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Primitivo José Castro Campos

Suboficial de Carabineros

C.I.: 6.397.367-K

 

Primitivo Castro Campos, suboficial de Carabineros, fue condenado en 2007 a 5 años y 1 días por el homicidio de Carlos Fuentealba Herrera.

Se le conmutaron 17 meses y está hoy en libertad condicional.

 

Fuentes de Informacion: La Nacion; El Mostrador; Diario La Tribuna; Archivo Memoriaviva


El Mostrador

8 de Mayo 2007

Ratifican Cortes de Apelaciones de Puerto Montt y Talca

Cortes de apelaciones del Maule y Los Lagos condenaron a ex carabineros por dos casos de homicidios calificados perpetrados durante la dictadura militar.

En dos fallos que reflejan que la política de la Corte Suprema de acoger plenamente los tratados internacionales de derechos humanos, las cortes de apelaciones de Talca y Puerto Montt condenaron a carabineros por asesinatos de opositores a la dictadura militar.

En un dictamen unánime, la Corte de Apelaciones del Maule sentenció a cinco años y un día de reclusión al ex policía uniformado Primitivo José Castro Campos como responsable del homicidio de Carlos Roberto Fuentealba Herrera, hecho ocurrido el 22 de junio de 1974 en la capital la Séptima Región.

El fallo hace expresa mención a que en Chile se debe aplicar los Convenios Internacionales de Ginebra, debido a que el máximo tribunal reconoció su plena vigencia en Chile, pese a que no se encuentran incorporados a nuestra legislación.

'Ha sido la Excma. Corte Suprema en la causa sobre homicidio calificado de los estudiantes y miembros del MIR, Hugo Rivol Vásquez Marínez y Mario Edmundo Superby Jeldres […] la que ha señalado que en la época en que ocurrieron tales hechos el territorio nacional se encontraba jurídicamente en estado de guerra interna, lo que hace aplicable la normativa del Derecho Internacional Humanitario”, señala la resolución redactada por el ministro Eduardo Meins Olivares.

El dictamen llama la atención, ya que anteriormente el tribunal de alzada talquino se había negado a aplicar los Convenios de Ginebra en otras dos causas de derechos humanos, aplicando la figura de la prescripción a los responsables de los crímenes.

Condenas en Región de Los Lagos

En tanto, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt ratificó las condenas a los ex carabineros Hernán Escobar Hinostroza, Víctor del Camen Retamal Carrasco, Joel Osorio Morales y Desiderio García Vargas por el homicidio de Nelson Llanquilef Velásquez ocurrido el 8 de octubre de 1973 en Puerto Ramírez, Región de Los Lagos.

Los ex uniformados fueron sentenciados a 5 años y un día de reclusión, rebajándose la pena de 10 años de reclusión que había dictado en primera instancia el juez de Letras de Chaitén en octubre de 2005.

'Si bien se trata de agentes de Estado los ejecutores del ilícito, su forma de actuar y circunstancias, no se encuentran dentro del marco de sus funciones públicas, ni son en pro del bien jurídico colectivo, que como tal debían amparar, sino que por el contrario han actuado apartándose claramente de su deber de Carabineros de Chile, procediendo a ejecutar la desaparición forzada y secuestro de una persona”, señala la resolución.


Diariolatribuna.cl,

29 de Mayo del 2007

HERIDAS QUE COMIENZAN A CERRAR

Familia de angelino ejecutado durante Gobierno Militar logra hacer justicia

Responsable del homicidio de Carlos Roberto Fuentealba Herrera, muerto en 1974, deberá pasar 5 años y un día recluido luego de que se determinara que no actuó en legítima defensa, como argumentó. Más de treinta años después.

Dicen que la justicia tarda, pero llega y esta afirmación se aplica fielmente en el caso de Carlos Roberto Fuentealba Herrera, angelino ejecutado en Talca el año 1974, meses después de haber abandonado la capital provincial, cuando permanecía sumido en la clandestinidad para evitar que su militancia política significara su detención en aquellos turbulentos días. 
Murió implicado en actos terroristas según la versión de la época, pero sus hijos, en ese entonces de cuatro, cinco y seis años de edad, jamás se conformaron con aceptar tal aseveración, pese a que nunca nadie, quiso darles mayores detalles respecto a lo sucedido realmente con su progenitor.
Es una historia compleja, pero quizás similar a la sufrida por muchas familias chilenas luego de la intervención militar de 1973. Carlos Fuentealba era militante comunista, y como trabajador de la planta Iansa de Los Ángeles también era dirigente en el sindicato de esta fábrica. Conocedor del destino que muchos de sus compañeros capturados habían corrido, este hombre decidió huir a Talca, capital de la Región del Maule. Su nombre figuraba entre los requeridos por los bandos militares para presentarse en el Regimiento de Los Ángeles y por su filiación política y su calidad de dirigente sindical corría serio riesgo. Así, en esa ciudad estuvo bajo cobijo seguro durante varios meses. 
En Los Ángeles, en tanto, quedó su esposa junto a los tres pequeños niños, quienes desde ese momento debieron asimilar esta ausencia, que se extendería por el resto de sus vidas. 
Esto, porque su madre, Lidia Cea Filla, les entregó una vez adolescentes sólo algunos detalles de lo acaecido durante esos meses en la clandestinidad, tiempo en el cual el fallecido trabajó en labores campestres, cerca de San Clemente. Les contó, por ejemplo, que ella visitó algunas veces a su marido en aquella localidad y que él, temerariamente, regresó a Los Ángeles para visitar a sus familiares, compañera y descendencia. 
Ese relato tuvo una abrupta interrupción una noche de junio de 1974, cuando Fuentealba intentó evadir la acción de los efectivos policiales, y fue herido por un disparo de uno de ellos. El impacto, en pleno corazón, lo dejó tendido en la calle. 
Una semana antes de su muerte, su mujer había sido capturada en Talca por la Policía de Investigaciones, que investigaban denuncias por infracción a la Ley de Control de Armas. Ocho días estuvo detenida, después de ser puesta a disposición de la Fiscalía Militar. El día en que fue puesta en libertad incondicional, el 26 de junio, se enteró del deceso de su esposo. 
La más triste noticia, con la cual debió cargar desde entonces, y sobre la cual no quiso ahondar con su prole, a la que se dedicó a criar con absoluta dedicación. Sin embargo, y comprensiblemente, algo quedó en el alma de los tres descendientes, algo que se negó a aceptar que el único recuerdo al que podrían recurrir cuando se les preguntara sobre su padre sería el retrato que colgaba en una pared de su casa. 

