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Lautaro Eugenio Castro Mendoza

                                                                                                                      Capitán de Carabineros
Jefe de la Tenencia de Isla de Maipo

El 7 de octubre de 1973 por carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo a cargo del Capitán Lautaro Eugenio Castro Mendoza, procedieron a la detención, tortura y posterior asesinato de 15 personas de la comunidad rural de Isla de Maipo.
Este crimen, que conmovió a la comunidad chilena e internacional tomo relevancia en noviembre de 1978, cuando los cadáveres de las 15 personas fueron encontrados escondidos en una mina de cal abandonada en la localidad de Lonquen.
El caso ha sido conocido como “los hornos de Lonquen”.

Las victimas de este alevoso crimen son: Sergio Maureira Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel; Oscar Hernández Flores y sus hermanos Carlos y Nelson; Enrique Astudillo Álvarez y sus dos hijos Omar y Ramón; y los cuatro jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro.

Los carabineros que golpearon y luego asesinaron a estas personas son: Capitán Lautaro Eugenio Castro Mendoza, y a los carabineros, Juan José Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, Manuel Enrique Muñoz Rencoret, Jacinto R. Torres González, Eugenio David Coliqueo Fuentealba, José Luis Belmar Sepúlveda, Justo Ignacio Romo Peralta, Héctor Vargas y Pablo Llancupín.

Con anterioridad, el 14 de Septiembre 1973 carabineros de la misma Tenencia detuvo, torturo y fusilo a do personas del área.
Las dos victimas, Guillermo Bustamante y Juan de Dios Salinas fueron ejecutadas el 14 de Septiembre 1973 en el Puente Naltagua, lugar donde se les disparó a estos campesinos y luego fueron lanzados a las caudalosas aguas del río Maipo.

Los carabineros criminales que ejecutaron a estas dos personas son: Sargento Emeterio Bravo Moraga, Cabo 1ro Moisés Aguilera Sandoval y los carabineros Eugenio David Coliqueo Fuentealba y Justo Ignacio Romo Peralta

Fuentes: La Nación, El Mostrador, Libro “Lonquen: toda la verdad”, Libro “Lonquen”, Archivo Memoriaviva
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29 de Junio 2007 La Nación

Capturado en Valparaíso responsable de la matanza de hornos de Lonquén

La Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAE) de la Policía de Investigaciones capturó ayer, en Valparaíso, al mayor (R) de Carabineros Lautaro Castro (61), quien fuera jefe de la tenencia de la policía en Isla de Maipo, al sur de la Región Metropolitana, cuando pocos días después del 11 de septiembre de 1973 ordenó la detención y fusilamiento de 17 campesinos.

Del total de prisioneros 15 fueron asesinados sin ningún tipo de procedimiento legal e inhumados ilegalmente en los hornos de Lonquén. Los otros dos, fueron ejecutados en el puente Naltahua.

Reapertura

Antes de asumir como ministra de la Corte Suprema, Margarita Herreros integraba la Corte de Apelaciones de San Miguel. En ese tribunal estaba a cargo de los crímenes cometidos en la localidad rural. Hasta el año pasado, el proceso por las muertes de Lonquén estaba cerrado, por aplicación de la Ley de Amnistía. Sin embargo, la causa por la muerte de los dos campesinos en el puente Naltahua había sido reabierta.

Las víctimas son Juan de Dios Salinas Salinas y Guillermo del Carmen Bustamante Sotelo. Ambos de 29 y 39 años, respectivamente, eran obreros agrícolas y fueron detenidos el 14 de septiembre de 1973 por una patrulla de Carabineros, acompañada por el dueño de los terrenos colindantes que había actuado como delator.

Desde esa fecha en adelante nunca más se supo de su suerte. Sólo se sospecha que fueron enviados al campo de prisioneros del Estadio Nacional o el Estadio Chile y que pueden haber sido enterrados en el Patio 29 del Cementerio General.

Todos los policías que participaron de las detenciones fueron sometidos a proceso el año pasado.

En tanto, pese a que Lautaro Castro -que hace unos años se cambió el nombre a “Marcelo”- declaró en una oportunidad, cuando nuevamente fue requerido para el interrogatorio, el que daría paso a su procesamiento, desapareció sin dejar rastro.

Actualmente, el caso estaba en manos de la ministra de la Corte de San Miguel, Marta Hanke, la que entregó una orden de captura a la BAE.

Tras meses de investigación, en las últimas dos semanas se pudo establecer que estaba oculto en Valparaíso.

Tras pesquisar un total de ocho domicilios, los detectives centraron su atención en uno ubicado en el Cerro Las Mercedes. En ese sector varios vecinos identificaron la fotografía del mayor retirado.

Sin resistencia

Durante la mañana, un equipo de cuatro detectives solicitó una orden a la jueza para allanar el lugar. En su interior estaba Lautaro Castro, quien no opuso resistencia al arresto. Al momento de su captura estaba acompañado por su esposa, Ana Dipsi, y pese a que sus familiares más cercanos decían desconocer su paradero, inmediatamente comenzaron a llegar al lugar y hacer llamadas telefónicas al lugar.

Al cierre de esta edición, Castro era sometido a un chequeo médico para hoy ser puesto a disposición del tribunal.

El abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Joseph Bereaud, indicó que la captura de Castro era fundamental para cerrar el sumario e iniciar la etapa de condenas.

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22 de agosto de 2008    La Nación                  

Pena de 10 años para oficial (R) por crimen de campesinos

La sentencia fue dictada por la ministra de la Corte de San Miguel, Marta Hantke, por el secuestro y desaparición de Juan de Dios Salinas y Guillermo Bustamante Sotelo. Los prisioneros fueron acribillados sobre el puente Naltahua en Isla de Maipo en septiembre de 1973.

