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Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla

Teniente Coronel de Ejercito

Jefe de la División Antisubversiva (DAS) de la CNI

Alias: "Don Juan";"Faraón"

Chapa: "Alvaro Valenzuela"

Corbalan y sus amigos

 

 

C.I.: 5.745.551-9
Fecha de Nacimiento: 14 de Diciembre 1951

Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, alias Alvaro Valenzuela, oficial del Ejército. Extraditable. Curso en la Escuela de las Américas en enero de 1971. Mienbro del DINE, participo en la acciones del Comando Conjunto. Jefe de la Division Antisubersiva (DAS) de la CNI. Condenado por diversos crimenes de derechos humanos. Acusado de organizar el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez e implicado en la Operación Albania, en la que fueron asesinados en junio de 1987 12 miembros del  Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)

En la llamada Operación Albania, que se registró entre el 15 y 16 de junio de 1987 durante el feriado de Corpus Christi, doce personas que pertenecían al Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron asesinadas en distintos lugares de Santiago.

Según las versiones oficiales de la dictadura militar, estas personas murieron en "enfrentamientos con las fuerzas de seguridad", pero las autopsias demostraron que los disparos fueron hechos cuando las víctimas se encontraban tendidas en el piso. 

Fechas importantes en el caso:

- El 15 de julio de 1993 la corte marcial determina que este caso debe continuar siendo investigado por la justicia militar.
- Ese mismo año, pero el 7 de octubre, es levantada la prohibición de informar sobre el caso.
- El 8 de noviembre de 1995 la corte marcial modifica la tipificación del delito. Ello porque considera que en la Operación Albania no hubo enfrentamientos, sino que se trataron de homicidios calificados.
- El 5 de enero el segundo juzgado militar intenta cerrar las indagaciones, pero sufre un revés ya que la Corte Suprema ordena nuevas diligencias en la causa.
- El uno de abril de 1998, el juez Hugo Dolmestch es nombrado ministro en visita para el caso Albania.
- Ese mismo año el magistrado solicita al comandante en jefe del Ejército que sean individualizados los miembros de la institución que se desempeñaron en la CNI.
- El primero de junio del 200 el caso Operación Albania paso a manos de la justicia civil, según una decisión de la segunda sala de la Corte Suprema.
- El 10 de abril del 2001 Juica, quien había tomado el caso cuando paso a la justicia civil, decidió procesar al general en retiro Hugo Salas Wenzel, como autor de los crímenes cometidos por la Operación Albania. Este era el director nacional de la CNI al momento de perpetrarse los asesinatos de las 12 personas.

CRIMINALES INVOLUCRADOS EN LA MATANZA DE CORPUS CHRISTI

Hugo Salas Wenzel (General, ex director) Autor Intelectual
Alvaro Corbalán Castilla (Mayor ® )
Kranstz Johans Bauer Donoso (Comandante ®), alias: Oscar Hernández Santa María
Iván Leopoldo Cifuentes Martínez (Tte. Coronel) alias: Andrés Montalva Díaz
Rodrigo Pérez Martínez (Mayor) alias: César Sanz Urriola
Luis Arturo Sanhueza Ross (capitán ® del Ejército)
Iván Raúl Belarmino Quiroz Ruiz (Comandante ® Carab.) alias: José Velasco Fernández
Emilio Enrique Neira Donoso , alias: Eduardo Correa Valenzuela
René Armando Valdovinos Morales (Oficial ®) alias: Gustavo Ruiz Cornejo, "El Catanga"
Francisco Daniel Zúñiga Acevedo alias: Félix Catalán Cueto
Miguel Angel Morales Acevedo (Oficial ®) alias:  Carlos Fuentes Contreras, "El Bareta"
Héctor Juan Jaque Riffo , alias: Manuel Sandoval Rojas
Ricardo Abraham Bozo Salgado , alias: René Morales Rojas
Gonzalo Fernando Mass del Valle (Ex detective) , alias: Manuel Apablaza Núñez
José Aníbal Rodríguez Díaz, alias: Rodrigo Vidal Sáez
José Miguel Morales Morales , alias: José Carmona Gutiérrez
Jorge Vargas Bories (Capitán)
Eric Silva (Tte. Coronel en servicio activo. DINE)
Hernán Mikele (Ex oficial Fach. Civil CNI) alias: “El Facho”
Hugo Guzmán (ex detective)
César Luis Acuña Luengo (Oficial ®)
Luis Acevedo González (Mayor de Carabineros)
Pedro María Rojas Vásquez , alias: Marcos Aravena Guzmán


VICTIMAS y sus ASESINOS

Victima: Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky  - Asesinos: Hugo Salas Wenzel, Alvaro Corbalán, Iván Quiroz, Krantz, Bauer Donoso, Rodrigo Pérez Martínez y Jorge Vargas Bories

Victima: Patricio Ricardo Acosta Castro - Asesinos: Hugo Salas Wenzel, Alvaro Corbalán, Iván Quiroz, Krantz, Bauer Donoso, Rodrigo Pérez Martínez y Jorge Vargas Bories

Victima: Juan Waldemar Henríquez Araya - Asesinos:Hugo Salas Wenzel, Alvaro Corbalán, Iván
Quiroz, Krantz, Bauer Donoso, Rodrigo Pérez Martínez y Jorge Vargas Bories

Victima: Wilson Daniel Henríquez Gallegos - Asesinos: Hugo Salas Wenzel, Alvaro Corbalán, Iván
Quiroz, Krantz, Bauer Donoso, Rodrigo Pérez Martínez y Jorge Vargas Bories

Victima: Julio Arturo Guerra Olivares - Asesinos: Hugo Salas Wenzel, Alvaro Corbalán, Iván Quiroz, Krantz, Bauer Donoso, Rodrigo Pérez Martínez y Jorge Vargas Bories Arturo Sanhueza Ross

Victima: Esther Angélica Cabrera Hinojosa - Asesino: Arturo Sanhueza Ross

Victima: Elizabeth Edelmira Escobar Mondaca

Victima: Patricia Angélica Quiroz Nilo - Asesino: Hugo Guzmán

Victima: Ricardo Hernán Rivera Silva  - Asesino: Gonzalo Fernando Mass del Valle

Victima: Ricardo Cristián Silva Soto

Victima: Manuel Eduardo Valencia Calderón

Victima: José Joaquín Valenzuela Levi
 


Fuentes: Dónde están hoy los dinos de ayer?; CIPER; El Mostrador; Fichas de casos de los detenidos desaparecidos; Primera Linea; La Tercera; El Mercurio; La Nacion;


El Mercurio

9 de Agosto 2000

Alvaro Corbalán, desde "Punta Peuco Dos": Ex CNI Condenado a Cadena Perpetua Cuenta Su Historia

PROCESADO por varios homicidios, condenado a cadena perpetua por el asesinato del carpintero Juan Alegría - crimen cometido para encubrir el asesinato de Tucapel Jiménez- , este militar en retiro tiene los ojos negrísimos como el pecado, la mirada desafiante y la palabra aguda. Detenido en el Comando de Apoyo Técnico del Ejército, Alvaro Corbalán Castilla espera el fallo de la Corte Suprema que debe resolver si pasa el resto de su vida en la cárcel.

Corbalán (48 años, casado tres veces, siete hijos) es mayor en retiro - aunque insiste en decir que es teniente coronel- y estuvo destinado a la Dirección de Inteligencia del Ejército hasta 1980. De ahí no fue raro que lo trasladaran a la Central Nacional de Inteligencia. Niega haber sido comandante de la Unidad Metropolitana de la CNI y Jefe Operativo de la CNI. Admite, sí, haber sido el jefe del Cuartel Borgoño, el mismo que muchos detenidos recuerdan con pavor.

Además se le procesa por la "Operación Albania. Y por los asesinatos del periodista José Carrasco, del publicista Abraham Muskablit, del pintor Felipe Rivera y del arquitecto Gastón Vidaurrázaga. También fue procesado por quiebra fraudulenta de la empresa de transportes "Santa Bárbara" y se le vinculó con la muerte de Aurelio Sichel, en el caso de la financiera informal "La Cutufa". Corbalán describe "Punta Peuco Dos" como "un cuartel militar muy sobrio, con muy moderadas comodidades, similares a las que se tiene en la época de subteniente y de incomodidades menores a las que se viven cuando se está en campaña". En todo caso, ahí cuenta con celular, computador, televisor, su guitarra, mucha música y harta lectura. Cuenta con pieza solo, con una cama, un velador y una mesita para la TV. En cuanto a las comidas comenta "el 'rancho' de los cuarteles sin tener exquisiteces es bastante digerible", por lo que no requiere de extras. Como está en libre plática, recibe visitas en el casino de oficiales todos los días, hasta las 20.00 hrs.

Preocupado de su apariencia personal, en sus tiempos de político se distinguía por su vestir atildado, además de ese bigote bien espeso y cuidado que lleva desde los 18 años. -

¿Cree que se sabrá el destino de los detenidos-desaparecidos? - No es fácil. -

¿O no cree que haya detenidos-desaparecidos? En "La verdad está enferma" lo pone en duda... - No lo dudo, pero intuyo que hay varios de ellos que se encuentran clandestinos y están vivos. Una vida humana me merece el mayor de los respetos, pero en un país donde se evitó una guerra civil, donde había 14 mil terroristas extranjeros dirigidos por el condecorado general cubano Patricio de la Guarda, creo que los costos fueron ínfimos en relación a lo que podría haber sucedido y que gracias al profesionalismo de las FF.AA. y de Orden y Seguridad, que actuaron en defensa de la seguridad y de los derechos humanos de toda la ciudadanía, se evitaron situaciones de mayor gravedad. No olvidemos que muchos que murieron o desaparecieron estaban siendo protagonistas de la lucha armada que ellos originaron.


EL MOSTRADOR

Miércoles, 11 de Octubre de 2000

Suprema ratificó condenas. Corbalán comenzará a cumplir su cadena perpetua

Junto con él los también ex agentes de la CNI Armando Cabrera -condenado también a prisión de por vida- y Osvaldo Pinchetti, a diez años, serán trasladados a Punta Peuco. La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados por Alvaro Corbalán, Osvaldo Pincetti y Armando Cabrera en el caso Alegría Mundaca, y declaró admisible el recurso de la misma naturaleza deducido por la defensa del mayor (R) Carlos Herrera Jiménez. Así, los tres primeros nombrados tendrán que cumplir sus condenas y, Herrera Jiménez, deberá esperar que el máximo tribunal se pronuncie sobre su casación. De esta manera, Corbalán, Pincetti y Cabrera mantendrán las condenas que la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago les impuso en agosto pasado.


Tercera

Viernes 5 de Abril  2002
 

Operación Albania: acusados 18 ex agentes de la CNI

El ex director del organismo, general (r) Hugo Salas Wenzel, es sindicado como el autor intelectual de la ejecución de doce jóvenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
El ministro en visita Hugo Dolmestch acusó a 18 ex agentes de la disuelta Central Nacional de Inteligencia (CNI) por su participación en el asesinato de 12 jóvenes el 15 y 16 de junio de 1987, caso conocido como "Operación Albania".
El magistrado determinó que el ex director del organismo de inteligencia, general (r) Hugo Salas Wenzel, es el responsable intelectual del homicidio de los opositores al régimen militar.
De esta forma, Dolmestch pone fin a quince años de investigación e inicia la etapa previa a la dictación de condenas de primera instancia.
Como coautores del delito de homicidio por están acusados: el general (r) Hugo Salas Wenzel, el mayor (r) Alvaro Corbalán, el comandante (r) Iván Quiroz, el comandante (r) Krantz Power Donoso, el mayor Rodrigo Pérez Martínez y el oficial de Ejército
Jorge Vargas Bories.
Estas acusaciones en contra de los uniformados antes mencionados se refieren a la muerte de Recaredo Valenzuela, Patricio Acosta, Julio Guerra, Juan Henríquez y Wilson Henríquez.

Otros implicados

Además, son acusados del delito de secuestro seguido de homicidio en la persona de Ester Cabrera, Manuel Valencia, Ricardo Rivera, Elizabeth Escobar, Patricia Quiroz, José Valenzuela Levi y Ricardo Silva, ejecutadas en el inmueble de Pedro Donoso 582, de la comuna de Conchalí.
En calidad de cómplice, el magistrado acusó al capitán (r) del Ejército Arturo Sanhueza Ross, por el homicidio de Julio Guerra y el secuestro seguido de homicidio de Ester Cabrera.
En tanto, el ex detective Hugo Guzmán esta acusado en calidad de cómplices por el delito de secuestro con homicidio de Patricia Quiroz. Su colega Gonzalo Maass del Valle, en calidad de autor del delito de secuestro seguido de homicidio de Ricardo Rivera.
Los oficiales (r) René Valdovinos Morales, César Luis Acuña Luengo y Manuel Morales Acevedo fueron acusados de autores del homicidio de Ignacio Valenzuela Pohorezcky y como cómplices de secuestro seguido de homicidio de las víctimas de Pedro Donoso 582.

La matanza de Corpus Christi
En la llamada Operación Albania, que se registró entre el 15 y 16 de junio de 1987 durante el feriado de Corpus Christi, doce personas que pertenecían al Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron asesinadas en distintos lugares de Santiago.
Según las versiones oficiales del gobierno militar, los jóvenes murieron en "enfrentamientos con las fuerzas de seguridad", pero las autopsias demostraron que los disparos fueron hechos cuando las víctimas se encontraban tendidas en el piso.
La acción se produjo apenas cuatro días después que la Octava Sala de Corte de Apelaciones de Santiago declarara al FPMR como una "asociación ilícita terrorista", cuyos miembros debían ir a la cárcel y ser reprimidos, resolución que legitimó todo
tipo de acción violenta contra el grupo de izquierda.
Cabe recordar, que el dictamen fue resuelto por el tribunal de alzada a petición del Ministerio del Interior del régimen militar  por un requerimiento presentado por un grupo de frentistas acusados de varios delitos.

Operativo de la CNI
Para llevar a cabo la operación, la Central Nacional de Informaciones efectuó un gigantesco operativo de inteligencia, que significó movilizar a decenas de agentes y realizar numerosas detenciones y allanamientos, con el objetivo final de
reprimir a los frentistas.
La acción de la CNI fue acompañada de un gran despliegue de publicidad oficialista, que reprodujo sin dudas ni cuestionamientos la versión oficial de "enfrentamiento".
La primera víctima, Ignacio Valenzuela Pohrecky, uno de los fundadores del FPMR, murió baleado en calle Alhué, comuna de Las Condes, el 15 de junio de 1987, a las 12 horas. A las 18 horas, los agentes de la CNI dieron muerte a Ricardo Acosta Castro, en calle Varas Mena, frente al número 630. Pocas horas después, cerca de la medianoche, en la misma calle Varas Mena, en el inmueble signado con el número 417, fueron muertos Juan Henríquez Araya y Wilson Henríquez Gallegos.
A la misma hora de ocurrir estas muertes, tuvo lugar la de Julio Guerra Olivares, en la Villa Olímpica.
Posteriormente, cerca de las 5 de la mañana del 16 de junio de 1987, en la casa de Pedro Donoso 582, comuna de Recoleta, fueron acribillados siete frentistas. Ellos fueron Ricardo Silva Soto, José Valenzuela Levy, Elizabeth Escobar Mondaca, Patricio Quiroz Nilo, Manuel Valencia Calderón, Ester Cabrera Hinojosa y Ricardo Rivera Silva


El Mercurio

Miercoles 24 de Abril  2002

Álvaro Corbalán declaró en proceso de Tucapel Jiménez

"Es malo que los generales estén en guerra, porque los que terminamos muriendo somos los soldados", afirmó hoy el comandante (r) del Ejército y ex jefe operativo de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán Castilla, al declarar hoy en la etapa probatoria del juicio que sustancia el ministro en visita Sergio Muñoz, por el asesinato del dirigente sindical, Tucapel Jiménez Alfaro.

De esta forma Corbalán se refirió a la pugna que existía en el año de la muerte del líder sindical -1982- entre el fallecido director de la CNI, general Humberto Gordon, y el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, general (r) Ramcés Álvarez Scoglia.

Además Corbalán descartó que miembros de la CNI hayan participado en el asesinato de Jiménez ya que a su parecer quienes lo hicieron serían miembros de la Dine.

El retirado militar está procesado como encubridor por el asesinato de Tucapel Jiménez y enfrenta una condena a presidio perpetuo por el crimen del carpintero de Valparaíso, Juan Alegría Mundaca, quien fue culpado en primera instancia por el asesinato del líder sindical y luego asesinado como una forma de esconder a los verdaderos autores del homicidio.

Corbalán indicó además que era improbable que Gordon hubiera dado la orden de matar a Jiménez ya que el autor confeso, el mayor (r) del Ejército Carlos Herrera Jiménez, pertenecía a la Dine y no a la CNI por lo que recibía órdenes de Álvarez Scoglia y sus subalternos.

Durante la etapa probatoria varios de los interrogados han dicho que Álvarez Scoglia habría dado las órdenes de matar a Tucapel Jiménez por lo que éste podría enfrentar una condena de presidio perpetuo o a lo menos 20 años de cárcel como autor intelectual del homicidio


TVN.cl

Martes 7 de Enero  2003

Controversia causa viaje de Álvaro Corbalán

Versiones discrepantes con respecto al viaje que efectuó el condenado mayor en retiro y ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Álvaro Corbalán a la ciudad de Papudo efectuaron el Ejército y el ministro en visita Hugo Dolmetsch.

Corbalán, que cumple cadena perpetua en la cárcel de Punta Peuco II por su vinculación con el asesinato del carpintero Juan Alegría y que además está procesado por la muerte de 12 frentistas en la denominada Operación Albania, gozó de un día de libertad durante el fin de año, durante el cual viajó a la localidad de Papudo donde incluso cenó con familiares en el club de yates.

El Ejército dijo que personal de la institución escoltó el día 27 de diciembre pasado al detenido Corbalán obedeciendo una resolución judicial que emitió el ministro en visita Dolmestch y que recibieron el día 19.

La institución añadió que tal documento especificaba que se debía autorizar "por razones personales, al procesado para que concurriera el pasado viernes 27 de diciembre, entre las 00.30 y las 23.00 Horas, a la localidad de Papudo con la debida custodia y medios de seguridad". Para tal efecto el Batallón de Policía Militar se encargó de su custodia.

No obstante, el ministro en visita Hugo Dolmetsch afirmó que el viaje de Corbalán a Papudo fue con el fin que efectuara una diligencia importante para el proceso que sustancia, las muertes en la Operación Albania.

Sobre el sentido del viaje Dolmetsch dijo que "para algunos es como que yo le hubiera dado permiso, como quien dice para ir a la playa. No, se decretó en el proceso una diligencia en la cual era indispensable que él se trasladara".

Sobre la visita al club de yates de Papudo donde Álvaro Corbalán cenó junto a su familia, el ministro dijo desconocer el hecho y no creerlo, "pero si es así el fondo lo mantiene porque sencillamente se estaba cumpliendo una diligencia que está decretada en el proceso y que se cumplió", dijo Dolmetsch.

Con respecto a los hechos, el presidente de la Corte de Apelaciones, Carlos Cerda, dijo que sería un hecho grave si se ha violado alguna resolución.

"Si fuese efectivo que alguna persona que por resolución judicial debe estar limitada en su libertad personal en cualquiera de las formas que esta limitación rige en Chile, y la viola, sería grave, y tolerarlo afectará flagrantemente la igualdad ante la ley".


PrimeraLinea

8 de enero 2003

Alvaro Corbalán cumplirá cadena perpetua en Punta Peuco

 A sólo tres días de que La Nación Domingo diera a conocer una información referente a que Alvaro Corbalán Castilla, ex jefe operativo de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), cenara en el Club de Yates del balneario de Papudo en la Quinta Región, el mayor en retiro del Ejército ayer perdió su privilegio de estar detenido en un recinto militar y, en cambio, fue ingresado a la cárcel de Punta Peuco, en Til Til, para cumplir presidio perpetuo como autor del crimen del carpintero Juan Alegría Mondaca.

