Cevallos Jones Edgar Benjamín

El juez de fuero Jorge Zepeda sometió a proceso a dos coroneles (R) de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) por el delito de aplicación de tormentos reiterados contra el ex ministro de Defensa y militante socialista José Tohá. Se trata de los ex uniformados Sergio Contreras y Ramón Cáceres, otrora asistentes del fallecido ex fiscal de la FACH Horacio Otaíza. Ambos fueron notificados este jueves por el magistrado, para posteriormente ser trasladados a un recinto de la rama de las Fuerzas Armadas, presumiblemente en la base aérea de Colina. El abogado de la familia Tohá, diputado Juan Bustos (PS), manifestó su plena satisfacción por el nuevo rumbo que toma la causa y previó que los próximos meses vendrán más encausamientos. Según estimó el representante, las imputaciones del magistrado Zepeda apuntarán a los autores materiales y cómplices de lo que calificó como el "homicidio" del ex titular de Defensa. Junto con resaltar la virtual retipificación de la causa de muerte de Tohá, explicó que éste mal podría haberse suicidado, considerando que su deteriorada condición física (47 kilos de peso y una estatura de 1,90 metros) se lo impedía. Según los antecedentes que proporciona el denominado Informe Rettig, el secretario de Estado del gobierno de Salvador Allende murió el 15 de marzo de 1974 en el Hospital Militar de Santiago. El día 11 de septiembre de 1973, Tohá fue detenido en el Palacio de la Moneda junto a un grupo de autoridades y colaboradores del gobierno depuesto. Posteriormente, fue trasladado junto a ellos a la Escuela Militar, desde donde pasó a la isla Dawson, lugar donde fue sometido a malos tratos reiterados y apremios ilegítimos por parte del personal militar que estaba a cargo del recinto. Con un estado de desnutrición crítico y una condición psicológica bastante deteriorada, el ex ministro acabó suicidándose en su habitación del hospital castrense, según argumentaron las autoridades de ese entonces a la familia.

Los motivos de Zepeda

En uno de los considerandos, en el cual Zepeda da cuenta de los antecedentes para procesar a los ex uniformados, establece que en la investigación no se encuentra acreditado el hecho de que Tohá se haya suicidado. Esto, porque el sumario a cargo de la Segunda Fiscalía de Ejército y Carabineros respectiva no fue adjuntada a este proceso, pues fue imposible encontrarla. Sin embargo, el magistrado sí estableció que Tohá estuvo privado de su libertad durante más de seis meses, sin que en ese prolongado período se haya instruido un juicio o se hayan formulado cargos en su contra. Junto con ello, determinó que durante su cautiverio fue objeto –por parte de agentes del servicio de inteligencia de la FACH- de actos “crueles y degradantes”, con el propósito de perjudicar su integridad psíquica y física. Indirectamente, establece en su documento el magistrado, los tormentos reiterados pretendían infundir temor a un sector de la población. Por otro lado, Zepeda confirmó que el ex ministro fue trasladado secretamente desde el Hospital Militar hasta el recinto de la Academia de Guerra Aérea para ser cruelmente interrogado, ya que se le consideraba “una fuente de información”. Estos apremios ilegítimos también se le aplicaron en el mismo recinto asistencial, “como lo comprueban los manuscritos descubiertos en la presente investigación, encontrados en la habitación donde Tohá murió”. Tales documentos habían sido confeccionador por el propio colaborador del Presidente Allende y por el agente que lo apremiaba y formulaba las preguntas por escrito.

La titular del 9° Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, dictó los dos primeros procesamientos en el marco de la querella por torturas interpuesta por cerca de 40 ex presos políticos que estuvieron recluidos en la Academia de Guerra Área (AGA) de la Fuerza Aérea durante el régimen militar. Así lo informó la abogada patrocinante de la acción judicial, Alejandra Arriaza, precisando que las encargatorias de reo afectaron al oficial (r) Edgar Cevallos Jones (alias "comandante Cabezas"), y al suboficial (r) de esa rama castrense, Ramón Cáceres Jorquera, por el delito de aplicación de tormentos reiterados. Estos ex uniformados serían sólo una parte de los imputados en estos hechos, que afectaron a cerca de 40 opositores al gobierno de facto, quienes estuvieron recluidos en el AGA entre 1973 y 1975. Esta acción judicial fue interpuesta en 2001 y es la primera que tuvo por objeto perseguir los delitos de tortura, como recordó Arriaza, quien indicó que los hechos están plenamente acreditados. En tanto, otras personas requeridas por el Codepu son Luis Enrique Campos Poblete, Sergio Contreras Mejía, César Palma Ramírez, Luis Fernando López López, Sergio Lizasoin Mitrano, Franklin Bello Calderón y el civil Leonardo Schneider Jordán, conocido como el  “Barba Schneider”.La profesional explicó que si bien el otrora comandante en jefe de la FACH Fernando Matthei fue director de la Academia de Guerra, no se encuentra acreditada su participación en los hechos que denuncian cerca de medio centenar de ex oficiales y suboficiales de la institución.

