Caraves Silva Mario

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó hoy la condena a cinco años y un día de prisión a un ex coronel del Ejército por el asesinato del sacerdote católico español Joan Alsina Hurtos, perpetrado días después del golpe militar de 1973, informaron fuentes judiciales.

La sentencia del tribunal de alzada confirmó el fallo de primera instancia en el caso dictado por el juez Jorge Zepeda, a cargo de la causa contra el jubilado coronel Donato López Almarza, a quien imputó el cargo de homicidio calificado.

En la fecha del golpe de Estado que Augusto Pinochet encabezó el 11 de septiembre de 1973, Alsina era empleado del hospital San Juan de Dios, de Santiago de Chile, donde fue detenido días después por una patrulla militar.

El 19 de septiembre, tras haber sido torturado, fue llevado al Puente Bulnes, sobre el río Mapocho, donde, por orden de López Almarza, un recluta de 18 años, Nelson Bañados, le disparó siete balazos desde corta distancia.

Días después el cadáver de Alsina fue encontrado aguas abajo y las autoridades militares afirmaron que se trataba de un "terrorista" que había muerto en un enfrentamiento con una patrulla. Al momento de su muerte, el sacerdote pidió al recluta Bañados que no le vendara los ojos, para poder bendecirlo y darle el perdón, según confesó el propio recluta al sacerdote Miguel Llodrá, que investigó personalmente la historia del cura Alsina.

Bañados ratificó después la versión en el juicio por el asesinato y tiempo después, agobiado por los remordimientos, se suicidó.

También murió el coronel Mario Caravés, que como capitán comandó la patrulla que detuvo al sacerdote, lo torturó y después lo condujo al puente. La Corte de Apelaciones, en su dictamen de hoy, consideró el caso como "un delito de lesa humanidad", al que corresponde aplicar normas del derecho internacional.

El Tribunal de alzada condenó a Jorge Reyes Morel, Pedro Lovera Betancourt, Donato López Almarza y Juan Fernández Berardi a la pena de 15 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de homicidios.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cinco miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en los homicidios de Raúl Moscoso Quiroz, Víctor Barrales González, Sergio de la Barra de la Barra, Mario Salinas Riquelme, José Villavicencio Medel, Luis Gutiérrez Rivas, Rafael Madrid Gálvez, Gastón González Rojas, Exequiel Contreras Carrasco, Carlos Ibarra Echeverría, Alberto Soto Valdés, José Quezada Núñez, Rosalindo del Carmen Retamal, Daniel Hernández Orrego, cometidos entre septiembre y octubre de 1973, en Barrancas, actual comuna de Pudahuel.

En la sentencia, la Quinta Sala del Tribunal de alzada –integrada por los ministros Alejandro Rivera, Mireya López y Paulina Gallardo- condenó a  Jorge Reyes Morel, Pedro Lovera Betancourt, Donato López Almarza y Juan Fernández Berardi a la pena de 15 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de homicidios.

En tanto, Carlos Silva Pérez fue condenado a 541 días de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, por su responsabilidad como cómplice de homicidios.

La sentencia modificó la sentencia del ministro en visita Mario Carroza  que había absuelto a Jorge Reyes Morel y Pedro Lovera Betancourt y los condenó por ilícitos cometidos el 30 de septiembre de 1973.

«Que así las cosas, existen elementos de cargo suficientes para estimar que a estos tres acusados les ha cabido participación de autor en los ilícitos ocurridos el día 30 de septiembre de 1973, pues tanto Turres como Reyes describen un episodio de fusilamiento totalmente coincidente con el aquí investigado, sin que pueda este confundirse con el de Puente Bulnes pues se trata de lugares distintos, partícipes diversos y víctimas diferentes. Y en cuanto al acusado Lovera cabe considerar que es sindicado como una persona que, junto a Caraves (hoy fallecido) participaba en todos los fusilamientos que esté realizó, que además formaba parte de la Compañía Andina y fue sindicado desde un comienzo por Reyes como participante de estos hechos», dice el fallo este aspecto.