Aunque la sentencia estaba vigente desde 2000, cuando la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago le impuso la pena, el ex militar había estado bajo custodia del Ejército, debido a que se encuentra procesado por el ministro en visita Hugo Dolmetsch como autor de homicidios en los casos Operación Albania y asesinato del periodista José Carrasco y otros tres profesionales.

No obstante esto, fue otro magistrado quien dio cumplimiento a la condena. Se trata del ministro de fuero Jorge Zepeda, quien (por orden de la Corte Suprema) al recibir algunas de las causas que investigó el juez Juan Guzmán, se hizo cargo del homicidio de Paulina Aguirre Tobar, caso atribuido a la CNI en 1985.

Ayer el magistrado encargó reo a Corbalán como cómplice del asesinato de la joven y, tras solicitar una certificación del estado procesal del mayor (R), se percató de que tenía sentencia ejecutoriada. Por ello, fundado en el artículo 137 bis del Código de Justicia Militar, ordenó su ingreso a Punta Peuco.

 De esta forma, a los actuales "huéspedes" del penal especial se unió a partir de ayer Corbalán, que quedará recluido en una celda individual bajo custodia exclusiva de Gendarmería.

El ministro Zepeda tomó en sus manos la causa de Paulina Aguirre, acribillada de ocho balazos en su domicilio en un supuesto enfrentamiento con efectivos de la CNI, el 29 de marzo de 1985, en Las Condes.

En poco más de dos meses, el magistrado desvirtuó el enfrentamiento y acreditó homicidio calificado, procesando la semana pasada al mayor (R) de Carabineros Miguel Soto Duarte y al ex suboficial de la FACH, Alejandro Astudillo, como autores materiales del crimen.

Este hecho podría generar una contienda de competencia con el ministro Dolmestch, que investiga todos los casos donde están involucrados agentes de la CNI. Sin embargo, fuentes consultadas por este diario señalaron que será Zepeda quien deje la causa en manos de Dolmetsch, una vez que se agoten las diligencias.

El abogado querellante del caso de Paulina Aguirre, Francisco Bravo, atribuyó a una “inadvertencia” de los magistrados que mantuvieron procesado a Corbalán el hecho de no enviarlo a la cárcel. Agregó que “me parece mal aquello, porque hubo una inadvertencia de los jueces, no se percataron de esta norma y no hubo coordinación suficiente para informar esto”. En todo caso, valoró el actuar de los ministros Sergio Muñoz y Hugo Dolmestch, por los casos de Tucapel Jiménez y Albania, respectivamente.

Por su parte, el abogado querellante de los casos Carrasco y Albania, Nelson Caucoto, descartó que se hayan dado privilegios a Corbalán a expensas de los jueces que lo procesaron, ya que “el juez (Dolmetsch) lo mantuvo en recintos militares porque necesita su presencia para realizar diligencias que precisan de urgencia”.

En todo caso, reiteró, esta polémica se generó por normas establecidas durante el gobierno militar que vulneran la igualdad ante la ley.

Según informaron fuentes allegadas al ministro Hugo Dolmestch, incertidumbre existía ayer respecto a los pasos que seguirá dando Alvaro Corbalán en el marco del proceso por el crimen del periodista José Carrasco Tapia. Esto a raíz del video que entregó al magistrado, que motivó su bullado viaje a Papudo, donde fue visto cenando en un club de yates.

Al ser trasladado a Punta Peuco, nadie sabe a ciencia cierta si continuará ofreciendo material para demostrar su supuesta inocencia, en particular para llegar a grabaciones donde se habría dado la orden para detener o asesinar a personas.

En tanto, no se descarta que el magistrado solicite un informe al Batallón de Policía Militar (BPM), que funciona en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, en Peñalolén, para que explique en qué circunstancias Corbalán fue al recinto turístico, no obstante no estar autorizado para hacerlo, y el atraso en la hora de regreso al recinto militar.

Ayer Corbalán llegó puntualmente a las 13 horas hasta los tribunales para ser notificado por el ministro Zepeda de su procesamiento y de su ingreso a Punta Peuco. Durante las tres horas que duró el trámite, por primera vez estuvo en el calabozo que Gendarmería tiene en el subterráneo del edificio


PrimeraLinea

17 de Enero 2003

Juez Zepeda reitera que Corbalán debe cumplir condena en Punta Peuco

El ministro con dedicación exclusiva para investigar causas de derechos humanos, Jorge Zepeda, reiteró la orden de que el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, sea trasladado hasta el penal de Punta Peuco a cumplir condena de cadena perpetua por la muerte del carpintero Juan Alegría Mondaca.

El pasado 8 de enero, el ministro sometió a proceso a Corbalán como cómplice del homicidio de la mirista Paulina Aguirre Tobar, ocurrido en 1985, y ordenó que en un plazo de cinco días el militar en retiro sea trasladado del Comando de Telecomunicaciones -en donde permanece detenido- hasta Punta Peuco, puesto que la sentencia por la muerte de Alegría ya se encuentra ejecutoriada.

Cumplido el plazo el lunes pasado, Corbalán no ingresó a dicho recinto penal, según consta en un informe de Gendarmería, por lo cual está en rebeldía.

Corbalán argumentó, a través de su abogado, Juan Manuel Lezaeta, que debido a una crisis diabética que lo afectaba no podía ser trasladado a Punta Peuco. Un informe de peritos del Hospital Militar, que examinaron el sábado pasado al ex militar, confirmó el problema de salud, pero el magistrado consideró que no es un impedimento para cumplir la condena puesto que Gendarmería cuenta con los medios para atender ese tipo de enfermedad.

El ex jefe operativo de la CNI permanecía recluido en un recinto militar por orden del ministro en visita Hugo Dolmestch, quien lo ha procesado en algunas causas de derechos humanos que investiga.


Tercera

10 de Marzo de 2003

Procesan por secuestro al ex CNI Alvaro Corbalán

Alvaro Corbalán Castilla y Sergio Díaz López fueron sometidos a proceso por el juez con dedicación exclusiva en el caso Comando Conjunto, Cristián Carvajal, quien los acusa de ser los autores del secuestro del militante comunista Ricardo Weibel Navarrete.Carvajal ordenó la detención de ambos miembros en retiro del Ejército y ex integrantes de la Dirección de Inteligencia de esa rama castrence (Dine) y de la Central Nacional de Inteligencia (CNI).
El mayor (r) Alvaro Corbalán está acusado de ser el encargado de coordinar las tareas del Dine con el Comando Conjunto.
NUTRIDO PRONTUARIO
Actualmente, Corbalán está procesado por la muerte de 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la denominada Operación Albania, hecho ocurrido tras el atentado contra el ex gobernante de facto Augusto Pinochet en 1987.
También se le acusa de la desaparición del militante del Partido Comunista Juan Luis Rivera Matus, en 1975.
Corbalán Castilla cumple además presidio perpetuo por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca en 1983, un crimen que fue prepetrado para servir como pantalla, ya que se pretendía acusar a Alegría del homicidio del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Tucapel Jiménez


La Nacion

14 de Marzo 2003

Comando Conjunto: Ocho ex oficiales procesados por secuestro

El juez con dedicación exclusiva Christián Carvajal sometió a proceso a ocho ex integrantes del Comando Conjunto, entre ellos el general (r) Enrique Ruiz Bunger, ex director de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), y Alvaro Corbalán
Castilla, ex jefe operativo de la CNI.
La medida adoptada por el titular del Tercer Juzgado del Crimen se refiere a la desaparición del estudiante Ignacio González Espinoza (24 años), militante del Partido Comunista, el 4 de diciembre de 1975.
También fueron procesados en calidad de autores del secuestro calificado Juan Saavedra Loyola, Sergio Díaz López, Daniel Guimpert (Armada), Manuel Muñoz Gamboa, y el ex oficial de la Armada y jefe del Departamento de Contrainteligencia del
Servicio de Inteligencia Naval (SIN), Jorge Osses Novoa.
En calidad de cómplice quedó encargado reo Otto Trujillo, el conocido "Colmillo Blanco".
Hace algunos días, el magistrado -que heredó las causas del actual fiscal Mario Carroza- procesó a Alvaro Corbalán y el ex uniformado Sergio Díaz López por el secuestro calificado de Luis Moraga Cruz y Ricardo Weibel Navarrete, quienes desaparecieron el 20 de octubre y el 7 de noviembre de 1975, respectivamente.
Con la decisión del titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago se comprueba que Corbalán, previo a pertenecer a la Central Nacional de Informaciones (CNI), integró la DINE, organismo que dentro del Comando Conjunto detuvo y dio muerte a opositores al régimen militar.
Corbalán cumple en la actualidad presidio perpetuo por su participación en el asesinato del carpintero Juan Alegría Mondaca, crimen vinculado al homicidio del ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Alfaro. En la actualidad el mayor en retiro permanece recluido en el Batallón de Policía Militar Número 1 de Santiago, ubicado en dependencias del Comando de Telecomunicaciones del
Ejército en la comuna de Peñalolén.
También por la desaparición de Weibel, el juez Carvajal ha procesado a los ex uniformados y ex miembros del Comando Conjunto Juan Francisco Saavedra, Enrique Ruiz Bunger y Viviana Ugarte “La Pochi”, esposa del general (r) de la Fach Patricio Campos.
La semana pasada el juez especial encausó también al ex oficial de la Armada Jorge Aníbal Osses y al coronel (R) de la FACH Roberto Serón Cárdenas, por el secuestro de Weibel Navarrete y Luis Moraga Cruz


 La Nacion

14 de Mayo 2003 

Ministro Zepeda modifica procesamiento de Alvaro Corbalán por crimen de mirista

El ministro en visita, Jorge Zepeda, modificó el auto de procesamiento del ex jefe operativo de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), mayor (r) del Ejército Alvaro Corbalán Castilla, de cómplice a autor del homicidio de la joven mirista Paulina Aguirre Tobar.

El magistrado había procesado en enero pasado a Corbalán como cómplice del homicidio, oportunidad en la que fue dispuso su traslado desde el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, hasta la cárcel de Punta Peuco.

La resolución del magistrado Zepeda también encarga como reo a dos ex agentes de la CNI, también como autores del homicidio de la joven.

Paulina Aguirre Tobar fue asesinada el 29 de marzo de 1985 en el sector del Arrayán luego de recibir 15 impactos de bala. Según las investigaciones, la joven mirista antes de su muerte fue víctima de seguimientos, y al producirse el homicidio, el sitio del suceso fue alterado por los agentes de la CNI para simular un enfrentamiento.

Corbalán también se encuentra procesado y condenado a cadena perpetua por el crimen del carpintero Juan Alegría Mondaca


El Mostrador

1-10-2003

Chile Procesan a Álvaro Corbalán por homicidio de mirista


En el nuevo procesamiento, Corbalán es acusado del homicidio calificado con alevosía y premeditación del pescador artesanal Lisandro Sandoval Torres de 26 años, en agosto de 1981.

Por el homicidio calificado con alevosía y premeditación del pescador artesanal Lisandro Sandoval Torres de 26 años, el ex jefe operativo de la Central de Información Nacional (CNI) Álvaro Corbalán Castilla fue sometido a un nuevo procesamiento, por el ministro de fuero Alejandro Solís.

Corbalán Castilla fue notificado esta mañana en el Palacio de Tribunales de la resolución, y se informó que deberá cumplir prisión preventiva en el batallón de la Policía Militar N° 1, por ser considerado un peligro parea la seguridad de la sociedad.

Lisandro Sandoval Torres, ex integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, fue asesinado en 17 de agosto de 1981.

Actualmente Álvaro Corbalán Castilla está condenado a cadena perpetua como encubridor del asesinato del carpintero Juan Alegría, y está siendo procesado por el caso Operación Albania, y también por la muerte del periodista José Carrasco Tapia.


El Mostrador

Viernes 4 de Octubre 2002

Dictan primeros procesamientos por muerte de Rivera Matus
Los primeros autos de procesamiento por la muerte y desaparición de Juan Luis Rivera Matus fueron dictados hoy por el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard.
El magistrado encausó a Alvaro Corbalán Castilla, quien integró el Comando Conjunto; al general (R) de la Fuerza Aérea Enrique Ruiz Bunger, Arturo Madrid, también integrante de esa entidad represiva, y Sergio López Díaz, ex miembro del DINE, por el delito de secuestro calificado.

Ruiz Bunger había sido también sometido a proceso por el juez Mario Carroza la semana pasada, como autor del delito de secuestro calificado de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana y Ricardo Weibel Navarrete, quienes figuran como desaparecidos, y de cuatro personas sobrevivientes. Carroza también pesquisa las implicaciones de la supuesta rearticulación del Comando Conjunto denunciada recientemente por el ex agente Otto Trujillo.
Díaz López, en tanto, es un ex efectivo del Ejército que formó parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
Hasta antes de la declaración del ex agente del Comando Conjunto Andrés Valenzuela -alias Papudo-, hecha en Francia en enero de este año, existía el antecedente que Rivera Matus había estado detenido en el recinto militar de Colina, donde operaba ese organismo represor. El indicio señalaba que el detenido había sido retirado por el DINE luego de ser muerto.

Sin embargo, el testimonio de Papudo permitió acreditar que el encargado de retirar al dirigente de Chilectra de esa repartición castrense fue Corbalán, quien fue acompañado por López.
La investigación en el caso Rivera Matus ha avanzado constatando que su muerte resulta un caso distinto al de otros crímentes ocurridos durante el régimen militar, pues no se puede adjudicar a un grupo represivo determinado sino más bien a personas que aisladamente habrían concretado el delito.
Debido a que durante casi 27 años nunca fue dictada una encargatoria de reo en esta causa, la Corte Suprema, en última instancia, no podría tampoco referirse al principio de cosa juzgada.
Dudas sobre la mesa

El nombre de Juan Luis Rivera Matus apareció en el informe entregado por las Fuerzas Armadas a la Mesa de Diálogo, en el que se indicaba que sus restos habían sido arrojados al mar. Sin embargo, y como parte de la búsqueda de otros detenidos desaparecidos sustanciada por la ministra Amanda Valdovinos, sus restos fueron encontrados en el fuerte del Ejército Justo Arteaga, en Colina.

El hallazgo fue una de las primeras y dramáticas alertas sobre dudas e imprecisiones en las informaciones recopiladas por las FFAA en esa instancia.

Los restos del dirigente sindical fueron entregados a sus familiares en mayo del año pasado: mostraban indicios de haber sido quemados luego de la muerte, según informaron peritos del Servicio Médico Legal (SML).
Rivera Matus militaba en el PC y era dirigente sindical de Chilectra. Fue detenido el 6 de noviembre de 1975 en la esquina de Santo Domingo y San Antonio, por cerca de cinco personas de civil que lo subieron a un vehículo tipo station wagon Peugeot de color blanco, sin patente.

El mismo día de su secuestro fue interpuesto un recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual, como la casi totalidad de las acciones similares interpuerstas durante el régimen militar, fue rechazado sin más trámite por el tribunal de alzada luego de un informe negativo sobre la detención emitido por el Ministerio del Interior. El 26 de mayo de 1976 el proceso había sido sobreseído temporalmente


El Mercurio

11 de Febrero 2004

Álvaro Corvalán fue acusado de homicidio de Mirista

La jueza del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, María Inés Collin, acusó al ex jefe operativo de la CNI el mayor (r) del Ejército Álvaro Corbalán, de homicidio calificado de la militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Paulina Aguirre, cometido en 1985.

La acusación, que constituye es el paso anterior a que se dicte la sentencia, afecta también a los ex agentes de la Brigada Azul del organismo de inteligencia, Kranz Bauer, Alejandro Astudillo, Miguel Soto y Jorge Andrade.

Paulina Aguirre, de 20 años y militante del MIR, fue ejecutada cuando regresaba a su domicilio ubicado Las Condes, el 29 de marzo de 1985.


La Nacion

2 Abril 2004

La nueva salida de Alvaro Corbalán

El jueves 25 de marzo, alrededor de las 20 horas, Hernán Medina, un vecino de la comuna de La Reina se reunió con su señora en la verdulería Andes- Frut’s, ubicada en calle Larraín pasado Tobalaba.

Grande fue su sorpresa cuando ingresó, pues se encontró de frente con Álvaro Corbalán Castilla, el mismo que está cumpliendo una condena de cadena perpetua como uno de los autores director del asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca en 1983, quien fue eliminado para encubrir el degollamiento de Tucapel Jiménez.

 “En la puerta había un auto verde con un chofer y otra persona parada en la puerta, con actitud alerta y un bulto a la altura del cinturón”, relató a La Nación.

Con la molestia reflejada en la mirada continúa diciendo que entró al local, “y veo a una persona de espaldas de pelo oscuro, bien peinado y con un terno color verde petróleo, con camisa blanca. Luego me puse de costado y noté que llevaba una corbata gris con una raya roja en el medio y en ese mismo momento me percato que es Álvaro Corbalán Castilla”.

El indignado vecino cuenta que lo primero que pensó fue agredirlo físicamente. “No sé cómo me retuve, pero observé toda la compra. Le hicieron la cuenta, le cobraron unos 20 mil pesos, el tipo sacó un fajo de billetes de 10 mil pesos y procedió a pagar. Al hacerlo, en un acto muy teatral, le toma la mano al administrador del local y lo atrae hacia él mirándolo fijamente a los ojos”.

Esa actitud colmó a Medina. “Le dije al vendedor: ‘casero, ¿sabe quién le está dando la mano?’, el tipo me queda mirando y yo le digo: ‘usted le está dando la mano a Álvaro Corbalán Castilla, asesino, reo rematado y condenado a cadena perpetua”.

Entonces Corbalán le soltó la mano, se dio vuelta y miró al otro hombre. “El otro tomó las bolsas y salieron muy rápidamente del local. Se hicieron humo”, dice.

Tras el incidente, Hernán Medina se acercó a los tribunales para dar cuenta del incidente, lo que motivó que el ministro Alejandro Solís abriera un cuaderno especial para investigar.

Respecto al caso, el coronel Andrés Avendaño, jefe del Departamento Comunicacional del Ejército, explicó ayer a La Nación que ese día Corbalán se encontraba con permiso del juez para asistir al oftalmólogo en el Hospital Militar, pero de regreso al Comando de Policía Militar, pidió pasar a la verdulería.

 “De esto el Ejército se enteró después y se han tomado las medidas correspondientes, es decir los funcionarios que resulten responsables serán sancionados con días de arresto, de acuerdo a la gravedad que se estime de la falta”.

Los otros recreos de Alvarito

Corbalán ya es más conocido en las calles que en prisión perpetua, donde debe estar, condenado por el crimen del carpintero Juan Alegría. La noche del 27 de diciembre de 2002 muchos se sorprendieron en el comedor repleto del Club de Yates de Papudo, cuando vieron entrar al ex jefe de Brigada Metropolitana de la CNI, Alvaro Corbalán, acompañado de otras tres personas. Iba de etiqueta a una regada cena. Esa “arrancada” fue confirmada en su momento a La Nación por el Ejército. Esa noche Alvaro Julio Federico pagó con cheques las cuotas de socio del club: 600 mil pesos.

Pero siete meses antes, el 23 de abril del 2002, “mi mayor” Corbalán, como le dicen los subalternos que lo custodian, caminando por Bandera, debiendo también estar preso o al menos, se topó a boca de jarro nada menos que con el Presidente Ricardo Lagos. El Presidente lo reconoció en el acto, y por cierto Corbalán también. Pero fue “mi mayor” quien reaccionó primero e hizo a Lagos un gesto de desagrado. Lo llevaban al Palacio de Tribunales.

Esto fue reportado por el Presidente al ministerio de Defensa, donde se hizo el reclamo formal al Ejército.

Reclusión cinco estrellas

Pese a que las cabañas del Batallón de Policía Militar (BPM) cuentan cada una con dos dormitorios, Álvaro Corbalán Castilla, tiene asignada una vivienda para él solo. Asimismo cuenta con salida directa de teléfono, Internet y televisión por cable.

Pese a que cuenta con una cocina americana, esta no es muy utilizada por el ex jefe operativo de la disuelta CNI, ya que diariamente un mozo le lleva hasta sus dependencias el almuerzo, once y comida.