El ministro en visita Juan Fuentes Belmar aplicó a los miembros del Servicio de Inteligencia de las Fuerza Aérea de Chile (SIFA) la prescripción y falta de participación, liberando de cargos también al funcionario civil César Palma Rodríguez. La cúpula del denominado Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) quedó liberada de cargos en el juicio que se seguía en su contra por el secuestro del ex militante del Partido Comunista (PC) Carol Flores Castillo y el asesinato del miembro del Comando Conjunto, Guillermo Bratti Cornejo.Esto último luego de que el ministro en visita Juan Fuentes, el mismo que investiga el asesinato del cantautor Víctor Jara, desechara los cargos que pesaban contra los seis militares involucrados en estos crímenes además del funcionario civil César Palma Rodríguez. Se trata de los generales (R) de la FACh Edgar Cevallo Jones, Roberto Serón Cárdenas, Juan Luis López López, Freddy Ruiz Bunguer, Juan Saavedra Loyola y Daniel Guimpert Corvalán. A los tres primeros se los liberó porque el magistrado estimó que hubo falta de participación, mientras que al resto le aplicó la prescripción de la acción penal. Lo mismo decretó respecto del civil. Este fallo dejó preocupados a varios organismos vinculados a los derechos humanos, sobre todo porque el criterio de caducidad de la acción penal fue aplicado por el juez que actualmente indaga el crimen de Víctor Jara así como otras indagatorias ligadas a delitos de lesa humanidad. Fuentes de la causa indicaron que esta sentencia será apelada a la Corte para que se condene a los responsables. El magistrado en la misma línea desestimó las demandas indemnizatorias para los familiares de las víctimas, acogiendo de la misma forma la prescripción de la acción civil para las familias de Flores y Bretti. Carol Flores Castillo fue militante del PC hasta 1974. Ese año fue detenido junto a sus hermanos y trasladado hasta la Academia de Guerra Aérea (AGA). En este recinto, ocupado por organismos represivos de la dictadura, habría sido brutalmente torturado y luego liberado. Testigos, en el informe Rettig, declararon que tras este episodio Flores comenzó a colaborar con la SIFA delatando a compañeros del PC, lo que coincide con una serie de detenciones a militantes comunistas durante esta época. Sin embargo, en junio de 1976 desaparece. El ex miembro de la FACh, Andrés Valenzuela Morales, declaró en el proceso que supo que miembros de la SIFA llevaron a Flores hasta el Cajón del Maipo y se deshicieron de su cuerpo. Esto último pues se habrían enterado que éste le entregaba información a la DINA de lo que hacía el comando. Ello molestó profundamente a los encargados de la AGA. La misma conducta, según este testigo, se le imputó al oficial Guillermo Bratti, víctima de este caso judicial.Ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Andrés Valenzuela señaló que tanto Flores como Bratti fueron ejecutados porque existía la "versión de que habían entregado información que poseíamos, a la DINA, la que efectuó operaciones perjudicando a nuestra agrupación (Comando Conjunto). La DINA, según los dichos de los agentes detenidos, les habría ofrecido más dinero, vehículo y casa".

Libertad vigilada por tres años y un día.

Esa es la sentencia que la Corte Suprema aplicó a los dos oficiales superiores de la Academia de Guerra Aérea de la FACh como responsables de las torturas de 17 personas, tras el golpe militar en 1973.

Se trata de del comandante (R) de la FACh Edgar Cevallos Jones y al comandante de escuadrilla (R) Ramón Cáceres Jorquera. La Corte Suprema, en todo caso, reconoce por primera vez que las torturas son un crimen de “lesa humanidad” y rechazó aplicar la prescripción, por tres votos contra dos. Cevallos Jones, además, deberá pagar a cada una de las víctimas 10 millones de pesos como indemnización a las víctimas

La Academia de Guerra Aérea (AGA) fue uno de los primeros centros de tortura establecidos tras el golpe militar de 1973 y la cuna del Comando Conjunto, organismo encargado de exterminar al Partido Comunista.

En las dependencias de Las Condes se realizaron consejos de guerra en contra de aviadores leales a la Constitución y al Presidente Allende. Las numerosas condenas incluyeron la cadena perpetua y la muerte. Una parte importante de ellas luego fueron conmutadas por extrañamiento. El actual subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, y el general Alberto Bachelet pasaron por la AGA. En ese tiempo, el padre de la Presidenta de la República tenía 51 años y tres hijos.

