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Manuel Contreras Donaire

Suboficial Mayor de Ejercito

Agente CNI - DINE

Asesino de Tucapel Jiménez

En marzo de 2004, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dejo a firme las condenas en contra de los responsables de la muerte del ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Alfaro, ocurrida el 25 de febrero de 1982, Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, fueron condenados a ocho años de cárcel en calidad de autores materiales del crimen.

En agosto de 2005 Contreras Donaire fue indultado por el Presidente Ricardo Lagos 


Martes, 16 de Mayo de 2000

Exclusivo: inculpó a efectivos de la DINE
Gordon reveló identidad del asesino de Tucapel Jiménez
por Jorge Molina, especial para El Mostrador
El ex miembro de la Junta de Gobierno, ex director de la CNI y general en retiro, sindicado como presunto cómplice en este caso, entregó al ministro en visita, Sergio Muñoz, la fotografía de Manuel Contreras Donaire, suboficial de la Dirección de Inteligencia del Ejército, y una lista de quienes lo ayudaron en el crimen.

El ex director de la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI), general (R) Humberto Gordon Rubio, entregó al ministro en visita Sergio Muñoz -que instruye el caso por el homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez-, dos pruebas "clave" sobre quiénes, asegura Gordon, son los autores materiales del crimen.

La evidencia más contundente fue una fotografía del autor directo de la muerte de Jiménez. Es decir, quien baleó e hizo cortes en el cuello al sindicalista el 26 de febrero de 1982, cuando se cometió el ilícito y el cuerpo fue hallado en el camino que une Renca con la localidad de Lampa.

Se trata del suboficial perteneciente al Servicio Secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Manuel Contreras Donaire, a quien Gordon inculpó directamente de ser autor de los hechos.

El ex alto uniformado allegó, además, una lista de doce nombres que habrían ayudado a llevar a cabo la operación que terminó con la muerte del sindicalista.

La nómina

La lista la encabeza el ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general (R) Arturo Ramsés Alvarez Scoglia, a quien Gordon inculpa de ser el cerebro del delito. También aparece mencionado el mayor de Ejército (R) Carlos Herrera Jiménez, entre otros.

Ambos están procesados como "autores" de estos hechos, junto a 22 personas.

La declaración de Gordon vino a confirmar la convicción del magistrado al entregar una prueba sustancial al proceso, de que habría sido la DINE la institución que estuvo orgánicamente detrás de la muerte del sindicalista.

¿Delación compensada?

La declaración y evidencias entregadas por Gordon llegaron a oídos de la justicia militar, que no vio con buenos ojos la "movida estratégica" del alto ex uniformado.

Fuentes militares consultadas por este sitio aseguran que, con dicho procedimiento, lo único que intenta Gordon es "salvar su pellejo", dejando entrever que está abandonando a su suerte a quienes trabajaron bajo su mando, muchos de ellos procesados en la Operación Albania y el Caso Carrasco.

Abogados vinculados a la causa se preguntan dónde obtuvo Gordon estas evidencias. Sostienen que, cuando se planeó asesinar al carpintero Juan Alegría Mundaca -delito conexo en tanto operación de encubrimiento de la muerte de Tucapel Jiménez- Gordon debió saber a quiénes habría que proteger antes de movilizar medios humanos y logísticos como director de la CNI. Es decir, desde 1984 Gordon habría conocido a los autores del crimen y nunca lo dijo cuando se le solicitó información.

Participación de Corbalán

Otra teoría que manejan los querellantes es que Gordon obtuvo los nombres del ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, a quien lo une una gran cercanía.

Ejemplo de esa amistad -y tal como lo publicó este medio la semana pasada- es que Gordon visitó a Corbalán al menos en cinco ocasiones en el penal de Punta Peuco 2, justo antes de que la magistrada Dobra Lusic, quien investiga el crimen de José Carrasco- decidiera carearlos por las contradicciones entre ambos, el jueves 5 de mayo, lo que determinó el procesamiento de Gordon como presunto autor del delito. Las visitas quedaron estampadas en el expediente del caso.

Requerido por la ministra Lusic, según fuentes consultadas, Gordon confirmó las reuniones, pero -con un argumento considerado casi infantil- explicó que eran para otros fines.

Para los querellantes este hecho es de suma importancia, pues les permitiría, junto con esperar sentencia en el caso Alegría Mundaca -radicada en la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago-, pedir su acumulación al caso Tucapel y que el Departamento Quinto de Investigaciones pudiera comprobar el nexo entre ambos crímenes.