La investigación por el crimen de dos campesinos de Isla de Maipo cometido el 14 de septiembre de 1973 por efectivos de Carabineros, entró ayer en su fase final cuando la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marta Hantke, condenó a diez años de presidio al teniente coronel (R) de esa policía Lautaro Castro Mendoza, como autor del secuestro y desaparición de Juan de Dios Salinas Salinas y Guillermo Bustamante Sotelo.

El oficial (R) fue arrestado ayer por la Policía de Investigaciones en Valparaíso y traído al despacho de la magistrada, pues no se presentó para ser notificado de la condena. Luego quedó en libertad.

Castro previamente estuvo dos meses prófugo cuando al ser procesado, la jueza dio orden para su detención preventiva. Entonces fue ubicado por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI.

El oficial (R) es el mismo que participó en el asesinato y ocultamiento de los cuerpos de 15 campesinos de Lonquén tras el golpe militar. Sin embargo, aquel proceso fue amnistiado en tiempos de la dictadura.

Ese viernes 14 de septiembre los dos campesinos fueron sacados de la Tenencia de Isla de Maipo en una camioneta por los carabineros David Coliqueo, Justo Romo y Jacinto Torres, integrando una patrulla al mando del entonces teniente Lautaro Castro.

A los detenidos se les dijo que los trasladaban al Estadio Nacional, pero Castro ordenó detenerse sobre el puente Naltahua e instruyó a los policías para que bajaran a los prisioneros.

Los integrantes de la patrulla reconocieron en el proceso que dispararon sobre los campesinos por orden de Castro y que sus cuerpos los arrojaron al río Maipo, desapareciendo hasta hoy.

Luego Castro les ordenó limpiar la sangre que quedó sobre el puente.

La sentencia de primera instancia debe ser revisada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, y luego por la Sala Penal de la Corte Suprema, última instancia antes quedar ejecutoriada. Castro debería cumplir su condena si esta no sufre rebajas sustanciales que le permitan cumplirla en libertad.

La jueza no condenó a los autores materiales del doble crimen por la colaboración que prestaron en la investigación.

El abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Joseph Beraud, quien lleva esta causa por este organismo, destacó "la excelente investigación de la magistrado".

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Domingo 28 de septiembre de 2008   La Nación

Revelación a 35 años de los crímenes en Lonquén

Muertos a golpes

Hasta ahora se creía que los primeros detenidos desaparecidos encontrados habían sido acribillados a balazos por carabineros de la tenencia Isla de Maipo, antes de ser lanzados a los hornos de Lonquén. Pero expertos internacionales confirmaron a los familiares que la causa de muerte –según las huellas de los restos de los 15 campesinos– se debió a lesiones traumáticas contundentes.

No ha habido en Isla de Maipo un suceso tan horrendo como el asesinato de los 15 campesinos a manos de carabineros de la tenencia que existía en la comuna en 1973. Hoy el dolor que ha permanecido en las familias de las víctimas por casi 35 años se hace más intenso tras conocerse otro gran detalle de la historia: no fueron asesinados con disparos, sino que simplemente los mataron a golpes, para lanzarlos luego a los hornos de cal en Lonquén.

Sólo 517 restos óseos de las 15 víctimas se salvaron de desaparecer para siempre y fueron identificados tras los análisis antropológicos y odontológicos de un grupo de peritos internacionales convocados por el Gobierno.

Fue el perito español Francisco Echeverría quien hizo el seguimiento detallado de toda la pericia a estos restos, como parte de un programa del Ejecutivo para reparar los errores de identificación de las osamentas halladas a inicios de los años noventa en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago. Echeverría se reunió con los familiares de las 15 víctimas y, entre lágrimas, les contó el descubrimiento que hizo aún más dramático el episodio de Lonquén.

"Con toda seguridad puedo afirmar hoy que los restos que hemos separado y periciado corresponden al de las 15 víctimas que fueron halladas en 1978, y se estableció que la causa del fallecimiento corresponde a una muerte violenta homicida. No hay lesiones por impacto de bala, son lesiones traumáticas contundentes. La muerte fue causada por golpes".

Según el experto, el antiguo informe del Servicio Médico Legal no estableció este antecedente fundamental.

Hasta ahora los familiares estaban convencidos de que sus seres queridos, si bien habían sufrido golpizas en la tenencia de Isla de Maipo, finalmente fueron acribillados antes de ser lanzados a los hornos de cal de Lonquén.

En estos hornos de cal fueron encontrados los cuerpos de Sergio Maureira Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel; Óscar Hernández Flores y sus hermanos Carlo y Nelson; Enrique Astudillo Álvarez y sus dos hijos, Omar y Ramón; y los jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro, de entre 17 y 51 años.

El hallazgo se hizo por la confesión de un campesino a un sacerdote.

Los hornos eran dos viejas chimeneas de nueve metros de altura ocupadas en su tiempo para la preparación de cal y que estaban al interior de la cooperativa agrícola El Triunfador, a unos 14 kilómetros de la ciudad de Talagante.

La versión oficial para justificar el crimen de Lonquén fue que una vez detenidos en la tenencia de Isla de Maipo, uno de los campesinos confesó que en unos hornos de la mina abandonada de Lonquén había armas escondidas. Sólo eso bastó para que trasladaran a los apresados, que según la misma explicación atacaron a los policías, resultando todos muertos en un enfrentamiento armado. Curiosamente, ningún carabinero resultó herido.

A principios del mes de abril de 1979, el ministro en visita Adolfo Bañados se declaró incompetente y el proceso por este caso pasó a la justicia militar. El 2 de julio, el fiscal militar dictó encargatoria de reo en contra del capitán Lautaro Castro Mendoza y los carabineros Juan Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, David Coliqueo Fuentealba, José Belmar Sepúlveda, Jacinto Torres González, Manuel Muñoz Rencoret y Justo Romo Peralta, como autores de la muerte de las 15 víctimas de Lonquén. Sin embargo, el 16 de agosto se les aplicó la Ley de Amnistía, quedaron libres y se sobreseyó la causa. Esta resolución fue confirmada por la Corte Marcial el 22 de octubre de 1979. Las pericias a los restos óseos continúan adelante, por lo que la inauguración de un memorial el próximo 4 de octubre en el Cementerio Parroquial de Isla de Maipo para recordar a los 15 campesinos sólo será un acto simbólico.