Bastó su rol de secretario de la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización durante la Unidad Popular para justificar su detención, marcada por la brutal tortura ejercida por sus ex alumnos. Debido a su pésima condición de salud, derivada de los tormentos, el general fue trasladado al Hospital de la FACh. Murió el 12 de marzo de 1974 en la Cárcel Pública. Aunque por la AGA circularon más de 700 detenidos, la mayor parte miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el recinto no desarrolló la triste celebridad de instalaciones similares a cargo de la DINA.

Sin embargo, sendas querellas interpuestas en 2001 y 2002 por ex miembros del MIR y aviadores detenidos en la AGA, a las que se sumó una demanda civil indemnizatoria, acaban de construir un hito en materia de derechos humanos. Hace casi un mes, la Corte Suprema reconoció estas torturas como crímenes de lesa humanidad y obligó a pagar 10 millones de pesos por víctima a uno de los condenados. Pese al carácter histórico de la decisión del máximo tribunal, el fallo no dejó completamente conformes a los querellantes. Se logró la indemnización económica, pero la condena penal fue baja y favoreció sólo a 17 víctimas, de un total de 46 denunciantes originales. Además, sólo dos funcionarios que operaron en la AGA fueron encontrados responsables: los coroneles (R) Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres Jorquera.

Duro trámite

Fue un proceso complejo. La causa llegó a manos del ministro Eduardo Fuentes Belmar en junio de 2005. El 9 de septiembre de ese mismo año se declaró incompetente, aduciendo que, como los delitos fueron cometidos por personal y dentro de un recinto militar, le correspondía investigar a la justicia militar. La parte querellante apeló a la decisión del tribunal civil, al estimar que esta instancia no daba garantías de independencia e imparcialidad. De todas formas el ministro traspasó la causa el 22 de septiembre a la justicia castrense. Sin embargo, el 28 de ese mes, esta instancia se declaró igualmente incompetente, generando un conflicto que fue dirimido por la Corte Suprema, que resolvió que la causa siguiera en manos de Fuentes. Los testimonios de los detenidos, recogidos en la investigación, dan cuenta de la brutalidad con que operaron los funcionarios de la AGA, repartición que poco tiempo después se organizaría como Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea y luego derivaría en el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), principal integrante del Comando Conjunto. Según las declaraciones de los detenidos en la AGA entre 1973 y 1975, tanto Cevallos como Cáceres eran parte fundamental de un grupo bestial de torturadores. El entonces coronel de Aviación, Augusto Galaz Guzmán, declaró que el 14 de septiembre de 1973 fue detenido desde su oficina en el Ministerio de Defensa junto al actual subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, el general Bachelet y el coronel Rolando Miranda. Luego de llevarlos a la Fiscalía de Aviación y a la Base Aérea de Colina, donde fueron interrogados, los trasladaron en conjunto a la AGA. En el proceso, Galaz señaló que se les mantenía con capucha “durante el interrogatorio, levantándonos con cordeles colocados entre las piernas, aplicando agujas en el nacimiento de las uñas de las manos y dándonos golpes de puño en el rostro”. Galaz agregó que Cevallos y Cáceres estaban a cargo de los maltratos. No fue difícil reconocerlos: ambos habían sido alumnos suyos en la Escuela de Aviación. De acuerdo a la condena en primera instancia, dictada en 2006 por el ministro Fuentes, tanto miembros de las Fuerzas Armadas como sujetos pertenecientes a grupos de izquierda, contrarios al régimen militar, fueron detenidos en la AGA. Eran mantenidos con la vista vendada en un subterráneo e interrogados por miembros de la FACh. “Y en ocasiones eran sometidos a diversos apremios sicológicos o físicos, consistentes estos últimos en mantenerlos constantemente con la vista vendada, con piernas o brazos flectados; pasándoles un palo entre sus extremidades y dejándolos suspendidos en el aire (pau de arara); aplicándoles descargas de corriente eléctrica en partes sensibles del cuerpo, tales como lengua, órganos genitales, sienes; obligándolos a permanecer de pie durante muchas horas o días sin suministro de agua o comida; sometiéndolos a simulacros de fusilamiento”, señala la condena de primera instancia. Fuentes dictaminó, tanto para Cevallos como para Cáceres, una pena de 541 días con presidio remitido. No consideró que los delitos cometidos fueran de lesa humanidad, sino que los enmarcó dentro del artículo 150 del Código Penal, que describe los apremios ilegítimos. El ministro aplicó al máximo las atenuantes esgrimidas por los culpables. El argumento del ministro para aplicar este castigo fue la irreprochable conducta anterior de los imputados, sin anotaciones penales. Respecto de Cevallos Jones, la condena señala que “dicha atenuante será considerada como muy calificada, toda vez que en su comportamiento pretérito se dan especiales connotaciones, como lo son su calificada preparación profesional, espíritu laboral y ejemplar comportamiento social. En efecto, de los antecedentes del proceso aparece que el encausado es titulado como ingeniero aeronáutico y cumplió satisfactoriamente toda su carrera en la Fuerza Aérea”. En cuanto a Cáceres Jorquera, el ministro Fuentes consideró una atenuante muy calificada su permanencia en la Aviación durante treinta años y que haya cursado un magíster en ciencias políticas y un postítulo en Economía de Guerra, todo sumado a sus “armoniosas relaciones familiares”. El coordinador del Grupo de Prisioneros de Guerra FACh y torturado en la AGA, Mario González (ver entrevista), considera que el argumento de Fuentes queda en cero “desde el momento en que dan el primer golpe a un indefenso detenido, sin siquiera considerar si eran hombres o mujeres, luego aplicando electricidad. Hubo premeditación y un proceder reiterativo. Por eso, acá no corre la intachable conducta anterior en la institución ni tampoco sus estudios posteriores”, critica. En esta misma línea, la Corte de Apelaciones, en fallo del 6 de noviembre de 2008, además de subir las condenas de ambos a tres años, aún con presidio remitido, desestimó este argumento por no encontrarse debidamente acreditado. Con respecto al pago de indemnización en contra de las víctimas, el ministro Fuentes eximió de esta responsabilidad al Consejo de Defensa del Estado y a Ramón Cáceres, entre otros aspectos, debido a que el plazo para iniciar acciones legales por este concepto vence a los cuatro años, lo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones y la Suprema. Cevallos tendrá que pagar a las víctimas exclusivamente porque su defensa no contestó la demanda civil a tiempo. Si no fuera por ese error legal, nadie recibiría un peso por las consecuencias de su traumático paso por la macabra AGA de Las Condes. Según el registro de Dicom, Cevallos posee dos bienes a su nombre, avaluados fiscalmente en 200 millones de pesos. Hace unas semanas, sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema no sólo confirmó la sentencia de segunda instancia que subió las penas de Cevallos y Cáceres a tres años con presidio remitido. También agregó que “de acuerdo a los antecedentes reunidos durante la indagación, es procedente concluir que se está en presencia de lo que la conciencia jurídica ha dado en denominar delitos contra la humanidad”. De esta forma, este fallo es el primero en que el máximo tribunal reconoce las torturas como delitos de esta índole. Federico Aguirre, secretario ejecutivo de la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), organización querellante, destaca que esta causa sienta un precedente para otras similares, pero “consideramos que las penas impuestas no se condicen con el daño ocasionado. No son proporcionales al atentado grave a la integridad física y síquica que importa el crimen de tortura”. A pesar de que Fuentes Belmar sólo procesó a Cevallos y Cáceres en la causa de torturas de la AGA, en el caso de la desaparición de José Luis Baeza Cruces y el crimen de Alfonso Carreño Díaz, ambos ocurridos en el recinto, la Corte de Apelaciones decidió en 2006 procesar a nueve miembros de esa repartición por el delito de asociación ilícita genocida. Esto, luego de que el ministro Fuentes, quien también lleva esta causa, se negara a hacerlo luego de la solicitud del Programa de Derechos Humanos. Actualmente, la causa está en la etapa previa a la sentencia de primera instancia.

“Resulta increíble la posición de la justicia”