EL LARGO CAMINO DE LA JUSTICIA 
Así, los tres hijos, encabezados por Ana Fuentealba Cea, algunos años después de la muerte de su madre, ocurrida en 1997, emprendieron su cruzada en busca de la verdad y, por cierto, de la justicia. En concreto, el 2003, enviaron una carta al entonces Presidente Ricardo Lagos para lograr que se iniciara alguna acción, y así poder esclarecer las razones de su muerte. 
Esto, porque los reportes oficiales publicados en ese entonces, catalogaron la muerte del angelino como la de un extremista abatido por Carabineros. Según se indicó, este sujeto portaba dinamita de alto poder, además de un capuchón rojo y la fotografía de Lenin al momento de su muerte, la cual fue originada por la reacción de uno de los carabineros, que actuó en legítima defensa. 
La querella ante el juez exclusivo para casos de derechos humanos, Gerardo Bernales, estableció que el fallecimiento de Fuentealba no fue producto de un enfrentamiento, sino que fue uno más de los crímenes cometidos en ese oscuro periodo de la historia nacional, tal como lo consigna el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) y las declaraciones aportadas por familiares de la víctima que estuvieron presentes en la exhumación del cadáver. Según constataron estos testigos, los restos del hombre evidenciaban fracturas en el cráneo y heridas cortantes en distintas partes. 
La querella presentada en 2003 por el abogado Roberto Celedón, por parientes de víctimas de otros tres casos ocurridos en la Región del Maule, y dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, comenzó a dar los dividendos esperados por este grupo de hermanos angelinos. 

UNA RESOLUCIÓN QUE TRANQUILIZA 
El veredicto dictaminado durante el primer semestre del 2006 por el juez del Tercer Juzgado del Crimen de Talca, Sergio Belmar, estableció la responsabilidad en calidad de autor de homicidio del ex funcionario de Carabineros, Primitivo José Castro Campos
La decisión fue finalmente confirmada por la Corte de Apelaciones de esa ciudad y por la misma Corte Suprema, sobre la base de que el único implicado en este caso –el otro ya no está vivo- admitió haber tomado parte en la ejecución del ilícito de manera directa e inmediata. 
Según consta en el texto de la resolución, de fecha 30 de abril de 2006, fueron desacreditaron los argumentos planteados por la defensa, que aseguraban que el ex uniformado actuó en legítima defensa. 
El documento explicita la intencionalidad del hecho, al señalar que “está comprobado que el fallecido era buscado por agentes del Estado en razón de su opción política, y su muerte, de acuerdo al informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, corresponde a una víctima más de la violación de derechos humanos y de la violencia política”. 
Sobre esos argumentos, el deceso de este angelino se enmarca en los crímenes denominados “de lesa humanidad”, es decir, aquellos que, dada su gravedad, implican una lesión para la humanidad entera y que por esa razón, deben recibir castigo. 
Así las cosas, los jueces determinaron que no se aplica en esta causa la prescripción, en virtud de la serie de acuerdos firmados por nuestro país en esta materia, que se superpone al derecho interno. 
Del mismo modo, la decisión de la Justicia también descartó la teoría de la “cosa juzgada”, es decir, que un mismo delito no puede ser sometido dos veces a examen. Ello, porque entre los elementos proporcionados por la defensa para sostener que este caso estaba sobreseído, sólo figuraba la identidad de la víctima, no así las circunstancias en que ésta dejó de existir, requisito esencial para ello. 
Asimismo, el inculpado tampoco pudo probar que actuó en legítima defensa y los magistrados desvirtuaron la tesis que justificaba su accionar por la circunstancia de haber recibido órdenes superiores pues, según se lee en el documento “ellas no pueden comprender la de cometer delitos”. 
De esta manera, Primitivo José Castro Campos ya está cumpliendo su condena en un centro de reclusión talquino, la cual implica un periodo de 5 años y un día. 