La razón por la cual no toma desayuno, a juicio de una fuente cercana al mayor (R), es que éste posee un inusual sistema de vida, ya que se levanta a las 3 de la tarde, horario en que almuerza.

Luego recibe visitas hasta aproximadamente las 20:30 horas, compartiendo muchas veces con ellos la once. Después de la cena generalmente realiza algunas llamadas telefónicas para a continuación ver televisión y trabajar durante toda la noche en el desarrollo de la Corporación 11 de Septiembre, casi siempre hasta las 7 de la mañana.

Las salidas de Corbalán no son un hecho desconocido para los dos centinelas (simples reclutas) que custodian el portón de acceso al recinto de reclusión, que se ubica al interior del Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén, ya que el vehículo con los dos escoltas lo van a buscar hasta el mismo acceso del BPM.

En forma contradictoria a su fama de bohemio, según la fuente, Corbalán no fuma y rara vez bebe licor, aunque mantiene su gusto por las mujeres bellas pese a estar casado.


El Mercurio

22 de Abril 2004

Corbalán fue trasladado anoche a Punta Peuco

Anoche el ex jefe operativo de la CNI, el mayor (r) Álvaro Corbalán, comenzó a cumplir su condena a cadena perpetua por el asesinato del carpintero Juan Alegría, perpetrado en 1983 con el fin de ocultar el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez.

La resolución -adoptada en forma conjunta por los cuatro ministros de fuero que investigan causas contra el ex uniformado -Jorge Zepeda, Alejandro Solís, Hugo Dolmestch y Sergio Muñoz- tiene como objeto evitar que Corbalán repita sus salidas.

El ex militar fue sorprendido en marzo pasado comprando en una verdulería de La Reina, transgrediendo los procedimientos de la policía militar. Corbalán había sido autorizado por la Corte de Apelaciones y el Primer y Tercer Juzgado del Crimen de Santiago para asistir al Hospital Militar a un examen de ortodoncia.

Pero, a su regreso se quejó de no haber ingerido alimento y convenció a su escolta a parar en una frutería.

El mayor a cargo bajó inicialmente solo, pero Corbalán lo siguió, sin permiso, y sin ser retenido por otros dos suboficiales de la escolta. En el lugar fue visto por transeúntes y un particular hizo la denuncia en forma pública.


La Tercera

30 de Abril 2004

Nueva condena para Alvaro Corbalán: 10 años y un día

El ministro de fuero de Derechos Humanos Alejandro Solis dictó una nueva condena de 10 años y un día en contra del ex jefe operativo de la CNI Alvaro Corbalán Castilla, como autor del homicidio calificado de Lisandro Salvador Sandoval Torres el 17 de agosto de 1981.

La condena dictada en contra de Corbalán -que es de primera instancia- debiera ser aplicada después de que el agente de la Central Nacional de Informaciones cumpla la cadena perpetua simple que tiene pendiente y que podría ser ratificada o modificada en los próximos días, dictada por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca.

Actualmente, Corbalán se encuentra cumpliendo justamente esta condena en el penal de Punta Peuco, hasta donde fue trasladado la semana pasada.

La pena dictada por el juez Solis vendría a confirmar sus presunciones acerca de la responsabilidad que tendría Corbalán en la muerte del ex mirista Sandoval. Con esto, el juez desecha las primeras explicaciones dadas en la época por las autoridades policiales, quienes dijeron que la víctima había muerto en un enfrentamiento con la policía.

Sin embargo, según lo que estableción la investigación, Sandoval fue aguardado por 15 ex agentes de la CNI en el sector de Estación Central, quienes lo interceptaron y dispararon por la espalda, causándole una herida mortal.

El ex mirista se aprestaba justo en esos días a salir de Chile exiliado a Suecia cuando murió.


El Mostrador

4 de Mayo 2004

Juez dictó condenas en tres casos de detenidos desaparecidos

El titular del Primer Juzgado de Crimen de Santiago con dedicación exclusiva en causas de derechos humanos, Joaquín Billard, condenó a diez años y un día de presidio al ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán Castilla por el secuestro calificado y resultado de muerte de Juan Luis Rivera Matus, registrado en diciembre de 1975.

Junto a Corbalán, y por la misma pena, fue condenado el ex miembro de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Sergio Díaz López.

En tanto, en calidad de encubridores, recibieron sentencias el jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), Freddy Ruiz Bunger y Carlos Madrid Hayden, a 600 días de pena remitida.

La notificación, para el caso de Corbalán, hecha esta mañana en Punta Peuco. Fuentes allegadas al caso, indicaron que el Ejército habría preferido no trasladado hasta el tribunal, a fin de evitar problemas a raíz de sus últimas salidas.

Juan Luis Rivera Matus fue nombrado en el primer informe de la Mesa de Diálogo, como uno de las víctimas de la represión que había sido lanzada al mar, junto a otras 131 personas. Sin embargo, en 2001 sus restos aparecieron en los terrenos del Fuerte “Justo Arteaga Cuevas”, en Peldehue. Para muchos, este dato echó por el suelo la credibilidad de esta instancia.

Rivera Matus militaba en el PC y era dirigente sindical de Chilectra. Fue detenido el 6 de noviembre de 1975 en la esquina de Santo Domingo y San Antonio, por cerca de cinco personas de civil que lo subieron a un vehículo tipo station wagon Peugeot de color blanco, sin patente.

El mismo día de su secuestro fue interpuesto un recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual, como la casi totalidad de las acciones similares interpuestas durante el régimen militar, fue rechazado sin más trámite por el tribunal de alzada, luego de un informe negativo sobre la detención emitido por el Ministerio del Interior. El 26 de mayo de 1976 el proceso había sido sobreseído temporalmente.

Otros casos

Pero ésta no fue la única sentencia dictada por el magistrado. También condenó al ex agente de la DINA Osvaldo Romo Mena, por el delito de secuestro calificado en la persona de Jorge Espinoza Méndez, apodado “Abel” o “Juancho”, cuyos últimos rastros se tienen del 18 de junio de 1974.

Según el informe Rettig, Espinoza Méndez fue sido visto por testigos en el recinto de detención de Londres 38 y desapareció en poder de la DINA, sin que se hayan vuelto a tener noticias de él.

El magistrado también condenó a los ex agentes de la DINA Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Basclay Zapata y Osvaldo Romo a diez años y un día por el delito de secuestro calificado en contra de los ex militantes del MIR Elsa Leuthner, María González, Hernán González y Ricardo Troncoso Muñoz.

El caso de Troncoso Muñoz es particular. Antes de su detención, había permanecido asilado en la Embajada de México en Santiago, desde el 10 de octubre de 1973, hasta el 1 de marzo de 1974, fecha en que abandonó el asilo, desesperado por la tardanza en otorgársele salvoconducto. Quince días después fue detenido por agentes de la DINA.

El magistrado aún investiga el caso de Juan Suil Faúndez, quien fue hecho desaparecer por agentes de la SIFA, a mediados de los setenta. Las otras dos causas que tenía el magistrado, una de ellas por la Operación Colombo, se adjuntaron al expediente que sustancia el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia.

Con las condenas en estos tres casos, se abre el camino a que la Corte Suprema unifique el criterio respecto a la aplicación de la ley de Amnistía. En 1997, cambió el criterio de fallo de la Segunda Sala Penal del máximo tribunal, donde se modificó la aplicación de ese cuerpo legal y se instauró la teoría del secuestro permanente.


La Nacion

5 de Mayo 2004

Primera condena contra el general de la FACH

Una condena de 600 días de presidio contra el ex jefe del Servicio de Inteligencia de la FACH, general (R) Enrique Ruiz Bunger, como encubridor del secuestro del militante comunista Juan Luis Rivera Matus, en noviembre de 1975, dictó el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard. Si bien la pena se dictó con carácter de “remitida”, vale decir no se cumple en cárcel a cambio de un control periódico de identidad, es la primera vez que un juez sentencia a Ruiz Bunger, uno de los gestores del Comando Conjunto en 1975.

El magistrado también condenó en calidad de autor del mismo delito al ex jefe operativo de la CNI, mayor (R) Alvaro Corbalán. Igualmente, sentenció en calidad de autor al oficial (R) de Ejército Sergio Díaz López a diez años. Como encubridor fue condenado a 600 días de presidio remitido el oficial (R) de la FACH Carlos Madrid Heiden.

Corbalán cumple condena de presidio perpetuo desde hace unos días en la cárcel de Punta Peuco por el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, cometido por la CNI y la DINE en 1983 para intentar encubrir el asesinato de líder sindical Tucapel Jiménez. Además, fue dictada en su contra otra sentencia de presidio de diez años por el homicidio de Lisandro Sandoval.

El destino de Rivera Matus adquirió una connotación especial, puesto que fue el primer caso que puso en duda el informe de las Fuerzas Armadas de 2001 sobre el destino final de 200 detenidos desaparecidos como resultado de la mesa de diálogo de derechos humanos.

En marzo de 2001, realizando excavaciones en el Fuerte Arteaga en Colina, producto de información contenida en el mencionado informe, la ministra Amanda Valdovinos encontró un esqueleto completo, que finalmente se comprobó eran los restos de Rivera. Sin embargo, éste apareció en ese informe como lanzado al mar junto con otros 150 prisioneros políticos.

El secuestro y homicidio de Rivera Matus correspondió a una operación mixta entre la DNE, para la cual en 1975 trabajaba Corbalán, y el recién formado Comando Conjunto, uno de cuyos impulsores fue el general Ruiz Bunger.

Rivera, trabajador de Chilectra, fue secuestrado y llevado al Regimiento de Colina de la FACH, lugar donde permaneció unos días. Desde allí fue sacado por Corbalán y Díaz y conducido al interior del entonces recinto militar de Peldehue, donde fue ejecutado. La autopsia realizada a sus osamentas revelaron que el detenido, después de muerto, fue rociado con petróleo y quemado.

Rechazo a amnistía

En 2002 las revelaciones de Otto Trujillo, ‘Colmillo Blanco’, en La Nación Domingo, señalaron un dato hasta entonces escasamente conocido: la colaboración entre la DINE y el Comando Conjunto en 1975 para secuestrar y asesinar a Juan Luis Rivera Matus.

Los antecedentes suministrados por Trujillo fueron claves para la pista que siguió el juez Joaquín Billard. Ésta además continuó la vía abierta por el ministro Alejandro Solís y no aplicó la amnistía a favor de los condenados. Incluso las defensas de los sentenciados alegaron que Juan Luis Rivera Matus ya no era un detenido desaparecido, desde que sus restos fueron hallados en Fuerte Arteaga en 2001. Y que, por lo tanto, la figura del secuestro como delito de carácter permanente para rechazar la amnistía, ya no podía ser invocada.

Pero el juez desechó estos argumentos y dijo que, en ese caso, el delito se siguió cometiendo más allá de marzo de 1978, fecha hasta la que se extiende la amnistía. Pero los argumentos de fondo del magistrado apuntaron a que estos delitos, por ser de lesa humanidad, no son amnistiables.


La Nacion

9 de Agosto 2004

Ex CNI del caso Albania gozan de pensiones “post guerra”

Una realidad previsional muy distinta a su situación judicial viven varios de los ex agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) procesados como autores de los homicidios calificados de 12 frentistas en la denominada Operación Albania, ocurrida el 15 y 16 de junio de 1987.

Hoy se encuentran a la espera del dictamen del ministro en visita Hugo Dolmestch, quien tiene “para fallo” la investigación de los crímenes.

Sin embargo, otra es su situación previsional debido a que, bajo una denominación genérica de “estrés post guerra”, los ex agentes han obtenido pensiones de invalidez de segunda categoría, según lo acredita la Honorable Comisión de Salud del Ejército. Esto significa en la práctica obtener casi el doble de su jubilación mensual por ser víctimas de padecimientos en “actos de servicios” que los incapacitan para desarrollar una labor normal.

El grupo se encuentra encabezado por el jefe del llamado “procedimiento antisubversivo”, el teniente coronel (R) Krantz Bauer Donoso, ex jefe de la Brigada Verde de la CNI, quien figura como causal de retiro un diagnóstico de “TEC abierto, síndrome post TEC, otorragia izquierda, fractura peñasco temporal izquierdo y hemorragia sub aracnoidea”.

A él lo secunda, el teniente y empleado civil de Ejército (R), agente JorgeVargas Bories, coautor de ilegítima privación de libertad y de los homicidios ocurridos en calle Pedro Donoso, quien obtuvo su pensión de invalidez por actos del servicio al acreditar una “psicosis maníaco depresiva”.

También goza de este beneficio, extensivo a su grupo familiar y que mantiene en grado de “activos” su salario, es decir su pensión se reajustan al par de los sueldos de los oficiales que están en servicio, el fallecido teniente coronel Iván Cifuentes Martínez y ex jefe del Comando Cobra de la ex CNI, quien justificó una “psicosis maníaco depresiva”.

Cabe recordar que fue este oficial quien a sabiendas de una eventual cadena perpetua en su contra solicitó una “salida política” a sus casos, esto después de señalar que “en el fondo, la CNI cumplió la ‘pega’ que el Estado le encomendó (...) desde el punto de vista judicial, los superiores de la CNI quedaron como encubridores o cómplices, pero solamente quienes éramos capitanes estamos asumiendo la condición de autores directos y materiales”.

Asimismo el ex CNI, mayor (R) de Ejército, Emilio Enrique Neira Donoso, encausado como cómplice del homicidio de Recaredo Valenzuela y de los secuestros seguidos de homicidio de calle Pedro Donoso, recibe una pensión producto de una “psicosis afectiva”.

Por su parte, César Luis Acuña Luengo, empleado civil de Ejército (R), procesado como el autor del homicidio de Recaredo Valenzuela y cómplice de ilegítima privación de libertad de calle Pedro Donoso, también acreditó sufrir una “psicosis afectiva”.

Álvaro Corbalán

Pese a que el abogado Hugo Gutiérrez, (situación que avaló después su colega Héctor Salazar) señaló a La Nación que el ex jefe operativo de la CNI, teniente coronel (R) Álvaro Corbalán Castilla, goza de una pensión por “estrés post guerra”, precisando que “me encuentro seguro en un ciento por ciento, porque lo vi publicado en el Boletín del Ejército”; la Dirección de Comunicaciones del Ejército desmintió tal versión.

Sin embargo, indicaron que efectivamente el ex oficial, actualmente recluido a cadena perpetua simple en el penal de Punta Peuco por su responsabilidad en el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, solicitó su invalidez de segunda categoría. “Pero le fue negada porque fue presentada fuera de plazo”, señaló la institución.

Respecto a las mencionadas adjudicaciones de pensiones a estos ex agentes, la misma vocería sostuvo que se apegan a la legalidad vigente, pues se acreditaron de manera médica las dolencias, recalcando que tienen un carácter de “irrevocable”.

A estos nombres se pueden sumar otros de esta institución, de la Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones, que también mantienen ex funcionarios procesados por su responsabilidad en la Operación Albania.

Caucoto

Consultado el abogado querellante del caso Albania, Nelson Caucoto, señaló que “me parece extraño este beneficio a personas que no padecen ninguna invalidez o incapacidad generada por actos del servicio, que los mantenga inutilizados para el trabajo, situación que sólo se presta para que tengan el doble de sus pensiones”.

Añadió que “sin duda estamos frente a una situación que debe ser investigada, pues perfectamente se podría configurar el ilícito de fraude al Fisco”.

Caso quemados

Condenado preliminarmente a una condena de 600 días de presidio sin remisión, por su participación en el denominado caso quemados, situación luego cambiada por la Corte Marcial al acreditar que su accionar sólo fue negligente, el capitán (R) de Ejército Pedro Fernández Dittus también se suma al grupo de pensiones de invalidez “post guerra”.

Efectivamente, el jefe de la patrulla militar que golpeó y roció con combustible a Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana, logró acreditar ante la Comisión Médica del Ejército una “psicopatía orgánica”. Cabe recordar que a causas de las quemaduras, hecho ocurrido el 2 de julio de 1986, falleció Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana quedó con heridas en el 60 por ciento de su cuerpo.


El Mostrador

31 de Agosto

DDHH: Procesan a Álvaro Corbalán por homicidio calificado

La jueza con dedicación exclusiva para causas de derechos humanos, Raquel Lermanda, sometió a proceso al ex jefe operativo de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) Álvaro Corbalán Castilla, como autor de homicidio calificado en contra del ex militante del MIR Fernando Gabriel Vergara Vargas en diciembre de 1984.

El abogado Nelson Caucoto, querellante en el caso, calificó como “importante” la decisión de la magistrada, pues de esta manera se demuestra que de a poco se está alcanzando la verdad de la situación que afectó a Vergara Vargas, la que comparó a la llamada Operación Albania.

“Se ultimó a una persona que estaba siendo seguida y posteriormente, a través de los medios de comunicación, se envío un comunicado oficial del Gobierno de ese entonces, intentando mostrar los hechos como un enfrentamiento. Al igual que en el caso Albania, se le puso un arma a la víctima, que estaba inservible y nunca se encontró algún vestigio de que la víctima hubiese disparado”, dijo.

Tras realizar un seguimiento a la víctima, el 15 de diciembre de 1984 la Brigada Azul de la CNI espero que saliera de su residencia para acompañar a la madre de su hijo a tomar locomoción colectiva, momento en el que lo ultimaron a balazos.

La versión oficial, sin embargo, consignó que ese día personal de la CNI que se encontraba patrullando el sector de Santa Elvira con Santa Elena, interceptó a un individuo en actividades sospechosas el que al percatarse de la presencia del personal de seguridad efectuó dos disparos, motivo por el cual los funcionarios repelieron el ataque, causándole la muerte

El principal objetivo de la Brigada Azul era la búsqueda de información y paradero de grupos políticos que operaban en la Región Metropolitana. En esa labor, conoció el reingreso clandestino de miembros del MIR, entre los que se encontraba Vergara Vargas, en una acción conocida como la Operación Retorno.

Desde mediados de abril de 2003, Corbalán permanece en el recinto penal de Punta Peuco, luego que una serie de salidas –incluida una compra en una verdulería de La Reina- obligara a trasladarlo desde el Comando de Telecomunicaciones.


El  Mostrador

1 de Septiembre 2004

Ex jefe operativo de la CNI se notifica por nueva condena

El ex jefe operativo de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) Álvaro Corbalán Castilla, concurrió al Palacio de tribunales para notificarse de su condena a 10 años y un día de presidio como autor de homicidio calificado en de Lisandro Sandoval Torres.

La condena fue dictada por el ministro de fueron Alejandro Solís y ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago, por la ejecución del ex mirista, que fue ejecutado el 17 de agosto de 1981.

Adicionalmente, el retirado militar fue encausado este martes por la jueza con dedicación exclusiva para causas de derechos humanos, Raquel Lermanda, por su participación en los hechos que comenzaron con el seguimiento a Vergara.

Corbalán está condenado a presidio perpetuo por el homicidio del carpientero Juan Alegría Mondaca y permanece desde abril de 2003 en el penal de Punta Peuco, luego que una serie de salidas obligara a trasladarlo hasta allí desde el Comando de Telecomunicaciones del Ejército.


La Nacion

25 de Julio 2005

Apelarán por baja condena dictada contra ex cúpula CNI

La familia de la joven mirista Paulina Aguirre Tobar, acribillada en 1985 en El Arrayán, anunció que apelará las bajas penas dictadas por el ministro Jorge Zepeda contra los cinco ex agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), por considerarlas insuficientes en relación a los crímenes cometidos.

La familia de la joven mirista Paulina Aguirre Tobar, acribillada en 1985 en El Arrayán, anunció que apelará las bajas penas dictadas por el ministro Jorge Zepeda contra los cinco ex agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), por considerarlas insuficientes en relación a los crímenes cometidos.

Luis Aguirre Smith, padre de Paulina, consideró “ligera” la sanción impuesta “El castigo no es proporcional a la gravedad del delito. La vida de una persona no son cinco años y un día”. Asimismo, explicó que él hubiera estado dispuesto a “que (los asesinos de Paulina) no tuvieran penas de cárcel.