Mario González, coordinador del grupo de prisioneros de Guerra FACH -¿Quiénes estuvieron con el general Bachelet en sus últimos momentos? -Prácticamente todo el personal de la FACh procesado en la Región Metropolitana de esa época estuvimos en la Cárcel Pública junto al general Bachelet, quien muere el 12 de marzo de 1974, después de un largo día de interrogatorio en la AGA. -¿Le tocó a usted o a sus compañeros cuidarlo? -La mañana en que él se sintió mal, todos nos dimos cuenta de su estado cuando se retiró a su celda a descansar. Estuvimos atentos a todo lo que sucedía. Antes de mediodía, ya se sabía por Álvaro Yáñez, nuestro médico, también preso, que el general estaba muriendo por un ataque al corazón. -¿Qué sienten como cuerpo de ex aviadores respecto de la condena aumentada a 3 años, pero con pena remitida, igual que la de primera instancia? -Consideramos que las penas impuestas y la confirmación de ellas por el máximo tribunal es insuficiente. Primero, por la gravedad del delito, que está tipificado como apremio ilegítimo y no como tortura. Y los tres años, que son con pena remitida. Pero estamos contentos, ya que se comprobó que hubo tortura para sacar confesiones falsas en los procesos y consejos de guerra implementados como forma de atemorizar al resto del personal de la Fuerza Aérea. -¿Qué le parece que sólo en el caso de algunos de ustedes se hayan acreditado las torturas? -Aquí consideramos que hubo un grave error y que es totalmente discriminatorio. El ministro buscó secuelas de tortura y no la tortura como tal. Pasados tantos años, es difícil de encontrar secuelas físicas. En muchos de nosotros no las encontró o se desentendió, en circunstancias que existen certificados médicos de la fecha en que constan los efectos de los procedimientos que usaron los torturadores. -¿Por qué cree que se condenó sólo a dos de los autores de los delitos de tortura? -Resulta totalmente increíble la posición de la justicia. Este personal era parte de un sistema represivo creado por la FACh para desarticular, según ellos, todo un grupo que estaría dedicado a complotar en contra del mando institucional y que contaría con agentes civiles cercanos al gobierno y partidos políticos, haciendo un trabajo de infiltración a la FACh con el fin de dar un autogolpe, Plan Z y otros más con ese objetivo. -Ustedes, como aviadores, tienen una acción judicial ante la Corte Interamericana de DDHH, ¿en qué está? -Como Grupo Prisioneros de Guerra FACh tenemos una presentación en la CIDH desde 2003, acusando al Estado de Chile por denegación de justicia, por el rechazo de la Corte Suprema a nuestra solicitud de revisión del consejo de guerra en contra de Bachelet y otros. Esta presentación fue admitida y estuve como coordinador en Washington en una audiencia concedida por dicha comisión. Se llamó a las partes para llegar a una solución amistosa en octubre de 2007, pero no ha sido posible llegar a buen puerto por la falta de interés del gobierno para resolver nuestra solicitud de reparación por el daño causado

