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Fernando Díaz Palma

Periodista

Director del diario Las Ultimas Noticias

Sancionado con “censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodistas durante seis meses” por violar el Código de Ética

 

Director del diario Las Últimas Noticias, de la cadena El Mercurio, en 1975, Participó en la campaña de desinformación de la llamada Operación Colombo, acción internacional orquestada por la DINA para encubrir la desaparición de 119 presos políticos. Para lograr su objetivo la DINA utilizó a sus agentes y colaboradores en medios de comunicación de Brasil, Argentina y en Chile. Para su implementación se editaron dos medios de comunicación en Curitiba (Brasil) y en Buenos Aires (Argentina) que se publicaron por única vez, con el fin de difundir un supuesto enfrentamiento entre militantes del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) con fuerzas de gobierno argentinos y sangrientas purgas internas.
En Brasil se publicó el diario Novo O’Dia y en Buenos Aires la Revista Lea.
Para pagar por la publicación se utilizó dinero proveniente de Lan Chile (Empresa estatal en esa época) y de la embajada chilena en Brasil. El agente de la DINA Gerardo Roa Araneda coordinó la acción con el agente DINA Jaime Valdez, el primero insertado en LAN y el segundo era el “encargado de prensa” en la embajada chilena en Brasil
Las desinformaciones publicadas en “Novo O’Día” y la “Revista LEA” llegaron a Chile a través de la Agencia UPI, y los periódicos chilenos “El Mercurio”, “La Tercera”, “Las Últimas Noticias” y “La Segunda”, publicaron por varios días informaciones basadas en esta “noticia”.
Álvaro Puga Cappa, colaborador de la DINA y columnista de La Segunda, hombre de confianza de Mario Carneyro, (Director de La Segunda), es quien orquesto con los agentes en Brasil el lanzamiento de la información en chile, y convocó a la prensa para entregar esa información.
El infamante y vergonzoso titular 'Exterminados como ratas' que publico en su portada el diario La Segunda es de autoría de la periodista Mercedes Garrido Garrido
Los otros periódicos chilenos publicaron portadas y artículos con términos similares a los del vespertino La Segunda. En ningún momento los directores de estos periódicos y sus periodistas se detuvieron para corroborar la información, es mas, todo hace pensar que algunos conocían la verdad y se prestaron concientemente para el montaje que en 1975 intentó disfrazar la suerte de 119 víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.
En abril del 2006 Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas sanciono a los periodistas chilenos involucrados en esta falsa:
Fernando Díaz Palma, quien a la fecha dirigía el diario Las Últimas Noticias, de la cadena El Mercurio, fue sancionado con “censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodistas durante seis meses” por violar el Código de Ética. La misma sanción recayó en Alberto Guerrero Espinoza, quien se desempeñó a esa fecha como director del diario La Tercera de la Hora.
Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio, recibió “censura pública” y suspensión por tres meses, en tanto Mercedes Garrido Garrido, del vespertino La Segunda, también de El Mercurio”, fue absuelta por falta de pruebas, lo que no significa que sea inocente.
René Silva Espejo y Mario Carneyro, directores de El Mercurio y La Segunda durante la publicación de las noticias falsas, fueron declarados “no imputables” por haber fallecido.
El fallo dejó “constancia de la perniciosa actuación del entonces funcionario civil del gobierno militar Alvaro Puga en la manipulación, amedrentamiento, censura y persecución de periodistas y medios”.
Según el tribunal, por tratarse de un “individuo que no es periodista y por lo tanto no miembro del Colegio de Periodistas de Chile”, el abogado Puga “no es sujeto de este sumario”, aunque ejercía el periodismo “de opinión” y firmaba artículos de prensa bajo el seudónimo “Alexis”.


Fuentes: Colegio de Periodistas; Familiares y amigos de los 119; Archivo Memoriaviva

 

Periodistas y la DINA - 2007

El Colegio de Periodistas pedirá excusas públicas a los familiares de las víctimas de la Operación Colombo y el falso enfrentamiento de Rinconada de Maipú, ambos en 1975, por la participación culposa y antiprofesional que cupo a los responsables de la información de El Mercurio, La Segunda, Las Ultimas Noticias y La Tercera, como lo establecieron los fallos del Tribunal de Ética en sendas investigaciones sumarias.  

Esto se concretará el próximo sábado a las 11 horas en la sede del Colegio en un acto convocada por el presidente de la orden, Luis Conejeros, y el consejero Ernesto Carmona.

EXPULSIÓN

En las dos investigaciones sumarias realizadas por fiscales del Colegio en 2006 y 2007 -al acoger denuncias de familiares de las víctimas en contra de esos medios y periodistas- el Tribunal de Ética sancionó con expulsión a Roberto Araya Silva y suspensión de la colegiatura y censura pública a Julio López Blanco, Vicente Pérez Zurita, Manfredo Mayol (todos de Canal 7 en ese tiempo) y Claudio Sánchez (entonces en Canal 13).