Pero estos tipos no están arrepentidos”, o al menos así lo expresaron en los interrogatorios en el Departamento Quinto de Investigaciones, comentó Aguirre.

La pena para el ex jefe de la CNI Álvaro Corbalán Castilla; el teniente coronel (r) Kranz Bauer Donoso; el mayor (r) de Carabinero Miguel Soto Duarte y el teniente coronel (r) Jorge Andrade Gómez fue de cinco años y un día de presidio; y para el oficial (r) de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) Alejandro Astudillo Adams, de tres años y un día, además, a este último se le otorgó el beneficio de la libertad condicional. Razón por la que Aguirre solicitará un endurecimiento de las condenas dictaminadas, “de 10 años hasta cadena perpetua efectiva”.


La Nacion

Jueves 27 de octubre de 2005

Certeza jurídica de lo sabido: CNI vengó el atentado a Pinochet con 4 muertes

El ministro en visita Hugo Dolmetsch, otorgó ayer certeza jurídica a lo que se sabía desde 1986: que los crímenes de José Carrasco, Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga y Abraham Muskablit a manos de la CNI, fueron una venganza de la dictadura por el atentado a Augusto Pinochet el domingo 7 de septiembre de 1986.

En una resolución más bien “ordenatoria” en la que procesó a siete nuevos ex agentes, mantuvo a otros siete que ya se encontraban encausados por la jueza Dobra Lusic desde 2000, y exculpó a tres de los ya procesados por la magistrada el ministro Dolmetsch entregó algunos detalles del operativo que hasta ahora no eran públicos.

Los tres ex agentes sobreseídos por el magistrado son Hernán Vásquez Villegas, Egon Barra Barra y Arturo Sanhueza Ros.

El juez sostuvo en su dictamen que momentos después de acontecido el atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo -acto realizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en el cual murieron cinco escoltas-, el integrante de la Junta Militar, almirante José Toribio Merino, citó al jefe de la CNI, general Humberto Gordon, a una reunión de urgencia a La Moneda.

Finalizado el encuentro, Gordon convocó al cuartel general de la CNI en calle República, al comandante de la División Antisubversiva de ese organismo, mayor Álvaro Corbalán, y al comandante de la División Política Metropolitana “encargada del control de los partidos políticos de la época”, mayor Manuel Provis Carrasco. “Estas dos divisiones representaban en ese momento de emergencia, los órganos básicos de la CNI en su aspecto operativo”, dice el juez.

En esa reunión, “el señor general, profundamente alterado, les ordenó que agentes de sus respectivas dependencias debían salir y vengar a los cinco escoltas fallecidos en el atentado, venganza que debía ser en una proporción de dos por uno en relación a las víctimas (escoltas)”, afirma el fallo.

De esta manera, Dolmetsch logró determinar que los grupos de agentes que operaron en las detenciones y ejecuciones fueron distintos, salvo en los casos de Carrasco y Muskablit donde algunos se repiten.

El escrito del juez no aclara, en todo caso, por qué CNI sólo asesinó a cuatro opositores y no a diez como fue la orden que impartió Gordon y que probablemente emanó de La Moneda. Al menos una quinta víctima debía ser el abogado de la Vicaría de la Solidaridad Luis Toro, quien se salvó al reforzar puertas y ventanas de su casa para dificultar el ingreso de los agentes, y alertando a los vecinos.

El punto es relevante al incorporar al puzzle la intervención, casi en paralelo, de Investigaciones la misma madrugada en que comienzan los secuestros de la CNI. Esta policía detuvo a algunos dirigentes opositores, como el actual Presidente Ricardo Lagos, el ex ministro Germán Correa, el actual diputado (PPD) Patricio Hales, y el ex subsecretario del Trabajo Eduardo Loyola.

Según el ex vocero del régimen militar Francisco Javier Cuadra, Investigaciones actuó por orden de su director, el general (R) Fernando Paredes, para evitar más muertes a manos de la CNI. No obstante, no está claro por qué la CNI, con el poder que tenía por sobre Investigaciones, no continuó con las ejecuciones para “cumplir la cuota” ordenada por general Gordon.

Tampoco se sabe con certeza si efectivamente la actuación de Investigaciones fue con el fin que sostiene Cuadra. Aunque, al menos, un hecho es cierto: que los detenidos por esa policía salvaron con vida. Lo que no resulta creíble es la afirmación de Cuadra en el sentido de que, al ocurrir un año después la Operación Albania -en la que la CNI asesinó a 12 militantes del FPMR que vinculó al atentado- el régimen “no apoyó esa operación ni le dio soporte comunicacional”. Al consultar la prensa de la época y las propias declaraciones de Cuadra, se confirma lo contrario

Felipe Rivera Gajardo

Militante Comunista

Funcionario Tesorería de la República

Detenido a las 02:00 del lunes 8 de septiembre 1986 en su domicilio de Diagonal Las Torres Nº 6678, Población Sara Gajardo de Cerro Navia.

Procesados como autores del delito de secuestro y homicidio: Álvaro Corbalán Castilla, Pedro Guzmán Olivares, Gonzalo Maass del Valle, Víctor Lara Cataldo y René Valdovinos Morales. (Lara y Valdovinos son nuevos procesados, el resto ya lo estaba por resolución de la jueza Dobra Lusic en el 2000).

Ejecutado en Américo Vespucio, frente planta Toyota, de seis balazos.

Gastón Vidaurrázaga Manríquez

Militante MIR

Profesor

Detenido a las 04:00 del lunes 8 de septiembre de 1986 en su domicilio de calle Maestranza frente al Nº 627.

Procesados como autores del delito de secuestro y homicidio: Álvaro Corbalán Castilla, Krantz Bauer Donoso, Víctor Muñoz Orellana, Jorge Jofré Rojas, Eduardo Chávez Baeza y Juan Jorquera Abarzúa. (Jofré, Chávez y Jorquera son nuevos procesados, los otros ya lo estaban desde 2000).

Ejecutado en Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 16, de doce balazos.

José Carrasco Tapia

Militante MIR

Periodista

Detenido a las 05:00 del lunes 8 de septiembre de 1986 en su domicilio de calle Santa Filomena Nº 111, departamento 209, comuna de Santiago.

Procesados como autores de secuestro y homicidio: Álvaro Corbalán Castilla, Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y Guillermo Fachinetti López. (Fachinetti es procesado nuevo, mientras Quiroz y Vargas ya lo estaban desde 2000).

Ejecutado en Américo Vespucio, costado sur del Cementerio Parque del Recuerdo, de catorce balazos.

Abraham Muskablit Eidelstein

Militante Comunista

Gerente de Ventas de Editorial Cono Sur

Detenido a las 02:15 del martes 9 de septiembre de 1986 en calle 27 de Septiembre Nº 0423, Población Casas Viejas, comuna de Puente Alto.

Procesados como autores de secuestro y homicidio: Álvaro Corbalán Castilla, Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y José Meneses Arcauz. (Arcauz en nuevo procesado, los otros ya lo estaban desde 2000).

Ejecutado en Camino a Lonquén a la altura del Nº 2360, de nueve balazos.


La Nacion

24 de Marzo 2006

Condenas para ex CNI por muerte de mirista

Una nueva condena dictó ayer el ministro Juan Eduardo Fuentes que afecta a cinco ex agentes de la CNI. Esta vez se trata del proceso por el homicidio de quien fuera el operador de Radio Liberación del MIR, Fernando Vergara, ocurrido en 1984.

La sentencia de primera instancia afecta al ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán con diez años y un día de presidio como autor de homicidio calificado; por el mismo ilícito pero con cinco años y un día de cárcel, el magistrado condenó a los ex agentes Luis Sanhueza y Aquiles González; los suboficiales Luis Gálvez, Francisco Orellana y Jorge Ramírez enfrentan cinco años.

Los tres últimos agentes fueron beneficiados por el ministro Fuentes para cumplir la sentencia en libertad vigilada por un delegado de Gendarmería.

Vergara fue interceptado por la CNI el 15 de diciembre de 1984. La versión del organismo fue que Vergara portaba un arma e intentó batirse a tiros con los efectivos, por lo que fue aniquilado. Sin embargo el magistrado comprobó que la versión no era real.En este mismo proceso existen declaraciones policiales de dos ex CNI que aseguraron que el ex ministro de Pinochet, Francisco Javier Cuadra, llegó hasta el sitio del suceso acompañado del propio Corbalán, pero en sus testimonios judiciales cambiaron diametralmente sus dichos.

El ministro Fuentes, además, rechazó acoger la demanda de perjuicio presentada por la familia y representada por el abogado Nelson Caucoto.


El Mostrador

8 de Junio 2006

Suprema confirma condena contra Álvaro Corbalán por crimen de mirista

Segunda Sala del máximo tribunal rechazó acoger a trámite un recurso de casación presentado por la defensa del ex jefe operativo de la disuelta CNI, ratificando su sentencia a cinco años y un día de prisión por el homicidio de Paulina Aguirre Tobar. La misma determinación adoptó en el caso de comandante retirado Krantz Bauer Donoso.

La Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema confirmó la condena contra el brigadier retirado Álvaro Corbalán Castilla, como autor del homicidio calificado de la ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Paulina Aguirre Tobar, registrado en 1985.

Este jueves, el máximo tribunal desestimó acoger a trámite un recurso de casación presentado por la defensa del ex jefe operativo de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), que pretendía dejar sin efecto la sentencia dictada en su contra.

De esta manera, confirmó la pena a cinco años y un día de prisión que deberá cumplir Corbalán Castilla, según lo había dispuesto en su momento el ministro en visita Jorge Zepeda.

El ex jefe operativo de la disuelta CNI cumple actualmente una condena a presidio perpetuo en calidad de autor del homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca, registrado en 1983 para ocultar el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez.

El otrora uniformado, además, deberá afrontar próximamente las sentencias por su participación en la llamada Operación Albania y por el crimen del periodista José Carrasco Tapia.

La decisión fue adoptda en forma unánime por los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros, además de los abogados integrantes Fernando Castro y José Fernández.

Los magistrados también desestimaron acoger a tramitación las revisiones presentadas por el comandante retirado Krantz Bauer Donoso, que deberá cumplir con una sentencia similar a la de Corbalán Castilla.

La Segunda Sala Penal, sin embargo, accedió a revisar las condenas a cinco años y un día dictadas contra Miguel Soto Stuardo y Jorge Andrade Gómez, y de tres años y un día, con el beneficio de la libertad condicional, para el oficial retirado de la Fuerza Aérea Alejandro Astudillo.

Paulina Aguirre Tobar, de 20 años al momento de su muerte, fue ejecutada cuando regresaba a su domicilio en el sector capitalino de Las Condes, el 29 de marzo de 1985, según consigna el "Informe Rettig" que documentó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990).

El informe agrega que la joven fue ejecutada por agentes de la CNI, pero la versión oficial de la época habló de enfrentamiento, sobre la base de que los autores pusieron un arma en la mano del cadáver para sustentar la historia de que se había resistido al arresto.

Aunque la justicia militar corroboró esa tesis, en su investigación el juez Zepeda logró establecer que existían antecedentes suficientes para dar por acreditado que se trató de un homicidio calificado y que la víctima fue acribillada a mansalva.


La Nación

28 de Junio 2006

Corte elevó condenas a ex agentes del Comando Conjunto

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago aumentó las condenas a dos integrantes del ex Comando Conjunto, entre ellos a su creador, el general

(R) de la FACH Enrique Ruiz Bunger, por el secuestro en 1975 del militante comunista Juan Luis Rivera Matus.

La condena de Ruiz Bunger fue elevada de 600 días a 10 años, y en la misma proporción la del ex agente y coronel hoy retirado de la FACH, Carlos Madrid Haydn. A ambos se les cambió además la calidad de encubridor por la de autor.

La sala mantuvo la pena de 10 años de presidio para el teniente coronel (R) de Ejército Sergio Díaz López, pero rebajó de 15 a 10 años la del ex agente y jefe de la Brigada Metropolitana de la CNI, mayor (R) Álvaro Corbalán.

El ministro Jorge Zepeda constituyó el voto de minoría, ya que estuvo por condenar a los cuatro ex agentes sólo a la pena de tres años “por razones humanitarias”. En este sentido, el ministro Zepeda ha sido criticado por abogados querellantes por las bajas condenas que aplica por crímenes de lesa humanidad, si bien no es partidario de aplicar la amnistía. El voto de mayoría lo conformaron el ministro Jorge Dahm y la abogada integrante Victoria Valencia. La condena de primera instancia la dictó el ministro Joaquín Billard.

Los restos de Rivera Matus fueron hallados el 2001 mientras, en la zona de Peldehue donde hoy está el Fuerte Arteaga del Ejército, se rastreaban los cuerpos de los desaparecidos de La Moneda por una orden de la Corte Suprema, según datos recibidos en la Mesa de Diálogo el 2000.


La Nación

22 de Septiembre 2006

Cúpula CNI procesada por desaparición de cinco frentistas en 1987

 El ministro en visita Haroldo Brito instaló ayer por primera vez el delito de secuestro calificado (conocido también como permanente) en el proceso que sigue contra ex agentes de la CNI por la desaparición de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987. Por este delito encausó a los ex agentes Víctor Ruiz Montoya, Luis Arturo Sanhueza Ros y Luis Santibáñez Aguilera.

En la resolución dictada por Brito se estipula que se puede acreditar que a raíz del secuestro del comandante del Ejército, señor Carlos Carreño Barrera, acaecido en esta ciudad (Santiago) el 1 de septiembre de 1987, funcionarios de la CNI resolvieron secuestrar a Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas.

Por los mismos hechos, el magistrado, quien asumió la investigación de su colega Hugo Dolmestch -hoy supremo-, encausó en calidad de coautores del secuestro al ex director de la CNI general (R) Hugo Salas Wenzel y sus dos colaboradores, Álvaro Corvalán y Krantz Bauer. Les siguen por el mismo delito Manuel Morales, César Acuña y René Valdovinos.

En tanto, como encubridores de los ilícitos están los oficiales (R) del Ejército Gonzalo Asenjo Zegers y Rodrigo Pérez.

La elección de los frentistas se realizó entre los días 8 y 9 de septiembre con la finalidad de cambiarlos por el comandante secuestrado, por lo que de forma inmediata los detenidos fueron trasladados al Cuartel Borgoño del servicio de inteligencia.

Helicóptero

Según consta en la resolución, al concretarse la libertad del militar fueron retirados por funcionarios de la CNI cinco cadáveres desde el recinto de seguridad para ser lanzados al mar desde un helicóptero del Ejército.

De las mismas probanzas también resulta acreditado que la participación del helicóptero militar y de sus pilotos fue dispuesta por las personas que estaban al mando de las operaciones de investigación del secuestro de Carlos Carreño, señala la resolución.

Estas conclusiones se debieron a que el pasado 20 de julio el ministro Dolmestch recreara junto a efectivos del Ejército el lanzamiento de los frentistas en el puerto de San Antonio. En la diligencia se llegó a la certeza de que los cuerpos fueron lanzados en sacos con pedazo de rieles atados a sus pies, con la finalidad de que éstos no salieran a flote.

Un artículo publicado por La Nación en julio pasado, reveló que el ex piloto de Augusto Pinochet, apodado “El Chino Campos”, declaró al magistrado cómo en septiembre de 1987, su jefe, el coronel Mario Navarrete, le ordenó usar uno de los helicópteros institucionales para viajar hasta la zona de Peldehue a buscar unos paquetes, los cuales contenían los cuerpos.

El “Chino Campos” relató que para dicha operación viajó junto a su copiloto, un oficial que pasó a retiro recientemente y que hasta hace poco meses era el jefe de una agregaduría militar en Europa. Incluso, el jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, Rafael Castillo y su colega Mario Zelada, recorrieron el viejo continente buscando a un testigo clave para este proceso.

Etapas

El ministro Dolmestch acreditó que la operación estuvo separada en tres etapas. La primera de ellas fue la detención de los frentistas para presionar al FPMR y recuperar al militar secuestrado.

Una vez detenidos fueron interrogados por la CNI. Luego de esto, llegó la orden de que el régimen militar no negociaba con terroristas, por lo que los cinco frentistas fueron asesinados.

Tras la ejecución se designó a Francisco “Gurka” Zúñiga para que coordinara con el Ejército la obtención de los elementos necesarios para llevar a cabo el lanzamiento de los cuerpos en las costas de San Antonio


El Mostrador

30 de Julio 2007

Corte Suprema rebaja condenas por homicidio de Juan Rivera Matus

Máximo tribunal acogió recurso de casación en el fondo fondo presentado por la defensa de los militares retirados condenados por el crimen del ex dirigente comunista.

La Segunda Sala de la Corte Suprema rebajó considerablemente las penas impuestas por el homicidio calificado del dirigente comunista Juan Rivera Matus, desaparecido en noviembre de 1975 por miembros del Comando Conjunto.

El máximo tribunal sentenció al general retirado de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) Enrique Ruiz Bunger y a el comandante (r) de la FACH Arturo Madrid Hayden a las penas de presidio remitido.

Por el mismo delito, el ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán Castilla y el oficial (r) Sergio Díaz López, el ex miembro de la DINE, fueron sentenciados a cuatro años de cárcel.

A este último se le otorgó el beneficio de la libertad vigilada, mientras que en el caso de Corbalán la pena deberá ser cumplida de forma efectiva.

En el fallo de segunda instancia, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago había condenado a los cuatro ex militares a diez años.

Rivera Matus, de 52 años al momento de su desaparición, estaba casado y tenía siete hijos. Se desempeñaba como técnico electricista en Chilectra, donde además era dirigente sindical.

Fue detenido el 6 de noviembre de 1975, por cinco hombres de civil a la salida de su trabajo.

El caso de Rivera Matus es considerado uno de los más emblemáticos en materia de violaciones a los derechos humanos, pues develó la inexactitud de la información entregada por las Fuerzas Armadas a la Mesa de Diálogo.

Si bien las ramas castrenses lo incluyeron en un listado de detenidos cuyos cuerpos habían sido arrojados al mar, la jueza Amanda Valdovinos determinó que sus osamentas habían sido enterradas en el fuerte Arteaga del Ejército, en Colina.

El Mostrador

29 de Agosto 2007

Mayor condena contra general retirado por crímenes en dictadura Operación Albania: Suprema confirma cadena perpetua contra Hugo Salas Wenzel

La Corte Suprema confirmó este martes la cadena perpetua contra el general retirado Hugo Salas Wenzel, otrora director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el crimen de doce frentistas en junio de 1987, en el marco de la Operación Albania.

Salas Wenzel fue sentenciado en calidad de responsable intelectual de los asesinatos, que se planificó como una de las venganzas por el atentado a Augusto Pinochet Ugarte, ocurrido en septiembre de 1986.

Con esta resolución, el otrora jefe del organismo represivo se transformó en el general retirado que ha recibido la mayor condena por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala (Penal) que también se pronunció sobre las condenas que el ministro Hugo Dolmestch dictó contra otros catorce ex uniformados que participaron en el operativo, también conocido como Matanza de Corpus Christi.

En tribunales se explicó que como Salas Wenzel comenzó a ser juzgado antes de que se modificara la ley, se le aplicará la cadena perpetua simple, lo que permite a partir de los 20 años de prisión pueda acceder a algún tipo de beneficio.

El máximo tribunal también decidió elevar de 15 a 20 años de prisión la condena contra el ex jefe operativo del organismo represivo Álvaro Corbalán Castilla, quien ya se encuentra cumpliendo prisión por otras violaciones a los derechos humanos perpetrados en la dictadura militar.

En tanto, mantuvo la condena a 10 años de presidio contra el comandante (R) de Carabineros Iván Quiroz Ruiz, mientras que aumentó de 7 años y un día a 8 años de prisión el castigo contra el ex agente de la CNI Enrique Neira Donoso.

Estos cuatro otrora miembros deberán cumplir con su castigo en prisión junto al ex agente Manuel Morales Acevedo, quien inicialmente había sido condenado a tres años de prisión pero la Suprema elevó su castigo a cinco años y un día.

