Quienes somos ] Boletin ] Busqueda ] Pinochet en Londres ] Centros Detencion ] Complices ] Empresas ] Fallos ] Criminales ] Tortura ] Exilio ] ecomemoria ] Desaparecidos ] Ejecutados ] Testimonios ] English ]

Juan Manuel Guillermo Contreras Sepulveda

Jefe de la DINA

Alias: "Condor Uno" (Operacion Condor)


 

"Me costó 4 años pacificar este país"
(11 de Septiembre 2013)


"El General Pinochet estaba al tanto de todo lo de la DINA. Era el jefe de la DINA"
(11 de Septiembre 2013)


"La DINA tenía 50 mil informantes en Chile"
(11 de Septiembre 2013)

 

Cedula de Identidad: 2.334.882-9
Fecha de nacimiento: 4 de mayo de 1929
Domicilio: Fundo “El Viejo Roble” Comuna de Fresia, X Región
Estado Civil: Casado, separado de hecho, casado por segunda vez con la ex agente de la DINA, su ex secretaria Nélida Gutiérrez
Grado y Rama: General de Ejercito Especialidades

 

Juan Manuel Guillermo Contreras Sepulveda creo y fue el primer director de la DINA. Hoy suma cerca de 300 años en condenas por violaciones de DDHH. Fue también parte clave le la creación y implementación de la llamada 'Operación Condor' donde llevaba la chapa de 'Condor Uno'

Manuel Contreras ingresa a la Escuela Militar en 1944, gracias a que se destaco como un buen alumno, muy temprano en los primeros años de carrera fue premiado con el cargo de vigilar la disciplina de los nuevos alumnos recién ingresados a la Escuela.
 
Es a esa temprana edad que ya comienza a “mostrar la hilacha”. Siendo brigadier mayor de la 1ra compañía, en 1946 se destaca por sus abusos de poder, sadismo, y prepotencia. El capitán de Ejercito Alejandro Barros Amengual (fallecido), en una entrevista en 1991con la periodista Alejandra Matus relato:
 
“Contreras hacia mal uso de su autoridad y nos sancionaba, a escondidas de sus superiores, cada vez que incurríamos en alguna falta a la disciplina, con medidas inhumanas y desproporcionadas”.
 
“Recuerdo muy bien que nos obligaba a introducir la cabeza en las tazas de los baños y después tiraba la cadena, acción que él, graciosamente, llamaba “el shampoo”. En otras oportunidades nos sujetaba la cabeza y nos introducía en la boca el pitón de la manguera que usábamos en los baños matinales y, en forma repentina y violenta, abría el chorro de agua fría, dándole toda la intensidad, con el peligro de provocarnos un daño acústico o de otra naturaleza”.
 
El 23 de diciembre de 1948, Contreras egresa de la Escuela Militar con primera antigüedad y es destinado al Regimiento de Ingeniería No 2 “Aconcagua” con base en Quillota.
 
En 1952 el Teniente Contreras llega nuevamente a la Escuela Militar, pero esta vez integra la Compañía de Ingenieros como instructor de zapadores.
 
El siguiente año, después de contraer matrimonio con Maria Teresa Valdebenito Stevenson parte a su nuevo destino, esta vez es la recién formada Escuela de Ingenieros de San Antonio. Permanece en ese lugar hasta que en 1960, ya con el grado de Capitán, ingresa a la Academia de Guerra para tomar el curso de Oficial de Estado Mayor.
Es en la Academia de Guerra donde se conoce con Pinochet. Este era el Sub-director de la Academia y ostentaba el grado de Coronel, a la vez que fue profesor de Contreras ya que Pinochet hacia clases de Estrategia.
 
En las clases de Pinochet, gran parte del tiempo lo ocupaba su preocupación (y así se lo hacia ver a sus alumnos) por el triunfo de la revolución cubana.
 
El triunfo de 1959 en la isla cubana no solo preocupaba a Pinochet y sus alumnos.
 
Por su parte, en Estados Unidos dada la preocupación y alarma general, los militares estadounidenses comienzan su campaña de “sobar el lomo” a los militares latinoamericanos y las ayudas económicas de los estados Unidos son condicionadas para ir unidas a apoyo técnico y presencia de misiones militares en los países sudamericanos. Se da inicio a los Programas de Asistencia Militar, se dotan completamente los ejércitos locales con material bélico de procedencia Yanqui.
 
Junto con los millonarios gastos en armamento, se aumentaron los cursos a militares latinos en EEUU, conocidos como FMT (Foreign Military Training). Estos cursos eran impartidos en diferentes escuelas, siendo la mas conocida la Escuela de las Americas, (US Army School of the Americas, [ARSA] ) situada en Fort Gulick. También se impartían clases en el Fort Leavenworth, el Inter.-American Defence College. Fort Clayton y Fort Benning en el estado de Georgia, sin dejar de lado la escuela en la Zona del Canal de Panamá. En todas estas escuelas, el común denominador era el adoctrinamiento político en políticas anticomunistas y doctrinas contrasubversivas.
 
En 1962, Manuel Contreras egresa de la Academia de Guerra y se destaca siendo el mejor alumno de su curso, en 1966 regresa a la Academia, pero esta vez como profesor de Inteligencia.
 
El año siguiente viaja a cumplir otro de sus sueños, un curso de Post Grado de Oficial de Estado Mayor en el Fort Benning, en EEUU.
 
Después de su regreso, ya con grado de Mayor, se dedica a impartir clases de Inteligencia en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes.
 
En 1970, Manuel Contreras es designado como secretario del Estado Mayor de Ejercito y en 1971 viaja a Osorno para tomar la dirección del Regimiento de Ingenieros No4 “Arauco”. Poco después de un año, afines de 1972 asume la dirección de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, a la vez que impartía clases en la Academia de Guerra.
 
Es en este periodo cuando avanza con sus ideas conspirativas y junto a un par de coroneles y algunos capitanes comenzó a recolectar información y a diseñar un aparato de inteligencia capaz de infiltrar y desarticular las organizaciones de izquierda. Contreras contaba en Chile con un grupo de informantes provenientes de partidos de derecha y de grupos como Patria y Libertad, a la vez que mantenía contactos con agentes de la CIA que operaban en Chile en aquel periodo, eran estos últimos quienes lo dotaban de manuales de las policías secretas de variados países, tales como de la KCIA de Corea del Sur, la SAVAK de Irán y del Servicio Nacional de Información de Brasil.
 
Gran parte de las preocupaciones de Contreras en ese periodo era el cómo elaborar planes para anular o neutralizar los Cordones Industriales, sectores donde el MIR, el PS y en menor manera el Mapu, tenían una fuerte influencia política.
 
En el área local, Contreras mantenía una excelente red de informantes en toda la zona del litoral central y en particular en el puerto de San Antonio. El sabia exactamente quienes eran las personas militantes de partidos de izquierda, sindicalistas, de las Jap, juntas de vecinos etc. Y de que forma estaban organizados. También en aquel periodo existía un Teniente de la Armada que por razones circunstanciales ya que cumplía funciones en la Gobernación Marítima de San Antonio, tenia autorización para hospedarse el casino de oficiales de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, este oficial entablo una cerrada amistad con Contreras y a la vez lo mantenía informado de lo que sucedía al interior de la Armada. Quizás es por eso que Contreras se entero con anticipación de la preparación del golpe de estado que se gestaba en la Marina y debido a eso ordena varios días previos al golpe el habilitar áreas de la escuela para la mantención e interrogatorio de prisioneros.
 
El día del golpe, en pocas horas el Coronel Contreras tenia controlada toda la jurisdicción bajo su mando, y en los subterráneos de Tejas Verdes se practicaban las más horrendas torturas a los detenidos.
 
Desde el mismo día 11 de septiembre, Contreras comienza a poner en practica todos sus conocimientos de lucha antisubversiva aprendidos en Chile y en EEUU. La frialdad con que implementa sus planes, causan admiración y envidia en los altos mandos, pero una vez mas la astucia de Contreras le paga grandes dividendos, porque el siempre mantuvo informado en forma directa al comandante en jefe del ejercito de cada una de sus acciones y planes, este solo hecho lo hace ser “apadrinado” por Pinochet y le permite ser invitado a una reunión de la Comunidad de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Esta reunión se lleva a efecto a fines de Setiembre de 1973, y cuando los integrantes del estado mayor de la defensa nacional llegan a la conclusión de la necesidad de unificar criterios con relación a la inteligencia e información que cada una de las ramas cotejaba, y que para ese efecto se debería crear un organismo superior que coteje y centralice la información y de los lineamientos de acción a seguir. Es en este momento en que Contreras se destaca y al pedir la palabra les entrega la tarea ya ejecutada, les muestra sus planes de cómo organizar ese organismo, las características que ese organismo debe tener y les entrega la lista de los oficiales de inteligencia de las distintas ramas que el considera deberían prestar servicio en este nuevo grupo. También entrega los nombres de civiles que él considera que deberían formar parte de este organismo. En efecto entrega lo elaborado previamente el Tejas Verdes y sus gérmenes son civiles de esa zona y uniformados que el ha conocido a lo largo de su carrera en diferentas lugares.
 
Los oficiales de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional queda impresionados y de inmediato lo dejan a cargo de la tarea de reclutar personal para pasar rápidamente a recuperar, centralizar y analizar la información que aparecía después de la detención de miles de personas a lo largo del país.
Contreras se instala en unas oficinas del Diego Portales y procede a organizar la información recibida, a la vez que revisa las listas y fichas de los estudiantes de inteligencia de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, con el objeto de rápidamente reclutar el personal que trabajaría con él. Los altos mandos proceden a autorizar el movimiento de oficiales y clases para su traslado en “Comisión de Servicios” en este recién formado organismo.
 
Cuando la junta de gobierno decreta la creación del Sendet (Secretaria Ejecutiva Nacional de Detenidos) en sus reglamentos le da origen legal a la DINA, porque en el decreto se considera una sección o dependencia especial para clasificar a los presos, coordinar la información, y supervisar y dirigir los interrogatorios. El personal de la incipiente DINA comienza a trabajar desde unas oficinas en los altos del Congreso Nacional recién clausurado.
 
Contreras se instala desde la primera semana de Diciembre de 1973 en las oficinas de Marcoleta 90, edificio que posteriormente se transformaría en el cuartel central de la DINA.
 
La mayoría de los civiles reclutados para la DINA, en sus inicios se dedicaron a procesar la información recibida de soplones. Básicamente la información hacia relacion con los nombres de gente de izquierda que trabajaba en los bancos, ministerios, empresas particulares, hoteles, líneas aéreas, profesores, medios de comunicación, sindicatos, reparticiones publicas etc. Estos nuevos agentes recibieron el nombre de BIC Brigada de Inteligencia Ciudadana) y funcionaban desde unas oficinas que habían sido la sede del Poder Legislativo, ubicadas frente al Palacio de Justicia.
 
A principios de 1974, el Coronel Contreras continuaba en la organización de aparato, esto sucedía creando malestar en todos los organismos de inteligencia de las diferentes ramas de las FFAA y Carabineros. Por un lado en la FACH, la SIFA no aceptaba que Contreras centralizara la información e inteligencia recuperada. En el ejercito, el general Augusto Lutz Urzua, director del SIM hasta mediados de 1974 -cuando fue reemplazado por Odlanier Mena- marcaba constantemente su discrepancia con el puesto que ocupaba Contreras, de igual modo lo hizo su sucesor, ya que no aceptaban que un coronel estuviera con mas responsabilidad y por sobre su rango, obedeciendo directamente a Pinochet.
 
Los miembros de la junta de gobierno también mostraban descontento por el poder que adquiría Contreras y lo peor era la estrecha relación con Pinochet.
 
Pero nada detenía a Contreras en su afán de perfeccionar la DINA. Ya contaba con varios centenares de agentes que pudo repartir en las diferentes estructuras a lo largo del país, también ya mantenía el primer curso de adiestramiento de mujeres de la DINA, que funcionaba en las cabañas de una colonia de vacaciones en el balneario de Santo Domingo y que era dirigido por la capitán de Carabineros Ingrid Olderock. En los terrenos de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chile en la rinconada de Maipú tenia funcionando la Escuela Nacional de Inteligencia (INE) donde se mejoraba la formación de los agentes y se preparaban con la ultima información que estaban recibiendo de lo que sucedía con los diferentes partido de la Izquierda chilena.
 
Aproximadamente en marzo de 1974 Contreras estaba listo para iniciar su casería. Contaba con toda la infraestructura y medios necesarios, tenia los agentes preparados y adoctrinados, tenia una organización férrea y muy bien distribuida a lo largo del país con el mando centralizado, tenia los objetivos identificados y las brigadas organizadas con los conocimientos íntegros de los funcionamientos en situación de clandestinidad de cada una de los partidos.
 
El día 11 de Marzo de 1974 se divulga la declaración de Principios del Gobierno de Chile, donde se expresa que la Junta “ejercerá con energía el principio de autoridad, sancionando drásticamente todo brote de indisciplina o anarquía”. Con esta declaración ponían en alerta a la ciudadanía, que se iba a proceder a suspender y restringir las libertades públicas amparando sobre la base de un cierto concepto de seguridad nacional, que implica el empleo de órganos policiales secretos o de las propias instituciones armadas, reprimiendo a la oposición, desmantelando los partidos, controlando las actividades sindicales e interviniendo en las Universidades. Era en otras palabras la legitimación de la DINA.
 
Continuando con ese proceso, la Junta de Gobierno crea la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por Decreto Ley 521 de 14 de Junio de 1974, y, que es continuadora de la comisión denominada con idénticas siglas y creada en Noviembre de 1973.
 
La DINA, cuyo Director es designado por un Decreto Supremo, es "un organismo militar de carácter técnico-profesional, dependiente directamente de la Junta de Gobierno y cuya misión será la de reunir toda la información a nivel nacional, proveniente de los diferentes campos de acción, con el propósito de producir la inteligencia que se requiera para la formación de políticas, planificación y para la adopción de medidas que procuren el resguardo de la seguridad nacional y el desarrollo del país".
 
No se debe olvidar que la DINA depende directamente del Presidente de la Junta de Gobierno hasta el 17.12.74 y después del presidente de la República, en ambos casos Augusto Pinochet Ugarte. Por tanto, nunca se cumplió lo dispuesto en el Decreto Ley 521 para la designación como Director de aquella de un General en servicio activo, ya que durante todo el tiempo de su existencia el cargo de Delegado y Director Ejecutivo fue el Coronel Manuel Contreras, quien debía lealtad y obediencia personal y absoluta a Augusto Pinochet.
 
Con el andamiaje legal construido, Contreras da inicio al periodo mas negro de la historia reciente de Chile. Entre 1974 y 1977 casi la totalidad de muertes, desapariciones y torturas son de responsabilidad exclusiva de la DINA.
 
La eficacia de Contreras y su aparato represivo, traspasa las fronteras del país y tempranamente desarrolla el Departamento Exterior de la DINA. Este departamento comienza a trabajar a finales de 1973, pero su fuerte es en 1974, fundamentalmente en Argentina, para luego extenderse a otros países de América Latina, EEUU y Europa. En el exterior la DINA se dedica inicialmente a recuperar información del actuar de los exiliados que salían del país, pero pronto pasan a tareas mayores como es la detención, atentados y muerte de los que ellos consideraban sus enemigos políticos. Gran notoriedad toma la muerte de Carlos Prats González y su esposa en Argentina, el atentado a Bernardo Leighton y su Esposa en Italia y la muerte de Osvaldo Letelier y su secretaria en Washington. Todas estas acciones, se ha descubierto con posterioridad, fueron ejecutadas por orden directa de Augusto Pinochet.
 
Junto con el monitoreo de los chilenos exiliados en diferentes países, la DINA chilena comienza a tener contactos con otros grupos de seguridad del cono sur y esto lleva a Contreras a desarrollar la idea de una organización de cooperación entre estos aparatos y es de ése modo que nace el Plan Cóndor.
 
La DINA es disuelta en el mes de agosto de 1977 y es sustituida por la Central Nacional de Informaciones (CNI).
 
Contreras, durante su reinado en la DINA, crea diferentes empresas que originalmente ayudaron al financiamiento de la DINA (Ya que en los últimos tiempos el prestigio de la DINA estaba por el suelo y era muy difícil justificar el financiamiento de sus actividades. El caso Letelier y la presión de los EEUU, mas las sugerencias de políticos de derecha que indicaban que la represión debía ser aminorada). Varias de estas empresas quedaron en su poder y bajo su control después de 1977, lo que le permitió acumular una basta riqueza.
 
El caso Letelier puso a Contreras en la cárcel de Punta de Peuco en 1995 ya que fue condenado el 12 de Noviembre de 1993 en la causa 30.174 a 7 años de prisión por homicidio y uso de pasaportes falsos.
 
El 28 de febrero de 2005 Contreras ingresa la cárcel Cordillera para cumplir su condena de 12 años por el secuestro calificado del militante del MIR Miguel Ángel Sandoval.
 
En ambas ocasiones Contreras trató de evadir el curso de la justicia, la primera vez se atrinchero con sus guardaespaldas en su fundo “Viejo Roble” previo haber estado en un hospital naval y en la segunda oportunidad lo hizo en su casa donde permanecía bajo arresto domiciliario, esta vez saco un revolver para amenazar a los agentes de la Policía Civil que cursaban el arresto y por la falta de guardaespaldas lo protegieron su amante la ex agente de la DINA y ex secretaria personal Nélida Gutiérrez. También estuvieron presentes las hijas de Contreras quienes arañaron a los policías.
 
En esta oportunidad Contreras acuso de traidor a su jefe directo Augusto Pinochet por no asumir responsabilidad por las ordenes emitidas a Contreras durante sus casi cotidianos desayunos donde Contreras recibía ordenes y reportaba todo lo que estaba haciendo.
 
Pinochet no responde y una vez mas esconde la cara y espera que “pase el temporal“.

 

     Documento Oficial de la Operacion Condor

 

Fuentes de Informacion: La Nacion; PrimeraLinea; El Mercurio; El Mostrador; Punto Final; El Siglo; Cmabio 21; Archivo Memoriaviva


Primera Linea

Jueves 23 de Mayo  2002

Procesan a Manuel Contreras por desaparición de militante socialista

La titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, decidió procesar al ex jefe de la disuelta DINA, general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, en calidad de autor del secuestro del militante socialista Víctor Olea Alegría.

La magistrada con dedicación excusiva en causas de derechos humanos, completó de esta manera con enbcausar a la totalidad de la línea de mando de la unidad de represión encargada de este delito, la llamada brigada Purén, informó El Mostrador.

Entre los procesados por este caso figuran el ex carabinero Alejando Molina Cisternas, el suboficial (R) Miguel Hernández Oyarzo, el brigadier (R) Gerardo Urrich González y el general (r) del Ejército Raúl Iturriaga Neumann.

Olea Alegría fue detenido el 11 de septiembre de 1974 en su domicilio de calle Pedro Lagos, en la comuna de Santiago.

Luego, junto a otros militantes socialistas de la llamada Décima Comuna fue trasladado al centro de detención conocido como "Venda Sexy" -ubicada en la calle Irán 3037 esquina de Los Plátanos en la comuna de Macul- uno de los sitios más desconocidos donde fueron torturados los opositores secuestrados por los servicios de represión de la dictadura y utilizado como lugar de tránsito para los detenidos que luego eran trasladados a Villa Grimaldi


La Tercera

Lunes 22 de Julio  2002

Ministro Guzmán procesó a siete militares (r)

El ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, sometió a proceso a siete militares (r) por el delito de secuestro calificado, por la desaparición de 23 personas en el recinto de torturas de Villa Grimaldi, durante el gobierno militar.

Los ex uniformados son el ex director de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda; el coronel Marcelo Moren Brito; brigadier Miguel Krasnoff; el suboficial Basclay Zapata; el agente Osvaldo Romo; el oficial en retiro de Carabineros, Conrado Pacheco y al agente Pedro Alfaro.

De un abogado de DDHH en Chile, recibimos mas detalles:

Manuel Contreras Sepúlveda por :  Jacqueline Drouilly, César Negrete Peña, Marta Neira, Alfredo Rojas Castañeda, Jaime Vásquez Sáenz, Juan Molina Mogollones, Alej. Avalos Davidson, Sonia Rios Pacheco, Elías Villar Quijón, María Isabel Gutiérrez Martínez, Horacio Carabantes, Fabián Ibarra Córdova, Carlos Rioseco Espinoza, Alfredo García Vega, Abel Vilches Figueroa, René Acuña Reyes, Carrasco Matus, Hugo Rios Videla,Martín Elgueta Pinto, Agustín Martínez Meza, Juan MacLeod, Julieta Ramírez Castro y Luis Palominos Rojas.

Marcelo Moren Brito por todos los anteriores menos Elgueta, Negrete y Neira.

Miguel Krassnoff por Negrete, Neira, Drouilly,Rojas, Vásquez, Molina,Avalos, Acuña, Carrasco, Ríos, Elgueta, Martínez y Palominos.

Pedro René Alfaro Fernández por: Ríos, Villar, Gutiérrez, Carabantes,

Ibarra, Rioseco, García y Vilches.

Basclay Zapata por: Rojas, Vásquez, Molina, Acuña, Carrasco, Ríos, Elgueta y Palominos.

Conrado Pacheco Cárdenas por: MacLeod y Ramírez.


La Tercera

Miercoles 9 de Octubre 2002

Confirman procesamiento a Contreras por 22 desapariciones

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el procesamiento que el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia había dictado en contra del ex jefe de la DINA, general (r) Manuel Contreras, por la desaparición de 22 personas durante el gobierno militar.
En julio pasado, el Juez Guzmán ordenó el procesamiento de Contreras y de otros seis ex agentes por el secuestro de 23 personas que fueron conducidas a Villa Grimaldi tras su detención.

Sin embargo, el tribunal sólo confirmó el procesamiento de los imputados por 22 casos, pues revocó la encargatoria de reo que pesaba sobre Contreras y los demás ex agentes por el secuestro del académico de la Universidad Católica Alejandro Avalos Davidson, hecho ocurrido el 20 de noviembre de 1975.
 

Los demás agentes imputados

En este caso, el fallo que reduce a 22 el número de secuestros favorece también a los ex agentes de la DINA, Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito y Basclay Humberto Zapata Reyes.
En la época de su desaparición, Alejandro Avalos Davidson tenía 30 años, militaba en el Partido Comunista (PC) y trabajaba como investigador de la mencionada casa de estudios superiores.

El tribunal, que estuvo integrado por los ministros Cornelio Villarroel, Rosa María Maggi y el abogado integrante Angel Cruchaga, estimó que existe certeza sobre el deceso de la víctima, razón por la cual, el delito imputado (secuestro) no puede prosperar.
No obstante, los jueces mantuvieron los procesamientos que afectan a Contreras y a los demás ex agentes por el secuestro de otras 22 personas, lo que fue valorado por el abogado querellante, Nelson Caucoto.
 


PrimeraLinea

Viernes 18 de Octubre 2002

Justicia confirma procesamiento contra Manuel Contreras

En fallo unánime, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el proceso contra el general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, ex director de la disuelta DINA, por la desaparición del militante del MIR Antonio Patricio Soto Cerna en 1974. Según informa TVN.cl, con esta determinación, el tribunal compuesto por los ministros Jaime Rodríguez, Juan González y el abogado integrante Hugo Llanos, confirmaron el fallo de la titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, jueza Raquel Lermanda.

Soto Cerna, dirigente de Comité Sin Casa, miembro de la Junta de Abastecimiento Popular (JAP) y militante del MIR, fue detenido el 22 de noviembre de 1974 en la Población La Bandera

En la misma fecha fueron aprehendidos Luis Omar Mahuida Esquivel y Luis Genaro González Mella, vecinos, amigos y vinculados políticamente a Soto. Los tres fueron vistos en los mismos recintos de detención -Cuatro Alamos y la Venda Sexy- y se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos.

En este mismo caso se encuentran procesados el general (R) Raúl Iturriaga Neumann, Gerardo Urrich y al mayor (R) de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo


La Tercera

25 de Febrero 2003

Justicia procesa a Manuel Contreras por asesinato de Carlos Prats

El ministro en visita Alejandro Solís procesó a los cinco ex miembros de la plana mayor de la Dina por el doble homicidio y asociación ilícita en el caso de la muerte del general Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército, y su mujer, Sofía Cuthbert, hecho ocurrido en Argentina el 30 de septiembre de 1974.

La decisión judicial recayó en el general (r) y ex director de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda; los brigadieres (r) Pedro Espinoza (segundo hombre de la Dina) y José Zara; el general (r) Raúl Iturriaga Neumann y su hermano, el ex agente civil Jorge Iturriaga. 

Mientras Contreras y Espinoza fueron sometidos a proceso "en calidad de autores como jefes en el delito de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado de Prats y su esposa", Zara  y los hermanos Iturriaga Neumann fueron procesados "en calidad de autores como miembros" de la mencionada asociación ilícita.

El general (r) Contreras fue notificado de la determinación judicial ayer en la tarde en su casa, donde cumple arresto domiciliario por su procesamiento en otros crímenes. Esta mañana, Zara, Espinoza y Raúl Iturriaga Neumann fueron informados de su procesamiento. Por su parte, Jorge Iturriaga Neumann aún no ha sido notificado oficialmente. Según se sabe, estaría de vacaciones y regresa a Santiago el jueves 26 de febrero, día en el que se realizará el trámite judicial.

Procesados después de intensos interrogatorios

La semana pasada el juez Solís interrogó a los cinco involucrados en el caso, ocasión en la que se confirmó que el ex agente de la Dina Michael Townley es autor material del delito.

El general Prats y su esposa fueron asesinados el 30 de septiembre de 1974 en Palermo, Buenos Aires, cuando, al llegar a su casa, una bomba explotó en su vehículo.

El caso en Chile se abrió después de casi 30 años, luego que la Corte Suprema conociera un pedido de extradición, por la jueza argentina María Servini de Cubría, hacia el país trasandino de la cúpula de ese organismo represivo.

Aunque el máximo tribunal rechazó la petición el pasado 9 de diciembre, ordenó abrir una causa en Chile, proceso que había sido derivado al 19° Juzgado del Crimen.

Sin embargo la titular de ese juzgado se declaró incompetente, por lo que el máximo tribunal designó como ministro de fuero al magistrado Alejandro Solís.


La Tercera

16 de Abril 2003

Histórica condena a Contreras reinterpreta la Ley de Amnistía

A 15 a años de prisión fue condenado ayer el ex director de la Dina, general (R) Manuel Contreras, en su calidad de autor del delito de secuestro calificado del militante del MIR Miguel Angel Sandoval Rodríguez, detenido desaparecido desde el 7 de enero de 1975. El fallo de primera instancia dictado por el ministro de fuero, Alejandro Solís, fue calificado de "histórico" en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y en el Programa de Derechos Humanos del Gobierno, ya que es primera vez que en una sentencia condenatoria se anuló la Ley de Amnistía de 1978, afectando a la plana mayor del organismo represor.

La resolución, que también condena a 15 años al brigadier (R) Miguel Krassnoff, a 10 años al coronel (R) Marcelo Moren Brito, como autores, y a cinco años a los suboficiales Fernando Laureani y Gerardo Godoy, en calidad de cómplices, ratifica lo que han hecho los tribunales desde 1997, cuando comenzaron a reabrir las causas de detenidos desaparecidos, empleando la figura de secuestro, que es un delito permanente y no amnistiable.

La primera condena judicial que reinterpretó la amnistía fue dictada el 15 de noviembre pasado por el magistrado Jaime Salas, del Juzgado de Letras de San José de la Mariquina, que sentenció a tres años de prisión a los oficiales (R) Héctor Bravo y Jerónimo Pantoja, por el secuestro de Pedro Espinoza, desaparecido en octubre de 1973. Y según los abogados vinculados al tema, se avecinan nuevos cierres de sumario en las numerosas causas que investigan los jueces con dedicación exclusiva para casos de derechos humanos.

Sin embargo, aún falta que se pronuncie la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, que podrían revocar las sentencias, volviendo a la interpretación original de la Ley de Amnistía. En este sentido, el abogado de Contreras, Juan Carlos Manns, adelantó que apelará, ya que consideró que "la figura del secuestro calificado no tiene ningún asidero, la Dina terminó el año '77, no pudo haber estado detenido todos estos años. Los absurdos legales van contra las garantías constitucionales".

Por su parte la vicepresidenta de la AFDD, Mireya García, afirmó "que esta condena se dé a los 30 años del golpe de Estado le agrega un significado que tiene que ver con la constancia que hemos mantenido para lograr justicia. Esperamos que esto no sea lo último, sino el inicio de un camino, este es un gran logro".

El abogado del programa de DD.HH. Francisco Bravo destacó que la condena es mayor que la obtenida por Contreras en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, la que fue de 7 años.

Cuestionamiento a Solís

Conocida la sentencia, Contreras objetó la competencia de Solís. En entrevista a Medianoche, dijo que el magistrado "no debe estar en ninguno de los casos, por cuanto tiene el problema de que su esposa (Margarita Tapia), estando casados el año '73, estuvo detenida en el Estadio Nacional por dos meses y medio". En ese sentido, estimó "indispensable" aplicar el nuevo procesamiento penal, "para evitar que un individuo sea juez y parte".

Solís se encuentra abocado a diversas causas de derechos humanos, entre ellas la investigación en Chile del crimen del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, por el que también se encuentra procesado Manuel Contreras. Asimismo, el juez está a cargo del caso de los 17 campesinos ejecutados en Chihuío y Liquiñe, y casos en Parral y Linares, en donde hoy comenzará labores de excavación en busca de restos de desaparecidos.

En tanto, la investigación sobre Miguel Angel Sandoval fue encabezada casi en su totalidad por la jueza especial del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, María Inés Collin, quien entregó a principios de año el sumario casi cerrado a Solís, a quien sólo le correspondió realizar el plenario y dictar las condenas. Sandoval, casado, de 26 años, era sastre y al momento de su detención se econtraba en plena vía pública. Días después diversos testigos lo vieron en el centro de torturas Villa Grimaldi. En julio de 1975 figuró en la prensa como uno de los 60 chilenos supuestamente muertos en enfrentamientos en el extranjero


La Nacion

29 de Abril 2003

Juez le dobla la mano a Contreras

Aunque el Ejército intercedió en favor del general (R) Manuel Contreras para postergar su reclusión en la unidad penal del Comando de Telecomunicaciones -Batallón de la Policía Militar (BPM)- el ministro Daniel Calvo ordenó el cúmplase del traslado, poniendo fin a casi dos años de arresto domiciliario que benefició al ex director de la disuelta DINA, desde enero del 2001, cuando terminó de cumplir su condena por el crimen del ex canciller Orlando Letelier en la Cárcel de Punta Peuco.

El impasse se generó el viernes pasado cuando el magistrado, junto con dictar un nuevo procesamiento en su contra por el secuestro y homicidio de cinco militantes comunistas, fue informado por el Comando de Salud de la institución castrense de que Contreras terminaba su hospitalización el lunes, motivo por el cual ordenaba su ingreso al BPM.

Sin embargo, ayer en forma sorpresiva, el juez Calvo recibió un oficio del Estado Mayor, donde se le informaba que no podían cumplir con la medida debido a que el general (R) está a disposición de otros cuatro jueces, quienes habían determinado también su arresto domiciliario.

En ese contexto, Calvo remitió, con calidad de urgente, un oficio donde pedía a los ministros Alejandro Solís, Jorge Zepeda y a las juezas, Raquel Lermanda y María Inés Collin, del Noveno y Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, respectivamente, que se pronunciaran si tenían antecedentes para mantener con arresto domiciliario a Contreras.

El ministro Calvo explicó ayer que “en atención al estado de salud que se me informó en esa oportunidad se postergaba hasta el día de hoy (el traslado), ahora hay un nuevo antecedente que me comunica el Ejército, y en base a este nuevo antecedente hay que resolver ante la posición que señalen los jueces ”.

Tanto el ministro Solís como Zepeda respondieron que no existían inconvenientes para su traslado. En tanto, al cierre de esta edición, las juezas del crimen no se oponían a la medida.

Los dolores de cabeza del juez Calvo

 Un oficial del Batallón de Policía Militar pretendió excusar inasistencia de Manuel Contreras, pero le fue mal.

Una tensa situación, que casi terminó en pugilato, debió enfrentar el ministro en visita Daniel Calvo, quien investiga parte de las causas por violaciones de los derechos humanos que anteriormente pesquisó el juez Juan Guzmán. El viernes, el magistrado Calvo tenía citados al Palacio de Tribunales a tres uniformados en retiro para notificarlos de un procesamiento por el secuestro y homicidio de cinco militantes de las Juventudes Comunistas. Se trataba del ex director de la DINA, Manuel Contreras; el coronel (R) Marcelo Moren Brito y el ex suboficial de Carabineros José Friz Esparza. Sin embargo, más de un dolor de cabeza causaron Contreras y Moren Brito.

Con algunas horas de retraso, un oficial del Batallón de la Policía Militar (BPM) del Ejército, a cargo de la custodia de los militares procesados por la justicia, llegó hasta el despacho del magistrado para entregar un certificado médico en el que constaba que el general en retiro Contreras había sido internado en el Hospital Militar, razón por la que no podía concurrir.

El oficial de la Policía Militar se presentó en el despacho para entregar el documento al actuario del juez Calvo, pero el magistrado-presente en el lugar- le solicitó personalmente el certificado. Según fuentes, el militar, por razones que se desconocen, se negó a hacerle entrega del documento, lo que motivó la ira de Calvo y un fuerte intercambio de palabras con el oficial, que hizo necesaria la presencia de Gendarmería.

Como corolario, el magistrado solicitó informe al Comando de Salud del Ejército, y según los antecedentes, puso fin al arresto domiciliario de que gozaba Contreras y ordenó su ingreso en calidad de procesado al Batallón de Policía Militar, cuyas instalaciones se encuentra al interior del Comando de Telecomunicaciones de Peñalolén.


El Mostrador

15 de Mayo 2003

Justicia chilena procesa por primera vez en Caso Llidó

Por primera vez, la justicia chilena dictó autos de procesamientos en contra de personas que participaron en el secuestro calificado del sacerdote español Antonio Llidó.

El caso del sacerdote fue uno de los que determinó la detención en Inglaterra del general (R) Augusto Pinochet Ugarte, a raíz de la investigación que llevaba el juez español Baltasar Garzón.

Esta mañana fueron sometidos a proceso como autores del secuestro calificado, nueve ex integrantes de la DINA, incluida su plana mayor.

Los encausados son Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krasnov Marchenco, Osvaldo Romo Mena, Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana, Orlando Manzo Durán, Ciro Torré Sáez y Brazclay Zapata Reyes.

El sacerdote Llido fue detenido ilegalmente en octubre de 1974 y visto por ultima vez en el centro de reclusión clandestino de Cuatro Álamos. Agentes de la DINA lo torturaron por ayudar y dar protección a militantes del MIR.


El Mostrador

12 de Junio 2003

Procesan a cúpula de la DINA por secuestro de decorador

El juez especial Alejandro Solís, con dedicación exclusiva para causas de derechos humanos, sometió hoy a proceso a la cúpula de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por la desaparición de un decorador en 1974.

El magistrado encausó al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, al brigadier (r) Miguel Krasnoff, al coronel (r) Marcelo Moren Brito y al suboficial (r) Basclay Zapata.

La resolución del magistrado también incluye al civil Osvaldo Romo Mena.

Se trata del caso del secuestro del decorador Fernando Silva Camus, arrestado por cuatro agentes de la DINA el 27 noviembre de 1974, un día después de que desapareciera su hijo, Claudio Silva Peralta, quien era militante del MIR.

Los aprehensores ingresaron al domicilio del afectado, procediendo a interrogarlo sobre sus actividades laborales y a revisar la documentación relativa a pedidos y datos de clientes, según consigna el sitio Memoriaviva.

Al día siguiente fue enviado a Villa Grimaldi, lugar donde fue visto con vida por última vez.


La Nacion

04 Agosto 2003

Amnistía y prescripción en los alegatos por la primera condena contra la ex DINA

Es como si todo hubiese quedado a la espera de que en los próximos días el gobierno dé a conocer su propuesta en materia de violaciones de los derechos humanos. Incluso en esa senda parece anotarse el excesivo retraso de la vista de la apelación por la primera sentencia del país que condenó a altas penas de prisión a parte de la cúpula de la ex DINA.

Su debate en una sala de Corte de Apelaciones de Santiago podrá ser tan decidor, como resolver el corazón mismo de la discusión de fondo en este asunto trascendente: la aplicación o no de la ley de amnistía y la prescripción del delito.

La materialización de tal discusión debiera repletar los asientos de la corte cuando ella finalmente se verifique. Será en ese momento cuando, por fin, se llegará al instante en que, por primera vez en la historia de los procesos instruidos por la pasada represión militar, se conocerá una posición oficial de una corte acerca de la resistida ley de amnistía y la figura de la prescripción del delito, tan alegada por las Fuerzas Armadas y Carabineros y por la inmensa mayoría de civiles que sustentaron la pasada dictadura militar.

De acuerdo a los abogados querellantes y defensores en las causas, ése es el centro del conflicto jurídico en materia de derechos humanos. El resto pertenece a otras esferas de la discusión.

Será en ese momento, entendiendo que luego le tocará decir su palabra a la Sala Penal de la Corte Suprema por la vía del recurso extraordinario de la casación, cuando se sabrá cuánto quedarán conformes o decepcionados los familiares de las víctimas, las Fuerzas Armadas y Carabineros, especialmente el Ejército, el gobierno, y todos quienes tienen intereses y/o opinión en esta cuestión.

Esa es, ni más ni menos, la relevancia de esa audiencia que continúa postergándose, sin apreciarse muy claramente por qué el retraso, entendiendo que “hay reos presos”, como se nombra en la jerga de tribunales. Ello apura normalmente la vista de estas apelaciones.

En este proceso, el 14 de abril de 2003 el ministro Alejandro Solís condenó a 15 años de presidio al ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda; a 15 años de la misma pena al ex jefe de varios recintos clandestinos de la DINA, coronel (R) Marcelo Moren Brito; y a 10 años de presidio al también ex jefe de algunos de estos centros de tortura y exterminio, brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko, quien no hace mucho se atribuyó públicamente el cartel de “analista” y “entrevistador” de la ex DINA.

Todos fueron sentenciados por el juez Solís como autores del secuestro calificado y desaparición del militante del MIR, Miguel Angel Sandoval Rodríguez.

También fueron sentenciados a 5 años de presidio en calidad de cómplices del mismo delito los ex agentes de la DINA, brigadier (R) Fernando Lauriani Maturana, conocido como el “teniente Pablito” y uno de los más crueles represores de la ex DINA, y el teniente coronel (R) de Carabineros Gerardo Godoy García, alias “El cachete chico”.

Será respecto de estas “estrellas” de la ex DINA, donde se producirán los relevantes alegatos acerca de la amnistía y la prescripción del delito que están por venir.

En su sentencia condenatoria el ministro Alejandro Solís rechazó aplicar la amnistía y la prescripción del delito a favor de los ex agentes, esgrimiendo el argumento que hasta ahora aparece como insalvable en contra de los militares: que mientras no aparezca el cuerpo de la víctima, el secuestro es un ilícito de carácter permanente que se sigue cometiendo cada día, y por tanto excede ampliamente el período cubierto por la ley de amnistía que se extiende hasta el 10 de marzo de 1978.


El Mostrador

15 de Mayo 2003

Justicia chilena procesa por primera vez en Caso Llidó

Por primera vez, la justicia chilena dictó autos de procesamientos en contra de personas que participaron en el secuestro calificado del sacerdote español Antonio Llidó.

El caso del sacerdote fue uno de los que determinó la detención en Inglaterra del general (R) Augusto Pinochet Ugarte, a raíz de la investigación que llevaba el juez español Baltasar Garzón.

Esta mañana fueron sometidos a proceso como autores del secuestro calificado, nueve ex integrantes de la DINA, incluida su plana mayor.

Los encausados son Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krasnov Marchenco, Osvaldo Romo Mena, Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana, Orlando Manzo Durán, Ciro Torré Sáez y Brazclay Zapata Reyes.

El sacerdote Llido fue detenido ilegalmente en octubre de 1974 y visto por ultima vez en el centro de reclusión clandestino de Cuatro Álamos. Agentes de la DINA lo torturaron por ayudar y dar protección a militantes del MIR.


El Mercurio

1 de Septiembre 2003

Caso Prats: Procesados Mariana Callejas y Cristoph Willeke

El ministro en visita que investiga el caso Prats, Alejandro Solís, sometió a proceso a los ex agentes de la Dina, Mariana Callejas y Cristoph Willeke como autores del doble homicidio calificado del general Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires.

Willeke además fue procesado por el delito de asociación ilícita.

Callejas fue notificada tras declarar a primera hora de esta mañana en el despacho del magistrado, y luego fue trasladada al Centro de Orientación Femenina (COF).

En tanto, el ex agente del organismo represor Cristoph Willeke, quien se encontraba cumpliendo detención domiciliaria, fue derivado al Comando de Telecomunicaciones.

Tras conocer la resolución, el abogado de la familia Prats, Hernán Quezada, sostuvo que "los procesamientos indican que la causa avanza decididamente al esclarecimiento de la verdad y de la responsabilidad de todos los que participaron en este crimen".

Callejas y Willike enfrentan además una solicitud de extradición de parte de la jueza argentina María Servini de Cubría, quien investiga el crimen en Buenos Aires. La petición está siendo estudiada por el ministro de la Corte Suprema Nibaldo Segura, quien deberá presentarla a la sala penal del máximo tribunal para que éste se pronuncie al respecto.

Pese a ello, se presume que la Corte Suprema rechazará la solicitud, de la misma forma que lo hizo con los cinco procesados anteriormente en el caso, cuando le negó a la justicia argentina el requerimiento de extradición, con el argumento que debían ser juzgados en Chile.

Mariana Callejas estuvo casada con Michael Townley, a quien se le atribuye haber puesto un artefacto explosivo bajo el automóvil del general (r) Prats. Según algunos testimonios, Callejas detonó el artefacto cuando el auto ingresaba al estacionamiento del edificio donde vivía el ex Comandante en Jefe, en el barrio de Palermo de Buenos Aires.

Por el mismo caso fueron encausados, en febrero pasado, los miembros de la cúpula del organismo represor, general (r) Manuel Contreras, brigadieres (r) Pedro Espinoza y José Zara; el general (r) Raúl Iturriaga Newman y el agente civil Jorge Iturriaga.


El Mostrador

12 de Noviembre 2003

Procesan a agentes de la DINA por desaparición de ex MIR

La titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, sometió a proceso ayer a tres ex agentes de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el delito de secuestro calificado.

La resolución de la magistrada afecta a Manuel Contreras, ex director del organismo; Eduardo Iturriaga Neumann, ex jefe del Departamento Exterior; y a Riffiere Aldez España, ex inspector del a Policía de Investigaciones.

Los hechos investigados por la jueza dicen relación con la desaparición de Luis Mahuida Esquivel, en mayo de 1977 y de Luis González Mella en diciembre del mismo año.

Ambos ex militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron detenidos por agentes de la DINA y fueron vistos con vida por última vez en el centro de reclusión conocido como "La Venda Sexy".

La jueza Lermanda, además de este proceso, lleva otros, en razón de ser una magistrada con dedicación exclusiva para causas de derechos humanos, condición otorgada por la Corte Suprema. 