Agrega que la circunstancia que el acusado Turres no formara parte de la Compañía Andina sino de la de Morteros no es suficiente exculpación, pues la descripción del hecho que hace coincide con el aquí investigado sin que la versión que da, en orden a que iba arriba de una camioneta y que no se bajó del vehículo por su problema en la rodilla y que solo supuso que se había hecho un fusilamiento encuentre corroboración alguna en la causa. Es más, los dichos de Silva demuestran que en el fusilamiento participaron personas que venían en dos camiones que supone eran de la Quinta Normal.

Además, se considera que la retractación que después de muchas declaraciones hizo el acusado Reyes, no puede ser oída al tenor de lo dispuesto en el artículo 483 del Código de Procedimiento Penal por no reunirse las condiciones o exigencias que la norma prevé para hacerlo y por cuanto es difícil creer que haya inventado todo lo que dijo cuando sus dichos son coincidentes con las circunstancias descritas sobre estos fusilamientos por el acusado Silva.

Asimismo se modificó la responsabilidad penal de González Berardi de cómplice a autor, por lo que se elevó la pena de primera instancia de 5 años de presidio a 15 años y un día de presidio.

«Que en cuanto a la participación de Fernández descrita en los considerandos 21° y 23° de la sentencia en alzada, no corresponden a la calidad de cómplice sino de autor en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal, por cuanto, al menos tomó parte en la ejecución de los hechos impidiendo o procurando impedir que se evite, ello al ser el segundo a cargo de la Casa de la Cultura, después del capitán Urrich, por lo que tenía pleno dominio de los hechos ilícitos que se ejecutaban», asegura la sentencia del Tribunal de alzada.

La Corte además dicto sobreseimiento parcial y definitivo del condenado Héctor Turres Mery al considerar que cayó en  enajenación mental, según lo acreditan informes médicos del Servicio Médico Legal (SML).

Añade que de acuerdo a los informes médicos señalados, es posible concluir que el sentenciado Turres Mery ha caído en enajenación mental, por lo que al no existir sentencia de término corresponde disponer su sobreseimiento definitivo de acuerdo a lo previsto en los artículos 686 y 408 N° 6 del Código de Procedimiento Penal correspondiendo su entrega bajo fianza de custodia y tratamiento, por no constar en los informes que en su actual estado revista un grado de peligrosidad para sí o para terceros.

En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar una indemnización total de  $ 1.210.000.000 a los familiares de las víctimas.

Los Hechos

La investigación del ministro Mario Carroza estableció que:

1) Que a raíz de los acontecimientos acaecidos en el país el día 11 de septiembre de 1973, el Gobierno Militar ordenó tomar el control de la ciudad de Santiago y para llevarlo a cabo, distribuyó a sus unidades militares en la jurisdicción con misiones especificas a realizar;

2) Que así las cosas, un Batallón del Regimiento de Infantería de Montaña N° 3 Yungay, viajó el 11 de septiembre de 1973 desde la ciudad de San Felipe y asentado en la Comuna de Quinta Normal, al mando del mayor Donato López Almarza, que era apoyado por los Capitanes Jorge Armando Turres Mery, Jorge Alberto Reyes Morel y Mario Caraves Silva, actualmente fallecido, quien a su vez fue el Oficial que estuvo al mando de la Compañía Andina, la misma que recibe instrucciones de acantonarse en la Casa de la Cultura de la Comuna de Barrancas, donde permanece todo el mes de septiembre y es relevada el 1° de octubre de 1973, por la Primera Compañía de la Escuela de Suboficiales del Ejército, que se encontraba a cargo del Capitán Gerardo Ernesto Urrich Gonzalez (hoy fallecido), seguido por su subalterno el Teniente Juan Ramón Gerardo Fernández Berardi, con quien cumplió con el propósito de controlar el sector poniente de la capital, en el caso de autos, la antigua Comuna de Barrancas, hoy Pudahuel;