En tanto, los ex agentes Luis Arturo Sanhueza Ross, Rodrigo Pérez Martínez, César Acuña Luengo, Patricio Miquel Carmona y Fernando Burgos Díaz fueron sentenciados a cinco años y un día de prisión, mientras que Eric Silva Reichart recibió una sanción de cinco años de cárcel.

Gonzalo Maas del Valle, José Miguel Morales Morales, René Valdovinos Morales, en tanto, fueron condenados a tres años de prisión, mientras que Hugo Guzmán Rojas recibió un castigo de 541 días de cárcel.

La Suprema también confirmó la absolución de 11 agentes que participaron en los operativos y que ya habían sido exculpados por Dolmestch y la Corte de Apelaciones de Santiago, entre los que se encuentran los ex agentes Kranstz Bauer y Jorge Vargas Bories, al igual que el ex fiscal de Carabineros Luis Acevedo.

En junio pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los parientes de las víctimas alcanzaron un acuerdo de reparación en el que el Fisco se comprometía a pagar una indemnización de $ 300 millones a cada grupo familiar.

Querellantes celebran decisión

El abogado Nelson Caucuto, representante de las víctimas, destacó que esta sea la primera condena perpetua para un militar con grado de general, lo que a su juicio revela "la gravedad de los hechos juzgados y la importancia de este caso".

"Hemos logrado establecer la verdad de lo acontecido y sanciones penales altas, donde hay una condena de presidio perpetuo y también finalmente hay reparación.

En una sola sentencia hemos logrado confluir los tres aspectos que comprende un concepto complejo como es la justicia, los que son la verdad, la sanción penal, y la reparación”, sostuvo.

“Me parece extraordinario haber cerrado este capítulo, con esta sentencias que ha dictado el máximo tribunal”, puntualizó.

El Mostrador

16 de Octubre 2007  

Elevan condenas a ex agentes de la CNI por homicidio de ex mirista

La Cuarta sala de la Corte de Apelaciones aumentó las penas que se habían dictado en primera instancia para los autores del crimen contra Fernando Vergara Vargas ocurrido en 1984.

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó penas de entre cinco y 10 años de prisión para seis ex agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) por el homicidio calificado del ex militante del MIR Fernando Vergara Vargas, registrado el 15 de diciembre de 1984 en Santiago. Según informó este martes el Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, el tribunal de alzada condenó a 10 años y un día a Luis Arturo Sanhueza Ross y a Jorge Ramírez Romero, y a cinco años y un día a Luis Gálvez Navarro y Francisco Orella Seguel.

Asimismo, la sala conformada por los ministros Jorge Dahm Oyarzún, Manuel Valderrama Rebolledo y el abogado integranteLuis Orlandini Molina, absolvió por falta de participación al ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla y a Aquiles González Cortés.

Además el fallo condenó al fisco a pagar una indemnización de 90 millones de pesos por daño moral a los familiares de la víctima. En primera instancia el ministro Juan Edurado Fuentes Belmar, el 23 de marzo de 2006, había condenado a los seis ex agentes, pero a penas inferiores en cada uno de los casos y se había rechazado demanda civil.

El asesinato de Fernando Vergara tuvo lugar en la esquina de las calles Santa Elvira con Sana Elena, cuando fue interceptado y baleado por los agentes en un supuesto enfrentamiento


El Mostrador

28 de Diciembre 2007

Confirman condenas contra agentes de la CNI por asesinato de José Carrasco

La más alta es para el otrora jefe operativo del organismo represivo,  mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, quien fue condenado a 18 años de  presidio. Otro de los condenados, a 13 años, es el prófugo oficial (r)  de Carabineros Iván Quiroz. El fallo sin embargo rechazó indemnizar a  los familiares del periodista y de otros tres profesionales asesinados  en 1986.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones confirmó este viernes, de  manera unánime, las condenas contra 14 ex agentes de la disuelta  Central Nacional de Inteligencia (CNI) por el asesinato del periodista  José Carrasco Tapia y otros tres profesionales, que se llevó a cabo  pocas horas después del fallido atentado contra el general (r) Augusto  Pinochet, ocurrido el 7 de septiembre de 1986.

El tribunal, integrado por los ministros Jorge Dahm, Víctor Montiglio  y el abogado integrante Jorge Lagos, confirmó de este modo el dictamen  que emitió el 29 de diciembre de 2006 el ministro en visita Haroldo  Brito también por los asesinatos del militante del MIR y artista  plástico Gastón Vidaurrázaga, y los militantes del Partido Comunista  (PC) Felipe Rivera Fajardo y el publicista Abraham Mufkatblit  Eidelstein.

La más alta condena, de 18 años y un día de prisión es contra el mayor  (r) del Ejército y ex jefe operativo de la CNI, y Alvaro Corbalán  Castilla, mientras que a trece años y un día están condenados el  capitan (r) del Ejército Jorge Vargas Bories y el mayor (r) de  Carabineros Iván Quiroz, quien permanece prófugo hace tres meses luego  que no se presentó a cumplir otra condena por su responsabilidad en el  caso conocido como Operación Albania.

En su calidad de coautores fueron condenados a ocho años y un día  Pedro Javier Guzmán Olivares, Gonzalo Fernando Mass del Valle, Kranz  Bauer, Jorge Enrique Jofré Rojas y Juan Alejandro Jonquera. En tanto,  cinco años y un día deberán pasar los ex agentes Víctor Hugo Lara  Cataldo, René Armando Valdovinos Morales, Víctor Manuel Muñoz  Orellana, Eduardo Martín Chávez Baeza, Guillermo Fascinetti López y  José Ramón Meneses Arcauz.

En tanto, el tribunal de alzada, también de manera unánime, rechazó  entregar una indemnización de $ 250 millones para cada una de las  madres, viudas e hijos de los profesionales, además de $ 75 millones  para cada uno de los hermanos.


El Mostrador

24 de Enero 2008

Dictan nuevos procesamientos por últimos desaparecidos de dictadura

Ministro Mario Carroza encausó a siete ex agentes de la CNI por la desaparición de cinco frentistas, secuestrados en represalia al rapto del coronel Carlos Carreño.

El ministro en visita Mario Carroza sometió a proceso a siete ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), por los secuestros calificados de cinco jóvenes militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en septiembre de 1987.

El magistrado encausó por distintos grados de participación en los secuestros de José Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ocurridos a partir del 1 de septiembre de 1987.

La resolución afecta a Juan Carlos Orellana Morales, Hernán Antonio Vásquez Villegas, Raúl del Carmen Durán Martínez, José Guillermo Salas Fuentes, Marco Antonio Pincheira Ubilla y Jorge Raimundo Ahumada Molina.

En la nómina también figura Iván Quiroz Ruiz, quien permanecía prófugo por el caso Operación Albania y que fue detenido la noche del miércoles.

Según el fallo, los primeros seis ex agentes enfrentan cargos como autores del secuestro calificado de Peña Maltés, mientras que Quiroz enfrenta fue encausado por el mismo caso, además de Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otarola.

La investigación da por probado que los cinco frentistas fueron secuestrados en represalia por el secuestro del coronel Carlos Carreño Barrera, entonces funcionario de la Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), perpetrado el 1 de septiembre de 1987.

De acuerdo a las pesquisas, los cuerpos de las cinco víctimas fueron arrojados al mar, para lo cual se utilizaron helicópteros del Ejército.

Otros procesados

Antes de dejar el caso y ascender a la Suprema, en mayo de 2007, el juez Haroldo Brito había encausado al general (R) Julio Cerda Carrasco, ex titular del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), y el oficial retirado Fernando Rafael Rojas Tapia, también integrante de la mencionada instancia castrense.

Como encubridores de las desapariciones, en tanto, procesó a Aquiles Navarrete Izarnotegui, Víctor Campos Valladares y Hugo Barría Rogers.

Y en septiembre de 2006, Brito encausó a doce ex agente de la CNI, entre los que se encuentran el general (R) Hugo Salas Wenzel, y sus subalternos el brigadier (R) Álvaro Corbalán Castilla y Krantz Bauer Donoso, como coautores del secuestro de Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola.

En aquella ocasión, el juez también procesó como coautores de los secuestros de Peña Maltés, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola a los ex agentes Manuel Ángel Morales Acevedo, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales.

A ellos se sumaron los ex miembros de la CNI Víctor Ruiz Godoy, Manuel Ramírez Montoya, Luis Sanhueza Ross, Luis Santibáñez Aguilera fueron encausados como coautores de los secuestros de Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete, y Muñoz Otárola.


La Nación

Martes 9 de septiembre de 2008

Sentencia definitiva de la Corte Suprema en caso de Fernando Vergara Vargas

Ejecutores CNI de joven mirista no irán a la cárcel

El fallo de última instancia mantuvo absolución de ex agentes Álvaro Corbalán y Aquiles González, y favoreció a otros cuatro con el recurrido beneficio de la “libertad vigilada”.

La Sala Penal de la Corte Suprema resolvió que ninguno de los autores del homicidio del militante del MIR, Fernando Vergara Vargas, cometido el 15 de diciembre de 1984 en Santiago por agentes de la CNI, deberá cumplir pena efectiva de prisión.

Si bien esta sentencia definitiva mantuvo la absolución dictada antes por la Corte de Apelaciones de Santiago de los ex agentes Álvaro Corbalán y Aquiles González, en el caso de los otros cuatro ex agentes les rebajó las condenas a cinco años de presidio, permitiendo con ello que calificaran para obtener el beneficio de la libertad vigilada, lo que les concedió.

Los favorecidos con esta medida son los ex agentes Luis Sanhueza Ros, Luis Gálvez Navarro, Francisco Orellana Seguel, y Jorge Ramírez Romero.

En todo caso Corbalán cumple presidio perpetuo simple (a los 20 años puede obtener beneficios) por el crimen del carpintero Juan Alegría, cometido para tratar de encubrir el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez. Corbalán también acumula otra condena de 20 años por la Operación Albania.

De esta manera el homicidio cometido en contra del encargado de las comunicaciones clandestinas del MIR y director de la Radio Liberación, quien había regresado a Chile en 1982 con identidad falsa tras un período de exilio, quedó sin responsables que cumplan pena efectiva de cárcel.

El crimen de Vergara intentó presentarse entonces por la dictadura como "enfrentamiento", pero la investigación judicial concluyó que fue un homicidio y un delito de lesa humanidad, que no prescribe por el tiempo ni puede ser amnistiado.

En esta causa estuvo muy cerca de resultar procesado el ex ministro y vocero del régimen opresor, Francisco Javier Cuadra.

Siete ex agentes declararon en el juicio que Cuadra llegó al lugar del crimen junto a Álvaro Corbalán, y que luego justificó públicamente la muerte con la versión falsa del enfrentamiento.

Cuadra lo negó, y el coronel (R) Aquiles González realizó el "lobby" a favor del ex ministro para que los ex agentes se desdijeran de sus dichos. No obstante, Orellana Seguel mantuvo su declaración inculpatoria en contra de Cuadra.

Los mismos ex funcionarios de la CNI relataron en la indagatoria la tarea realizada por Aquiles González a favor del ex ministro. La Radio Liberación logró interferir varias veces otras emisoras y canales de televisión para transmitir proclamas en contra del régimen militar.


La Nación

Viernes 14 de agosto de 2009    

Libres 11 ex agentes por crimen de Pepe Carrasco

También se disminuyó el castigo al ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Álvaro Corbalán y a los miembros del comando 11 de Septiembre, Jorge Vargas e Iván Quiroz.

Once ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) no irán a la cárcel.

Ayer la Corte Suprema resolvió que podrán cumplir en libertad vigilada las condenas que les impuso por su participación en los crueles asesinatos del periodista y editor de la revista Análisis José Carrasco Tapia, el técnico electrónico Felipe Rivera Gajardo, el profesor Gastón Vidaurrázaga Manríquez y el gerente de la editorial Cono Sur, Abraham Muskatblit Eidelstein.

Todos fueron ultimados entre el 8 y el 9 de septiembre de 1986 como venganza al frustrado atentado contra el dictador Augusto Pinochet.

El máximo tribunal acogió la atenuante de media prescripción, que otorga beneficios a quienes hayan sido detenidos después de la mitad del plazo que se espera para que una acción penal quede extinta.

De esta forma, los ministros rebajaron gradualmente las penas dictadas por el tribunal de alzada. Así el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, quedó condenado a 12 años de cárcel, obteniendo un descuento de seis años.

La misma suerte corrieron los miembros de la brigada 11 de Septiembre: Jorge Vargas Bories e Iván Quiroz Ruiz, a quienes se les bajó de 13 a siete años la condena.

Pero, sin duda, los que recibieron la mayor prerrogativa fueron los agentes operativos del organismo represor y quienes ejecutaron a los cuatro profesionales.

Se trata de Pedro Guzmán Olivares, Gonzalo Maas del Valle, Kranz Bauer Donoso, Jorge Jofré Rojas, Juan Jorquera Abarzúa, Víctor Lara Cataldo, René Valdovinos Morales, Víctor Muñoz Orellana, Eduardo Chávez Baeza, Carlos Alberto Fachinetti López y José Ramón Meneses Arcauz.

Los 11 agentes fueron condenados a 5 años, sin embargo, no estarán un sólo día tras las rejas, pues quedaron el libertad bajo la vigilancia de Gendarmería.

Sobre las reparaciones económicas a las familias, el fisco ya había acordado pagar $210 millones a los familiares de José Carrasco y la misma suma a los parientes de Gastón Vidaurrázaga, $270 millones a los de Abraham Muskablit y otros $90 millones a los de Felipe Rivera Gajardo.

El abogado querellante Nelson Caucoto llamó a mirar la resolución desde una perspectiva positiva, pues es un juicio en el cual se llegó a la verdad y hubo reparación.

"Nos queda pendiente el tema de la sanción penal, creemos que para crímenes horrorosos debe haber penas más sustantivas y mucho más elevadas", dijo.

Agregó que "nos estamos acostumbrando con muy poco" frente al escenario que vivieron las víctimas "en una noche en que la CNI y la policía se volvieron locas en este país".

Finalmente, dijo que esta causa quedará consagrada en la historia con una sentencia condenatoria, con una pena respetable para los jefes.

"Hay que destacar que los jefes están siendo más condenados que los subordinados, lo que me parece un criterio correcto", señaló Caucoto, quien definió este crimen como "uno de aquellos imperdonables".


liberacion.cl

Miércoles 30 de septiembre de 2009   

Los crímenes de Hualpén y la Vega Monumental

Este 23 de septiembre, día en que recordamos 24 años del homicidio con explosivos de Jaime Orellana y Nelson Lagos en Chillán, se realizaron las reconstituciones de escena de los crímenes cometidos por los militares de las Fuerzas Armadas en comisión de servicio en la CNI donde con dedicación exclusiva procedían a planificar y ejecutar homicidios, algunos masivos como el del 23 de Agosto de 1984.

Con un gran despliegue policial en que participaron numerosos efectivos de la PDI - algunos extrañamente encapuchados como en dictadura- y los efectivos del GOPE se llevó a efecto la reconstitución de escena a cargo del Ministro Carlos Aldana quien en compañía de su abogado secretario David Bravo y la Abogada del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior Señora Magdalena Garcés participaron a objeto de esclarecer los hechos criminales en que fueron ejecutados los dirigentes de la zona Sur del MIR el 23 de agosto de 1984.

En cada lugar donde se efectuaron las diligencias –Hualpén, Concepción y San Pedro - estuvieron presentes además de sus familiares y amigos, la Agrupación de Ejecutados Políticos del MIR de Concepción y organizaciones sociales de Hualpén. Se congregó numeroso público del sector y prensa de los distintos medios de comunicación que desde la distancia, -acordonada por los efectivos- estuvieron atentos a los movimientos que describían los hechos ocurridos en esos homicidios. Recordemos que en esta fecha fueron ejecutados siete compañeros miembros de la dirección Sur del MIR en la Operación denominada Alfa Carbón 1 por los Servicios de Seguridad de ese entonces cuyo objetivo era eliminar a los miembros de esa dirección del MIR.

Durante ese Operativo simultáneo fueron asesinados en Concepción Nelson Herrera y Mario Lagos, y en Hualpén Luciano Aedo Arias, en Los Ángeles Mario Mújica y en Valdivia (Juan José Boncompte, Rogelio Tapia y Raúl Barrientos.

Los ejecutores miembros de la CNI fueron comandados por Marcos Derpisch Miranda: Teniente Coronel de Ejército a cargo del operativo y secundado por Hugo José Hechenleitner

Teniente Coronel de Ejército, quienes comparecieron hoy al lugar de los hechos junto a otros cinco miembros de la ex CNI para reconstituir los hechos en la calle Grecia esquina Nápoles en la actual Comuna de Hualpén donde fué asesinado Luciano Aedo Arias.

Algunos de los nombres del escuadrón de la muerte que participaron en el operativo Alfa Carbón 1 en Concepción:

1. Marcos Derpisch Miranda: Teniente Coronel de Ejercito a cargo del operativo. Hoy continúa trabajando en la DINE , (Dirección de Inteligencia del Ejercito).

2. Hugo José Hechenleitner: Teniente Coronel su chapa era Antonio Martínez López.

3. Claudio Rodrigo Rosas Fernandez: Teniente Coronel de Ejército.

4. Víctor Manuel Muñoz Orellana: Sub Oficial del Ejercito su Chapa era Jaime Ricardo Marinovic Palma y fué quien disparó a Luciano Aedo.

5. Álvaro Corbalán Castilla (Mayor de Ejercito). Hoy preso en el Rissort de Punta Peuco.

6. Francisco Zúñiga Acevedo: Oficial de Ejercito. Ya fallecido, se fue sin pagar.

7. Jorge Mandiola Arredondo: Mayor de Ejercito.

8. Carlos Palma: Sub Oficial de Ejercito.

9. Leandro Montenegro (Sub Oficial de Ejercito) alias Farias.

10. Jorge Vargas: Civil.

11. Miguel Gajardo: Civil.

12. Andres Caris: Sub Oficial de Carabinero.

13. Egon Barra: Cabo de carabinero.

14. Rosa Humilde Ramos: Sub Oficial de Ejercito. La más temida dentro de sus pares. Le dicen " La Mala ".

15. Teresa Osorio: Sub Oficial de la Armada.

Estos son los que actuaron en la matanza de Concepción y Hualpén acompañados otro numeroso contingente de efectivos CNI, Ejercito, Carabineros y soplones.

En el caso de Los Ángeles donde asesinaron a Mario Mujica participaron en el numeroso contingente de malhechores:

1.- Bruno Antonio Soto Aravena

2.- José Artemio Zapata Zapata.

Actualmente se cree que uno de ellos dicen no se ha podido establecer cual, se encuentra viviendo en Los Ángeles y el otro en Concepción. Un tiempo breve los detuvieron y estuvieron presos, pero por supuesto al poco tiempo los soltaron y hoy gozan de plena libertad.

Después de concluir en Hualpén la comitiva se trasladó al sector de la Vega Monumental donde fueron ejecutados Nelson Herrera y Mario Lagos luego de haberse rendido y descendido con las manos en alto desde el Taxi bus en que viajaban. Este hecho es una muestra clara de cómo se violaron los derechos del detenido que desarmados y sin capacidad de respuesta armada fueron acribillados en presencia de los transeúntes y pasajeros del Bus en que viajaban, lo que constituye un doble homicidio.

Después de terminada la reconstrucción en Hualpén y Concepción el Ministro y su equipo de trabajo se trasladaron hasta la Población el Recodo en el camino a Santa Juana donde la CNI procedió a allanar la casa de la familia de Nelson Herrera en la que resultara detenida su esposa Patricia Zalaquet.

Hoy el Ministro Aldana ha obtenido en presencia de los imputados los detalles y características de estos crímenes que fueron presentados en esa época a la opinión pública como “enfrentamientos” de terroristas contra funcionarios de la CNI , aún cuando estos malhechores habían viajado expresamente desde Santiago para cometer los ilícitos.

Cabe hacer notar como lo hizo a la prensa el propio Ministro Aldana que este caso judicial se encontraba en la archivado en la Fiscalía Militar desde donde fue recuperado al parecer por el Departamento de Derechos Humanos del Gobierno para trasladarlo a manos de la Justicia Civil quien ahora tendrá la labor de procesar y dictar sentencia aunque el mismo Ministro señalara que no descarta nuevas diligencias.