También fueron sufrieron suspensión y censuras públicas Fernando Díaz Palma (entonces director de Las Últimas Noticias), Alberto Guerrero Espinoza (dirigía La Tercera) y Beatriz Undurraga Gómez de El Mercurio. 

Fueron declarados inimputables por fallecimiento los directores de El Mercurio René Silva Espejo y Mario Carneyro de La Segunda, a pesar de que el Tribunal determinó que sus respectivos medios, al igual que La Tercera y Las Últimas Noticias, infringieron la ética profesional al difundir informaciones falsas respecto de los crímenes de la Operación Colombo.

En el caso Colombo el Tribunal de Ética determinó que quienes publicaron las informaciones "no cumplieron con su obligación de confrontar los hechos base de la noticia con otras fuentes que no fuera la oficial, con lo cual fallaron en entregar la verdad que la ciudadanía tenía el derecho a recibir".

También en Colombo el Tribunal de Ética absolvió a la periodista de El Mercurio Mercedes Garrido Garrido, porque "las acusaciones formuladas en su contra no fueron probadas".

RINCONADA

En el fallo de Rinconada de Maipú, el Tribunal de Ética estimó que Julio López y Claudio Sánchez tenían responsabilidad, aunque de manera diferente. 

López admitió haber mentido en su despacho porque agentes de la DINA le entregaron el libreto listo y lo llevaron hasta el lugar para filmar el falso enfrentamiento. Con ello se quiso justificar el asesinato de seis militantes del MIR y del PC, torturados y acribillados en Villa Grimaldi.

Sánchez fue sancionado por negarse a concurrir a declarar, pero Canal 13 reconoció al Colegio que éste periodista efectivamente aparece en una cinta informando sobre el mismo hecho, aunque se negó entregar el video por asuntos laborales pendientes con Sánchez.

Este último recurrió a la Corte de Apelaciones en contra de la sentencia del Tribunal de Ética, pero perdió por votación unánime.

En la Operación Colombo (1975) la dictadura pretendió hacer creer que 119 prisioneros, habían huido a Argentina donde encontraron la muerte enfrentados con fuerzas militares o matándose entre ellos.

Los medios mencionados difundieron ampliamente la mentira y agregaron su propia cuota de injurias contra las víctimas.

 

Zonaimpacto.cl, 25 de abril de 2006

Ex directores de diarios chilenos sancionados por faltas a la ética

Fernando Díaz Palma y Alberto Guerrero Espinoza, a julio de 1975 directores de los diarios Las Ultimas Noticias y La Tercera, fueron sancionados el 21 de marzo con 'censura pública y suspensión de su calidad de miembros del Colegio de Periodistas durante seis meses' por faltar a la ética y a sus deberes profesionales.

La resolución, de primera instancia, emanó del Tribunal de Ética del Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas, por la unanimidad de sus miembros y quedaría a firme al no apelar los sancionados dentro del plazo estipulado. Concluyó así una acuciosa investigación llevada adelante por el fiscal (periodista) Alfredo Taborga, a solicitud del Colectivo de familiares detenidos desaparecidos en la Operación Colombo.

Roberto D'Orival Briceño y Cecilia Radrigán Peña suscribieron la presentación en noviembre del año pasado, buscando un resarcimiento frente a la información publicada por todos los medios chilenos en 1975, acerca de 119 chilenos y chilenas que “se habían exterminado” entre sí y por tanto “vilmente desacreditados” ante el país.

Silva Espejo y Carneyro inimputables

“Los periodistas responsables del manejo de la información objeto de este sumario no cumplieron con su obligación de confrontar los hechos base de la noticia con otra fuente que no fuera la oficial, con lo cual fallaron en entregar la verdad que la ciudadanía tenía el derecho de recibir”, expresa en sus fundamentos el fallo, que extiende esta culpa a los directores de El Mercurio (René Silva Espejo) y La Segunda (Mario Carneyro), pero los declara inimputables por haber fallecido.

A Beatriz Undurraga Gómez, todavía periodista de El Mercurio, también involucrada en la acusación del Colectivo 119, se le aplicó la sanción de censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodistas por tres meses. Sobre la imputada, que no se presentó a declarar, existen “presunciones de una actitud profesional y personal cuestionable en este caso”, basadas en testimonios de colegas de la época que dan cuenta de su acceso privilegiado a altas fuentes de seguridad.

Puga y la DINA

A Mercedes Garrido, que aún es periodista de La Segunda, sindicada por los denunciantes como autora del infamante titular del vespertino “Exterminados como ratas”, se la absuelve, habiéndose establecido en cambio al respecto “la perniciosa actuación” de Álvaro Puga, funcionario de la DINA y columnista de La Segunda , hombre de confianza de Carneyro.

Puga -quien convocó entonces a la prensa para entregar esa información- fue quien armó previamente el montaje junto a los agregados de prensa del gobierno chileno en Brasil y Argentina.