Retiro de Televisores

El hallazgo de los cuerpos de los 15 campesinos a fines de 1978 fue una alerta para Pinochet, quien determinó con un mensaje encriptado y descifrado por cada regimiento la llamada Operación Retiro de Televisores, como la llamó internamente el propio Ejército. La orden fue clara: desenterrar los cuerpos de prisioneros asesinados y arrojarlos al mar. ¿El medio? Helicópteros del Comando de Aviación del Ejército y de la Fuerza Aérea de Chile, que colaboraron, por ejemplo, en el caso de los 26 cuerpos de Calama víctimas de la Caravana de la Muerte.

En diversos procesos existen declaraciones de suboficiales hoy retirados que reconocen haber tenido en sus manos el criptograma enviado desde la Comandancia en Jefe del Ejército ordenando reportar las fosas clandestinas para "limpiarlas".

El descubrimiento de las víctimas de Lonquén puso fin al ocultamiento de la verdad sobre los detenidos desaparecidos, lo que había sido una política permanente de la dictadura.

"Esto ha quedado grabado en nosotros. Los familiares no duermen pensando lo que sufrieron ellos a manos de sus verdugos. Para mí ha sido muy fuerte saber esto ahora último. Lo conversamos en la casa y ha sido más doloroso todavía. Nos reabre las heridas y añade un sufrimiento más a lo que ya cargamos por 35 años. Al menos ahora podremos darles una sepultura digna, pero esto va a quedar grabado en nosotros para toda la vida.", dijo a LND entre lágrimas Corina Maureira.

Para el concejal de Isla de Maipo Emilio Astudillo, lo revelado "nos sorprendió amargamente tras saber cómo personas que vestían uniforme de Carabineros pudieron ensañarse de tal forma con nuestros familiares y matarlos brutalmente a golpes. Eso estremece más. Duele más el alma y el corazón el saber cómo fueron asesinados realmente".

El concejal Astudillo tenía 16 años el año 73. Le tocó asumir la responsabilidad de convertirse en jefe de hogar y cuidar a su madre y hermanos menores al quedar sin su padre y sus otros hermanos mayores, Ramón y Omar. Además, debió soportar la carga de buscarlos durante cinco años en campos de concentración con la esperanza de encontrarlos vivos. "Sólo quien lo vive puede darse cuenta del daño sicológico que provoca en una persona y su familia. Sólo con el hallazgo de las víctimas en los hornos de Lonquén, el año ’78, tuvimos algo de paz y conformidad, porque supimos que eran ellos".

El memorial

Los familiares de las víctimas de Lonquén dicen que han querido construir un memorial para depositar los restos de sus seres queridos que ya fueron identificados en el país; pero para que no les pase lo que sucedió con los restos del Patio 29 los cuerpos fueron mal entregados a sus familiares , es que tanto ellos como el Gobierno optaron por que muestras de los cuerpos de las víctimas se enviaran a un laboratorio de Texas, donde dentro de un año los resultados certificarán si se trata de sus familiares, asesinados y tirados a los hornos de Lonquén, posteriormente exhumados desde la fosa común en Isla de Maipo y trasladados hasta el Servicio Médico Legal en Santiago.

En 2006, los familiares consiguieron la exhumación y esperaban que luego de dos años pudieran tener los restos de sus familiares para darles sepultura. Pero la realidad los ha puesto en otro escenario, y deberán esperar todavía un año más.

Por ello decidieron inaugurar de todas formas el memorial el próximo 4 de octubre, acto al cual asistirán autoridades de Gobierno y organismos de derechos humanos.

"No debemos olvidar que las víctimas de Lonquén fueron el primer hallazgo de detenidos desaparecidos en el país, cuando la dictadura desconocía que existieran. Incluso en Naciones Unidas se desconocía la existencia legal de nuestros familiares. El ex embajador ante la ONU en esos años, Sergio Diez, dijo que nuestros compañeros no tenían existencia legal o se habían ido al extranjero por voluntad propia. Entonces, el hallazgo de Lonquén marcó un antes y un después respecto de los detenidos desaparecidos en Chile", sostiene Emilio Astudillo.

El memorial contendrá, sin embargo, 17 tumbas, porque los familiares acogieron incluir los nombres de Juan de Dios Salinas y Guillermo Bustamante Sotelo, ultimados en septiembre del ’73 en el puente de Naltagua por los mismos policías de la tenencia de Isla de Maipo.

Nelson Caucoto, abogado querellante: “Pediremos una reparación del Estado”

Margarita Herreros fue la primera ministra a cargo del caso tras su reapertura al presentarse la querella del concejal de Isla de Maipo Emilio Astudillo. Sin embargo, estuvo poco tiempo, ya que fue nombrada como integrante de la Corte Suprema.

De allí el caso ha pasado por las manos de varios ministros. Incluso, algunos ni siquiera alcanzaron a leer todo el expediente. Hoy el proceso está a cargo de la ministra Marta Hantke en la Corte de Apelaciones de San Miguel, y sin mayores diligencias a la espera de que concluya la etapa de identificación con los resultados de las muestras enviadas a Texas.

Para el abogado de las familias de las víctimas, Nelson Caucoto, “lo más importante de todo es que se logró revertir el sobreseimiento definitivo que hubo en la causa, lo que ha permitido avanzar en la etapa de identificación certera de los restos. Una vez que eso concluya y se entreguen a sus familiares, daremos un impulso al proceso penal y tomaremos las acciones correspondientes para citar a declarar a los implicados en los homicidios. En su momento pediremos, además, una reparación al Estado chileno”.