Los Familiares de Ejecutados Políticos del MIR en Concepción esperamos mucho del señor Ministro, hasta el momento todas sus conclusiones en otros casos inculpan solo a los ejecutores materiales, al ultimo eslabón de la cadena de mando, al que haló del gatillo, dejando impune a los autores intelectuales y mandantes que daban las ordenes de asesinar, por ello es que esperamos que esta cadena del mando llegue hasta los Altos Mandos de las instituciones que disponían de aparatos de inteligencia con dedicación exclusiva para cometer crímenes y esos están incluso más arriba del propio Álvaro Corbalán Castilla (quien se excusó de asistir aunque participó en los hechos), por cuanto este bandido no se mandaba solo. Hoy trascendió que el Ministro habría sometido a proceso el segundo al mando de la CNI al que habría enviado en calidad de detenido al Regimiento Chacabuco, hasta el momento de escribir esta nota era solo un trascendido. Las órdenes de asesinar en una institución armada altamente jerarquizada y centralizada solo podia provenir desde el Estado Mayor de la Inteligencia con la debida aprobación y autorización del Gobierno de facto de los militares golpistas.

Llama la atención que los ex dirigentes del MIR de ésa época una vez más no estén presentes apoyando a los familiares ni se hagan parte en las querellas por verdad y justicia, ni acometan iniciativas contra la impunidad, es posible que anden a la caza de votos en lugar de cazar criminales.


La Nación

28 Enero 2010

Juez procesa a ex jefe CNI por torturas a Aguiló

El ministro de fuero Alejandro Solís definió, en su resolución, los apremios sufridos por el diputado PS como un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, como “imprescriptibles e inadmistiables”.

El ex jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán, fue encausado como autor de los apremios contra el actual diputado socialista Sergio Aguiló, ocurridos en 1981 cuando era militante de la Izquierda Cristiana (IC).
“En mi criterio, la tortura es un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, es imprescriptible y sería inadmistiable. Entonces, con ese propósito es que dentro del auto de procesamiento comencé por definir la tortura dentro de las normas de los tratados internacionales, llegando a la conclusión que corresponde exactamente a los maltratos que se le proporcionan a los prisioneros o detenidos en los tratados”.

Con estas palabras el ministro de fuero Alejandro Solís explicó el alcance del concepto tortura, en la resolución dada a conocer ayer, donde encausó al ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán, al brigadier (R) Roberto Schmied, al coronel (R) Alejandro Morel y al suboficial de Carabineros (R) Manuel Gallardo como autores de los apremios contra el actual diputado socialista Sergio Aguiló Melo, ocurridos en 1981 cuando era militante de la Izquierda Cristiana (IC).

Asimismo, procesó a los agentes Sergio Díaz y Carlos Ruperto Contreras como cómplices del mismo hecho que tuvo lugar “el 4 de diciembre de 1981 (…) cuando lo trasladan al recinto de calle Borgoño (de Investigaciones), en cuyo subterráneo, con la vista vendada, fue torturado durante diez días, mediante la aplicación de corriente eléctrica en su cuerpo, mientras era interrogado sobre sus vínculos con la IC y para que delatara a sus miembros”, reseña la resolución.

Todos los procesados -menos Corbalán, que cumple condena por diversos casos de violación de los derechos humanos- fueron notificados, detenidos y se les impuso una fianza como condición para concederles la libertad, previa consulta a la Corte de Apelaciones de Santiago.
Fernández “desentendido”

En la querella presentada por Aguiló, siempre se sostuvo que el decreto que autorizó su detención -que lo mantuvo cuatro meses en la cárcel con temor a que le hicieran algo a su pequeña hija de un año y su esposa- fue firmado por el entonces ministro del Interior Sergio Fernández, quien a su juicio tenía responsabilidad en los hechos como cómplice. Pese a esto, el juez Solís no lo encausó. Al respecto, el magistrado sostuvo que la otrora autoridad del régimen militar reconoció que a él le proporcionaban las nóminas respecto a los arrestos pero que tras firmarlos “él se desentendía del paradero que pudiera tener cada caso”.

Las secuelas sicológicas y físicas de Aguiló, además de los testimonios de otros detenidos y del actual senador Ignacio Walker -quien en su calidad de abogado de la Vicaría de la Solidaridad lo liberó en abril de 1982- fueron consideradas por el ministro para dictar esta resolución.


El Mostrador

18 de Marzo 2010

Condenan a ex agentes de la CNI por muerte de opositores en 1981

Dentro de los implicados figuran Álvaro Corbalán Castilla, Alejandro Astudillo Adonis, Fernando Rojas Tapia y Enrique Sandoval Arancibia.

La justicia condenó este martes, en primera instancia, a cuatro ex agentes de la dictadura de Augusto Pinochet por la muerte de cuatro opositores asesinados en 1981 en los alrededores de Santiago, informaron fuentes judiciales.
El juez Joaquín Billard sentenció a doce años de prisión a Álvaro Corbalán Castilla y a Alejandro Astudillo Adonis, ambos ex miembros de la temible Central Nacional de Inteligencia (CNI).
Además, fijó seis años de presidio para Fernando Rojas Tapia y para Enrique Sandoval Arancibia, también ex agentes de la CNI.

En cambio, Luis Correa Soto, procesado en este caso, fue absuelto al acreditarse su falta de participación en los hechos.

Los cinco habían sido procesados en abril de 2008 por los homicidios de cuatro militantes de izquierda ocurridos el 10 de noviembre de 1981 en el sector cordillerano de Las Vizcachas.
Las víctimas eran Juan Ramón Soto Cerda y Jaime Alfonso Cuevas Cuevas, ambos militantes del Partido Socialista, y Luis Pincheira Llanos y Nelson Luis Araneda Loaiza, que eran miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Sus cuerpos fueron hallados en un automóvil incendiado frente a la casa del entonces ministro de Relaciones Exteriores, René Rojas.

Según organizaciones de izquierda y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, los cuatro militantes fueron asesinados tras ser detenidos por la policía secreta, que después incendió el automóvil y escenificó en el lugar un falso enfrentamiento.

Un peritaje de la Policía de Investigaciones acreditó que las víctimas no causaron los impactos que recibió el automóvil de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), como la dictadura quiso hacer creer en ese tiempo.
El juez también determinó que el Fisco y los cuatro condenados deben entregar solidariamente a siete familiares de las víctimas 30 millones de pesos


Radio universidad de Chile

8 de Octubre 2010

Magistrado Carroza imputa a cinco ex miembros de la CNI por casos de detenidos desaparecidos

Fueron cinco las acusaciones que dictó el ministro en visita Mario Carroza en contra de ex agentes de la CNI por la desaparición de un grupo de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el último ocurrido durante la dictadura que encabezó Augusto Pinochet.

Entre los acusados están el ex general de Ejército Hugo Salas Wenzel, además del ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, y los agentes Kranz Bauer, Arturo Sanhueza Ross e Iván Quiroz Ruz.
Los militantes del FPMR desaparecidos son Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Manuel Sepúlveda Sánchez, Alejandro Pinochet Arenas y Julián Peña Maltés.

En la acusación presentada por el ministro Carroza afirma que los cinco frentistas fueron detenidos para realizar un canje con el entonces secuestrado teniente coronel Carlos Carreño.


Cómo El Mercurio intentó encubrir las desapariciones de Sergio Ruiz Lazo

Invitado por el programa Entrevista del Domingo de Televisión Nacional, el pasado 30 de noviembre, el alcalde de Santiago e incombustible presidenciable, Joaquín Lavín, dijo impertérrito que de haber tenido responsabilidades de editor en Canal Trece no hubiera autorizado la entrevista de Gemma Bueno, en la que entregó antecedentes confirmatorios acerca de la participación del senador quetejedi en las bacanales pedófilas de Claudio Spiniak.

Encomiable actitud encaminada a preservar la honra de las personas.

El problema consiste en que no hizo lo mismo el domingo 20 de marzo de 1988, cuando, en su calidad de editor general de El Mercurio y por tanto al mando del turno de fin de semana autorizó la publicación de la crónica publicada al día siguiente en la página A 11, denominada Detenidos Desaparecidos Sumergidos Voluntariamente, un montaje atribuido a las consabidas "fuentes de organismos de seguridad" que tenía por finalidad desviar la atención de la opinión pública acerca de la detención seguida de desaparición de seis personas, acaecida entre el 21 de diciembre de 1984 y la primera quincena de septiembre de 1987, de los cuales dos, Sergio Ruiz Lazo y Julio Orlando Muñoz Otárola, aparecen mencionados entre los presuntos "sumergidos voluntariamente".

Aun más, convocado a estrados judiciales para identificar al autor de dicho reportaje, adujo ignorarlo puesto que "no necesariamente el periodista que recibió esta información estuvo de turno esa semana, ni tampoco que haya tomado contacto con el editor de turno ese fin de semana, ya que el referido artículo puede haber sido escrito con anterioridad", versión que no resiste el menor análisis, como hasta un estudiante de primer año de Periodismo puede atestiguar.

Los últimos desaparecidos de la dictadura

Conforme establece el proceso 143.671-1 del Tercer Juzgado del Crimen, Sergio Fernando Ruiz Lazo, casado, dos hijos, técnico textil y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario, fue detenido el 21 de diciembre de 1984 por efectivos de la Central Nacional de Informaciones, quienes lo condujeron al cuartel de calle Borgoño, donde, tras sufrir brutales torturas, se pierde su rastro desde entonces.

Testigos de su permanencia en el referido cuartel son Clemente Maldonado González y Omar Mondaca Sepúlveda, detenidos por aquella fecha en el mismo recinto. A fojas 7 del proceso, rola la siguiente declaración de Maldonado: "Yo me encontraba en malas condiciones por el trato recibido, pero esta otra persona, Ruiz, de quien decían que era del MIR, no salía ni siquiera al baño; se quejaba mucho y al parecer estaba grave". En declaración que rola a fojas 25, precisó: "Desde el día que llegué y por varios días, escuché que los funcionarios le preguntaban a otro detenido que había en la celda del lado si pertenecía al MIR, y éste contestaba que sí. Pasados algunos días, le preguntaron su nombre y éste manifestó llamarse Sergio Ruiz Lazo. Yo, a pesar de que me encontraba muy mal debido a los malos tratos y torturas recibidos, logré percatarme de esto".

El recurso de amparo entablado por el padre de Sergio Ruiz Lazo corrió la misma suerte que los miles de ellos presentados durante la dictadura, en un desesperado intento de salvar vidas. Bastó un oficio de la CNI, negando la detención de Ruiz Lazo, para que la Corte de Apelaciones, en fallo suscrito por los ministros Raquel Camposano, Luis Correa Bulo y el abogado integrante Orlando Alvarez, declarara sin lugar el amparo, sin perjuicio de remitir los antecedentes al Tercer Juzgado del Crimen, que abrió el expediente 143.671-1.

Con posterioridad, en uno de los importantes golpes contra el FPMR, que por entonces atravesaba por el proceso de división, entre los días 9 y 10 de septiembre de 1987, en el marco de los operativos desencadenados por el secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño, agentes de la CNI detuvieron a cinco de sus militantes: José Julián Peña Maltés, Julio Orlando Muñoz Otárola, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Alejandro Alberto Pinochet Arenas y Gonzalo Iván Fuenzalida Navarrete, quienes permanecen desaparecidos hasta hoy.

En el proceso por las desapariciones de José Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas, el Ministro en Visita Hugo Dolmetsch sometió a proceso al mayor general de Ejército Hugo Salas Wenzel, al teniente coronel de Ejército Krantz Bauer Donoso, al mayor de Ejército Alvaro Corbalán Castilla, al capitán de Ejército Luis Sanhueza Ros, a los suboficiales de Ejército Manuel Rigoberto Ramírez Montoya y René Valdovinos Morales y a los empleados civiles de Ejército César Acuña Luengo, Manuel Morales Acevedo, Luis Santibáñez Aguilera y Víctor Ruiz Godoy.

Nuevas hazañas mercuriales

Entretanto, el proceso por la desaparición de Sergio Ruiz Lazo languidecía sin mayores avances, hasta que el 21 de marzo de 1988 apareció publicada en El Mercurio la crónica mencionada, que en su párrafo inicial, señaló: "fuentes oficiales de los organismos de seguridad denunciaron que un número significativo de personas a las que se ha sindicado como detenidas desaparecidas han sido vistas en libertad y son perfectamente ubicables. La razón es que el origen de la situación responde frecuentemente a denuncias erróneas o falsas, o a la particular conveniencia de los presuntos afectados, que se transforman en ‘sumergidos voluntarios’, señalaron".

A mayor abundamiento, la crónica de marras agregó: "’los movimientos subversivos, terroristas y marxistas leninistas, como medida de seguridad para militantes como para el organismo, en el desarrollo del trabajo clandestino, sumergen a determinados componentes con la finalidad de evadirlos a las investigaciones de los organismos policiales y de seguridad’, indicó la fuente".

En la peculiar condición de "sumergidos voluntarios" identificó a Paola Drago Camus, Sergio Ruiz Lazo, Andrés Orlando Colque García, Julio Orlando Muñoz Otárola y Gabriel Alfonso Flores Rivera, todos los cuales habían experimentado diversas situaciones represivas.

Evidentemente, se trata de uno de los típicos montajes de los organismos de seguridad, que con la complicidad de la prensa uniformada apuntaban a encubrir las graves violaciones de los derechos humanos, numerosos ejemplos de los cuales fueron publicados en El Siglo N°1164.

Esta conducta contumaz parece haberse arraigado en un nivel casi genético en las prácticas periodísticas de El Mercurio, toda vez que también se la puede apreciar en la manera oblicua como ha intentado, vanamente por cierto, desviar la atención sobre la presunta participación de parlamentarios de la UDI en la red de pedofilia de Spiniak.

Ejemplos de esa conducta son la insólita entrevista al propio Spiniak, publicada el 11 de noviembre pasado, que aparentemente no tenía otro objeto que recoger su afirmación de que "no tengo amigos políticos ni empresarios ni nadie de nivel alto", y la reciente versión, publicada el domingo 7 del presente, en el cuerpo de Reportajes, en el sentido de que "la semana pasada el senador cuestionado habría realizado una audaz y secreta jugada que resultó clave para el devenir de la investigación que conduce Muñoz: reunirse con el ministro en visita -a quien conoce desde hace años por investigaciones anteriores- para demostrarle físicamente que no posee las marcas que la joven Gemita Bueno asegura que tiene en su espalda y genitales, lo que habría acompañado de un set de fotografías", atribuida por cierto a las consabidas fuentes no identificadas, y que ha recibido desmentidos de todos los actores presuntamente involucrados, incluido el del Ministro en Visita Sergio Muñoz.

¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad?

Retomando el caso en comento, lo cierto es que la familia de Sergio Ruiz Lazo no estuvo dispuesta a dejar pasar la canallesca imputación de "sumergimiento voluntario", y mediante escrito presentado por el abogado Nelson Caucoto solicitó al tribunal oficiar al director de El Mercurio, para determinar el nombre del autor de la crónica y la identificación de las "fuentes oficiales de los servicios de seguridad", y al director de la CNI para verificar si ese organismo entregó la información al periódico susodicho.

La respuesta del director subrogante de El Mercurio, Juan Pablo Illanes, al oficio de la jueza Dobra Lusic, recibida por el tribunal el 7 de abril de 1988, fue escueta y contundente:

"En respuesta a su oficio N°553 de fecha 26 de marzo ppdo., relacionado con la causa N°141.671-1, que se tramita en ese tribunal, me permito informar a US que la crónica aparecida el día 21 de marzo pasado fue despachada por el reportero de turno en la sección correspondiente, bajo la supervisión del Editor de Informaciones, Joaquín Lavín Infante".

Citado por el tribunal, el entonces insospechado candidato, disfrazado de periodista y de editor de informaciones, por demás, compareció el 10 de mayo de 1988, donde despachó algunas añagazas y carantoñas de antología.
A modo de ejemplo, farfulló: "en relación a la información proporcionada por el diario el día 21 de marzo, debo señalar que ignoro por quién fue proporcionada debido a que cada información es escrita en una pantalla de computador y revisada posteriormente por jefes y editores, quienes la cambian, reducen o agregan nuevas materias y finalmente la decisión de publicarla depende del editor de informaciones".

O sea, hay pero no queda. Luego, contradiciendo a Illanes, agregó: "los fines de semana queda un equipo a cargo de un editor de turno que ignoro quién sea en este caso, no obstante lo averiguaré, o por lo menos lo intentaré". Pero todavía más pueril es la excusa que sigue: "en todo caso debido al sistema computacional con que hoy funciona el diario, luego de tres días que un artículo es publicado, el archivo es borrado completamente por el computador, por lo que no queda registrado el nombre de la persona que escribe cada cosa que se publica (SIC)".

Si, llegado el caso, este caballero gobernara el país con la misma eficiencia con que se desempeñó como editor, Dios nos pille confesados.
El comprahuevos mercurial culminó con la comparecencia de Juan Pablo Illanes, quien aseveró: "no podría señalar al tribunal qué periodista es el autor de la crónica, ya que ni siquiera puedo asegurar que esta crónica tenga un solo autor, ya que la información provino de distintos periodistas, enseguida algunos editores participaron de la corrección y finalmente algún editor o jefe participó en la publicación definitiva y sus ajustes finales", en lo que constituye un involuntario reconocimiento de lo que se ha dado en llamar "periodismo en piño".

Naturalmente, el entonces vice director de la CNI, brigadier Humberto Leiva, respondió al tribunal, con fecha 17 de mayo de 1988, "que este organismo no ha entregado información al diario El Mercurio en relación a detenidos desaparecidos sumergidos voluntariamente que posteriormente serían perfectamente ubicables".

Las huellas de la Brigada Azul

El proceso 143.671-1 entró en un prolongado período de estancamiento, hasta que la tenacidad del abogado Caucoto logró que el tribunal obtuviera la nómina del personal de la CNI de turno en el cuartel Borgoño en la fecha de la detención de Sergio Ruiz Lazo.

Dicho antecedente, sumado a otros que aparecieron en la investigación del asesinato de Fernando Vergara Vargas, militante del MIR ejecutado en un falso enfrentamiento el 15 de diciembre de 1984, enfocó la investigación hacia la denominada Brigada Azul de la CNI, un equipo represivo integrado por seis o siete grupos operativos de tres o cuatro personas, que se encargó de la represión del MIR hasta 1989.

Esbirros de esta agrupación aparecen implicados en los asesinatos de Paulina Aguirre Tobar, ejecutada en falso enfrentamiento el 27 de marzo de 1985, en su domicilio de calle Pastor Fernández N°16.100, Las Condes, y de Jécar Neghme Cristi, ejecutado el 4 de septiembre de 1989, frente al número 14 de calle Bulnes.

En virtud de los antecedentes que obran en los procesos por los asesinatos de Fernando Vergara, Paulina Aguirre y Jécar Neghme, así como los que rolan en el proceso 143.671-1, por la desaparición de Sergio Ruiz Lazo, se puede establecer fehacientemente que la Brigada Azul de la CNI dependía del mando operativo del mayor (R) Alvaro Corbalán Castilla, condenado a perpetuidad por el asesinato de Juan Alegría Mundaca y procesado en numerosos casos, entre los que destacan la Operación Albania y la desaparición de los cinco militantes del FPMR de septiembre de 1987.

Entre los integrantes de esa agrupación represiva aparecen mencionados los oficiales de Ejército Krantz Bauer Donoso, Luis Arturo Sanhueza Ross, Aquiles González Cortés, Miguel Angel Soto Duarte y Luis Rojas, y los agentes Luis Gelvez Navarro, Francisco Orellana Seguel, Jorge Ramírez Romero, Manuel Ramírez Montoya, Raúl Durán Martínez, Rosa Humilde Ramos Hernández, José Salas Fuentes, Orlando Torrejón Gatica, Haroldo Veloso, Patricio González, Carlos Miranda, Verónica Ceballos y Cecilia Ahumada.