La Nacion

23 Noviembre de 2003

Angeles de la Muerte

Una exhaustiva y larga investigación del juez Juan Guzmán y su equipo de detectives del Departamento V logró develar el mejor secreto guardado por la DINA: el destino de sus desaparecidos en la Región Metropolitana. La operación sistemática fue realizada por los pilotos y mecánicos de los helicópteros Puma del Comando de Aviación del Ejército entre los años 1974 y 1978.

Desde los sacos paperos sobresalían las pantorrillas y los pies. A las mujeres se les veían los zapatos con tacones altos o bajos. A veces se les asomaba el ruedo de la falda. A los hombres se les veían los zapatos y el extremo de los pantalones. Cada saco contenía un cuerpo amarrado con alambre a un trozo de riel. Algunos cuerpos todavía mostraban sangre fresca. Otros expelían el olor de la primera descomposición. Otros sacos estaban impregnados de aceite humano, señal de que los cadáveres habían permanecido algún tiempo enterrados. Algunos de los bultos, los menos, no tenían la forma de un cuerpo sino que eran de un tamaño más reducido, sólo parte de los restos.

Fueron al menos 40 viajes. En cada uno subieron de ocho a quince bultos a bordo de los helicópteros Puma. De los 12 mecánicos del Ejército que al final terminaron reconociendo las operaciones, cada uno hizo al menos un viaje. En algunos casos fueron dos, tres e incluso más. Hay otros mecánicos que también participaron en estas operaciones pero que todavía lo niegan. Casi treinta años se guardó el secreto entre pilotos y mecánicos en el Comando de Aviación del Ejército (CAE), estamento responsable de la operación. Al comienzo todos negaron, varias veces. Los pilotos niegan hasta hoy. Pero los mecánicos quebraron el juramento sellado con la sangre de otros. El juez Guzmán y los detectives que lo asisten tomaron esta hebra y la investigaron silenciosos y pacientes durante más de un año, en el marco del proceso por la cúpula comunista desaparecida de Calle Conferencia.

Interiorizarse de los detalles de los vuelos de la muerte sobrecoge. Ahí está al fin la respuesta, detallada, y esta vez relatada desde adentro, del destino de los prisioneros de la DINA en Santiago.

Entre 400 y 500 fueron los cuerpos lanzados al mar en estas operaciones realizadas principalmente entre 1974 y 1978, aunque también habrían ocurrido en las últimas semanas de 1973.

El informe de las Fuerzas Armadas que surgió de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos en enero de 2001 con información del destino de 200 detenidos desaparecidos (49 en tierra y 151 al mar), apenas consignó 29 casos atribuidos a la DINA. De ellos, sólo 23 aparecieron como arrojados al mar. En la mesa de diálogo el Ejército del entonces general Ricardo Izurieta afirmó que no contaba con más información. Otorgando el beneficio de la duda, el Ejército esa vez no logró romper el secreto de los juramentados. Pero tampoco lo ha hecho hasta hoy.

Las cifras oficiales del Informe Rettig y las entidades continuadoras indican que los desaparecidos de la DINA en la Región Metropolitana entre 1973 y 1978, fueron 590.

La razón del mamo

Al final se confirmó la verdad. La confirmaron los mismos ejecutores, o parte de ellos. Como viene ocurriendo con otros casos espeluznantes, como los ejecutados de La Moneda en Peldehue, los que hablaron fueron los de abajo, no los altos oficiales. Los mecánicos son todos suboficiales hoy retirados.

Hay que admitir que el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, tenía por una vez la razón. “No hay detenidos desaparecidos de la DINA, están todos muertos” dijo recientemente a una documentalista del Canal+ de la TV francesa. Lo que Contreras nunca ha reconocido es que la macabra y sistemática operación de lanzar los cuerpos al mar existió. Y que nunca pudo ser planificada sólo por quien fue el jefe del Comando de Aviación del Ejército entre enero de 1974 y diciembre de 1977, coronel Carlos Mardones Díaz. Éste, junto a otros cuatro ex pilotos del CAE, fue procesado el viernes 14 de noviembre de 2003 por el juez Guzmán en calidad de cómplice y encubridor en el sumario por la muerte de Marta Ugarte. El de esta dirigente comunista fue el único cuerpo de las víctimas arrojadas al mar que afloró desde las profundidades del Océano y que en septiembre de 1976 varó en la playa La Ballena, cerca de la caleta Los Molles en la V Región. Fue la única falla del sistema de exterminio, la pista que permitirá ahora condenar a los culpables. Ningún otro cuerpo lanzado al mar apareció. El “culpable” de la defectuosa atadura del peso que permitió que el cadáver de Ugarte subiera a la superficie y se convirtiera en una evidencia fundamental, está identificado y confeso de su criminal error.

Pero Guzmán también procesó por este caso en calidad de autores de secuestro y homicidio a Contreras y a su propio primo, el brigadier (R) Carlos López Tapia, quien en 1976 era el jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA y a la vez jefe de Villa Grimaldi. Éste fue el principal centro clandestino de reclusión y tortura en el país, y desde allí fue sacada la mayor cantidad de los cadáveres que iban al mar. El juez fue respaldado el viernes 21 de noviembre de 2003 por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó los procesamientos. Aunque revocó el del piloto Emilio de la Mahotiere “por encontrarse en Francia” cuando desapareció Marta Ugarte.

Tobalaba-peldehue

La operación “Puerto Montt” (código con el que en los centros clandestinos de la DINA se marcaba en el registro de prisioneros a quienes serían ejecutados y lanzados al mar) tuvo un protocolo de actuación que se repitió. Antes de cada vuelo los mecánicos recibían la orden de sacar los asientos del Puma (18 a 20) y el estanque de combustible adicional. La autonomía de vuelo de este helicóptero sin el segundo estanque es de dos horas y media. Cada viaje era ordenado por el jefe del CAE al jefe de la Compañía Aeromóvil de ese comando de helicópteros. Todos los vuelos quedaban registrados.

Las máquinas partían cada vez desde el aeródromo de Tobalaba en la comuna de La Reina, donde durante esos años funcionó el Comando de Aviación del Ejército. La tripulación la conformaban un piloto, un copiloto, y un mecánico. El vuelo se iniciaba con destino a Peldehue, en Colina. Allí, en terrenos militares, descendían y eran esperados normalmente por dos o tres camionetas Chevrolet C-10, casi siempre de color blanco, cuya sección trasera estaba cubierta por un toldo. A cargo de estos vehículos estaban dos o tres agentes de civil. Los civiles descorrían los toldos que ocultaban los cadáveres amontonados y los descargaban para ponerlos dentro del helicóptero. A continuación el Puma volvía a elevarse con los agentes civiles a bordo. Normalmente se orientaba hacia la costa de la Quinta Región, y a la altura de Quintero la máquina tomaba dirección mar adentro. La menor de las veces los vuelos se fueron mar adentro a la altura de San Antonio o Santo Domingo.

Alcanzada una distancia adecuada, el piloto daba la orden para iniciar la descarga de los cuerpos. El lanzamiento se efectuaba a través de la escotilla de más o menos un metro cuadrado ubicada en el medio del helicóptero, donde se encuentra el gancho de carga que baja por dentro a la altura del rotor principal. Pero la descarga también se hacía a veces desde una escotilla de popa, de 1,80 metros de alto por casi un metro de ancho. El lanzamiento lo efectuaban los agentes civiles, que eran los responsables no sólo de llevar los cuerpos a Peldehue y ponerlos dentro de la nave, sino de supervisar que los bultos llegaran al fondo del mar.

Las identidades de los cuerpos arrojados al océano en esta operación no están establecidas, puesto que los testigos dicen no haberlas conocido nunca, salvo la de Marta Ugarte. Quienes sí las conocen, como el ex jefe de la DINA Manuel Contreras, niegan que esta operación existió.

 “Brillaban”

Los rieles “recién cortados, por lo que brillaban por los lados cortados” como los vio preparados el comisario de Investigaciones y agente de la DINA Nibaldo Jiménez Santibáñez, entregaban, en principio, la seguridad de que la prueba del crimen se iría con el pedazo de metal al fondo del océano. Dice Jiménez en una de sus declaraciones procesales que cuando preguntó un día para qué eran esos rieles cortados en trozos, recibió por respuesta “esos son pa’ los paquetes”. Cuando preguntó ¿qué paquetes?, sostiene que le respondieron “los que se van cortados todos los días de aquí, un lote grande al mar, los envuelven en un saco bien amarrados con alambre, echan el cuerpo y el riel, y con el peso del riel se van al fondo”.

Ya no eran ex prisioneros que hablaban de los rieles, ni sólo el campeón de pesca submarina Raúl Choque, que una vez en la década de los años 80 declaró a la prensa que vio osamentas en el fondo marino frente a Pisagua, pegadas a trozos de rieles. Ahora los fragmentos de vía eran una realidad vista por uno de los propios agentes que lo contaba a un juez.

Tampoco había enloquecido el coronel retirado Olagier Benavente Bustos, cuando el 24 de junio de 1999 declaró en una entrevista a La Nación que el “piloto de Pinochet, su regalón, Antonio Palomo”, le contó un día de verano un par de años después de 1973 en Pelluhue, donde ambos tenían casa de descanso, que le había correspondido hacer viajes pilotando un Puma para lanzar cuerpos al mar. “Partían desde Tobalaba”, dijo el coronel (R) Benavente que le había dicho Palomo. Era la primera vez que un alto oficial retirado revelaba parte del secreto. Pero esa vez todo quedó allí, sólo en las declaraciones. No existían todos los antecedentes descubiertos ahora. Por supuesto, Palomo desmintió las declaraciones de Benavente cuando el juez Guzmán lo interrogó.

La limpieza

Cumplida cada misión de vuelo, los helicópteros regresaban al lugar en Peldehue donde habían quedado estacionadas las camionetas C-10. Allí descendían los agentes civiles, montaban en las camionetas y se iban.

El helicóptero volvía a elevarse y se dirigía a su base del CAE en Tobalaba. Desocupada la máquina de su tripulación, los mecánicos realizaban la operación de limpieza del piso, que la mayoría de las veces quedaba con sangre impregnada y con un penetrante olor a carne descompuesta. Manguereaban el piso y el interior y dejaban ventilarse la máquina. Cuando el olor y la sangre desaparecían, los mecánicos volvían a instalar los asientos y el estanque de combustible adicional, a no ser que ya se supiera que al día siguiente ese mismo helicóptero debía cumplir una tarea similar. Normalmente esta limpieza no era realizada por los mismos mecánicos que habían participado del vuelo. Entre los limpiadores estuvo más de una vez E.A.O., el mismísimo mecánico personal del Puma Nº 256 del comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet. Aunque éste sostiene en el proceso que “nunca” le tocó realizar alguno de estos vuelos a alta mar. Su jefe fue por muchos años el ahora brigadier (R) Antonio Palomo.

La mayor parte de los desaparecidos que salían de Villa Grimaldi con la marca “Puerto Montt” partían del aeródromo de Tobalaba.

 “Cuando conversábamos entre los mecánicos, pude ver que varios de ellos habían realizado este tipo de viajes”, declaró en el proceso otro mecánico que participó en los vuelos y a quien nombraremos “Rotor 1”.

Las identidades de los mecánicos que finalmente contaron al juez las tenebrosas historias que permitieron conocer estos hechos, LND las mantiene en reserva. El hijo de uno de ellos fue secuestrado por algunas horas el viernes antepasado, el mismo día en que el juez Guzmán dictó los primeros procesamientos por el caso de Marta Ugarte contra cinco ex pilotos de los Puma, además de Contreras y López Tapia. Dos individuos lo obligaron a subir a un auto, lo amarraron, le pusieron una capucha en la cabeza, lo golpearon, y le dijeron que le dijera a su padre que “cierre el hocico”. Luego lo botaron en una calle de Santiago.

Otro de los mecánicos, “Rotor 2”, relató en la investigación que apenas se iniciaron estos vuelos, el comandante del CAE Carlos Mardones reunió a pilotos y mecánicos y les ordenó que “estas son misiones secretas que ustedes no deben comentar con nadie que no participe en ellas. Ni siquiera deben hablarlo con sus familias”.

El tribunal

El comisario (R) Nibaldo Jiménez, ex agente DINA con funciones en Villa Grimaldi y en el recinto de José Domingo Cañas, sostiene que “quienes enviaban a los individuos al mar era una reunión que se hacía con los jefes de grupo de esa época, los capitanes Miguel Krassnoff Martchenko, Maximiliano Ferrer Lima, y otros, porque había varios cuarteles. Se reunían en algo así como un tribunal, donde decidían qué detenido se salvaba y quiénes se iban al mar con el código anotado Puerto Montt. Esos “otros” a quienes se refiere Jiménez eran los de siempre, Marcelo Moren Brito y Pedro Espinoza Bravo, ambos jefes rotativos de varios de los centros clandestinos de la DINA.

El resultado de cada una de esas reuniones, continúa Jiménez, “era enviado al general Contreras, jefe máximo de la DINA (...) El general Contreras era quien revisaba las listas y en definitiva era quien decidía la suerte de los detenidos”.

Otra de las víctimas de la DINA fue el periodista Máximo Gedda Ortiz, hermano de los Gedda que realizan el programa de televisión “Al sur del mundo”. Detenido en julio de 1974, desapareció en el recinto de Londres 38. Jiménez cuenta el estado en que vio su cuerpo antes de que, presumiblemente, engrosara la lista de lanzados al mar. “Un sujeto de apellido Gedda estuvo detenido. Le habían sacado con cuchillo la carne de la pierna y se le veía el hueso. Estaba colgando, lo tenían colgando. Lo habían flagelado”.

Jiménez describe otra figura del horror y la brutalidad contra otro de los desaparecidos de la DINA. Se trata del fotógrafo Teobaldo Tello Garrido, quien había sido funcionario de Investigaciones durante el gobierno de Salvador Allende. Fue detenido en agosto de 1974 y permanece desaparecido. “Fui a verlo a un cuarto abarrotado de detenidos, al abrir su boca vi que estaba ensangrentada. Sus dientes habían sido removidos con un alicate por parte del señor Marcelo Moren (...) El coronel Moren era bastante bruto”.

Pilotos de la caravana

Entre los cinco ex pilotos de helicópteros Puma que el juez Juan Guzmán procesó por el secuestro y homicidio de Marta Ugarte están quienes fueron los pilotos de la Caravana de la Muerte. Antonio Palomo fue el piloto durante el tramo sur de este operativo, actuando como su copiloto Emilio de la Mahotiere González. Por el tramo norte de la caravana, el piloto fue el mismo De la Mahotiere y el copiloto, Luis Felipe Polanco Gallardo. El quinto piloto declarado reo es el coronel (R) Oscar Vicuña Hesse.

Una segunda fase de este método de desaparecimiento de detenidos arrojando sus cuerpos al mar, se inició después de 1978 y duró al menos hasta 1981-82, una vez que a fines de 1978 fueron descubiertos los cadáveres de 15 campesinos en un horno de Lonquén y el Ejército y Pinochet se alarmaron.

Esta segunda fase conocida como “las remociones” clandestinas, fue admitida incluso por el ex director de la Central Nacional de Informaciones, general Odlanier Mena, y sobre ella han prestado también declaraciones algunos ex agentes que participaron en el operativo. A esta operación pertenecen, entre otros, los prisioneros de Chihuío en la X Región; los ejecutados de La Moneda desenterrados desde Peldehue; y las 26 víctimas de la Caravana de la Muerte enterradas clandestinamente en el desierto de Calama. Estas no fueron víctimas de la DINA.

Probablemente, dada la experiencia adquirida, esta segunda fase fue realizada por los mismos pilotos y mecánicos del Comando de Aviación del Ejército. Este episodio no está totalmente aclarado judicialmente. En todo caso, los comandantes del CAE después de Carlos Mardones fueron: el coronel Hernán Podestá Gómez, entre enero y diciembre de 1978; coronel Fernando Darrigrandi Márquez, entre enero de 1979 a julio de 1981; y el coronel Raúl Dinator Moreno, entre agosto de 1981 y febrero de 1982.


El Mostrador

23 de Diciembre 2003

Dictan primeros procesamientos por Operación Cóndor

El juez Juan Guzmán procesó hoy a tres ex uniformados como autores del secuestro de nueve detenidos desaparecidos entre 1975 y 1977, como parte de la Operación Cóndor: el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, y a los brigadieres (r) Pedro Espinoza y Christoph Willikie, miembro del Departamento Exterior de dicho organismo.

El fallo establece que los tres oficiales fueron responsables, como autores, del secuestro y la posterior desaparición de los miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Juan Hernández, Luis Muñoz y Manuel Tamayo. Además de Edgardo Enríquez, Alexis Jacard, Jacobo Stoulman, Matilde Pessa, Julio Valladares y Jorge Fuentes Alarcón.

Según la resolución, los nueve izquierdistas fueron detenidos entre 1975 y 1977 en Argentina, Bolivia y Paraguay por los servicios de inteligencia de esos países, para ser entregados a agentes de la DINA, quienes los trasladaron a Chile. Una vez en el país, fueron llevados a “Villa Grimaldi”, donde funcionaba un centro de tortura. Desde ese lugar se pierde el rastro a las víctimas.

La resolución señala que Juan Hernández, Luis Muñoz, Manuel Tamayo y Edgardo Enríquez fueron detenidos en Buenos Aires, Argentina, en abril de 1976. Alexis Jacard, Matilde Pessa y Jacobo Stoulman fueron apresados también en esa ciudad, pero en mayo de 1977. La detención de Julio Valladares fue en julio de 1976 en Bolivia y la de Jorge Fuentes en mayo de 1975 en Asunción, Paraguay.

La semana pasada, el juez Juan Guzmán, quien investiga numerosas causas que involucran a Pinochet en crímenes cometidos durante su régimen, sobreseyó en primera instancia al general en retiro en un proceso por el secuestro y desaparición de una decena de dirigentes del Partido Comunista, en 1976. Ello, tras el rechazo de la Corte de Apelaciones de Santiago a dar curso al desafuero. “Lo único que corresponde jurídicamente es el sobreseimiento definitivo”, dijo el juez.

El pasado 22 de octubre, la Corte Suprema cerró definitivamente la puerta al eventual desafuero de Pinochet por este caso al declarar improcedente, por una cuestión de forma, una tercera petición en tal sentido. El máximo tribunal validó así un fallo de la Corte de Apelaciones, que el 27 de agosto rechazó retirar la inmunidad al general, de acuerdo con el dictamen que en 2001 lo declaró afectado por una demencia vascular "progresiva e irreversible".

El abogado Eduardo Contreras anunció que el miércoles presentará una nueva solicitud de desafuero de Pinochet, en nombre de los familiares de las víctimas de la llamada Operación Cóndor. “La idea es que se le pueda procesar por este caso, dada la lucidez que mostró en una reciente entrevista a un canal de televisión de Miami”, afirmó Contreras.

Los miembros de la policía secreta de Pinochet hoy procesados afrontan otros juicios por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el asesinato del ex comandante Jefe del Ejército chileno, Carlos Prats, perpetrado en septiembre de 1974 en Buenos Aires.

La Operación Cóndor, que significó la muerte de miles de personas en Latinoamérica, es investigada por el juez español Baltazar Garzón y su colega argentino Rodolfo Canicoba.

Esta es la primera resolución por este caso que adopta el ministro de fuero, que investiga desde 1998 la desaparición de más de un centenar de chilenos que fueron arrestados en los países vecinos en los años 70. Esta operación consistió en la coordinación de los servicios de información de las dictaduras del Cono Sur para el exterminio de izquierdistas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.


El Mercurio

19 de Marzo 2004

Corte otorga libertad provisional a Manuel Contreras

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago concedió hoy la libertad provisional, previo pago de una fianza de 500 mil pesos, al general (r) Manuel Contreras, quien está procesado en más de una treintena de causas de derechos humanos.

Esta libertad, obtenida hoy en el marco del caso del secuestro de Miguel Acuña Rojas, es la última que le faltaba al ex uniformado para concretar efectivamente el beneficio.

"Todas las solicitudes de libertad que ha hecho esta parte han sido ratificadas y aprobadas por la ilustrísima Corte de Apelaciones, destacó el abogado Juan Carlos Manns, quien representa a Contreras.

El militar (r), condenado entre otras causas por el homicidio del general (r) Carlos Prats y su esposa, se encuentra detenido en su domicilio particular en la comuna de Peñalolén desde noviembre de 2002.

Antes estuvo detenido en el penal Punta Peuco, cumpliendo condena por la muerte del ex canciller Orlando Letelier, y en el Regimiento de Telecomunicaciones.

Manns explicó que la libertad se materializará una vez que se cumplan una serie de trámites y oficios por parte de tribunales, los que podrían concluir hoy mismo o los primeros días de la próxima semana.

No obstante, la resolución podría quedar sin efecto si un juez que investiga casos de derechos humanos dictamina alguna determinación judicial en los próximos días en su contra.

Con la fianza impuesta hoy, suman 17.200.000 pesos los que el ex uniformado debe cancelar para poder recuperar su libertad.

La Primera Sala estuvo integrada por los ministros Rubén Ballesteros, Juan Araya y la abogada Ángela Radovic.

Abogado DD.HH: Libertad es sólo un episodio más

El abogado de DD.HH. Eduardo Contreras, quien actúa como querellante de varias de las causas que la Justicia sigue en contra de Manuel Contreras, sostuvo que la libertad del militar en retiro "se debe indudablemente a toda una presión que estamos viviendo en este momento para poner punto final al tema de los Derechos Humanos, pero también sin duda a deficiencias de nuestra legislación procesal penal".

No obstante, el profesional sostuvo que a su juicio, la libertad de Contreras "es un simple episodio en la larga lucha por la vigencia de la verdad y la Justicia en Chile", debido a que aún existen muchos otros casos por los cuales puede ser procesado y detenido.


El Mostrador

4 de Junio 2004

Villa Grimaldi: Contreras obtiene libertad bajo fianza

El ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) general (R) Manuel Contreras consiguió la libertad bajo fianza luego de tres años de arresto domiciliario.

El beneficio fue condedido por dos votos contra uno por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el marco del proceso que condenó al retirado militar en el marco de los hechos ocurridos en el centro de detención y tortura de Villa Grimaldi.

Tras cumplir con condena de siete años en el penal de Punta Peuco por el homicidio de Orlando Letelier, Contreras ha permanecido en detención preventiva, tanto en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército como en su domicilio, a raíz de los más de 15 procesos que se siguen en su contra, entre los que se encuentran Operación Cóndor, el caso Prats, Cuatro Álamos y Calle Conferencia, entre otros.

De todos modos, Contreras debe cumplir pena de 15 años de prisión como autor intelectual de la detención y desaparición de la periodista Diana Frida Aron, ocurridas en 1974.


El Mostrador

19 de Octobre 2004

Procesan a cúpula de la ex DINA por secuestro de mirista

La titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, procesó como autores de secuestro calificado a cuatro ex miembros de la cúpula de la disuelta Dirección Inteligencia Nacional (DINA).

La magistrada estimó que existen presunciones fundadas de que miembros de la DINA tienen responsabilidad en la desaparición del mirista Álvaro Barrios Duque, detenido el 15 de agosto de 1974 en su casa, ubicada en la comuna de Conchalí.

La resolución afecta al general (R) Manuel Contreras, ex jefe del organismo represivo, al brigadier (R) Miguel Krasnoff, al coronel (R) Marcelo Moren Brito y al civil Osvaldo Romo.

========================================================================

La Nacion

20 de Octubre 2004

Dictan acusaciones por secuestro de David Silberman

El ministro Jorge Zepeda dictó acusación en el caso por el secuestro del ex funcionario de Cobrechuqui, David Silberman, causa que se acerca ahora a la etapa de sentencia y en que hasta el momento se mantienen los cargos contra los cuatro procesados.

El magistrado estimó que el ex director de la DINA Manuel Contreras y el brigadier (r) Marcelo Moren Brito son responsables en calidad de autores del secuestro de Silberman, mientras que mantuvo la tipificación de cómplices en el mismo ilícito que compromete a Marcos Derpich Miranda y Carlos Labarca Sanhueza.

El 4 de octubre de 1974 miembros de la DINA sacaron a Silbermann de la Penitenciaría en donde permanecía recluido tras ser sometido a Consejo de Guerra en Calama. De acuerdo a testigos el supervisor de la actual Codelco fue visto en cuarteles de la DINA como José Domingo Cañas y Cuatro Alamos.

Las partes ahora podrán adscribir o rechazar la acusación y una vez que el ministro recabe todos los antecedentes comenzará la fase final que incluye la dictación de las sentencia de primera instancia.


El Mercurio

29 de Octubre 2004

DD.HH.: Juezas procesan a nueve militares (R) por dos secuestros

Nueve ex uniformados fueron procesados en las últimas horas como autores de dos secuestros calificados ocurridos entre 1974 y 1975.

La primera encargatoria de reo fue dictada por la jueza Colomba Guerrero, del Primer Juzgado del Crimen de Puente Alto, quien investigó la desaparición de Juan Manuel Llanca Robas, quien fue visto por última vez en el Regimiento N°2 de Puente Alto en 1975.

En este caso fueron encausados como autores del secuestro el ex comandante del regimiento, Mateo Durruty, y los ex uniformados David Miranda, Pedro Teyssedre, René Cruces y Carlos Canales.

Asimismo la jueza del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, María Inés Collins, sometió a proceso a la cúpula de la DINA por la desaparición de el ex mirista Carlos Cubillos Gálvez, a quien se le perdió el rastro en el centro de detención conocido como Londres 38.

En este caso fueron encausados el general (R) Manuel Contreras, el brigadier (R) Miguel Krassnoff, el brigadier (R) Marcelo Moren Brito y el civil Osvaldo Romo. Estos últimos enfrentan una serie de procesamientos en causas de Derechos Humanos, que están a cargo de distintos jueces.

El abogado Sergio Concha, quien lleva las causas, destacó especialmente la labor de la jueza Guerrero puesto que desde que ella llegó a mediados del año pasado al primer Juzgado del Crimen de Puente Alto hubo un cambio en el desarrollo de la causa de Juan Llanca.

"La causa había estado aproximadamente 10 años en ese juzgado, había habido por lo menos cuatro magistrados que no se habían interesado mayormente por esta causa (...) todo esto fue solucionado cuando llegó la magistrado Guerrero, quien se dedicó a investigar lo que hasta entonces no había sido investigado", afirmó.


La Nacion

10 de Noviembre 2004

Dictan condenas contra cúpula de la DINA por desaparecido

El ministro Alejandro Solís dejó al lado la polémica por la aplicación de la ley de amnistía y optó por dictar sendas condenas en contra de la cúpula de la DINA, entre ellos el general (r) Manuel Contreras, por su responsabilidad en el secuestro del mirista Luis Dagoberto San Martín Vergara.

El debate que se realiza en el seno del Consejo de Defensa del Estado (CDE) sobre la conveniencia de aplicar este decreto que deja foja cero los ilícitos y el cuestionamiento a la verdadera existencia del secuestro en casos de detenidos desaparecidos, estuvo fuera de la revisión del juez Solís.

Por ello el magistrado determinó que Contreras debe cumplir una pena de 15 años de presidio, mientras que el brigadier (r) Raúl Iturriaga Neuman de 10 años y un día de presidio, y los brigadieres (r) Miguel Krassnoff y Gerardo Urrich a tres años y un día de presidio en calidad –los dos últimos- de cómplices.

De acuerdo a los antecedentes recogidos por agrupaciones de derechos humanos, el 17 de diciembre de 1974 San Martín fue detenido y trasladado –según informan testigos- hasta el centro clandestino conocido como la “Venda Sexy” donde la DINA lideraba la acción de hostigamiento contra los prisioneros.

Hasta el momento, el juez Solís sólo ha notificado de su condena al brigadier Iturriaga, quien indicó que "estoy siendo sentenciado por una mentira. Yo no tengo ninguna responsabilidad, yo ni siquiera detuve a un señor que no conozco que se llamaba San Martín Vergara y no tengo a nadie secuestrado, y lo sabe usted y lo sabe el presidente de la Corte Suprema. Lo sabe el Presidente de la República y lo sabe el juez". Agregó que “el juez sabe que yo no tengo a nadie secuestrado".


La Nacion

4 de Enero 2004

Juez Guzmán volvió a golpear a la DINA

En uno de los procesamientos que terminó por echar abajo uno de los principales montajes de la pasada dictadura, el ministro de fuero Juan Guzmán encausó a diez ex agentes de la DINA, varios de ellos de su plana mayor, incluido el ex jefe Manuel Contreras, por ocho víctimas desaparecidas en la conocida como Operación Colombo. Este es el segundo encausamiento dictado por el juez Guzmán por este montaje acontecido en 1975, siendo el primero el decretado el 2 de septiembre, cuando el magistrado procesó a 16 ex agentes por 37 víctimas de la Colombo.

Las resoluciones adoptadas por el juez Guzmán en este episodio, constituyen en conjunto el más masivo procesamiento dictado hasta ahora por este ministro, y uno de las que abarca más cantidad de víctimas y encausados en los juicios que se instruyen por violaciones de los derechos humanos.

Los procesados, todos en situación de retiro y declarados reos como autores de secuestro calificado son, además de Contreras, el ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, general César Manríquez Bravo, hermano de Mario, coronel (R) encartado como autor intelectual del crimen de Víctor Jara; el ex segundo hombre de la DINA, brigadier Pedro Espinoza Bravo; el ex jefe de Villa Grimaldi, coronel Marcelo Moren Brito; el ex jefe del recinto DINA Cuatro Alamos, oficial de Gendarmería Orlando Manzo Durán; el ex jefe del grupo Halcón de la DINA, brigadier Miguel Krassnoff Martchenko; el ex jefe del Servicio Secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército y ex miembro de la plana mayor de la DINA, coronel Francisco Ferrer Lima, que cumple condena en Punta Peuco por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez; el ex jefe del recinto DINA Tres Alamos, oficial de Carabineros Conrado Pacheco Cárdenas; el suboficial de Ejército Basclay Zapata Reyes; y el ex agente civil Osvaldo Romo Mena.

Las nuevas ocho víctimas de Colombo son: Aldo Pérez Vargas, Roberto Aranda Romero, Jorge Müller Silva, Modesto Espinoza Pozo, Carlos Pérez Vargas, Carmen Bueno Cifuentes, Rodrigo Ugas Morales y Carlos Gajardo Wolf. Los cinco últimos figuran en la lista de los 119 desaparecidos por este operativo, no así los tres primeros.

El montaje

La llamada Operación Colombo nació en los primeros meses de 1975, cuando la DINA y el propio ex dictador Augusto Pinochet, así como otros de sus ministros militares, comenzaron a difundir informaciones de que el MIR preparaba “guerrilleros” en distintas ciudades argentinas para hacerlos entrar clandestinamente a Chile por pasos fronterizos a combatir el régimen militar. Los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y el vespertino La Segunda fueron los encargados de publicarlas.

La cúspide del montaje ocurrió entre los días 17 y 19 de julio de 1975, cuando primeramente el diario brasileño O Dia, de breve tiempo de circulación, informó

El retirado general Manuel Contreras ha sumado otro enjuiciamiento a su expediente en los tribunales chilenos.

 que 59 chilenos habían sido ejecutados en Argentina por sus propios compañeros de izquierda, atribuyendo las muertes a “ajustes de cuentas” políticas. El día 19, la revista argentina Lea, publicó en su único número que lo mismo había ocurrido con otros 60 chilenos, la mayoría del MIR.

En abril de 1975 apareció en un sótano de Buenos Aires el cuerpo destruido por una explosión con un cartel que decía “dado de baja por el MIR”. Se dijo que era el detenido desaparecido comunista David Silberman. Sin embargo, no era él. El 12 de julio de 1975 aparecieron en Buenos Aires otros dos cuerpos baleados y quemados con una leyenda similar. La dictadura informó que se trataba de quienes habían sido dado por desaparecidos en Chile, Jaime Robotham Bravo y Luis Guendelman Wisnik. Lo que también resultó falso.

El 24 de julio de 1975, La Segunda publicó en portada tal vez el titular más representativo del invento: “Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”.

Objetivo y origen de la acción

El objetivo de la Operación Colombo fue hacer creer que decenas de personas, que en Chile sus familiares, abogados y las iglesias daban por detenidos desaparecidos, en realidad habían salido clandestinamente a Argentina a prepararse en guerrillas para regresar a Chile a combatir. Y que en el intertanto afuera se habían ajustado cuentas políticas matándose entre ellos o cayendo abatidos por operativos militares en Argentina, país que vivía la convulsión política y militar en los últimos meses antes del golpe de Estado de marzo de 1976.

En cuanto al origen del nombre Operación Colombo, éste se remite a declaraciones del ex agente civil de la DINA Enrique Arancibia Clavel, quien admitió en Buenos Aires en 1978 -acusado de “espionaje”- que en 1975 llegó a esa capital el agente Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (ex jefe del Departamento Exterior DINA y actual general retirado) para hacer aparecer muerto en Argentina a un “subversivo chileno” de nombre “Simelman o algo parecido”. Se trataba de Silberman. Según Arancibia Clavel, Iturriaga le dijo que se trataba de la Operación Colombo en la cual se contó con la colaboración, entre otros, del civil argentino y miembro de la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista) Martín Ciga Correa.


El Mostrador

28 de Enero 2005

Manuel Contreras fue notificado y ex DINA comenzaron a cumplir condenas
Hasta el penal Cordillera fue trasladado por Gendarmería el general (R) del Ejército Manuel Contreras, luego de ser
notificado de su condena a 12 años de presidio por el secuestro calificado del mirista Miguel Ángel Sandoval.
En un caótico proceso, el ministro en visita que sustanció elcaso, Alejandro Solís, debió ordenar la detención del militar
luego que éste declinara presentarse en el tribunal.

Fue por ello que efectivos del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones se trasladaron hasta el domicilio del retirado
militar, en el sector alto de la comuna de Peñalolén, para aprehenderlo y trasladarlo al Palacio de Tribunales.
Sin embargo, la diligencia se dilató, al menos por dos horas,luego que Contreras se negara a ser aprehendido y sacara un
arma desde un escritorio, tras lo cual fue conducido al cuartelBorgoño de la Policía de Investigaciones para consignar el
incidente.

El incidente hizo recordar el episodio de 1995, cuandoContreras se negó a presentarse ante los tribunales para ser
notificado por su condena por el homicidio del ex cancillerOrlando Letelier, perpetrado en Washington.
En esa oportunidad, el ex militar se atrincheró, protegido pornumerosos guardaespaldas, en una finca de Osorno, desde la
que huyó subrepticiamente para reaparecer, tras varios días detensión, internado en un Hospital Naval.

Incidente en domicilio
Versiones radiales indicaron que el traslado al recinto se debió aque el citado alto oficial intentó hacer uso de un arma de fuego
que estaba en su escritorio, pero fue reducido y llevado a la sedepolicial.
Su abogado, Juan Carlos Manns, desmintió el hecho, acusando alresponsable del operativo, el prefecto Rafael Castillo, de propiciar
un violento incidente. Según el profesional, primero se acordó una"medida alternativa" para efectuar una entrega "sin tanto
escándalo" al mediodía.Posteriormente, y cuando Contreras "se despedía en la puerta de
su casa del general Carter -su yerno-, Castillo hizo un ademán yentraron 25 personas (policías) cuando la puerta estaba abierta,
destruyendo cuanta cosa había, golpeando a las hijas, sobrinas yyernos" de su cliente, "al que tomaron en forma violenta sin que
haya mediado ninguna oposición".

Manns negó que su representado haya usado un arma de fuego yreveló que el episodio fue registrado en audio por el programa de
Chilevisión El Termómetro, cuya producción había llamadotelefónicamente en ese momento al retirado militar.
Una grabación en video divulgada por TVN, si bien no aclara deltodo los hechos, como el uso de un arma de fuego ni el origen del
altercado, ratifica que hubo conversaciones. Sin embargo -seexplicó en el noticiario-, la plática de los policías con Contreras y
su entorno no habría correspondido a una negociación, sino a unacoartada para lograr su detención.
Tras su paso por el cuartel Borgoño, el general (R) fue trasladadohasta la oficina del ministro Solís, para cumplir con la mentada
notificación. Allí, decenas de personas apostadas en la esquina delas calles Compañía y Morandé intentaron agredirlo lanzando
agua y un sinfín de elementos contundentes, a su ingreso y salida.

Fallida diligencia
El mismo Manns concurrió a tribunales pasadas las 09:30 horas -60 minutos más tarde del plazo estipulado para su cliente- para
notificarse en calidad de apoderado, pero el juez rechazó lacuriosa sugerencia.Más temprano, acudieron a conocer sus condenas varios ex
miembros de la cúpula de la DINA, entre ellos, el brigadier (R)Miguel Krassnoff (10 años), coronel (R) Marcelo Moren Brito (10
años), brigadier (R) Fernando Laureani (5 años, como cómplice) yel teniente coronel (R) de Carabineros Gerardo Godoy (5 años,
como cómplice, que irá a Punta Peuco).

Los militares retirados fueron trasladados en conjunto al penalCordillera, ubicado en las ex dependencias del ex comando de
Telecomunicaciones del Ejército, en un carro celular deGendarmería, hasta donde debe llegar también Contreras.
El fallo del juez Solís -del 17 de noviembre pasado- se trató delprimero en que la Corte Suprema se pronunció sobre el secuestro
calificado, ratificando las condenas y descartando la ley deamnistía.


La Nacion

29 de Enero 2005

La DINA tras las rejas
Treinta años después de que el militante del Movimiento deIzquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Ángel Sandoval, fuera
detenido por agentes de seguridad y llevado al campo deconcentración de Villa Grimaldi desde donde se le perdió la
pista, la justicia encarceló ayer al director de la disuelta DINA,Manuel Contreras, por su secuestro permanente.
Y como hace diez años, cuando fue sentenciado a prisión por elasesinato del ex canciller Orlando Letelier, el ex director de la
policía secreta de Augusto Pinochet prestó resistencia.Pero esta vez “el Mamo” estuvo solo. No hubo gestiones previas
del comandante en jefe del Ejercito para evitar su detencióncomo las que en 1995 efectuó el propio Pinochet desde el mando
de esa rama castrense. Tampoco pudo refugiarse en unregimiento como entonces lo hizo en Sangra. No se desplegó un
operativo conjunto de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadasy de Orden para internarlo en el Hospital Naval de Talcahuano.
No. Esta vez su familia fue la única que lo acompañó en suintento de eludir la acción de la justicia. Y fracasó.

Gritos, armas y prisión
A las 8:00 de la mañana, y tal como estaba previsto, llegaronhasta la sede del Poder Judicial el ex jefe del Grupo Halcón de
la DINA, brigadier (r) Miguel Krassnoff, condenado a diez añosde cárcel; el ex jefe de Villa Grimaldi, brigadier (r) Marcelo
Moren Brito (11 años); el ex jefe del Grupo Vampiro, coronel(r) Fernando Laureani (5 años); y el ex agente Gerardo Godoy
(5 años).

Luego de ser notificados, abandonaron el Palacio de Tribunalesfuertemente custodiados por gendarmes, y protegidos por un
cerco de Carabineros que mantenía a distancia a casi 200familiares de víctimas de la dictadura, que gritaban en contra de
los ex agentes.

Krassnoff, Moren Brito y Laureani, fueron subidos a dosvehículos de Gendarmería para ser trasladados hasta el penal
"Cordillera", en la comuna de Peñalolen; mientras que Godoy, elúnico Carabinero de la lista, fue llevado, en otro carro celular, al
penal de Punta Peuco, situado al norte de la capital.Pero Contreras no llegó, así que el magistrado Alejandro Solis lo
declaró en rebeldía y envió a efectivos de Investigaciones a sucasa, ubicada en un condominio militar de la comuna de La
Reina, para su notificación y arresto.

Allí, cerca de las once de la mañana, se desató un confusoincidente, que obligó a la policía a ingresar por la fuerza, pues sus
hijas, junto a otros familiares y amigos del condenado, intentaronevitar el cumplimiento de la orden judicial alegando su inocencia.
A esa hora, en tribunales, la presidenta de la Agrupación deFamiliares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, lo
interpelaba a través de la prensa: “esperamos que Contreras,director de la DINA, que ayer era un tan valiente soldado y tenía
tanto poder, hoy sea capaz de entregarse la justicia”.Pero esa alternativa no estaba en los planes del general. TVN, que
a esa hora lo entrevistaba, registró cómo los efectivos se abrieronpaso hasta la oficina del Mamo, y el momento preciso en que éste
les dice: “no voy a ir a ninguna parte, si quieren me sacan muertode aquí”.

Contreras continúa entonces negándose a cumplir las ordenes, ysostiene el siguiente diálogo con el prefecto Rafael Castillo:
- Si usted me dice ‘lo tengo que llevar’, ya, hágale empeño. Si
usted me dice voy a emplear la violencia , la emplea.
- Señor, pero nosotros no queremos llegar a eso.
- Entonces dígale al señor ministro que yo dije que no voy no más.
- Es que yo no soy recadero de nadie.
- Entonces yo tampoco acepto su recado.

La puerta del despacho se cierra entonces para la cámaras. Deacuerdo a fuentes judiciales y de la policía consultadas por La
Nación, en ese momento Contreras se abalanzó a un escritoriopara abrir un cajón y sacar desde su interior un arma de fuego. Se
desató entonces un forcejeo en el que el ex militar habríaintentado quitar su pistola de servicio a uno de los policías.
En este momento, los funcionarios de Investigaciones se arrojaronsobre el ex jefe del organismo represivo para inmovilizarlo,
quitarle el arma y esposarlo, en medio de los reclamos e insultosde los familiares presentes en el lugar.
En Investigaciones se hizo hincapié en que el arma de Contrerasera ilegal, pues en su calidad de encausado, no está habilitado ni
para portar ni para mantener este tipo de artefactos en su poder.Debido a estos hechos, tres hijas de Manuel Contreras fueron
detenidas por haber obstruido la acción policial. Una de ellasacusó lesiones, al igual que dos policías, quienes debieron
concurrir a constatar heridas.El ex uniformado fue llevado hasta el cuartel del Departamento de
Asuntos Internos y Derechos Humanos, a cargo de la operación,en donde se formalizó la denuncia oficial por su resistencia al
arresto.

Una lluvia de piedras, frutas y huevos, lanzadas por familiares devíctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, lo recibió y lo
despidió luego en el Palacio de Tribunales.Seis horas después de lo previsto, fue notificado por el juez Solís,
y trasladado al penal Cordillera de Peñalolen. Así, a sus 76 años,el hombre que encabezó la represión en los primeros años de la
dictadura empezó a cumplir su condena a 12 años de prisión.


La Nacion

5 de Marzo 2005

Tejas Verdes: Ministro Solís somete a proceso a Manuel Contreras

El ministro de fuero Alejandro Solís dictó ayer un nuevo procesamiento, en calidad de autor, contra el ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general (r) Manuel Contreras, por su presunta responsabilidad en casos de torturas contra opositores a la dictadura de Pinochet que estuvieron detenidos en el regimiento Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, en la Quinta Región.

La resolución afecta también a otros seis ex agentes de la DINA y al ex subcomisario en retiro de Investigaciones, Nelson Valdés, y se adscribe a las denuncias de 22 presos políticos. A todos ellos, incluido Contreras, se les responsabiliza de la práctica sistemática de torturas contra los detenidos.