Es un avance sin duda, señalar y sancionar a los torturadores que operaban bajo el amparo de la dictadura militar, ojala también que esto sea el inicio de un proceso de identificación y de llevar a la justicia a todos quienes se apoderaron de la las instituciones militares, en este caso de la Fuerza Aérea, para cometer uno de los actos mas repudiables, la traición, el asesinato y la tortura en contra de personas inocentes a nombre de la libertad y del deber militar. Que no sea esto un intento mas frustrado, son muchas las expectativas de justicia, de que estos temas que se relacionan a los torturadores, a las violaciones a los derechos humanos, no sigan siendo negociables con fines políticos o para mantener la impunidad. A los chilenos nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo con la ley de amnistía de 1978 que protege a cientos de militares y civiles autores o encubridores de lo que paso en Chile, se nos impuso. Es tiempo que estos temas salgan de los cuarteles y de los salones del congreso, haciendo de ello un gran debate nacional al cual tenemos derecho. En Chile la democracia recortada que vivimos no permite participar en las decisiones, por eso ya es tiempo que se escuche la opinión ciudadana sobre el amplio espectro de los derechos humanos. Desde siempre hemos sostenido que deben ser los altos mandos militares, los oficiales superiores y subalternos, el personal de cuadro permanente involucrados, dirigentes políticos y empresarios que se coludieron para conspirar en contra de un gobierno legitimo y democrático, quienes deben responder por sus actos ante la justicia. Hoy se ha corroborado una verdad pendiente, que los ex Coroneles Edgard Ceballos y Ramón Cáceres torturaron al General Bachelet y que son culpables de su muerte, que hicieron lo mismo con un centenar de sus ex compañeros de armas, quienes nos opusimos al golpe de estado y que la FACH se transformara en una institución al servicio de políticos y empresarios ambiciosos tanto nacionales como extranjeros. La justicia sabe que en la Academia de Guerra había otros torturadores, el ahora General Gabrielli, el entonces Comandante de Escuadrilla Piloto Jaime Lavín Fariña, los Capitanes de Bandada Pilotos Álvaro Gutiérrez, Víctor Mettig, León Duffey, Florencio Dublé, Juan Carlos Sandoval y el Teniente Dumont. Los suboficiales Sargento de Aviación Hugo Lizana, el Cabo de Aviación Gabriel Cortes entre otros. También sabe que en diciembre de 1973, el director de la Academia de Guerra Aérea era el General Fernando Mathei, del centro de detención y tortura mas conocido de le época. Y que este general estaba a la cabeza del recinto militar durante el periodo en que el General Alberto Bachelet y nosotros ex miembros de la Fach fuimos torturados en ese lugar. No sé si habrá cobardía más grande que la de ocultarse detrás del uniforme militar, del poder o de la obediencia debida y de las leyes de amnistía, para justificar o cometer violaciones, torturas crueles, infringidas a personas maniatadas o los asesinatos clandestinos. Para hacer esto sus autores se han justificado en que sostuvieron una guerra en contra del comunismo y del marxismo, lo que se ha comprobado es falso, que los enfrentamientos no pasaron de ser algunos focos de resistencia valiente y heroica al poder de fuego de las FFAA en contra de un pueblo indefenso. En premio a “los combates” que todos estos valientes soldados libraron en las cámaras de torturas, con enemigos maniatados, maltratados y desarmados se pusieron cientos de medallas al pecho y se condecoraron entre ellos, algunos bendecidos por la iglesia, alimentando el ego falso del deber cumplido. Es bueno recordar a estos señores que el cumplimiento del deber militar y el honor, los valores militares, el patriotismo son conceptos que se materializan y comprueban en la vida real, en la práctica del quehacer militar. Que los militares valen por lo que valen sus valores y la manera de como los viven, cuyo ejemplo está en la figura del General Alberto Bachelet, de los Suboficiales Enrique Reyes e Ivan Figueroa entre otros. Por eso es que con orgullo reivindicamos lo que hicimos, fueron estos torturadores quienes nos acusaron de traición a la patria y de faltar a los deberes militares, porque propagamos la libertad de pensar como parte del profesionalismo militar, la libertad de conciencia para ejercer el mando y obedecer sobre la base de la disciplina consciente, identificándonos con el respeto a quienes soñando con su libertad, eligieron responsable y pacíficamente a Salvador Allende como Presidente. Creemos que es tiempo que las Fuerzas Armadas miren su historia, lo bueno y lo malo de sus actuaciones, porque necesitan reivindicarse con la base de su potencial combativo, que es su relación con el pueblo chileno. Rescatar esa identidad necesaria pasa por reconocer el periodo en el cual las Fuerzas Armadas fueron instrumentos del terrorismo de estado ejercido por una dictadura militar. Una acción noble que permitiría de una vez por todas que muchas familias conozcan el