sus rastros, sin que hasta la fecha se conozcan sus paraderos”.

Nueve son los acusados como autores de secuestros y homicidios reiterados por la ministra en visita Patricia González: Sergio Arellano Stark, Carlos Arredondo, Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Patricio Díaz, Ricardo Yáñez, Waldo Ojeda, Marcelo Marambio y Oscar Haag.

Mientras, que por secuestro calificado en carácter reiterado fueron acusados también Arellano Stark, Arredondo, Espinoza, Moren Brito y Haag, además de Ramón Zúñiga, Fernando Castillo y Oscar Pastén.


 


La Nación, 08 de enero de 2015

DICTAN CONDENAS DE CÁRCEL A 21 EX DINA POR DESAPARICIÓN DE MILITANTE PS

Magistrado Hernán Crisosto estableció que los agentes de inteligencia de la dictadura participaron como autores de secuestro calificado de Bernardo Castro López, el que después apareció en una supuesta lista de muertos por enfrentamientos en Argentina.

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago designado para causas por violaciones a los Derechos Humanos Hernán Crisosto dictó -el 6 de enero pasado- sentencia en la indagatoria por el delito de secuestro calificado de Bernardo de Castro López, hecho ocurrido a partir del 14 de septiembre de 1974.

En la causa, el magistrado condenó en calidad de autores a los ex agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA): Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, César Manríquez Bravo,  Pedro Octavio Espinoza Bravo, Gerardo Ernesto Urrich González, Manuel Andrés Carevic Cubillos y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann. a cumplir penas de 13 años de presidio.

Asimismo, el ministro Crisosto condenó como autores de secuestro calificado a: Orlando Manzo Durán, Pedro René Alfaro Fernández, Armando Segundo Cofré Correa, Héctor Alfredo Flores Vergara, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Manuel Rivas Díaz, Risiere del Prado Altez España, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Manuel Heriberto Avendaño González, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra, Hernán Patricio Valenzuela Salas y Alejandro Francisco Molina Cisternas, a 10 años de presidio.

En tanto, en calidad de cómplices, sentenció a: Nelson Eduardo Iturriaga Cortez y José DorohiHormazábal Rodríguez a la pena de 4 años de presidio, sin beneficios; y  absolvió a Basclay Zapata Reyes.

EL FALLO

 Según la resolución,  el ministro Hernán Crisosto dio por acreditado los siguientes hechos:

“Que en horas de la tarde del día 14 de septiembre de 1974, Bernardo de Castro López, militante del Partido Socialista, fue detenido en su domicilio ubicado en calle Bilbao N° 1236, de la comuna de Providencia, siendo llevado a un cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile donde fue interrogado  y luego entregado a agentes de la DINA , quienes lo llevaron  al recinto de detención clandestina,  denominado "Venda Sexy", ubicado en calle Irán N° 3037, de Santiago, y posteriormente fue trasladado al recinto de detención clandestino denominado  "Cuatro Álamos", ubicado en calle Canadá N° 3000, de la comuna de Santiago, recintos que eran custodiados por guardias armados y a los cuales sólo tenían acceso los agentes de la DINA”, afirma en su primer punto.

 En un segundo, señala que “De Castro López durante su estada en el cuartel de ‘Venda Sexy’ permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a integrantes de su grupo político, para proceder a la detención de los miembros de esa organización, aislamiento que continuó en Centro de Cuatro Álamos”.

“Que la última vez que la víctima De Castro López fue visto con vida por otros detenidos, ocurrió un día no determinado del mes de octubre de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha”, en tercer lugar.

En cuarto, que “el nombre de Bernardo de Castro López apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista LEA de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Bernardo de Castro López había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes a grupos de izquierda, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros;  y que las publicaciones que dieron por muerto a la víctima De Castro López tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior”, 

Como quinto punto, estableció que “los hechos establecidos en el considerando anterior son constitutivos del delito de secuestro calificado en la persona de Bernardo de Castro López previsto y sancionado en elartículo 141 inciso 3° del Código Penal, de la época, en relación con el inciso primero del mismo artículo, toda vez que la privación de libertad o encierro de la víctima se ha prolongado por más de 90 días, y por ende produjo un daño grave en la persona de esta, que se tradujo finalmente en su desaparición”.