La decisión del magistrado invoca el Derecho Internacional, y más específicamente la Convención de Ginebra, para justificar que los apremios ilegítimos son un delito de lesa humanidad y que son permanentes en el tiempo.

Los reclusos, según la resolución, eran trasladados primero al centro de detención de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en Santiago, y desde ahí eran llevados al regimiento de Tejas Verdes, cuyo comandante era el entonces coronel Contreras.

Cabe recordar que el juez Solís ordenó el 28 de enero pasado la detención de Manuel Contreras para hacer efectiva la condena de 12 años de prisión por el secuestro permanente del mirista Miguel Ángel Sandoval. Desde esa fecha, el ex jefe de la DINA cumple sentencia en el Penal Cordillera de Santiago, junto con el ex jefe del Grupo Halcón de la DINA, brigadier (r) Miguel Krassnoff; el ex jefe de Villa Grimaldi, brigadier (r) Marcelo Moren Brito; el ex jefe del Grupo Vampiro, coronel (r) Fernando Laureani; y el ex agente Gerardo Godoy.


La Nacion

21 de Junio 2005

Procesan por torturas a plana mayor de la DINA

Como autores de tormentos y apremios ilegítimos el ministro de fuero, Alejandro Solís, procesó a nueve ex miembros de la plana mayor de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): el otrora director de la general (R) Manuel Contreras, el brigadier (R) Pedro Espinoza, el mayor (R) Miguel Krassnoff, el coronel (R) Marcelo Moren Brito, y los ex agentes Osvaldo Romo, Basclay Zapata, Gerardo Godoy, Fernando Laureani y Francisco Ferrer Lima.

A todos ellos Solís los responsabilizó de haber torturado a una veintena de presos políticos que estuvieron ilegalmente detenidos en Villa Grimaldi, -cárcel clandestina emplazada en la comuna de Peñalolén, de la que desaparecieron unos 400 presos políticos- durante los años 1974 y 1975.

En el auto de procesamiento, de 50 páginas, se señala que en ese lugar “operaba un grupo de agentes de la DINA (que) aplicaban tormentos (para) recabar información sobre el paradero de otros opositores” a Pinochet.

La mayoría de los procesados actualmente están recluidos en el penal Cordillera, instalado al interior de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército, donde cumplen sentencia por otros casos de violaciones de los derechos humanos


La Nacion

28 de Septiembre 2005

Juez pide la extradición de Fernández Larios y dicta condenas por secuestro de David Silberman

El magistrado condenó a Manuel Contreras y Marcelo Moren Brito a siete años de presidio como autores del secuestro y desaparición del ingeniero civil y militante comunista David Silberman. El ex agente Armando Fernández Larios, que vive desde 1987 en Estados Unidos, fue quien sacó a Silberman de la Penitenciaría con una identidad falsa.

El ministro Jorge Zepeda solicitó a la Corte Suprema dar curso a la solicitud de extradición desde Estados Unidos del ex agente DINA mayor (R) Armando Fernández Larios, bajo el cargo de haber sido el oficial de Ejército que, con una identidad falsa y ayudado de un bien montado operativo, secuestró desde la Penitenciaría de Santiago el 4 de octubre de 1974 al ingeniero civil y ex gerente general de Cobrechuqui, el militante del PC David Silberman Gurovich.

La petición la formuló el juez en la sentencia de primera instancia por el secuestro y desaparición del ingeniero. En su resolución, Zepeda condenó a la pena de siete años, en calidad de autores, al ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras, y al ex jefe del centro clandestino de Villa Grimaldi, coronel (R) Marcelo Moren Brito. Zepeda absolvió, sin embargo, a los ex agentes Carlos Labarca Sanhueza y Marcos Derpich Miranda, quienes también tuvieron relación con la operación y por ello estaban procesados y acusados.

El magistrado no concedió a Contreras y Moren beneficios de ningún tipo, por lo que deberán cumplir la condena después de que enteren sus actuales penas de doce y diez años respectivamente, por el secuestro y desaparición del mirista

Miguel Ángel Sandoval. Además, el ministro condenó al fisco a pagar mil 40 millones de pesos a la viuda, hijos y hermanos de Silberman.

Silberman había sido condenado por un cuestionado consejo de guerra en Calama a 13 años de presidio por las leyes de Seguridad Interior del Estado y control de armas, a pesar de que se presentó voluntariamente a la justicia militar el

15 de septiembre de 1973. Por eso fue trasladado a cumplir la condena a la Penitenciaría de Santiago.

En la tarde del 4 de octubre de 1974 se presentó en ese presidio el entonces teniente y agente de la DINA Armando Fernández Larios, de uniforme, premunido de la tifa 245-03, a nombre de Alejandro Quintero Romero. Fernández ordenó al alcalde, Jorge Ortiz Aedo, entregarle al condenado, mostrándole una orden de un coronel Marcelo Rodríguez “asesor militar de los consejos de guerra en los

tribunales militares”.

Le dijo, además, que podía verificar la orden al teléfono 51-64-03, a un tal “auditor militar Leyton” o al mismo coronel Rodríguez. El alcaide lo hizo y le entregó a Silberman.

A Fernández lo esperaba un jeep blanco Ika-Renault. Por cierto, todo era falso y ninguno de los oficiales nombrados por Fernández Larios existía.

Previamente, el agente Derpich, nombrado en la DINA como encargado de “trabajos especiales confidenciales” en la Compañía de Teléfonos de Chile, había supervisado la intervención de las líneas telefónicas que se requerían.

Según una declaración judicial del 2 de abril de 1998 del obispo de Copiapó Fernando Ariztía, cuando poco después del secuestro se entrevistó con Pinochet, junto al rabino Angel Kreiman, el jefe militar les respondió: “A Silberman lo secuestró un comando mirista disfrazado de militares”. Lo mismo sostuvo Manuel Contreras a tribunales en ese tiempo. Pero para hacer más creíble la historia, éste agregó que la tifa 245-03 a nombre de Quintero “fue

encontrada en un allanamiento a la casa del mirista Alejandro de la Barra en diciembre de 1974”.

La tesis no era al azar, puesto que ya la dictadura planificaba el montaje de la Operación Colombo que se iniciaría con Silberman. Según una declaración del ex agente Enrique Arancibia Clavel en el proceso en Buenos Aires por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa, a comienzos de 1975 llegó a Argentina “el general Raúl Iturriaga Neumann (jefe del aparato exterior DINA)

y me informó que su misión consistía en hacer aparecer en Argentina a un subversivo chileno de apellido Simelman o algo parecido, muerto en Chile, habiéndose bautizado ese operativo como la Operación Colombo”.

Efectivamente, en abril de 1975 apareció en un sótano de Buenos Aires el cuerpo semidestruido de una persona que -según se dijo- era David Silberman, lo que fue desmentido por su familia, que viajó para reconocerlo. Junto al cuerpo se halló el cartel “dado de baja por el MIR”. Justamente, Colombo consistió en hacer creer que 119 chilenos nunca estuvieron detenidos y que huyeron a Argentina, donde cayeron muertos en vendettas políticas de la izquierda o fallecieron en enfrentamientos con las FFAA argentinas.


El Mostrador.cl

9 de Enero 2006

Juez procesa a la cúpula de ex DINA por secuestros calificados de opositores

Ministro Alejandro Solís encausó en calidad de autores a una nueve ex miembros del organismo represivo de la dictadura militar en calidad de autores de la desaparición de la asistente social Jackeline Binfa y el veterinario Jorge D'Orival, ambas registradas en 1974. El juez ordenó la detención de dos encausados.

El ministro en visita Alejandro Solís procesó a la cúpula de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en calidad de autores de los secuestros calificados de las víctimas de la dictadura Jacqueline Binfa Contreras y de Jorge Humberto D'Orival Briceño.

La nómina de procesados está encabezada por el general (R) Manuel Contreras, otrora director del organismo represivo, y el jefe de la Brigada de Inteligencia, César Manríquez Bravo.

También fueron encausados los brigadieres (R) Miguel Krassnoff, jefe del Grupo Halcón de la ex DINA, y el brigadier retirado Maximiliano Ferrer Lima, ex director del Servicio Secreto del Ejército.

Asimismo, enfrentan cargos coroneles (R) Marcelo Morén Brito y Orlando Manso, ex jefe del centro de detención Cuatro Álamos, Ciro Torré Sáez, esposo de la ministra de la Corte de san Miguel Gabriela Hernández.

En tanto, sólo por el secuestro de D’Orival Briceño fue procesado por el ministro Solís el suboficial (R) Basclay Zapata Reyes.

El juez ordenó además la detención inmediata de Ciro Torres y Orlando Manso, pues todos los demás inculpados están en prisión, condenados o procesados en otros casos de violaciones de los derechos humanos.

Binfa Contreras y D'Orival Briceño fueron arrestados en 1974 por efectivos del organismo represivo y transitaron por diversos centros de prisioneros políticos de la dictadura, hasta que se perdió su rastro.

En el caso de D'Orival Briceño, a quien se le imputaban una supuesta cercanía con el entonces secretario general del MIR Pascal Allende, fue trasladado en distintos períodos a "Cuatro Alamos", "José Domingo Cañas", "La Venda Sexy".

Sin embargo, su rastro se perdió en el centro de reclusión "Cuatro Alamos" y no se tuvo información de su paradero hasta que figuró en la nómina de 119 chilenos miembros del MIR dados por muertos en Argentina y Brasil por publicaciones ficticias.


La Nacion

1 de Marzo 2006

Ministro Solís procesó a 12 ex agentes de la DINA

El ministro de fuero Alejandro Solís procesó por los delitos de secuestro y homicidio a 12 ex agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), incluido su ex jefe, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda. Los encausamientos fueron dictados por el secuestro y desaparición de ocho personas y la ejecución de otras seis, cuyos cuerpos fueron posteriormente entregados a sus familiares o abandonados en la vía pública.

Además de Contreras, los otros procesados son el ex segundo jefe de la DINA, Pedro Espinoza; el ex jefe de grupos operativos de ese organismo, Miguel Krassnoff; el ex jefe de algunos recintos de la DINA, oficial (R) de Carabineros, Ciro Torré; el ex jefe del departamento exterior de DINA, Christoph Willikie; el ex agente de la DINA y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Francisco Ferrer; el ex jefe del recinto de Villa Grimaldi y ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, Marcelo Moren Brito; el ex integrante del grupo Halcón de la DINA, Basclay Zapata; el ex jefe del grupo Vampiro de la DINA, Fernando Lauriani; el ex agente civil Osvaldo Romo; el ex jefe del recinto de Cuatro Álamos y oficial (R) de Gendarmería, Orlando Manzo Durán, y el oficial (R) de Carabineros e integrante de grupos operativos de la DINA, Gerardo Godoy.

Los ex agentes fueron procesados por la responsabilidad que les cabe en el destino final de las siguientes víctimas: Sergio Pérez Molina, Iván Olivares Coronel, Jaime Ossa Galdames, Gustavo Ramírez Calderón, Julio Flores Pérez, Herbit Ríos Soto, Iván Monti Cordero, y Sergio Lagos Marín, todos ellos fueron secuestrados y hechos desaparecer, sin que hasta ahora se sepa que ocurrió exactamente con sus cuerpos.

Embajada de Italia

Además, los encausamientos fueron dictados por los homicidios calificados de Lumi Videla Moya, Pedro Labra Saure, Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez y Luis Ganga Torres.

La situación represiva sufrida por Lumi Videla, militante del MIR, fue conocida por la opinión pública porque el 4 de octubre de 1974 su cadáver fue arrojado por sobre la pared al interior de la Embajada de Italia. Aunque la prensa de la época atribuyó la muerte a rivalidades entre los asilados en el recinto diplomático, la verdad es que Lumi Videla había muerto el día anterior por efecto de las torturas a que fue sometida en la cárcel clandestina de la calle José Domingo Cañas en Ñuñoa.

Asimismo Alberto y Catalina Gallardo, Mónica Pacheco y Luis Ganga, fueron hechos aparecer como muertos en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad supuestamente ocurrido en Rinconada de Maipú al mediodía del 19 de noviembre de 1975. Pero la investigación judicial de los últimos años estableció que fueron asesinados por agentes de la DINA, y sus cuerpos trasladados al lugar donde fueron encontrados.

El ex agente de la DINA Amador Fuentes Salas, de chapa “Hernán Galleguillos” entrevistado por La Nación en 2003, declaró que estas personas fueron sacadas ya muertos desde Villa Grimaldi, y que el falso enfrentamiento fue grabado en exclusiva para Televisión Nacional por el periodista Julio López Blanco.

La resolución del ministro Alejandro Solís deberá ser ahora revisada por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que las respectivas defensas de los ex agentes apelen de los encausamientos.

Varios de los procesados, entre ellos Contreras, Moren, Krassnoff y Ferrer, se encuentran ya cumpliendo condenas de presidio por su responsabilidad en la muerte o desaparición de otras víctimas.


La Nacion

22 de Marzo 2006

Dictan nueva condena en contra de ex director de la DINA

Una nueva condena sumó el ex director de la DINA, general (r) Manuel Contreras, ya que el ministro Joaquín Billard dictó sentencia en un caso de secuestro calificado fijando una pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo.

La resolución se basa en el proceso por el plagio de los deportistas Sergio Tormen Méndez y Luis Fajardo, desaparecidos el 20 de junio de 1974.

Igual sanción recibió el brigadier (r) Marcelo Morén Brito, en su calidad de jefe del centro de detención "Londres 38", mientras que el agente civil de la DINA, Osvaldo Romo Mena enfrenta una condena de cinco años y un día de presidio.

Tanto Contreras como Moren Brito fueron notificados hoy del dictamen en el Penal Cordillera.


El Mercurio

30 de Mayo 2006

Caso Arón: Suprema anula amnistía y confirma condena a cúpula DINA

En un fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema anuló la

aplicación de la Ley de Amnistía que había dejado sin efecto las condenas a los ex miembros de la DINA sindicados como responsables del secuestro de la militante del MIR Diana Arón.

El tribunal firmó hoy la esperada resolución mediante la cual deja sin efecto el fallo que a comienzos de junio 2005 absolvió de cargos al general Manuel Contreras, y a los ex agentes Marcelo Moren Brito, Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff y Osvaldo Romo aplicando el polémico decreto de Ley de Amnistía.

De esta manera quedan vigentes las condenas de primera instancia que había dictado en contra de los ex DINA el ministro de fuero Alejandro Solís, quien investigó la situación de la periodista del MIR.

El fallo fue redactado por el ministro Enrique Cury, que integró la sala junto a los magistrados Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez y Rubén Ballesteros.

Aunque aún no se conoce el texto de la resolución, que se presume extenso, si se sabe que algunos magistrados hicieron breves prevenciones.

Esta es la segunda condena por secuestros que la Corte Suprema deja a firme en contra de la cúpula de la DINA. A fines del 2004 el Máximo Tribunal ratificó la sentencia en el caso del también mirista Miguel Ángel Sandoval.


El Mercurio

30 de Junio 2006

Corte eleva condena a Contreras por secuestro de profesora PC

A 10 años y un día fue elevada la condena que pesaba sobre el

general (r) Manuel Contreras por el secuestro de la militante comunista Julia Retamal Sepúlveda.

Originalmente, el ex jefe de la DINA había sido condenado por el ministro de fuero Juan Eduardo Fuentes a tres años y un día por dicho delito, pero la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones consideró que no corresponde la media prescripción deducida por el juez.

EL tribunal de alzada elevó además a 5 años y un día la condena al oficial (r) Carlos López Tapia, quien también había sido sentenciado originalmente a 3 años y un día.

Éste último se desempeñaba como jefe del centro de detención clandestino de la DINA Villa Grimaldi, hasta donde fue conducida Retamal luego de ser detenida el 13 de agosto de 1976. Desde entonces se desconoce su paradero.

Para la Cuarta Sala, que analizó las apelaciones y tasaciones de ambos condenados, no corresponde aplicar ni la amnistía ni la prescripción en este caso, puesto que se desconoce el paradero de la víctima, y en consecuencia corresponde a un delito de lesa humanidad.


22 de Septiembre 2006 La Nacion                   

Procesados nueve ex militares de regimiento Tejas Verdes

La justicia chilena procesó hoy a nueve ex militares como autores de secuestro calificado y torturas contra opositores a la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

La resolución del juez Alejandro Solís afecta a los entonces responsables del regimiento Tejas Verdes, entre los que se encuentra el ex jefe de la DINA, general en retiro Manuel Contreras.

Además fueron sometidos a proceso Mario Jara, Nelson Valdés, Raúl Quintana, David Miranda, Patricio Carranca, Klaudio Kossiel y Vittorio Orvietto, todos oficiales retirados.

Los ex militares fueron procesados, entre otras razones, por las desapariciones del militante comunista, Miguel Heredia y de Félix Vargas, miembro de la guardia personal del ex mandatario Salvador Allende, el Grupo de Amigos del Presidente, GAP.

Fue procesado también el coronel en retiro Jorge Núñez por el delito de tortura cometido contra el opositor Anatolio Zárate, empleado de Pesquera Arauco.

Zárate fue detenido el 11 de septiembre de 1973 y posteriormente trasladado a Tejas Verdes, lugar donde fue sometido a torturas que lo mantienen hasta hoy con un estrés postraumático crónico y secuelas emocionales y psicológicas


El Mostrador

27 de Octubre 2006

Corte rectifica tesis de prescripción gradual y aumenta condenas de ex DINA

Novena Sala del tribunal de alzada aumentó de cuatro a diez años la sentencia contra los otrora integrantes del organismo represivo, desestimando lo resuelto por el juez Juan Eduardo Fuentes, quien consideró que los secuestros finalizaron a la par de la dictadura. Se trata del primer fallo de una instancia superior desde el pronunciamiento de la CIDH.

 La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, elevó las sentencias contra la cúpula de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el desaparición de dos militantes del Partido Socialista (PS), rectificando de esta manera la tesis de la prescripción gradual aplicada por el juez Juan Eduardo Fuentes Belmar.

La decisión fue adoptada por los ministros Haroldo Brito, Amanda Valdovinos y Juan Manuel Muñoz Pardo, quienes aumentaron hasta en diez años las condenas que el juez Fuentes Belmar había resuelto aplicar contra varios ex integrantes del organismo represivo, aplicando su teoría de que los secuestros terminaron a la par con la dictadura militar.

De esta manera, el tribunal de alzada capitalino decidió condenar a diez años de prisión al general retirado Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe del organismo represivo, así como al también general en retiro Raúl Iturriaga Neumann y Gerardo Urrich, quienes en primera instancia habían sido a cumplir sólo cuatro años de cárcel.

Los tres ex uniformados fueron condenados como autores del secuestro calificado de los militantes socialistas Mario Carrasco Díaz y Víctor Olea Alegría, ocurridos los días 11 y 16 de septiembre de 1974, respectivamente.

El tribunal de alzada también dictó una condena de cinco años y un día de presidio mayor, en su grado mínimo, para el oficial retirado de Carabineros Alejandro Molina Cisternas, por el rapto de Olea Alegría, mientras que el ex detective Risiere Altez España recibó una pena de tres años de presidio menor.

El dictamen, el primero de un tribunal superior desde el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó a Chile por la aplicación de la ley de Amnistía, corrigió de esta manera la tesis de la prescripción gradual que ha impulsado el ministro Fuentes Belmar, en el sentido de que los secuestros de las víctimas de la dictadura militar terminaron, necesariamente, el 11 de marzo de 1990, cuando retornó la democracia.

Aunque el juez rechaza aplicar la mencionada normativa, sustenta su argumento de reducir gradualmente la condena dado que a partir del 11 de marzo de 1990 volvieron a funcionar todas las instituciones establecidas en la Constitución de 1980, a imperar con plenitud las garantías individuales, y los organismos policiales fueron sometidos al control y supervigilancia directa de la autoridad administrativa.

Los casos

Víctor Fernando Olea Alegría, obrero y militante socialista, fue arrestado por agentes de la DINA que dijeron ser miembros del Servicio de Inteligencia. Su aprehensión se adscribió a un operativo que culminó con la detención de un grupo de militantes de esa colectividad.

Los detenidos, entre ellos la víctima, fueron llevados en primera instancia al Cuartel Central de Investigaciones, donde los interrogaron y ficharon.

Posteriormente fueron trasladados hasta el recinto de interrogatorios de la DINA conocido como Venda Sexy, que correspondía a una casa ubicada en la calle Irán 3037, esquina de Los Plátanos en la comuna de Macul, donde fueron ubicados en una misma pieza. En tanto, la detención de Mario Carrasco se registró el 16 de septiembre de 1974, correspondiendo al mismo procedimiento utilizado por los agentes del desaparecido organismo represor. En una visita efectuada el 11 de octubre de 1974, por los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al campamento de detenidos Tres Alamos, se constató que el joven se encontraba incomunicado en dicho centro, lo que impidió que pudiera ser visitado. 


El Mostrador

2 de Diciembre 2006

Por caso de dos detenidos desaparecidos Solís condena a cúpula DINA tras interrogar a ex ministros de Pinochet

De manera reservada, el ministro Alejandro Solís interrogó a una serie de otrora integrantes del gabinete de la dictadura, en el marco de una diligencia solicitada por el propio Manuel Contreras, ex jefe del desaparecido organismo represivo. Tras las diligencias, el magistrado estimó que sus dichos ''no alteran los razonamientos anteriores'', y le aplicó la décima condena por violaciones a los derechos humanos.

Pese a que el ministro Alejandro Solís acogió la petición interpuesta por la defensa del ex jefe de la disuelta DINA, general (r) Manuel Contreras, referida a que las ex autoridades civiles del régimen de Augusto Pinochet avalaron que las detenciones realizadas por el disuelto organismo eran legales, el magistrado decidió finalmente mantener la tipificación de secuestro calificado y dictar una nueva condena en su contra.

Los abogados Fidel Reyes y Javier Gómez, quienes representan al ex uniformado, pretendían -mediante estos testimonios- lograr establecer que los militantes del MIR Eugenio Montti y Carmen Díaz, al igual que los otros detenidos desaparecidos, ya no se encuentran secuestrados y que sus aprehensiones fueron legales, en virtud de los decretos exentos firmados por las autoridades administrativas.

La decisión del juez Solís, en cuanto a tomar estas declaraciones en la fase probatoria de estos casos, había sido interpretada como un "triunfo" por parte de la defensa del militar en retiro, ya que hace un año atrás habían solicitado que se realizarán estas indagatorias, lo cual fue rechazado por este magistrado, así como también por los ministros Juan Eduardo Fuentes y Joaquín Billard, quienes también sustancian investigaciones en contra del organismo encabezado por Contreras.

No obstante, Solís no varió su apreciación de los hechos e igualmente dictó la décima condena por violaciones a los derechos humanos en contra del ex jefe de la DINA, como autor del secuestro calificado en contra de estos dos opositores a la dictadura, sancionándolo con 15 años y un día de presidio.

En tanto, también en calidad de autores, condenó a los ex agentes Marcelo Moren Brito y Rolf Wenderoth, por ambos casos, mientras que a Osvaldo Romo le aplicó una sanción de cinco años y un día por el secuestro calificado de Montti.

Asimismo, Solís castigó con cinco años y un día a Miguel Krasnoff y Basclay Zapata, en calidad de cómplices, mientras que a Fernando Laureani y Gerardo Godoy los absolvió por falta de participación en los hechos.

Eugenio Iván Montti Cordero egresado de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica del Estado y militante del MIR, fue detenido por agentes de la DINA el

13 de febrero de 1975, junto a su hijo Iván Montti Araya, de 5 años, y Carmen Díaz Darricarrere, en el domicilio ubicado en Los Illanes Nº95, Las Condes. (Fuente: memoriaviva.com).

Según los antecedentes recopilados en el proceso judicial, los dos adultos estuvieron detenidos en el recinto de detención clandestino Villa Grimaldi, lugar desde el cual se perdió su rastro.

Declaraciones de ex autoridades

Durante el pasado mes de noviembre, declararon ante Solís los ex jefes de gabinete de Pinochet Ricardo García, Sergio Fernández y Sergio Onofre Jarpa, el general (r) César Benavides y Carlos Cáceres. Asimismo, declaró el otrora subsecretario del Interior general (r) Enrique Montero Marx.

También fueron interrogados los ex directores de la desaparecida CNI, generales (r) Odlanier Mena, Gustavo Abarzúa y Hugo Salas Wenzel, además del ex agente del Comando Conjunto Otto Trujillo.

Detenciones y muertes

Como se explicó a este medio, los objetivos que buscó la defensa de Contreras apuntaron a establecer que las detenciones llevadas a cabo por la ex DINA eran legales en la medida que existió un decreto ley que proscribió a los partidos políticos y las actividades proselitistas tras el golpe militar de 1973.

En esa medida, los abogados del ex uniformado -quien actualmente cumple dos condenas a firme: de 12 años y un día por el secuestro calificado del sastre Miguel Ángel Sandoval y otra de 10 años y un día por el caso de la estudiante de periodismo Diana Arón- buscaban establecer que las aprehensiones realizadas por el ex organismo de seguridad fueron lícitas.

Por otra parte, también persiguieron acreditar mediante estos testimonios que en Chile no existió un estado de guerra, con lo cual impugnarían la aplicación de la Convención de Viena sobre crímenes de lesa humanidad, como también que no habría existido una política institucional para ordenar secuestros de personas.

Otro de los fines a que apuntó esta estrategia fue acreditar que las víctimas no se encuentran apresadas hasta ahora, con el fin de desvirtuar la aplicación de la figura de secuestro permanente, logrando imponer el delito de homicidio calificado, el cual a su juicio estaría prescrito en virtud de la legislación penal chilena.

De hecho, al igual que en estos dos casos, la defensa del "Mamo" pedirá que en todos los casos en que está involucrado su cliente (alrededor de 150) se incluyan estos testimonios. Así también, por medio de ellos interpondrán recursos de revisión ante la Corte Suprema para intentar modificar las condenas "a firme" que existen en contra del ex uniformado.

Párrafos escogidos

- Ricardo García, ex ministro del Interior (1985-1987): "Aquellas detenciones asociadas a los estados de excepción, que eran efectuadas con decreto exentos y que se ajustaban a las normas constitucionales y legales vigentes, debe concluirse que no adolecían de ilicitud".

"En cuanto al arresto transitorio de personas, podían ejercerse mediante Decreto Supremo exento de toma de razón, firmado por el Ministro del Interior “por Orden del Presidente de la República”. Las situaciones de detención en estados de excepción, así como por decreto exento en la forma expresada, según mis recuerdos, eran planteadas por Investigaciones".

"Nunca tuve conocimiento que existiera una política institucional que contemplara secuestros. Tampoco tuve conocimiento de que la hubiera habido antes de mi ingreso a mi Secretaría de Estado".

- Sergio Fernández, ex ministro del Interior (abril de 1978 a abril de 1982 - julio de 1987 a octubre de 1988": "Durante los períodos que ejercí como Ministro del Interior, no había estado de sitio en el país, y conforme a la legislación vigente a la época las órdenes de arresto debían ser firmadas por el Ministro del Interior, bajo la fórmula por Orden del Presidente de la República".

"La CNI se vinculaba con el Gobierno para efectos administrativos a través del Ministerio del Interior. Este Ministerio no tenía ni tuición ni mando respecto de dicha Central, ni tampoco conocía ni se le informaba de sus operaciones.

Tampoco intervenía en el nombramiento de su personal. Era un ente militar autónomo y especializado".

- Sergio Onofre Jarpa, ex ministro del Interior (1983 - 1985): "En mi época como Ministro del Interior nunca hubo secuestrados".

- Enrique Montero Marx, ex subsecretario del Interior (septiembre de 1973 hasta abril de 1982): "El Ministro del Interior, en relación con las detenciones que se practicaban en virtud del estado de sitio, se limitaba exclusivamente a dictar un decreto exento que las autorizaba, señalando el nombre completo del detenido, el lugar donde permanecía y la constancia que quedaba sujeto a vigilancia y control del Jefe de la respectiva Guarnición Militar o de la autoridad de las Fuerzas Armadas o de Carabineros en que delegaren esa facultad".

- Odlanier Mena, ex director de la CNI: "No se recibieron como personas secuestradas de la DINA, a las presuntas víctimas de estos autos, Iván Eugenio Montti Cordero y Carmen Díaz Darricarrere".

"Durante el desempeño de mi cargo como Director de la CNI no hubo personas secuestradas en las instalaciones de este organismo, en consecuencia no se dispuso la liberación de ellos".

- Otto Trujillo, ex agente del Comando Conjunto: "Sólo en dos oportunidades, en allanamientos que se hicieron en los cuales yo participé, el Oficial coordinador, ya sea (Roberto) Fuentes Morrison o (Edgard) Ceballos, ingresaban a las casas y se hacían pasar por DINA, finales de 1975".

"Me acuerdo que ocurrió en dos oportunidades una en La Granja, después que se completa el allanamiento se llamó a Marcelo Moren Brito, en ese lugar se encontró un barretín, con armamento, creo que eran metralletas AKA. Moren llegó en un auto Ford, color salmón, ellos siguieron buscando y encontraron otro barretín más grande aún. Y el segundo fue en la población Los Cóndores de Plata, en este caso también se identificaron como agentes de la DINA".


La Nacion

20 de Diciembre 2006

Derechos humanos: Juez condena a Contreras a 10 años de cárcel

El ministro Juan Eduardo Fuentes dictó ayer una nueva condena contra el general (r) Manuel Contreras, como autor del secuestro calificado de los militantes del MIR Cecilia Bojanic Abad y Flavio Oyarzún Soto, detenidos en Santiago el 2 de octubre de 1974.

Por el mismo delito, el juez dictó igual pena contra el ex agente civil de la Dina Osvaldo Romo; y condenó a cuatro años sin beneficios a los ex oficiales Francisco Ferrer Lima, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff y Fernando Laureani.

El único ex Dina que obtuvo la libertad vigilada fue Orlando Manzo, quien recibió una pena de 3 años como cómplice.

En tanto, en un fallo dividido la Sexta Sala de la Corte condenó a nueve ex miembros del Comando Conjunto por "asociación ilícita genocida", por haberse organizado para perseguir y exterminar a personas que pudieren "sustentar ideología marxista", a quienes recluyeron en la Academia de Guerra Aérea.

El tribunal procesó, además, a tres miembros del organismo en calidad de coautores del delito de ilegítima privación de libertad del dirigente de la CUT, José Luis Baeza Cruces.


Radio Universidad de Chile

25 de Enero 2007

Juez acusa por primera vez a la DINA de “asociación ilicita”

Por primera vez en la historia judicial reciente, un juez chileno acusó a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta durante la dictadura de Augusto Pinochet,  de ser "una asociación ilícita", en particular, para cometer el doble homicidio del general en retiro Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires.

El ministro Alejandro Solís dictó los autos acusatorios para fallar el caso en primera instancia, en los que apuntó al general (r) Manuel Contreras y al brigadier (r) Pedro Espinoza como los jefes de esta asociación ilícita.

El magistrado señaló que el proceso "ha sido complicado, porque son varios delitos, hay gente de muy alto nivel en la jerarquía militar que está implicada, por lo tanto ha sido bastante esforzado el trabajo".

El fallo determinó además que los brigadieres (r) Raúl Iturriaga Neumann, Jorge Zara y Christoph Willike eran parte de la agrupación criminal, al igual que la ex agente civil Mariana Callejas.

Los brigadieres Jorge Iturriaga y Reginaldo Valdés, en tanto, quedaron en calidad de cómplices.

La DINA, que según Contreras dependía directamente del fallecido dictador Augusto Pinochet, es sindicada por abogados de derechos humanos como la responsable de centenares de crímenes contra opositores al régimen militar.

Además, del caso de Prats y su esposa, también fue responsable del atentado que le costó la vida en Washington al ex canciller Orlando Letelier y su secretaria


30 de Enero 2007 El Mercurio

Manuel Contreras suma 129 años de cárcel tras nueva condena

El general en retiro Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional [DINA], fue condenado hoy a 10 años de prisión por el secuestro y la desaparición de tres militantes comunistas en 1976.

Con este fallo, Cotreras acumula 129 años de prisión por sentencias que lo involucran en distintas causas de violaciones a los derechos humanos.

La condena fue emitida por el juez Juan Eduardo Fuentes, que también sentenció a cinco años de prisión por el mismo delito al coronel en retiro del Ejército, Carlos López Tapia.

Los dos militares fueron condenados por el secuestro y posterior desaparición del encargado de cultura de la Federación del Metal, Darío Miranda Godoy, de 22 años; del músico Jorge Solovera, de 27; y del obrero Enrique Jeria, de 37, detenidos entre julio y agosto de 1976.

El fallo del magistrado establece que las víctimas fueron arrestadas por integrantes de la DINA y trasladadas al centro de torturas y reclusión de Villa Grimaldi, donde se les perdió el rastro.


30 de Marzo 2007 El Mostrador

Juez condena hasta quince años de cárcel a cúpula de la ex DINA

El ministro de fuero Alejandro Solís dictó una nueva condena de hasta quince años y un día contra la cúpula de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el secuestro calificado de Herbit Guillermo Ríos Soto, registrado el 3 enero de 1975.

Las máximas sentencias dictadas por el magistrado recayeron en contra del general retirado Manuel Contreras Sepúlveda, otrora director del organismo represivo, y el brigadier retirado Miguel Krassnoff Martchenko.

En tanto, a diez años y un día de prisión fueron condenados el brigadier (R) Pedro Espinoza Bravo, el teniente (R) Fernando Lauriani Maturana, el coronel (R) Marcelo Morén Brito, el mayor (R) Rolf Wenderoth Pozo, el suboficial (R) Basclay Zapata Reyes, y el agente civil Osvaldo Romo Mena.

Solís también condenó a cinco años de cárcel al teniente coronel retirado Francisco Maximiliano Ferrer Lima, y absolvió al carabinero en retiro Orlando Manzo Durán.

Ríos Soto, estudiante de pedagogía en Historia y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido el 3 de enero de 1975 en el domicilio de un compañero, tras lo cual fue trasladado al centro de detención de Villa Grimaldi.

19 de Junio 2007 El Mostrador.cl

Condenan a cuatro miembros de DINA por desaparición de carpintero

Ofelio Lazo fue detenido en julio de 1974 por efectivos comandados por el agente Osvaldo Romo, uno de los integrantes del organismo afectados por fallo de ministro Juan Eduardo Fuentes.

 Una nueva condena contra agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) dictó el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar por el secuestro de Ofelio de la Cruz Lazo Lazo.

El magistrado sentenció al ex director del organismo Manuel Contreras y al agente civil Osvaldo Romo a cinco años de presidio, mientras que los colaboradores Miguel Krassnoff y Marcelo Moren recibieron tres años y un día de reclusión.

Ésta es la 15ª condena que afecta a Contreras, quien ya suma 159 años de reclusión por distintos casos de abusos durante la dictadura militar.

Lazo Lazo, carpintero y militante del Partido Socialista (PS), fue detenido el 30 de julio de 1974 por efectivos comandados por Romo, que llegaron hasta su casa en la comuna de Pudahuel cerca de las 1:00 horas.

Posteriormente, se logró establecer que esa misma noche desde su casa Ofelio Lazo fue conducido por el grupo de agentes de la DINA hasta el domicilio de su amigo y ex compañero de trabajo Eduardo Alarcón Jara, a quien detuvieron a las 02:30 horas.

Esa misma noche los agentes detuvieron en su domicilio en la localidad de Peñaflor a Gumercindo Machuca Morales, hasta allí los aprehensores llegaron con Ramón Núñez Espinoza a quien habían detenido el 25 de julio de 1974 y con Lazo, recuerda Memoria Viva.


24 de Julio 2007 La Nación

Condenan a 25 años de presidio a Manuel Contreras

Por el crimen de Lumi Videla fue condenada la cúpula de la DINA en un dictamen de primera instancia que involucra además de Contreras a Miguel Krassnoff, Cristoph Willike, Marcelo Moren Brito, entre otros.

Sendas condenas dictaron dos magistrados en causas conocidas de derechos humanos, sentencias que complican nuevamente a la cúpula de la DINA y con especial fuerza al líder del organismo represivo el general (r) Manuel Contreras.

Por un lado el ministro Alejandro Solís dictó sentencia en el caso por el homicidio de Lumi Videla Moya y el secuestro calificado de su marido Sergio Pérez Molina, hechos ocurridos el 3 de noviembre de 1974 y 22 de septiembre de 1974, respectivamente.

En el dictamen condena a diez años y un día de presido mayor en su grado medio al general (r) Manuel Contreras en calidad de autor del delito de secuestro calificado de Sergio Pérez. También sanciona por igual ilícito a Miguel Krassnoff pero en este caso la pena es de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, caso que se repite para Ciro Ernesto Torré Sáez.

En el crimen de Lumi Videla la sanción para el Mamo Contreras alcanza a quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo. Para Krassnoff Martchenko a diez años y un día de presidio mayor en su grado máximo e igual sanción cumplirá Cristoph Georg Paul Willeke Floel, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Marcelo Luis Moren Brito. Mientras que Basclay Humberto Zapata Reyes recibe una sanción de cinco años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

Y luego que ayer se conociera la condena en contra del ex auditor del Ejército, general (r) Fernando Torres Silva, y del coronel (j) Enrique Ibarra, como autores de asociación ilícita en la muerte del químico de la DINA, Eugenio Berrios, hoy el juez Alejandro Madrid amplió las condenas por otro ilícito.

El dictamen del juez se refiere al secuestro y homicidio del cabo de Ejército y agente de la DINA, Manuel Leyton Robles, asesinado con gas tóxico en 1977. Este caso reviste especial importancia pues se trataría de un delito conexo a la muerte del ex Presidente Eduardo Frei, debido a que el oficial falleció en la clínica London donde operaba la DINA.

Por el delito de asociación ilícita condenó a Hernán Taricco Lavin, Pedro Valdivia Soto, Osvaldo Leyton Bahamondes, Carlota Bolumburu Tabeada, Ricardo Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Sovino Maturana, Santiago Matteo Galleguillos, Juan Morales Salgado, Lorenzo Toro Olivares, Vittorio Orvietto Teplisky, Federico Chaigneau Sepúlveda y Gladys Calderón Carreño.

Por el delito de secuestro la sanción implica a Hernán Taricco Lavin, Osvaldo Leyton Bahamondes, Carlota Bolumburu Tabeada, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Sovino Maturana, Juan Morales Salgado, Lorenzo Toro Olivares y Ricardo Lawrence Mires

Y además por la figura de homicidio que afectó al mismo Manuel Leyton, el ministro Madrid condenó a Hernán Taricco Lavin, Ricardo Lawrence Mires y Juan Morales Salgado

En calidad de cómplices sancionó a Hernán Sovino Maturana y Lorenzo Toro Olivares; y en el rol de encubridores condenó a Osvaldo Leyton Bahamondes, Carlota Bolumburu Tabeada, Pedro Valdivia Soto, Santiago Matteo Galleguillos, Federico Chaigneau Sepúlveda y Gladys Calderón Carreño.

Finalmente, por el delito de coautores en falsificación de instrumento público sancionó a Osvaldo Leyton Bahamondes y Carlota Bolumburu Tabeada.


22 de Agosto 2007 El Mercurio

"Mamo" Contreras suma nueva condena de diez años

La Corte Suprema mantuvo la sanción en contra de cinco ex integrantes de la DINA, entre ellos el otrora prófugo de la justicia Raúl Iturriaga Neumann por dos casos de detenidos desaparecidos.

La Sala Penal de la Corte Suprema mantuvo la condena de diez años y un día de presidio en contra del ex director del DINA Manuel Contreras  por los secuestros permanentes de Víctor Olea Alegría y  Mario Carrasco Díaz, ocurridos el 11 y 16 de septiembre de 1974, respectivamente.

En un fallo dividido la Segunda Sala del máximo tribunal fijo también una pena de cinco años y un día para Raúl Iturriaga Neumann,  Gerardo Urrich González

y  Alejandro Molina Cisternas, mientras que Rigiere Altez España recibió una sanción de 3 años y un día.

El voto a favor de mantener la pena fue de los ministros Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura y Jaime Rodríguez, quienes estimaron que correspondía seguir aplicando la figura del secuestro permanente; mientras que el ministro Rubén Ballesteros y el abogado integrante Ricardo Peralta fueron partidarios de absolver a los condenados aplicando la prescripción.

El caso estuvo en manos del ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar, quien el  6 de junio de  2005 condenó a Contreras Sepúlveda a 4 años; Raúl Iturriaga Neumann. 4 años; Gerardo Urrich González. 4 años; Alejandro Molina Cisternas 4 años con beneficio de libertad vigilada; y Risiere Altez España 800 días con beneficio de remisión condicional. Sin embargo, al año siguiente la Novena

Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago aumentó las sanciones.

Olea Alegría y Carrasco Díaz eran militantes del Partido Socialista y según los antecedentes recopilados en la causa estuvieron detenidos en el recinto de calle Irán 3037, esquina Los Plátanos, conocida como la “Venda Sexy”, desde donde desaparecieron en septiembre de 1974.


28 de Septiembre 2007 La Nacion

Nueva condena por crimen en dictadura de Pinochet

El ministro en visita Alejandro Solís dictó una nueva condena en contra de ex miembros de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su implicancia en el secuestro calificado de la militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), María Teresa Bustillos Cereceda, en hechos acontecidos en diciembre de 1974.

El magistrado sentenció al ex jefe de la desaparecida DINA  general (r) Manuel Contreras Sepúlveda a 15 años de presidio; y a los brigadieres en retiro Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito y Pedro Espinoza Bravo a 10 años y un día de reclusión.

Esta es la 17 condena que dicta el ministro Solís desde que fue nombrado en octubre de 2002 para hacer cargo de investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos cometidas entre 1973 y 1990.

La victima era militante del MIR y asistente social de la Universidad de Chile, tenia 24 años de edad, y fue detenida en su departamento de calle San Antonio, de la comuna de Santiago.


19 de Diciembre 2007 El Mostrador

Nueva condena a 10 años contra Manuel Contreras por secuestro

Se trata del caso de secuestro calificado contra Darío Miranda Godoy, registrado en 1976, que falló este miércoles la novena sala de la Corte de Apelaciones. El tribunal de alzada también dictó condenas en el caso del homicidio, ocurrido en 1973 en Coquimbo, del matrimonio conformado por el argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María del Rosario Ávalos.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en dos distintas resoluciones y con una composición diversa de magistrados, dictó dos condenas en investigaciones por violaciones a los derechos humanos que indagaron ministros en visita del tribunal de alzada capitalino.

Según informó el Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, en el primer caso, y en decisión dividida, la sala integrada por los ministros Juan Escobar Zepeda, Juan Manuel Muñoz Pardo y el abogado integrante Rodrigo Asenjo Zegers condenó a los ex oficiales de Ejército Fernando Guillermo Santiago Polanco Gallardo, Luis Humberto Fernández Monje y Héctor Omar Vallejos Birtiola a penas de 10 años y un día de presidio por los homicidios del matrimonio de Bernardo Mario Lejderman Konujowska (argentino) y María del Rosario Ávalos Castañeda (mexicana) ocurridos el 8 de diciembre de 1973 en la Quebrada de Gualliguaica de la Región de Coquimbo.

El fallo además absolvió al ex oficial de Ejército Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego por falta de participación en los hechos y sentenció al Fisco a pagar la suma de 300 millones de pesos por el daño moral producido al hijo del matrimonio Ernesto Yoliztly Lejderman Ávalos quien quedó huérfano a los dos años y medio de edad, luego del homicidio de sus padres.