Para Ana Fuentealba Cea, una de las hijas de este infortunado angelino, el camino recorrido hasta encontrar la verdad “ha sido doloroso, pero ha servido para limpiar el nombre de mi padre y también para tributar el esfuerzo, la dedicación y el sufrimiento que vivió nuestra madre, desde que quedó viuda a los 20 años de edad”. 

Hoy de 39 años, a esta mujer le cuesta hablar de perdón para el verdugo de su progenitor, aunque asegura sentir pena por la situación de sus familiares, a quienes sólo vio en una ocasión. Respecto de ellos, puede hacer el ejercicio de ponerse en su lugar, por el hecho de haber vivido en carne propia el quedarse sin padre a tan temprana edad. 
“Pero un crimen como el que él cometió, no podía quedar así”, entrega como última reflexión la vocera de esta familia de Los Ángeles, que muchas veces temió que la justicia jamás llegaría. Pero llegó.


Consejo Para la Transparencia, Marzo de 2012

DECISIÓN AMPARO ROL C1377-11

Entidad pública: Fundación Centro de Investigaciones Periodísticas  (CIPER)

Requirente: Subsecretaría de Justicia

Ingreso Consejo: 02.11.2011

En sesión ordinaria N° 322 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de marzo de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C1377-11.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada; lo dispuesto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de septiembre de 2011 doña Mónica González

Mujica, en representación de la Fundación Centro de Investigaciones Periodísticas

(CIPER) , solicitó a la Subsecretaría de Justicia copia de la resolución mediante la cual se otorgó la libertad condicional, en mayo pasado, a los internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Punta Peuco Luis Fernando Romo Morales y Primitivo José Castro Campos, señalando que dicho beneficio fue concedido a través de la Secretaria Regional Ministerial de Justicia.

2) OPOSICIÓN DE LOS TERCEROS: La Subsecretaría de Justicia comunicó la solicitud al Sr. Luis Romo Morales mediante el Ordinario N° 678 y al Sr. Primitivo Castro Campos, mediante el Ordinario N° 679, ambos de 26 de septiembre de 2011. Dichos terceros dedujeron oposición a la entrega de la información solicitada; el Sr. Primitivo Castro Campos mediante presentación efectuada ante la SEREMI de Justicia de la VII Región del Maule el 29 de septiembre de 2011, y el Sr. Luis Romo Morales, mediante presentación efectuada ante la Subsecretaría de Justicia el 30 de septiembre de 2011, fundando sus oposiciones en la concurrencia de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, al sostener que la publicidad de la información requerida afectaría la esfera de su vida privada, respecto de lo cual argumentaron en torno a lo siguiente:

a) El carácter de dato personal y/o sensible que tiene la información solicitada en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.628.

b) Lo dispuesto en el artículo 1°, inciso 1°, de la Constitución Política de la República en cuanto reconoce el derecho a la dignidad de la persona humana y lo dispuesto en el N° 4° de la misma Carta Fundamental, en cuanto garantiza la igualdad ante la ley y el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia,

c) Lo reglamentado en el D.L. N° 645, de 1925, que crea el Registro General de Condenas y otorga a este registro la calidad de secreto, como también lo dispuesto en el D.S. N° 64, de 1960, que reglamenta la eliminación de prontuarios penales, de anotaciones y el otorgamiento de certificados de antecedentes, señalando expresamente en su artículo 7° que: «Los prontuarios y los datos que se relacionen con éstos serán secretos... ». Por último el Código Penal, en su artículo 246 califica como delito de «violación de secreto», por parte de empleados públicos que infrinjan el secreto de hechos y papeles que tengan a su cargo y no deban ser publicados.

d) Concluye que es posible inferir de las disposiciones legales citadas, que el legislador otorga el carácter de reservados a los antecedentes penales de los condenados, al calificarlos como datos sensibles, y estableciendo por esta vía la defensa y protección de la vida privada de éstos y la de su familia y también la reinserción del condenado en el medio libre.

3) RESPUESTA: La Subsecretaría de Justicia respondió a la antedicha solicitud mediante el Ordinario N° 715, de 12 de octubre de 2011, en el cual denegó la información solicitada, fundado en que, habiendo notificado la solicitud a don Luis Romo Morales y don Primitivo José Castro Campos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, éstos dedujeron oposición formal a la entrega de la información solicitada.