Rodríguez Wallis

El pasado 9 de mayo este sitio reveló, también en exclusiva, la afirmación hecha por el abogado Sergio Rodríguez Wallis durante el alegato por la libertad de Contreras Donaire y su colega Miguel Letelier Verdugo, a quienes patrocina. En la ocasión, el profesional declaró que su defendido (Letelier Verdugo) sabía quién asesinó a Tucapel Jiménez, pero que "por lealtad" no lo diría.

La afirmación fue confirmada por el abogado querellante en el caso, Jorge Mario Saavedra, y por el representante del Consejo de Defensa del Estado, Cristián Arias, además de un ministro que compuso la sala.

La información publicada por El Mostrador servirá ahora como prueba para que Muñoz interrogue al abogado Rodriguez Wallis, quien deberá explicar sus dichos. También para que exhortándolo a decir verdad -como establece la ley- el suboficial Letelier Verdugo desmienta o confirme los dichos de su abogado.
 

Martes 16 de Abril  2002 Primera Linea

Ejército recontrata a oficiales implicados en casos de DD.HH.

Un alto funcionario de gobierno se encontró, hace un tiempo, a boca de jarro con un vehículo que viajaba campante contra el tráfico por la comuna de La Reina. Como llevaba chofer, el funcionario creyó que se trataba de un auto oficial y pensó en las críticas que el hecho podría desatar. Anotó la patente y planeó reprochar a quien fuera el díscolo su mal comportamiento.

Pero el auto no pertenecía a La Moneda, sino al Ejército.

Según una investigación periodística de La Nación, el pasajero anónimo era el brigadier (R) Jaime Lepe Orellana, el ex secretario general del Ejército y mano derecha del general Pinochet, quien ha sido contratado como civil por la institución, a pesar de que pasó a retiro en una tormentosa polémica por su vinculación con el homicidio del español Carmelo Soria, ocurrido en 1976.

La recontratación de Lepe fue confirmada por una alta fuente del Ministerio de Defensa, quien pidió reserva de su identidad.

No es el único caso. La fuente ratificó que en el mismo caso se encuentra el brigadier (R) Miguel Krassnoff Marchenko, procesado por la desaparición de varios presos políticos en Villa Grimaldi.

Lepe Orellana se desempeña como asesor en el Comando de Industria Militar, mientras que Krassnoff es todavía el gerente del Hotel Militar de Oficiales, ubicado en Providencia 1219, aunque actualmente está suspendido pues está detenido por orden judicial en el Comando de Telecomunicaciones desde noviembre del año pasado.

Ante consultas sobre las nuevas funciones de Lepe y Krassnoff, el Ministerio de Defensa reveló el viernes pasado que ambos prestan servicios a contrata y como civiles para la institución.

"Se le ha manifestado al Ejército la inconveniencia de que esta situación se mantenga", dijo la fuente consultada en el Ministerio. "El Ejército expresó comprensión hacia nuestro punto de vista". Por lo tanto, esa repartición espera que se "tomen medidas".

De acuerdo con la fuente consultada la contratación de ambos es legal "pero constituye una incoherencia con el espíritu de colaboración en materia de derechos humanos que el Ejército ha demostrado a través de la mesa de diálogo".

El Departamento de Relaciones Públicas del Ejército declinó entregar información o comentar estos hechos. La práctica de contratar como civiles a los uniformados que jubilan les permite a estos mejorar su pensión con un segundo ingreso.

Nada extraordinario

Según una persona de gran cercanía con Miguel Krassnoff  -quien habla a condición del anonimato- el oficial en retiro espera reintegrarse a su trabajo en el hotel en cuanto se le conceda la libertad provisional que ha solicitado repetidamente al Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, donde se investiga la desaparición de Manuel Cortés Joo.

Ese expediente acaba de pasar a las manos del ministro de fuero Juan Guzmán. El magistrado también procesó a Krassnoff por la desaparición de varios presos políticos en Villa Grimaldi, pero le concedió el derecho a la libertad provisional.

"Miguel Krassnoff no es el único oficial involucrado en este tipo de casos que presta servicios como civil en el Ejército. Es una situación generalizada", afirma la fuente cercana al militar.

Es común que los uniformados que pasan a retiro por razón del servicio sean recontratados como civiles por su institución y estar vinculado a juicios por violaciones a los derechos humanos no es un impedimento, revela.