El magistrado Escobar y el abogado integrante Asenjo (redactor del fallo) fueron partidarios de revocar la sentencia de primera instancia del ministro de fuero Joaquín Billard Acuña, quien el 14 de julio de 2006, absolvió a los cuatro oficiales aplicando la figura de la prescripción de la acción penal.

 Los jueces de mayoría determinaron que los homicidios del matrimonio Lejderman-Ávalos son crímenes de lesa humanidad por lo tanto imprescriptibles tanto desde el punto de vista penal, como desde la perspectiva del derecho civil.

En tanto el ministro Muñoz Pardo (voto de minoría) fue partidario de confirmar la resolución del juez Billard y aplicar la figura de la prescripción al estimar que en Chile no rigen la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los denominados Convenios de Ginebra, ya que ambos instrumentos internacionales no han sido aprobados por Chile.

Caso Darío Miranda y otros

En el segundo caso, también en decisión dividida, los ministros Jorge Dahm Oyarzún, Víctor Montiglio Rezzio y la abogada integrante Paola Herrera Fuenzalida ratificaron el fallo de primera instancia que condenó al ex director de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) general (r) Manuel Contreras Sepúlveda y Carlos López Tapia, a penas de 10 años y un día de presidio y cinco años de presidio, respectivamente, por los secuestros calificados de Darío Francisco Miranda Godoy, José Gerardo Solovera Gallardo y Enrique Jeria Silva, ocurridos el 18 de agosto de 1976 en tres puntos distintos de la Región Metropolitana.

En fallo de primera instancia, el 31 de enero pasado, el ministro de fuero Juan Eduardo Fuentes Belmar, había dictado la condena en contra de Contreras Sepúlveda y López Tapia, desestimando las alegaciones de la defensas de ambos condenados de aplicar las figuras de la prescripción de la acción penal y la aplicación del Decreto Ley de Amnistía de 1978.

El juez Dahm y la abogada Herrera respaldaron la ratificación de la condena al considerar los hechos crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles e inadmistiables.

Por su parte, el ministro Montiglio estimó que era necesario revocar el fallo de primera instancia, acogiendo la aplicación de la Ley de Amnistía de 1978 al estimar que ese cuerpo legal se encuentra plenamente vigente en Chile y que no son aplicables los instrumentos internacionales que sancionan las violaciones a los derechos humanos, ya que éstos instrumentos no se encuentran ratificados por el país.

Con estas dos sentencias la Corte de Apelaciones de Santiago completa 18 sentencias en casos de violaciones a los derechos humanos durante el 2007 y 38 fallos desde la primera condena en éste tipo de investigaciones, dictada en el año 2004.


28 de Diciembre 2007 El Mostrador

Corte condena a 15 años de cárcel a Contreras por secuestro de mirista

Tribunal también sentenció a diez años y un día a los coroneles  jubilados Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth y Francisco Ferrer Lima,  a los ex brigadieres de Ejército Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza y  al suboficial Basclay Zapata.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó este viernes a quince años  y un día de presidio al general retirado Manuel Contreras, ex jefe de  la DINA, la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, por  la desaparición de un mirista en 1975.

El tribunal también sentenció a diez años y un día a los coroneles  jubilados Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth y Francisco Ferrer Lima,  a los ex brigadieres de Ejército Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza y  al suboficial Basclay Zapata.

El fallo, acordado por unanimidad de la Novena Sala de la Corte de  Apelaciones, ratificó la resolución de primera instancia dictada por  el juez Alejandro Solís, el 18 de enero de este año.

El tribunal, sin embargo, rechazó la demanda civil interpuesta por los  familiares de la víctima en contra del Estado chileno, que solicitaban  una indemnización monetaria.

El caso se refiere al secuestro de Julio Flores, de 22 años, quien era  estudiante de la Universidad Técnica del Estado y militaba en el  Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El joven fue detenido por agentes de la DINA el 10 de enero de 1975 en  su domicilio en Santiago y fue visto por última vez en el centro de  torturas de Villa Grimaldi, desde donde desapareció, según consta en  el Informe Rettig.

Con la de este viernes, Contreras acumula una quincena de sentencias  condenatorias en su contra, que suman más de 200 años de prisión,  aunque al menos la mitad aún está pendiente de una revisión de la  Corte Suprema.

Con estas sentencias la Corte de Apelaciones completa en lo que va del  año 21 fallos en casos de violaciones a los derechos humanos. Según el informe Rettig, durante la dictadura de Pinochet más de 3.200  personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192  figuran como detenidas desaparecidas.


12 de Febrero 2008   La Nacion

Francia juzgará en ausencia a trece represores chilenos

Luego de casi diez años, desde que la justicia francesa se decidió a juzgar a un grupo de represores chilenos y un argentino por el secuestro y desaparición de cinco ciudadanos franco-chilenos, el Gran Tribunal Penal de París fijó fecha para el juicio entre el 19 y 23 de mayo próximo.

Los 13 chilenos y el argentino serán juzgados en rebeldía (según la figura legal francesa) pues ni Chile ni Argentina acogieron las demandas de extradición formuladas en su momento por Francia. Entre los chilenos están el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y el líder de la secta alemana Colonia Dignidad, Paul Schafer.

Cuatro de los chilenos requeridos inicialmente ya están muertos: el dictador Augusto Pinochet, el general Javier Palacios que comandó el asalto desde tierra a La Moneda el 11 de septiembre de 1973, el coronel de aviación Andrés Pacheco Cárdenas, comandante de la base aérea de Temuco, y el ex agente civil Osvaldo “Guatón” Romo.

Los oficiales chilenos (todos en retiro) que serán sometidos a juicio son, además de Contreras y Sch fer: Emilio Sandoval Poo, empresario sureño; Joaquín Ramírez Pineda, ex comandante del regimiento Tacna; Rafael Ahumada Valderrama; el teniente coronel de Carabineros Gerardo Godoy García (“El Cachete Chico”); Basclay Zapata Reyes (“El Troglo”), DINA suboficial de Ejército; Miguel Krassnoff Martchenko, brigadier DINA ex jefe de la brigada Águila; Marcelo Moren Brito, coronel DINA ex jefe de Villa Grimaldi; Pedro Espinoza Bravo, brigadier ex segundo jefe de DINA; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, general DINA ex jefe de su departamento exterior; José Zara Holger, brigadier DINA, ex jefe de su departamento exterior; y el ex agente civil DINA Enrique Arancibia Clavel, que el año pasado terminó de cumplir una pena de presidio en Buenos Aires por el asesinato en 1974 del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. También será juzgado el ex jefe de la inteligencia del Ejército argentino (SIDE) en Mendoza y Bahía Blanca durante la última dictadura, José Osvaldo Riveiro, alias “Balita”.

Los catorce criminales, la mayoría con un largo prontuario por delitos de lesa humanidad, serán juzgados por el secuestro y desaparición de Alfonso Chanfreau Oyarce, Jean Ives Claudet Fernández, René Marcel Amiel Baquet, George Klein Pipper, y Etienne Pesle de Menil.

Las cinco víctimas Chanfreau fue detenido en julio de 1974 en Santiago y su nombre aparece en la lista de los 119 desaparecidos de la Operación Colombo -preámbulo de la Operación Cóndor- por la que la dictadura chilena pretendió hacer creer que habían huido a Argentina.

Claudet fue detenido en Buenos Aires en noviembre de 1975 como parte de la Operación Cóndor, en la que también participaron los servicios de inteligencia de Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. En este caso, Arancibia Clavel o “Luis Felipe Alemparte”, envió desde Buenos Aires (noviembre de 1975) un memorándum dirigido a “Luis Gutiérrez”   -chapa del cargo de jefe exterior DINA, en ese entonces Iturriaga

Neumann- que decía: “A Claudet se le sometió a interrogatorio. .. Ya no existe, es RIP (Réquiem in pace)”.

El memo, junto a otros similares, fue pesquisado en Buenos Aires por la jueza María Servini y formó parte del expediente abierto allá por el crimen de los Prats-Cuthbert.

Amiel fue arrestado en Mendoza por agentes chilenos y argentinos en 1977. Klein era asesor de Allende y fue detenido en La Moneda el día del golpe militar. Pesle era un sacerdote secuestrado en Temuco en septiembre de 1973.


18 de abril de 2008 Lanacion.cl

Juez dicta condena N°100 contra cúpula de la DINA

Los sentenciados de siempre: brigadier (R) Pedro Espinoza, general (R) César Manríquez Bravo, teniente coronel (R) Francisco Ferrer Lima, y el coronel (R) Miguel Krassnoff Martchenko.

La condena Nº 100 contra los jerarcas de la ex Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, dictó ayer el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís. Esta vez fue por el secuestro calificado del mirista Marcelo Salinas Eytel, desaparecido en 1974.

El ex director de la DINA, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, fue sentenciado a 15 años de cárcel, que se sumaron a los 57 que ya cumple por otros casos. Sin embargo, Contreras espera sentencias definitivas en otras 15 causas que elevarían su reclusión a 197 años.

Otro de los condenados por el ministro Solís es el brigadier de Ejército (R) Pedro Espinoza Bravo, segundo en la jerarquía de la DINA, sentenciado a 10 años y un día de presidio.

La misma condena recibieron el general de Ejército (R) César Manríquez Bravo, ex jefe de la brigada metropolitana de la DINA; el teniente coronel (R) Francisco Ferrer Lima, el "intelectual" del organismo represivo, porque pedía más "inteligencia y menos sangre"; y el coronel (R) Miguel Krassnoff Martchenko, alias "El Ruso", jefe de la brigada de exterminio del MIR en la Villa Grimaldi.

Absuelto quedó José Manzo Durán, ex jefe del centro de detención Cuatro Álamos.

El fallo del ministro Solís es parte de un proceso que nació en enero de 1998, paralelo a los juicios contra el ex dictador Augusto Pinochet que quedaron en manos del juez Juan Guzmán Tapia.

Ese año, familiares de detenidos desaparecidos se querellaron contra Pinochet y otros ex oficiales de la Fuerzas Armadas y Carabineros, pero el juez Guzmán decidió abrir otro proceso, por los secuestros calificados que se originaron en la Villa Grimaldi.

El 14 de octubre de 2002, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió reordenar las investigaciones del juez Guzmán, debido al gran volumen de este proceso. Se nombró a cuatro ministros, entre ellos a Alejandro Solís, quien ha dictado 20 de las 100 condenas que afectan a la cúpula de la DINA.

Marcelo Salinas Eytel, técnico en radio y televisión, tenía 31 años al momento de su detención, el 31 de octubre de 1974, frente a su domicilio de calle Alberto Decombe, en Providencia. Era miembro del MIR.

Días antes, su esposa Jacqueline Drouilly Yurich, estudiante de Servicio Social y también detenida desaparecida hasta hoy, había sido secuestrada por la DINA para mantenerla como rehén mientras aparecía Salinas Eytel.

En el domicilio de ambos se montó una "ratonera" y los agentes obligaron a la hermana de Salinas Eytel a decirle que todo estaba bien y que podía llegar a la casa sin problemas.

El técnico llegó en un taxi, pero al ver algo sospechoso le dijo al chofer que continuara, ante lo cual los agentes dispararon a las ruedas del vehículo. A golpes, Salinas Eytel fue llevado primero a Cuatro Álamos y después a Villa Grimaldi, desde donde desapareció. Según testigos, tanto Salas Eytel como su esposa fueron brutalmente torturados por Osvaldo Romo Mena.


20 de mayo de 2008 UPI

Ex jefe de la disuelta DINA sumó nueva condena

El magistrado dictó las siguientes sentencias en contra de ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): Manuel Contreras Sepúlveda, 15 años como autor de secuestro calificado.

El ministro en visita Alejandro Solís dictó este lunes una nueva condena en contra del ex jefe de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general (r) Manuel Contreras por su implicancia en el secuestro calificado de Anselmo Radrigán Plaza, ocurrido a partir del 12 de diciembre de 1974.

El magistrado dictó las siguientes sentencias en contra de ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): Manuel Contreras Sepúlveda, 15 años como autor de secuestro calificado; Marcelo Moren Brito 10 años y un día como autor de secuestro calificado; Pedro Espinoza Bravo, 10 años y un día como autor de secuestro calificado; Rolf Wenderoth Pozo, 10 años y un día como autor de secuestro calificado; Miguel Krassnoff Martchentko, 10 años y un día como autor de secuestro calificado; y Basclay Zapata Reyes, 10 años y un día como autor de secuestro calificado.

Asimismo el juez dictó una serie de autos de procesamiento por cuatro casos de secuestro calificado. Entre los encausados figuran Pedro Espinoza Bravo, Basclay Zapata Reyes y Palmira Almuna Guzmán, vinculados a la desaparición de Claudio Silva Peralta, ocurrido a partir del 26 de noviembre de 1974.

Por el secuestro de Mireya Pérez Vargas, secuestrada a partir del 24 de febrero de 1976, fueron procesados Manuel Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martchentko, Carlos López Tapia, Basclay Zapata Reyes, José Fuentes Torres.

Por Jaime Robotham Bravo, secuestrado a partir del 31 de diciembre de 1974, Solís formuló cargos contra Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Rolf Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchentko, Fernando Lauriani Maturana, Daniel Cancino Varas.

En el caso de Claudio Thauby Pacheco, secuestrado a partir del 31 de diciembre de 1974, se encausó a Pedro Espinoza Bravo, Rolf Wenderoth Pozo, Fernando Lauriani Maturana y Daniel Cancino Varas

27 de mayo de 2008  La Nación

Juez Montiglio procesó a 98 ex agentes por víctimas de la Operación Colombo - El golpe más grande a la represión

Entre los encausados, todos en retiro, hay ocho coroneles y 23 suboficiales de Ejército, 40 oficiales y suboficiales de Carabineros, dos ex agentes de la FACH, una ex agente de la Armada, y siete ex agentes de la Policía de Investigaciones.

El mayor golpe a la represión de la dictadura de Augusto Pinochet dio ayer el ministro Víctor Montiglio, al procesar a 98 ex agentes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones por 42 víctimas de la Operación Colombo.

Se trata de la resolución más numerosa dictada entre las casi 400 causas por violaciones de los derechos humanos que se instruyen en el país. Incluso superó a los 67 ex agentes encausados por el mismo juez Montiglio en 2007 por los crímenes de la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín en el cuartel Simón Bolívar.

Entre los encausados por Colombo hay ocho coroneles de Ejército (R), seis de los cuales no habían procesados antes en ninguna causa. También fueron declarados reos 23 suboficiales de Ejército (R) de los cuales al menos el 50 por ciento aparecen por primera vez en este tipo de causas.

Entre estos suboficiales figura Juvenal Piña, alias "El Elefante", ex agente de la Brigada Lautaro, que fue quien asfixió al jefe comunista en la clandestinidad (1976) Víctor Díaz, con una bolsa plástica en su cabeza, previo a que le inyectaran cianuro.

Además el magistrado encausó a 40 ex agentes oficiales y suboficiales de Carabineros, entre los que están Ricardo Lawrence, Heriberto Acevedo, Claudio Pacheco y José Mora, todos ex integrantes de la misma Brigada. Entre los procesados hay también ex agentes que pertenecían a la Policía de Investigaciones. El único civil (Ejército) es Juan Suárez.

De la lista total, al menos trece ya se encuentran cumpliendo condena por otras causas (ver lista).

Hasta el cierre de esta edición los procesados seguían siendo detenidos para ser internados en distintos lugares, como el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

Entre las 42 víctimas por las cuales el ministró dictó su resolución, están María Angélica Andreolli, Miguel Acuña Castillo, Juan Carlos Perelmann Ide, Juan Chacón Olivares, Jorge Müller Silva, Luis Guendelmann Wisniak, Mario Calderón Tapia y Carmen Bueno Cifuentes.

La Operación Colombo y los medios

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA.

La Operación Colombo fue parte de la Operación Cóndor, y consistió en un montaje de la dictadura para hacer creer a la población que 119 detenidos que se encontraban desaparecidos, habían salido clandestinamente a Argentina y allí murieron enfrentados con fuerzas policiales y del Ejército durante la fase previa al golpe militar de 1976 en Argentina.

Algunos de esos nombres aparecieron como militantes "asesinados" en Buenos Aires y alrededores, con carteles en sus cuerpos que decía que habían sido ejecutados por sus propios compañeros por ajuste de cuenta por rencillas internas. Sin embargo, ello también resultó un montaje.

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA en el extranjero y tuvieron una única edición.

En Chile la prensa pro dictadura como los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y La Segunda, reprodujeron el montaje de los servicios de inteligencia. En el recuerdo quedó el titular del vespertino que informó "Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina". Ellos formaron parte de la lista de los 119 desaparecidos de Colombo.

El ex prófugo Raúl Iturriaga, quien era uno de los encargados del departamento exterior de la DINA, fue quien primero dio luces en Buenos Aires de este operativo.

Según el ex agente civil Enrique Arancibia Clavel, condenado en Buenos Aires por el crimen del general Carlos Prat y su esposa, fue Iturriaga quien a comienzos de 1975 se juntó con él para pedirle que preparara lo necesario porque "hay que hacer aparecer a unos muertos de la Operación Colombo".

Se trataba de preparar la aparición de los supuestos cuerpos de Jaime Robotham y Luis Guendelmann como parte del montaje.

Lista de procesados

Ejército (todos en retiro):

Víctor Molina Astete (coronel); Sergio Castillo González (crl); Eduardo Guerra Guajardo (crl); Víctor San Martín Jiménez (crl); José Fuentes Torres (crl); Manuel Carevic Cubillos (crl); Jaime Paris Ramos (crl); César Manríquez Bravo (crl); Raúl Toro Montes (suboficial); Eduardo Reyes Lagos (sub); Orlando Torrejón Gatica (sub); Osvaldo Tapia Alvarez (sub. Suicidado); Juvenal Piña Garrido (sub. “El Elefante”); Juan Suárez Delgado (civil); Nelson Paz Bustamante (sub); José Aravena Ruiz (sub); Luis Torres Méndez (sub); Raúl Soto Pérez (sub); Jorge Andrade Gómez (sub); Juan Escobar Valenzuela (sub); Rolando Concha Rodríguez (sub); Gustavo Apablaza Meneses (sub); Hiro Alvarez Vega (sub); Víctor Alvarez Droguett (sub); Jorge Venegas Silva (sub); Carlos Rinaldi Suazo (sub); Carlos Letelier Verdugo (sub)

Reinaldo Concha Orellana (sub); Máximo Aliaga Soto (sub); Hugo Clavería Leiva (sub); Samuel Fuenzalida Devia (sub); Investigaciones

Juan Urbina Cáceres; Hugo Hernández; Manuel Rivas Díaz; Herman Alfaro; Eugenio Fieldhouse; Osvaldo Castillo; Carabineros (oficiales y suboficiales todos en retiro)

Gerardo Godoy García; Ciro Torres Sáez, Alejandro Molina Cisternas; Camilo Torres Negrier; Héctor Lira Aravena; José Fritz Esparza; Claudio Pacheco Fernández; Jorge Sagardia Monge; Sergio Castro Andrade; Luis Villarroel Gutiérrez; Armando Cofré Gómez; Fernando Roa Montaña; Gerardo Meza Acuña; Enrique Gutiérrez Rubilar; Luis Mora Cerda; José Muñoz Leal; Juan Duarte Gallegos; Carlos Miranda Meza; Rufino Jaime Astorga; Luis Urrutia Acuña; Luis Zúñiga Ovalle; Pedro Alfaro Hernández; Orlando Inostroza Lagos; Rosa Ramos Hernández; Gustavo Caruvan Soto; Héctor Valdebenito Araya; Manuel Avendaño González; José Mora Diocares; Guido Jara Brevis; Nelson Ortiz Vignolo; Ruderlindo Urrutia Jorquera; Héctor Flores Vergara; Jerónimo Neira Méndez; Manuel Montré Méndez

Heriberto del Carmen Acevedo; Claudio Orerllana de la Pinta; Nelson Iturriaga Cortés; Luis Gutiérrez Uribe; José Ojeda Obando; Fuerza Aérea

Delia Gajardo Cortés; Hernán Avalos Muñoz

Armada

Teresa Navarro Osorio;

Procesados que ya cumplen condena

Manuel Contreras Sepúlveda; Pedro Espinoza Bravo; Raúl Iturriaga Neumann; Marcelo Moren Brito; Miguel Krassnoff Martchenko; Ricardo Lawrence Mires; Basclay Zapata Reyes; Conrado Pacheco; Francisco Ferrer Lima; Gerardo Urrich; Orlando Manzo Durán; Rizier Altez España; Fernando Lauriani Maturana


13 de junio de 2008  La Nación

Dictan nueva condena contra “Mamo” Contreras

El ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago Joaquín Billard Acuña dictó sentencia en la causa conocida como "Armando Jiménez" y condenó a quince años de presidio al ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, (DINA) general (R) Manuel Contreras, y a doce años al ex fiscal militar de San Antonio David Miranda Monardes.

Tras su investigación Billard resolvió que ambos eran coautores del delito de homicidio calificado de seis dirigentes sindicales portuarios de San Antonio, ocurrido el 21 de septiembre de 1973 en ese puerto.

Ese día efectivos militares de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes detuvieron en el sindicato de estibadores de San Antonio y en algunos domicilios de la ciudad, a los dirigentes portuarios Armando Jiménez Machuca, Samuel Núñez González, Guillermo Alvarez Cañas, Héctor Rojo Alfaro, Raúl Bacciarini y Fidel Bravo Alvarez.

Sin embargo, más tarde todo el pueblo se conmovió al enterarse que los seis sindicalistas habían sido ejecutados.

Según un bando militar emitido poco después que la muerte de los dirigentes se produjo porque al ser trasladados en un camión militar desde el regimiento de Tejas Verdes a otro lugar cerca de Bucalemu, intentaron escaparse por lo que se les aplicó la ley de fuga.

No obstante, la investigación determinó que los dirigentes fueron obligados a bajar del camión y los acribillaron.

A la fecha Contreras tenía el grado de teniente coronel y era el jefe de la zona militar de San Antonio, mientras que Miranda había sido designado fiscal militar.

Contreras se encuentra recluido en el Penal Cordillera en Peñalolén cumpliendo condena por el crimen del sastre Miguel Ángel San Martín, y varias otras sentencias que se han dictado en su contra.

El ministro Billard no aplicó ni la amnistía ni la prescripción por el paso del tiempo, considerando que se trata de delitos de lesa humanidad


Lunes 30 de junio de 2008     La Nación

Manuel Contreras condenado a cadena perpetua por crimen de Prats

Después de 34 años de cometido el doble homicidio, el ministro Alejandro Solís dictó sendas condenas en contra de la cúpula de la DINA por su responsabilidad en la muerte del otrora comandante en jefe del Ejército Carlos Prats  y su esposa Sofía Cuthbert. En el dictamen de primera instancia el juez establece una pena perpetua en contra de Manuel Contreras Sepúlveda por los dos crímenes y a su vez una sentencia de veinte años de presidio por asociación ilícita.

Para el brigadier (r) Pedro Espinoza la sentencia es de veinte años de presidio por cada  asesinato y otros veinte años por su rol en esta asociación ilícita

En el caso del agente Raúl Iturriaga Neumann el dictamen es de quince años de presidio por cada homicidio  y de 541 por asociación ilícita. Un poco más baja es la pena para José Zara, Juan Morales Salgado y Christoph Willike donde la sentencia alcanza a diez años presidio por cada crimen y de  541 días por la asociación ilícita.

En el caso de  Jorge Iturriaga  Neumann cinco años y un día por cada homicidio  y a su vez Mariana Callejas  -en su rol de autora material del crimen- recibió  una pena de diez años por cada homicidio

Finalmente el suboficial (r) Reginaldo Valdés enfrentará dos penas de 541 días por su rol en los dos asesinatos.

Hijas del matrimonio Prats-Cuthbert destacaron fallo

Angélica y Cecilia Prats Cuthbert arribaron complacidas hasta el palacio de tribunales para interiorizarse del dictamen del ministro Alejandro Solís en contra de quienes participaron en el doble homicidio de sus padres Carlos Prats y Sofía Cuthbert ocurrido en 1974 en Argentina.

"Lo que uno más esperaba era justicia frente a lo que vivieron nuestros padres y la posibilidad de hacer un aporte al país con esta verdad, un aporte al Ejército para que puede escribir su verdadera historia", afirmó Angélica Prats.

En tanto Cecilia afirmó que “el país ya conoce la verdad, nosotros estamos tranquilos después de todos estos años. El Ejército también tiene claridad de los participantes: son siete militares que en servicio activo participaron de la muerte del Comandante en Jefe, agentes del Estado participantes están determinados también, así que esa claridad ya la tiene el país y la tenemos nosotros también".

Angélica Prats valoró el trabajo que ha efectuado el ministro a cargo del proceso Alejandro Solís puntualizando además que no se puede olvidar los avances de la justicia argentina que también tramita esta causa.

Para la abogada de la familia Prats, Pamela Pereira  con la investigación del juez Solís queda en evidencia que el crimen fue "un acto de terrorismo de la mayor magnitud en territorio extranjero" y que en este participaron “agentes de la DINA, oficiales del Ejército de Chile.


Martes 1 de julio de 2008   La Nación

Primer paso en la justicia para el crimen Prats-Cuthbert

Cuando cerca de la una de la madrugada del lunes 30 de septiembre de 1974 el general Carlos Prats detuvo su auto junto a su esposa Sofía Cuthbert para entrarlo al garaje de la calle Malabía, en el barrio de Palermo en Buenos Aires, unos segundos pudieron salvar sus vidas.

Fue el breve lapso en que la agente de la DINA Mariana Callejas no logró activar el detonador electrónico cuando su marido, el gringo Michael Townley, a su lado al interior de un vehículo, le dio la orden de matar.

Townley era más diestro y le quitó el dispositivo provocando la explosión que remeció la calle oscura. El general y su mujer nunca supieron de aquellos segundos del destino.

Treinta y cuatro años después, ayer la espada de la justicia cayó finalmente sobre los autores intelectuales y materiales, seis altos oficiales y un suboficial de Ejército, todos en retiro, además de dos civiles.

Dos presidios perpetuos y penas de prisión entre 20 años y 541 días para todos ellos, dictados en la sentencia de primera instancia por el juez instructor de la causa, Alejandro Solís.

A las 10 de la mañana llegaron al despacho del ministro Solís las hijas del general, Cecilia y Angélica, junto a la abogada Pamela Pereira. La otra hija, Sofía, es actual embajadora en Atenas. El otro abogado querellante, Hernán Quezada, se encuentra en Nueva York por dos años.

Media hora después, al salir de la sencilla oficina en la terraza del Palacio de Tribunales, los ojos brillantes de las tres mujeres denotaban la emoción vivida junto al juez.

"Ahora el país ya sabe la verdad", dijo Angélica. Cecilia recordó los primeros tiempos en Buenos Aires cuando la jueza María Servini iniciaba las primeras indagatorias que concluyeron con un único condenado, el agente civil Enrique Arancibia Clavel.

Después, en 2002 el doble crimen se comenzó a investigar por primera vez en Chile.

La abogada Pereira tenía también motivos para emocionarse, pues recordó a su padre asesinado junto a los campesinos de Paine.

"Este acto de justicia con el general Prats, su esposa, y su familia simboliza la justicia que otros familiares todavía no han tenido en Chile, como es el caso de mi padre", señaló.

Pero como lo recordaron las hijas del matrimonio asesinado, faltó a la cita el dictador Augusto Pinochet. El fue el principal autor intelectual, a pesar de que, primero con su pretendida demencia con la que engañó a los jueces de las cortes, como algunos ministros en privado lo reconocen, y luego por una cuestión de forma procesal, se salvó dos veces de ser desaforado por este doble crimen.

Desde Nueva York el abogado Quezada manifestó que "la sentencia del ministro Solís debería convertirse en material de estudio en las escuelas institucionales de las Fuerzas Armadas, porque constituye un documento histórico para establecer la verdad acerca de los crímenes más atroces cometidos durante la dictadura de Pinochet".

Aquel domingo 29 de septiembre de 1974, extrañamente el general Prats se veía alegre y hasta rió a veces. En la casaquinta de los Stevenin-Muratorio en las afueras de Buenos Aires (BA) asistía a un asado junto al ex cónsul de Chile, Eduardo Ormeño.

Hablaron de pintura y otros temas que manejaba como un soldado culto, al igual que su esposa. Jugaron al bridge y el matrimonio propuso formar un grupo para reunirse todos los miércoles a jugar. Empezarían la próxima semana.

Cerca de las cuatro de la tarde los Prats-Cuthbert pidieron a Ormeño que los llevara de vuelta a Malabía para cambiarse ropa porque irían al cine con el ex embajador de Allende en Buenos Aires, Ramón Huidobro y su mujer. "Pan y chocolate" fue la película.

Después se fueron a cenar a casa de Huidobro. Allí Prats, en la sobremesa, volvió a entristecer y dijo una frase que marcó para siempre esa noche: "Cómo irá a ser esto Ramón, por dónde vendrá, pero yo ando armado así es que no les será tan fácil". En los días previos había recibido amenazas de muerte.

El viernes anterior, oculto en el garaje de Malabía, Townley instaló bajo el Fiat 125 del general la carga con dos cartuchos de C4 y tres detonadores.

El tío Kenny, como los hijos de Mariana Callejas llamaban al gringo, se había cruzado días antes con el general Prats en un parque mientras lo seguía. Pensó en dispararle ahí mismo, pero desistió porque "había mucha gente" como lo dijo después en Estados Unidos a la jueza Servini.

Mientras tanto, El "Yiyo" Raúl Iturriaga, entonces jefe del departamento exterior de la DINA, vigilaba, husmeaba, juntaba más datos de los pasos del matrimonio que agregaba a los recolectados por el mayor Juan Morales (que después sería el jefe de la temible Brigada Lautaro), enviado por Contreras a BA como el primer espía de avanzada.

A las 00:40 de la madrugada del día 30, Townley y Callejas esperaban a cien metros de distancia al interior de su auto en la penumbra de la calle Malabía, cuyas luces estaban debidamente apagadas coordinados con la inteligencia argentina.

Prats y su mujer no alcanzaron a sospechar nada. Menos que estaban a minutos de conocer la fatal respuesta al comentario que esa noche el general le había hecho en la sobremesa a su amigo Ramón Huidobro, ¡cómo irá a ser!

34 años después

Viajaban por el barrio Palermo, en Buenos Aires, la madrugada del 30 de septiembre cuando una bomba instalada por miembros de la DINA fue detonada. El general (R) Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, habían sido asesinados.

Ayer, 34 años después, elmagistrado Alejandro Solís, finalmente dictó condenas contra los ex agentes de la DINA acusados por asociación ilícita y doble homicidio.

Para Manuel Contreras, el ex jefe operativo del grupo de inteligencia, ordenó cadena perpetua en cada una de las muertes. La sentencia también incluye penas para otras ocho personas.

Informadas del fallo en profundidad, las dos hijas del general Prats no pudieron contener su emoción. Para ambas las sentencias son justas y entregan verdad al país y al Ejercito.

Sin embargo, para ellas, también debió haber sido condenado Augusto Pinochet por cuanto, “él también fue parte de este grupo de personas que atentaron contra mi padre”, dijo Cecilia Prats.

Hecho público el fallo, el Gobierno valoró la investigación, un paso en la labor de “hacer verdad y justicia”, como dijo el ministro de Justicia, Carlos Maldonado. Los parlamentarios socialistas y PPD también se mostraron conformes con el dictamen y esperanzados en que otros casos que se investigan también tengan este impacto.

Pero todavía no está todo dicho en este caso. Al ser una sentencia de primera instancias los involucrados pueden apelar. Habrá que esperar.

Condenados

• General (R) Juan Manuel Contreras Sepúlveda: Dos condenas a presidio perpetuo por los homicidios calificados de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Charleoni. Veinte más como jefe en el delito de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Brigadier (R) Pedro Octavio Espinoza Bravo: Dos condenas a 20 años por los homicidios de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Charleoni y 20 años como jefe en el delito de asociación ilícita.

• General (R) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann: Dos condenas a 15 años por los homicidios calificados y 541 días como miembro de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Brigadier (R) José Octavio Zara Holger: Dos condenas de 10 años y un día por el doble homicidio y 541 días por asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Coronel (R) Cristoph Georg Paul Willeke Floel: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio y como miembro en el delito de asociación ilícita a 541 días.

• Coronel (R) Juan Hernán Morales Salgado: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio y 541 días por asociación ilícita.

• Mariana Inés Callejas Honores: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio calificado.

• Jorge Enrique Iturriaga Neumann: Dos condenas a 5 años y un día como cómplice de homicidios calificado.

• Suboficial Reginaldo de la Cruz Valdés Alarcón: Dos condenas de 541 días como cómplice de homicidio calificado.


Miércoles 16 de julio de 2008      La Nación

Seis oficiales (R) condenados por víctima de Tejas Verdes

Entre ellos figuran oficiales de Ejército que no habían sido sentenciados antes en otra causa por delitos de lesa humanidad.

Seis oficiales en retiro fueron condenados por el juez Alejandro Solís a penas de presidio, entre ellos nuevamente el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, como coautores del secuestro calificado de Rebeca Espinoza Sepúlveda, desaparecida desde el 3 de enero de 1974 desde el campo de concentración de Tejas Verdes, en la ciudad de San Antonio en la Quinta Región.

Entre los condenados figuran oficiales de Ejército que no habían sido sentenciados antes en otra causa por delitos de lesa humanidad.

Los autores afectados con penas de presidio son Contreras, 15 años y un día; el prefecto de la Policía de Investigaciones Nelson Valdés Cornejo, 5 años y un día; el teniente coronel Raúl Quintana Salazar, 5 años y un día; teniente coronel David Miranda Monardes, 5 años y un día; coronel Claudio Kossiel Hornig, 5 años y un día; y el médico con grado de coronel Vittorio Orvietto Teplitzki, 5 años y un día.

A todos, salvo Contreras que ya cumple prisión por otras causas, se les hará efectiva la pena de presidio una vez que la sentencia quede a firme después de que sea revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago y la Sala Penal de la Corte Suprema, siempre que las cortes mantengan las penas aplicadas y no las rebajen, otorgándose beneficios a los condenados que les permitan cumplir las sentencias en libertad.

Rebeca Espinoza tenía 40 años, cinco hijos, no tenía militancia conocida y era secretaria en el Instituto de Desarrollo Agropecuario cuando fue detenida en los alrededores de la Plaza de la Constitución junto a José Miguel Rivas Rachitoff y José Leonardo Pérez Hermosilla, militantes socialistas, quienes tuvieron un itinerario similar al de Espinoza y actualmente también se encuentran desaparecidos.

Entre los oficiales de Ejército que operaron en Tejas Verdes está el actual alcalde de Providencia, coronel (R) Cristián Labbé, quien ha sido interrogado en las causas por los desaparecidos desde este campo de concentración. Hay varios ex prisioneros que mencionan la presencia de Labbé en ese lugar, incluso lo acusan de presenciar torturas, pero hasta ahora ninguno le imputa cometer personalmente los tormentos. En el caso del médico militar Vittorio Orvietto, tras ser procesado por el juez Solís regresó, en abril de 2005, desde Estados Unidos, para entregarse. Luego de examinarlos, Orvietto era quien daba el visto bueno para que los prisioneros continuaran siendo torturados.

El 11 de septiembre de 1973, cuando a pocos días después empezó a armar la DINA, Manuel Contreras tenía el grado de teniente coronel y era el jefe de zona en estado de sitio de la provincia de San Antonio. Con él trabajó estrechamente el periodista Carlos Roberto Araya Silva, convertido en agente DINA, que después ingresó a Televisión Nacional y en 1975 fue parte, junto a los periodistas Julio López Blanco y Claudio Sánchez, del montaje de Rinconada de Maipú. Por ello fueron sancionados por el Colegio de Periodistas y luego querellados por su complicidad en el operativo de la DINA.


Martes 5 de agosto de 2008    La Nación

Como coautores del secuestro y desaparición del militante comunista Miguel Heredia

Juez Solís condena a seis oficiales (R) por Tejas Verdes

En la resolución de primera instancia figuran militares (R) poco conocidos en la represión, aparte del “repetido” ex jefe de la DINA, Manuel Contreras. En la sentencia aparece mencionado como “espectador” de torturas el periodista Roberto Araya.

Uno de los episodios de la represión menos conocido públicamente, aquel del campo de concentración de Tejas Verdes en la Quinta Región, en el cual continúan apareciendo militares que hacen su "estreno en sociedad", comienza a ingresar en su última etapa a cargo del juez Alejandro Solís.

Ayer el magistrado dictó una nueva condena en contra de seis oficiales (R) de Ejército y Policía de Investigaciones, por el secuestro y desaparición en diciembre de 1973 desde ese lugar del militante comunista Miguel Heredia Vásquez.

Los 15 años de presidio para el ex jefe de la DINA Manuel Contreras en calidad de autor del secuestro y desaparición de Heredia, aparecen sin embargo irrelevantes para alguien como Contreras que ya suma dos condenas perpetuas por el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, más otra cantidad de años por otras sentencias que sobrepasan los 100 años y que sin duda indica que el "Mamo" no volvería a conocer la libertad y morirá en prisión.

Los otros sentenciados son los tenientes coroneles (R) David Miranda Monardes, ex fiscal militar en Tejas Verdes, Raúl Quintana Salazar, y los coroneles Claudio Kossiel Hornig, más conocido entre sus pares por "el alemán al que se le pegan las erre", y Vittorio Orvieto Tiplitzky, quien era el médico militar de ese campo y a quien correspondía verificar el estado de salud de los prisioneros para dar el visto bueno si se les podía o no seguir aplicando la tortura.

Todos ellos fueron condenados a cinco años y un día de presidio, también en calidad de coautores del secuestro y desaparición de Heredia.

La novedad de esta resolución es que en ella el ex conscripto y ex prisionero Arturo Farías Vargas denuncia que las torturas que le aplicaron en Tejas Verdes fueron en presencia de Contreras, Kossiel y otros, también reconoció como "espectador" al periodista y ex agente de la DINA Roberto Araya, que hace poco fue expulsado del Colegio de Periodistas por su participación junto a sus colegas Claudio Sánchez, Julio López Blanco y otros, en el montaje del caso llamado Rinconada de Maipú, por el cual el abogado Hugo Gutiérrez pidió el procesamiento de todos estos profesionales de la prensa.

Araya fue el brazo derecho de Contreras en San Antonio cuando el "Mamo", todavía con el grado de teniente coronel, asumió la comandancia en jefe de la zona de estado de emergencia en la provincia de San Antonio, apenas producido el golpe militar. Desde el campo de prisioneros de Tejas Verdes desaparecieron también ciudadanos extranjeros, entre ellos dos uruguayos.

Allí se aplicó además la conocida "ley de fuga", por el cual se justificó el asesinato de prisioneros, por ejemplo, el de un grupo de dirigentes sindicales portuarios.

En la sentencia el ministro Solís establece pormenorizadamente la trayectoria de los ex prisioneros al interior del campo, así como los lugares en los cuales se les torturaba.

El coronel (R) Claudio Kossiel emerge a partir de los sucesos de Tejas Verdes como un "ilustre desconocido", pero que es reconocido por ex detenidos como uno de los oficiales más crueles en ese recinto.

Condena Civil

En su dictamen el ministro Alejandro Solís condenó además a los sentenciados a pagar la suma de 50 millones de pesos a los familiares de Miguel Heredia por concepto de daño moral y sicológico.

De esta manera el juez Solís acogió la demanda civil interpuesta por los parientes de Heredia en el marco de la investigación criminal.

El monto de dinero estipulado por el magistrado deberá ser pagado por los condenados “en forma solidaria”, vale decir, la cantidad debe ser enterada entre todos los sentenciados.


Martes 2 de septiembre de 2008  La Tercera

Se confirmó nueva condena contra general en retiro Manuel Contreras

Hoy se ratificó una nueva condena por violación a los derechos humanos en contra del General en retiro Manuel Contreras, ex jefe de la DINA durante el gobierno militar.

Corte Suprema ratificó lo dispuesto por el juez Joaquín Billard por el homicidio calificado de Carlos Cuevas, un estudiante de 21 años miembro del Partido Comunista.

La sala penal de la Corte Suprema dictó diez años y un día contra el ex colaborador de Pinochet, y para los también ex agentes de la DINA, Marcelo Moren y José Fritz, todos detenidos por otros casos de violación a los derechos humanos.

La resolución del máximo tribunal ratificó lo dispuesto por el juez Joaquín Billard, a cargo de la investigación por el homicidio calificado de Carlos Cuevas, un estudiante de 21 años miembro del Partido Comunista, ejecutado el 21 de septiembre de 1973.

Cuevas fue acusado por la DINA de estar ideando el denominado "Plan Leopardo", una presunta coordinación de grupos de izquierda para provocar "disturbios graves", que fue desestimada por la comisión de Verdad y Reconciliación en el Informe Rettig en su momento y también por la investigación del juez Billard.

Con esta nueva condena, Contreras suma más de 50 años ejecutoriados por violaciones a los derechos humanos.


Martes 23 de septiembre de 2008    La Nación

Condena por sacerdote español

En sentencia de primera instancia, el ministro Jorge Zepeda condenó al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, y otros tres agentes, a siete años de presidio por el secuestro y desaparición del sacerdote español Antonio Llidó Mengual ocurrido en octubre de 1974 en Santiago.

En la resolución el magistrado absolvió a los ex agentes Francisco Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana y Orlando Manzo Durán, pues no se les comprobó participación.

Zepeda condenó igualmente al fisco de Chile a pagar una indemnización de 100 millones de pesos por daño moral, a Josefa Llidó Megual, hermana de Antonio representada por el abogado Héctor Salazar.

El sacerdote llegó a Chile en la década de los sesenta enviado por la Comisión Especial de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, para desempeñarse como sacerdote en Quillota V Región.

Llidó participó en el Movimiento Cristianos por el Socialismo y apoyó en 1970 la campaña presidencial de Salvador Allende y luego al gobierno de la Unidad Popular.

Llidó entró en conflicto con el obispo de Valparaíso Emilio Tagle, quien lo suspendió de sus funciones en Quillota, pero siguió ejerciendo en Limache y La Calera.

Tras el golpe militar el religioso se refugió clandestino en Santiago. Logró mantenerse oculto hasta el 1 octubre de 1974, cuando fue arrestado por agentes de la DINA en una parcela en una zona rural de Santiago.

Fue conducido al centro clandestino de José Domingo Cañas donde fue visto en malas condiciones físicas a causa de las torturas por varios prisioneros que salvaron con vida y relataron su vivencia con Llidó en el proceso.

A pesar de su estado, los ex detenidos declararon en el juicio que el sacerdote se dedicó a asistir espiritualmente a los detenidos y a "levantarles el ánimo" permanentemente.

Llidó fue trasladado luego al centro de detención abierto de Cuatro Alamos, desde donde los agentes lo sacaron el 25 de octubre de 1974 junto a otros prisioneros, desapareciendo hasta ahora.

Respecto de Llidó el dictador Augusto Pinochet dijo en su momento a representantes de las iglesias que preguntaron por él, "ese no es un cura, es un marxista", justificando con ello su detención, la que en todo caso siempre fue negada a los tribunales por las autoridades del régimen.