4) AMPARO: El 2 de noviembre de 2011 doña Mónica González Mujica, en representación de la Fundación Centro de Investigaciones Periodísticas (CIPER) dedujo ante este Consejo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría de Justicia, fundado en que se le denegó la información solicitada por la oposición de los terceros, argumentando en su reclamación, en resumen, lo siguiente:

a) Que la Subsecretaria de Justicia ha faltado al debido proceso legal al no haberle entregado copia de las oposiciones deducidas por los terceros a quienes se refería la información solicitada, por lo que se ha visto imposibilitado para analizar si las oposiciones fueron realizadas en forma legal, esto es, en tiempo y forma tal como lo exige la Ley de Transparencia, es decir, que ha sido únicamente la entidad pública reclamada quien ha calificado tales oposiciones. En tal sentido argumenta que en todo procedimiento, sea civil, penal o administrativo, a las partes les asiste el derecho a conocer el estado del mismo y los documentos que lo sustentan; así, en materia administrativa, supletoriamente a lo que dispone la Ley de Transparencia, la Ley N° 19.880, en su artículo 16 consagra el principio de transparencia remitiendo al artículo 3° de la Ley de Transparencia, por lo que, aún cuando pudiera eventualmente entenderse –erróneamente– que baste con indicar por la autoridad que habiendo oposición de terceros queda impedida de entregar la información, la discrecionalidad de la calificación y la entrega incompleta de los antecedentes que sirvieron de base a tal decisión, genera un perjuicio a una legítima defensa.

b) Señala, a mayor abundamiento, que la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia en la decisión de amparo C36-10, ha establecido que los terceros, concluido un procedimiento, tienen derecho a conocer el mismo por aplicación del principio de transparencia que consagra la Ley N° 19.880 (artículo 16) en relación con lo que establece la propia Ley de Transparencia, cuerpos legales que, conjuntamente con los dictámenes de la Contraloría General de la República citados en la citada decisión, dan cuenta del porqué los documentos solicitados deben ser entregados.

c) En cuanto a la publicidad y relevancia de la información solicitada señala que contar con ésta es de vital importancia a nivel de país y, por tanto, de interés público en el marco del debate a la hora de analizar los fundamentos que tuvo la autoridad administrativa para otorgar beneficios carcelarios que contempla el ordenamiento jurídico nacional en relación a las personas que cumplen condenas. Sostiene al efecto que tanto la solicitud del beneficio como la resolución que resuelve –concediendo o negando– son públicos ya que dicha información, en primer lugar, obra en poder de la Administración del Estado, aún cuando dicha información pudiera contener datos personales o sensibles de los internos, pues claramente la autoridad administrativa puede aplicar el principio de divisibilidad, regulado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 2.931, de 8 de septiembre de 2011 a la Sra. Subsecretaria de Justicia, solicitándole que se refiriera las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de información solicitada; indicara los datos de contacto de los terceros que se opusieron a la entrega, y acompañara los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros así como la respuesta de éstos. Dicha autoridad contestó el traslado formulando sus observaciones y descargos en los términos que se indican a continuación:

a) Señala que la Subsecretaría de Justicia no ha invocado en caso alguno una causal de secreto o reserva, sino que ha dado aplicación a lo dispuesto en el artículo 20, inciso tercero, de la Ley de Transparencia, dando a conocer la oposición hecha valer por los terceros, quienes han deducido oposición fundados en la eventual vulneración de su derecho a la protección de datos personales, conforme a lo establecido en la Ley N° 19.628.

b) En este sentido, precisa que el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales, constituyen dos derechos autónomos, de equivalente rango jurídico, de modo que no puede pretenderse aplicar un derecho sobre el otro, pues existe entre ambos una difícil delimitación, generándose a su respecto lo que en doctrina se denomina un dilema jurídico, cuya solución debe ser resuelta mediante la ponderación de los derechos en presencia, lo que debe hacerse para cada caso en concreto, y supone efectuar la ponderación de tal modo que el contenido esencial de los derechos no resulte desnaturalizado, siendo esto último lo que pretende el requirente, al utilizar la Ley de transparencia para un objeto diverso al que tiene.

c) Bajo el prisma expuesto en el párrafo precedente, y conforme al expreso mandato del artículo 20 de la Ley de Transparencia, la Subsecretaría de Justicia se encuentra en la obligación de dar traslado a los terceros cuyos derechos puedan verse afectados con motivo de la solicitud de información de que se trate. Para el caso de que los terceros afectos realicen una oposición fundada y presentada en tiempo y forma, en conformidad a lo dispuesto por la norma en comento, el organismo se encuentra imposibilitado de entregar la información. El propio diseño del procedimiento administrativo que contempla la referida norma, al regular en forma expresa el efecto de la oposición del tercero, contempla una de las medidas de resguardo a los derechos de los terceros, que para el presente caso corresponde al derecho a la protección de los datos personales a que ya se ha hecho referencia, por cuanto la oposición fundada y tempestiva impide –provisionalmente, ya que el Consejo para la Transparencia puede decidir cosa diversa– que el organismo requerido entregue los datos solicitados.

d) De esta manera, expresa, la apreciación que la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado haga respecto a la afectación de derechos de terceros, para efectos de comunicarles la solicitud de información y darles oportunidad de oponerse, es completamente potencial y no constituye una calificación jurídica definitiva respecto a la protección que merecen esos datos, pues esto último sólo se alcanza una vez terminada la tramitación del procedimiento administrativo y, eventualmente, judicial que contempla la Ley de Transparencia. En este sentido, señala que el artículo 20 de la precitada ley expresa en términos potenciales la apreciación sobre afectación de derechos de terceros que realiza el ente administrativo al expresar: «…cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros...». En el caso del presente amparo, la Subsecretaría de Justicia consideró que la solicitud de copia de la resolución solicitada podía afectar los derechos que la Ley N° 19.628 reconoce al Sr. Romo y al Sr. Castro, debido a que contiene datos concernientes a ellos como personas naturales identificadas, vale decir, datos de carácter personal según la definición que da el literal f) del artículo 2° de dicho cuerpo legal. En consideración a lo anterior, los datos contenidos en la resolución pueden ser tratados "sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados" (artículo 9° de la Ley N° 19.628), entre los que no se encuentra su comunicación a terceros.