paradero de sus seres queridos desaparecidos, lo que facilitaría reconstruir la identidad entre los chilenos y su ejército. Como lo hemos afirmado antes, la historia de Chile no se puede cortar en dos, entre la realidad actual y la de esa época, porque ambos periodos corresponden a un proceso y son la base de una explicación coherente del porque aun somos un país dividido. Por eso reconocemos la importancia de lo que ha hecho la justicia al identificar y juzgar a los ex Coroneles Ceballos y Cáceres, porque no se sigue el camino del olvido, que como se ha demostrado no ayuda a nadie, por el contrario, es una equivocación histórica que le hace mucho daño al país. Sobre todo a los jóvenes chilenos, quienes sin haber vivido esta etapa difícil y muy dura, son víctimas directas o indirectas de ella, por la cual continúan condenados a vivir en un país dividido. Es muy importante también porque al haber justicia, eso nos permite a los chilenos entrar al futuro, leyendo nuestro propio pasado. Y eso si que permitirá que la sociedad en su conjunto se haga un juicio de los hechos y decida el rumbo a seguir sobre este delicado tema. Pero aun falta y hay que avanzar en este esfuerzo, fallos judiciales como este en ningún caso alteran el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, por el contrario abren un camino necesario para establecer el reconocimiento institucional de los hechos pasados y de las responsabilidades en cada uno de los casos investigados. Las generaciones mas jóvenes de militares tienen el derecho a conocer la historia de su país, que Oficiales del ejercito no solo torturaron a sus compañeros de armas, sino que asesinaron al General y Comandante en Jefe del Ejército Rene Schneider para impedir que Allende asumiera el gobierno en 1970. Tienen que saber que oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas asesinaron al General Carlos Prats, a Ministros del Gobierno de la Unidad Popular, José Toha, Orlando Letelier. Que el Comandante de la Fuerza Aérea de Chile, Gustavo Leigh, ordenó el bombardeo a La Moneda y a la casa presidencial con el objetivo de asesinar a Salvador Allende y que son responsables de que más de cuatro mil chilenos fueran asesinados y que muchos de ellos continúen desaparecidos. Desde hace bastante tiempo hemos manifestado que fuimos testigos del desenlace de una historia que intentamos denunciar y de una ofensiva militar a la cual intentamos oponernos. Por ello es que podemos dar fe que la Fuerza Aérea de Chile, conducida por Leigh y compañía, formaron parte de un plan de guerra y esta asumió la responsabilidad de bombardear La Moneda, para que luego en tierra el ejército con las fuerzas de Infantería, terminaran la tarea de liquidar todo vestigio de resistencia “del enemigo“. Hemos denunciado que los aviones Hawker Hunter cumplieron una misión de bombardeo táctico cuando atacaron el Palacio de Gobierno, el mas importante símbolo de la democracia en Chile, asumiendo que allí estaban atrincheradas “las tropas enemigas” y el puesto de mando del gobierno de Allende, con la misión de aniquilarles. Hemos afirmado también que para ejecutar esta misión tuvieron que tener un plan previo y estudiado, además de practicarlo, lo que demuestra no solo la conspiración, sino que esa acción fue planificada con la misión explicita de asesinar a Salvador Allende y a todos los que estaban resistiendo en el palacio presidencial. Si alguien tiene dudas de esto que revise los informes periodísticos de la época, los aviones descargaron los cohetes sobre el Palacio presidencial, uno entró por una ventana al salón presidencial y el otro hizo impacto en el techo de un pasillo en el segundo piso y en total, pasaron en vuelo rasante ocho veces descargando 18 cohetes en 20 minutos. Hoy la justicia sabe que las practicas del bombardeo a la Moneda la realizaron en Cerro Moreno y que participaron el entonces Teniente Ernesto Amador González Yarra y al Teniente Fernando Rojas Vender, el Capitán Eitel Von Mühlenbrock y el teniente Gustavo Leigh Yates, hijo del comandante en jefe de la FACH y miembro de la junta militar. Sin embargo los que aun viven de este grupo de Oficiales, han declarado a la justicia y se han negado a reconocer su participación alegando secreto de honor. Declaraciones que son una ofensa y un insulto a nuestra inteligencia, olvidan estos señores que nosotros somos testigos vivos de sus tropelías y que sabemos que actuaron de forma premeditada y consiente, haciendo uso de todo el poder de fuego contra enemigos creados por ellos para justificar sus acciones. Los oficiales y suboficiales que participaron en todas las operaciones previas, durante y posteriores al golpe militar, fueron parte de la declaración de guerra demencial, que las FFAA hicieron en contra de los partidarios del gobierno de la Unidad Popular, enemigos que como lo hemos dicho, no eran capturados en combate, sino que se trataba de ciudadanos y ciudadanas chilenos (as) comunes y corrientes sacados (as) de sus casas y llevados a distintos cuarteles militares, maniatados