Jueves 2 de octubre de 2008  El Mostrador

Manuel Contreras suma nueva condena por desaparición de mirista

El juez Juan Eduardo Fuentes condenó a Contreras a 5 años y un día de presidio por el secuestro calificado de Álvaro Barrios Duque el 14 de agosto de 1974, informaron fuentes judiciales.

En su resolución, el magistrado condenó también a 3 años de presidio por el mismo caso al general de brigada retirado Miguel Krassnoff Martchenko y el coronel jubilado Marcelo Moren Brito, quienes también acumulan varios procesos por otras causas de violaciones de derechos humanos.

Además, condenó a 800 días de presidio a los suboficiales en retiro del Ejército Basclay Zapata Reyes y Nelson Paz Bustamante.

En los casos de Contreras, Krassnoff, Moren y Zapata la pena deberá cumplirse de manera efectiva, mientras que a Paz Bustamante se le concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena, precisó la resolución del juez.

Asimismo, el magistrado determinó que todos los condenados, salvo Zapata Reyes, deberán cancelar una indemnización solidaria de 35.000.000 de pesos (unos 64.220 dólares) a Gabriela Zúñiga Figueroa, cónyuge de la víctima.

Álvaro Barrios Duque era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), tenía 26 años y estudiaba pedagogía de Inglés cuando fue detenido en su domicilio de Santiago por miembros de la DINA.

Posteriormente, el joven opositor de la dictadura militar (1973-1990) fue visto en el centro de tortura y reclusión "Londres 38", desde donde se perdió su rastro.


Jueves 30 de octubre de 2008     cooperativa.cl

Suprema ratificó nuevas penas por la "Operación Colombo"

La condena se refiere al caso del desaparecido carpintero Ofelio Lazo.

Manuel Contreras fue condenado a cinco años de prisión.

La Corte Suprema ratificó penas de prisión para el general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta de Augusto Pinochet, y otros dos ex oficiales como autores del secuestro calificado de un opositor al régimen militar, informaron fuentes judiciales.

El fallo definitivo de la II Sala Penal del máximo tribunal condenó a Contreras, otrora jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a cinco años de prisión, mientras el ex coronel Marcelo Moren Brito y el ex brigadier Miguel Krasnoff Marchenko fueron sentenciados a permanecer tres años en la cárcel.

El caso se refiere al carpintero Ofelio de la Cruz Lazo Lazo, de 43 años, militante del Partido Socialista y vinculado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), detenido en su domicilio de Santiago por agentes de la DINA el 30 de julio de 1974.

El mismo grupo de agentes, comandados por el civil Osvaldo Romo, uno de los peores torturadores, detuvo ese día a varios conocidos y compañeros de trabajo de Lazo Lazo, desaparecidos desde entonces, al igual que este.

Sus nombres, sin embargo, figuraron en la "Operación Colombo", un montaje de la dictadura para encubrir la desaparición de 119 opositores, en su mayoría miembros del MIR, a quienes se intentó mostrar como caídos en luchas internas de ese movimiento, que opuso resistencia armada a la dictadura.

El caso fue investigado en primera instancia por el juez Juan Eduardo Fuentes, que el 15 de julio del año pasado dictó el fallo de primera instancia, ratificado el 2 de octubre siguiente por la VIII Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Los tres represores se encuentran actualmente en prisión, donde cumplen condenas por otros procesos de violaciones a los derechos humanos, entre ellas dos cadenas perpetuas en el caso del general Contreras.

En la parte civil del caso, la Corte Suprema acogió una demanda por perjuicio y condenó al Fisco a pagar una indemnización de 100 millones de pesos a dos hijos de  Ofelio de la Cruz Lazo Lazo.


Jueves 13 de noviembre de 2008   El Mostrador                   

Manuel Contreras suma nueva condena por violación a los DD.HH

Además el ministro en vista de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Eduardo Fuentes Belmar condenó a los también ex integrantes de la DINA Marcelo Moren Brito a 3 años  de presidio efectivo y a Ricardo Lawrence Mires a 3 años de presidio con beneficio de remisión condicional.

El ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, fue condenado a 5 años y un día de presidio efectivo por su responsabilidad en el secuestro calificado de Ariel Danton Santibáñez Estay, ocurrido en noviembre de 1974 en la comuna de Santiago.

La condena de primera instancia la dictó el ministro en vista de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Eduardo Fuentes Belmar.

Asimismo fueron condenados los también ex integrantes de la DINA Marcelo Moren Brito a 3 años  de presidio efectivo y a Ricardo Lawrence Mires a 3 años de presidio con beneficio de remisión condicional.

Esta es la segunda condena dictada por el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar durante el año 2008 y la décimo quinta desde el año 2005 en causas por investigaciones de violaciones a los derechos humanos.

Del total de 61 procesos que recibió el magistrado en 2005 por violaciones a los derechos humanos que tramitaban los antiguos juzgados del crimen de Santiago, sólo quedan 21 pendientes.


Viernes 14 de noviembre de 2008      El Mostrador

Manuel Contreras suma dos nuevas condenas en caso de DDHH

El encarcelado ex represor fue condenado a 5 años y un día de presidio por el secuestro de Sergio Pérez Molina y 10 años y un día en calidad de autor por el homicidio de Lumi Videla Moya.

Dos nuevas condenas sumó este viernes el ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general en retiro Manuel Contreras luego que la Corte de Apelaciones de Santiago dictara sentencia de segunda instancia en el proceso por el secuestro calificado de Sergio Pérez Molina, ocurrido a partir del 22 de septiembre de 1974, y el homicidio calificado de Lumi Videla Moya, registrado el 3 de noviembre de ese mismo año.

El encarcelado ex represor fue condenado a 5 años y un día de presidio por el secuestro de Pérez Molina y 10 años y un día en calidad de autor por el homicidio de Videla Moya.

En fallo dividido (en causa rol 5157-2007), la Octava Sala del tribunal de alzada capitalino –compuesta por los ministros Cornelio Villarroel, Mario Carroza y el abogado integrante Carlos López,  ratificó la mayoría de las condenas dictadas por el ministro en visita Alejandro Solís Muñoz en contra de 7 ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Sin embargo, modificó el quantum de las penas aplicadas por el magistrado de primera instancia.

El fallo de segunda instancia establece las siguientes sanciones:

- Ciro Torré Saéz: absuelto por falta de participación.

- Manuel Contreras Sepúlveda: 5 años y un día de presidio por el secuestro de Pérez Molina y 10 años y un día por el homicidio de Videla Moya (autor).

-  Miguel Krassnoff Martchentko: 5 años y un día por el secuestro de Pérez Molina y 10 años y un día por el homicidio de Videla Moya (autor).

- Cristoph Willike Floel: 10 años y un día por el homicidio de Videla Moya (autor).

- Francisco Ferrer Lima: 10 años y un día por el homicidio de Videla Moya (autor).

- Marcelo Moren Brito: 10 años y un día por el homicidio de Videla Moya (autor).

- Basclay Zapata Reyes: 5 años y un día por su participación como cómplice en el homicidio de Lumi Videla Moya.

En el aspecto civil, se rechazó la demanda que había condenado a Krassnoff Martchenko, Willike Floel y Ferrer Lima a pagar una indemnización de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada demandante: Lautaro Videla  Moya y Eduardo Pérez Molina.

La decisión en cuanto a las condenas se adoptó con el voto en contra del ministro Cornelio Villarroel, quien estuvo por dictar la absolución de todos los sentenciados, aplicando el Decreto Ley N° 2191 de 1978, conocido como Ley de Amnistía.

En tanto, el abogado integrante López se pronunció en contra de la decisión que absolvió a Ciro Torré y el rechazo a la demanda civil.

En primera instancia, el 23 de julio de 2007, el ministro Alejandro Solís Muñoz, había establecido las siguientes condenas:

 

-Manuel Contreras Sepúlveda: 10 años y un día por el secuestro de Sergio Pérez y 15 años y un día por el homicidio de Lumi Videla.

-Miguel Krassnoff Martchenko: 5 años y un día por el secuestro de Sergio Pérez y 10 años y un día por el homicidio de Lumi Videla.

-Ciro Torré Saez, Cristoph Willike Floel, Francisco Ferrer Lima y  Marcelo Moren Brito: 10 años y un día por el homicidio de Lumi Videla Moya.

-Basclay Zapata Reyes: 5 años y un día como cómplice del homicidio de Lumi Videla Moya.

Esta es la décimo quinta sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en 2008 en causa de derechos humanos, y la 56 desde el 2004.

El 3 de noviembre de 1974 Lumi Videla murió en una sesión de tortura a la que era sometida en el recinto de José Domingo Cañas.  Según el informe de autopsia, la causa precisa de la muerte fue la asfixia producto de una obstrucción de la boca y la nariz estando el cuerpo de cúbito ventral. Su esposo Sergio Pérez desapareció desde ese mismo recinto.

 El 4 de noviembre de 1974 se encontró el cadáver de Lumi Videla en el lado interior de una pared del jardín de la embajada de Italia, en la comuna de Providencia. La prensa de la época informó que habría sido víctima de los asilados que se encontraban en la embajada, en el marco de una orgía. La embajada, por su parte, desmintió que Lumi VIDELA se hubiera encontrado asilada en el recinto.


Viernes 28 de noviembre de 2008    El Mostrador          

Ratifican condena por secuestro calificado de militante del MIR

Jorge Humberto D'Orival Briceño, padre de un hijo, egresado de medicina veterinaria, militante del MIR, fue detenido en el 31 de octubre de 1974.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia del ministro en visita Alejandro Solís Muñoz en la investigación por el secuestro calificado de Jorge D’ Orival Briceño, ocurrido a partir del 31 de octubre de 1974, en Santiago.

En fallo dividido, los ministros de la Octava Sala del tribunal de alzada Juan Escobar Zepeda, Cornelio Villarroel Ramírez y el abogado integrante Roberto González Maldonado, ratificaron la sentencia del 22 de octubre de 2007 que estableció: 15 años para Manuel Contreras Sepúlveda; 10 años y un día para Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito y Francisco Ferrer Lima y 5 años para Basclay Zapata Reyes y Orlando Manzo Durán.

En tanto, el fallo dejó absuelto a César Manríquez Bravo por no haber participado en los hechos.

El ministro Escobar y el abogado integrante González fueron partidario de ratificar la sentencia y rechazar las apelaciones interpuesta por los condenados; en tanto, el ministro Villarroel estuvo por dictar la absolución de todos los sentenciados acogiendo las excepción de la prescripción de la acción penal y aplicando el Decreto Ley de Amnistía de 1978.

Jorge Humberto D'Orival Briceño, padre de un hijo, egresado de medicina veterinaria, militante del MIR, fue detenido el 31 de octubre de 1974, a las 22:30 hrs, por un grupo de aproximadamente unos cinco a ocho individuos vestidos de civil, armados con ametralladoras y que manifestaron verbalmente pertenecer a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Los sujetos mencionados se movilizaban en 2 vehículos, una camioneta marca Ford, año 1958, de color gris y otra, marca Chevrolet, roja con toldo verde oliva, y en la que podía leerse la placa EM 965 de Las Condes


Sábado 27 de diciembre de 2008   El Mostrador

Suprema dicta condena a cúpula de la DINA por secuestros calificados

La Corte Suprema dictó condena en la investigación por los secuestros calificados de Eugenio Montti Cordero y Carmen Díaz Daricarrere, ocurridos a partir el 13 de febrero de 1975 en la Región Metropolitana.

En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal acogieron el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del 21 de enero de 2008.

El tribunal máximo sentenció al ex director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, a 7 años de presidio efectivo; y a Marcelo Moren Brito y Rolf Wenderoth Pozo, a 4 años de presidio, como autores de dos secuestros calificados. Se les concedió el beneficio de la libertad vigilada.

En tanto, Miguel Krassnoff Martchentko y Basclay Zapata Reyes fueron condenados a 541 días de presidio como cómplices de dos secuestros calificados. Se concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena.

Fernando Lauriani Maturana y Gerardo Godoy García fueron absueltos por falta de participación.

Asimismo, se ratificó la decisión de rechazar la demanda de indemnización de perjuicios presentados por los familiares de las víctimas en contra del Estado de Chile.

En el aspecto penal, la decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes estuvieron por acoger la figura de la prescripción de la acción penal y determinar la absolución de todos los procesados.

En tanto, en el aspecto civil la decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Dolmestch y Künsemüller, quienes sostienen que este tipo de delitos son imprescriptibles, tanto en el aspecto penal como en el civil, por lo que eran partidarios de conceder indemnización por el daño causado.

Con este fallo se completan 15 sentencias por este tipo de procesos dictadas por la Corte Suprema en este año, y 43 desde 2005.

Historia de su desaparción

Carmen Díaz Darricarrere y Eugenio Montti, quienes tenían 24 y 29 años, respectivamente, fueron aprehendios por agentes de la DINA a escasos metros de su domicilio junto al hijo de este último, de cinco años. Junto a otros detenidos -Alan Bruce Catalán y Sergio Vásquez Sáenz- fueron llevados ese mismo día a Villa Grimaldi, en donde fueron interrogados y sometidos a tortura.

Ambos jóvenes y los otros detenidos desaparecieron desde ese recinto clandestino la última semana de febrero de 1975, mientras que el niño, quien también fuera llevado a Villa Grimaldi, fue trasladado a un hogar de menores donde fue encontrado fortuitamente por sus familiares.


 La Nación

Martes 30 de diciembre de 2008        

Juez dicta condenas por desaparición de dos socialistas en 1974

El ministro Alejandro Solís sentenció a siete ex agentes de la DINA que secuestraron a Jaime Robotham y Claudio Thauby justo la víspera del Año Nuevo de 1975. Las pistas de los estudiantes de Sociología se pierden tras su paso por Villa Grimaldi.

Un capítulo doloroso de la reciente historia comenzó ayer a cerrarse luego que el ministro de fuero Alejandro Solís dictara sentencia por el secuestro calificado de los dos militantes del Partido Socialista Jaime Robotham y Claudio Thauby, detenidos por organismos represores durante la víspera del año nuevo de 1975.

El magistrado condenó al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, a 15 años de presidio efectivo y la misma pena impuso al líder de la denominada "Brigada Vampiro", Fernando Lauriani quien -según el relato de testigos- se habría ensañado con las torturas a Thauby, ya que lo conocía de la Escuela Militar, donde el joven socialista había pasado un tiempo antes de decidirse a estudiar Sociología en la Universidad de Chile.

Este hecho habría molestado a Lauriani quien lo consideraba un traidor a las Fuerzas Armadas por sus ideales socialistas, situación que quedó plasmada en declaraciones efectuadas a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990.

Asimismo, el juez tras investigar este caso halló responsabilidad en los demás agentes represores Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth y Miguel Krassnoff; todos sentenciados a 10 años de cárcel y sin ningún beneficio. En tanto, el ex policía Daniel Cancino quien fue destinado a la DINA durante esos años fue condenado a 5 años y un día.

Esto último por prestar colaboración para el esclarecimiento de los hechos. El policía, en una de sus declaraciones, reconoció que integró el "Grupo Vampiro" y aclaró que Lauriani estuvo al mando del grupo que detuvo a Robotham y Thauby.

"Cuando se hizo cargo del grupo Laureani me pareció que era una persona que no tenía manejo de mando, tenía menos grado que yo en equivalencia y era tonto, por lo que me molestó mucho estar bajo sus órdenes ( ) (le decíamos) "Pablito". Se le decía así como diminutivo por lo tonto que era. No tenía ninguna preparación. Era un ignorante total en todo aspecto" declaró Cancino.

Asimismo, el ministro Solís acogió la demanda indemnizatoria presentada por las familias de las víctimas. Es así como todos los condenados deberán cancelar $250 millones a la familia de Thauby y la misma suma a la de Robotham.

Ambos jóvenes caminaban por calle Miguel Claro el 31 de diciembre de 1974, cuando agentes de la DINA los intimidaron con armas obligándolos a subirse a un automóvil para luego trasladarlos a Villa Grimaldi.

En ese lugar, Robotham durante su estadía era identificado porque su cabeza sangraba debido a que una alergia le impedía cicatrizar un golpe recibido de parte de uno de los agentes cuando quiso escapar de la detención.

En tanto, Thauby recibió una tortura tan violenta con electricidad que afectó su oído medio y su equilibrio. Una cara amoratada y su incapacidad para mantenerse de pie son las características que recuerdan ex prisioneros de Villa Grimaldi que le perdieron la pista en ese recinto


Martes 6 de enero de 2009     El Mostrador

Corte de Apelaciones ratifica condena por secuestro de Marcelo Salinas Eytel

Los ministros ratificaron la condena de primera instancia del ministro Alejandro Solís quien el 17 de abril de 2008 determinó: 15 años y un día de presidio para el general (r) Manuel Contreras Sepúlveda.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la condena por el secuestro calificado de Marcelo Salinas Eytel, ocurrido a partir del 31 de octubre de 1974 en la Región Metropolitana.

En fallo unánime, los ministros ratificaron la condena de primera instancia del ministro Alejandro Solís quien el 17 de abril de 2008 determinó: 15 años y un día de presidio para el general (r) Manuel Contreras Sepúlveda; y 10 años y un día para el ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, general (r) César Manríquez Bravo.

Así como también para el bigadier (r) Pedro Espinoza Bravo, y los ex agentes de la DINA Maximiliano Ferrer Lima, Miguel Krassnoff Martchentko. Mientras Orlando Manzo Durán fue Absuelto falta de participación

Historia

Marcelo Salinas Eytel, técnico en radio y televisión, tenía 31 años al momento de su detención, el 31 de octubre de 1974, frente a su domicilio de calle Alberto Decombe, en Providencia. Era miembro del MIR.

Días antes, su esposa Jacqueline Drouilly Yrich, estudiante de Servicio Social y también detenida desaparecida hasta hoy, había sido secuestrada por la DINA para mantenerla como rehén mientras aparecía Salinas Eytel.

En el domicilio de ambos se montó una "ratonera" y los agentes obligaron a la hermana de Salinas Eytel a decirle que todo estaba bien y que podía llegar a la casa sin problemas.

El técnico llegó en un taxi, pero al ver algo sospechoso le dijo al chofer que continuara, ante lo cual los agentes dispararon a las ruedas del vehículo. A golpes, Salinas Eytel fue llevado primero a Cuatro Álamos y después a Villa Grimaldi, desde donde desapareció. Según testigos, tanto Salas Eytel como su esposa fueron brutalmente torturados por Osvaldo Romo Mena.


Jueves 22 de enero de 2009   La Nación

Suprema confirmó condenas por secuestro y desaparición de Sergio Tormen

En estrecha votación de tres votos contra dos, la Sala Penal de la Corte Suprema mantuvo las condenas de diez años de presidio a Manuel Contreras y Marcelo Moren Brito, por el secuestro y desaparición el 20 de julio de 1974 del campeón nacional de ciclismo Sergio Tormen Méndez, y el también ciclista internacional Luis Guajardo Zamorano.

Si bien esta resolución exceptúa la regla del criterio jurídico que viene aplicando desde hace al menos dos años este tribunal, rebajando considerablemente condenas en contra de los militares que cometieron delitos de lesa humanidad, esto se explica por la composición ocasional que tuvo la sala con la integración de abogados externos que, a veces, hacen variar este criterio inclinando la balanza.

Esta vez la parte querellante opinó que fueron dos los puntos que habrían hecho variar el criterio reduccionista de esta sala para beneficiar a los violadores de derechos humanos: primero, que se trató de dos condenados archi conocidos por los que "nadie da un peso", como son Contreras y Moren Brito, y segundo, porque el tribunal lo integró un abogado externo para completar la nómina de cinco magistrados, que esta vez fue Domingo Hernández, quien aportó su decisión de mantener las penas.

El dictamen fue acordado con los votos favorables de los ministros Hugo Dolmetsch y Carlos Kunzemüller y el abogado integrante Hernández.

Por absolver a los condenados por la vía de la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo, que a su entender anula la responsabilidad criminal, votaron los magistrados Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura.

Éstos son dos votos permanentes a favor del desconocimiento de la legislación penal internacional que obliga al Estado chileno a perseguir los crímenes de lesa humanidad.

En los últimos dos años la gran parte de los magistrados de esta sala evita dictar resoluciones de mayoría para absolver, amnistiar o aplicar la prescripción en este tipo de causas.

Ello, como sostienen los abogados querellantes Hugo Gutiérrez o Nelson Caucoto, "sería más vergonzoso aun para la justicia chilena si así fuera, sobre todo en cuanto a la imagen internacional".

Pero, en cambio, afirman los demandantes, "sí resuelven drásticas rebajas de condenas, lo que permite que los sentenciados cumplan en libertad por los beneficios que les conceden".

El ex campeón de ciclismo fue arrestado por la DINA junto al otro desaparecido, en el taller de bicicletas de los Tormen en calle San Dionisio en la comuna de San Miguel.

Luego fueron llevados al centro clandestino de Londres 38, desde donde desaparecieron. Se presume que fueron sacados de allí en camiones de la Pesquera Arauco, asesinados y sus cuerpos lanzados al mar.

Los familiares iniciaron una larga búsqueda, pero no los encontraron. La Corte de Santiago rechazó un recurso de amparo, como fue su permanente conducta, y los órganos administrativos de la dictadura y la DINA negaron siempre su detención.

Sólo un informe entregado a tribunales por el general Sergio Arellano Stark como jefe de zona de Santiago, dijo que "el señor Tormen quedó en libertad y se fue a Argentina junto a otros miristas".


Viernes 23 de enero de 2009     EFE

Corte Suprema absuelve a cúpula de la DINA en secuestro de militante del MIR

La Corte Suprema de Chile absolvió este jueves de toda responsabilidad penal a la cúpula de la DINA por el secuestro calificado de Jacqueline Binfa Contreras, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cuyo rastro se perdió el 27 de agosto de 1974, en Santiago.

Según fuentes judiciales, en un fallo dividido, los jueces absolvieron por prescripción lo establecido por el ministro de fuero (juez especial) Alejandro Solís y ratificado por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El fallo condenaba entre 10 y 15 años al ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general Manuel Contreras, los ex agentes Marcelo Moren Brito, César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff y Ciro Torres Sáez.

Binfa Contreras fue detenida por el ex agente Osvaldo Romo Mena, pasando luego por los centros clandestinos de detención y tortura José Domingo Cañas, Simón Bolívar y luego Villa Grimaldi, todos utilizados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Los jueces que estuvieron a favor de absolver de responsabilidad a los inculpados fueron Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros y Julio Torres Allú, quien postula como juez titular del máximo tribunal.

En tanto, en contra se manifestaron Jaime Rodríguez y Hugo Dolmetch, quienes eran partidarios de confirmar la sentencia.

Loreto Sepúlveda, abogada del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, se manifestó sorprendida por lo sucedido.

"Es un fallo que nos vuelve al pasado, pensamos que ya habíamos avanzado en el tema de la aplicación del Derecho Internacional, pero parece que no es así", sostuvo.

"El tema es que es difícil porque hay momentos en que no están los ministros (jueces) titulares e integran en este caso con un ministro suplente y en otros casos con abogados integrantes entonces depende del que esté ahí", agregó Sepúlveda


Viernes 23 de enero de 2009     Cooperativa.cl                          

 AFDD reaccionó con indignación por absolución de responsables de secuestro y desaparición de joven

Los familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet reaccionaron con indignación a la decisión de la Corte Suprema de absolver a altos jefes de la policía secreta responsables de la represión en un juicio por el secuestro y desaparición de una joven opositora en 1974.

La II Sala Penal del máximo tribunal, resolvió este jueves, por tres votos a dos, aplicar la prescripción en el caso de la estudiante de Servicio Social Jacqueline Binfa Contreras, secuestrada y hecha desaparecer por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

La joven, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue vista en dos centros de tortura de la DINA antes de desaparecer, según testimonios de supervivientes.

"Nos duele que Jacqueline sea una vez más víctima; ya lo fue de la dictadura, ahora lo es de la propia Justicia, la encargada de protegerla y defenderla de las atrocidades comprometidas en contra de ella", señaló en una declaración la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

"Aquí se ha violado el derecho internacional, esto compromete la responsabilidad exterior del Estado de Chile", afirmó por su parte el abogado Nelson Caucoto, quien señaló que la resolución "viola toda la jurisprudencia de la misma Corte Suprema en materia de derechos humanos", lo que ocurre "porque estamos expuestos a mayorías ocasionales en la Sala Penal".

En el juicio por la desaparición de Jacqueline Binfa, el juez Alejandro Solís había condenado a 10 años de prisión al general (r) Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, y a los ex oficiales Marcelo Moren Brito, Miguel Krasnoff, César Manríquez y Ciro Torres.

El fallo de primera instancia había sido ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago, sin embargo, el Supremo consideró prescrita la acción penal y absolvió a los inculpados basándose en normas del Código Penal a pesar de que el derecho internacional considera imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad.

Para la AFDD, fallos como el del caso de Jacqueline Binfa "dan a entender que aún falta mucho para que se comprenda que la desaparición forzada de personas es un crimen contra la humanidad, contra las normas del derecho internacional y contra el único derecho que asiste a las víctimas de la dictadura: la justicia".

El abogado Caucoto, en tanto, opinó que el dictamen "deja a la sociedad chilena y a los familiares de las víctimas en total vulnerabilidad".

"Es un fallo que nos vuelve al pasado, pensamos que ya habíamos avanzado en el tema de la aplicación del derecho internacional, pero parece que no es así", dijo por su parte Loreto Sepúlveda, abogada del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.


Jueves 29 de enero de 2009     La Nación

Confirman duras condenas por crimen de Carlos Prats

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó en todos sus términos las condenas dictadas en primera instancia por el ministro Alejandro Solís el pasado 30 de junio de 2008, en contra de nueve ex agentes de la DINA, incluido su jefe Manuel Contreras, por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

El doble crimen fue cometido en Buenos Aires en la madrugada del 30 de septiembre de 1974, mediante la instalación de una bomba en el auto del ex comandante en jefe del Ejército.

 La hija del general, Angélica Prats, dijo en el palacio de tribunales que “estamos emocionados como familia porque la Corte ha confirmado todas las condenas aplicadas por el ministro Solís”.

 Sin embargo, advirtió que “ahora esperamos que la Sala Penal de la Corte Suprema no rebaje las penas”. Con ello aludió a que, desde hace unos tres años, este tribunal viene beneficiando a todos los ex agentes con rebajas considerables de condena, lo que permite otorgarles el beneficio de cumplirlas bajo los cinco años y un día en el régimen de “libertad vigilada”.

 Entre los organismos de derechos humanos existe la interrogante si esta vez los ministros de la Sala Penal “se atreverán” a beneficiar también a los asesinos del general y su esposa.

De los nueve sentenciados, sólo están en prisión cumpliendo otras condenas, Manuel Contreras, el ex segundo de la DINA, Pedro Espinoza, y el ex jefe exterior de esta asociación ilícita criminal, general (R) Eduardo Iturriaga Neumann.

 Los otros castigados judicialmente son el brigadier (R) José Zara Holger, los coroneles (R) Christoph Willikie Flöel y José Morales Salgado, el suboficial (R) Reginaldo Valdés Alarcón, y los ex agentes civiles Mariana Callejas Honores (ex esposa de Michael Townley quien hizo estallar la bomba junto a Callejas) y Jorge Iturriaga Neumann.

La resolución fue adoptada por la unanimidad de la Novena Sala integrada por los ministros Jorge Dahm y Mario Rojas, y la magistrado Dobra Lusic.


Miércoles 4 de marzo de 2009    La Nación

Manuel Contreras suma nueva condena de 15 años

El ministro en visita Alejandro Solís Muñoz a cargo del proceso conocido como Tejas Verdes dictó sendas condenas contra la cúpula de la DINA entre ellos el jefe del desaparecido organismo Manuel Contreras.

El magistrado indaga el secuestro calificado de Félix Marmaduke Vargas Fernández, ocurrido a partir de enero de 1974 en el recinto militar de San Antonio,

Por el crimen fijo una pena de quince años en contra de Contreras Sepúlveda,  y de cinco años y un día de presidio  para Nelson Valdés Cornejo, Raúl Quintana Salazar, David Miranda Monardes, Kluadio Kosiel Horning y el médico Vittorio Orvietto Tiplitzky.

Todos los reos, con excepción de Orvietto, deberán pagar una indemnización de cincuenta millones de pesos cada uno a Bernardo Vargas Fernández, como indemnización de perjuicios.

En la serie de delitos que se indagan respecto del cuaderno investigativo denominado “Tejas Verdes” esta es la cuarta condena del ministro Solís en contra del mismo grupo de personas, correspondiendo las anteriores a las víctimas Rebeca Espinoza Sepúlveda, Miguel Heredia Velásquez y José Orellana Meza, y José Pérez Hermosilla, respectivamente


Miércoles 11 de marzo de 2009    La Nación

Otros diez años de cárcel para Manuel Contreras

Si ayer fue el turno de la Corte Suprema para condenar a cinco años de presidio al ex director de la DINA, Manuel Contreras, hoy el magistrado Juan Eduardo Fuentes Belmar quien dictó sentencia en la investigación por los secuestros calificados de Antonio Soto Cerna, Luis Mahuida Esquivel y Luis González Mella, ocurridos a partir del 20 de noviembre de 1974, en la Región Metropolitana.

El magistrado a Manuel Contreras Sepúlveda le corresponde una pena de diez  años y un día de presidio mayor en su grado medio -sin beneficios- por su participación como autor de  los tres secuestros. A su vez en contra de Raúl Iturriaga Neumann, Risiere Altez España y Manuel Carevic Cubillos rige 3 años de presidio menor en su grado medio -con el beneficio de la remisión condicional- por su participación como autor de los tres delitos.

En el caso de Orlando Manzo Durán  y Hugo Hernández Valle fueron absueltos de la acusación como cómplice de los tres delitos de secuestro.

 El magistrado rechazó, además, la demanda de indemnización presentado por las familiares de las víctimas por considerar prescrita la acción en este sentido.

Esta es la condena número 16 dictada por el ministro en visita Fuentes Belmar desde 2005, fecha en la que fue designado para investigar procesos por violaciones a los derechos humanos.


Sábado 14 de marzo de 2009    La Nación

Enésima condena contra “el Mamo”: Por las desapariciones de dos miristas

El enésimo fallo contra el general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, alias “el Mamo”, dictó la Corte de Apelaciones de Santiago, esta vez por los secuestros calificados de Cecilia Bojanic Abad y Flavio Oyarzún Soto, ocurridos a partir del 2 de octubre de 1974 en la comuna de La Granja, Región Metropolitana.

Contreras Sepúlveda, ex director de la DINA, fue condenado a 10 años y un día por las detenciones y posteriores desapariciones de Bojanic y Oyarzún, militantes del MIR. La mujer, al momento de su detención, presentaba un embarazo de cinco meses.

Otros cuatro integrantes de la ex DINA, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Fernando Lauriani Maturana y Francisco Ferrer Lima, fueron sentenciados a 4 años de presidio cada uno.


Martes 24 de Marzo de 2009    El Mostrador

Manuel Contreras suma nueva condena por caso Villa Grimaldi

El ministro en visita Alejandro Solís impuso la condena de primera instancia en la investigación por los secuestros calificados de Fernando Silva Camus y Claudio Silva Peralta, padre e hijo respectivamente, ocurridos a partir del 26 y 27 de septiembre de 1974 en la Región Metropolitana.

Asimismo el magistrado determinó las siguientes sanciones:

-Pedro Espinoza Bravo: 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor.

-Marcelo Moren Brito: 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor.

-Basclay Zapata Reyes: 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor.

-Palmira Almuna Guzmán: 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplice. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

Igualmente en el aspecto civil, se estableció que los condenados como autores deberán  pagar solidariamente $ 100.000.000 (cien millones de pesos) a María Inés Peralta Zamorano y $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a Regina Lazo Dinamarca.

En tanto, la condenada Almuna Guzmán deberá cancelar $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) a Regina Lazo Dinamarca.

Además se desestimó la demanda en contra del Fisco de Chile acogiendo la excepción de incompetencia del tribunal.

Fernando Guillermo Silva Camus, 60 años, casado, dos hijos, decorador de interiores, vinculado al MIR, fue detenido en su domicilio el 27 de noviembre de 1974, aproximadamente a las 23:30 horas por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA). El día anterior había sido detenido en la vía pública su hijo Claudio Guillermo Silva Peralta, militante del MIR.


Martes 14 de abril de 2009      La Nación

Manuel Contreras suma 15 años más de condena

Otra vez el ex director de la DINA, Manuel Contreras, suma condena en causa de derechos humanos. Esta se vez se trata del secuestro de Anselmo Radrigán Plaza, ocurrida el 12 de diciembre de 1974 en la región Metropolitana.

En esta investigación la Corte de Apelaciones de Santiago dictó condena de segunda instancia en un fallo unánime suscrito por los ministros Lamberto Cisternas, Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Claudia Chaimovich.

Los jueces ratificaron en el aspecto penal la sentencia del ministro en visita Alejandro Solís que estableció las siguientes penas:

- Manuel Contreras Sepúlveda 15 años de presidio.

- Marcelo Moren Brito 10 años y un día de presidio.

- Pedro Espinoza Bravo. 10 años y un día de presidio.

- Rolf Wenderoth Pozo. 10 años y un día de presidio.

- Miguel Krassnoff Martchentko. 10 años y un día de presidio.

- Basclay Zapata Reyes. 10 años y un día de presidio.

En materia civil los jueces estuvieron por entregar una indemnización a los  familiares de las víctimas, cambiando así el dictamen de primera instancia suscrito por el ministro Alejandro Solis:

Amalia Caballero Nadeau. $ 40.000.000

Gastón Radrigán Plaza $ 20.000.000

Cecilia Radrigán Plaza. $ 20.000.000

Jorge Radrigán Plaza $ 20.000.000


Lunes 20 de abril de 2009 El Mostrador                              

Corte Suprema dicta sentencia definitiva en caso de secuestro de David Silberman

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado de David Silberman Gurovich, ocurrido a partir del 4 de octubre de 1974, en Santiago.

En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala Penal ratificaron el fallo en el aspecto penal que había establecido las siguientes sanciones: Manuel Contreras Sepúlveda: 7 años de presidio efectivo; Marcelo Moren Brito: 7 años de presidio efectivo; Carlos Labarca Sanhueza: absuelto por falta de participación; y Marcos Derpich Miranda: absuelto por falta de participación.

En el aspecto civil, los magistrados acogieron el recurso de casación planteado por el Consejo de Defensa del Estado y acogieron la excepción de incompetencia absoluta del tribunal determinando eliminar el pago de una indemnización total de  $1.040.000.000 a la viuda, tres hijos y dos hermanos de la víctima.

El caso

David Silberman Gurovich fue un ingeniero civil casado y Gerente General de Cobre Chuqui hasta el 11 de septiembre de 1973. Militante del Partido Comunista, se presentó voluntariamente el 15 de septiembre de 1973 ante el Comandante Militar de Calama quedando detenido y sometido a proceso por un Tribunal Militar de Tiempo de Guerra.

El 28 de septiembre de ese año el Consejo de Guerra dictó sentencia condenándole a la pena de 10 años de prisión por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado y a 3 años por Ley de Control de Armas, debiendo cumplir su condena en Santiago, por haber sido requerido desde aquí por bando. Alrededor del 2 de octubre fue recluido en la Penitenciaría de esta ciudad.

El día 4 de octubre del mismo año, es sacado de la Penitenciaría y llevado a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea permaneciendo en dicho recinto hasta el 20 de octubre, día en que fue devuelto a la Penitenciaría de Santiago.

Silberman, permaneció en este lugar hasta el 4 de octubre de 1973. En esta fecha, fue sacado del recinto carcelario por agentes de la DINA que falsificaron documentos del Ejército a fin de engañar a Gendarmería y lograr la entrega del detenido. Una vez fuera del recinto, David Silberman fue trasladado a la casa que ese organismo de seguridad mantenía en José Domingo Cañas.

De allí, el 5 de octubre fue llevado a 4 Alamos, para ser luego, el 6 ó 7 de ese mes, nuevamente conducido a José Domingo Cañas, en cuyas dependencias permanece hasta mediados del mismo mes en que es trasladado a 4 Alamos, desde donde desaparece a fines de octubre o primeros días del mes de noviembre.

En abril de 1975 apareció en un sótano de Buenos Aires el cuerpo de un hombre destruido por una explosión con un cartel que decía “dado de baja por el MIR”.  Se dijo que era David Silberman, sin embargo se comprobó que no era Silberman, sino los primeros pasos de una campaña de desinformación que marcaría el inicio de la denominada "Operación Colombo". El cuerpo del militante comunista continúa desaparecido


Viernes 17 de julio de 2009     La Nacion

Ministro Zepeda dicta acusación en caso de DDHH

El ministro Jorge Zepeda dictó acusación en la investigación por el secuestro calificado de Pedro Juan Merino Molina, ocurrido a partir del 14 de septiembre de 1974 en la ciudad de Coronel, región del Bio Bio.

El magistrado acusó a Sergio Rigoberto Aplazaba Rojas, Manuel Rioseco Paredes, Orlando José Manzo Durán, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Paul Schäfer Schneider, Fernando Gómez Segovia y Gerd Seewald Lefevre como responsables del delito antes señalado.

El magistrado determinó que la víctima: “después de ser detenido por agentes de Estado, la madrugada del catorce de septiembre de 1974, en la vivienda que ocupaba de la población Yobilo Dos, calle Aconcagua N 817, de la ciudad de Coronel, fue trasladada al retén de Carabineros “Lo Rojas” y enseguida conducida a Parral, determinadamente, al centro clandestino de detención de la ex Colonia Dignidad, donde quedó registro de los interrogatorios que le fueron hechos por colonos alemanes actuando éstos junto a agentes de Estado pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA; con quienes los primeros cooperaban en la persecución, privación de libertad y eliminación de civiles por razones políticas o ideológicas; procediendo dichos agentes a mantener privada de libertad a la referida víctima, haciéndola desaparecer hasta hoy”.


Martes 21 de julio de 2009    Cooperativa.cl  

Corte Suprema dictó una nueva condena contra la cúpula de la DINA

La Corte Suprema dictó una nueva condena a la cúpula de la DINA por el secuestro calificado de una de las víctimas de la denominada Operación Cóndor, identificada como Jorge D'Orival Briceño, quien estuvo detenido y desapareció del centro ilegal José Domingo Cañas.

Por este caso, el entonces jefe de la DINA, Manuel Contreras, recibió una condena de 15 años mientras que sus ex agentes  Marcelo Moren Brito, Maximiliano Ferrer y Miguel Krasnoff fueron condenados a 10 años.

Para Orlando Manzo y Basclay Zapata el tribunal supremo determinó una condena de cinco años.

Además, se estableció la responsabilidad del Estado por el crimen de lesa humanidad por lo que la familia de la víctima podrá recurrir para pedir una indemnización.

Con esta nueva condena, Manuel Contreras suma casi 300 años de prisión por violaciones a los derechos humanos.


Martes 28 de julio de 2009   La Nación

Caso Soria: Fiscalía española pide detener a ex agentes DINA

Una orden de detención contra el ex jefe de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda y otros seis agentes solicitó ayer la Fiscalía Nacional de España al juez Baltasar Garzón en el marco de la investigación abierta, en ese país, por el secuestro y crimen del diplomático español Carmelo Soria ocurrido en julio de 1976, bajo el régimen de Augusto Pinochet.

El fiscal Vicente González Mota hizo el requerimiento debido a que tramita la querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince ex uniformados.

A su juicio, Contreras Sepúlveda es "la persona que indiciariamente ordenó el secuestro, detención y asesinato" del entonces funcionario de la Comisión Económica de la ONU para América Latina y Caribe (Cepal), reseñan agencias de noticias españolas.

Las otras órdenes de aprehensión apuntan a los ex miembros de la Brigada Mulchén de la DINA: el capitán Juan Delmas Ramírez (muerto en 1982), el brigadier (R) Jaime Enrique Lepe Orellana; el suboficial mayor (R) José Ríos San Martín, y los coroneles (R) Guillermo Salinas, Pablo Belber y teniente coronel (R) Patricio Quilhot Palma.

Sobre el ellos, el fiscal estima que hay antecedentes suficientes para atribuirles participación en los hechos a diferencia de otros querellados, como el ex ministro de Defensa chileno Hernán Julio Brady Roche, contra quien aún no se reúnen las pruebas necesarias. Sin embargo, no se descarta actuar contra ellos si se acredita su intervención en el crimen.

En Chile, en enero de este año, el ministro Alejandro Madrid dictó procesamientos contra Lepe y Quilhot por el crimen del diplomático.

La indagación se reabrió luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendara a las autoridades chilenas sancionar a los culpables del homicidio de Soria pese a que en 1996 se había aplicado la amnistía al caso.


Viernes 14 de agosto de 2009     El Mostrador

Nueva condena contra el “Mamo” Contreras

La Corte Suprema condenó hoy a cinco años y un día de prisión al general retirado Manuel Contreras por el secuestro calificado de un estudiante universitario en 1975.

Según informaron fuentes judiciales, el fallo definitivo de la Segunda Sala Penal del máximo tribunal sentenció también a cinco años y un día al ex brigadier Miguel Krasnof Marchenko y al ex coronel Marcelo Moren Brito.

La nueva sentencia contra el ex jefe de la DINA se suma a unas veinte anteriores dictadas en su contra, que totalizan casi 300 años de cárcel.

Los dos militares fueron condenados por la desaparición de Luis Gregorio Muñoz Rodríguez, un estudiante de la Universidad Católica de Valparaíso, de 22 años, detenido el 20 de enero de 1975 por agentes de la DINA, en Santiago, donde vivía.

El joven, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue visto en los días siguientes en la 'Villa Grimaldi', un centro de torturas de la DINA, según testificaron durante el juicio otros prisioneros que lograron sobrevivir.

Además, el 9 de febrero del mismo año, sus familiares recibieron una llamada telefónica de Muñoz Rodríguez, en la que les comunicó que estaba detenido en la 'Villa Grimaldi'.

De acuerdo con los testimonios judiciales, el joven aprovechó un par de minutos en que quedó solo en una oficina del centro de torturas que le habían ordenado asear para hacer la llamada.

Contreras, de 80 años, fue llevado ayer al Hospital Militar, en el que permaneció unas doce horas, tras desmayarse y golpearse en la cabeza mientras era interrogado en otro juicio por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

El general retirado fue devuelto a la prisión militar donde purga sus penas en las últimas horas del jueves.


Viernes 4 de septiembre de 2009     La Nación

Crueles represores figuran entre los más de 150 ex agentes procesados

Crueles represores figuran entre los más de 150 ex agentes de la DINA, todos en situación de retiro, que fueron procesados el martes pasado por el ministro Víctor Montiglio en los casos Operación Colombo, Cóndor y Calle Conferencia 1587.

Entre ellos figura la oficial de Ejército Gladys Calderón Carreño, quien inyectaba cianuro para matar a los detenidos en el cuartel de avenida Simón Bolívar, en la comuna de La Reina, donde operó la Brigada Lautaro.

También aparece el suboficial de Infantería de Marina Sergio Escalona Acuña, quien con un alicate extraía a los cuerpos de los prisioneros ya muertos, las piezas dentales que contenían oro.

Esta operación la realizaba antes de que los cadáveres fueran ensacados para ser arrojados al mar.

De la misma manera, otros de los procesados son los suboficiales de Carabineros Jorge Pichunmán Curiqueo y Claudio Pacheco Fernández, quienes se encargaban en ese cuartel clandestino de desfigurar los rostros de los detenidos y quemar sus huellas dactilares, utilizando un soplete.