Lautaro Castro Mendoza, el teniente a cargo de la tenencia de Carabineros de Isla de Maipo en octubre del ’73, fue notificado hace tres semanas de una sentencia en primera instancia en otro proceso por el crimen de Juan de Dios Salinas y Guillermo Bustamante Sotelo, dos dirigentes sociales de Isla de Maipo detenidos en septiembre del ’73. Castro fue condenado a 20 años de presidio, 10 por cada víctima.

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Elpais.com, 2001

Casos con nombre propio

El 'caso de Lonquen'


¿Qué es el 'caso de Lonquen'?

El caso de Lonquen arranca el 30 de noviembre de 1978 cuando fueron hallados en unos hornos del interior de la cooperativa agrícola El Triunfador, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Talagante, los cadáveres de quince hombres desaparecidos el 7 de octubre de 1973 en la comunidad rural de Isla de Maipo. Todos habían sido detenidos por carabineros del acuartelamiento de Isla de Maipo y sus edades oscilaban entre los 17 y los 51 años. Entre los desaparecidos se encontraba un padre y sus cuatro hijos.

¿Por qué tuvo tanta trascendencia?

El hallazgo de Lonquen supuso un hito para los familiares de los centenares de desaparecidos porque acabó con las leves esperanzas de encontrar a muchos de ellos con vida, confirmando lo que ya muchos sospechaban. El régimen ya no podía continuar aseverando que, tal como dijo el 7 de noviembre de 1975 el delegado de Chile ante las Naciones Unidas Sergio Díez, muchos de los presuntos desaparecidos no tenían existencia legal."

¿Cómo se produjo el hallazgo?

Las declaraciones de un anciano, que aseveraba haber encontrado numerosas osamentas humanas en las minas abandonadas de Lonquén destaparon el caso. Una comisión enviada por la Vicaría de la Solidaridad, en ese entonces bajo la dirección del sacerdote Cristián Precht, confirmó el macabro hallazgo. Los hornos estaban tapados por una mezcla de huesos, ropa, cal y piedras.

¿Cómo actuó la comisión?

Presentando una denuncia formal ante la Corte Suprema en cuanto regresó a Santiago. Mientras comenzaba a actuar la justicia, la Vicaría, contrató una empresa constructora para que iniciara las excavaciones, y, en tres días, los restos de los quince cuerpos habían sido sacados de su lugar de entierro. Los análisis del Instituto Médico Legal confirmaron que los restos humanos correspondían a las familias de los desaparecidos de la comunidad rural de Isla de Maipo.

¿En qué concluyó la investigación judicial?

El Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Adolfo Bañados Cuadra, encargado de la investigación, concluyó los quince hombres que hasta ese entonces habían engrosado la lista de desaparecidos, fueron efectivamente detenidos por carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo. Además, estableció la falsedad de las versiones de los ocho funcionarios implicados en las 15 muertes.

¿Qué alegaron los presuntos culpables?

El Capitán de Carabineros, Lautaro Eugenio Castro Mendoza, responsable del acuartelamiento de isla de Maipo, declaró que los quince hombres fueron llevados a Lonquén porque uno de ellos le informó de la existencia de armas ocultas en las minas. Según Castro, al llegar a los hornos, el grupo fue atacado con armas de fuego desde los cerros y sus hombres respondieron a tiros. Siempre según esta versión al finalizar el tiroteo los 15 detenidos habían muerto pero todos los carabineros resultaron totalmente ilesos.

¿Qué concluyó el informe forense?

En ninguno de los quince restos esqueléticos estudiados por el Instituto Médico Legal se comprobaron señales de perforaciones, fracturas u otro tipo de vestigios que pudieran relacionarse con armas de fuego. Es más, en la opinión de algunos expertos, no todas las víctimas fueron enterradas muertas en los hornos. Pero aunque Bañados concluyó que la versión de los inculpados era "intrínsecamente inverosímil" se declaró incompetente y el proceso pasó a la justicia militar.

¿Qué decidió la justicia militar?

El 2 de julio de 1979, el Fiscal Militar dictó prisión contra el Capitán Lautaro Castro Mendoza, y siete carabineros más, todos en calidad de autores del delito de la muerte de los quince detenidos. Sin embargo, el 16 de agosto en virtud del Decreto Ley de Amnistía de 1978, se sobreseyó definitivamente en favor de los reos. Esta resolución fue confirmada por la Corte Marcial el 22 de octubre de 1979.

¿Qué fue de los restos de los detenidos?

Una vez terminada la investigación, los familiares de los quince detenidos pidieron que se les entregaran los cuerpos para sepultarlos. Sin embargo, aunque el Fiscal Militar Gonzalo Salazar ordenó entregar los cadáveres de las víctimas a sus familias, los restos fueron sacados esa noche del Instituto Médico Legal en forma subrepticia y fueron enterrados en una fosa común con el fin de evitar cualquier tipo de comprobación.

¿Qué ha sido las minas de Lonquen?

En marzo de 1980 el nuevo propietario del fundo Lonquén dinamitó los hornos, cambiando para siempre el sitio que se había transformado en un lugar de peregrinaje para parientes y amigos de los muertos. Pero el sitio no fue olvidado, ni las víctimas que allí fueron encontradas. En 1998, la propuesta de la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos de instalar un basural en aquel paraje provocó la indignación y oposición de los familiares y de organismos de derechos humanos.
http://www.elpais.com/especiales/2001/pinochet/imagenes/traspa.gif

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manuel-rodriguez.lacoctelera.net

A 38 AÑOS DE LA MASACRE DE CAMPESINOS DE LONQUÉN 

MASACRE DE LONQUÉN (7 DE OCTUBRE DE 1973) - ISLA DE MAIPO 
17 MODESTOS CAMPESINOS ASESINADOS POR CARABINEROS. PRIMER HALLAZGO DE CUERPOS DE DETENIDOS DESAPARECIDOS EN EL PAIS.

A partir del mismo día del golpe militar que dio inicio a la dictadura terrorista de Estado en 1973, se desató sobre los trabajadores, en todo el país, una oleada de violencia, de represión y de muerte.