e) Confirma la conclusión del párrafo precedente, el hecho que el Decreto Ley N° 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, Sobre el Registro General de Condenas, establece un sistema severamente restringido en lo relativo al tratamiento de datos sobre la forma de cumplir las penas en favor del condenado. En efecto, el inciso segundo del artículo 30 dispone que en el prontuario respectivo del Registro General de Condenas «…se inscribirá también la forma como fue cumplida la pena o las causas por qué no se cumplió en todo o en parte». Respecto de este dato, el artículo 6° del mismo cuerpo legal dispone que: «Fuera de las autoridades judiciales, policiales y de Gendarmería de Chile respecto de las personas sometidas a su guarda y control, nadie tiene derecho a solicitar la exhibición de los datos que se anotan en el Registro. El empleado que en razón de su cargo, divulgue la inscripciones, incurrirá en las penas señaladas en el artículo 246 del Código Penal.»

f) Expresa que frente a la comunicación efectuada por esta Subsecretaría al Sr. Romo y al Sr. Castro, ambos se opusieron por escrito, dentro del plazo de dos días hábiles que contempla el artículo 20 de la Ley de Transparencia, a la entrega de la información solicitada por los motivos que señalan. En consecuencia, cumplidos los presupuestos fácticos que hacen aplicable la norma prohibitiva contenida en el inciso tercero del citado artículo 20, la Subsecretaría procedió a comunicar a la solicitante, por lo que su actuar en relación a la solicitud de información de la especie ha sido ajustada a derecho, dando cumplimiento cabal al procedimiento administrativo que la propia Ley de Transparencia.

6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo, mediante los Oficios N°s 3.285 y 3.286, de 16 de diciembre de 2011, respectivamente, confirió traslado del presente amparo a los Sres. Luis Romo Morales y Primitivo Castro Campos, quienes mediante presentaciones de fechas 26 y 30 de diciembre de 2011, respectivamente, contestaron el traslado oponiéndose a la entrega de la información solicitada en base a los mismos argumentos expuestos ante la Subsecretaría de Justicia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en relación a los aspectos formales del procedimiento de oposición aplicado en la especie, los artículos 20, inciso tercero, y 16 de la Ley de Transparencia exigen que las respuestas denegatorias sean fundadas. Asimismo, la Instrucción General N°10 de este Consejo, sobre «Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información» (publicada en el Diario Oficial de 17.12.2011 y vigente en esta parte desde el 1° de marzo de 2012), establece en su apartado 2.4 que las respuestas denegatorias en caso de existir oposición de terceros exigen: «…comunicar al solicitante la circunstancia de haberse negado el tercero en tiempo y forma a la entrega de la información, otorgando copia de la oposición». Por tanto, si bien el procedimiento de comunicación a los terceros en este amparo se ha verificado con anterioridad a la entrada en vigencia de la citada Instrucción, es menester hacer presente a la Subsecretaría de Justicia que deberá observar lo dispuesto en dicha Instrucción respecto de los procedimientos de oposición que lleve a cabo en el futuro.

2) Que, respecto de lo solicitado (actos administrativos pronunciado por la SEREMI de Justicia respectiva para conceder la libertad condicional a los terceros a quienes se refiere la solicitud) cabe consignar que el D.S. N° 2.442/1926, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de la Ley de Libertad Condicional, define a ésta como «…un modo de cumplir en libertad, bajo determinadas condiciones, y una vez llenados ciertos requisitos, la pena privativa de libertad a que está condenado un delincuente por sentencia ejecutoriada» (artículo 1°). Por su parte, el Decreto Ley N° 321, de 1925 del Ministerio de Justicia (o Ley de Libertad Condicional) señala que dicha modalidad «…no restringe ni modifica la duración de la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir en libertad por el condenado y según las disposiciones que se dicten en este decreto-ley y en el reglamento respectivo». En cuanto a la forma de obtener el beneficio, la Ley de Libertad Condicional prescribe que «…la petición de libertad condicional la hará una comisión especial que funcionará en la Corte de Apelaciones respectiva, durante los meses de abril y octubre de cada año, previo informe del jefe del establecimiento en que esté el condenado» (artículo 4° inciso 1°); mientras que en lo tocante a su forma de otorgamiento dispone: «se concederá por decreto supremo, previos los trámites correspondientes y se revocará del mismo modo. En todo caso, tratándose de condenados a presidio perpetuo calificado, la libertad condicional deberá ser concedida o revocada por el pleno de la Corte Suprema, previo cumplimiento de los trámites previstos en el artículo precedente. La resolución que conceda, rechace o revoque la libertad condicional en el caso establecido en el inciso precedente se comunicará al Ministerio de Justicia, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 6º y 7º del presente decreto ley y en el reglamento respectivo» (artículo 5°). Finalmente, el D.S. N° 1.597/1980, del M. de Justicia, que fija el reglamento orgánico de esta cartera, establece como una de las facultades de los Secretario Regionales Ministeriales: «conceder o denegar la libertad condicional a los condenados recluidos en los establecimientos penales de su jurisdicción y revocar, en igual forma, dicho beneficio a los reos libertos a quienes se haya fijado su residencia en la respectiva región o estén efectuando sus presentaciones ante Patronatos de Reos pertenecientes a la misma».