3) Que el contingente de la Compañía Andina del Regimiento de Infantería de Montaña N° 3, Yungay, de San Felipe, encabezado por el fallecido Capitán Mario Caraves, estuvo emplazado en dependencias de la llamada Casa de la Cultura, ubicada a la altura del 8.000 de la calle San Pablo, a contar del 21 de septiembre de 1973 hasta fines de ese mes, siendo relevado a contar del 1° de octubre, por la Escuela de Suboficiales del Ejército;

4) Que ambas unidades del Ejército, de lo cual no pudo comprobarse coordinación entre ellas, durante su permanencia en el lugar, ejecutaron operativos militares contra la población civil de la Comuna, consistente en allanamientos, privaciones de libertad, interrogatorios, torturas y ejecuciones sumarias, como en los casos que a continuación se indican:

A.- Allanamiento en el Campamento Santiago Pino, efectuado el día 30 de septiembre de 1973, en horas de la madrugada, mediante el cual se detuvo a seis dirigentes poblacionales, Raul Eliseo Moscoso Quiroz, Víctor Manuel Barrales González, Sergio Osvaldo de la Barra de la Barra, Mario Gabriel Salas Riquelme, José Eusebio Villavicencio Medel y Luis Sergio Gutiérrez Rivas, se les traslada a la Casa de la Cultura, se les interroga bajo tortura y a sus familiares se les comunica por militares que serían enviados al Estadio Nacional, pero al día siguiente en horas de la mañana, son fusilados sumariamente, conforme lo informan los periódicos y logran enterarse sus familiares, bajo el rótulo «Ejecutados por disparar contra personal uniformado».

Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron encontrados en el Servicio Médico Legal el día 1° de octubre de 1973, a las 01,00 horas, con excepción del que correspondía al dirigente Luis Sergio Gutiérrez Rivas, el que pese a estar entre los cuerpos de sus compañeros, se mantenía aún con vida, siendo por ello trasladado de urgencia a la Posta del Hospital José Joaquín Aguirre, donde fue intervenido quirúrgicamente el día 2 de octubre de 1973, y recibió visitas de su pareja, superando de esa forma su estado de gravedad, pero antes de que le fueran a dar el alta es retirado del establecimiento asistencial por personal militar, bajo el pretexto de llevarle al Hospital Militar, no obstante desde ese momento se pierde su rastro y con el tiempo, año 1991, sus familiares logran encontrar sus restos en el Patio 29.

Los cuerpos de las otras víctimas de la ejecución, fueron retirados del Instituto Médico Legal por sus familiares y registran como fecha común de defunción el día 30 de septiembre de 1973, mientras que el aludido Luis Sergio Gutiérrez Rivas, registra como fecha de defunción el día 13 de octubre de ese año;

B.- El día 3 de octubre de 1973, se detiene y se priva de libertad a Rafael Antonio Madrid Gálvez y a Gastón Alberto González Rojas, en los momentos en que se encontraban en el domicilio de unos parientes del primero de ellos, ubicado en la Comuna de Quinta Normal, por parte de personal militar, quienes le trasladan a la Casa de la Cultura de la Comuna de Barrancas, en este lugar son interrogados y después, llevados en un camión hasta las cercanías del Túnel Lo Prado, donde la patrulla militar procede a ejecutarlos sin juicio alguno, falleciendo en forma inmediata Rafael Antonio a consecuencia de las heridas a bala, pero sobrevive Gastón Alberto González, quien logra engañarlos y los militares no se percatan de esta situación, por lo que les dejan a ambos a un costado del camino.