 


Villa Grimaldi.cl, 03 de febrero de 2015
Miguel Angel Acuña Castillo: La desaparición del joven de 19 años en Londres 38
Fue detenido en julio de 1974 en la comuna de Macul. Numerosos testigos lo vieron en el centro de tortura y exterminio de Londres 38. Es una de las víctimas de la “Operación Colombo”. La Justicia condenó a 78 ex agentes de la DINA por este crimen contra la humanidad.
El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Hernán Crisosto, dictó sentencia de primera instancia por el secuestro y desaparición de Miguel Angel Acuña Castillo.
El magistrado estableció que el joven, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en las cercanías de su domicilio ubicado en pasaje Talca N° 2033 de la comuna de Macul, por agentes del Estado pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), entre ellos Osvaldo Romo Mena, alias el Guatón Romo.
Su hermana Rosa Acuña Castillo declaró que su padre trató de subirse a la parte trasera de la camioneta con toldo, en momentos en que se lo llevaban, pero fue golpeado en la boca por uno de los sujetos, cayendo al suelo.
Una semana después del secuestro, Romo fue nuevamente a su domicilio y le dijo que su hermano estaba en buenas condiciones junto a Héctor Garay Hermosilla, también desaparecido. Ambos integraron el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), en el Liceo 7 de Ñuñoa.
El juez Crisosto determinó que los agentes de la DINA“lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino denominado “Yucatán” o “Londres 38″.
Acuña Castillo pertenecía a la estructura de estudiantes secundarios del Grupo Político Militar 3 del MIR (GPM3), orgánica que agrupaba a los militantes de la zona oriente de la capital y que era dirigida por Agustín Reyes González, del cual se perdió para siempre su rastro en Londres 38.
Allí “permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA” y, la última vez que fue visto con vida, “ocurrió un día no determinado del mes de julio o agosto de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha”, señala el fallo de primera instancia.
Reían en Londres 38 junto a Héctor Garay Hermosilla
En el Cuartel “Yucatán” fue visto por Erika Hennings, detenida el 30 de julio de 1974. “Puedo decir que era muy joven, creo que le decían El Pampa, aseveró en el proceso. Escuchó que les pasaban lista diaria dos veces al día a los detenidos. El 31 de Julio de 1974, escuchó el nombre de Miguel Angel Acuña Castillo, quien contestaba presente. Luego no volvió a oir que lo llamaran. “Los sacaron de Londres 38 al igual que otros detenidos entre los que recuerda a María Inés Alvarado”, detenida desaparecida de 21 años.
Hugo Chacaltana Silva detenido el 4 de mayo de 1974, ex alumno del Liceo Manuel de Salas y miembro del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), también lo vio en Londres 38. Relató que en la madrugada del 8 al 9 de Julio de 1974 llegaron Miguel Angel Acuña junto a Héctor Garay Hermosilla a quien decían Titín, los pudo ver por un hueco que se formaba entre la nariz y los pómulos de la venda.
Chacaltana señaló que conoció a Castillo en 1971, cuando ambos eran estudiantes secundarios. Ambos coincidieron en reuniones que se efectuaban en la época entre miembros del FER, consigna el dictamen judicial. Recuerda a “Miguel Ángel como un joven de gran capacidad de liderazgo y mucha resistencia física”.