Entre los 150 ex agentes encausados por los casos Colombo y Conferencia, existe un total de 21 oficiales. (Ver lista).

A ello hay que sumar los cerca de 50 procesados por víctimas de la Operación Cóndor, lo que podría hacer crecer la cifra total de encausados por sobre los 165, dado que la mayoría de estos cerca de 50 nombres se repiten en las resoluciones dictadas por Colombo y Conferencia.

La mayoría de los procesados pertenecen al Ejército, pero también hay integrantes de la Fuerza Aérea, Armada, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería.

Hoy viernes debe terminar la maratónica operación para que todos los procesados queden arrestados e ingresados a los distintos lugares de reclusión preventiva, según la institución a la que pertenecen.

En el caso del Ejército, todos deberán quedar detenidos en el Batallón de Policía Militar en la Avenida José Arrieta, en la comuna de Peñalolén

Lista de oficiales (R)

1.- César Manríquez Bravo (coronel Ejército)

2.- Ciro Torré Sáez (crl. Carabineros)

3.- Fernando Lauriani Maturana (brigadier Ej.)

4.- Gerardo Godoy García (tte.crl. Carab.)

5.- Gerardo Urrich González (crl. Ej.)

6.- Jaime Paris Ramos (crl. Ej.)

7.- José Fuentes Torres (crl. Ej.)

8.- Manuel Contreras Sepúlveda (gral. Ej.)

9.- Manuel Carevic Cubillos (crl. Ej.)

10.- Marcelo Moren Brito (crl. Ej.)

11.- Miguel Krassnoff (brig. Ej.)

12.- Orlando Manzo Durán (crl. Gendarmería)

13.- Pedro Espinoza Bravo (brig. Ej.)

14.- Raúl Iturriaga Neumann (gral. Ej.)

15.- Ricardo Lawrence Mires (crl. Carab.)

16.- Sergio Castillo González (crl. Ej.)

17.- Víctor Molina Astete (crl. Ej.)

18.- Víctor San Martín Jiménez (crl. Ej.)

19.- Gladys Calderón Carreño (cap. Ej.)

20.- Federico Chaigneau Sepúlveda (tte. crl. Ej.)

21.- Juan Morales Salgado (crl. Ej.)


Martes 8 de septiembre de 2009  Cooperativa.cl

Cúpula de la DINA recibió dura condena por asesinato de mirista

La Corte Suprema impuso pena de 15 años de cárcel para general (r) Manuel Contreras.

Esto, por el secuestro calificado de Sergio Pérez Molina y el homicidio calificado de Lumi Videla.

La sala penal de la Corte Suprema condenó a la cúpula de la DINA, encabezada por el general (r) Manuel Contreras, por el secuestro calificado de Sergio Pérez Molina y el homicidio calificado de Lumi Videla Moya, hechos ocurridos en 1974.

En fallo dividido, el ex jefe de la policía secreta del fallecido dictador Augusto Pinochet recibió 15 años y un día de cárcel, sin beneficios, por ambos crímenes, al igual que el brigadier (r) Miguel Krassnoff.

Por su parte, los brigadieres (r) Cristoph Willike, Francisco Ferrer y Marcelo Morén Brito, fueron condenados a 10 años y un día por su responsabilidad en el homicidio de Videla.

A su vez, el ex agente Basclay Zapata Reyes recibió cinco años de presidio como cómplice del asesinado de la mirista y el coronel (r) de Carabineros Ciro Torré fue condenado a cinco años de cárcel por el secuestro de Sergio Pérez Molina, con el beneficio de la libertad vigilada.

El 4 de noviembre de 1974 se encontró el cuerpo de Lumi Videla en un jardín de la embajada de Italia en Providencia. La prensa de la época informó que su muerte se produjo tras participar en una orgía con los demás asilados en la sede diplomática.


 La Nación

Sábado 12 de septiembre de 2009      

Benefician a cúpula DINA por secuestro de mirista

El general (R) Raúl Iturriaga, el coronel (R) Manuel Ceveric y el ex inspector de Investigaciones Risiere Altez fueron favorecidos con la remisión de sus penas de tres años de cárcel por la desaparición del estudiante de Pedagogía en Historia Félix de la Jara Goyeneche, ocurrida en 1974

Si no fuera porque el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, acumula más de 300 años de cárcel por diversos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, ayer habría recibido el beneficio de libertad vigilada tras la condena a cinco años que dictó ayer la Corte Suprema en su contra por el secuestro calificado del joven estudiante de Pedagogía en Historia Félix de la Jara Goyeneche.

El máximo tribunal también benefició a los demás autores de esta desaparición con la remisión de la pena de tres años de cárcel al general (R) Raúl Iturriaga Neumann, al coronel (R) Manuel Ceveric Cubillos y el otrora inspector de la Policía de Investigaciones y agente DINA, Risiere Altez Españos.

Esta resolución dividida fijó el final del proceso judicial por el secuestro permanente de este estudiante de Pedagogía en Historia, que militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y que fue visto por última vez en el cuartel del detención “Venda Sexy”, en Macul.

Según el proceso, el universitario fue detenido el 27 de noviembre de 1974 en calle Independencia en presencia de su novia Sonia Valenzuela, quien habría sido aprehendida por agentes de la DINA un día antes y sometida desde ese instante a severas torturas.

Tanto De la Jara como su pareja fueron llevados en primera instancia al recinto de detención denominado “Venda Sexy”, ubicado en calle Irán con Los Plátanos, como lo corroboraron en el Informe Rettig otros detenidos que pasaron por el recinto.

René Vergara, uno de los retenidos en el lugar, contó a la Comisión de Verdad y Reconciliación que conoció en ese lugar a Félix de la Jara y que éste le pidió que cuando saliera en libertad le dijera a sus padres que su futuro era incierto y que siempre estuvo muy dispuesto a ayudar a los otros detenidos, pese a que había sido víctima de brutales torturas.

Pese a las bajas penas y los beneficios que entregó la Suprema a los miembros de la cúpula de la DINA responsables de este secuestro, el máximo tribunal dictaminó una indemnización de $70 millones a los nueve hermanos de la víctima.

La suma reparatoria podría haber sido aún mayor pues los ministros de la sala penal, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, eran del parecer de que la indemnización debía ser $ 70 millones para cada uno de los hermanos de la víctima, porque a su juicio el daño moral que provocó la desaparición de su pariente es personal. Sin embargo los otros tres ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez y Rubén Ballesteros impusieron su votación en cuanto a la demanda civil


 La Nacion

Jueves 15 de octubre de 2009         

Penas de hasta 7 años por crimen de sacerdote Llidó

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en caso de secuestro de sacerdote Antonio Llidó Mengual, ocurrido a partir de fines de septiembre o comienzos de octubre de 1973 en Santiago.

La Tercera Sala del tribunal de alzada, conformada por los ministros Lamberto Cisternas, Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Claudia Chaimovich ratificaron el fallo de primera instancia del ministro Jorge Zepeda Arancibia, que estableció las siguientes sanciones:

Manuel Contreras Sepúlveda. 7 años de presidio por su responsabilidad como autor.

Marcelo Moren Brito. 7 años de presidio por su responsabilidad como autor.

Miguel Krassnoff Martchenko. 7 años de presidio por su responsabilidad como autor.

Basclay Zapata Reyes. 7 años de presidio por su responsabilidad como autor.

Francisco Ferrer Lima. Absuelto.

Fernando Lauriani Maturana. Absuelto.

Orlando Manzo Durán. Absuelto.

En el caso de Manzo Durán la decisión se adoptó con el voto en contra de la abogada integrante Chaimovich quien estuvo por condenar a este oficial.

En la arista civil del caso se ratificó la condena al Fisco a pagar una indemnización de 100 millones de pesos a la hermana del sacerdote Josefina Llidó Mengual


La Nación

Martes 27 de octubre de 2009     

Londres 38: Juez procesa a cúpula DINA por desaparición de secretario político del PC

El ministro de fuero Alejandro Solís dictó ayer un auto de procesamiento en la investigación por el secuestro calificado de Sergio Riveros Villavicencio, ocurrido a partir del 15 de agosto de 1974, en la comuna de Santiago.

La víctima desempeñaba en esa época el cargo de secretario político del Partido Comunista (PC) en la comuna de Conchalí y, según consta en el expediente, fue detenido por la DINA y luego llevado hasta el recinto de detención Londres 38 desde donde se perdió su pista, engrosando desde esa fecha la lista de detenidos desaparecidos por organismos de inteligencia comandados por Manuel Contreras Sepúlveda, quien fue encausado como autor de este delito.

Asimismo, el juez Solís dictó el procesamiento de Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchentko y Nelson Paz Bustamante. Los tres primeros fueron notificados de esta resolución en sus recintos de detención, mientras que Bustamante, que era el único en libertad, quedó recluido en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén


El Clarin

Viernes 20 de noviembre de 2009

Procesados en España Generales y oficiales implicados en asesinato de Carmelo Soria

 Los generales (R) del Ejército de Chile Hermán Brady Roche, Cesar Raúl Benavides Escobar, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Jaime Enrique Lepe, Raúl Eduardo Iturriaga Neuman Orellana;  el ex Subsecretario del Interior, Capitán de Navío Enrique Montero Marx; los oficiales Jorge Remigio Rios San Martín;  Guillermo Humberto Salinas Torres; Pablo Belmar Labbé; René Patricio Quilhot Palma; Rolf Wenderoth Pozo; Ricardo Lawrence Mires, han sido procesados por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de España por su participación, mediata o inmediata, en el secuestro, tortura y asesinato del diplomático D. Carmelo Soria.

En el Auto de 17 de noviembre de 2009, que próximamente publicará integro EL CLARIN en la sección “Caso Pinochet”, el Juez y el Ministerio Fiscal han aceptado la ampliación de querella formulada el 23 de enero de 2007 por la Fundación Presidente Allende-España y la viuda de D. Carmelo Soria. Estos habían solicitado, asimismo, el procesamiento del Ministro del Interior, Sergio Fernández, y de la Ministra de Justicia, Mónica Madariaga, por haber firmado en 1978 el Decreto de Amnistía en cuya aplicación la Corte Suprema de Chile ha ordenado en 1996 que este crimen no fuera enjuiciado en Chile.  El Juez español ha denegado el procesamiento de estos Ministros de la Dictadura “en este momento, por cuanto resulta insuficiente para hacerlo el hecho de que hubiesen firmado el Decreto de Amnistía en 1978 que sirvió para conferir impunidad a los autores, cómplices y encubridores, porque por tal razón también tendrían que serlo los demás miembros del gobierno y todos aquellos que aplicaron la norma posteriormente, máxime después del pronunciamiento sobre tal tipo de normas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, y ientras no se acredite una participación diferente en los hechos no puede admitirse a trámite la querella contra estas dos personas”.

 El Auto de 17 de noviembre de 2009 acuerda, entre otras Diligencias, poner en conocimiento del Sr. Secretario General de Naciones Unidas, en aplicación del artículo 11 del Convenio sobre prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas de 14 de diciembre de 1973, la admisión de la querella  contra los presuntos culpables de la tortura y asesinato de D. Carmelo Soria Espinoza y que en su día se comunicará el resultado final.

 España asume la competencia para enjuiciar este delito en virtud de los principios de jurisdicción universal y de evitar la impunidad, después que la Corte Suprema ha acordado que no puede serlo en Chile, país cuya jurisdicción España considera preferente en virtud del principio de territorialidad.


 La Nacion

Miércoles 25 de noviembre de 2009 

Contreras suma otros 5 años de condena

Por su responsabilidad en el secuestro calificado de Sergio Alejandro Riffo Ramos, ocurrido a partir del 27 de noviembre de 1974, fue condenado el director de la desaparecido DINA, Manuel Contreras, así como el resto de la cúpula del organismo represivo de la dictadura.

En fallo de segunda instancia la Corte de Apelaciones de Santiago fijó de manera unánime las siguientes penas:

-Manuel Contreras Sepúlveda: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.

-Pedro Espinoza Bravo: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.

-Marcelo Moren Brito: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.

-Miguel Krassnoff Martchentko: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.

-Fernando Lauriani Maturana: absuelto por falta de participación.

En el aspecto civil del proceso los jueces Cornelio Villarroel Ramírez, Mauricio Silva Cancino y el abogado integrante Bernardo Lara Berríos estuvieron por mantener el dictamen anterior y ordenar el pago de una indemnización solidaria de 20 millones de pesos por parte de Contreras y Moren a Blanca Ramos Aranda, cónyuge de la víctima


La Nación

Martes 15 de diciembre de 2009   

Suprema confirma sentencias por secuestro de mirista

La Corte Suprema dictó este martes nuevas sentencias en contra de los integrantes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a raíz de la investigación instruida por el secuestro calificado de Ariel Danton Santibáñez, ocurrido en noviembre de 1974.

Los ministros de la Sala Penal del máximo tribunal, en fallo dividido acogieron, las condenas establecidas tras la indagatoria del ministro en visita Juan Eduardo Fuentes Belmar.

Según consta en el fallo se condenó al general y otrora líder del organismo represor de la dictadura militar, general (r) Manuel Contreras, a la pena de tres años de presidio, pero se le concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena; en tanto el coronel en retiro Marcelo Morel Brito y el teniente coronel Ricardo Lawrence fueron condenados también a tres años de cárcel con el beneficio de la remisión condicional.


Europapress

13 de Abril 2010

Otros cinco años de prisión para el jefe de la Policía secreta de Pinochet

Un juez de primera instancia de Chile ha condenado a otros cinco años de cárcel al que fuese el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura de Augusto Pinochet, el general Manuel Contreras Sepúlveda, por la desaparición de un político opositor, informaron este lunes fuentes judiciales.
El magistrado Juan Fuentes --quien ha abierto 71 procesos vinculados con las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la dictadura-- emitió la sentencia contra Contreras y otros dos agentes del servicio secreto por el secuestro de Héctor Vergara Doxrud, ocurrido el 17 de septiembre de 1974, indicaron las mismas fuentes citadas por el diario 'El Mercurio'.
Vergara Doxrud era ingeniero y militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), una formación política de izquierda desvinculada de la Democracia Cristiana y disuelta en los últimos años de la dictadura. Tenía 32 años, mujer y tres hijos cuando fue detenido por el servicio secreto.

Según la información revelada por fuentes judiciales chilenas a la prensa local, Contreras fue condenado junto a otros dos agentes del servicio secreto por el secuestro ocurrido el 17 de septiembre de 1974, de Héctor Vergara Doxrud, quien era ingeniero, tenía 32 años y estaba casado y con tres hijos, era militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), un grupo izquierdista cuando fue detenido por el servicio secreto chileno.
Los otros condenados son el ex jefe de la brigada metropolitana de la DINA, César Manríquez, y otro ex alto funcionario de la DINA, Marcelo Morén, condenado a 800 días de presidio.
El juez Fuente ha llevado adelante algo más de setenta procesos por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.
La nueva condena contra Contreras, quien dirigía la ya desaparecida DINA se suma a otras dos cadenas perpetuas que actualmente cumple en prisión.


Radio Bio Bio

18 de Junio 2010

Corte de Apelaciones de Santiago y Concepción dictan resoluciones en causas de Derechos Humanos

Dos ministros en visita que investigan procesos por violaciones a los derechos humanos dictaron resoluciones en las causas que instruyen en las jurisdicciones de la Corte de Apelaciones de Concepción y la de Santiago, respectivamente.
En primer lugar el ministro Carlos Aldana, del tribunal de alzada penquista, dictó condena de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado de Adán Valdebenito Olavarría, ocurrido a partir del 24 de septiembre de 1974 en la ciudad de Lota.
El magistrado sentenció a Manuel Contreras Sepúlveda a la pena de 541 días y a Orlando Manzo Durán a la pena de 61 días de presidio remitido por su responsabilidad como autor y cómplice del delito de secuestro calificado. En el caso de Contreras Sepúlveda se dio por cumplida por el tiempo que ha permanecido en prisión preventiva.
En tanto, el ministro Alejandro Solís, de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictó procesamiento en la investigación por el homicidio calificado de Ramón Martínez González, ocurrido el 13 de enero de 1975, en Santiago.
El magistrado procesó a Manuel Contreras Sepúlveda, Mario Jahn Barrera, Marcelo Moren Brito, Fernando Lauriani Maturana y Miguel Krassnoff Martchenko por su responsabilidad como autores de delito mencionado.
Respecto de los procesados Contreras Sepúlveda, Moren Brito y Krassnoff Martchenko se ordena la prisión preventiva anexa a las condenas que cumplen. En cuanto al procesado Lauiriani Maturana se mantiene el beneficio de la libertad provisional y en cuanto al procesado Jahn Barrera se ordenó su ingreso a prisión preventiva por considerarlo un peligro para la sociedad.


El Mostrador.cl

8 de Julio 2010

Caso Prats: Drástica rebaja de penas para autores del crimen y formación de asociación ilícita

La Segunda Sala de la Corte Suprema dio a conocer este jueves el fallo definitivo con las condenas dictadas contra los responsables de los homicidios del otrora comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrados en septiembre de 1974, en el barrio bonaerense de Palermo.
El presidente de la sala penal, Rubén Ballesteros, comunicó las siguientes penas. Por asociación ilícita formada en 1974, el general (r) Manuel Contreras y el brigadier (R) Pedro Espinoza fueron condenados a tres años y un día, sin beneficios.
Por su parte, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Cristoph Willike Floel, José Zara, Juan Morales Salgado fueron condenados a 100 días de cárcel por este mismo ilícito.
Por el delito de homicidio calificado, los generales en retiro Manuel Contreras y Pedro Espinoza fueron condenados a 17 años de presidio mayor, sin medidas alternativas.
En tanto, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Willike Floel, José Zara, Juan Morales Salgado fueron condenados a 15 años y un día sin beneficios.
En calidad de cómplices, Mariana Callejas y Jorge Iturriaga Neumann fueron condenados a una pena de cinco años de presidio con beneficios.
El 29 de enero del año pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia dictada el 30 de junio de 2008 por el juez de primera instancia, Alejando Solís. El magistrado condenó a doble cadena perpetua al general Manuel Contreras y de forma adicional, fue sentenciado a otros 20 años de prisión como jefe de la asociación ilícita que organizó la disuelta DINA para cometer el doble crimen.
Las mismas penas recibió el ex brigadier Pedro Espinoza Bravo; mientras el general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, encargado de las operaciones en el exterior del organismo, recibió dos condenas de 15 años de prisión por los asesinatos y 541 días por asociación ilícita.
El ex brigadier José Zara fue sentenciado a dos penas de diez años de cárcel por los homicidios y a 541 días por la asociación ilícita, al igual que los ex coroneles Cristoph Willike Floel y Juan Morales Salgado.
Mientras Mariana Callejas fue condenada a dos penas de diez años. La mujer fue esposa del ex agente estadounidense Michael Townley, quien actualmente reside en Estados Unidos, acogido al programa de protección de testigos, fue el encargado de instalar y detonar la bomba colocada bajo el automóvil del general Prats.


El Mostrador

26 de Julio 2010

Manuel 'Mamo' Contreras dice estar 'orgulloso' de lo que hizo.
"No matamos a nadie que no fuera terrorista cuando se enfrentaron a nosotros", sostuvo el ex jefe de la DINA.
El general retirado Manuel Contreras Sepúlveda, condenado a más de 200 años de prisión en cuarenta juicios por violaciones de los derechos humanos, afirmó este viernes estar “orgulloso” de lo que hizo al frente de DINA.
“Yo fui jefe de una institución que eliminó el terrorismo en Chile. Estoy orgulloso de lo que hizo la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional)”, afirmó Contreras, de 81 años, entrevistado por el Canal Chilevisión en la prisión militar donde cumple sus condenas.
Contreras, que en otras ocasiones ha señalado que se limitó a cumplir las órdenes de Pinochet, insistió en que al general Carlos Prats, antecesor de éste en la jefatura del Ejército, “lo mató la CIA” y no el organismo que dirigía en el atentado ocurrido en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974, en el que murió también la esposa de Prats, Sofía Cuthbert.
El antiguo jefe de la represión fue condenado hace algunas semanas a 17 años de prisión por ese crimen, además de otros tres años por pertenecer a una “asociación ilícita terrorista”, como calificó la Justicia al organismo que encabezó.
“Al general Prats lo mandó matar la CIA”, sostuvo Contreras, quien además rechazó haber sido agente pagado de la organización estadounidense, que en 2005 desclasificó unos documentos que lo señalaban como agente a sueldo.
“Nunca he recibido un cinco de la CIA, ni para la DINA, ni para mí. Hemos sido condenados exclusivamente por ser militares”, añadió el general que envió un mensaje a las tres hijas de Prats, que lucharon 36 años por encontrar justicia: “yo sentí mucho que muriera su padre porque fue profesor mío en la Academia de Guerra”.
“No matamos a nadie que no fuera terrorista cuando se enfrentaron a nosotros. A nadie he mandado a matar jamás ni he dado ninguna orden de matar. En el Ejército de Chile no se da orden de matar. La manos no las tengo manchadas con sangre”, insistió Contreras, que padece de cáncer de colon y diabetes.
Preguntado por la negativa del actual Presidente, Sebastián Piñera, a indultar a violadores de los derechos humanos con motivo del Bicentenario de la Independencia, Contreras aseguró que nunca esperó ser beneficiado.
Sólo le interesa, dijo, “lo que el Presidente de la República prometió en la reunión que hizo con mil oficiales y suboficiales en el Centro Español y es lo que estamos esperando, que es el cumplimiento de las leyes y la prescripción”, en alusión a una ley de amnistía que dictó Pinochet en 1978.
También el ex uniformado calificó de “cobarde” al actual jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, por haber repudiado oficialmente a los asesinos de Prats, a los que calificó de indignos e infames.
“No tiene (Fuente-Alba) moral para decir lo que dijo y es primera vez que un comandante en jefe insulta de tal forma a dos generales, a tres brigadieres y a un coronel” dijo.
“Debe estar arrepentido, estoy seguro”, añadió Contreras, que por otro lado aseguró haber sido “buen amigo” del senador y ex presidente democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), en 1975.
Afirmó que fueron parte del directorio de empresa y Frei, que libra una batalla judicial para demostrar que su padre, el también ex presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) fue asesinado por la dictadura en 1982, “por supuesto sabía” que él había sido jefe de la DINA.
“El (Frei Ruiz-Tagle) hizo hacer la cárcel de Punta Peuco (una prisión militar en la que estuvo varios años)”, dijo Contreras.


Cooperativa

9 de Agosto 2010

Manuel Contreras fue condenado a un "pago solidario" a víctimas de torturas
El ministro en visita Alejandro Solís dictó sentencia de primera instancia en contra del ex general Manuel Contreras -de cinco años y un día de cárcel, sin beneficios-, además del "pago solidario" de indemnizaciones a 20 víctimas del delito de torturas.
Los afectados sufrieron apremios ilegítimos en el centro de detención de Tejas Verdes, de la comuna de San Antonio, luego del golpe militar de 1973.
En tanto, en el aspecto civil se determinó que los condenados Manuel Contreras, Vittorio Orvieto, Raúl Quintana, Nelson Valdés y Klaudio Kosiel, deberán pagar en forma solidaria la suma de 10 millones de pesos a cada una de las 20 víctimas.
Mientras que los condenados David Miranda y Jorge Núñez deberán pagar, en forma solidaria, la suma de 10 millones de pesos a las seis víctimas por las que fueron condenados.
Los sentenciados y sus condenas son:
Manuel Contreras Sepúlveda, cinco años y un día. Sin beneficios por torturas a 20 víctimas.
Nelson Valdés Cornejo, cinco años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por torturas a 20 víctimas.
Raúl Quintana Salazar, cinco años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por torturas a 20 víctimas.
Klaudio Kosiel Horning, cinco años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por torturas a 20 víctimas.
Vittorio Orvietto Tiplitzky, cinco años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por torturas a 20 víctimas.
David Miranda Monardes, tres años de presidio, con beneficio de la libertada vigilada, por torturas a seis víctimas.
Jorge Núñez Magallanes, tres años de presidio, con beneficio de libertada vigilada, por torturas a seis víctimas.
Las víctimas de apremios en Tejas Verdes fueron: Nelly Andrade Alcaíno, Segundo Cerda Troncoso, Iván Contreras Puente, Juan Chacón González, Margarita Durán Fajardo, Arturo Farúas Vargas, Patricio Mac-Lean Labbe, María Nuñez Malhue, Mario Orellana Silva, Guillermo Ormazábal Silva, Luis Ovando Donoso, Luis Quilodrán Alcayata, Ramón Quilodrán Alcayata, Juan Ramón Ramírez Cortez, Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, María Rojas Silva, Ernesto Salamanca Sepúlveda, Luisa Stagno


ZonaImpacto.cl

27 de Septiembre 2010

Escandalosa rebaja de penas a los autores del secuestro y desaparición del Padre Llidó
En libertad cumplirán sus penas los autores del secuestro calificado, homicidio y desaparición de los restos del sacerdote español Antonio Llidó, quien cumplió una fructífera misión pastoral, social y política en Quillota.
El cura valenciano, querido y recordado en esta ciudad, fue detenido y hecho desaparecer por agentes de la dictadura a fines de septiembre de 1974 en la Región Metropolitana, donde se había refugiado después del golpe militar. Hay múltiples testimonios de que se le mantuvo detenido en centros clandestinos de reclusión, donde fue cruelmente torturado hasta provocar su muerte y luego los represores hicieron desaparecer su cadáver.
En septiembre de 2008, el ministro en visita Jorge Zepeda determinó penas de 7 años de presidio, sin beneficios, para los autores del crimen: Manuel Contreras, Marcelo Moren, Miguel Krassnoff y Basclay Zapata.
Pero ahora, en fallo dividido, la Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva. Los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller condenaron a cinco años de presidio a los ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Contreras Sepúlveda, Moren Brito, Krassnoff Martchentko y Zapata Reyes rebajando sus penas a cinco años, pero concediéndoles el beneficio de la libertad vigilada; es decir, en sus casas o para que caminen libres por las calles aunque todos están encarcelados (en prisiones vip, por supuesto) por otros crímenes de lesa humanidad.
En su resolución, los ministros -además- absolvieron por falta de participación a los ex agentes Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana y Orlando Manzo Durán.
De igual forma, y demostrando un desprecio absoluto por el sufrimiento que la familia arrastra por 36 años, la Suprema rechazó la demanda de indemnización de perjuicios contra el Estado de Chile interpuesta por la hermana de la víctima, Josefa "Pepa" Llidó, a quien se había concedido una indemnización. El máximo tribunal acogió la excepción de incompetencia absoluta del tribunal de primera instancia y la dejó sin efecto.
En su fallo, la Corte Suprema aplicó la atenuante de la "media prescripción" o "prescripción incompleta" -que otros ministros han rechazado- , con los votos favorables de los ministros Segura, Ballesteros y Dolmestch, y con la opinión contraria de los magistrados Rodríguez y Künsemüller.
Decisión escandalosa
El fallo definitivo de la Segunda Sala de la Corte Suprema es percibido por familiares y amigos del Padre Llidó como una determinación verdaderamente escandalosa, pues deja de manifiesto la indolencia de la justicia chilena frente a un caso tan cruel como emblemático de violación contra los derechos humanos.
Consta en el proceso que durante las décadas de investigación, ninguno de los autores intelectuales o materiales del secuestro, las torturas, el homicidio y la desaparición de los restos del Cura Toño -como lo conocimos en Quillota- colaboró con las indagaciones. Por décadas negaron no sólo su participación, sino engañaron a los jueces con datos falsos, tergiversaron los hechos, ocultaron antecedentes y actuaron ante los tribunales con repugnante cinismo.
El esclarecimiento parcial de lo sucedido con el Padre Llidó sólo fue posible gracias a la tenacidad y profesionalismo de magistrados como el ministro Zepeda, que no se rindió hasta acercarse a la verdad...
...Solamente acercarse, porque siguen ocultando la verdad total. Las confesiones sólo se lograron porque fueron cayendo en absurdas contradicciones. Pero nunca han querido revelar por qué lo secuestraron y torturaron con tanta crueldad, quién le dio muerte, qué hicieron con sus restos o dónde los ocultaron hasta ahora.
Escasas repercusiones locales
La escandalosa rebaja de penas y la negativa a indemnizar a la todavía acongojada familia ha tenido escasa repercusión en los medios nacionales. Sólo el diario La Tercera entregó una información relativamente amplia, de 278 palabras. También emisoras como Cooperativa, Bio Bio y Universidad de Chile le dedicaron algún espacio, sin mayor trascendencia. "El Observador" de Quillota -que antes de 1973 fue gran crítico de las actividades del Cura Toño- publicó una crónica de 291 palabras.
Al cerrar esta nota (noche del miércoles 22), descubrimos una nota publicada por El Mercurio, de 261 palabras, informando sobre el hecho.
En cambio, a nivel internacional el vergonzoso fallo tuvo gran repercusión.
El buscador Google da cuenta de publicaciones en medios escritos como El País, El Periódico, El Diario de Levante y El Diario Vasco de España, La Jornada de México, Agencia Ansa Latina, China.Org.cn y Agencia Xinhua de China, entre muchos otros.
El abogado
El abogado de la familia Llidó en Chile, Héctor Salazar, criticó la resolución del máximo tribunal estimando que es "demasiado blanda la mano para un delito de esta naturaleza, en un caso donde incluso todos quienes aparecen involucrados y condenados jamás aportaron información, ni siquiera para saber dónde quedaron los restos del padre Llidó".
Además, el abogado Salazar lamentó el rechazo de la indemnización fijada en un primer momento para los familiares del ciudadano español, porque "deja al Estado chileno, desde el punto de vista de sus compromisos internacionales, en un mal pie", pues no resolvió la "reparación que va envuelta en esta clase de delitos".Valenzuela, Luis Valenzuela González y Anatolio Zárate Oyarzún.


AFP

17 de Diciembre 2010

Francia condena en ausencia a militares de dictadura chilena
La justicia francesa condenó el viernes en ausencia a penas de 15 años de prisión a cadena perpetua a una docena de militares y un civil chilenos y a un militar argentino por la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).
El general retirado Manuel Contreras, fundador de la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía política del régimen, encarcelado actualmente en Chile, fue condenado a cadena perpetua por decisión del Tribunal en lo Criminal de París presidido por el juez Hervé Stephan.
A la misma pena máxima fue condenado su número dos en la jerarquía de la DINA, el general retirado Pedro Octavio Espinoza Bravo, sostuvo el magistrado al leer la sentencia que pone punto final al juicio en ausencia por la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura pinochetista.
George Klein, Etienne Pesle y Alphonse Chanfreau desaparecieron en Chile y Jean Yves Claudet desapareció en Argentina, todos ellos entre 1973 y 1975.
El general retirado Herman Julio Brady fue condenado a 30 años de cárcel, igual que los coroneles retirados Marcelo Luis Moren Brito y Miguel Krasnoff Martchenko.
El magistrado francés reafirmó la vigencia de la orden de detención emitida por la justicia francesa en mayo de 2005 contra los militares condenados. De la lista inicial fue absuelto José Octavio Zara Holger, por fallecimiento.
En presencia de un centenar de familiares, principalmente los hijos de los cuatro desaparecidos, de ex compañeros de trabajo y de expertos legales que llegaron desde Chile, España y Francia, concluyó así un juicio en ausencia iniciado el 8 de diciembre, 12 años después de iniciada esta causa en Francia, en octubre de 1998, justo cuando Pinochet era detenido en Londres.
20 de Diciembre 2010
Radio Universidad de Chile
Familiares de ciudadanos franceses desaparecidos en dictadura valoran condenas a ex agentes de Pinochet
Condenas ejemplares que en Chile serán difíciles de igualar recibieron los ex agentes de la dictadura militar, con el general Augusto Pinochet incluido, en el juicio que se desarrolló en París.
En total, fueron 14 acusados del régimen chilenos, quienes recibieron como mínimo penas de 15 años de prisión.
Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, la temible DINA, fue condenado a cadena perpetua, la misma pena otorgada al ex brigadier Pedro Espinoza.
35 años después de las desapariciones de 4 ciudadanos franceses asesinados en dictadura, llega una forma de justicia simbólica para sus familiares, como celebra Bernard Chanfreau, hermano de Alphonse, militante del MIR desaparecido en 1974.
“Estoy muy emocionado porque termina una época muy dura para nosotros, tanto para nuestra familia como para la mujer de mi hermano, la hija, las dos hermanas de Janet Claude. Es una satisfacción total muy importante. Ninguna condena de esos culpables nos va a restituir a nuestro hermano y a nuestra familia”, señaló Chanfreau.
Los familiares de los desaparecidos valoraron que en estos casos se haya logrado la actuación de la justicia, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, donde según acusan, el sistema sigue bajo el yugo de la dictadura.
El abogado Benjamín Serfati, representante de la Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (Codepu) destacó que a partir de este juicio histórico emanarán desde Francia órdenes de extradición que deberá resolver nuestro país.
“Una orden de extradición va a ser emitida por Francia dirigida a las autoridades chilenas y vamos a ver cómo van a reaccionar las autoridades chilenas respecto de los condenados que hoy están presos en Chile. Sobre los casos de los chilenos libres va a ser muy interesante seguir la elección de las autoridades en el sentido de acoger o no las solicitudes”, indicó el jurista.
Los familiares y sus representantes aseguraron que más allá que parezca que este juicio haya sido simbólico se utilizaron argumentos jurídicos válidos en todo el mundo, lo que impedirá que los ex agentes condenados salgan del país, por ejemplo, y las órdenes de detención emanadas del gobierno francés para los 14 inculpados siguen vigentes.


La Nación

16 de Marzo 2011

DDHH: Nuevos procesamientos contra encarcelada cúpula DINA
Fallo del ministro Solís corresponde a los casos de secuestro calificado de Juan Aniceto Meneses Reyes, Eduardo Zúñiga Zúñiga y Carlos Terán de la Jara.
El ministro de fuero Alejandro Solís dictó 3 nuevos autos de procesamiento contra la cúpula de la disuelta DINA en investigaciones por casos de detenidos desaparecidos, ocurridos desde 1974 durante la dictadura de Augusto Pinochet.
En su resolución, el magistrado ordenó el ingreso a prisión preventiva de todos los procesados por considerarlos un “peligro para la sociedad”, pese a que ya se encuentran tras las rejas cumpliendo penas por otras violaciones de derechos humanos.
Por el secuestro calificado de Juan Aniceto Meneses Reyes, ocurrido a partir del 3 de agosto de 1974, el magistrado encausó al ex director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, junto a los ex agentes Miguel Krassnoff Martchentko, Marcelo Moren Brito, Basclay Zapata Reyes, Gerardo Godoy García y Maximiliano Ferrer Lima.
En cuanto al secuestro de Eduardo Zúñiga Zúñiga, ocurrido a partir del 23 de agosto de 1974, fueron procesados Contreras, Krassnoff, Moren Brito y Zapata.
Por el caso de Carlos Terán de la Jara, ocurrido a partir del 11 de diciembre de 1974, el ministro Solís encausó a Contreras, Krassnoff, Moren Brito , Zapata y Rolf Wenderoth Pozo.


La Nación

Miércoles 11 de Mayo 2011

Ex DINA condenados por secuestro en dictadura

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia contra el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, y otros ex agentes del organismo represivo, por el secuestro calificado de Mireya de Lourdes Pérez Vargas, ocurrido a partir del 24 de febrero de 1976, en la Región Metropolitana.
En fallo unánime, los ministros de la Segunda Sala del tribunal de alzada Emilio Elgueta, María Rosa Kittsteiner y Patricia González (suplente) confirmaron el fallo del ministro Alejandro Solís.
Las sentencias más duras son contra de Miguel Krassnoff Martcheko y Basclay Zapata, quienes deberán purgar 15 años de presidio por el delito de secuestro calificado.
Contreras, en tanto, fue condenado a 3 años de presidio sinbeneficios, mientras Carlos López Tapia y José Fuentes Torrerecibieron la misma pena, con el beneficio de la remisióncondicional.
Mireya Pérez era militante del Movimiento de IzquierdaRevolucionaria (MIR). Resultó herida en un enfrentamiento, tras lo cual fue llevada a Villa Grimaldi, donde se le dio muerte, según estableció el informe de la Comisión Rettig.


La Nacion

Viernes 17 de Junio 2010

Manuel Contreras suma condena por desaparecido de Lota

La Corte de Apelaciones de Concepción dictó sentencia de segunda instancia contra el ex jefe de la disuelta DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, y el ex agente Orlando Manzo Durán, en la investigación por el secuestro calificado de Adán Valdebenito Olavarría, ocurrido en Lota a partir del 24 de septiembre de 1974.

En fallo unánime (en causa rol 68-2011), las ministras Sara Herrera, Juana Godoy y Vivian Toloza (suplente) ratificaron el fallo de primera instancia dictado por el ministro en visita Carlos Aldana Fuentes. En esta causa, Manuel Contreras Sepúlveda fue condenado a 541 días de presidio por su responsabilidad como autor de secuestro calificado, y Manzo a 61 días de presidio por su responsabilidad como cómplice de secuestro calificado.

En el caso de Contreras Sepúlveda, el fallo establece que se dio por cumplida la pena por el tiempo que ha permanecido en prisión preventiva. A Manzo, por su parte, se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.


La Nacion

Miércoles 29 de Junio 2011

Manuel Contreras condenado por caso de DDHH en Colonia Dignidad

El ministro en visita Jorge Zepeda dictó sentencia de primera instancia en la causa por la desaparición del militante comunista Pedro Merino Molina, ocurrida el 14 de septiembre de 1974.

El caso de refiere a una de las aristas de los procesos por violaciones a los derechos humanos ocurridas al interior de la ex Colonia Dignidad. De esta forma el magistrado determinó absolver de todos los cargos a quien fue el principal inculpado, Paul Schäfer, quien por estar fallecido no puede ser sujeto de acción penal.

Sin embargo, dictó penas de 5 años de presidio menor en su grado máximo sin ningún tipo de beneficio, a quien se desempeñó como jefe de la disuelta DINA, general (r) Manuel Contreras Sepúlveda.

La misma sentencia recibieron el jefe del órgano represor en la ciudad de Parral, Fernando Gómez Saravia y el brigadier (r) Pedro Espinoza Bravo. La resolución determina además que el Fisco de Chile debe pagar una indemnización total de $155 millones para la madre y los hermanos de la víctima, que se dividen en $50 millones para la mujer y $15 millones para cada uno de los siete hermanos de Merino Molina. El juez Zepeda dispuso también liberar de cargos por falta de participación a Orlando Manzo, Sergio Apablaza, Manuel Rioseco y el ex colono Gerd Seewald


El Mercurio

Lunes 10 de Octubre 2011

Justicia francesa condena a cadena perpetua a ex miembros de la DINA en fallo simbólicoManuel

Una delegación de la Federación Internacional de DerechosHumanos (FIDH) notificará a las 11:00 horas de este jueves en el
Penal Cordillera al director de la disuelta DINA, General (r)Manuel Contreras, y a sus subalternos Pedro Espinoza, Marcelo
Moren Brito y Miguel Krassnoff, de la condenas que les impuso lajusticia francesa por los crímenes de cuatro ciudadanos
chileno-franceses.

El proceso en ausencia, ante la negativa de la justicia chilena deextraditar a los 13 chilenos y un argentino, culpables de secuestro,
tortura y desapariciones en Chile de Jorge Klein, Etienne Pesle yAlfonso Chanfreau y Jean Yves Claudet, en Argentina entre 1973
y 1975, terminó con una actuación sin precedentes de losmagistrados galos. En el Tribunal de París -presidido por el juez
Hervé Stephan- Contreras y su lugarteniente Pedro EspinozaBravo recibieron la pena máxima, y el resto de los encausados por
los delitos de "secuestro acompañado de torturas y de actos debarbarie", extensas condenas de prisión. Pese a que los ex agentes
de la disuelta DINA no cumplirán las sentencias, ya que casi todosellos están encarcelados o con juicios pendientes en Chile, los
familiares de las víctimas se manifestaron satisfechos por el fallo.

Los expedientes fueron investigados durante 12 años de instrucción, además de otros tres de juicios. Del resto de losacusados, tres recibieron penas de 30 años, seis de 25, uno de 20 yel restante, una condena de 15 años. La causa se inició en 1998,cuando el general Pinochet fue arrestado en Londres por unaorden de captura internacional emitida por el magistrado españolBaltasar Garzón.

Además de los casos de Contreras y Espinoza Bravo, las condenasmás fuertes fueron para el general retirado Herman Julio Brady, a
30 años de cárcel, lo mismo que los coroneles en retiro MarceloLuis Moren Brito y Miguel Krasnoff Martchenko.
El coronel argentino José Osvaldo Riveiro fue condenado a 25 añosde prisión, igual que el recientemente fallecido Enrique Arancibia
Clavel, el general Raúl Iturriaga, el coronel Gerardo Godoy García,el general Luis Ramírez Pineda y el suboficial Basclay Zapata
Reyes.

En un hecho poco común, el fiscal general de París, Francois Falletti, defendió la legitimidad de llevar a cabo este juicio enFrancia, 37 años después de los hechos denunciados. "Es necesario recordarlo: este juicio es indispensable (...) y debe lanzar unmensaje claro" pues crímenes semejantes "deben dar lugar a demandas ante la justicia, en cualquier momento y lugar", afirmó
Falletti.


La Nacion

4 de Diciembre 2013

MURIÓ GENERAL FRANCÉS ACUSADO POR MANUEL CONTRERAS DE ENTRENAR A LA DINA A TORTURAR

El general francés Paul Aussaresses, que defendió claramente el recurso a la tortura durante la guerra de Argelia y fue acusado de entrenar a agentes de dictaduras latinoamericanas, falleció a los 95 años de edad, anunció el miércoles en su portal la asociación de exparacaidistas franceses “Quien osa gana”.

La asociación no precisó la fecha de su muerte, limitándose a indicar que Aussaresses estaba “hospitalizado desde hacía algún tiempo”.
Aussaresses fue condenado en Francia en 2004 por apología de la tortura, tras haber defendido en un libro la utilización de la tortura durante la guerra de Argelia.

El oficial había enseñado en los años 60 en el campamento de los Boinas Verdes de Fort Braggs (Carolina del Norte) “las técnicas de la batalla de Argel” relativas especialmente a la tortura.

En 1973 fue nombrado agregado militar de Francia en Brasil, entonces bajo la dictadura militar. Posteriormente fue acusado por el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, de haber entrenado durante la dictadura de Augusto Pinochet a agentes chilenos y de otros países latinoamericanos en Brasil.


PiensaChile

7 de Enero 2014

Los Archivos del Horror del Operativo Cóndor

La periodista argentina Stella Calloni es editora en El Día Latinoamericano (Ciudad de México) y corresponsal en América del Sur para La Jornada (Ciudad de México). Ha escrito numerosos trabajos sobre política latinoamericana y actualmente está preparando un libro de relatos. Cuando los documentos mencionados fueron consultados por la autora en Asunción, Paraguay, aún no estaban catalogados y clasificados. Sin embargo, a mediados de 1994 se publicó una selección de los archivos en Boccia Paz, Myriam Angélica González y Rosa Palau Aguilar ediciones, Es mi informe: Los archivos secretos de la Policía de Stroessner (Asunción: Centro de Documentación y Estudios, 1994). Los documentos mencionados en este artículo que han sido catalogados por Boccia Paz, et al, utilizarán las clasificaciones CDE.