Gastón Alberto González Rojas es encontrado posteriormente por personal de Carabineros, quienes le recogen y le llevan a la Posta de Urgencia N° 3, donde se le atiende y se le envía al Hospital Traumatológico, finalmente le hospitalizan en el Hospital San Borja, y logra sobrevivir a sus lesiones;

C- El 4 de octubre de 1973, es detenido el militante del Partido Socialista y miembro del Grupo de Amigos Personales del Presidente Allende (GAP) por efectivos militares, Exequiel Segundo Contreras Carrasco, cuando se encontraba en el inmueble ubicado en la Villa Los Maitenes de la Comuna de Barrancas, los uniformados le trasladan hasta la Casa de la Cultura, pero al día siguiente es hallado por terceros sin vida en la carretera de Pudahuel con calle San Pablo de la Comuna de Barrancas, estos le trasladan hasta la casa de un familiar y desde allí sus familiares le transportan al Servicio Médico Legal;

D.- El 5 de octubre de 1973, personal militar detiene al Estudiante de Pedagogía de la Universidad de Chile, Carlos Leonardo Ibarra Echeverría, dirigente estudiantil y militante del Partido Socialista, en el inmueble ubicado en Avenida Victoria N°1127 de la Población Manuel

Larraín, de la Comuna de Barrancas, y tal como se hizo con las otras víctimas, fue trasladado por estos agentes del Estado a la Casa de la Cultura de la misma Comuna, posteriormente sus familiares el 11 de octubre le encuentran en el Servicio Médico, estableciéndose que la causa de su muerte fue traumatismo cráneo encefálico por estallido de arma de fuego;

E.- El 7 de octubre de 1973, Alberto Toribio Soto Valdés, participante de actividades sindicales y nexos con el Movimiento de Izquierda Revolucionario, es detenido por personal militar desde su domicilio en la Población Manuel Larraín y trasladado hasta la Casa de la Cultura, donde desaparece, hasta que se le avisa a sus familiares en el mes de noviembre de ese año que sus restos se encontraban en el Servicio Médico Legal, lo fueron a ver y había sido sepultado en el Patio 29 del Cementerio General, estableciéndose en su autopsia como causa de su muerte una herida a bala cérvico craneana;

F.- El 8 de octubre de 1973, José Elías Quezada Núñez, miembro de la JAP en la Población Manuel Larraín y militante del Partido Socialista, es detenido y trasladado hasta la Casa de la Cultura, al igual que Rosalindo del Carmen Retamal, quien es detenido esa misma fecha en la Población San Pablo de la Comuna de Barrancas; ambos desparecen y sus restos son encontrados en la Ruta 70 por funcionarios de Carabineros, que remiten sus cuerpos al Servicio Médico Legal, donde se establece como causa de muerte de Quezada una herida a bala cráneo encefálica y de Rosalindo Retamal, una herida a bala tóraco abdominal;