Dejó de verlo el 11 de septiembre de 1973. Lo volvió a encontrar en Londres 38. Llegó junto a Héctor Garay a la misma habitación en que él permanecía acostado en el suelo. “En ese momento no me dirigí a Miguel Ángel”, por el contrario, se hizo el desentendido respecto de su presencia. “Al día siguiente cuando las colchonetas en que nos recostábamos los detenidos fueron retiradas y reemplazadas por sillas, yo me senté y, a uno de los costados observé que aún permanecían sentados. Le llamó la atención que ambos conversaban y se reían, lo que le hizo pensar que ignoraban la magnitud de lo que les esperaba. Miguel Ángel lo abordó en Londres-38 diciéndole “yo te conozco”.
Su madre supo en la peluquería que su hijo estuvo en Londres 38
León Gómez, detenido el 15 de julio de 1974 y trasladado a Londres 38 vio a Miguel Angel junto a Héctor Garay a quien conocía. Alguien le comentó que entre los detenidos estaba Pampino, lo que corroboró al escucharlo “con sus típicas tallas que le hacía a los guardias, como dando la impresión que lo que estaba sucediendo en el lugar no tenía ninguna importancia. Incluso Titín con Pampino sacaban de sus casillas a los guardias. Eran muy irreverentes”.
David Cuevas Sharon detenido el 04 de mayo de 1974 también testimonió haberlo visto. “El Pampino pese a que evidenciaba maltrato se veía con mucha presencia de ánimo, era muy fuerte físicamente”. Compartió con él a lo menos unos cinco días.
Cuando Cuevas salió en libertad Acuña Castillo quedó prisionero. Su abuela materna tenía una peluquería en Ñuñoa y una de sus clientas era la madre de Miguel Angel. En una conversación “se enteró del problema que tenía con un hijo desaparecido. Ante esto mi abuelita le hizo ir a la peluquería en donde conoció a la madre de Pampino y le contó lo que sabía de él, específicamente el lugar en que había estado preso con él”.
Respecto a los tormentos aplicados a los detenidos en Londres 38, entre ellos Miguel Angel, el ministro Crisosto incorporó declaraciones de Osvaldo Romo, quien manifestó que entre otras torturas, se les aplicaba a los detenidos “el submarino seco, que era taparle la respiración con una bolsa de plástico puesta en la cabeza, a los detenidos, se les ponían los ojos como “huevo frito”, les salía sangre por las narices y por los tímpanos. Después de los interrogatorios y apremios los detenidos quedaban extenuados”.
Otro ex agente, Samuel FuenzalidaDevia precisó al respecto que “el trato general a los prisioneros era mantenerlos con la vista cubierta, no se los dejaba asear, no había camas para que durmieran, la alimentación era escasa y eran sometidos a intensos interrogatorios en los cuales se les aplicaba electricidad, especialmente en los órganos genitales y senos. Otra forma de tortura consistía en mantener sentados a los detenidos en las sillas, atados de pies y manos , mientras se les aplicaba corriente con magnetos, aunque también se les aplicaba corriente eléctrica común, por lo cual se quemaba a esas personas, procedimiento en los cuales falleció mucha gente.”
Eugenio Fieldhouse Chávez sostiene que como funcionario de la Policía de Investigaciones a mediados de junio de 1974 fue destinado a ese organismo represor e indicó que los mismos agentes de la DINA que intervenían en la detención e interrogatorio de los detenidos, una vez obtenida la información que se buscaba, eran los encargados de hacerlos desaparecer”, previa orden de la superioridad de la DINA.