"No hay nada cuestionable en ello. No se trata de personas per sé sádicas, fascistas, crueles o como quiera llamárseles. Se trata de oficiales obedientes que cuando ocurrieron estos hechos tenían algo más de 20 años. Ellos sólo cumplieron órdenes y, por lo demás, desarrollaron una carrera impecable. Es normal que el Ejército quiera continuar contando con sus servicios", explica.

Lepe, en tanto, nunca fue procesado, pues el juicio en que se investigaba la muerte de Carmelo Soria fue amnistiado por la Corte Suprema, pero el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle vetó su ascenso al cuerpo de generales en 1997, en medio de una agria polémica pública.

Así, el hombre que llevaba la agenda del general Augusto Pinochet, se convirtió en un brigadier sin destinación hasta septiembre del 2000 cuando se acogió a retiro. En esa oportunidad el ministro del Interior, José Miguel Insulza, alabó su partida.

Carmen Soria recordó que según consta en las investigaciones judiciales y en los testimonios de los ex agentes José Ríos San Martin y Michael Townley, Lepe se disfrazó como carabinero para secuestrar a su padre y luego habría participado en las sesiones de tortura que se le practicaron.

"Los exonerados políticos, que no cometieron ningún crimen salvo pensar distinto, no pudieron nunca más trabajar en la administración pública", opina. "Y sin embargo, estas personas que están vinculadas a crímenes atroces, continúan gozando de privilegios a costa de todos los contribuyentes. Es una burla y una atrocidad".

No sólo en el Ejército

Entre los antecedentes surgidos en el proceso por el crimen de Tucapel Jiménez figura que dos ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, prestaban servicios en el Ejército a honorarios hasta que, en virtud del auto de procesamiento que les afecta, quedaron en prisión preventiva.

Según fuentes cercanas a su defensa, sus servicios "eran necesarios pues se trata de personal de inteligencia y servicio secreto. No hay que volar muy alto para suponer que hay cierta información y contactos que se mantienen a pesar de haber salido a retiro". No obstante, la fuente desmiente información extraoficial en cuanto a que continuarían colaborando en forma esporádica desde la reclusión.

De acuerdo con los antecedentes, no sólo en el Ejército personal implicado en acusaciones por violaciones a los derechos humanos ha sido recontratado.

En la Aviación, el ex agente de la DINA, coronel (R) Mario Jahn Barrera, es el director del Museo Aeronáutico y del Espacio, dependiente de la Dirección de Aeronáutica Civil, desde que pasó a retiro a mediados de los años 80. Jahn Barrera fue en los años 70 uno de los jefes de la DINA que, usando el seudónimo de Luis Gutiérrez, se convirtió en el "embajador itinerante" entre los países que conformaron la red de cooperación en labores represivas conocida como "Operación Cóndor", de acuerdo con los antecedentes surgidos de los llamados "archivos del terror" de la dictadura de Alfredo Stroessner y que forman parte de la querella interpuesta en su contra ante el ministro de fuero Juan Guzmán. Barrera no figura, sin embargo, como procesado en esta causa.

Uno de los pilotos de la "Caravana de la muerte", Emilio Robert de la Mahotiere, se desempeña desde 1996 en Seguridad Operacional de la Dirección de Aeronáutica, en un contrato que se le renueva en forma anual. En su caso, si bien su participación como el piloto militar que transportaba al grupo comandado por Sergio Arellano está demostrada en el proceso, el ministro Juan Guzmán no lo consideró merecedor de castigo penal.

El Departamento comunicacional de la Dirección de Aeronática respondió que "no entregamos información sobre el detalle de la planta de nustra institución".

Fach da explicaciones por recontratación de oficiales implicados en casos de DD.HH.

La Fuerza Aérea de Chile (Fach) respondió esta mañana por distintos cauces que no existe impedimento legal, "ni se puede discriminar" en la recontratación de personal retirado, en respuesta a denuncias de que oficiales implicados en violaciones de Derechos Humanos durante el régimen militar habían vuelto a esa institución.

También sobre este tema, el Ejército declinó referirse sobre los empleos dados los brigadieres (R) Miguel Krassnoff y Jaime Lepe.

Si bien la institución declinó entregar una versión oficial, una alta fuente declaró que "mientras no exista una resolución judicial condenatoria no se puede discriminar a una persona".

A su vez, el Departamento Comunicacional de la Fach aclaró que, uno de los ex oficiales cuestionados, el coronel (R) Mario Jahn Barrera, fue recontratado como director del Museo Aeronáutico y como tal no depende de la Institución directamente, sino que de la Dirección Nacional de Aeronáutica civil.