G.- Por último, el día 15 de octubre de 1973, en la media noche, personal militar concurre al inmueble ubicado en la Villa Manuel Rodríguez, en la búsqueda de Daniel Hernández Orrego, y al no encontrarlo le citan a la Casa de la Cultura, cuando este lo hace, es privado de su libertad y encerrado en el recinto, permaneciendo hasta el año 1993 en calidad de detenido desaparecido, hasta que sus restos son identificados en las exhumaciones del Patio 29, estableciéndose como causa de muerte traumatismo facio craneano y raquídeo cervical y dorsal por balas; sin embargo, posteriormente por Oficio Ordinario N°0640 de 12 de enero de 2016 del doctor Patricio Bustos Streeter, Director Nacional del Servicio Médico Legal de fojas 5186 informa en relación al proceso de identificación del señor José Daniel Hernández Orrego en el que señala que en el año 1991 fueron exhumados desde el Patio 29 del Cementerio General de Santiago un total de 126 cuerpos de víctimas de violación a los derechos humanos, lográndose la identificación de 96 de ellos por medios antropológicos entre los años 1992 y 2002. De este proceso se identificó al señor Hernández Orrego con el N° de Protocolo 3014-91. Posteriormente, en los años 2004 y 2005 a partir de los requerimientos realizados por el Ministro señor Sergio Muñoz en pos de revisar el proceso de identificación, se instruyó al Servicio realizar estudios de ADN mitocondrial y se levantó una muestra de la osamenta del señor Hernández Orrego bajo protocolo 47-05 UE, pieza que arrojaron un mismo patrón de polimorfismo con los familiares del señor Fernández Orrego no siendo posible excluir una relación genética de la línea materna y por tanto el resultado de los análisis fue inconcluyente. En el año 2007 se realiza un nuevo proceso de toma de muestras, esta vez para llevar a cabo análisis de ADN nuclear, técnica que no solo permite definir relaciones de compatibilidad o exclusión entre una persona y determinado grupo familiar, sino que establecer identificaciones positivas propiamente tal. En función de esto la osamenta identificada previamente con el señor Hernández Orrego fue exhumada desde el Memorial de Detenidos Desaparecidos del Cementerio General el 3 de julio de 2013 y se extrajeron dos segmentos óseos, que corresponde a húmero y tibia derecha, en diligencia codificada con el número de terreno RM-UEIF-T-47-13 y protocolo MDH-3014-91-13. Se indica que de este procedimiento da cuenta el informe Acta de Exhumación y Toma de Muestra, Terreno RM-UEIF-T-47-13, Protocolo MDH-3014-91-13 de 1 de octubre de 2013. En conformidad a ello se informa que a la fecha, no ha sido posible identificar positivamente al señor Hernández Orrego, por lo que continúa en calidad de detenido desaparecido. También se informa que los restos asociados a los protocolos 3014-91 y 47-05 UE previamente identificados con el señor Hernández Orrego, no han podido ser identificados con ninguna otra víctima de violación a los derechos humanos»

Al iniciar sus labores pastorales, tenía la esperanza de partir al extranjero como misionero, así se lo contaba a sus cercanos: “Siento que Dios me llama para ir a misiones y quiero prepararme bien”. Para hacer realidad su sueño llegó a Chile el 30 de enero de 1967 a vivir a una comunidad de sacerdotes catalanes en la comuna de San Bernardo.

Joan Alsina ejercía su ministerio en la Parroquia San Ignacio de San Bernardo y como trabajador en el Hospital San Juan de Dios al momento del Golpe de Estado cívico-militar del 11 de septiembre de 1973.

Sus compañeros le aconsejaron que buscara refugio en la embajada de España. Pero Joan decidió mantenerse en su puesto de trabajo y en su labor pastoral. Esta decisión, la ratificó con esta frase: “Hay momentos en la vida en que hay que jugarse el todo por el todo y si me necesitan allá estoy”.

Al llegar al puente Bulnes, mi capitán frenó, y yo, como lo hacía con cada uno de los que fusilaba, me bajé, saqué a Juan del furgón y fui a vendarle los ojos, pero Juan me dijo: "Por favor no me pongas la venda, mátame de frente porque quiero verte para darte el perdón"

El día 27 de septiembre es encontrado su cuerpo en el Servicio Médico Legal. El certificado de defunción consigna como lugar de la muerte el puente Bulnes sobre el río Mapocho, e indica como causa de la misma: "múltiples heridas de bala" y "lesiones apergaminadas en la cara.

Joan Alsina Hurtos, era hijo de José Alsina y Genoveva Hurtos. Vivían en una masía del pueblo de Castellón de Ampurias. Estudió en el seminario de Girona. Fue ordenado sacerdote el 30 de agosto de 1966. Al iniciar sus labores pastorales, tenía la esperanza de partir al extranjero como misionero, así se lo contaba a sus cercanos: “Siento que Dios me llama para ir a misiones y quiero prepararme bien”. Para hacer realidad su sueño llegó a Chile el 30 de enero de 1967 a vivir a una comunidad de sacerdotes catalanes en la comuna de San Bernardo. En 1972 era empleado del hospital San Juan de Dios. Su trabajo pastoral lo realizaba en la población José María Caro, lugar donde vivía junto al sacerdote Alfonso Baeza Vicario de la Pastoral Obrera.