Los afectados por la reforma agraria volcaron todo su odio y resentimiento sobre los campesinos, al constatar el estado de indefensión en que éstos quedaron tras la caída del gobierno popular y constitucional del Presidente Salvador Allende. La derecha, en defensa de los intereses de los poderosos, quiso dar una lección para que nunca más los campesinos pretendieran arrebatarles "sus" tierras a los "señores" terratenientes. Las fuerzas armadas y carabineros, en vez de cumplir su función de custodios de la seguridad pública y de defensores de los intereses de la nación, se transformaron en represores criminales del pueblo y siguieron los dictámenes de una doctrina foránea destinada a salvaguardar a sangre y fuego los intereses de una potencia extranjera: la del Imperio del gran capital transnacional.

En este contexto, a sólo tres días del golpe, carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo, al mando del entonces Tte. Lautaro Castro Mendoza, y acompañados por el dueño del fundo Naguayán José Mario Celsi Perrot, que actuaba como delator, el 14 de Septiembre de 1973 detuvieron a dos dirigentes sociales de esa localidad rural: Juan de Dios Salinas (29 años) y Guillermo del Carmen Bustamante Sotelo (39 años). Ambos fueron salvajemente torturados en la Tenencia y ejecutados el mismo día en el puente Naltagua, siendo sus cuerpos arrojados a las aguas del río Maipo. Los ejecutores de estos asesinatos fueron el Sgto. Emeterio Bravo Moraga, el Cabo 1o Moisés Aguilera Sandoval y los carabineros Eugenio David Coliqueo Fuentealba y Justo Ignacio Romo Peralta. También tuvo comprobada participación como delator el esbirro y administrador del fundo Germán Maximiliano Genskowski.

El 7 de Octubre de 1973, Lautaro Eugenio Castro Mendoza y los carabineros Juan José Villegas Navarro, Félix Héctor Sagredo Aravena, José Belmar Sepúlveda, Jacinto Torres González, Manuel Muñoz Rencoret, Eugenio David Coliqueo Fuentealba y Justo Romo Peralta detuvieron a un grupo de 11 campesinos. Numerosos testigos presenciaron cuando se les golpeaba y subía a una camioneta blanca de propiedad del dueño del fundo Naguayán donde se encontraban las casas de las 3 familias a las que pertenecían. Se les amarró y tendió boca abajo en el piso del vehículo. Se trataba de los obreros agrícolas:

01 Sergio Adrián Maureira Lillo (46, y sus 4 hijos)

02 Sergio Miguel Maureira Muñoz (27)

03 José Manuel Maureira Muñoz (26)

04 Segundo Armando Maureira Muñoz (24)

05 Rodolfo Antonio Maureira Muñoz (22)

06 Carlos Segundo Hernández Flores (39, y sus 2 hermanos)

07 Nelson Hernández Flores (32)

08 Oscar Nibaldo Hernández Flores (30)

09 Enrique René Astudillo Alvarez (51, y sus 2 hijos)

10 Ramón Osvaldo Astudillo Rojas (27)

11 Omar Enrique Astudillo Rojas (19)

El mismo día en la plaza del pueblo fueron detenidos 4 jóvenes:

12 Miguel Angel Brant Bustamante (20)

13 Manuel Jesús Navarro Salinas (20)

14 Iván Gerardo Ordóñez Lama (17)

15 José Manuel Herrera Villegas (17)

Sus familiares los buscaron desesperadamente. Las informaciones de la dictadura señalaban engañosamente que habían sido conducidos al Estadio Nacional para ser interrogados. Esto también era afirmado por Lautaro Castro Mendoza y sus subalternos. Los 17 campesinos pasaron a formar parte de la numerosa lista de detenidos desaparecidos. Sólo 5 años después se sabría la horrenda verdad de la suerte corrida por ellos.

En 1978 un anciano que por largo tiempo buscaba información sobre un familiar detenido y del cual nada había logrado saber, se acercó a la Vicaría de la Solidaridad para declarar que había encontrado numerosas osamentas en los hornos de cal en Lonquén. Ese fue el primer paso para que el sacerdote Cristián Precht encabezara una comisión que terminó por verificar que se trataba de los 15 campesinos que habían sido detenidos por los carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo, en 1973.

El Cardenal Arzobispo de Santiago Raúl Silva Henríquez, acordó formar una Comisión para investigar la denuncia. El 30 de Noviembre de 1978 se realizó en la Vicaría de la Solidaridad una reunión en la que participaron el Obispo auxiliar Enrique Alvear, el presbítero Cristián Precht y otros miembros de la Vicaría, más tres invitados: el abogado Máximo Pacheco, Jaime Martínez, director de "Qué Pasa", y Abraham Santibáñez, subdirector de "Hoy". Cristián Precht y Javier Egaña, Secretario ejecutivo de la Vicaría, dieron cuenta de la información y pidieron a los tres invitados que los acompañaran a verificarla.

Los hornos eran dos viejas chimeneas de 9 metros de altura, ocupadas en su tiempo para la producción de cal, y que estaban al interior de la cooperativa agrícola "El Triunfador", a unos 14 km de la ciudad de Talagante. Tras un ir y venir de familiares que nunca tuvieron respuesta por la suerte de sus seres queridos, la Comisión encontró en los hornos de Lonquén las primeras pruebas de este alevoso crimen.

El 01 de Diciembre de 1978, la Vicaría de la Solidaridad, presentó ante la Corte Suprema una denuncia por el hallazgo de restos humanos al interior de dos minas de tratamiento de minerales ubicadas en los faldeos de cerros de Lonquén. Los antecedentes pasaron al Juzgado del Letras de Talagante, que mediante un sumario comprobó la existencia de restos humanos al interior de los hornos. Posteriormente el caso pasó a manos el ministro Adolfo Bañados Cuadra, quien llegó a la conclusión que los cadáveres encontrados en Lonquén pertenecían a los 15 campesinos que habían sido víctimas del crimen cometido por el grupo de carabineros de Isla de Maipo después de haber sido detenidos el 7 de Octubre de 1973, y que ninguno de los restos analizados presentaba muestras de haber recibido impactos de bala.