En tanto, el abogado de la Fach Jorge Balmaceda aclaró que el DFL1 o Estatuto de las Fuerzas Armadas, permite el llamado a servicio activo y la contratación de personal antiguo, por lo que no existe impedimento legal. "El hecho de que se hayan cometido o no delitos, es de carácter personal, por lo que los tribunales de justicia deben pronunciarse a través de un debido proceso de derecho, no por especulación o simples declaraciones", señaló el profesional.

Ejército

El Ejército no hará ningún tipo de referencia al tema sobre la recontratación de personal en retiro que participó en la ex DINA -casos de los brigadieres Miguel Krassnoff y Jaime Lepe- y que estaría involucrado en violaciones a los derechos humanos.

Se informó que se trata de materias ya conocidas y que las autoridades que pueden referirse al tema se encuentra en gira con el comandante en jefe de la institución, teniente general Juan Emilio Cheyre

 


La tercera Lunes 5 de Agosto 2002
Fallo de primera instancia se produce a 20 años del crimen CASO TUCAPEL: Perpetua
para Herrera; Corbalán, absuelto
Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, se condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Tras una exhaustiva investigación de poco más de tres años, se dio a conocer el fallo de primera instancia del ministro en visita extraordinario, Sergio Muñoz, en el caso del crimen de Tucapel Jiménez, el 25 de febrero de 1982.
El fallo, demorado durante la mañana por problemas computacionales, absolvió al mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, al brigadier (r) Roberto Urbano Schmied Zanzi, al civil Julio Olivares Silva y al capitán de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo, quienes estaban procesados en calidad de cómplices.
Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, Muñoz condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Como autor de homicidio calificado en contra del ex presidente de la Anef y del carpintero Juan Alegría Mundaca, fue condenado a presidio perpetuo sin beneficios el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez.
En tanto, como autores de homicidio calificado fueron condenados a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios, el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el teniente coronel (r) Maximiliano Ferrer Lima.
Como autores, Miguel Letelier Verdugo y el suboficial Manuel Contreras Donaire fueron conminados a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios.
El mayor Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge León Alessandrini (civil) fueron condenados por el magistrado Sergio Muñoz a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, como cómplices (pena remitida).
El general (r) Fernando Torres Silva (ex auditor del Ejército), el general (r) Hernán Ramírez Hald y el general (r) Hernán Ramírez Rurange fueron condenados a 800 días de presidio menor en su grado medio (pena remitida), en calidad de cómplices.
Como encubridor, el coronel (r) Enrique Ibarra fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio. Por último, se decomisó el arma utilizada en el crimen, un revólver Smith & Wesson calibre 22, serie 22547, que figura inscrito a nombre de la Dirección General de Movilización Nacional.
Proceso judicial
En tres años de investigación, el ministro Sergio Muñoz remeció al Ejército. En 1999 procesó al ex director de la CNI, el ahora fallecido Humberto Gordon, y en junio de ese año se adelantó a Juan Guzmán enviándole un exhorto a Pinochet durante su detención en Londres.
Sin embargo, su paso más temerario fue procesar a Hernán Ramírez Hald, el primer general en servicio activo que fue inculpado en una causa de derechos humanos.
Ramírez Hald fue encargado reo el 22 de noviembre, pero un día antes el Presidente Ricardo Lagos lo recibió en su despacho por una hora, para respaldar el gesto del general de retirarse del Ejército y enfrentar el proceso como civil.
El ex uniformado quedó detenido en el Comando de Telecomunicaciones hasta que salió bajo fianza a mediados de 2000.
Cabe recordar que el ministro Muñoz tomó la investigación en abril de 1999, tras 17 años de infructuoso trabajo del juez Sergio Valenzuela Patiño, quien fue destituido del caso por la Corte Suprema.
 

 


23 De Octubre 2003 La Nacion

Corte Suprema revisa apelaciones en caso Tucapel

 La Segunda Sala de la Corte Suprema comenzó hoy a revisar las apelaciones a las condenas emitidas en segunda instancia en el caso Tucapel Jiménez, asesinado por la CNI en febrero de 1982.

El pasado 24 de septiembre el máximo tribunal del país declaró admisible la mayoría de los recursos de casación (anulación) presentados por los implicados en el caso, a excepción del recurso presentado a favor del mayor en retiro Carlos Herrera Jiménez, a quien se le confirmó la condena a cadena perpetua por el crimen del líder sindical y del carpintero Juan Alegría Mundaca.