El nombre de Miguel Ángel Acuña Castillo, apareció entre los 119 chilenos de la Operación Colombo, en una lista difundida en la prensa nacional, luego que figurara en publicaciones que aparecieron por una sola vez en Brasil y Argentina, “en la que se daba cuenta que Miguel Ángel Acuña Castillo, había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas”.
Las condenas
“Las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Acuña Castillo tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior”, determinó el juez Crisosto, quien condenó a 78 ex agentes de la DINA por su desaparición.
El magistrado dictó sentencia de 13 años de presidio mayor en su grado medio a Manuel Contreras Sepúlveda; César Manríquez Bravo; Pedro Espinoza; Marcelo Luis Moren Brito; Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Iturriaga Neumann.
Asimismo condenó a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo a Gerardo Ernesto Urrich González; Gerardo Ernesto Godoy García; Ricardo Víctor Lawrence Mires; Ciro Ernesto Torré Sáez; Sergio Hernán Castillo González; Manuel Andrés Carevic Cubillos; José Nelson FuentealbaSaldías; Basclay Humberto Zapata Reyes; José Enrique Fuentes Torres; José Mario Friz Esparza; Julio José Hoyos Zegarra; Nelson Alberto Paz Bustamante; Claudio Orlando Orellana de la Pinta; Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar; Gustavo GalvarinoCaruman Soto; Hiro Álvarez Vega; José Alfonso Ojeda Obando; Luis Salvador Villarroel Gutiérrez; Olegario Enrique González Moreno; Orlando Jesús Torrejón Gatica; Rudeslindo Urrutia Jorquera; Alfredo Orlando Moya Tejeda; Carlos Alfonso Sáez Sanhueza; Fernando Enrique Guerra Guajardo; Hernán Patricio Valenzuela Salas; Hugo Rubén Delgado Carrasco; Juan Alfredo Villanueva Alvear; Juan Evaristo Duarte Gallegos; Lautaro Eugenio Díaz Espinoza; Leónides Emiliano Méndez Moreno; Pedro Ariel Araneda Araneda; Rafael De Jesús Riveros Frost; Víctor Manuel Molina Astete; Manuel Rivas Díaz; Hugo del Tránsito Hernández Valle; Juan Ángel Urbina Cáceres; Risiere del Prado Altez España; HermonHelec Alfaro Mundaca y Raúl Juan Rodríguez Ponte.
Como cómplices del secuestro y desaparición del joven de 19 años sentenció a 4 años de presidio menor en su grado máximo a Luis Eduardo Mora Cerda; José Jaime Mora Diocares; Camilo Torres Negrier; Carlos Justo Bermúdez Méndez; Claudio Enrique Pacheco Fernández; Fernando Adrián Roa Montaña; Gerardo Meza Acuña; Héctor Raúl Valdebenito Araya; Jaime Humberto Paris Ramos; Jorge Laureano Sagardia Monje; José DorohiHormazabal Rodríguez; José Manuel Sarmiento Sotelo; José Stalin Muñoz Leal; Juvenal Alfonso Piña Garrido; Luis René Torres Méndez; Manuel Antonio Montre Méndez; Máximo Ramón Aliaga Soto; Moisés Paulino Campos Figueroa; Nelson Aquiles Ortiz Vignolo; Nelson Eduardo Iturriaga Cortes; Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo; Reinaldo Alfonso Concha Orellana; Sergio Hernán Castro Andrade; Víctor Manuel de la Cruz San Martin Jiménez; Gustavo Humberto Apablaza Meneses; Héctor Carlos Díaz Cabezas; Jorge Antonio Lepileo Barrios; Oscar Belarmino La Flor Flores; Rufino Espinoza Espinoza; Roberto Hernán Rodríguez Manquel; Víctor Manuel Álvarez Droguett; Héctor Manuel Lira Aravena y Sergio Iván Díaz Lara.
Respecto de Víctor Manuel De la Cruz San Martín Jiménez, por haber caído en demencia, se suspende el cumplimiento de la pena, debiendo en su oportunidad ser entregado bajo fianza de custodia a un familiar.