3) Que, en cuanto la información requerida consiste en «resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial» han de presumirse públicos, al tenor delartículo 5° de la Ley de Transparencia, que desarrolla el artículo 8° de la Constitución Política de la República.

4) Que, sin embargo, comunicada la solicitud a los terceros potencialmente afectados éstos han ejercido su derecho a oponerse a la entrega de los actos solicitados, alegando que deben considerarse reservados por contener sus antecedentes penales. Por tanto, es preciso abordar esta alegación.

5) Que respecto de los datos personales relativos a condenas penales, el inciso primero del artículo 21 de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada y datos personales, dispone que: «Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena». Este Consejo ha establecido que los presupuestos que deben concurrir para aplicar esta hipótesis de secreto respecto de condenas penales son: a) Debe tratarse de «datos personales relativos a condenas por delitos». Es decir debe ser información relacionada con condenas por determinados delitos de personas naturales identificadas o identificables; y b) Las condenas a las que se relaciona la información deben encontrarse “cumplidas” o la pena asignada debe estar “prescrita”. Sin embargo, la Recomendación sobre Protección de Datos Personales de este Consejo, así como las decisiones recaídas en los amparos Roles C411-09, de 09.12.2009; C73-10, 20.07.2010; C339-10, de 07.12.2010; y C664-10, de 07.12.2010, permiten autorizar la comunicación de los datos referidos en el artículo 21 de la Ley N° 19.628 cuando así lo exija el interés público aplicando la Ley de Transparencia (numeral 6.3 de la Recomendación), lo que se ha denominado “test de interés público”.

6) Que, la pena de los dos condenados a que se refiere la solicitud no puede reputarse cumplida al tenor de lo prescrito en el artículo 3° del Reglamento de la Ley de Libertad Condicional: «El período de libertad condicional durará todo el tiempo que le falte al penado para cumplir su condena, i la pena se reputará cumplida si obtiene su indulto o si terminare el período de libertad condicional sin que haya sufrido una nueva condena o sin que se haya revocado su libertad condicional» (sic). Siendo así, la hipótesis de secreto contemplada en el artículo 21 de la Ley N° 19.628 no puede aplicárseles.

7) Que, no obstante lo señalado, en caso que la pena de los condenados a que se refiere la solicitud pudiere reputarse cumplida al tenor de la norma precedentemente citada, este Consejo estima que la protección que envuelve dicha norma debiera ceder igualmente frente al interés público envuelto en la publicidad de los actos administrativos requeridos como vía para el control social respecto de los fundamentos bajo los cuales se autoriza una modalidad excepcional de cumplimiento de una pena privativa de libertad, cuestión que constituye un fundamento suficiente para justificar la divulgación a terceros de los actos administrativos en cuestión. No debe olvidarse que el procedimiento para otorgar el beneficio de libertad condicional tiene el carácter de administrativo en los términos requeridos por el artículo 18 de la ley N° 19.880, sobre bases de los Procedimientos Administrativos de los órganos de la Administración del Estado, ya que está conformado por una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y en su caso de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal: el pronunciamiento sobre el beneficio de la libertad condicional que emite el/la SEREMI de Justicia. Esto exige que dicho acto ha de encontrarse debidamente motivado al tenor de lo prescrito en el artículo 41 de dicho cuerpo legal.

8) Que, por otra parte, sólo determinadas autoridades o personas pueden acceder al Registro General de Condenas regulado en el D.L. N° 645/1975 (conforme sus artículos 2° y 6°)1, que constituye una base de datos que sistematiza la totalidad de la información relativa a condenas penales de las personas. Tal régimen de acceso restringido amplía el establecido por el citado artículo 21 de la Ley N° 19.628, en dos sentidos: a) Impide en todo momento –es decir, con prescindencia que se haya

1   En efecto su artículo 2° establece:«…fuera de los fiscales del Ministerio Público, las autoridades judiciales, policiales y de Gendarmería de Chile respecto a las personas sometidas a su guarda y control, nadie tiene derecho a solicitar la exhibición de los datos que se anotan en el Registro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente» (artículo 6°). Añade, su inciso 2° que «el empleado que en razón de su cargo, divulgue la inscripciones, incurrirá en las penas señaladas en el artículo 246 del Código Penal». Por otra parte, y debido a este régimen de secreto la Ley N° 19.927, de 2004, que modificó diversos cuerpos normativos en materia de delitos de pornografía infantil, agregó al citado D.L. un artículo 6º bis que levanta la prohibición reseñada tratándose de instituciones públicas o privadas «que por la naturaleza de su objeto requiera contratar a una persona determinada para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de edad, podrá solicitar que se le informe, para fines particulares, si ésta se encuentra afecta a la inhabilitación establecida en el artículo 39 bis del Código Penal». Dispuso, además, que «…la misma información podrá ser entregada a cualquier persona que cuente con una autorización expresa de aquel cuyos antecedentes se solicitan, para los fines señalados en el inciso anterior».