El descubrimiento en 1978 de los cuerpos enterrados en Lonquén fue el primer hallazgo de cuerpos de detenidos desaparecidos en el país y fortaleció la decisión de lucha por la defensa de los derechos humanos. Dejó al descubierto la política de Estado impulsada por la dictadura de ocultar los cuerpos de sus víctimas.

Pinochet y los organismos de seguridad del régimen terrorista sabían que el hallazgo de los hornos de Lonquén dejaría al descubierto la existencia de personas detenidas desaparecidas, tantas veces negada en el ámbito nacional como ante la ONU, donde su embajador Sergio Diez, en forma cínica llegó a afirmar que las personas "presuntamente" desaparecidas habían salido al extranjero por su propia voluntad.

A fin de hacer desaparecer las comprometedoras evidencias el dictador ordenó, mediante un mensaje encriptado y descifrado en cada regimiento, la llamada "Operación Retiro de Televisores". Mediante esta clave, todas las unidades militares debían proceder a ubicar y remover las fosas clandestinas donde habían arrojado los cuerpos de cientos de personas asesinadas. Los restos, como ahora se sabe, fueron quemados o lanzados al mar. En diversos procesos quedaron registradas declaraciones de suboficiales ya retirados, que reconocen haber tenido en sus manos el criptograma enviado desde la Comandancia en Jefe del ejército ordenando reportar las fosas clandestinas para "limpiarlas". Esta operación se mantuvo vigente desde fines de 1978 hasta fines de 1986.

El 04 de Abril de 1979 el ministro en visita Adolfo Bañados Cuadra se declaró incompetente y el proceso por este caso pasó a la justicia militar. El 2 de Julio de ese año el fiscal militar Gonzalo Salazar dictó encargatoria de reo en contra del Cap. Lautaro Castro Mendoza y los carabineros involucrados, como "autores de delito de violencia innecesaria, causando la muerte" de las 15 víctimas. Sin embargo, el 16 de Agosto de 1979 se les aplicó la Ley de Amnistía, quedando libres y la causa sobreseída. Esta resolución fue confirmada por la Corte Marcial el 22 de Octubre de 1979.

El 14 de septiembre de 1979 los familiares esperaban la entrega de los cuerpos de sus deudos para velarlos y darles cristiana sepultura, pero agentes de la CNI secuestraron los cadáveres desde el SML y los arrojaron a una fosa común en el cementerio de Isla de Maipo.

En 1980 un nuevo propietario, que adquirió el fundo Lonquén y partidario de la dictadura, hizo dinamitar los hornos para evitar que el lugar continuara siendo lugar de peregrinaje de parientes y amigos de los 15 campesinos asesinados.

Hasta el año 2006 el proceso por las muertes de Lonquén se mantuvo cerrado por aplicación de la Ley de Amnistía. Sin embargo, la causa por la muerte de los dos campesinos en el puente Naltahua fue reabierta.

A instancias del abogado Nelson Caucoto se obtuvo la reapertura del caso de los 15 campesinos de Lonquén, con lo que finalmente se logró revertir el sobreseimiento definitivo que pesaba sobre la causa y avanzar en la identificación cierta de los restos. Todos los carabineros que participaron de las detenciones fueron nuevamente sometidos a proceso.. El entonces Mayor (r) de carabineros Lautaro Castro Mendoza se presentó a declarar, pero cuando nuevamente fue requerido para interrogarlo y dar paso a su procesamiento, desapareció sin dejar rastro.

El 28 de Junio de 2007 el prófugo Lautaro Castro Mendoza fue capturado por la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAE) de la PDI, en el Cerro Las Mercedes, en Valparaíso, donde se ocultaba bajo otra identidad y apariencia física.


El 21 de Agosto de 2008 la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marta Hantke, condenó a 10 años de presidio a Lautaro Castro Mendoza, como autor del secuestro y desaparición de Juan de Dios Salinas Salinas y Guillermo Bustamante Sotelo, los dos dirigentes sociales de Isla de Maipo detenidos en Septiembre de 1973. La jueza no condenó a los autores materiales del doble crimen a cambio de la colaboración que prestaron en la investigación.

Tan sólo 517 restos óseos pertenecientes a los 15 campesinos asesinados pudieron ser rescatados y posibilitaron la posterior identificación de las víctimas. Las identificaciones definitivas fueron obtenidas con la ayuda de análisis antropológicos y odontológicos de un grupo de peritos internacionales y de muestras enviadas para exámenes de ADN a un laboratorio genético especializado en Texas. Estos análisis permitieron establecer que correspondían a las 15 víctimas halladas en 1978 y confirmaron que no murieron por impactos de balas sino que fueron brutalmente asesinados a golpes antes de ser lanzados a los hornos de cal. Tras la definitiva confirmación de las identidades el 26 de Marzo de 2010, los restos pudieron ser entregados a sus familiares por el Director del Servicio Médico Legal (SML).

El 28 de Marzo de 2010 fueron sepultados en solemne ceremonia en el cementerio de Isla de Maipo, en el Mausoleo que para tal efecto se había construido y que había sido inaugurado en Octubre de 2008. Allí descansan en 17 tumbas junto a los restos de los dos dirigentes sociales ultimados en el puente Naltagua.