Al cierre de la presente edición la jueza del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Graciela Gómez, se aprestaba a ordenar una nueva ronda de diligencias en el proceso 143.671-1. En caso de que le permitan dictar autos de procesamiento, lo seguro es que sus nombres estarán en la lista precedentemente citada. También es seguro que Joaquín Lavín continuará impertérrito su carrera hacia la candidatura presidencial, aunque ahora disfrazado de independiente.

Municipalidad de Santiago: Los encargados de la "seguridad"

Joaquín Lavín se ha encargado de llenar de "seguridad" la comuna de Santiago, siendo éste uno de sus más socorridos recursos para publicitar los supuestos logros alcanzados en su gestión. Sin embargo, la realidad dista de ser el éxito publicitado por los seguidores del alcalde-candidato.

Probado está que las decenas de casetas rojas no han contribuido a mejorar la situación de inseguridad que viven los santiaguinos, llegando incluso a existir denuncias de algunos vecinos que hablan del mal uso que le dan los guardias a dichas estructuras. También ocurre algo similar con las camionetas de patrullaje y los inspectores de rojo que pasean por los lugares más céntricos de la capital.

Fiel a su doctrina neoliberal, Lavín ha privatizado más del 70 por ciento de la seguridad municipal, pasándola a manos de la Corporación de Desarrollo de Santiago (CORDESAN) bajo el mando de Hernán Cáceres Sanhueza, un conocido militante UDI que comenzó en un cargo similar al interior del municipio. También existe un Comité Técnico de Seguridad, bajo la dirección de la UDI Carmen Domínguez, en la que destacan Juan García e Iván Valenzuela Reinoso, quienes trabajan el tema de la seguridad con los comités comunitarios y las juntas de vecinos. En el municipio continúan a cargo del tema Manuel Silva Finzi, jefe operativo que cumplió un oscuro rol en el Cementerio General en años de dictadura, y Jorge Altimira Ortega, actual Director de Seguridad e Informaciones, que responde directamente ante el alcalde.

La estructura de la seguridad municipal cuenta mayoritariamente con personal en retiro de las FF.AA. y Carabineros, como el capitán (R) de Ejército Julio Hernández San Martín, a cargo de la Dirección de Proyectos Especiales, que incluye la seguridad de comunidades y edificios y la coordinación de los módulos, como se denomina a las vistosas casetas rojas. Otro es el mayor (R) de Ejército Julio Pizarro Morales, que actúa como supervisor operativo de los módulos y prepara un plan especial de seguridad para el próximo año en los colegios. También aparece el mayor (R) de Ejército Zaide Campos, a cargo de la mantención de los móviles, y el teniente (R) Sergio Saavedra Olmedo, subdirector de Seguridad, famoso al interior del municipio por una extraña impunidad que le rodea y por ser "sobreviviente" de los tiempos del alcalde designado Carlos Bombal. En la coordinación de módulos también trabaja Hernán "fonola" Sandoval, un ex asesor directo de Lavín que cayó en desgracia por algunos manejos turbios de dineros, pero que recibió como sanción solamente un cambio de lugar de trabajo.

Donde más se ve la cercanía de los encargados de la seguridad con posibles delitos de tráfico de drogas y corrupción es en los móviles y las casetas rojas. Entre los inspectores de "seguridad e informaciones", algunos hacen alarde de haber pertenecido a la CNI, como Jorge Salvatierra, que ingresó al municipio en tiempos de Ravinet, o Roberto Matthies, conductor de confianza de Lavín. También son conocidos los ex suboficiales de las instituciones armadas Luis Coveña, Claudio Campos, José Barra y Miguel Arenas, algunos con una cincuentena de anotaciones positivas en su hoja de vida funcionaria, en las que se destacan alabanzas a su "labor cumplida", lo exitoso de su "procedimiento" y el orgullo que son para sus familias, claro que nada dicen de que algunas de estas labores han terminado con menores de edad internados en estado grave en la Posta Central, cuando los señores de la "seguridad" han sobrepasado todos sus límites y, actuando en forma paralela a Carabineros, han realizado procedimientos policiales que no les están permitidos. Así, es común ver a los inspectores bajarse apresuradamente de sus vehículos para golpear a jóvenes "por sospecha" o a uno que otro "curadito" que circula por las noches de la capital.

La relación de Joaquín Lavín con la dictadura, a pesar de sus intentos por esconderla, aparece cada vez más cercana. Sus vínculos con ex uniformados y agentes de seguridad así lo prueban.


La Nacion

27 de Diciembre 2011

NUEVA ACUSACIÓN POR SECUESTRO CONTRA ÁLVARO CORBALÁN

El ministro en vista de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid dictó acusación en la investigación por el secuestro calificado de Sergio Ruiz Lazo (21 de diciembre de 1984) contra los ex agentes de la (CNI) Álvaro Corbalán Castilla y Aquiles González Cortés.
Martes 27 de diciembre de 2011| por Nación.cl

El ministro en vista de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Madrid Crohare dictó acusación en la investigación por el secuestro calificado de Sergio Ruiz Lazo, ocurrido el 21 de diciembre de 1984, en la Región Metropolitana. El magistrado responsabilizó del delito a los ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Álvaro Corbalán Castilla y Aquiles González Cortés .

La investigación judicial determinó que: “El día 21 de diciembre de 1984, en una hora indeterminada, dejó de verse y de tenerse noticias de Sergio Fernando Ruiz Lazo, quien pertenecía al Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, y al que otras personas que se encontraban privadas de libertad, a la fecha, en el recinto de la Central Nacional de Informaciones (CNI) -órgano de inteligencia del Gobierno de la época-, conocido como Cuartel Borgoño, donde operaba específicamente la Unidad identificada como Azul de dicho órgano; dicen haber oído mencionar por agentes aprehensores en dicho lugar, o bien haber tenido información a su respecto; permaneciendo éste por un espacio indeterminado de tiempo en dicho recinto de detención, para ser posteriormente sacado con destino desconocido, no volviendo a tenerse noticias de él, hasta el día de hoy”.

La acusación fue notificada a la parte querellante y al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para que determinen si adhieren a la formulación de cargos o presentan acusación particular.


Radio BioBio

05 de Diciembre 2013

Condenan a ex agentes CNI por secuestro de militante del MIR

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, dictó sentencia de primera instancia por el secuestro calificado de Sergio Ruiz Lazo, ocurrido a partir de diciembre de 1984, en la Región Metropolitana.

En la resolución de la causa, el magistrado condenó a 8 años de presidio efectivo a los ex jefes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Álvaro Corbalán Castillo y Aquiles González Cortés por su responsabilidad, en calidad de autores, del delito de secuestro calificado.

En el aspecto civil, el fallo acoge la demanda presentado por familiares de la víctima en contra del fisco, ordenando el pago de una indemnización de 70 millones de pesos.

De acuerdo a los antecedentes de la causa, se logró establecer que Sergio Fernando Ruiz Lazo pertenecía al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), al menos desde el año 1972 y, a consecuencia del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, fue detenido en diferentes oportunidades, abandonando el país en calidad de exiliado político, radicándose en Francia.

También que estando en Francia participó en diversas reuniones de carácter político y regresó clandestinamente al país en 1983, entrando y saliendo en varias oportunidades, también en forma ilegal, ingresando nuevamente al territorio nacional los primeros días de diciembre de 1984, manteniendo contacto con sus familiares y/o compañeros de partido hasta el día 20 de diciembre de 1984.

Y, finalmente, que a contar del 20 de diciembre de 1984 se perdió todo contacto con el indicado Ruiz Lazo, pero otras personas que se encontraban privadas de libertad a esa fecha en el recinto conocido como “Cuartel Borgoño”, que pertenecía a la Central Nacional de Informaciones (CNI), órgano de inteligencia del Gobierno Militar de la época, donde operaba específicamente la Unidad Azul, encargada de la represión del indicado movimiento MIR, escucharon en forma directa o a través de agentes de dicho órgano que se encontraba recluido en dicho recinto en esa misma fecha, siendo sometido a interrogatorios bajo tortura por un espacio indeterminado de tiempo, desapareciendo sin volver a tenerse noticias de él hasta la actualidad.

El ministro Vázquez determinó que una vez que la sentencia quede ejecutoriada, se indague la eventual responsabilidad de otros agentes de la CNI en el secuestro calificado.

Sergio Fernando Ruiz Lazo era casado, tenía dos hijos y se desempeñaba como técnico textil


Pode Judicial

05 de Diciembre 2013

MINISTRO MIGUEL VÁZQUEZ DICTA CONDENA CONTRA EX AGENTES DE LA CNI POR EL SECUESTRO DE SERGIO RUIZ LAZO

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, dictó sentencia de primera instancia por el secuestro calificado de Sergio Ruiz Lazo, ocurrido a partir de diciembre de 1984, en la Región Metropolitana.

En la resolución de la causa, el magistrado condenó a 8 años de presidio efectivo a los ex jefes de la Central Nacional de Informaciones (CNI): Álvaro Corbalán Castillo y Aquiles González Cortés por su responsabilidad, en calidad de autores, del delito de secuestro calificado.

En el aspecto civil, el fallo acoge la demanda presentado por familiares de la víctima en contra del fisco, ordenando el pago de una indemnización de $ 70.000.000 (setenta millones de pesos).

De acuerdo a los antecedentes de la causa, se logró establecer los siguientes hechos:

“a) Que Sergio Fernando Ruiz Lazo pertenecía al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), al menos desde el año 1972 y, a consecuencia del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, fue detenido en diferentes oportunidades, abandonando el país en calidad de exiliado político, radicándose en Francia.

b) Que estando en Francia participó en diversas reuniones de carácter político y regresó clandestinamente al país en el año 1983, entrando y saliendo en diversas oportunidades, también en forma ilegal, ingresando nuevamente al territorio nacional, los primeros días de diciembre de 1984, manteniendo contacto con sus familiares y/o compañeros de partido hasta el día 20 de diciembre de 1984.

c) Que a contar del 20 de diciembre de 1984, se perdió todo contacto con el indicado Ruiz Lazo, pero otras personas que se encontraban privadas de libertad a esa fecha en el recinto conocido como “Cuartel Borgoño”, que pertenecía a la Central Nacional de Informaciones (CNI), órgano de inteligencia del Gobierno Militar de la época, donde operaba específicamente la Unidad Azul, encargada de la represión del indicado movimiento MIR; escucharon en forma directa o a través de agentes de dicho órgano, que aquel estaba recluido en dicho recinto en esa misma fecha, siendo sometido a interrogatorios, bajo tortura, por un espacio indeterminado de tiempo, desapareciendo sin volver a tenerse noticias de él, hasta el día de hoy”, sostiene el fallo.

La resolución agrega: “Los hechos que se han tenido por establecido en el motivo anterior, configuran la hipótesis penal que contempla el artículo 141 incisos 1 y 3 del Código Penal, correspondiendo al delito de secuestro con grave daño en la persona de Sergio Fernando Ruiz Lazo, en su redacción vigente a la época de comisión del hecho punible, aplicable por expreso mandato de los artículos 19 N° 3 inciso 7 de la Constitución Política de la República y 18 del Código Penal, sancionado con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados, toda vez que tal hecho debe ser calificado por el tiempo en que se prolongó la acción por más de 90 días, lo que evidencia un acto determinado y resuelto en contra de la libertad de la víctima, siendo retenida en contra de su voluntad a partir del día 21de diciembre de 1984, prolongándose esta situación hasta el día de hoy, ignorándose su paradero”.

Asimismo, se sostiene que: “El indicado delito debe ser calificado como de lesa humanidad al tenor de lo dispuesto en el artículo sexto del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que en su letra c) considera como crímenes contra la humanidad “el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron”. De lo antes transcrito aparece que para ser considerado como tal debe tratarse, entre otros, de un acto que atente contra la persona humana, perteneciente a la población civil, que la persecución se efectúe por motivos de índole político, racial o religioso, constituya o no una vulneración de la legislación interna. En este caso, se trata de la detención de una persona, respecto de la cual nunca más se supo –secuestro- hasta el día de hoy, cuya motivación ha sido de orden político, perpetrado por agentes del Estado en una organización –Central Nacional de Informaciones- que tenía toda una estructura, en forma específica, para la persecución, ubicación y detención de los miembros del MIR y, en su caso, hacerlos desaparecer.

En estos antecedentes se acreditó suficientemente que actuaron Agentes del Estado, con el objetivo preciso de detener a la víctima exclusivamente por motivos políticos, ejecutándose el hecho con ocasión de una política de represión de un sujeto por su pensamiento, lo que resulta atentatorio contra la persona humana”.
Además, el ministro Vázquez determinó que una vez que la sentencia quede ejecutoriada, se indague la eventual responsabilidad de otros agentes de la CNI en el secuestro calificado de Ruiz Lazo.


casosvicaria.cl

El agente del corvo de oro

En los ‘80, Álvaro Corbalán, jefe operativo de la CNI, asesinaba y torturaba de día. De noche se iba de fiesta, tocaba la guitarra y cortejaba a las mujeres más bellas. Condenado por varias causas judiciales en Punta de Peuco, siguió hasta hace poco gozando de privilegios y organizando homenajes a Pinochet. Esta es la historia del rey de la farándula en dictadura, el símbolo desatado de la impunidad de los aparatos represivos. Un rostro emblemático que inspira al antagonista de Los archivos del cardenal.

Una imagen de San Expedito cuelga de la pared amarillenta en la habitación del ex agente de la CNI Álvaro Corbalán Castilla (62), en el penal de Punta de Peuco. Al santo de las causas urgentes no se le han dado por estos lados los milagros: Corbalán contabiliza alrededor de 20 años en prisión, aunque solamente nueve de ellos en Punta de Peuco. En las siete condenas que ha recibido acumula 63 años de presidio, sin contar una cadena perpetua, varios procesos aún abiertos y sentencias no definitivas. Nunca un juez le ha concedido beneficios. A estas alturas, la imagen de San Expedito bien podría ser reemplazada por la de Judas Tadeo, patrono de los imposibles.

Moreno, pelo chuzo y azabache, aún conserva los gruesos bigotes de sus años como agente. No ha cambiado demasiado en su fisonomía, salvo que está ciego de un ojo por la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada, que superó un cáncer y que sufre de diabetes. Tampoco ha dejado de usar el corvo de oro que cuelga en su pecho, regalo de “mi general Pinochet” como agradecimiento personal.

Su pieza-celda es de unos 3×3 metros y tiene baño privado. En las paredes hay dibujos de sus hijos menores, libros, películas y trofeos. Tiene un televisor, una guitarra, un mini refrigerador y un microondas. Usa un computador PC de los antiguos. No cuenta con internet; los celulares están prohibidos. Granjerías de un pasado que terminó. Pero él es rápido y rema contra la corriente. En junio del 2012 encontraron en su pieza celulares, cargadores y módems. Estuvo castigado 20 días sin visitas.

En sus mejores años, Corbalán torturaba y mataba de día, pero sus noches eran una eterna fiesta, con mujeres atractivas y autos del año rasgando el toque de queda. Lejos del bajo perfil de un agente de inteligencia, era el rey sin corona de la farándula en estado de sitio, el símbolo desatado de la impunidad de esa época. Ya en democracia cayó en prisión, pero siguió con mchas regalías. Su condición de preso VIP solo comenzó a mermar en los últimos años, cuando la tesis de “justicia en la medida de lo posible” perdió terreno.

Antes muerto que sencillo
Año 1980. A los 29 años y envuelto en su perfume Halston Z14, Álvaro Corbalán inicia su senda al estrellato. A la cabeza de la CNI ha llegado el general Humberto Gordon, en reemplazo del general Odlanier Mena, acusado de ser demasiado “blando” con la subversión. Corbalán se convierte en favorito del nuevo director. Pero él siempre dice que fue nada más que el comandante a cargo del siniestro cuartel Borgoño de la CNI y no el jefe operativo del aparato. Otra cosa afirman todos los expedientes judiciales que lo inculpan.

Lo suyo siempre fue la inteligencia militar, pero con estilo. Un agente de traje claro, pañuelo de seda en la solapa, gomina para domar el pelo y partidos de tenis para estar en forma. Ni alcohol ni cigarrillos. La Fanta y la Orange Crush, junto a los pasteles con crema, eran sus desbordes visibles. Y, claro, las mujeres. En el día podía ser feroz con los prisioneros del cuartel Borgoño. Tenía la energía para destinarle 20 horas diarias a la represión. Pero al anochecer se transformaba en protagonista de la farándula que florecía en torno a los estelares televisivos.

Antes del golpe de 1973, Corbalán perteneció al SIM (Servicio de Inteligencia Militar). Después siguió en el DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército). Esa es la historia oficial. Sus pasos por otros submundos de los servicios de seguridad son menos claros, y también la preparación que tuvo. Hizo, por ejemplo, el clásico curso en Fort Gulick (en la zona estadounidense del canal de Panamá), la sede del adoctrinamiento de los militares del continente en la Escuela de las Américas. El Harvard de la Doctrina de Seguridad Nacional, donde –luego del triunfo de Castro en Cuba- EE.UU promovió que los militares latinoamericanos se volcaran al orden interno, para combatir ideologías y movimientos favorables al comunismo. Corbalán fue un alumno aventajado.

El agente de seguridad Andrés Valenzuela, alias “Papudo”, desertó en 1984 de los aparatos de la dictadura chilena. Abandonó el país gracias a la protección de la Vicaría de la Solidaridad, no sin antes confesar lo mucho que sabía sobre represión y desaparición de personas. En sus declaraciones involucró a Corbalán como integrante del Comando Conjunto, un aparato hasta entonces desconocido, formado por hombres de todas las ramas armadas y que compitió en ferocidad con la DINA en los primeros años de la dictadura.

Cuando aún era un desconocido agente del DINE, participó en el secuestro y muerte del humilde militante comunista y dirigente sindical de Chilectra, Juan Luis Rivera Matus (1975). Según el libro del periodista Manuel Salazar, Las letras del horror II: La CNI, también infiltró la Arquidiócesis de Santiago, gracias al apoyo fundamental del sacerdote español Felipe Gutiérrez, capellán del Ejército.

Otra historia existió en torno a una agencia de viajes que estuvo a su cargo en los años 70. Se llamaba Cordillera Tours y tenía un local en el Hotel Crowne Plaza. Una fachada para actuar en caso de una posible guerra con Argentina en 1978. Aunque no tenía fines de lucro, comenzó a producir buenas ganancias. Las alertas de los superiores de Corbalán se encendieron. Se le acusó de utilizar dineros para fines personales. Él desmintió los cargos y, para defenderse, llegó hasta el vicecomandante en jefe del Ejército, Carlos Forestier. En castigo, iba a ser destinado a Traiguén. Él no aceptó. Fue amenazado con la baja. Sin embargo, lo salvó la campana y los cientos de secretos que guardaba como CNI y ex DINE.

Gaviota para Corbalán
Su vida militar comenzó a los 14 años: cambió el Instituto Nacional por la Escuela Militar. En esa época estaba más interesado en la música y el guitarreo que en las armas. Con otros cadetes formó el grupo Voces de Manquehue, que se presentaba en los festivales de colegios de la zona oriente capitalina. En diciembre de 1973, egresado de la Escuela Militar, firmó por dos años con el sello discográfico Odeón. Pero su entrada al mundo de la inteligencia selló el fin de su carrera como cantautor.

Otros agentes de la CNI lo bautizaron “El Faraón”. Era entrador y rápido. Y vivía como rey. Se las supo arreglar para tener una gran casa en El Arrayán que, según su versión, construyó a partir de una casucha y con ladrillos donados por el Ejército. Ahí daba grandes fiestas. También tenía una casa en Papudo (que conserva) y era miembro del Club de Yates de ese balneario. Se movilizaba en un Volvo Intercooler del año, lo mismo que sus escoltas.

A principios de los ‘80 asumió como jefe de seguridad del Festival de Viña del Mar, cosa que –ha dicho– para él fue “ingrata”, por la tensión que implicaba. “Desactivamos varias bombas y nadie jamás se enteró”, diría posteriormente. Lo cierto, no obstante, es que la nueva responsabilidad le calzó como guante. El Festival lo conectaría con la música y los artistas, su grandes debilidades. Y Viña traía mujeres, miel de abejas para esta suerte de James Bond de la dictadura.