cumplido o no o prescrito o no la pena– acceder a la información que consta en el registro general de condenas, y b) Sólo permite a personas calificadas acceder a la información de registro (véase la decisión del amparo Rol C91-11). No obstante, este Consejo considera que este régimen de acceso restringido responde a la naturaleza misma del Registro General de Condenas, en cuanto base de datos que contiene la totalidad de los antecedentes relativos a condenas penales de las persona, y permite, por ello, acceder al conocimiento de la «historia penal completa» de las personas. Esto hace que su divulgación a terceros represente un riesgo potencial y evidente de afectación de los derechos de las personas cuya información consta en dicho registro, claramente mayor que en casos como el presente, en que se pide una información circunscrita y que parte de la base de conocer que la persona está condenada. De allí que este Consejo estime que dicho régimen especial de reserva resulta solo aplicable para el supuesto que contempla, esto es, cuando se pretenda acceder a la base de datos que constituye el registro general de condenas. Tratándose de otras vías de acceso a información sobre condenas debe aplicarse el régimen de reserva que establece el artículo 21 de la Ley N° 19.628, cuya procedencia ya ha sido analizada.

9) Que, por otra parte, cabe hacer presente que la calificación de secretos que efectúa el artículo 7° del D.S. N° 64/1960, del Ministerio de Justicia, sobre prontuarios penales, respecto del prontuario penal mismo y de los datos asociados al mismo, al constituir una norma de secreto contemplada en un cuerpo normativo de rango infralegal no sirve como fundamento legal para la reserva de la información solicitada, toda vez que el artículo 8° de la Constitución exige que toda disposición de secreto o reserva esté consagrada en una norma legal de quórum calificado, lo que ratifica el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.

10) Que, por lo tanto, no cabe sino desechar las alegaciones formuladas por los terceros y la Subsecretaría de Justicia en torno a la aplicación del régimen de protección de contemplan los cuerpos normativos citados en los considerandos precedentes.

11) Que, por último, cabe precisar que no resulta aplicable en la especie el procedimiento de disociación consagrado en el artículo 2°, letra l) de la Ley N° 19.628, ni el principio de divisibilidad que recoge el artículo 11 d) de la Ley de Transparencia, por ser de la esencia de los actos administrativos solicitados la identificación de los terceros, máxime cuando en este caso esta disociación carecería de eficacia pues la solicitante requirió la información identificando específicamente a los titulares de los datos.

12) Que, por todo lo anterior el presente amparo será acogido.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por la Fundación Centro de Investigación  Periodística (CIPER) en contra de la Sra. Subsecretaria de Justicia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Justicia que:

a) Entregue a la reclamante de los las resoluciones pronunciadas por la Secretaría Regional Ministerial respectiva, que concedió la libertad condicional a don Primitivo Castro Campos y don Luis Romo Morales.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.”

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a doña Mónica González Mujica, representante de la Fundación Centro de Investigación  Periodística, a don Primitivo Castro Campos, a don Luis Romo Morales, y a la Sra. Subsecretaria de Justicia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.


La Nacion

14 de Octubre 2012

Gendarmería libera a criminales pinochetistas

14 condenados recibieron beneficios de Gendarmería. La mayoría se encuentra en libertad vigilada y otros obtuvieron la salida dominical, como los dos condenados por los secuestros y degollamientos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.

 El 3 de agosto se informó que el Consejo Técnico de Gendarmería concedió el beneficio de la salida dominical al coronel (R) de Carabineros Guillermo González Betancourt y el sargento (R) José Fuentes Castro, quienes se encuentran recluidos en Punta Peuco, cumpliendo cadena perpetua simple por los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, así como del secuestro de otras 6 personas en marzo de 1985, situación que fue conocida como el “Caso Degollados”. La condena de primera instancia fue dictada por el ministro Milton Juica en marzo de 1994 y quedó a firme en octubre de 1995.

La noticia impactó en el mundo de los derechos humanos y particularmente entre los familiares de las víctimas, quienes para tratar de revertir la medida presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, indicando que les causaba un profundo daño moral y perturbaciones sicológicas. El recurso fue aceptado a tramitación y el tribunal solicitó a Gendarmería que informe los antecedentes que se tuvieron a la vista para adoptar la resolución.

Fue en estas circunstancias que se supo que otros condenados también habían recibido beneficios carcelarios. En total, se trata de 14 reclusos que cumplen sentencia en Punta Peuco y el Penal Cordillera de Peñalolén. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales informó que los siguientes condenados por violaciones a los DDHH gozan de distintos beneficios penitenciarios (todas las sentencias son afirme, es decir, ratificadas por la Corte Suprema):

- Hugo Enrique Alarcón Vergara, ex empleado civil de la Central Nacional de Informaciones (CNI), condenado en 2006 a 5 años y 1 días como cómplice del homicidio calificado del carpintero Juan Alegría Mundaca (caso Tucapel Jiménez). Recibió una conmutación de 8 meses y actualmente se encuentra en libertad condicional.