En la causa aparecen mencionados el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), general (r) Ramsés Alvarez, y los ex agentes Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, entre otros, quienes también fueron condenados por el ministro instructor Sergio Muñoz


23 de Marzo 2004 La Nación

A Punta Peuco los condenados por caso Tucapel

Luego de que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dejara a firme las condenas en contra de los responsables de la muerte del ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Alfaro, ocurrida el 25 de febrero de 1982, fuentes judiciales informaron a La Nación, que serán trasladados durante el día de hoy hasta el penal de Punta Peuco, recinto donde cumplirán sus penas aflictivas.

Con el cambio de prisión dejarán el Batallón de Policía Militar (BPM), Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén, donde el Ejército construyó dependencias para que los ex uniformados y militares activos procesados cumplieran prisión preventiva hasta que se dictara una sentencia en su contra.

De estar forma, quedarán recluidos en Punta Peuco, penal que cuenta con custodia mixta de Gendarmería y el Ejército, el ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) general (R) Arturo Alvarez Scoglia, los brigadieres (R) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima, además de los suboficiales (R) Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, todos ellos condenados a ocho años de cárcel. Los dos últimos en calidad de autores materiales.

A ellos se suma, el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, condenado a una pena unificada de prisión perpetua simple: por la muerte de Jiménez y su participación en el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca, en julio de 1983.

Las mismas fuentes indicaron que originalmente el traslado de los ex uniformados se encontraba programado para el fin de semana, sin embargo se debió postergar por falta de inmueble para recibir a los nuevos reos. A lo anterior, se suma el visto bueno de los organismos de seguridad encargados de la operación, quienes hasta último momento tienen la facultad para detener el procedimiento.

18 de Agosto 2005 La Nacion

Conmutan pena a uno de los asesinos de Tucapel Jiménez

El Gobierno confirmó ayer que otorgó el indulto a Miguel Contreras Donaire, suboficial (r) del Ejército, condenado como uno de los autores del homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez, ocurrido en febrero de 1982.

El ex uniformado fue beneficiado con la modalidad de “Indulto de Conmutación de la Pena”. Luis Bates, ministro de Justicia, aclaró ayer que el beneficio se otorgó porque Contreras Donaire cumple con todos los requisitos para optar a él y que, según las normas, el indulto particular puede materializarse como remisión, conmutación o reducción de la pena.

El secretario de Estado señaló que tras haber cumplido “cinco años y siete meses privado efectivamente de libertad, cumplirá el saldo de 2 años 4 meses (de un total de ocho años) bajo sujeción a la vigilancia del Patronato Local de Reos. En consecuencia, el señor Contreras Donaire seguirá cumpliendo su condena, bajo la modalidad señalada”.

La familia del asesinado presidente de la ANEF cuestionó duramente la medida, calificándola como una “bofetada”.

Tucapel Jiménez Fuentes, hijo del ex dirigente, dijo que es “una bofetada no sólo a la familia, sino a los trabajadores de Chile, especialmente a los empleados públicos. Nosotros como familia nos oponemos a todo tipo de indulto. No le hace bien a la democracia que el Poder Ejecutivo interfiera en una decisión ya tomada por el Poder Judicial”.

Según se estableció judicialmente, Manuel Contreras Donaire fue uno de los que, el 25 de febrero de 1982, interceptaron al presidente de la ANEF cuando manejaba su taxi. Junto a él subió al vehículo Miguel Letelier Verdugo (suboficial retirado) y Carlos Herrera Jiménez, todos ellos ex integrantes del DINE. Finalmente, tras dirigir el vehículo hasta el camino El Noviciado, Herrera Jiménez le disparó en la cabeza y degolló a Jiménez.

 

18 de Agosto 2005 La Nacion

Familia de Tucapel Jiménez indignada por indulto a condenado: “Es una bofetada”

Como una "bofetada" calificó el hijo homónimo de Tucapel Jiménez, la conmutación de pena otorgada por el gobierno al suboficial en retiro Manuel Contreras Donaire, uno de los condenados por el homicidio del líder sindicalista.

Hablando en la sede de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Fuentes, acompañado del titular de dicha organización, Raúl de la Puente, criticó con dureza la medida confirmada durante la jornada desde La Moneda.

“Nos hemos enterado por las noticias, viendo al ministro del Interior Francisco Vidal explicando lo inexplicable”, dijo el primogénito del asesinado sindicalista, lamentando cómo se canalizó al información.