 


El Mostrador, 03 de febrero de 2015

Juez Zepeda dictó condenas por crímenes de Charles Horman y Frank Teruggi en 1973

Missing: Espinoza, González y el misterioso gringo Davis

Tras 41 años de los asesinatos del periodista estadounidense Charles Horman y del estudiante de Ciencias Políticas de la misma nacionalidad, Frank Teruggi, ocurridos en el Estadio Nacional después del golpe de Estado, el ministro Jorge Zepeda condenó a 7 años de presidio como autor de ambos homicidios al brigadier y ex segundo de la DINA, Pedro Espinoza Bravo. También condenó a dos años de libertad vigilada al ex agente civil de la Fuerza Aérea de Chile, Rafael González Berdugo, como cómplice del crimen de Horman. A la vez, sentenció al fisco a pagar $200 millones a la viuda de Horman, Joyce, y la misma suma a JanisTeruggi, hermana de Frank.

La noche del 10 de septiembre de 1973, Horman y su amiga Terry Simon llegaron tarde a Viña del Mar. A las once de la noche entraron al Hotel Miramar y pidieron una habitación. Les dieron la 315. Joyce, la esposa de Horman, no pudo viajar con ellos a Valparaíso y Viña porque debía renovar su pasaporte. Era un viaje para mostrar a Terry las bellezas de ambas ciudades. Pero Horman no estaba en Chile para hacer turismo. Se había instalado en el país, al igual que Teruggi, para seguir de cerca la revolución hacia el socialismo.

Los dos formaban parte de la agencia de prensa Fuente de Investigación Norteamericana, FIN, de la cual Horman era cofundador. Horman intuía que en las próximas horas ocurriría un golpe de Estado en contra del Presidente Salvador Allende, y que éste lo iniciaría la Marina en Valparaíso.

Sin embargo, lo que no sabía era que el capitán de navío de la Defense Intelligence Agency, DIA, Ray E. Davis, le seguía los pasos desde hacía algún tiempo. También a Teruggi y a todos los ciudadanos estadounidenses establecidos en Chile que mostraban simpatía con el gobierno de la Unidad Popular.

La DIA era dependiente del Departamento de Estado norteamericano con sede en el Pentágono.

Davis era el Jefe del Grupo de Asistencia Militar de Estados Unidos en Chile, instancia responsable de centralizar la intervención golpista del gobierno de Richard Nixon para derrocar a Allende. Un hombre acostumbrado a caminar por la sombra, lejos de miradas intrusas.

La misma noche del 10, la embajada de Estados Unidos en Santiago se enteró de la estadía de Horman y Simon en el hotel, según un documento desclasificado: “Los dos se registraron en el Hotel Miramar en la pieza 315. Horman dio la dirección de Paul Harris 425 en Santiago y dijo que era escritor”. La información era del oficial de la Marina estadounidense Art Creter, quien también estaba en Chile en los preparativos del golpe y se alojaba en el Miramar.

En paralelo, los agentes de la CIA instalados en Santiago habían instaurado el llamado The MHCHAOS Program, cuyo objetivo era el seguimiento, intercepciones telefónicas, vigilancia y espionaje de periodistas y ciudadanos estadounidenses que permanecían en Chile interesados en cubrir el avance hacia el socialismo del gobierno de Allende. El archivo que fabricaron en esta operación lo llamaron TheFamilyJewels.

Ocurrido el golpe, el 15 de septiembre Davis llamó por teléfono al capitán de la Marina chilena Raúl Monsalve Poblete, oficial de enlace entre la Armada chilena y el Grupo que comandaba Davis.

–Necesito un salvoconducto para viajar en mi automóvil desde Viña del Mar a Santiago… llevo invitados.

Davis condujo su automóvil a la capital: sus invitados eran Horman y Terry Simon.

Por esas horas en Valparaíso y Viña habían sido presentados por el coronel del Ejército de Estados Unidos Patrick Ryan, quien estaba en Chile desde hacía nueve meses y venía de la Base Militar de Pendleton en California. Un feroz anticomunista que había estado en la guerra de Vietnam y Bahía Cochinos. En el Miramar, Ryan se les acercó de manera amable en el vestíbulo para tener el placer de conocerlos, dijo a Horman y Terry.

Davis llegó a las tres de la tarde a Santiago sitiado por patrullas militares y dejó a los invitados en el Hotel Carrera, en diagonal al Palacio de La Moneda, donde estos quisieron engañarlo diciéndole que se hospedaban allí. Pero Davis sabía que era mentira. La embajada de Estados Unidos quedaba entonces justo frente al Carrera por Agustinas.