Afortunadamente y después de 32 años, la aplicación de la Ley de Amnistía con fecha 16 de Agosto de 1979 y confirmada por la Corte Marcial el 12 de Octubre de ese año a favor del reo Lautaro Castro Mendoza y los carabineros involucrados en estos 15 asesinatos, fue reconsiderada el pasado 19 de Agosto de 2011 por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, la que reabrió el caso y revocó el fallo de prescripción, ordenando al ministro en visita Héctor Solís procesar a los asesinos. El 31 de Agosto fueron procesados nuevamente Lautaro Eugenio Castro Mendoza, Juan José Villegas Navarro, Félix Héctor Sagredo Aravena, Jacinto Torres González, Eugenio David Coliqueo Fuentealba y Justo Ignacio Romo Peralta como autores del delito de homicidio calificado de los 15 trabajadores agrícolas, lo que abre la posibilidad de aplicar finalmente la justicia a estos criminales.

Por otra parte, correspondería al gobierno central la obligación moral de hacerse cargo y tomar todas las medidas conducentes a reconstruir los hornos que fueron dinamitados, así como construir un camino para su libre y público acceso, los que deberán ser declararlos Patrimonio Nacional y monumento a la Memoria Histórica. De no hacerlo, aparecería ante la opinión pública como partícipe del encubrimiento que con esa acción se ha pretendido dar a este abominable crimen.

Como alguien lo señalara, la lucha inclaudicable de los familiares de las víctimas por el esclarecimiento de la verdad, por conseguir que se hiciera justicia y por el castigo a los responsables, sobreponiéndose a tantos obstáculos, con el apoyo desde los inicios de esta tragedia, del Comité Pro Paz, de la Vicaría de la Solidaridad, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y de los abogados de Derechos Humanos, constituye un ejemplo y un legado grandioso de persistencia, de solidaridad y de valoración de la defensa de los Derechos Humanos para las nuevas generaciones.

"Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza" Salvador Allende Gossens Presidente de Chile (11. 09.1973)

Nota: En la historia de nuestro país suelen darse paradojas extrañas. Entre 1978 y 1980 fue Ministro de RR EE de la dictadura Hernán Cubillos Sallato. En 1978 la dictadura se empeñaba en ocultar sus crímenes y negaba reiteradamente ante la opinión pública nacional e internacional la existencia de detenidos desaparecidos. Ese año se descubrieron los primeros cuerpos, a raíz de lo cual puso en marcha la sádicamente llamada "operación retiro de televisores", intentando destruir toda evidencia. 37 años más tarde, para la identificación de las víctimas de ese horrendo crimen, fue necesario recurrir a avanzadas técnicas de reconocimiento por ADN sobre los escasos restos óseos que se lograron recuperar.

PERO;

33 años después de este descubrimiento y en un muy lamentable accidente aéreo perecen 21 personas. Entre éstos, el empresario Felipe Cubillos Segall, hijo de Hernán Cubillos Sallato y para el reconocimiento de sus restos también se hizo necesario recurrir a la misma técnica de identificación empleada en el caso de los malogrados cuerpos de las víctimas asesinadas en Lonquén.

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The Clinic, 19 de agosto 2011

CASO INSPIRADOR DE LA SERIE “LOS ARCHIVOS DEL CARDENAL”

Corte de San Miguel ordena procesar a siete carabineros por homicidio en los hornos de Lonquén

La Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó someter a proceso a siete ex carabineros por el homicidio de 15 personas en el caso de “Los Hornos de Lonquén”.

La decisión del tribunal de alzada afecta al capitán (R) Lautaro Castro Mendoza y a los carabineros, Juan Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, Manuel Muñoz Rencoret, Jacinto Torres González, David Coliqueo Fuentealba, José Belmar Sepúlveda y Justo Romo Peralta, todos en calidad de autores del delito de la muerte de los quince detenidos el 7 de octubre de 1973.

La resolución contó con el voto de los tres ministros de la Cuarta Sala Claudio Pavez, María Teresa Díaz y Marta Hantke.

“Que del estudio de los antecedentes reunidos en este proceso, aparece que la naturaleza, modalidad y circunstancia de los hechos, deben ser interpretados como crímenes de lesa humanidad y en tales condiciones y atendido el estado actual de la investigación no es procedente aplicar prescripción, amnistía o media prescripción atendido que, como se dijo, se trata de hechos que caben dentro de la consideración internacional que se designa como crímenes de lesa humanidad”, señala el documento que publica The Clinic Online.

De esta manera, los ministros revocaron la decisión adoptada por su colega Héctor Solís, quien había rechazado encausar a los ex policías con un breve “no ha lugar”, solicitud formulada por los abogados Nelson Caucoto y Francisco Ugas del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior.

Las víctimas -de entre 17 y 51 años- según la información contenida en el Informe Rettig, fueron Sergio Maureira Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel; Oscar Hernández Flores y sus hermanos Carlos y Nelson; Enrique Astudillo Alvarez y sus dos hijos Omar y Ramón; y los cuatro jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro.

De acuerdo al proceso judicial -que en su oportunidad sustanció el ex ministro Adolfo Bañados- la última vez que se les vio con vida fue en la Tenencia de Carabineros de Isla de Maipo, dirigida por Castro Mendoza. Bañados se declaró incompetente y traspasó la investigación a la Justicia Militar que en 1979 procesó a los ex uniformados y les aplicó la Ley de Amnistía.

Negra inspiración

La historia del caso Lonquén, el mismo que inspiró uno de los capítulos de la serie de TVN “Los Archivos del Cardenal”, comenzó el 30 de noviembre de 1978 cuando la Vicaría de la Solidaridad, en esos años a cargo de Cristián Precht, reunió a un grupo de personas para verificar la información de un lugareño que aseguraba haber encontrado osamentas en las minas de cal abandonadas en la zona de Talagante.

Ese mismo día se dirigieron al lugar el propio Precht, el obispo auxiliar de Santiago Enrique Alvear, Javier Egaña, entonces secretario ejecutivo de la Vicaría junto a los abogados Alejandro González, Máximo Pacheco y los periodistas Jaime Martínez (director de Qué Pasa) y el subdirector de Hoy, Abraham Santibáñez.

Los integrantes del grupo, al volver a Santiago, presentaron una denuncia ante la Corte Suprema. Su presidente Israel Bórquez designó a la jueza del crimen de Talagante, Juana Godoy para que verificara la información.