- Primitivo Castro Campos, suboficial (R) de Carabineros, condenado en 2007 a 5 años y 1 días por el homicidio de Carlos Fuentealba Herrera. Se le conmutaron 17 meses y está en libertad condicional.

- Luis Fernando Romo Morales, mayor (R) de Carabineros, sentenciado en 2007 a 5 años y 1 días por los secuestros calificados de José Lorenzo Cofré Obadilla y Carlos Montecinos Urra. Se le benefició con una reducción de pena de 8 meses, la conmutación de otros 3 y se encuentra en libertad condicional.

- Juan de Dios Caniulaf Hualme, civil, condenado en 2007 a 3 años como encubridor del homicidio simple de José Matías Ñanco. Recibió los beneficios de salida controlada y se le redujo la pena en 5 meses. Se encuentra libre.

- Alejandro Molina Cisternas, suboficial (R) de Carabineros, sentenciado en 2007 a 5 años y 1 día por los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Olea Alegría. Se le redujo la pena en 8 meses y está libre.

- Gerardo Ernesto Urrich González, mayor (R) de Ejército, condenado en 2007 a 5 años y 1 día por los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Olea Alegría. Además, está acusado en otras 3 causas y procesado en otras 21. Se le redujo la pena en 8 meses y está libre.

- Patricio Zamora Rodríguez, capitán (R) de Carabineros, condenado en 1995 a 15 años y 1 día por los secuestros de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino y como cómplice de los homicidios de los tres y por los secuestros de otras cinco personas en el mismo caso. También tiene otras tres condenas a 5n años y 1 días por violencia innecesaria con resultado de muerte de Percy Arana; 541 días por asociación ilícita y 541 días por lesiones. Se le redujo la pena en 13 meses y está libre.

- Emilio Enrique Neira Donoso, ex agente de la CNI y teniente coronel (R) de Ejército, condenado a la pena única de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, como autor de los homicidios calificados de José Valenzuela Levi y de Recaredo Valenzuela Pohorecky, ocurridos en junio de 1987 en el marco de la “Operación Albania”, cuya sentencia quedó a firme en agosto de 2007. Se le concedió el beneficio de la salida dominical.

- Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, coronel (R) de Ejército, condenado en 7 oportunidades, entre 2007 y 2011, por varios secuestros calificados (desapariciones). Recibió una reducción de pena de 7 meses. En algunos casos ya se encontraba con libertad vigilada. Actualmente está en libertad.

- José Florentino Fuentes Castro, sargento (R) de Carabineros, condenado en 1995 a presidio perpetuo simple (mínimo de 20 años) y 541 días por los homicidios de Parada, Nattino y Guerrero y por los secuestros de 6 dirigentes de la Agech. Acaba de recibir el beneficio de salida dominical.

- Guillermo Washington González Betancourt, coronel (R) de Carabineros, condenado a presidio perpetuo simple en el mismo caso del anterior. Junto con Fuentes, acaba de obtener la salida dominical.

- Otto Silvio Trujillo Miranda, alias “Colmillo Blanco”, ex empleado civil de la Fuerza Aérea de Chile e integrante del Comando Conjunto, condenado en 2010 a 3 años y 1 día como cómplice del secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, detenido por el Comando Conjunto en noviembre de 1975. Trujillo, además, se encuentra procesado o acusado en otras 5 causas, como autor o cómplice de las desapariciones de 11 militantes del Partido Comunista, detenidos por el Comando Conjunto en los años 1975 y 1976. Se le concedió la salida dominical.

- César Luis Palma Ramírez, alias “Fifo”, también ex empleado civil de la Fuerza Aérea de Chile e integrante del Comando Conjunto, quien igualmente fue condenado en 2010 a 5 años y 1 día por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez. También fue condenado en 2007 a 3 años y 1 día, con el beneficio de la libertad vigilada, como autor del homicidio de Carlos Contreras Maluje, detenido en noviembre de 1976. Además, se encuentra procesado o acusado en otras 6 causas, como autor de las desapariciones de 13 militantes del Partido Comunista, detenidos por el Comando Conjunto en los años 1975 y 1976. Se le concedió la reclusión nocturna.

- Odlanier Rafael Mena Salinas, general (R) de Ejército, ex director de la CNI, condenado en 2008 a 6 baños por tres secuestros calificados (Caso Caravana de la muerte, episodio Arica).

El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, al ser consultado acerca del tema, manifestó que respaldaba plenamente las decisiones del Consejo Técnico de Gendarmería, ya que si bien los beneficiados podían haber cometido “delitos rechazables, también tienen derechos humanos”. Sin embargo, en opinión del Observatorio de DDHH “hay razones muy fundamentadas para cuestionar la aplicabilidad de normas del derecho interno diseñados para crímenes comunes a crímenes que, por su carácter de lesa humanidad, revisten la mayor gravedad, según normas activamente reconocidas y ratificadas por el mismo Estado de Chile”.


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