Tucapel Jiménez Fuentes remarcó que la noticia es “una bofetada no sólo a la familia, sino a los trabajadores de Chile, especialmente a los empleados públicos. Nosotros como familia nos oponemos a todo tipo de indulto. No le hace bien a la democracia que un poder del Estado, en este caso el Ejecutivo, interfiera en una decisión ya tomada por otro poder del Estado, como el Poder Judicial”.

Contreras Donaire quedará en libertad, pero no a través de un indulto presidencial, como primero comunicó el ministro del Interior Francisco Vidal, sino del otorgamiento de un beneficio penitenciario, como salió posteriormente a aclarar el vocero de Palacio, Osvaldo Puccio.

El beneficiado fue condenado a ocho años de presidio por el crimen de Tucapel Jiménez, pena que ha cumplido en su gran mayoría. El suboficial en retiro fue una de las personas que interceptó al presidente de la Anef y le dio muerte el 25 de febrero de 1982. Junto a él participaron en el homicidio Miguel Letelier Verdugo y Carlos Herrera Jiménez, todos ellos ex integrantes del DINE.

El ministro Puccio explicó que no se le concedió “un indulto presidencial, pues se trata de una decisión a nivel del Ministerio de Justicia en el cual a reos que cumplen ciertos requisitos de cumplimiento de pena se les conmuta el saldo de pena y ese saldo de pena se mantiene bajo la vigilancia de Gendarmería”.

Agregó que va en la línea de beneficios humanitarios, ya que “se trata de una decisión de un reo que cumplió los requisitos para acceder a este tipo de beneficios” y aclaró que el documento no lleva la firma del Presidente Ricardo Lagos.

Previamente, Puccio había sido consultado por la reacción que podría tener la familia de Tucapel Jiménez, y declaró al respecto que “vivimos en este país una situación traumática, donde muchos de nosotros fuimos víctimas de esa situación y creo que el país ha ido avanzando en un clima distinto. Los que luchamos por los derechos humanos, por un sistema democrático distinto, luchamos al mismo tiempo porque la ley se aplique a cabalidad y todos tengan acceso a los beneficios que esa ley otorga”.

Temen que sea un precedente

Jorge Mario Saavedra, el abogado de la familia de Tucapel Jiménez, advirtió que la conmutación de la pena a Contreras Donarire puede sentar un precedente para otros militares vinculados a atropellos de los derechos humanos durante la dictadura.

El jurista explicó que el beneficio al suboficial condenado está contemplado en la ley, y que Contreras Donaire solicitó el pronunciamiento del Ejecutivo considerando que ya había cumplido seis de los ocho años de condena.

Las condenas

El 9 de marzo del año pasado, la Corte Suprema confirmó la condena contra Manuel Contreras Donaire, Miguel Letelier Verdugo, el general (r) Ramses Arturo Alvarez Sgoglia y los brigadieres (r) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima a ocho años de cárcel. Junto a ello condenó al general (r) y auditor general del Ejército Fernando Torres a 800 días de pena remitida como encubridor del crimen, y a los generales (r) Hernán Ramírez Rurange, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y Hernán Ramírez Hald, director del Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE), a 800 días de presidio remitido en calidad de encubridores.

La Corte estimó que en el caso de Herrera Jiménez la pena sería de cadena perpetua, y en esa oportunidad también se liberó de responsabilidad al coronel Enrique Ibarra Chamorro y el agente civil Jorge León Alessandrini.

De acuerdo a los antecedentes aportados por la investigación del ministro Sergio Muñoz, Tucapel Jiménez fue interceptado por dos sujetos que simulando ser pasajeros abordaron su taxi y le pidieron que los trasladara hasta el camino Renca-Lampa. Se trataba del mayor (r) Carlos Herrera Jiménez y el suboficial Miguel Letelier Verdugo. Mientras, el suboficial Manuel Contreras Donaire los siguió en un automóvil Peugeot.

En Pudahuel, Herrera le ordenó detener el vehículo y le disparó, asestando también cortes con arma blanca, los tres huyeron en el Peugeot.

 

21 de Octubre 2007 La Nacion

Con la CNI puertas adentro

Sandra Contreras, una de las hijas del suboficial mayor (r) Manuel Contreras Donaire, indultado el 2005 por el crimen del dirigente de la ANEF, narró a LND los maltratos físicos y sicológicos que por años padeció su familia, viviendo casi como en un cuartel de la CNI. Luego de años de distanciamiento, el ex represor reapareció para pedir el divorcio de su esposa y reavivó la angustia de aquellos años.