con capuchas en sus cabezas para luego ser cruelmente torturados (as) y maltratados (as). Estos oficiales subalternos en esa época se sienten orgullosos de lo que hicieron sentimiento que comparte el General Mathei, ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, el que se siente honrado, como lo declaro hace un tiempo atrás “ de haber participado en el gobierno militar, como ministro y como miembro de la Junta de Gobierno”. Es tiempo entonces de que la justicia ayude a Chile a desenmascarar tanta mentira e hipocresía, son muchos los testigos y los antecedentes que permiten avanzar en este aspecto tan importante y decisivo para la convivencia nacional. Las Fuerzas Armadas de hoy deben asumir la obligación moral ante la nación y reconocer sin medias tintas, los hechos contra la dignidad del hombre cometidos por integrantes de nuestras instituciones durante la dictadura militar. Durante ese periodo la Fuerza Aérea fue parte y se involucró en el terrorismo de Estado y montó centros de torturas en sus unidades militares y bajo su jurisdicción. El mas importante fue la Academia de Guerra Aérea, una situación compartida y aceptada por los altos mandos institucionales y a través de ellos, traspasado a toda la cadena de mando de la institución. Este es un tema que debiera despertar el interés académico y de los juristas al calor de este tipo de juicios post dictadura, vinculados con los programas de exterminio llevados a cabo por personas como los dos enjuiciados recientemente. La profusa cantidad de documentación y testimonios que se hicieron públicos en los dictámenes de las comisiones Retigg y Valech, además de todo lo recopilado en la propia ONU, en Animista internacional, muestran al mundo una compleja burocracia estatal puesta casi exclusivamente al servicio del crimen y la tortura, es decir del terrorismo de estado. Habiendo sido parte de la estructura de las FFAA afirmamos que esas evidencias demuestran también, el grado de responsabilidad de sus ejecutores. SI partimos de quienes ejecutaban de propia mano los asesinatos, en la Academia de Guerra Aérea por ej. y ascendemos a través de la cadena de mandos de la estructura organizativa del ejercito y la dictadura, hasta llegar al propio Pinochet, a medida que nos alejamos de los ejecutores, aumenta no sólo la responsabilidad por los hechos, sino también el dominio acerca de la decisión de lo que dio en llamarse guerra en contra del marxismo. Por el contrario a medida que se desciende por la cadena de mando, el dominio sobre la concreta configuración de los asesinatos va en aumento, hasta llegar a los que tenían a su cargo cuidar a las víctimas o conducirlas a los recintos militares de tortura y muerte. Por ultimo las complejas cuestiones que están vinculadas con este tema, se manifiestan ante todo respecto de la criminalidad estatal, dado que la estructura propia del Estado, con sus enormes recursos económicos y humanos, y sus cadenas de funcionarios conformadores de una gigantesca burocracia resulta ser la organización que se adaptó y se puso al frente de todo esto. Es necesario acotar también que tratándose de una organización criminal de esta envergadura, la realización del delito en modo alguno depende de los ejecutores singulares solamente. Ellos ocupan una posición subordinada en el aparato de poder, son intercambiables, y no pueden impedir que el hombre de atrás, el “autor desde las sombras”, alcance el resultado, ya que es éste quien conserva en todo momento la decisión acerca de la consumación de los delitos planificados. Por eso es que en nuestro país hay unas cuantas verdades no dichas y unos cuantos simpatizantes y funcionarios de la dictadura que tratan de lavar su imagen, ya sea afirmando que votaron por el NO en 1989 o tomando distancia de lo que ellos mismos propiciaron. Esta pendiente enjuiciar a los que tuvieron el poder en Chile desde 1973 y encabezaron un esquema de terrorismo de estado contra quienes ellos consideraban eran enemigos del régimen, para condenarlos como autores mediatos con relación a los homicidios, secuestros, torturas y robos que en cada caso fueron comprobados. En el caso de Chile los integrantes de la Junta Militar primero y del gobierno militar en su conjunto, mantuvieron siempre el dominio sobre los ejecutores y deben responder como autores mediatos de los delitos cometidos. También es cierto que construyeron un aparato de poder paralelo al formal, basado sobre la estructura militar y que ordenaron a través de la cadena de mandos tanto de las fuerzas militares como de seguridad del Estado, pasar a actuar en la ilegalidad sirviéndose de ese aparato clandestino; no sólo eso, garantizaron a los cuadros no interferir en su accionar, y lo más importante, les aseguraron la impunidad de su actuación por todos los medios a su alcance. Desde el Centro de Estudios de Exonerados de la Fuerza aérea 1973, seguiremos aportando a que la verdad se encuentre con la justicia. Tenemos la estatura moral para hacerlo, fuimos leales a nuestro juramento y con nuestro pueblo.