La magistrada decidió trabajar con la PDI, pero no esperó a que los efectivos llegaran y partió al lugar junto al sacerdote Gonzalo Aguirre y al fotógrafo Luis Navarro. La Vicaría, según el sitio Memoriaviva, contrató a una empresa constructora para remover la tierra. Pasaron tres días y la escena dantesca estuvo a la vista de todos.

“Trozos de cráneos amarillentos, con huellas de cuero cabelludo; pelos sueltos, negros; ropas desgarradas en las que se reconoce un blue jeans, un chaleco de hombre”, así dejó plasmada la imagen el propio Santibáñez en un artículo que apareció publicado en el libro La Memoria Prohibida.

Debido a la gravedad de los hechos, el Pleno de la Suprema decidió nombrar, el 6 de diciembre de 1978, al ministro del tribunal de alzada capitalino Adolfo Bañados Cuadra para que investigara.

Cuatro meses más tarde Bañados decidió declararse incompetente y pasó los antecedentes a la justicia militar, no sin dejar establecido que las víctimas habían fallecido por impactos de bala atribuibles a Carabineros del lugar.

Ironías de la vida, la entonces jueza Godoy funge hoy como la jefa de la Secretaría Civil de la Corte de Apelaciones de Santiago y sin duda muchos no saben que fue la primera miembro del Poder Judicial que encontró a las víctimas -que hasta ese momento- figuraban como detenidos desaparecidos.

Y Bañados, en 1994, sería el encargado de condenar a 7 y 6 años respectivamente a Manuel Contreras y Pedro Espinoza, jefe y subjefe de la DINA, como autores intelectuales del homicidio del ex Canciller Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976.

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Melipillaweb, 30 de junio, 2007

DD.HH. Detienen a ex oficial de Carabineros que se encontraba prófugo.

Lautaro Eugenio Castro Mendoza estuvo seis meses prófugo tras ser condenado por el secuestro de Juan Salinas Salinas, ocurrido en isla de Maipo después del golpe militar de 1973.

 

La Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones detuvo este jueves al oficial en retiro de Carabineros Lautaro Eugenio Castro Méndez, luego de estar seis meses prófugo de la justicia tras ser condenado por el secuestro de Juan de Dios Salinas y de Guillermo Bustamante Sotelo, ocurrido en isla de Maipo después del golpe militar de 1973.

Castro Méndez fue detenido en la Quinta Región y será puesto a disposición de la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel Marta Hantcke, para que cumpla una condena por esos hechos.

El ex uniformado participó también en la ejecución de varios campesinos, cuyos cuerpos fueron escondidos en los hornos de Lonquén y hallados en noviembre de 1978, en un proceso que llevó el entonces ministro Adolfo Bañados y por el cual fue amnistiado.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ La Nación, 1 de septiembre de 2011

PROCESAN A 11 CARABINEROS (R) POR VIOLACIONES A DDHH EN 1973

El ministro Héctor Soilis procesó a 11 carabineros (R) que en octubre de 1973 participaron en la ejecución de 17 campesinos en Lonquén y de 2 personas en la comuna de San Ramón. Los procesados quedaron en prisión preventiva en el “Centro Transitorio de Detención Sucre” de Carabineros de Chile.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel Héctor Solís dictó procesamientos  en dos casos de violaciones a los derechos humanos que investiga y que involucran a personal en retiro deCarabineros.

En la investigación del denominado “Episodio Lonquén” y dando cumplimiento a lo dictaminado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, el ministro procesó a Lautaro Eugenio Castro Mendoza, Juan José Villegas Navarro, Félix Héctor Sagredo Aravena, Jacinto Torres González, David Coliqueo Fuentealba, Justo Ignacio Romo Peralta.

El procesamiernto es por la responsabilidad como autores del delito de homicidio calificado en las personas de Enrique René Astudillo Álvarez, Omar Enrique Astudillo Rojas, Ramón Osvaldo Astudillo Rojas, Miguel Ángel Arturo Brant Bustamante, Carlos Segundo Hernández Flores, Nelson Hernández Flores, José Manuel Herrera Villegas, Sergio Adrián Maureira Lillo, José Manuel, Rodolfo Antonio, Segundo Armando y Sergio Miguel Maureira Muñoz e Iván Gerardo Ordoñez Lama y del delito de secuestro en las personas de Oscar Nibaldo Hernández Flores y Manuel Jesús Navarro Salinas, perpetrados el 7 de octubre de 1973.

El ministro Solís, entregó la identidad de 13 de las 15 víctimas investigadas en esta causa; mientras quelos restos de las 2 víctimas aún no identificadas, se encuentran en estudios de ADN en el Laboratorio de la University of North Texas, Health Science Center, Estados Unidos.

EJECUCIÓN EN SAN RAMÓN

En la investigación por los homicidios de Héctor Queglas Maturana y Luis Morales Muñoz, perpetrados el 4 de octubre de 1973 en la comuna de San Ramón se encausó a: Héctor Fernando Osses Yáñez, Aquiles Bustamante Oliva, Fernando Félix Rojas Véliz, Luis Alberto Baeza Sanhueza, Segundo Baldomero Llanos Amarilis.

De acuerdo a los antecedentes del proceso está acreditado que la noche del 4 de Octubre de 1973, personal de la Subcomisaria San Gregorio detuvo a Héctor Queglas Maturana y Luis Morales Muñoz en un domicilio ubicado en calle La Granja de la comuna de San Ramón. Ambos fueron trasladarlos a la unidad policial, donde los ingresaron como detenidos y registraron sus nombres en los libros respectivos. Sin embargo, horas más tarde, fueron sacados del lugar, siendo ejecutados y abandonados sus restos en la intersección de las Avenidas Santa Rosa con Departamental.
 
Todos los procesados quedaron en prisión preventiva en el “Centro Transitorio de Detención Sucre” de Carabineros de Chile.

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