Joan Alsina ejercía su ministerio en la Parroquia San Ignacio de San Bernardo y como trabajador en el Hospital San Juan de Dios al momento del Golpe de Estado cívico-militar del 11 de septiembre de 1973. Desde el hospital pudo ver el bombardeo de La Moneda. Los días 11 y 12 de septiembre los funcionarios del recinto se organizaron para atender a los heridos que llegaban al lugar producto de la represión. A pesar de que sus compañeros le señalaron que por su condición de dirigente sindical de los trabajadores del hospital podría ser detenido este continuó su trabajo de servicio.

El 16 de septiembre de 1973 una patrulla militar allanó el Hospital San Juan de Dios, siete empleados fueron detenidos. Cuando Joan regreso a su trabajo, le contaron que los militares preguntaron por él. Sus compañeros le aconsejaron que buscara refugio en la embajada de España. Pero Joan decidió mantenerse en su puesto de trabajo y en su labor pastoral. Esta decisión, la ratificó con esta frase: “Hay momentos en la vida en que hay que jugarse el todo por el todo y si me necesitan allá estoy”.

El 19 de septiembre un grupo de efectivos militares pertenecientes a un Batallón del Regimiento Yungay de San Felipe allanó el Hospital. Joan fue detenido, no contento con ello, los militares lo golpearon en el mismo recinto. Fue llevado detenido al Internado Nacional Barros Arana. A las nueve de la noche, Joan fue conducido al Puente Bulnes sobre el río Mapocho y en ese lugar fue fusilado.

Nelson Bañados, el soldado de 18 años que lo asesinó cumpliendo órdenes del coronel Mario Caraves, relató el fusilamiento con estas palabras:

"Salimos del Barros Arana en jeep. Mi capitán conducía y yo iba atrás con Juan. Juan iba esposado y muy pensativo. No me dijo ni una palabra durante el trayecto ni me dio ningún trabajo cuidarlo. Iba calladito nomás. Él sabía que lo íbamos a matar porque en el Barros Arana se lo habíamos comunicado. Al llegar al puente Bulnes, mi capitán frenó, y yo, como lo hacía con cada uno de los que fusilaba, me bajé, saqué a Juan del furgón y fui a vendarle los ojos, pero Juan me dijo: "Por favor no me pongas la venda, mátame de frente porque quiero verte para darte el perdón". Fue muy rápido. Recuerdo que levantó su mirada al cielo, hizo un gesto con las manos, las puso sobre su corazón y movió los labios como si estuviera rezando y dijo: "Padre, perdónalos…" Yo le disparé la ráfaga y cayó al tiro. Quería dispararle con la pistola, pero lo hice con la metralleta para que fuera más rápido. El impacto fue tan fuerte que volteó su cuerpo y prácticamente cayó solo al Mapocho, yo tuve que darle un empujoncito nomás. Otros, a veces, caían al piso del puente y había que levantarlos y echarlos al río. Eran las diez de la noche y de este fusilamiento no me voy a olvidar nunca jamás”.

El día 27 de septiembre es encontrado su cuerpo en el Servicio Médico Legal. El certificado de defunción consigna como lugar de la muerte el puente Bulnes sobre el río Mapocho, e indica como causa de la misma: "múltiples heridas de bala" y "lesiones apergaminadas en la cara.

Joan Alsina fue sepultado al día siguiente en el Cementerio Parroquial de San Bernardo.

Uno de los sacerdotes catalanes compañero de comunidad Joan, el padre Miguel Jordá emprendió una búsqueda personal para dar con los autores materiales e intelectuales del fusilamiento de Joan. El padre Miguel logró encontrarse con el exsoldado conscripto Nelson Bañados quién relató su participación en el fusilamiento del sacerdote. Nelson Bañados agobiado por los remordimientos, se suicidó.