Mientras tanto, el Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, Cajsi, creado en Santiago, con sus cinco agrupaciones, desde el mismo 11 de septiembre había tomado el control de todas las operaciones represivas, estableciéndose por sobre el Estado Mayor de la Defensa Nacional, EMDN,  que presidía el vicealmirante Patricio Carvajal e integraban el general de Ejército Augusto Lutz y el general de la Fuerza Aérea Nicanor Díaz. Hasta entonces el EMDN fue siempre la estructura superior de mando militar en Chile. Los Cajsi fueron creados en cada provincia del país y en ellos estaban representados los mandos superiores de las provincias de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y los respectivos Servicios de Inteligencia.

En la oficina de Lutz

Dejados en el Hotel Carrera y producto del toque de queda, Horman y Simon decidieron cenar y alojarse allí esa noche. A la mañana siguiente, salieron para ir donde los esperaba Joyce en una casa de la Avenida Vicuña Mackenna. Era el día 16 de septiembre. El día 17 Terry se alojó en el Hotel Riviera en el centro de Santiago. Allí la buscarían Charles y Joyce al día siguiente, el 18. El matrimonio haría los trámites en el consulado de Estados Unidos frente al Parque Forestal, para intentar que los tres viajaran rápidamente de regreso a su país. Chile era ahora una guillotina que pendía sobre sus cuellos.

Pero no llegaron el 18. El 19 de septiembre Joyce la buscó en el Riviera para darle la noticia entre lágrimas: “Anteayer detuvieron a Charles”.

El capitán Davis había informado del arribo de Horman a Santiago al general Augusto Lutz, jefe del Servicio de Inteligencia Militar, SIM.

La tarde-noche del día 17 Horman fue conducido a la oficina de Lutz en el edificio de las Fuerzas Armadas, en Alameda con Zenteno.

Ahí lo esperaba el coronel de rango civil de la Fach, Rafael González Verdugo, viejo agente de inteligencia que venía infiltrando a organizaciones sociales y sindicales desde comienzos de los años sesenta. Fue él quien lo interrogó. El interrogatorio fue extenso y extenuante, pero sin violencia. Desde allí lo llevaron al Estadio Nacional, que ya operaba como centro de detención, tortura y exterminio. Alcanzó a estar pocas horas. Al día siguiente, el 18 de septiembre, fecha de la instalación de la Primera Junta de Gobierno de Chile, su cuerpo apareció tirado en una calle de Santiago con múltiples impactos de bala. Lo ingresaron a la morgue y lo sepultaron en una fosa común en el Cementerio General de la capital. No se alcanzó a cruzar con su amigo Teruggi en el estadio.

El 20 de septiembre de 1973 el general Lutz se comunicó con la Dirección de Inteligencia de Carabineros y ordenó el arresto de Teruggi. Lo detuvieron junto a su amigo David Hathaway. Los llevaron a la Escuela de Suboficiales de esa policía. Al día siguiente los condujeron al Estadio Nacional, donde mataron a Teruggi. El 22 de septiembre lanzaron el cuerpo a la calle y apareció en la morgue. Hathaway fue liberado seis días después y aún vive.

El Espinoza del poder

En el estadio mandaba el mayor Pedro Espinoza Bravo. Es una de las novedades de la investigación del juez Zepeda, porque hasta ahora siempre se supo que el comandante de ese lugar era otro Espinoza: el coronel Jorge Espinoza Ulloa. El mismo que luego fue el comandante de la Secretaría Nacional de Detenidos, Sendet. Si bien éste estaba al mando del estadio, permanecía bajo el mando de Espinoza Bravo.

Espinoza Bravo, el hombre de la Caravana de la Muerte y de muchas otras caravanas del terror, operaba en el Departamento II de Contrainteligencia del EMDN y era jefe del mismo departamento del Ejército. En el estadio fue quien decidió quiénes debían morir, lo mismo extranjeros y chilenos. Y no sólo lo decidió, sino también se encargó de verificar que las muertes ocurrieran. Así lo estableció el proceso, aunque él lo sigue negando.