El juez Mario Carroza dictó condena contra los coroneles en retiro de la FACH Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera por el delito de tortura en contra del general Alberto Bachelet, padre de la Presidenta de la República.

Según un informe del Servicio Médico Legal (SML), el General Bachelet falleció a causa de los apremios ilegítimos que sufrió tras ser detenido y acusado de traición a la patria luego del golpe de estado encabezado por el dictador Augusto Pinochet en 1973. Tras ser detenido, Alberto Bachelet fue derivado a la cárcel pública y periódicamente era trasladado a Academia de Guerra donde era torturado a diario exigiéndole información relacionada con el gobierno de Salvador Allende.

El general Bachelet falleció finalmente a la edad de 50 años a causa de un paro cardíaco respiratorio el 12 de marzo de 1974. Los condenados Jones y Cáceres deberán permanecer tras las rejas por un período de tres años.

La justicia dictó condenas contra de militares en retiro imputados por las torturas a los diputados Guillermo Teillier y Sergio Aguiló, ocurridas cuando fueron detenidos durante el régimen de facto de Augusto Pinochet (1973-1990).

El ministro en visita Miguel Vásquez condenó a los oficiales retirados de la Fuerza Aérea de Chile, Edgardo Ceballos Jones y Franklin Bello, como autores de apremios ilegítimos contra de Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista.

Las torturas al diputado comunista ocurrieron a fines de 1974, cuando permanecía detenido en la Academia de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea de Chile (Fach).

Por esto, el magistrado sentenció al coronel Ceballos Jones a 27 años de cárcel y al oficial Bello a cinco años de presidio.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en decisión dividida, ratificó la condena por las torturas aplicadas al diputado de la Izquierda Ciudadana, Sergio Aguiló Melo, cuyos hechos ocurrieron en diciembre de 1981 en un cuartel de la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI).

Las penas de 3 años de presidio afectan al ex director de la CNI, el general retirado Roberto Schmied Zanzi, y a los ex agentes Alejandro Morel Concha, Álvaro Corbalán Castilla y Manuel Gallardo Sepúlveda.

Se confirmaron las penas de 61 días de presidio para los ex agentes de la CNI, Carlos Contreras Ferrada y Sergio Díaz Lara. En todas las condenas se posibilitó el beneficio de la remisión condicional.