Los esqueletos en los armarios de los dictadores de derecha, que gobernaron América Latina durante los años setenta, son literalmente reales. Cuando en Paraguay salieron a la luz los enormes archivos secretos de la policía, resultó evidente la existencia de una campaña de terror coordinada internacionalmente. Ahora, los EE.UU., que apoyaron a los dictadores, estarían ayudando a quienes están intentando depurar los registros documentales de unas 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelados.
Una mañana de diciembre de 1992, el juez paraguayo José Fernández y el profesor y ex prisionero político Martín Almada, entraron a la estación de policía de Lambaré, suburbio de Asunción, a buscar los archivos policiales de Almada. Lo que encontraron en su lugar fueron décadas de historia documental sobre la represión en Paraguay y otros países. También encontraron registros de la cooperación de la inteligencia estadounidense con las dictaduras de la región, incluida la paraguaya.
Los “Archivos del Horror”, tal como fueron conocidos desde entonces, se han convertido en una clave para descifrar la historia reciente de América Latina. Los archivos detallan el destino de cientos, quizá miles, de latinoamericanos secretamente secuestrados, torturados y asesinados por los regímenes derechistas de los años setenta. También ofrecen una pista en papel que confirma la existencia de una conspiración escurridiza y sanguinaria entre los servicios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para rastrear y eliminar a los adversarios políticos con independencia de las fronteras nacionales. Ahora es posible completar el esbozo del “Operativo Cóndor”, tal como se conocía a esta red ilícita.

Pero debido a que los archivos plantean una amenaza a los hombres que organizaron y llevaron a cabo la represión hemisférica, se están realizando esfuerzos para eliminarlos o depositarlos en manos “seguras”. Algunos de los documentos ya han desaparecido y existen sutiles maniobras para sustraer a los restantes del control legal y periodístico.
Cuando Fernández y Almada entraron en la comisaría de Lambaré, desenterraron una montaña desordenada de amarillentos y deteriorados papeles, archivos, cartas y registros que describían las actividades de la policía y la inteligencia militar durante la recientemente derrocada dictadura de Stroessner. Una búsqueda similar, realizada pocos días después en el cuartel general de la Policía Técnica paraguaya (contraparte del FBI estadounidense), sacó, a la luz más documentos reveladores. En total, se han rescatado unas cuatro toneladas de documentación.
Algunas fotografías y registros incluían el país de origen de los prisioneros. Muchos eran de Argentina, Brasil o Chile. Los periodistas autorizados a buscar entre los caóticos archivos se apresuraron a fotocopiar cartas y documentos. Los primeros datos confirmaban el arresto y asesinato de políticos paraguayos cuya “desaparición” había sido continuamente negada por la dictadura, además de la entrega e intercambio de prisioneros con otros países, particularmente Argentina, Chile y Uruguay.

La justicia tardía llega al Paraguay.
Paraguay, un país de cuatro millones de habitantes situado en el centro de América del Sur, tiene una larga tradición de aislamiento introspectivo con extravagantes y veleidosos dictadores. El General Alfredo Stroessner, que tomó el poder con un golpe en 1954, impuso una estructura social feudal y represiva y ofreció su hospitalidad a nazis sin residencia fija y traficantes de drogas bien conectados.
El despiadado aparato represivo del dictador controló con eficiencia a una población mayormente atemorizada. Pero en febrero de 1989, la era de 35 años de Stroessner llegó a su fin. El General fue derrocado por su amigo, pariente político y segundo al mando, General Andrés Rodríguez, y huyó al Brasil como exiliado.
Martín Almada, un conocido profesor y figura política, se puso bajo la mira de la policía secreta de Stroessner en 1974, cuando publicó un discurso doctoral crítico sobre la educación en Paraguay. Fue arrestado y acusado de “terrorismo” y vinculación con los comunistas paraguayos. Fue torturado antes de pasar los siguientes tres años en el conocido campo de concentración Emboscada. Su esposa de 33 años murió de un ataque al corazón tras recibir una llamada telefónica en la que los torturadores reproducían sus gritos. |1| Tras su liberación en 1977, se marchó al exilio pero después de la caída de Stroessner, Almada inició los procedimientos legales contra sus perseguidores.
Mediante una provisión de la nueva Constitución paraguaya post-Stroessner, Almada presentó un mandato dehabeas data, que permite que las personas accedan a sus registros policiales. A través de sus propias investigaciones privadas y una carta anónima, Almada se enteró que algunos documentos relacionados con su caso podían encontrarse en la comisaría de Lambaré |2|. Actuando con discreción y cuidado, Almada pasó esta información al juez Fernández, que ordenó el registro.
Los documentos se convirtieron en un acontecimiento político y generaron órdenes de detención contra primeras figuras del régimen de Stroessner, además de oficiales militares de Argentina y Uruguay. La temida cabeza de los detectives de Stroessner, Pastor Coronel, está actualmente encarcelado en Paraguay, al igual que el jefe de estado mayor y titular de la inteligencia militar de Stroessner, General Benito Guanes Serrano. El jefe de la Policía Técnica, Antonio Campos Alum, se reunió con el dictador en el exilio; ambos están actualmente citados por los tribunales paraguayos como “acusados en rebeldía” y “fugitivos de la justicia paraguaya” |3|.

El caso Inzaurralde-Santana.
Un informe de Pastor Coronel a Stroessner, fechado el 16 de mayo de 1977, ha demostrado ser crucial para la producción de un extraordinario caso legal. En 1973, Gustavo Edison Inzaurralde huyó a Paraguay tras ser arrestado y torturado por su pertenencia a una organización combativa uruguaya antigubernamental. Cuando fue arrestado en Paraguay, el 28 de marzo de 1977, se estaba preparando para exiliarse en Suecia y reunirse con su esposa, embarazada de siete meses. En cambio, el “desapareció” después de ser apresado por militares argentinos.
El informe revela que las autoridades paraguayas entregaron a Inzaurralde, a su compatriota Nelson Rodolfo Santana y a tres argentinos, a un capitán de la armada argentina y todos oficiales de inteligencia argentinos. El Coronel informó a Stroessner de la “gratitud” de los militares argentinos y uruguayos por haber permitido que dos agentes de los servicios de inteligencia argentina (SIDE) y un oficial uruguayo interrogaran [torturaran] a los prisioneros en Asunción |4| .

Con esta información en la mano, las familias de Santana e Inzaurralde iniciaron los procedimientos legales en Paraguay. En junio de 1993, el juez Arnulfo Arias inculpó en el caso al jefe de la inteligencia militar, Guanes Serrano, y al jefe de la Policía Técnica, Campos Alum. Guanes Serrano admitió ante el tribunal los intercambios extrajudiciales de presos políticos entre Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay durante los años setenta. Campos Alum testificó que “el intercambio de prisioneros era frecuente en la región” e identificó como principales colaboradores a los oficiales argentinos y uruguayos mencionados en el informe de Coronel |5|.
EN un paso sin precedentes, el juez Arias decidió entonces someter a juicio también a oficiales militares extranjeros. En marzo de 1994 comenzó un juicio singular. Doce agentes de seguridad militares –cinco paraguayos, seis argentinos y un uruguayo– fueron acusados por “abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, tortura y secuestro” |6|.

Almada y los dos uruguayos desaparecidos forman parte de los miles de perseguidos por los regímenes militares derechistas del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) durante los años setenta. Mientras que muchos de los crímenes fueron estrictamente asuntos internos, otros implicaron la cooperación de oficiales de inteligencia y militares más allá de las fronteras nacionales. Con el nombre en clave del Operativo Cóndor, los dictadores del Cono Sur se embarcaron en una empresa de alcance hemisférico para neutralizar o eliminar a los adversarios detectados. Y al llevar a cabo su tarea, no diferenciaron entre oposición violenta y disenso pacífico.

El Cono Sur durante los años setenta.
Alfredo Stroessner ya había estado en el poder durante una década cuando los generales derechistas brasileños interrumpieron la democracia de dicho país en 1964. Se aseguró el cargo en su feudo sin salida al mar, a medida que el resto del Cono Sur descendía hacia un torbellino de inestabilidad política y terror de Estado.
El resultado del golpe y contragolpe de Bolivia desembocó en la dictadura derechista de Hugo Bánzer en 1971. El golpe de Pinochet de 1973 en Chile interrumpió el experimento socialista de Salvador Allende. Ese mismo año, la prolongada democracia de Uruguay finalizó cuando el presidente Juan María Bordaberry clausuró el Parlamento y encaminó al país hacia la dictadura. La violencia política tras el retorno y la muerte de Juan Perón desembocó en la perversa dictadura militar derechista argentina en 1976.
Los crecientes niveles de represión dejaron a la región plagada de refugiados y exiliados políticos. Unos cuatro millones de personas huyeron de sus hogares buscando un refugio seguro, mayormente en los países vecinos |7| . Tras los golpes de Chile y Uruguay, millares buscaron asilo en Argentina, reuniéndose con los cientos de miles de paraguayos que ya estaban allí. Mientras tanto, los argentinos buscaban seguridad en Bolivia y Paraguay. La región era el escenario de un frenético ir y venir de refugiados. Pero, a medida que se fue expandiendo la ola de dictaduras militares, quedaron de lado las viejas tradiciones de santuarios para los exiliados políticos. El tributo generado por la represión en el Cono Sur fue de unos 50.000 asesinatos, 30.000 desaparecidos –la mayoría en Argentina– y 400.000 encarcelados. Entre los asesinados y los desaparecidos se cuentan unos 3.000 niños |8| . No obstante, estas cantidades sólo aluden a la espeluznante realidad de los estados ilegales.

Descenso a la brutalidad
La caída del Cono Sur en el salvajismo se originó en la crisis política y geopolítica y en la ideología común compartida por los regímenes militares de la región. Estados Unidos desempeñó un papel crítico en todas estas causas. La Guerra Fría proporcionaba el contexto global para un anticomunismo patológico y Estados Unidos ofreció formación ideológica y militar a sus aliados latinoamericanos. Las fuerzas armadas de la región se mostraron muy receptivas. De hecho, desarrollaron una visión mundial abiertamente totalitaria con consecuencias mortales.
El entonces Ministro de Relaciones Exteriores argentino, almirante César Augusto Guzzetti manifestó sin reservas esta perspectiva en una entrevista de 1976: “No existe una subversión de derecha o terrorismo de ese tipo. El cuerpo de la sociedad está afectado por una enfermedad que corroe las entrañas y forma anticuerpos. Estos anticuerpos no pueden considerarse del mismo modo que el microbio. La acción del anticuerpo desaparecerá cuando el Gobierno controle y destruya a la guerrilla” |9|.
Los países del Cono Sur se enfrentaron de hecho a desafíos armados provenientes de la izquierda. En Uruguay, los Tupamaros asestaron unos golpes políticos espectaculares. En Argentina, el marxista Ejército Revolucionario del Pueblo y los peronistas de izquierda Montoneros se implicaron en una lucha despiadada contra las fuerzas de seguridad y los escuadrones de la muerte de la derecha peronista. En Bolivia, Hugo Bánzer pudo hacerse con el poder sólo tras un sangriento enfrentamiento con los populistas de izquierda alineados con su predecesor, el general Juan Torres |10|.

Los militares brasileños aplastaron un alzamiento armado de la izquierda hacia finales de los años sesenta. Su situación recordaba la de Chile; en ambos casos, los movimientos de guerrilla no surgieron hasta después de que un gobierno militar represivo se hiciera con el poder.
Sin embargo, la respuesta de las fuerzas de seguridad en todos estos países fue mucho más allá que derrotar a las guerrillas. Estaban implicados en una guerra santa contra la izquierda, que para ellos incluía a cualquiera que desafiara el statu quo, estuviera armado o no. En consecuencia, enfermeras, profesores, estudiantes, trabajadores, artistas, actores, periodistas e incluso políticos de la oposición democrática pasaron a ser vistos como los “microbios” de Guzzetti.
Estados Unidos proporcionó la inspiración, el financiamiento y la asistencia técnica para la represión y puede haber plantado la semilla que desembocaría en el Operativo Cóndor. La CIA facilitó una mayor coordinación entre los servicios de inteligencia de la región. Un historiador atribuye a un operativo de la CIA el haber acordado los primeros encuentros entre oficiales de seguridad argentinos y uruguayos para discutir la vigilancia de los exiliados políticos. La CIA también organizó encuentros entre líderes de los escuadrones de la muerte brasileños con argentinos y uruguayos |11|.

Estados Unidos hizo algo más que simplemente organizar encuentros. La división de Servicios Técnicos de la CIA suministró equipo eléctrico de tortura a brasileños y uruguayos y ofreció información sobre cuánta descarga podría soportar un cuerpo humano |12|. Los agentes de seguridad latinoamericanos también recibieron formación para la fabricación de bombas, de parte de la CIA, en las instalaciones de la Agencia de Seguridad Pública (OPS) del Departamento de Estado, en Texas |13|.
El asesoramiento y la ayuda de Estados Unidos facilitaron la coordinación entre los servicios de inteligencia regionales. Esta cooperación hizo posible el intercambio de información y prisioneros e incluso asesinatos conjuntos. Un exiliado político podía ser mantenido como rehén o secuestrado y llevado a través de las fronteras, torturado y desaparecido, sin ninguna autorización judicial.
Paradójicamente, la moderación aplicada en la CIA tras su descubrimiento parcial en los informes del comité Church and Pike, de 1974-75, podrían haber favorecido la creación del Operativo Cóndor. La administración Carter se opuso a la postura de la CIA “anulando todas las solicitudes de inteligencia presentes en América Latina. La cooperación de la CIA ha sido muy valiosa para todas las dictaduras militares desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero el Gobierno estadounidense comenzó a tener reservas acerca de solicitudes de colaboración tras varios escándalos, principalmente provocados por Chile” |14| .

Si la administración de Carter no estaba dispuesta a ayudar a las dictaduras, éstas lo estaban y podían ayudarse a sí mismas.

Primeros avistamientos del Cóndor
Aunque en 1976 el Cono Sur ya estaba inundado con la sangre de miles de víctimas del terrorismo de Estado, tres asesinatos de alto nivel provocaron los primeros rumores sobre una conspiración internacional contra la izquierda. En todos los casos, las víctimas eran prominentes exiliados chilenos. En septiembre de 1974, el Ministro de Defensa de Salvador Allende, general Carlos Prats, y su esposa, fueron asesinados en Buenos Aires cuando explotó una bomba bajo su coche. Las autoridades argentinas no investigaron el caso |15| . En octubre de 1975, el vicepresidente de Allende y líder de los demócratas cristianos chilenos, Bernardo Leighton, y su esposa, sobrevivieron milagrosamente a un intento de asesinato en Roma. Los investigadores italianos comenzaron a seguir el hilo de una red internacional que vinculaba a los servicios de seguridad del Cono Sur con neofascistas de su país |16| .

A mediados de 1976, estos intentos de asesinato de alto nivel, así como los relatos horrendos que provenían del Cono Sur, comenzaron a generar la atención de la prensa mundial. El periodista británico Richard Gott, que había investigado las denuncias de familiares de víctimas, llamó a la represión como “algo parecido a la Operación Fénix [en Vietnam]. las personas con capacidad de inspirar y unir a la nación en una campaña para resistir a las fuerzas de ocupación, son quitados del medio uno a uno”, escribió. Gott culpó a Washington, declarando que el entonces Secretario de Estado, Henry Kissinger “debía conocer [quién era responsable]” |17|.

Pero fue el asesinato de Orlando Letelier, ex Ministro de Defensa y de Relaciones Exteriores de Allende, en la Embassy Row de Washington, en septiembre de 1976, lo que puso al descubierto las piezas del Operativo Cóndor. Un coche bomba colocado por el ubicuo Townley y un grupo de terroristas cubanos anti-castristas, asesinó a Letelier y a su secretaria, Ronni Moffitt. El marido de Moffitt, Michael, que estaba viajando en el asiento trasero, sobrevivió, y deambulando aturdido por el lugar gritaba que “¡Fueron los fascistas chilenos! ¡Hijos de puta!” |18|.
Por supuesto, Michael Moffitt estaba en lo cierto, aunque los fiscales estadounidenses emplearían dos años antes de poder llevar el caso a los tribunales. Townley y los cubanos fueron finalmente declarados culpables de los asesinatos. También fueron procesados el general Manuel Contreras, director de la DINA, y otros dos oficiales|19|.
El asesinato de Letelier produjo un escándalo que terminó por abrir las puertas que ocultaban las operaciones encubiertas en América Latina. Ahora los rumores se confirmaban parcialmente. Uno de los primeros informes provino del agregado legal de Estados Unidos en Buenos Aires, el agente especial del FBI Robert Scherrer. Una semana después de la muerte de Letelier, Scherrer envió un cable al cuartel general del FBI dando nombre y describiendo la operación:

“El “Operativo Cóndor” es el nombre en clave para la recolección, intercambio y almacenamiento de información secreta relativa a los denominados “izquierdistas”, comunistas y marxistas, que se estableció recientemente entre los servicios de inteligencia en América del Sur, con el fin de eliminar las actividades terroristas marxistas en la región. Además, “Operativo Cóndor” tiene previstas operaciones conjuntas contra objetivos terroristas en los países miembros. Una tercera fase, y más secreta, del “Operativo Cóndor” implica la formación de grupos especiales de los países miembros, que deberán viajar por cualquier parte del mundo hacia países no-miembros, para llevar a cabo castigos incluido el asesinato contra terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas de los países miembros del “Operativo Cóndor”. Por ejemplo, en el caso de que un terrorista o simpatizante de una organización terrorista de un país miembro del “Operativo Cóndor” se encontrara en un país europeo, se enviaría un grupo especial del “Operativo Cóndor” para localizar y vigilar al objetivo. Cuando hubiera terminado la operación de localización y vigilancia, se enviaría un segundo grupo del “Operativo Cóndor” para llevar a cabo el castigo real contra el objetivo. Los grupos especiales serían provistos de documentación falsa de los países miembros del “Operativo Cóndor” |20| .

De acuerdo con un informe reservado del Comité de Relaciones Externas del Senado, de 1979 y basado en archivos de la CIA, “Esa operación en ‘fase tres’ fue planificada en 1974 a raíz del asesinato del Embajador boliviano en París, de un oficial chileno en Medio Oriente y de un agregado uruguayo en París. Por lo tanto, Cóndor planificó una operación destinada a asesinar a tres izquierdistas europeos bien conocidos, uno de los cuales era el notorio Carlos [el recientemente capturado Illich Ramírez Sánchez]. El plan fue desbaratado” después de que la CIA lo descubriera y “advirtiera a los Gobiernos de los países en los que probablemente tendrían lugar los asesinatos –Francia y Portugal–, que a su vez advirtieron a los posibles objetivos”. El operativo fue aparentemente suspendido y se negó su existencia |21|.

Pero ninguno de estos datos salió a la luz hasta mucho después. Aunque cada vez eran más los testimonios de una cooperación interfronteriza para el secuestro, tortura y asesinato de cientos de personas, salvo por lo difundido a partir de las investigaciones del asesinato de Letelier, las pruebas de la existencia de Cóndor eran excepcionales|22|. Hacia finales de los años setenta, el Cono Sur se encontraba en lo más profundo de la represión y sólo un reducido grupo de activistas y periodistas se atrevía a hacer frente a los regímenes militares. Y, a medida que las dictaduras titubearon y finalmente cayeron durante los años ochenta, los débiles gobiernos civiles que les sucedieron, sancionaron leyes de amnistía que pusieron en discusión toda investigación seria de esta Asesinatos S.A. Internacional |23|.
Estaba claro que se estaba desarrollando algún tipo de operación clandestina, principalmente por la acumulación de denuncias de familiares de las víctimas. Pero los testimonios se desvanecían en el laberinto de los sistemas judiciales despreocupados de los derechos humanos. La impunidad era la regla inviolable del día. Durante los años siguientes, parecía que los operativos Cóndor nunca se enfrentarían a una investigación legal.

Documentación del Operativo Cóndor
El descubrimiento de los archivos paraguayos cambió todo el panorama. Los archivos descubiertos ofrecen en cantidad una esbozo documental de los orígenes, los propósitos y la organización del Operativo Cóndor.

Durante 1975, a instancias de los chilenos, los servicios de inteligencia del Cono Sur codificaron la cooperación informal que ya existía. Los archivos contienen una carta del general Contreras de la DINA al general paraguayo Guanes Serrano, denominando “Primer Encuentro de Trabajo de Inteligencia Nacional” a lo que se convertiría en Cóndor. Contreras ofrecía las instalaciones de la DINA como el cuartel general para “la centralización de la información sobre los antecedentes de personas, organizaciones y otras actividades conectadas directa o indirectamente con la subversión. En líneas generales, sería algo similar a la Interpol instalada en París, pero dedicada a la subversión”, escribió |24|.
El encuentro convocado en la carta de Contreras tuvo lugar en el cuartel general de la DINA, en Santiago, en octubre de 1975. Los asistentes fueron los jefes de la inteligencia militar de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Un mes más tarde, Contreras recibió a Guanes Serrano y al jefe de la policía paraguaya, Francisco Brites. En esa reunión, ellos implementaron el Operativo Cóndor, configurando “un banco de datos, un centro de información y talleres”. Con el inofensivo término de “talleres” se aludía realmente a las sesiones de planificación de los grupos multilaterales de agentes encargados de vigilar, arrestar, encarcelar, torturar y “repatriar” a opositores de los diferentes regímenes |25|. Uno de los documentos más significativos que explica el método de operación de Cóndor, detallaba un encuentro secreto en Asunción, en 1978. Con Guanes Serrano como anfitrión y la presencia de oficiales argentinos y paraguayos, el “Segundo Encuentro Bilateral de Inteligencia” afinó los mecanismos para el intercambio de prisioneros e información secreta |26|. Guanes Serrano informó a Stroessner que “la primera fase era el intercambio de información sobre el enemigo [exiliados políticos]. La segunda fase correspondía a la investigación del objetivo y la tercera fase a la detención [secuestro] y traslado del objetivo a su país de origen”|27| .

Guanes Serrano destacó que los intercambios de prisioneros tendrían lugar directamente entre los servicios de inteligencia y que los agregados militares de las embajadas actuarían como enlace. Otros documentos de los archivos confirman que los agregados militares de las embajadas de los países implicados, eran realmente el conducto por el cual viajaban los informes de inteligencia |28|.

A finales de 1993, los investigadores encontraron una nota fechada en Chile en 1978. En este documento típico del trabajo cotidiano de Cóndor, “Cóndor Uno” advierte a “Cóndor Dos” para que lleve a cabo una “vigilancia de un encuentro de izquierdistas argentinos y paraguayos en la provincia norteña de Salta, Argentina, en la frontera con Bolivia” |29| . “Cóndor Uno” no era otro que Contreras y “Cóndor Dos” era el nombre en clave de Guanes Serrano |30|.

Otros documentos solicitan la captura de chilenos, bolivianos, argentinos, paraguayos y brasileños e informan sobre otras figuras políticas latinoamericanas. Uno de estos casos fue la detención en Paraguay del ciudadano chileno Jorge Fuentes Alarcón, posteriormente entregado por la policía paraguaya a un oficial chileno en mayo de 1978 |31|.

Uno de los documentos más perjudiciales incluye una entrada en un cuaderno de notas del jefe de la Policía Técnica paraguaya, Antonio Campos Alum. Este cuaderno quedó abandonado cuando Campos Alum dejó Paraguay tras ser acusado de haber torturado personalmente a prisioneros, y lista los nombres de oficiales de policía y militares argentinos, bolivianos, chilenos y uruguayos que participaron en la represión internacional |32|.

Tomado en su conjunto, loas archivos paraguayos aportan una prueba documental irrefutable de la existencia del Operativo Cóndor. También pueden proporcionar una base para el enjuiciamiento de quienes cometieron crímenes, suponiendo la existencia de los políticos.
Gente de la misma calaña

Los archivos paraguayos aportan una nueva y reveladora luz sobre la implicación de Estados Unidos con los servicios represivos del Cono Sur, especialmente –pero no sólo– el de Paraguay.

Los paraguayos siempre han acusado a Estados Unidos de ayudar a la policía secreta de Stroessner. Un grupo de oficiales militares estadounidenses enviados bajo los auspicios de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) fiscalizó la formación de la Policía Técnica. Los ex prisioneros del régimen declararon varias veces que oficiales estadounidenses los habían interrogado en Paraguay |33|. Basado en dichos informes, el historiador paraguayo Aníbal Miranda acusa a los Estados Unidos de haber ayudado en la represión, en 1959, de un movimiento guerrillero anti-Stroessner instalado en Argentina |34|.

Ahora han aparecido pruebas concretas sobre la cooperación y formación estadounidense con la policía secreta del dictador. Una carpeta de los archivos contiene correspondencia entre ministros paraguayos y el coronel estadounidense Robert Thierry. Thierry sirvió como “asesor sobre administración pública” de la AID (entonces la Administración de Cooperación Internacional) para el Ministerio del Interior y supervisó la formación de la Policía Técnica.

Una carta del Ministro de Relaciones Exteriores solicitaba que Thierry permaneciera durante dos años más para asesora a la Policía Técnica |35|. En una de las respuestas de Thierry se mostraba la relación profesor-alumno:

Con respecto a la jefatura de Asuntos Técnicos, usted ha recibido la formación suficiente. Estoy seguro de que bajo la dirección de Antonio Campos Alum, esta pequeña pero poderosa organización continuará aportando el mismo servicio, altamente satisfactorio, que ha tenido desde su creación. Sugiero que continúe las conversaciones con el Director de la Misión de Operaciones de Estados Unidos en Paraguay, con el fin de establecer algún programa similar sobre Seguridad Pública |36|.

Otros documentos demuestran que la Policía Técnica continuó siendo el principal vínculo entre los servicios de inteligencia estadounidenses y Paraguay |37|. Dicha cooperación continuó durante el período del Operativo Cóndor. El hombre del FBI en el Cono Sur, el agente especial Robert Scherrer, que vivía en Buenos Aires, trabajó de forma regular y directa con Campos Alum. En 1974, informó a Campos Alum sobre un festival realizado en un teatro de México y listó los nombres de todos los asistentes latinoamericanos. El siguiente paso de la policía paraguaya fue dirigir las investigaciones sobre el movimiento cultural paraguayo |38|.

En otra carta escrita dos años más tarde, Scherrer solicitó a Campos Alum información sobre un Raúl Valentín Quintana porque, explicaba, el FBI creía que Quintana era un “agente cubano”. Esas solicitudes de información tenían serias consecuencias en la gente inocente. “Ahora sabemos por qué varias familias con el apellido Quintana fueron perseguidas y encarceladas”, destacó Martín Almada |39|.

También la CIA trabajó con los paraguayos. El entonces Director delegado, Vernon Walters, visitó el país a principios de 1976 para entrevistarse con el jefe de estado mayor de Stroessner, Conrado Pappalardo, y otros altos oficiales |40|. Pocas semanas de después, Pappalardo le diría al Embajador estadounidense, George Landau, que Walters había aprobado un intento frustrado por obtener pasaportes falsos para dos agentes de la DINA chilena. Pappalardo dijo que estaba actuando bajo órdenes directas de Stroessner, que a su vez estaba haciendo un favor a Pinochet. Los chilenos, Armando Fernández Larios y Michael Townley, pensaban utilizar los pasaportes falsos para viajar a Estados Unidos como parte de su misión de asesinar a Orlando Letelier |41|.

Otro ejemplo de la cooperación de la CIA con Paraguay ocurrió al año siguiente. Una advertencia firmada por Guanes Serrano y dirigida a las “naciones amigas”, describe a un venezolano de nombre Omar Rossel como un “terrorista”. Guanes cita a la “CIA (USA)” como su fuente |42|.
Incluso después de que el Operativo Cóndor hubiera golpeado en Washington y que Estados Unidos hubiera supuestamente movilizado al FBI y a la CIA para resolver los asesinatos de Letelier y Moffitt, el director del FBI, Clarence Kelley, envió una aduladora carta, con el sello del FBI, a Campos Alum: “En estas Navidades, deseo hablar en nombre de todos mis colaboradores y agradecerle de todo corazón la cooperación que ustedes, con tanta buena voluntad, han proporcionado al FBI. Deseándole lo mejor de las cosas, que merece con creces |43|.”
Cabe recordar que Campos Alum se encuentra fugitivo, acusado de graves violaciones de los derechos humanos, crímenes que cometió antes, durante y después de esta época. El FBI, gracias al agente especial Scherrer, estaba al tanto de los crímenes de Campos Alum en la época en que se escribió esta carta.

El hecho de que Estados Unidos y Paraguay fueran aliados no impidió que la inteligencia militar paraguaya espiara a políticos estadounidenses que, en su opinión, interferían los asuntos internos de Paraguay. Los archivos incluyen un informe enviado al jefe de detectives, Pastor Coronel, por un informante desde Buenos Aires. El informante había asistido e informado sobre un encuentro en Buenos Aires entre el senador Edward Kennedy (diputado por Massachusetts) y representantes del Acuerdo Nacional, una coalición que agrupaba a los grupos opositores paraguayos |44|.

Estados Unidos, por supuesto, también estaba interesado en obtener información acerca de sus propios adversarios. Una carta del agregado legal en Buenos Aires, Calvin Clegg, solicitaba la ayuda de Pastor Coronel sobre una organización “subversiva”:
Adjunto un informe reservado, enviado por la oficina del FBI en Nueva York. El informe describe la historia y antecedentes del Consejo Mundial para la Paz, una organización que sirve como instrumento político del Partido Comunista de la Unión Soviética. Le ruego que examine sus archivos buscando toda información relacionada con el Consejo Mundial para la Paz en su país que esté dirigido contra Estados Unidos o sus ciudadanos |45|.

En una entrevista reciente, el líder del partido opositor Liberal Radical Auténtico, Domingo Laino, recordó que durante una de sus muchas detenciones fue interrogado por Campos Alum, que se jactaba acerca de unas fotografías que lo mostraban con uniforme militar estadounidense |46|. Los alardes de Campos Alum tendrían, de hecho, cierta base. Los archivos incluyen el curriculum vitae de Campos Alum, que lista su formación especial sobre contrainsurgencia en bases militares estadounidenses y la asistencia a cursos de la DEA acerca de legislación sobre las drogas |47|.

Una carpeta con la faja “Confidencial” contenía un manual de Fort Gulick (base militar estadounidense en la Zona del Canal de Panamá, anteriormente sede de la Escuela de las Américas) producido para la formación de las fuerzas armadas de Estados Unidos para “interrogadores como referencia para interrogatorios de campo” |48|. La misma carpeta, en un apartado titulado “instrucción en la Escuela de las Américas”, contiene un manual que instruye a los “interrogadores” sobre cómo mantener vivas y con capacidad de respuesta a las víctimas de un shock eléctrico. El manual recomienda remojar los cuerpos y cabezas d ellas víctimas con agua de mar e incluye un boceto que muestra cómo debería llevarse a cabo este “tratamiento” |49| . Esta carpeta también incluye una carta del entonces Embajador de Estados Unidos, Timothy Towell, en la que da instrucciones a la policía paraguaya y adjunta otro manual para interrogatorios |50|.
Los paraguayos toman la iniciativa

En mayo de 1993, el profesor Almada y otros parientes de los asesinados o “desaparecidos” en Paraguay, enviaron una carta al presidente Clinton exigiendo una compensación por las víctimas de la represión en Paraguay. Ellos alegan que el régimen de Stroessner “fue asesorado por oficiales militares estadounidenses, que instruyeron a los principales torturadores, y que la persecución se incluyó dentro de la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que produjo un genocidio en América del Sur” |51|.
Pero el Embajador de Estados Unidos, Jonathan Glassman, en respuesta a la carta, manifestó que Estados Unidos no tenía nada que ver con la represión en Paraguay. Meses más tarde, antes de que las pruebas de los archivos comenzaran a divulgarse poco a poco, Glassman rechazó acusaciones similares, que él atribuía a “acusaciones terroristas con el fin de justificar los ataques a oficiales estadounidenses fuera del país” |52|.
“Incluso habiendo dicho eso”, dijeron los familiares, “la Embajada de Estados Unidos nunca podría haber permanecido ignorante de lo que estaba sucediendo en el país y nosotros hemos visto documentos de funcionarios como Scherrer que conocían la existencia del Operativo Cóndor” |53|.

Actualmente, seis altos oficiales de la policía paraguaya y un general están prisión a causa de los archivos |54|. Y Francisco de Vargas, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del parlamento paraguayo, dijo que tenía testimonios orales que acusaban a 12 generales, al ex Ministro del Interior, Sabino Montanaro, y a dos ex diputados, de ordenar el asesinato de cuatro prisioneros políticos en 1976. Las víctimas fueron asesinadas tras haber estado en prisión durante dos años.
Mientras tanto, el avance de los juicios paraguayos se ha hecho agotadoramente lento. En el caso Inzaurralde, ninguno de los oficiales extranjeros inculpados se ha preocupado por presentarse. Los intentos de obtener su extradición han sido infructuosos. Y los miembros de la familia de Inzaurralde se han quejado en una carta abierta de los numerosos obstáculos que impiden el avance de la justicia.

¿Quién vigilará a los custodios?
Cuando AID ofreció 40 millones de dólares para microfilmar los archivos, Faustino Centurión, y otros diputados del ala disidente del Partido Colorado, declararon públicamente su desacuerdo. “No podemos aceptar que el Gobierno de Estados Unidos, que entrenó a la policía que persiguió a quienes lucharon por la democracia, ahora quiera ayudar con la microfilmación”, dijo. A pesar de las protestas, AID está asesorando al Centro de Documentación en Paraguay.

Ni se ha perdido la conciencia. Cuando, a finales de 1993, los periodistas volvieron a revisar los archivos, se habían separado archivos y carpetas con temas militares, fuera del alcance de los periodistas, porque los jueces consideraban que “era sólo un asunto de la policía”. Las pruebas documentales más importantes acerca del Operativo Cóndor han comenzado a ponerse de lado con rapidez. También están en peligro los documentos que contienen la correspondencia entre los servicios de Estados Unidos y la dictadura paraguaya.

La Comisión de Derechos Humanos paraguaya continuará investigando en forma conjunta con organizaciones semejantes de la región. Sus líderes dicen que Washington “debe realizar un acto responsable y abrir sus propios archivos, de manera que sea posible reconstruir la tragedia de miles de víctimas en América Latina”.

El jefe de estado mayor del ejército argentino y miembro de la Junta, general Roberto Viola, intentando evadir las preguntas acerca del reino del terror en el Cono Sur, dijo en 1979: “Están los muertos, los heridos, los encarcelados y los que están ausentes para siempre. No pidan explicaciones donde no las hay”. Viola estaba equivocado. Existen las explicaciones, existen las personas que son culpables y, gracias a los “Archivos del Horror”, a algunas de ellas se les ha aplicado al menos una justicia parcial.

Notas:
1. Jack Epstein, “A History of a Dirty War: Paraguay’s Secret Police ‘Horror Files’ Come to Light”, Cleveland Plain Dealer, 13 de junio de 1993, p. 1C
2. Patrick John Buffe, “Une multinationale de la Terrour sous les ailes du Condor”, Journal de Geneve et Gazette de Lausanne, 7 de julio de 1993, p. 2
3. Ximena Ortúzar, “A Common Market of Terror”, World Press Review, mayo de 1993.
4. Boccia Paz et al, op. cit., Paraguayan Archives, Libro A1, p. 131, Informe de Pastor Coronel al presidente Stroessner, 16 de mayo de 1977. Los argentinos eran el capitán de la armada José Abdala y los agentes del SIDE teniente Angel (o Luis) Spada y José Monte. El uruguayo era el capitán Carlos Calcagno.
5. Citado en Agencia France Presse, “Jefe militar de Stroessner admite que hubo intercambio de prisioneros”, La Jornada (ciudad de México), 24 de junio de 1993, p. 46
6. Los argentinos acusados son los tenientes Angel (o Luis) Spada y Juan Carlos Camicha, el capitán de marina José Abdala y los agentes del SIDE José Montenegro, Alejandro Stada y Juan Manuel Berret. Abdala y Camicha también están acusados por el Centro de Estudios Legales y Sociales argentino por participar en torturas en dicho país. El uruguayo acusado es el coronel Carlos Calcagno, que se está oponiendo a una orden de extradición paraguaya. Lucas Guagnini, “Citarán en Paraguay a militares argentinos por la represión ilegal”, Clarín (Buenos Aires), 19 de diciembre de 1993, p. 14
7. Informe de la Comisión de Derechos Humanos de Argentina (Buenos Aires, Comisión de Derechos Humanos de Argentina), febrero de 1990
8. Ibid
9. Ibid, pp. 124-42, 242. La OPS se estableció bajo la cobertura de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) del Departamento de Estado en 1962. Estaba dirigida por el oficial de la CIA, Byron Engle, y se integraba mayormente con oficiales de operativos de la CIA que tenían la cobertura de la OPS. Ibid, pp. 48-9, 58, 124-25, 233-35; y Michael Klare, War Without End: American Plannings for the Next Vietnams (Nueva York, Alfred Knopf, 1972), pp. 241-69.
10. Rogelio García Lupo, El Paraguay de Stroessner (Buenos Aires: Ediciones B, colección Reporteros, 1989), p. 149
11. No sólo las autoridades argentinas no respondieron, sino que están directamente implicadas en el asesinato. La bomba fue transportada por Michael Vernon Townley, nacido en Estados Unidos y agente de la DINA, el organismo de inteligencia chilena. Fue ayudado por miembros de Milicia, un grupo derivado de la Alianza Argentina Anticomunista (Triple A), utilizado por la inteligencia argentina (SIDE). Consultar Martin Andersen, Dossier Secreto: Argentina’s Desaparecidos and the Myth of the “Dirty War” (Boulder, Colorado: Westview, 1993), p. 119
12. El supuesto asesino de Leighton era miembro de Avanguardia Nazionale, una organización paramilitar neofascista italiana, encabezada por Stefano Della Chiaie. La organización de Della Chiaie fue contratada para el atentado por Townley. Taylor Branch y Eugene M. Propper, Labyrinth (Nueva York: Viking, 1982), pp. 305-9. Della Chiaie es conocido por su protagonismo en la violencia política derechista en Italia y en América Latina. Sobre Italia, consulte Arthur E. Rowse, “Gladio: The Secret U.S. War to Subvert Italian Democracy”, CovertAction, núm. 49, verano de 1994. Sobre Della Chiaie en Argentina, consulte Andersen, op. cit., cap. 10 y 20.
13. Richard Gott, “Shots and Plots”, The Guardian (Londres), 4 de junio de 1976, p. 17
14. Taylor y Propper, op. cit., p. 23
15. Sin embargo, el Gobierno chileno se negó a detenerlos. Tras el cambio de régimen en Chile, en 1991, Contreras y el general Pedro Espinoza fueron finalmente juzgados en Chile y condenados por los asesinatos de Letelier y Moffitt. Contreras fue sentenciado a siete años de prisión y Espinoza a seis años, pero ambos permanecen en libertad mientras apelan a la Corte Suprema chilena. El ciudadano estadounidense Townley gestionó una reducción de pena negociada y ahora está en el Programa Federal de Protección a Testigos
16. Cable del agente especial del FBI, Robert Scherrer, 28 de septiembre de 1976
17. Jack Andersen y Michael Binstein, “How the CIA Spared Carlos the Jackal”, Washington Post, 22 de agosto de 1994, p. C12. El mismo día, el Post citó a una fuente de la CIA no identificada que afirmaba que una “contribución clave de la CIA en el éxito francés” para capturar a Carlos, había consistido en seguir a Carlos a través de cuatro continentes durante 20 años y ayudar a “ir cerrando el lazo al no permitirle conseguir un refugio seguro”. (Ibid, In Brief, p.3.)
18. Consultar, por ejemplo, Cámara de Representantes de Estados Unidos, Human Rights in Uruguay and Paraguay, Audiencias ante el Subcomité de Organizaciones Internacionales del Comité de Relaciones Internacionales, 17 de junio a 4 de agosto de 1976
19. Consultar Jack Anderson, “‘Condor’: South American Assassins”, Washington Post, 2 de agosto de 1979, p. D.C.9
20. Boccia Paz, et al, op. cit., Archivos Paraguayos, Archivador 245, p. 156, Carta del comandante de la DINA, general Manuel Contreras, al jefe de estado mayo paraguayo, general Benito Guanes Serrano.
21. Ibdem.
22. Archivos Paraguayos, varios documentos sin numerar.
23. Archivos paraguayos, documento sin numerar.
24. Entrevista de la autora con oficial militar paraguayo que solicitó permanecer anónimo, Asunción, diciembre de 1993.
25. Archivos paraguayos, documento sin numerar. Tras el anuncio de la prensa del descubrimiento de los archivos en febrero de 1993, el presidente chileno Patricio Aylwin solicitó al gobierno paraguayo toda la información sobre el Operativo Cóndor y varios parlamentarios chilenos viajaron a Paraguay para comenzar unas investigaciones que todavía están desarrollándose.
26. Archivos paraguayos, Cuaderno de “Instrucciones especiales” perteneciente a Antonio Campos Alum, hallado en el cuartel general de la Policía Técnica.
27. Testimonios de ex prisioneros políticos del Movimiento por la Paz, Solidaridad, Soberanía y Libertad entre los Pueblos, Buenos Aires, 29 de mayo de 1993.
28. Entrevista de la autora con Aníbal Miranda, Asunción, diciembre de 1993.
29. Archivos paraguayos, Carta del Ministro de Relaciones Exteriores, Raúl Sapena Pastor, al coronel Robert Thierry, 30 de septiembre de 1957.
30. Archivos paraguayos, carta del coronel Robert Thierry al Ministro del Interior, Edgardo Insfran (fecha ilegible).
31. Archivos paraguayos, cartas entre Antonio Campos Alum y oficiales estadounidenses.
32. Archivos paraguayos, carta de Robert Scherrer a Antonio Campos Alum, 1974 (día y mes ilegibles).
33. Archivos paraguayos, carta de Robert Scherrer a Antonio Campos Alum, junio de 1976 (día ilegible).
34. Entrevista de la autora con Martín Almada, Asunción, 24 de febrero de 1993.
35. Branch y Propper, op.cit., pp. 6-7.
36. Ibid., pp. 1-3, 10-13; y García Lupo, op. cit., p- 150. Walters negó todo conocimiento sobre la misión en una cable enviado al Embajador Landau, con fecha 4 de agosto de 1976.
37. Citado en Epstein, op. cit.
38. Archivos paraguayos, archivo marcado “Confidencial”, carta de Clarence Kelley a Antonio Campos Alum, diciembre de 1976.
39. Archivos paraguayos, informe confidencial al general Guanes Serrano, fecha ilegible.
40. Archivos paraguayos, carta con membrete de la Embajada de Estados Unidos de Calvin Clegg a Pastor Coronel, 8 de octubre de 1979.
41. Entrevista de la autora con Domingo Laino, Asunción, 26 de febrero de 1993.
42. Archivos paraguayos, curriculum vitae de Antonio Campos Alum, archivo sin numerar. El curriculum vitae de seis páginas incluye las fechas de sus estudios en instituciones militares de Estados Unidos y las fechas de los encuentros de la Liga Mundial Anticomunista, en los que él representaba a Paraguay.
43. Archivos paraguayos, carpeta “Confidencial”, sin numerar.
44. Ib idem
45. Citado en Federico Ferber, “Paraguay: Right Activist’s Resolve Breaks Repressive Apparatus”, Inter Press Service, 26 de abril de 1993.
46. Fragmento de la carta enviada a la Embajada de Estados Unidos en Asunción por Martín Almada, mayo de 1993.
47. Conferencia de prensa de la Embajada de Estados Unidos, Asunción, 20 de febrero de 1993. Acerca del descubrimiento de las cartas en las que el consejero de Estados Unidos, Thierry, alababa a Campos Alum, Glassman declaró lo siguiente: “Es evidente que Thierry era un funcionario de un programa de ayuda política de AID; [su tarea era] precisamente profesionalizar [las fuerzas de seguridad] e impedir los abusos de los que los paraguayos estaban siendo objeto”.
48. Entrevista de la autora con un grupo de familiares de “desaparecidos” en Paraguay, Asunción, mayo de 1993.
49. Epstein, op. cit.
50. Citado en Ferber, op. cit.
51. Carta firmada por William y Alberto Inzaurralde, Montevideo, 5 de abril de 1994.
52. Citado en Stella Calloni, “Estados Unidos busca ocultar que fue cómplice de Stroessner”, La Jornada (Ciudad de México), 23 de febrero de 1993, p. 49.
53. Entrevista de la autora con familiares de “desaparecidos”, Asunción, mayo de 1993.
54. Juan de Onis, “Rights Inquiry in Argentina Finds Evidence of Violations and Reform”, New York Times, 17 de septiembre de 1979, p. A4


Cambio 21

27/03/2014

La "borrachera", la estupidez y la soberbia de los militares chilenos que organizaron la criminal Operación Cóndor: "espías" dejaron un reguero de huellas

En Argentina se lleva a cabo un juicio masivo contra los criminales de los Ejércitos de América del Sur que idearon el denominado Plan Cóndor, para exterminar a personas de pensamiento progresista. Los "inteligentes espías" dejaron todo tipo de huellas. El descuido dejó documentos que hablan de las invitaciones "secretas" de una reunión-seminario que se realizó en Chile y dieron origen al plan represivo que originó la mayor masacre de gente de izquierda del cono sur. Vea en exclusiva, la invitación de Manuel Contreras, ex jefe de la DINA a sus pares de la "inteligencia" de otros Ejércitos de América

Es el año 1975. Pinochet está al poder y la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) tiene mucho trabajo que hacer. Los grupos de izquierda intentan recuperarse en Chile luego de masivas detenciones, exilios y crímenes y la DINA intenta exterminarlos. ¿Cómo? El plan es aunar fuerzas con los líderes militares de las dictaduras del cono sur de América para acabar con la amenaza de estos grupos.