El 12 de octubre de 1973, el capitán Ray E. Davis y el embajador de Estados Unidos Nathaniel Davis, se reunieron con Pinochet para tratar el caso Horman. Pero de su muerte nada informan a su padre que ya estaba en Santiago para buscarlo. Tampoco informan a su esposa Joyce que residía en Chile.

El 30 de octubre de ese año, el general Lutz emitió un informe oficial sobre la “investigación” realizada por el régimen militar acerca de las muertes de Horman y Teruggi, pedida por el embajador Davis. “La información que se dispone es que los ciudadanos Horman y Teruggi habrían sido muertos por extremistas disfrazados de militares”, informó Lutz.

Ante la presión del gobierno estadounidense que calificó el caso Horman-Teruggi como un prettyscandal,  el 21 de marzo de 1974 el agente González Verdugo, acompañado del vicecónsul de Estados Unidos James Anderson, ubicó el cuerpo de Horman en la fosa común del cementerio. Tenía ocho balazos. Lo llevaron a la funeraria San Pancracio para que lo embalsamaran y cuatro días después su padre pudo llevárselo a su país.

En 1982, el cineasta Costa-Gavras inmortalizó el caso Horman con la película Missing.

El abogado Sergio Corvalán, que representa en el proceso a Joyce Horman y JanisTeruggi, dijo a El Mostrador que “los crímenes cometidos en contra de ciudadanos estadounidenses en el Estadio Nacional, ocurrieron en el contexto de un genocidio en contra de extranjeros tras el golpe militar”.

De acuerdo a informaciones oficiales chilenas, en el Estadio Nacional llegaron a existir 29 ciudadanos estadounidenses detenidos.

El jurista agregó: “Los militares chilenos que detuvieron y llevaron a cabo los homicidios de Horman y Teruggi, lo hicieron en forma concertada con las fuerzas estadounidenses que intervinieron en el golpe de Estado. Ellos utilizaron información precisa proporcionada por el capitán de navío Ray. E. Davis, que dirigía las investigaciones secretas de seguimiento de ciudadanos norteamericanos los días previos al golpe”.

El Estado chileno no es parte en este juicio a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior.

El último misterio

El 18 de octubre de 2012, la Corte Suprema chilena pidió a Estados Unidos la extradición del capitán de navío Ray E. Davis, ya debidamente procesado en ausencia por el juez Jorge Zepeda. Pero, fiel a caminar siempre por la sombra, el gringo estaba oculto en Chile con identidad falsa y casado con Patricia, una chilena que hoy vive en Miami.

Sin embargo, en Santiago seguía cobrando su pensión de ex agente con su verdadero nombre. De todos aquellos misteriosos pasos de Davis, las autoridades estadounidenses jamás informaron a los tribunales chilenos.

Lejos del mundanal ruido, el hombre clave y coordinador con el golpismo chileno de las actividades de Estados Unidos en Chile para, primero desestabilizar el gobierno de la Unidad Popular y luego derrocar a Allende, murió el 30 de abril de 2013 a los 88 años. Abandonado por su  mujer, estaba internado en un hogar de ancianos en la comuna de Providencia. En el Cementerio Parque del Recuerdo existe un registro de la cremación de su cuerpo. Sus cenizas desaparecieron.

Años después de los asesinatos de Horman y Teruggi, Rafael González Verdugo cambió la V de su apellido por una B. Ya como Berdugo, en 1977 se asiló en la embajada de Italia diciendo que lo perseguía la DINA. Allí, en enero de ese año, lo interrogaron funcionarios de la embajada de Estados Unidos. Su tifa de agente tenía el número 27759. “Fui el único oficial de la Fuerza Aérea de Chile que el 11 de septiembre de 1973 participó en la toma del Palacio de La Moneda”, les dijo.

Italia lo sacó de Chile. Una tarde de 1980, haciéndose pasar por disidente de la dictadura chilena, se fue a tomar el té con el padre de Horman.

Después de 1990, regresó a Chile y se hizo pasar por exonerado político. Hoy está acreditado como tal y recibe una pensión del Estado.

 

 

 

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