La entonces alcaldesa de Viña, Eugenia Garrido, le regalaría una Gaviota de Plata dedicada, que conserva en Punta de Peuco: “A Álvaro Corbalán, por sus servicios prestados en defensa de la patria”.

Maripepa y el Rat Pack
Con la farándula a su alcance, se hizo cercano a los estelares de TVN que dirigía Sergio Riesenberg y que animaba Antonio Vodanovic. Así fue que conoció en 1981 a la espectacular vedette española Maripepa Nieto, estrella del show revisteril Sabor Latino. Con ella convivió por años en su casa del Arrayán. Maripepa jamás lo ha desmentido. Su influencia fue vital para que a una de las mujeres más deseadas de Chile no le faltara trabajo. Sus escoltas, y a veces el propio Corbalán, esperaban el final de sus shows para llevarla a casa. Entre otras conquistas de las que sigue ufanándose, figuran conocidas divas de la televisión, algunas todavía en pantalla, como también una sexy rubia funcionaria del régimen.

Su vida nocturna se repartía en locales como La Casa de Cena, el Confetti´s (del ex marido de la cantante Patricia Maldonado), el Rodizzio y La Casa de Canto. Este último era un pub que originalmente estaba en Los Leones. En su segunda vida se trasladó a la Costanera como restorán y siempre se especuló que su nuevo dueño era Corbalán, pero él lo ha desmentido. Con música en vivo, pretendía competirle al Café del Cerro, el bastión del canto nuevo y la izquierda situado en Bellavista.

Subía a menudo al escenario para cantar con su guitarra y compartía con su amigo, el pianista argentino Raúl Di Blasio, número frecuente del local. En el grupo estaban también artistas como Patricia Maldonado, Pedro Messone, Jorge Pedreros y otros.

 “Sin terrorismo no hay tortura”
La mano dura del general Gordon en la CNI se sintió con vigor en 1981. Coincidió con el inicio del encendido romance entre “Álvaro Valenzuela”, la chapa de Corbalán, y Maripepa. Ese año, agentes al mando de Corbalán asesinaron a cinco miristas y a un socialista, en tres operativos distintos. La arremetida volvió fuerte en 1983, de nuevo contra el MIR. En lo que se conoce como las matanzas de Fuenteovejuna y Janequeo, siete miristas fueron fríamente asesinados, en venganza por el asesinato del intendente de Santiago, Carol Urzúa (ver línea de tiempo).

“Un soldado siempre debe obediencia a sus superiores” y “sin terrorismo no hay tortura”, son sus credos que, junto a un fuerte nacionalismo, dejan en claro por qué se convirtió en uno de los oficiales de la CNI más queridos por Augusto Pinochet.

El abogado de derechos humanos Héctor Salazar representó a las víctimas de la llamada “noche de los cuchillos largos”, la terrorífica velada del 8 al 9 de septiembre de 1986 en que la CNI ultimó a cuatro opositores, en venganza por el atentado contra el general Pinochet, ocurrido horas antes. Uno de los asesinados fue el periodista José “Pepe” Carrasco.

Así resume el operativo Héctor Salazar: “La Junta de Gobierno mandó llamar al director de la CNI, Humberto Gordon. Lo reprendieron duramente por no haber impedido el atentado. La orden a Gordon fue ‘hay que responder enérgicamente’. El encargo de Gordon: ‘Matar a dos opositores por cada uno de los cinco escoltas abatidos en el atentado’. Corbalán llegó al cuartel Borgoño agitado y comenzó a gritar ‘¡tráiganme las carpetas!’. Y fueron eligiendo a las víctimas aleatoriamente, las primeras que salían, las que se veían más completas. Salió con sus hombres y otras brigadas se marcharon hacia otros destinos. Así cayeron. Hasta que alguien de La Moneda dio la orden de parar con la improvisación”. La Corte Suprema dictó contra Corbalán una pena de doce años de prisión por la aventura de las carpetas.

Aunque existen abogados de derechos humanos que no imaginan a “El Faraón” descendiendo a las mazmorras para interrogar, el diputado Sergio Aguiló (Izquierda Ciudadana) atestigua lo contrario. En 1981, él y cuatro compañeros de la Izquierda Cristiana fueron trasladados, con la vista vendada, al cuartel Borgoño. “Corbalán estaba al mando de los seis oficiales y suboficiales que me torturaron. Por lo menos en una de las diez noches que pasé allí Corbalán se presentó. Reconozco su voz de mando, fuerte, inconfundible. Me hacía preguntas y daba muchas órdenes. Como mi vista estaba vendada, ignoro si era él quien me ponía la electricidad”, dice.

El diputado volvió a escuchar esa misma voz en algunos interrogatorios judiciales. “Y hace dos años, en el contexto de un programa de TVN sobre Punta de Peuco, Corbalán se acercó a mí. Quería hablar de su situación carcelaria. Fue raro escucharlo allí. Aún en Punta de Peuco actuaba como si ostentara poder”.
Tras una demanda penal, Corbalán y seis oficiales que participaron en la detención y tortura de Aguiló fueron declarados culpables y sentenciados a 341 días de pena remitida.

Disparos en las filas propias
El estilo farandulero de Corbalán le generó enemigos en sus propias filas. Héctor Salazar escuchó de un fiscal militar que el agente tenía la fama de “no ensuciarse las manos, de ponerse para la foto y mandarse a cambiar”.

El 18 de julio de 1988 la revista Cauce publicó una carta anónima de efectivos de la CNI con acusaciones en su contra. “Somos un grupo de agentes de la CNI que estamos al mando de un inmoral y que, al no tener respuesta del mando, lo hacemos público. Sabemos que si nuestro líder (Pinochet) lo sabe, tomará cartas en el asunto”, decía un extracto.

La misiva revelaba que el régimen había canalizado 26 millones de pesos para financiar a Avanzada Nacional, el partido político nacionalista y pinochetista fundado por Corbalán, gracias a la logística de la CNI. Willy Bascuñán, compositor de “Los viejos estandartes” –himno oficial del Ejército– había conocido a Corbalán cuando este era cadete. Ambos se volvieron a topar en Avanzada Nacional, de la que Bascuñán se hizo militante. Afirma que no era la persona adecuada para dirigir la colectividad. “Corbalán fue trabajador, organizado, y contó con los medios económicos y la capacidad para crear el partido. Sin embargo, al poco tiempo yo me salí, junto a muchos. No estuve de acuerdo con su estilo. A Álvaro Corbalán le gustaba demasiado aparecer. Con su manejo sepultó por 100 o 200 años el movimiento nacionalista chileno”.

“Si fueras hombre…”
Corbalán aún idolatra a Pinochet y habla de él como si estuviera vivo. Era muy cercano a él y a su familia. Ahora, desde Punta de Peuco se las ha ingeniado para organizarle homenajes y supervisó incluso la muestra de un documental en su honor en Miami. En los ‘80, alguna vez se le ocurrió que debía aspirar al generalato, pero tendría que dejar la inteligencia y hacer el curso de Estado Mayor en la Academia de Guerra. Sin embargo, Pinochet lo paró: “¡No, señor, usted no se va para allá. Usted muere aquí al lado mío!”.

La distancia con el sucesor de Gordon en la CNI, Hugo Salas Wenzel, y la purga en los organismos de seguridad para limpiar el Ejército antes del plebiscito de 1988, terminaron con su carrera. Fue llamado a retiro con el grado de Mayor.

Su siguiente centro de operaciones sería Avanzada Nacional, que llegó a presidir. En ese rol, siempre orgulloso, dijo en 1989 a revista Cosas: “Triste es no tener amigos, pero más triste aún debe ser no tener enemigos. Quien enemigos no tiene, carece del talento que le haga sombra, valor que le teman, y cosa que le envidien”.

Esta “exclusiva” en Cosas, que duró tres ediciones, tiene entretelones. La periodista Zayda Cataldo, quien firmó la entrevista, los desclasifica: “El editor Luis Alvarez Baltierra me informó que debía entrevistar al presidente de Avanzada Nacional, el ex oficial de Ejército Álvaro Corbalán Castilla. Reconozco que yo no lo ubicaba, pero llamé a un colega de Fortín Mapocho, quien me dio información. Llegó el día en que nos presentamos y el editor le prometió que yo tendría listo el cuestionario al día siguiente. Reclamé mi derecho a contrapreguntar y le hice notar la importancia de las preguntas cortas, el llamado pim-pón, y recibí de él un grotesco: “Con usted yo pimponearía todo el día”.

Corbalán puso condiciones: responder por escrito y revisar título, fotos y textos. La dirección (Mónica Comandari) y el editor (Álvarez), aceptaron. “Trataba de hacerse el simpático, pero era burdo, recurría al doble sentido. Hacía notar su poder, amenazaba”, cuenta Cataldo. “A ti ya te tengo calata[desnuda]” o “si fueras hombre, ya te habría dado un patada”, le advertía a ella. Llegó a buscar el cuestionario con las preguntas a la casa de la periodista en La Reina, escoltado por civiles armados con metralletas. Venía en un Volvo azul, último modelo. La periodista afirma que lo acompañaba siempre un hombre idéntico a él, como doble. Hacía un año que Corbalán no estaba en la CNI, pero continuaba siendo “El Faraón”.

“Padrino” en la Peni
Una de las primeras investigaciones judiciales en las que se vio envuelto fue en 1991, ya en democracia, con la quiebra de su empresa de transportes, Santa Bárbara. Fue declarado reo, acusado de quiebra fraudulenta. Los fondos de la empresa, 464 millones, habían desaparecido.

Su periplo carcelario se inició con siete meses en la Penitenciaría, donde asegura haber convivido con delincuentes comunes. A sus amigos les cuenta que era una suerte de “Padrino de la Peni”. Sabía trucos de magia y abrir candados en segundos era uno de sus hits. Suele narrar que en una de sus salidas a declarar, Gendarmería lo obligó a ir atado de manos con cadenas. Antes de bajarse del furgón en los tribunales, cuando vio que lo esperaban las cámaras y flashes de la prensa, hizo el truco y bajó con las manos libres. Él dice a sus cercanos que la historia se corrió de inmediato en la Penitenciaría y que, a su regreso, varios internos le ofrecieron protección y le expresaron sus respetos.

En la misma Penitenciaría coincidió con prisioneros del FPMR y del Lautaro. Siempre que pasaba cerca, ellos hacían la mímica de dispararle. El ex agente les respondía: “Aprende a disparar, concha de tu…”.

Después, estuvo detenido en el Hospital Militar, en el Comando de Apoyo Técnico del Ejército, y en el Comando de Telecomunicaciones. El 2003, con la cárcel de Punta Peuco lista desde 1995, Corbalán seguía sin mudarse al penal construido para militares. Es que en los otros centros de detención podía gozar de cierta flexibilidad. Incluso fue visto almorzando en el Club de Yates de Papudo, cuando se suponía que estaba fuera por una diligencia que encargó un juez.

“El cóndor quiere carne”
La paciencia de los jueces se terminó el 2004 y fue recluido en Punta de Peuco.
Su celda-habitación está en el módulo 1. Cerca, en el módulo 3, está preso el ex director de la CNI Hugo Salas Wenzel. En septiembre de 2013, el Presidente Sebastián Piñera ordenó cerrar el Penal Cordillera, donde estaba Salas junto al ex director de la DINA Manuel Contreras y otros ex uniformados condenados. Todos llegaron a Punta de Peuco.

Sin embargo, con Salas nunca fue fácil la relación luego de que éste asumiera la jefatura de la CNI en 1986. A pesar de que jugaban tenis, en varias ocasiones Salas hizo llegar a Pinochet antecedentes negativos del mayor.

Bajo la dirección de Salas Wenzel, el 15 y 16 de junio 1987 la CNI dio un duro golpe al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), en la llamada “Operación Albania” o “Matanza de Corpus Christi”. Doce rodriguistas fueron asesinados en diversos puntos de Santiago, casi todos en falsos enfrentamientos. Antes de iniciar la operación, Corbalán arengó a sus hombres con una frase: “El Cóndor quiere carne”.

En su defensa judicial, el director de la CNI argumentó que fue sobrepasado por Corbalán, quien habría corrido “con colores propios” al dirigir la matanza. Corbalán ha retrucado que no estaba de acuerdo con “darles muerte” al menos a los cinco rodriguistas que antes de ser asesinados llegaron detenidos. “Lo mejor habría sido interrogarlos hasta las últimas consecuencias”, aclaró. Pese a las estrategias de sus abogados, Salas Wenzel no se libró de la condena a cadena perpetua por haber ordenado la masacre. A Corbalán le cayeron 20 años.

Tan lejos, tan cerca
En Punta de Peuco Corbalán también comparte espacios con otro ex agente, Carlos Herrera Jiménez, quien está en el mismo módulo suyo, a un par de dormitorios de distancia. De chapa “Bocaccio”, es el autor material del asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez (1982) y del carpintero Juan Alegría (1983). Al segundo, un trabajador cesante y sin ningún vínculo con la política, se buscó inculparlo del crimen del dirigente, a través de una carta en la que supuestamente explicaba su suicidio.

En 2000 Herrera decidió confesar su autoría en el crimen de Tucapel Jiménez, a cuya familia pidió perdón. La cadena perpetua que cumple Corbalán se dictó luego que “Boccacio” declarara que fue él quien dio la orden de ejecutar al carpintero Alegría, por instrucciones del general Humberto Gordon. Según el expediente, Corbalán participó personalmente de este crimen en contra de un hombre humilde y solo, quien había sido cuidadosamente elegido para que nadie reclamara su muerte.

Sin embargo, el ex agente no admite culpabilidad alguna en el crimen del carpintero. Hasta ahora, reconocer culpas y pedir perdón no forma parte de su glosario.

En 2000, la periodista de El Mercurio Raquel Correa lo entrevistó, cuando estaba detenido en el Comando de Apoyo Técnico del Ejército. Antes de morir, la profesional desclasificó el verdadero inicio de la entrevista en una conversación con el también periodista Tomás Mosciatti:

-Álvaro Corbalán: “Usted me da un poco de miedo”.

-Raquel Correa: “¡Imagínese el miedo que usted me da a mí!”.

Después del “septiembre negro”
En Punta de Peuco toca la guitarra, compone canciones y lamenta no ver a sus nueve hijos, producto de cinco matrimonios a cuestas. La historia del último es particular. A su mujer, una ex modelo argentina un par de décadas menor, la conoció ya detenido. Un amigo en común tenía que visitarlo y ella lo acompañó. Se enamoraron y hoy tienen tres hijos. “Corbalán es como las jirafas: se reproduce en cautiverio”, es una de sus frases más escuchadas.

En 2012, informaciones de prensa revelaron que solo en 2010 el ex agente pasó 108 días en el Hospital Militar. Es decir, sin que existiera ninguna dolencia mayor que lo justificara, pasó todo ese tiempo en un lugar con acceso a teléfono y recibiendo visitas diarias. El entonces ministro de Defensa, Andrés Allamand, tuvo que actuar: sus condiciones de reclusión se hicieron más severas, ya no dispone de teléfonos y sus visitas están restringidas.

Hace un año, el hombre del corvo de oro estaba esperanzado. Por haber sido juzgado dentro del sistema procesal antiguo y, tras más de 20 años de prisión, podría tener derecho a beneficios carcelarios, como optar a algún régimen de salidas. Hasta compuso una canción que entonaría en libertad. Comenzaba con un “¡Hola! ¿Qué tal?”

Ahora, después de que el Presidente Piñera separó aguas con los uniformados violadores de derechos humanos, su ánimo es más sombrío. Corbalán, condenado por crímenes de lesa humanidad, lo resume en una frase: “El juez que me absuelva, que mejor se jubile. Hasta allí no más llegó su carrera”.


La Nacion

12 de Junio 2014

CORTE RATIFICA CONDENA DE 8 AÑOS PARA EX CNI ÁLVARO CORBALÁN

El ex jefe operativo de la CIN fue declarado culpable del secuestro calificado de un militante del MIR en 1984, que fue torturado en el “Cuartel Borgoño”.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este jueves la condena a ocho años de prisión de dos antiguos agentes de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile por el secuestro calificado (desaparición) de un militante opositor en diciembre de 1984, informaron fuentes judiciales.

La resolución unánime, de la Cuarta Sala del tribunal de alzada, ratificó el fallo de primera instancia dictado por el juez especial Miguel Vásquez contra el ex mayor del Ejército Alvaro Corbalán Castilla y el coronel retirado Aquiles González Cortés, ambos pertenecientes a la desparecida Central Nacional de Informaciones (CNI).

Corbalán Castilla fue jefe operativo de la CNI, organismo que sucedió a la DINA como principal cuerpo represivo de la dictadura, en tanto González comandaba una de las brigadas de la organización y ambos han sido condenados en otros juicios por violaciones a los derechos humanos.

Sergio Ruiz Lazo, la víctima, era un dirigente sindical y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que ingresó de forma clandestina a Chile en 1983 para incorporarse a la resistencia contra la dictadura después de haber vivido varios años exiliado en Francia, con prohibición de regresar a su país.

Ruiz se exilió después de haber estado encarcelado dos veces en los años 70 y de haber pasado por los cuarteles secretos de la DINA, en los que fue torturado.

De 34 años, Ruiz Lazo fue secuestrado el 20 de diciembre de 1984 por agentes de la CNI que lo llevaron al llamado “Cuartel Borgoño” del organismo, donde según testimonios de supervivientes fue torturado durante varios días, hasta que no se le volvió a ver.

En la parte civil del juicio, la Corte confirmó el pago de una indemnización fiscal de 70 millones de pesos (unos 127.000 dólares) a los familiares de la víctima.

La Nación, 12 de febrero de 2015

8 años más de presidio para ex jefe CNI Alvaro Corbalán

Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva por el caso del secuestro calificado del mirista Sergio Ruiz Lazo, detenido en 1984 y desaparecido tras su paso por el denominado cuartel Borgoño.

La Corte Suprema dictó 8 años de presidio contra el ex jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Álvaro Corbalán Castilla, y el ex jefe operativo de la "Brigada Azul" del organismo represor, Aquiles González Cortés, por su responsabilidad en el secuestro calificado del mirista Sergio Ruiz Lazo, ocurrido a partir del 21 de diciembre de 1984 en Santiago.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas rechazaron los recursos de casación y confirmaron la sentencia contra Corbalán y González.

La decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Dolmestch y Cisternas, quienes fueron partidarios de acoger el recurso de casación y acoger la figura de prescripción gradual de la pena.

Sergio Fernando Ruiz Lazo (en la foto) era técnico textil, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y tenía 34 años al momento de la detención.

A consecuencia del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 fue detenido en diferentes oportunidades, abandonando el país en condición de exiliado político, radicándose en Francia. Luego, regresó en forma clandestina al territorio nacional, desde 1983 en diversas oportunidades, y el 21 de diciembre de 1984 se perdió todo contacto con él.

Sin embargo, de acuerdo a la resolución, "personas que se encontraban privadas de libertad en esa fecha en el recinto conocido como "Cuartel Borgoño", que pertenecía a la Central Nacional de Informaciones, donde operaba la llamada "unidad azul", encargada de la represión del indicado movimiento -MIR-, escucharon en forma directa o a través de agentes de dicho órgano que Sergio Ruiz Lazo estaba recluido en ese recinto en la misma fecha, siendo sometido a interrogatorios bajo tortura por un espacio indeterminado de tiempo, desapareciendo, sin tenerse noticias de él, hasta el día de hoy".

El fallo establece que "su detención tuvo una motivación de orden político, perpetrada por agentes del Estado en una organización -la CNI- que tenía una estructura específica para la persecución, ubicación y detención de los miembros del MIR y, en su caso, hacerlos desaparecer. Se ejecutó el hecho con ocasión de una política de represión de un sujeto por su pensamiento, lo que resulta atentatorio contra la persona humana".

En el aspecto civil se ratificó la sentencia que condenó al Fisco a pagar una indemnización de $ 70 millones a Daniel Ruiz Lazo, hermano de la víctima por el concepto de daño moral.

 


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