El director de la DINA de ese entonces, Manuel Contreras, es el encargado de contactar con los organismos de "inteligencia" de los países del sur para concertar una reunión en Santiago. Al encuentro asisten los jefes de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y, esporádicamente, Perú, Colombia, Venezuela, y Ecuador.

El encuentro "secreto" de "inteligencia" se realiza con éxito. Los jefes llegan al acuerdo de realizar una operación conjunta para acabar con la amenaza de movimientos de tendencia izquierdista. A ésta se le llama "Operación Cóndor", en honor al ave inmortalizada en el escudo nacional del país huésped.

Actualmente, son más de 100 personas cuyo rastro se perdió en operaciones de exterminio de los agentes de los organismos represivos y que son parte del actual juicio que se realiza en Argentina. Pero pueden ser más las víctimas de la operación. No fue hasta 1992 que fueron descubiertos en Paraguay los denominados "Archivos del terror", una serie de documentos que prueban la existencia de la sangrienta organización.

Resulta que la operación de Inteligencia "secreta" dejó detrás varios documentos que confirmaron su existencia y sus crímenes. Los documentos encontrados corresponden a cartas enviadas por Manuel Contreras en que invita a una reunión de trabajo de Inteligencia nacional, la que tenía "un carácter de estricto secreto" en Santiago.

¿Cómo se explica que los organismos de espionaje dejen huellas de su organización criminal o cómo es que se cite a una reunión secreta mediante una carta? Más que de inteligencia, la reunión organizativa revistió toques casi humorísticos, sino fuese por las trágicas consecuencias que trajo. Por ejemplo, hubo reuniones sociales de los participantes, fotografías, visitas a autoridades y encuentros semipúblicos. O sea los supuestos espias más top"s de América, dejaron todo tipo de huellas...

La tontera y la arrogancia: la explicación de la evidencia

El abogado de Derechos Humanos y director de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), Hiram Villagra, explica que esta actitud no fue al azar. El sentimiento de superioridad que compartían los agentes de Inteligencia, que actuaron con completa despreocupación.

"Ellos estaban seguros de la impunidad, y así actuaron de forma descubierta. Intercambiaron correspondencia", dice el abogado Villagra.

"La reunión Cóndor fue financiada por la DINA y significó un aparataje antisubversivo bastante importante", recuerda el abogado

El profesional profundiza en su tesis de arrogancia de los militares que incluso usaron entidades públicas para el envío de misivas a los países aliados para la formar la organización criminal. "Fue tan grosera que quien fuera gerente del Museo Aeronáutico, fue enviado a mandar carta a todos los jefes de los países para coordinar Cóndor".

Mientras, el abogado del PC, Eduardo Contreras, explica que entre los miembros de la Operación Cóndor, existía la sensación de permanencia eterna en el poder, siendo así, ¿quién los iba a detener?

"Cuando se produjeron los golpes de Estado, todos ellos empujados por EE.UU, tenían la sensación que por la violencia sus gobiernos iban a ser eternos. De alguna manera tuvieron razón, muchas de las acciones, instituciones nuevas y cambios que introdujeron en los pueblos se mantienen hasta hoy", dijo el abogado que se querelló contra Pinochet y logró su desafuero.

"Ese aire de prepotencia, venía por tener de su lado a los empresarios y a los medios de comunicación, los hacía presumir que podían hacer acta de todo lo que se les ocurría, porque nunca iban a ser descubiertos. La arrogancia de las dictaduras y los dictadores es enorme, pensaron que jamás iban a ser condenados o procesados", concluyó.

Se tiende a confundir que los archivos hoy conocidos son producto de los descuidos, que Inteligencia no funcionó como tal. Sin embargo, la situación fue distinta. Fue el emborrachamiento de poder lo que les jugó en contra. La sensación de invencibilidad fue su condena. Fueron esas pistas almacenadas las que lograron llevar a los dictadores y su secuaces al banquillo de los acusados.


VozCiudadanaChile.cl

27 de Marzo 2014

La verdad detrás de las millonarias pensiones que reciben los condenados por violación a los DD.HH.

Todos quienes están presos en Punta Peuco y en otros centros de reclusión, incluidos Manuel Contreras, Miguel Krassnoff o Álvaro Corbalán, reciben suculentos sueldos de las instituciones militares que en el caso del “Mamo” Contreras llega incluso a cerca de tres millones de pesos mensuales. Es parte de su jubilación como general del Ejército.

Felipe Vidal, en el programa Así Somos de La Red emitido el día 25 de marzo del 2014, explicó con lujo de detalles lo que hay detrás de las millonarias pensiones que reciben de parte del Estado de Chile, ex militares del ejército que violaron sistemáticamente los derechos humanos de millones de personas, durante 17 años de Terrorismo de Estado en Chile.

El próximo paso de las Organizaciones de Derechos Humanos es pedir que los militares criminales y violadores de derechos humanos sean degradados para quitarles sus beneficios. Presentado por el diputado DC Gabriel Ascencio en 2010, el abogado Nelson Caucoto afirma que “la palabra degradar es quitar el grado a una persona en el ámbito militar y es una pena que lleva indudablemente al condenado a privarle derechos, beneficios y honores que haya obtenido durante el transcurso de la carrera militar”.

¿Cómo se debe enfrentar la situación de aquellos militares que tuvieron directa participación en los atropellos a los personas y crimenes que fueron juzgados, están pagando sus culpas y que mantienen sus rangos militares, con todos los beneficios especialmente los económicos?

El diputado (DC) Gabriel Ascencio, presentó un proyecto de ley al Congreso Nacional en el 2010, con el que se buscaba modificar el Código de Justicia Militar, ya que en este no considera la deshonra para aquellos uniformados que hayan cometido delitos de lesa humanidad.

Ascencio añadió que “la pena de degradación producirá la privación del grado y del derecho a usar uniforme, insignias, distintivos, condecoraciones o medallas militares, el retiro absoluto de la Institución, la incapacidad absoluta y perpetua para servir en el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros, la pérdida a perpetuidad de todos los derechos políticos activos y pasivos, y la incapacidad para desempeñar, a perpetuidad, cargos, empleos y oficios públicos“.

El abogado Caucoto explica que “la idea de este proyecto es que los militares violadores de derechos humanos sean condenados y no puedan seguir gozando de los privilegios y los honores que les concede el grado que han obtenido, lo que es contradictorio, ya que en este momento se condena a una persona y, sin embargo, sigue ostentando su grado y sigue recibiendo pensiones y beneficios“.

En síntesis, hoy en día los violadores de los derechos humanos, criminales y terroristas de Estado que están procesados por la justicia pueden recibir sus jubilaciones, sus asignaciones por “servicios a la patria”, léase asesinatos en masa, entre otros, y si éstos trabajan para el Estado pueden además recibir su sueldo sin ningún problema.

¿Qué haremos nosotros como chilenos conscientes de que esta situación no puede seguir en estas condiciones? En crímenes de lesa humanidad, Violadores de los Derechos Humanos simplemente NO pueden recibir dineros públicos.

¿Seguiremos esquivando un tema del cual ya no merece ninguna discusión más que proceder a hacer real justicia en un Chile que ha esperado 40 largos años por justicia que ha sido obstruida por un manto de impunidad que incluso los gobiernos democráticos, una vez iniciada la “transición a la democracia”, han mantenido con los criminales, un abominable pacto de silencio?

Que las Organizaciones de Derechos Humanos en Chile, hoy exijan que, el proyecto no puede ser retroactivo, es decir, que los violadores de derechos humanos del ámbito militar del pasado no sigan gozando de las prerrogativas que tienen hasta el día de hoy y sólo los que se conocieran de aquí en adelante sufran las penas corporales de privación de libertad, que tengan penas de degradación y así sientan realmente el peso de haber cometido los más horrendos crímenes de lesa humanidad durante la operación de exterminio Pinochetista, forzado por cobardes soldaditos militares, durante los 17 años de Terrorismo de Estado en Chile.


El Mostrador

22 de Abril 2014

Contreras, Krassnoff y otros ex miembros de la DINA otra vez condenados por secuestro y desaparición

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, condenó a diez años y un día de cárcel sin beneficios a cuatro ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), según informó Radio Bío Bío.

Se trata de los militares retirados Manuel “Mamo” Contreras, Marcelo Moren Brito, Basclay Zapata Reyes y Miguel Krassnoff Martchenko, acusados del secuestro calificado y posterior desaparición de un militante del MIR durante la dictadura. Los cuatro ya han recibido condenas anteriores por violaciones a los derechos humanos y se encuentran cumpliendo condenas penitenciarias en el Penal Punta Peuco.

La víctima es Juan Ernesto Ibarra Toledo, quien al momento de su detención tenía 21 años y era estudiante de Servicio Social de la Universidad de Chile. Hasta el día de hoy se desconocen qué pasó con sus restos.

 


La Nacion

6 de Junio 2014

PROCESAN A MILITARES (R) POR HOMICIDIOS DEL MONTAJE DE RINCONADA DE MAIPÚ

El magistrado Leopoldo Llanos encausó a los ex agentes de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Zapata Reyes, en calidad de autores de los homicidios de Pedro Cortés Jelves y Manuel Reyes Garrido y procesó también como encubridor al ex agente de la DINA Ricardo Lawrence Mires.

Según la investigación, Reyes Garrido y Cortés Jelves fueron víctimas de una operación de montaje realizada por la DINA para hacer aparecer como muertos en un enfrentamiento a un total de 6 personas vinculadas al MIR y al Partido Comunista, las que habían sido detenidas y torturadas en el centro de detención de Villa Grimaldi.

Según consta en el fallo, Manuel Lautaro Reyes Garrido, militante del MIR, y Pedro Blas Cortés Jelves, militante del Partido Comunista, fueron ejecutados el 19 de noviembre de 1975. Todo partió el 17 de noviembre de 1975, cuando se produjo un enfrentamiento en calle Biobío en el cual resultó muerto un militar y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno. Al día siguiente, el 18 de noviembre, fueron detenidos en sus domicilios todos los integrantes de la familia Gallardo y conducidos luego hasta el Cuartel de Investigaciones de calle General Mackenna donde fueron interrogados y torturados.

"En la madrugada del 19 de noviembre fueron liberados algunos de los miembros de la familia, a excepción de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, quienes fueron puestos a disposición de la DINA y trasladados hasta el recinto de Villa Grimaldi", señala el fallo.

La resolución agrega: "La madrugada del 19 de noviembre, fue detenida Ester Torres junto a tres de sus hijos, Renato, Mauricio y Francisco Javier Ganga, por agentes de la DINA que buscaban a su hijo mayor Luis Andrés Ganga y fueron llevados a Villa Grimaldi; después de ser torturados e interrogados se obtuvo el dato del paradero de Luis Andrés, quien fue aprehendido momentos más tarde y conducido a ese recinto, donde fue torturado. Testigos que se encontraban detenidos en Villa Grimaldi declaran que esa fue la peor de todas las noches, describen un gran movimiento de autos, escucharon a los agentes pidiendo agua y aceite caliente y gritos de lamento de los torturados. Al otro día se observó en el patio, tirados en el suelo, varios cadáveres y en una pieza a dos mujeres, Catalina y Mónica, en muy malas condiciones físicas".

Ese mismo día, los cadáveres de Mónica Pacheco Sánchez, Catalina Gallardo Moreno, Alberto Gallardo Pacheco, Luis Andrés Gangas Torres, Pedro Blas Cortés Jeldres y Manuel Lautaro Reyes Garrido, "fueron trasladados desde Villa Grimaldi, por personal de la DINA al mando del capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz y del capitán de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, hasta el recinto denominado Rinconada de Maipú, con la finalidad de aparentar un enfrentamiento entre estos detenidos y personal de la DINA".

En la tarde del 19 de noviembre, un comunicado de prensa del Gobierno dio cuenta de "un enfrentamiento" en los cerros de la Rinconada de Maipú, en el que habrían muerto Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, Luis Andrés Ganga y otros dos hombres".
La falsa información fue abordada por los medios de la época quienes la comunicaron en sendas portadas y en noticieros de televisión como hechos reales. Los medios escritos de la época y los noticieros de TVN y Canal 13 daban cuenta de este montaje.

En el caso de la TV, la cobertura tuvo consecuencias a nivel gremial ya que el Tribunal Regional de Ética y Disciplina (TRED) del Consejo Metropolitano (Santiago) del Colegio de Periodistas, determinó en ese tiempo suspender por un año, con censura pública, a Julio López Blanco, Claudio Sánchez Venegas, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán, quienes colaboraron con la dictadura desde sus cargos en Televisión Nacional (TVN), y Canal 13 (en ese tiempo, Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica).

MONTAJE HISTÓRICO
El comunicado emitido por los organismos oficiales señalaba textual: "(...) Hoy 19 de noviembre, a las 12:00 horas en los cerros de Rinconada de Maipú, se registró un violento enfrentamiento a tiros de más de treinta minutos de duración entre las fuerzas de la DINA e Investigaciones y el grupo de extremistas que se parapetó fuertemente armado en ese cerro. Resultando muertos 6 extremistas, huyendo uno de ellos. Al mismo tiempo fueron heridos dos funcionarios de los servicios de inteligencia y seguridad con diagnóstico, uno grave y el otro menos grave. Se ha podido arribar a las siguientes conclusiones, los extremistas muertos son Mónica Pacheco Sánchez alias Myriam, del MIR... casada con Roberto Gallardo Moreno alias Juan, del MIR, quien resultó muerto en el tiroteo registrado en la escuela N° 51 el lunes pasado. Catalina Gallardo Moreno del MIR.... Manuel Lautaro Reyes Garrido, perteneciente al MIR, Alberto Gallardo Pacheco perteneciente al MIR, Luis Andrés Gangas Torres alias Jaime o Lucho Cárcamo del MIR y Pedro Blas Cortés Jeldes del partido comunista, alias 'Marcos'".

"En realidad, se realizó un "montaje" para impedir su descubrimiento, destinado a ocultar los hechos, efectivamente, ocurridos, torturas y muertes de víctimas desvalidas y los efectos utilizados para la comisión de los mismos, existiendo, además, favorecimiento personal, por existir conocimiento de las circunstancias de los ilícitos, para lograr la impunidad de los autores de los mismos, miembros de la DINA", señala el documento judicial.


PoderJudicial.cl

 

22 de Agosto 2014
 

CORTE SUPREMA DICTA SENTENCIA DEFINITIVA POR EL SECUESTRO CALIFICADO DE MURIEL DOCKENDORFF
 

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado de la estudiante Muriel Dockendorff Navarrete, detenida desaparecida desde el 6 de agosto de 1974, una de las víctimas de los centros de detención clandestinos de Londres 38 y Cuatro Álamos.
 

En fallo dividido (causa rol 4911-2013), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Gloria Ana Chevesich; además del abogado integrante Jorge Lagos- confirmó la responsabilidad como autores del delito, de seis integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
 

El máximo tribunal aplicó penas de 8 años de presidio efectivo a: Manuel Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martchenko y Marcelo Moren Brito; y de 6 años de presidio efectivo a los ex agentes: Basclay Zapata Reyes, Gerardo Godoy García y Orlando Manzo Durán.
 

La sala, con los votos en contra de los ministros Brito y Chevesich, acogió el recurso de casación presentado por las defensas de los condenados y aplicó el principio de la media prescripción, disminuyendo las penas de 15 años y de 10 años y un día de presidio para los dos grupos de sentenciados, respectivamente. Penas que habían sido aplicadas por el ministro en visita Alejandro Solís y confirmadas por la Corte de Santiago.
 

De acuerdo a los antecedentes recopilados en el proceso: "(…) Muriel Dockendorff Navarrete fue detenida el 6 de agosto de 1974, en su domicilio ubicado en calle Marconi 280, Santiago, por los efectivos de la DINA Osvaldo Romo Mena y Basclay Zapata, "El Troglo". Muriel Dockendorff y su cónyuge, Juan Molina Manzor habían sido detenidos dos meses antes, el 6 de junio de 1974, por miembros del Servicio de Inteligencia de la FACH, ella fue dejada en libertad el 12 de julio del mismo año por falta de méritos y su marido continuó detenido hasta el 17 de junio de 1975, fecha en la que fue expulsado del país. Al ser nuevamente detenida por la DINA, Muriel Dockendorff fue conducida hasta el recinto ubicado en calle Londres N° 38, donde fue objeto de terribles torturas, las que le provocaron grave daño físico, según declararon varios testigos. Posteriormente, Muriel Dockendorff fue llevada a "Cuatro Álamos", junto a la testigo Erica Hennings y en ese lugar se pierde su rastro hasta la fecha, sin que la persona privada de libertad haya tomado contacto con sus familiares, realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste tampoco, su defunción".
 

El nombre de Muriel Dockendorff Navarrete es uno de los 119 que apareció en una de las listas de la denominada "Operación Colombo".
 

El aspecto civil, se rechazó la demanda en contra del fisco por incompetencia del tribunal.

 


El Clarin 06 de enero de 2015

Acusan a agentes de la DINA por el secuestro calificado de joven del MIR

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago designado para causas por violaciones a los Derechos Humanos, Mario Carroza, dictó acusación por el delito de secuestro calificado de Luis Humberto Piñones Vega,  quién fue  detenido el 8 de enero de 1975,  en la ciudad de Santiago.

El ministro Carroza acusó a Fernando Lauriani Maturana, Gerardo Godoy García, Rolf Wenderoth Pozo, Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito y María Gabriela Órdenes Montecinos de ser coautores del delito de secuestro calificado del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR.

De acuerdo a los antecedentes de la investigación, se logró determinar los siguientes hechos:

a) "Luis Humberto Piñones Vega, de 21 años de edad,  se encontraba viviendo en la clandestinidad luego de haber sido allanado el domicilio de sus padres con ocasión de la publicación de su nombre en un periódico dónde se ponía en evidencia su militancia política y se catalogaba como prófugo. En estas circunstancias fue detenido el día 8 de enero de 1975 en un punto que debía efectuar con otro militante, en la vía pública en un sector próximo a la Universidad de Santiago, por agentes pertenecientes a la DINA, sin que existiera orden emanada de autoridad legítima y competente que la justificase,  quienes lo condujeron hasta el recinto clandestino de detención y torturas conocido como Villa Grimaldi o Cuartel Terranova, donde fue visto y reconocido por otros detenidos que lograron su libertad y entregaron su versión. Piñones Vega, continuó privado de libertad en dicho centro hasta el día 25 de enero de 1975, fecha en que se pierde su rastro, coincidentemente con la ausencia de otros detenidos, todos quienes fueron sacados en un vehículo, ignorándose desde entonces su paradero, así como la suerte que ha corrido tanto física como psíquicamente, sin que se haya tenido noticias de él, ni que se registre salida  o entrada al país, y sin que conste su defunción."

b) Que en Villa Grimaldi "operaban dos agrupaciones de la DINA, llamadas Purén y Caupolicán, cada una de ellas con objetivos de trabajo y represión perfectamente identificables."

c) "Encargada de las operaciones de la DINA en la región metropolitana estaba la Brigada de Inteligencia, BIM, a cargo de un alto oficial del ejército, y quién contaba con una plana mayor que lo asesoraba en labores de inteligencia. De este jefe dependían brigadas, entre las que se encuentran Caupolicán, cuyo objeto a la fecha de ocurrencia de estos hechos, apuntaba al combate y represión del Movimiento de Izquierda Revolucionario, al que pertenecía la víctima de esta investigación".

Con esta acusación, la causa se eleva al estado de plenario.

 


La Nación, 08 de enero de 2015

DICTAN CONDENAS DE CÁRCEL A 21 EX DINA POR DESAPARICIÓN DE MILITANTE PS

Magistrado Hernán Crisosto estableció que los agentes de inteligencia de la dictadura participaron como autores de secuestro calificado de Bernardo Castro López, el que después apareció en una supuesta lista de muertos por enfrentamientos en Argentina.

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago designado para causas por violaciones a los Derechos Humanos Hernán Crisosto dictó -el 6 de enero pasado- sentencia en la indagatoria por el delito de secuestro calificado de Bernardo de Castro López, hecho ocurrido a partir del 14 de septiembre de 1974.

En la causa, el magistrado condenó en calidad de autores a los ex agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA): Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, César Manríquez Bravo,  Pedro Octavio Espinoza Bravo, Gerardo Ernesto Urrich González, Manuel Andrés Carevic Cubillos y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann. a cumplir penas de 13 años de presidio.

Asimismo, el ministro Crisosto condenó como autores de secuestro calificado a: Orlando Manzo Durán, Pedro René Alfaro Fernández, Armando Segundo Cofré Correa, Héctor Alfredo Flores Vergara, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Manuel Rivas Díaz, Risiere del Prado Altez España, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Manuel Heriberto Avendaño González, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra, Hernán Patricio Valenzuela Salas y Alejandro Francisco Molina Cisternas, a 10 años de presidio.

En tanto, en calidad de cómplices, sentenció a: Nelson Eduardo Iturriaga Cortez y José DorohiHormazábal Rodríguez a la pena de 4 años de presidio, sin beneficios; y  absolvió a Basclay Zapata Reyes.

EL FALLO

 Según la resolución,  el ministro Hernán Crisosto dio por acreditado los siguientes hechos:

“Que en horas de la tarde del día 14 de septiembre de 1974, Bernardo de Castro López, militante del Partido Socialista, fue detenido en su domicilio ubicado en calle Bilbao N° 1236, de la comuna de Providencia, siendo llevado a un cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile donde fue interrogado  y luego entregado a agentes de la DINA , quienes lo llevaron  al recinto de detención clandestina,  denominado "Venda Sexy", ubicado en calle Irán N° 3037, de Santiago, y posteriormente fue trasladado al recinto de detención clandestino denominado  "Cuatro Álamos", ubicado en calle Canadá N° 3000, de la comuna de Santiago, recintos que eran custodiados por guardias armados y a los cuales sólo tenían acceso los agentes de la DINA”, afirma en su primer punto.

 En un segundo, señala que “De Castro López durante su estada en el cuartel de ‘Venda Sexy’ permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a integrantes de su grupo político, para proceder a la detención de los miembros de esa organización, aislamiento que continuó en Centro de Cuatro Álamos”.

“Que la última vez que la víctima De Castro López fue visto con vida por otros detenidos, ocurrió un día no determinado del mes de octubre de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha”, en tercer lugar.

En cuarto, que “el nombre de Bernardo de Castro López apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista LEA de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Bernardo de Castro López había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes a grupos de izquierda, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros;  y que las publicaciones que dieron por muerto a la víctima De Castro López tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior”, 

Como quinto punto, estableció que “los hechos establecidos en el considerando anterior son constitutivos del delito de secuestro calificado en la persona de Bernardo de Castro López previsto y sancionado en elartículo 141 inciso 3° del Código Penal, de la época, en relación con el inciso primero del mismo artículo, toda vez que la privación de libertad o encierro de la víctima se ha prolongado por más de 90 días, y por ende produjo un daño grave en la persona de esta, que se tradujo finalmente en su desaparición”.


 

El Mostrador, 16 de enero de 2015

Condenan a ex agentes DINA por aplicación de torturas a 37 víctimas de Villa Grimaldi

El ministro en visita Leopoldo Llanos condenó a los ex integrantes del grupo represor Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Gerardo Ernesto Godoy García, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Ricardo Lawrence Mires, a penas únicas y efectivas de 7 años de presidio; en tanto, Basclay Humberto Zapata Reyes y Orlando Manzo Durán deberán purgar 5 años y un día de presidio, sin beneficios.

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago para causas por violaciones a los derechos humanos, Leopoldo Llanos Sagristá, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por la aplicación de tormentos (tortura) a 37 víctimas del caso caratulado como: “Villa Grimaldi”, episodio “María Cristina Chacaltana y otros”, detenidos y trasladados al recinto de clandestino en 1975.

En la resolución, dictada el lunes 12 de enero recién pasado, el ministro Llanos condenó en calidad de autores a los ex agentes de la DINA: Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Moren Brito, Miguel Krassnoff  Martchenko, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Gerardo Ernesto Godoy García, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Ricardo Lawrence Mires, a penas únicas y efectivas de 7 años de presidio; en tanto, Basclay Humberto Zapata Reyes y Orlando Manzo Durán deberán purgar 5 años y un día de presidio, sin beneficios.

En el aspecto civil, el ministro Leopoldo Llanos acogió, “con costas, las demandas interpuestas por 36 de los actores en contra del fisco de Chile, condenándolo a pagar a cada uno de ellos una indemnización de perjuicios, por concepto de daño moral, ascendente a la suma de 50 millones de pesos“.

Asimismo, condenó a “Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda y Marcelo Luis Manuel Moren Brito al pago solidario, con el fisco, de 50 millones de pesos a cada uno de los  23 de los demandantes que la solicitaron; y a Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Humberto Zapata Reyes, Fernando Eduardo Lauriani Maturana,Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Lawrence Mires, Orlando Manzo Durán y Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo yFrancisco Ferrer al pago del mismo monto respecto de 21 actores”.

 


La Nacion

22 de Enero de 2015

PROCESAN A MANUEL CONTRERAS POR ASESINATO DE UNA ASESORA DEL HOGAR EN 1975

Se trata del caso de Enriqueta del Carmen Reyes Valeria quien en ese entonces resultó fatalmente herida a raíz de un tiroteo protagonizado por agentes de la DINA al interior de la Congregación de San Columbano, donde la mujer trabajaba.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago para causas por violaciones a los derechos humanos, Mario Carroza, sometió a proceso al ex director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, en calidad de autor del delito de homicidio calificado de Enriqueta del Carmen Reyes Valeria, ilícito perpetrado, en 1975, en Santiago.
Los antecedentes recopilados en la investigación de esta causa permiten tener por acreditada la siguiente secuencia de hechos:

El 16 de octubre de 1975, la DINA logró ubicar a la directiva del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que se ocultaba en una parcela en el sector de Malloco y al intentar proceder a la detención, resulta muerto uno de los integrantes del MIR, logrando huir herido Nelson Gutiérrez, segundo jefe del MIR.
Posteriormente, Gutiérrez recibió atenciones médicas de la doctora Sheila Cassidy Drew, motivando que los agentes de seguridad iniciaran su búsqueda con el fin de detenerla.

De esta manera, el 1 de noviembre de 1975, los agentes de la Brigada Lautaro de la DINA, por orden de su director Manuel Contreras, llegaron al domicilio de calle Larraín Gandarillas 350 de Santiago, residencia de la Congregación de San Columbano y en la cual prestaba servicios como asesora del hogar la víctima Enriqueta del Carmen Reyes Valerio.
Con el fin de lograr la detención de la doctora Cassidy Drew, quien se encontraba en el lugar, los agentes iniciaron un ataque a residencia de la congregación y dispararon hacia el interior.

Enriqueta Reyes resultó herida y posteriormente fue trasladada a la Asistencia Pública, donde falleció por herida de bala abdominotorácico, con salida de proyectil, según certificado de defunción.
Estos antecedentes, sumados a las declaraciones del propio imputado, permitieron al ministro Carroza llegar a presunciones fundadas para responsabilizarlo en calidad de autor del delito de homicidio calificado de Enriqueta Reyes.

 


La Nación, 29 de enero de 2015

Condenan a plana mayor de la DINA por caso de universitario del MIR

Corte Suprema ratificó condena de 10 años y un día por el secuestro calificado y desaparición en 1974 de Juan Ibarra Toledo.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado de Juan Ibarra Toledo, ocurrido el 25 de julio de 1974, y ratificó así la condena de 10 años y un día de presidio contra los ex agentes de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda, Marcel Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Zapata Reyes.

Juan Ibarra Toledo, estudiante universitario, de 21 años de edad, y militante del MIR, fue detenido el 25 de julio por agentes de la DINA y trasladado hasta el centro de detención y tortura clandestino Londres 38, donde fue visto por última vez, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de su paradero.

La Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas y Carlos Cerda.

La resolución se adoptó con los votos en contra de los ministros Dolmestch y Cisternas, quienes estuvieron por aplicar el principio de la media prescripción.



Clarin.cl, 01 de febrero de 2015

Corte Suprema dicta sentencia definitiva contra agentes de la DINA por el secuestro calificado de mirista Ruth Escobar

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado de Ruth Escobar Salinas, detenida desaparecida desde el 30 de junio de 1974, proceso que investigó, en primera instancia, el ministro en visita Miguel Vázquez Plaza. En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmetsch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas- rechazó los recursos de casación presentados y mantuvo las condenas de 10 años de presidio que deberán cumplir los agentes de la DINA: Manuel Contreras Sepúlveda y Marcelo Moren Brito, por su responsabilidad en el delito.

La sentencia da por acreditada la siguiente secuencia de hechos:
"a) Que Ruth María Escobar Salinas era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) desde al menos el año 1972 y, como consecuencia del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, pasó a la clandestinidad, y por razones de seguridad vivió y pernoctó en diferentes viviendas donde era acogida por sus ocupantes, para refugiarse de los agentes de seguridad del Estado que andaban tras sus pasos.

b) Que el día 30 de junio de 1974 agentes operativos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) sin que hubiera orden alguna, procedieron a la detención de la señora Ruth Salinas Escobar, la que fue trasladada al centro de detención clandestino de dicho organismo denominado Londres 38, donde se le mantuvo privada de su libertad, siendo sacada en varias oportunidades a la calle para reconocer militantes del MIR y lograr su captura, ignorándose desde entonces su paradero, así como la suerte que ha corrido en su salud física, síquica e integridad personal, desconociéndose hasta el día de hoy el lugar donde se encuentra".

Estos presupuestos fácticos fueron calificados por los jueces del fondo como constitutivos del delito de secuestro calificado, contemplado y sancionado en el artículo 141 incisos I y III del Código Penal en su redacción vigente a la época de comisión del hecho punible, calificándolo en la motivación cuarta de la sentencia de primer grado, como un delito de lesa humanidad por tratarse de la detención de una persona cuya motivación fue de orden político, perpetrado por agentes del Estado en una organización (DINA) que actuaba con una estructura y en forma específica para la persecución, desaparición y detención de los miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y, en su caso, hacerlos desaparecer".

En el aspecto civil, el fallo ratificó el pago que debe hacer el fisco y los condenados de una indemnización por $100.000.000 (cien millones de pesos), por daño moral  a familiares de la víctima.

 


Villa Grimaldi.cl, 03 de febrero de 2015
Miguel Angel Acuña Castillo: La desaparición del joven de 19 años en Londres 38
Fue detenido en julio de 1974 en la comuna de Macul. Numerosos testigos lo vieron en el centro de tortura y exterminio de Londres 38. Es una de las víctimas de la “Operación Colombo”. La Justicia condenó a 78 ex agentes de la DINA por este crimen contra la humanidad.
El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Hernán Crisosto, dictó sentencia de primera instancia por el secuestro y desaparición de Miguel Angel Acuña Castillo.
El magistrado estableció que el joven, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en las cercanías de su domicilio ubicado en pasaje Talca N° 2033 de la comuna de Macul, por agentes del Estado pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), entre ellos Osvaldo Romo Mena, alias el Guatón Romo.
Su hermana Rosa Acuña Castillo declaró que su padre trató de subirse a la parte trasera de la camioneta con toldo, en momentos en que se lo llevaban, pero fue golpeado en la boca por uno de los sujetos, cayendo al suelo.
Una semana después del secuestro, Romo fue nuevamente a su domicilio y le dijo que su hermano estaba en buenas condiciones junto a Héctor Garay Hermosilla, también desaparecido. Ambos integraron el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), en el Liceo 7 de Ñuñoa.
El juez Crisosto determinó que los agentes de la DINA“lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino denominado “Yucatán” o “Londres 38″.
Acuña Castillo pertenecía a la estructura de estudiantes secundarios del Grupo Político Militar 3 del MIR (GPM3), orgánica que agrupaba a los militantes de la zona oriente de la capital y que era dirigida por Agustín Reyes González, del cual se perdió para siempre su rastro en Londres 38.
Allí “permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA” y, la última vez que fue visto con vida, “ocurrió un día no determinado del mes de julio o agosto de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha”, señala el fallo de primera instancia.
Reían en Londres 38 junto a Héctor Garay Hermosilla
En el Cuartel “Yucatán” fue visto por Erika Hennings, detenida el 30 de julio de 1974. “Puedo decir que era muy joven, creo que le decían El Pampa, aseveró en el proceso. Escuchó que les pasaban lista diaria dos veces al día a los detenidos. El 31 de Julio de 1974, escuchó el nombre de Miguel Angel Acuña Castillo, quien contestaba presente. Luego no volvió a oir que lo llamaran. “Los sacaron de Londres 38 al igual que otros detenidos entre los que recuerda a María Inés Alvarado”, detenida desaparecida de 21 años.
Hugo Chacaltana Silva detenido el 4 de mayo de 1974, ex alumno del Liceo Manuel de Salas y miembro del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), también lo vio en Londres 38. Relató que en la madrugada del 8 al 9 de Julio de 1974 llegaron Miguel Angel Acuña junto a Héctor Garay Hermosilla a quien decían Titín, los pudo ver por un hueco que se formaba entre la nariz y los pómulos de la venda.
Chacaltana señaló que conoció a Castillo en 1971, cuando ambos eran estudiantes secundarios. Ambos coincidieron en reuniones que se efectuaban en la época entre miembros del FER, consigna el dictamen judicial. Recuerda a “Miguel Ángel como un joven de gran capacidad de liderazgo y mucha resistencia física”.
Dejó de verlo el 11 de septiembre de 1973. Lo volvió a encontrar en Londres 38. Llegó junto a Héctor Garay a la misma habitación en que él permanecía acostado en el suelo. “En ese momento no me dirigí a Miguel Ángel”, por el contrario, se hizo el desentendido respecto de su presencia. “Al día siguiente cuando las colchonetas en que nos recostábamos los detenidos fueron retiradas y reemplazadas por sillas, yo me senté y, a uno de los costados observé que aún permanecían sentados. Le llamó la atención que ambos conversaban y se reían, lo que le hizo pensar que ignoraban la magnitud de lo que les esperaba. Miguel Ángel lo abordó en Londres-38 diciéndole “yo te conozco”.
Su madre supo en la peluquería que su hijo estuvo en Londres 38
León Gómez, detenido el 15 de julio de 1974 y trasladado a Londres 38 vio a Miguel Angel junto a Héctor Garay a quien conocía. Alguien le comentó que entre los detenidos estaba Pampino, lo que corroboró al escucharlo “con sus típicas tallas que le hacía a los guardias, como dando la impresión que lo que estaba sucediendo en el lugar no tenía ninguna importancia. Incluso Titín con Pampino sacaban de sus casillas a los guardias. Eran muy irreverentes”.
David Cuevas Sharon detenido el 04 de mayo de 1974 también testimonió haberlo visto. “El Pampino pese a que evidenciaba maltrato se veía con mucha presencia de ánimo, era muy fuerte físicamente”. Compartió con él a lo menos unos cinco días.
Cuando Cuevas salió en libertad Acuña Castillo quedó prisionero. Su abuela materna tenía una peluquería en Ñuñoa y una de sus clientas era la madre de Miguel Angel. En una conversación “se enteró del problema que tenía con un hijo desaparecido. Ante esto mi abuelita le hizo ir a la peluquería en donde conoció a la madre de Pampino y le contó lo que sabía de él, específicamente el lugar en que había estado preso con él”.
Respecto a los tormentos aplicados a los detenidos en Londres 38, entre ellos Miguel Angel, el ministro Crisosto incorporó declaraciones de Osvaldo Romo, quien manifestó que entre otras torturas, se les aplicaba a los detenidos “el submarino seco, que era taparle la respiración con una bolsa de plástico puesta en la cabeza, a los detenidos, se les ponían los ojos como “huevo frito”, les salía sangre por las narices y por los tímpanos. Después de los interrogatorios y apremios los detenidos quedaban extenuados”.
Otro ex agente, Samuel FuenzalidaDevia precisó al respecto que “el trato general a los prisioneros era mantenerlos con la vista cubierta, no se los dejaba asear, no había camas para que durmieran, la alimentación era escasa y eran sometidos a intensos interrogatorios en los cuales se les aplicaba electricidad, especialmente en los órganos genitales y senos. Otra forma de tortura consistía en mantener sentados a los detenidos en las sillas, atados de pies y manos , mientras se les aplicaba corriente con magnetos, aunque también se les aplicaba corriente eléctrica común, por lo cual se quemaba a esas personas, procedimiento en los cuales falleció mucha gente.”
Eugenio Fieldhouse Chávez sostiene que como funcionario de la Policía de Investigaciones a mediados de junio de 1974 fue destinado a ese organismo represor e indicó que los mismos agentes de la DINA que intervenían en la detención e interrogatorio de los detenidos, una vez obtenida la información que se buscaba, eran los encargados de hacerlos desaparecer”, previa orden de la superioridad de la DINA.
El nombre de Miguel Ángel Acuña Castillo, apareció entre los 119 chilenos de la Operación Colombo, en una lista difundida en la prensa nacional, luego que figurara en publicaciones que aparecieron por una sola vez en Brasil y Argentina, “en la que se daba cuenta que Miguel Ángel Acuña Castillo, había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas”.
Las condenas
“Las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Acuña Castillo tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior”, determinó el juez Crisosto, quien condenó a 78 ex agentes de la DINA por su desaparición.
El magistrado dictó sentencia de 13 años de presidio mayor en su grado medio a Manuel Contreras Sepúlveda; César Manríquez Bravo; Pedro Espinoza; Marcelo Luis Moren Brito; Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Iturriaga Neumann.
Asimismo condenó a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo a Gerardo Ernesto Urrich González; Gerardo Ernesto Godoy García; Ricardo Víctor Lawrence Mires; Ciro Ernesto Torré Sáez; Sergio Hernán Castillo González; Manuel Andrés Carevic Cubillos; José Nelson FuentealbaSaldías; Basclay Humberto Zapata Reyes; José Enrique Fuentes Torres; José Mario Friz Esparza; Julio José Hoyos Zegarra; Nelson Alberto Paz Bustamante; Claudio Orlando Orellana de la Pinta; Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar; Gustavo GalvarinoCaruman Soto; Hiro Álvarez Vega; José Alfonso Ojeda Obando; Luis Salvador Villarroel Gutiérrez; Olegario Enrique González Moreno; Orlando Jesús Torrejón Gatica; Rudeslindo Urrutia Jorquera; Alfredo Orlando Moya Tejeda; Carlos Alfonso Sáez Sanhueza; Fernando Enrique Guerra Guajardo; Hernán Patricio Valenzuela Salas; Hugo Rubén Delgado Carrasco; Juan Alfredo Villanueva Alvear; Juan Evaristo Duarte Gallegos; Lautaro Eugenio Díaz Espinoza; Leónides Emiliano Méndez Moreno; Pedro Ariel Araneda Araneda; Rafael De Jesús Riveros Frost; Víctor Manuel Molina Astete; Manuel Rivas Díaz; Hugo del Tránsito Hernández Valle; Juan Ángel Urbina Cáceres; Risiere del Prado Altez España; HermonHelec Alfaro Mundaca y Raúl Juan Rodríguez Ponte.
Como cómplices del secuestro y desaparición del joven de 19 años sentenció a 4 años de presidio menor en su grado máximo a Luis Eduardo Mora Cerda; José Jaime Mora Diocares; Camilo Torres Negrier; Carlos Justo Bermúdez Méndez; Claudio Enrique Pacheco Fernández; Fernando Adrián Roa Montaña; Gerardo Meza Acuña; Héctor Raúl Valdebenito Araya; Jaime Humberto Paris Ramos; Jorge Laureano Sagardia Monje; José DorohiHormazabal Rodríguez; José Manuel Sarmiento Sotelo; José Stalin Muñoz Leal; Juvenal Alfonso Piña Garrido; Luis René Torres Méndez; Manuel Antonio Montre Méndez; Máximo Ramón Aliaga Soto; Moisés Paulino Campos Figueroa; Nelson Aquiles Ortiz Vignolo; Nelson Eduardo Iturriaga Cortes; Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo; Reinaldo Alfonso Concha Orellana; Sergio Hernán Castro Andrade; Víctor Manuel de la Cruz San Martin Jiménez; Gustavo Humberto Apablaza Meneses; Héctor Carlos Díaz Cabezas; Jorge Antonio Lepileo Barrios; Oscar Belarmino La Flor Flores; Rufino Espinoza Espinoza; Roberto Hernán Rodríguez Manquel; Víctor Manuel Álvarez Droguett; Héctor Manuel Lira Aravena y Sergio Iván Díaz Lara.
Respecto de Víctor Manuel De la Cruz San Martín Jiménez, por haber caído en demencia, se suspende el cumplimiento de la pena, debiendo en su oportunidad ser entregado bajo fianza de custodia a un familiar.

 

 

 

 


  Estas paginas han sido preparadas y son mantenidas por: Proyecto Internacional de Derechos Humanos - Londres © 1996 - 2015