Como el "Capitancito Montes", de Benedetti, el suboficial (r) Manuel Contreras Donaire también golpeó muchas veces y hasta el cansancio a sus hijos y su mujer. Pero "hace tanto, y en realidad tan poco, desde esos arranques", a decir del escritor uruguayo, que poco o nada debe quedar en la memoria de este ex represor, indultado el año 2005 por el entonces Presidente Ricardo Lagos, luego de un breve período preso como autor del asesinato del dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Tucapel Jiménez, perpetrado por la CNI en febrero de 1982.

No así para Sandra Contreras Pizarro, una de los cuatro hijos del primer matrimonio del militar en retiro. Tras un largo proceso de ir cerrando heridas, el fantasma de aquel padre golpeador ha vuelto a rondar su vida y la de su familia, desde que en abril de este año Contreras Donaire reapareció para solicitar el divorcio de su esposa, Leonor Pizarro, de quien se separó de hecho en 1988. La herida volvió a sangrar profusamente y Sandra no pudo contra ese pasado horroroso. Luego de casi 22 años de la última golpiza, esta auxiliar de farmacia de 37 años rompió el silencio para sacudirse del calvario que significó vivir con un represor puertas adentro.

Sandra está hoy sumida en una profunda depresión, con licencia médica, sometida a terapia y esclava de un cóctel de antisicóticos e inductores de sueño que guarda prolijamente en una caja plástica con las iniciales de cada día de la semana. A ratos extravía la mirada y luego cubre su rostro para contener el llanto, no sin dificultad, y revive los episodios de violencia que marcaron su infancia y la de sus hermanos. Imborrables, asegura, permanecen los días de quedar sangrando, tirados en el suelo por las bofetadas, los combos y las patadas que "papá" les propinaba por sentarse mal a la mesa, por seguir el mal ejemplo de la "maraca de tu madre"; a pito de nada, porque sí. Como si valga la ironía , tras la dura jornada en los cuarteles clandestinos, apenas diera para soportar a niños "malcriados", lloriqueando o andando de aquí para allá.

"Nuestra casa era un regimiento. En vacaciones, a las ocho de la noche, estábamos acostados. Para él, a los 30 años, nosotras recién podíamos pensar en casarnos. ¡Olvídate de fiestas! Nunca fuimos a paseos de curso, no había permiso. Nos golpeaba por lo que fuera y con lo que tuviera a mano. Si estábamos mal sentados a la mesa, en la calle, por lo que fuera " (se contiene para no llorar).

Esa fue la infancia de Sandra y sus hermanos. Niñez de tempranos tratamientos siquiátricos a base de anfetaminas, cuando ella apenas rondaba los ocho años. Toda una vida soportando a un monstruo, aterrorizados hasta orinarse, sometidos a un silencio que sólo se rompía cuando el suboficial lo ordenaba. Silencio que a pesar de las golpizas ella y su familia guardaron para no dañar la carrera militar del "papá", como aquel caluroso febrero de 1982, cuando asesinaron a Tucapel Jiménez, y "nos tuvieron encerrados en la villa militar, donde vivíamos. No tuvimos contacto con nadie durante una semana, más o menos".

El rigor y la disciplina extrema de un padre militar convirtieron a Sandra en un roble, como ella admite. Sin embargo, pese a ser hija de un hombre comprometido con la dictadura, ella nunca comulgó con el régimen. Y le costó caro: "Nunca estuve de acuerdo con los militares. Yo iba a la iglesia y por eso siempre él me trataba de comunista y era a la que más golpeaba".

Pero ese roble se ha desplomado justo cuando creía sepultado el amargo recuerdo y se aferraba al amor de su marido y sus tres hijas en un tranquilo barrio del lado poniente Santiago. "Teníamos que arrancar y escondernos. A mi mamá la golpeaba cuando estaba embarazada. Una vez, a mi hermana mayor la pilló fumando y nos sacó la cresta a todos. No te puedo decir que nos daba golpes de corriente, pero igual nos torturaba. Cuando se tranquilizaba, venía y empezaba: nunca más, perdón, mi negra fea, como me decía", cuenta.

Nayareth, la menor de las hijas de Sandra, sigue atenta el relato. Los ojos de su madre se humedecen y con un dejo de espanto atorado en el pecho sentencia: "Como hija de militar tengo rasgos. Yo era un roble, pero ese roble ahora se cayó por todo el daño que él me hizo. Esto me ha marcado para toda la vida", dice golpeando la mesa. La niña interrumpe: ¡que pague ese viejo !