Él no recibió sanciones por no ser miembro de la orden ni periodista.

Según se acredita en varios juicios, el montaje se inicia con la aparición de una nota en la publicación Novo Día de Brasil. El financiamiento del relanzamiento de esa publicación provino de la entonces estatal Línea Aérea Nacional y de la embajada de Chile en Brasil, señalándose la responsabilidad del agente de la DINA Gerardo Roa Araneda, funcionario de LAN en la época. Se sabe además de la participación en estos hechos del agregado de prensa de la Embajada de Chile en Brasil, Jaime Valdés, quien coordinaba las actividades de la DINA en esta materia.

Conducta culposa

La resolución expresa también que “al tenor de esta investigación queda en evidencia que el Colegio de Periodistas de Chile tampoco cumplió con su deber de proteger el desempeño profesional y ser un referente en la defensa de valores éticos... en ese sentido los periodistas, con la excepción de algunas pocas publicaciones y radioemisoras que intentaban sobrevivir, y el Colegio de Periodistas deben enfrentar su conducta culposa en este caso y actuar ante la sociedad asumiendo públicamente su responsabilidad en esta situación”.

En esa época, Díaz Palma era presidente de la orden profesional, lo que el Tribunal considera un agravante.

La investigación desarrollada por el Tribunal Ético recogió testimonios de los imputados (Díaz Palma, Guerrero, Mercedes Garrido, individualizados por los denunciantes, además de Carneyro, Silva Espejo y Undurraga), y convocó asimismo a 13 testigos reporteros o con cargos de dirección en medios o en organismos de la dictadura.

Entre ellos están Federico Willoughby, ex Secretario de Prensa de la dictadura y Manfredo Mayol, entonces jefe de prensa de Canal 13 de Televisión.

El tribunal integró al sumario investigaciones y documentos sobre este caso de autores chilenos y extranjeros que demuestran la existencia de una pauta única de confección de la información, en la que los redactores se escudan en 'fuentes oficiales', dando como resultado una manipulación de la realidad. Estas crónicas y titulares son reproducidos en el fallo de 38 páginas suscrito por la totalidad de los miembros del Tribunal de Ética.

La investigación desarrollada en diciembre, enero y febrero con grabación y trascripción de todos los testimonios, revela inéditos antecedentes sobre el periodismo en dictadura y las pautas bajadas desde la DINA y el Diego Portales hacia los medios de comunicación.

En el marco de su declaración, el ex director del diario La Tercera se ampara en el clima de censura previa y amedrentamiento, revelando que durante 1973 una patrulla militar llegaba diariamente a las 6 de la tarde a controlar la información y propone al Colegio reconstruir objetivamente esa etapa del periodismo para aportar a las nuevas generaciones.

Una visita a El Mercurio

Por su parte, Alicia Lorca, madre de Jaime Buzio -uno de los desaparecidos que figura en la cuestionada Lista de los 119- reveló al tribunal que al presentar su reclamo al director de El Mercurio, René Silva Espejo, quien les había concedido una entrevista, “él nos echó a grito pelado. Tuvimos que bajar corriendo esa escalera que había en El Mercurio, porque incluso nos amenazó que nos iba a hacer sacar con la guardia de ahí”.

Agregó la madre que tampoco puede olvidar al periodista Pablo Honorato, de Canal 13, que cuando las veía en los tribunales de justicia, las enfrentaba gritando que eran viciosas y mentirosas y le decía al público presente que no creyera sus acusaciones.

La denuncia presentada por el Colectivo 119 no incluyó a periodistas de la televisión, debido a la falta de pruebas. Manfredo Mayol -hoy académico- dijo no recordar nada respecto de la noticia sobre los 119, y lo mismo ocurrió con Mercedes Garrido.

Ética periodística

Entre las normas de la Carta de Ética de los periodistas vigentes en 1975 y violadas por estos profesionales, están las que señalan que el periodista no podrá realizar “ataques injustificados a la dignidad, honor, o prestigio de las personas, instituciones o grupos”.

La carta agrega que “son faltas extremas a la ética profesional la participación en la violación de los derechos humanos y la desinformación premeditada”.

Integran el Tribunal ético los periodistas Alfredo Taborga, Doris Jiménez, Enrique Contreras, Víctor Abudaye y Ricardo Urzúa.

La ética y los Colegios Profesionales

La sentencia tiene rango constitucional, dada la reforma legal aprobada recientemente devolviendo la tuición ética de sus asociados a los respectivos colegios profesionales.

La norma constitucional aprobada en el reciente paquete de reformas a la Constitución de 1980, establece: “Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación a tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de los miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por tribunales especiales establecidos en la ley”.

Los Colegios profesionales fueron privados de estas atribuciones en dictadura y sólo en agosto de 2006 las recuperaron en parte, respecto de sus afiliados. En la actual legislación, la afiliación a los colegios profesionales es voluntaria.


 

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