En abril de este año, Manuel Contreras Donaire demandó el divorcio de Leonor Pizarro, ante el Tercer Juzgado de Familia de Santiago. En la demanda de divorcio, el ex dine apela al artículo 62 de la Ley de Matrimonio Civil y rechaza cualquier tipo de compensación económica a favor de su esposa, pues ésta, advierte, "desempeñó labores remuneradas" durante el tiempo que duró el vínculo.

Luego de la separación, en 1988, Contreras Donaire rehízo su vida con una joven mujer con la que entonces mantenía una relación extramarital. Con ella hoy tiene tres hijas. A partir de ese año, Sandra, su madre y sus hermanos dejaron la villa militar, en el paradero 4 de avenida Pajaritos, y perdieron todo contacto con el militar. Los hermanos de Sandra lo visitaron luego en la "cárcel", donde Contreras Donaire cumplió parte de los ocho años a los que fue condenado por el asesinato de Tucapel Jiménez.

"Cuando salimos de la villa militar mi madre tuvo que planchar y lavar ropas para pagar nuestros estudios, todo lo asumió ella. Él rehízo su vida y tuvo tres hijas a las que pagó la universidad. Por ser bueno en su trabajo fue premiado con viajes a la Antártica y Colombia. Hoy tiene una propiedad en Arica, se jubiló y no le dio un veinte a mi madre", asegura Sandra.

Agobiada, decidió buscar ayuda para enfrentar judicialmente a su padre y recurrió al diputado Tucapel Jiménez, hijo del asesinado dirigente de la ANEF. "Hola, soy la hija del que mató a tu padre", le dijo por teléfono. No fue fácil. Tampoco lo fue para el parlamentario. Jiménez no asoció de inmediato el apellido Contreras, sino hasta oír el dramático relato que la hija del asesino de su padre exponía con voz alterada del otro lado de la línea.

"Me contó su drama y no dudé en ayudarla. Yo siempre he mantenido una postura de entendimiento hacia los familiares de estos asesinos. Estas familias también fueron víctimas como nosotros. Ella puede contar conmigo en lo que sea necesario. Pero fue muy difícil. Es un tema delicado. Se trata de un sujeto que fue indultado, que además nunca cooperó ni mostró arrepentimiento alguno, sostuvo Jiménez a LND.

Sandra y su familia vivieron en un verdadero campo de concentración. Así, a secas. Una realidad que, de acuerdo a su relato, no era muy distinta a la de las otras familias de uniformados que habitaban la villa militar. Él en su hogar era el que mandaba. Y tal como en el Chile de aquel tiempo, en casa de los Contreras tampoco "se movía una hoja" sin que "papá" supiera. Como ocurrió cuando doña Leonor, hoy de 62 años, le comunicó el embarazo de la mayor de sus hijas y el CNI repartió combos y patadas a todos por parejo. Sandra era apenas una mocosa de 14 años.

"Ese día con mis hermanos estábamos en el segundo piso esperando que llegara, armados con un bate de béisbol, una raqueta de tenis y yo tenía una tijera. Cuando la mamá le contó, él la quedó mirando y le dijo: Claro, cómo no, si el ejemplo que le das maraca c y la golpeó , narra.

"Yo bajé y lo increpé. Me mandó un combo. Mis hermanos y mi mamá intentaron defenderme y comenzó a golpearlos. A la madrugada se puso a llorar y comenzó a preguntar por mí. Tenía una pistola en la mano y estuvo haciendo el show de que se iba a suicidar. Esa fue la primera vez que me desahogué, pero lo enfurecí y más me sacó la creta. A mí me pusieron hielo en el ojo y al día siguiente en el Hospital Militar tuve que decir que me había caído de la bici", agrega.

Sandra apenas conserva un par de las pocas fotografías en las que, como buen hombre de Inteligencia, Contreras Donaire se mostró. Las restantes dice haberlas destruido, como la triste imagen de aquel padre maltratador. "A mi papá lo maté a los 14 años. Hice mi vida, mi familia iba sanando las heridas, pero reapareció y dañó a mi mamá. Por él estoy perdiendo de trabajar, de ganar mi sueldo. Nadie me devuelve esto ni la salud que perdí, nos está matando. Soy una niña debajo de la mesa. Así me veo ahora, así era antes. Pero voy a salir adelante, estoy consciente", dice angustiada.

 

 

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