Luego de años de ausencia de justicia, en el caso de Joan Alsina su hermana María Alsina interpuso una querella por la muerte del sacerdote. Quién representó judicialmente a la hermana del sacerdote fue la abogada Fabiola Letelier del Solar. Este caso fue investigado por el ministro Jorge Zepeda, quién dictó sentencia el 18 de octubre de 2005. El magistrado estimó que el crimen del sacerdote era un crimen de lesa humanidad. No se pudo condenar al ex conscripto Nelson Bañados, ni el coronel Mario Caraves, dado que ambos fallecieron. Se condenó al jefe del Regimiento de Infantería Nº 3 “Yungay”, el coronel Donato López Almarza. Este fue condenado a la pena de cinco años como autor del delito de homicidio calificado de Juan Alsina.

Para recordar al padre Joan Alsina, se construyó un memorial junto al Puente Bulnes donde fue ejecutado. La inauguración del Memorial se realizó el 24 de marzo de 1995. El memorial tiene una cruz donde esta adosada la antigua baranda esta tiene marcas de los balazos del fusilamiento. Al pie de la cruz está escrita la frase “mátame de frente porque quiero verte para darte el perdón”. En Cataluña, también se le rindió un homenaje con una plaza con su nombre. El 28 de febrero de 1993, la fecha en que Juan hubiera cumplido, 50 años de edad, se inauguró un monumento en Malgrat, Cataluña. En su memoria, un consultorio en San Bernardo lleva el nombre “Padre Joan Alsina”.

En el año en que se conmemoran los 50 años del Golpe de Estado, la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al exoficial de Ejército, Donato Alejandro López Almarza, a la pena de 15 años y un día de presidio, en calidad de autor de los delitos de homicidio calificado cometidos en contra de siete pobladores, más el secuestro calificado de un poblador y el homicidio frustrado de otro, todos vecinos de la población Nueva Matucana de la comuna de Renca, crímenes ocurridos en septiembre de 1973.

En fallo unánime (causa rol 50.334-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Juan Manuel Muñoz, la ministra María Loreto Gutiérrez y la abogada (i) Leonor Etcheberry- rechazó los recursos de casación en el fondo interpuestos en contra de la sentencia que condenó al exoficial de Ejército por su responsabilidad en los homicidios calificados de Álvaro Acuña Torres, Miguel Moreno Caviedes, Guillermo Arriagada Saldías, Sergio Aguilar Núñez, Carlos León Morales, José Machuca Espinoza y Domingo Gutiérrez Aravena; más el secuestro calificado de José Alfredo Vidal Molina y el homicidio calificado frustrado de Osvaldo Cancino Muñoz; todos los delitos fueron cometidos el 23 de septiembre de 1973, en Santiago.

Otro criminal uniformado, el exoficial de Ejército, Jorge Armando Turres Mery, que también había sido condenado como cómplice en primera instancia, falleció en el curso del proceso.

En la investigación judicial queda probado que en horas de la madrugada del 23 de septiembre de 1973, personal de Carabineros y contingente militar del Regimiento Yungay de San Felipe, conformado por las compañías Andina y Mortero, dirigidas en dicha oportunidad por los entonces capitanes Mario Caraves Silva y Jorge Turres Mery, asentadas en la ciudad de Santiago, y bajo el mando superior del entonces mayor Donato López Almarza, realizaron un masivo operativo en la población Nueva Matucana de la comuna de Renca.

Como resultado del operativo, los agentes uniformados detuvieron a varios pobladores y los trasladaron en camiones tolva hasta dependencias del Internado Nacional Barros Arana (INBA), lugar donde se mantenía apostado el personal del Regimiento Yungay desde el día 11 de septiembre de 1973.

En dicho lugar se mantuvo encerrados en condición de prisioneros a los pobladores menores de edad Domingo Ramón Gutiérrez Aravena, de 15 años de edad, estudiante, y Miguel Hernán Moreno Caviedes, de 17 años, obrero, Guillermo Arriagada Saldías, de 20 años, obrero (menor de edad a la época de los hechos), junto a los trabajadores Álvaro Javier Acuña Torres, de 25 años, comerciante ambulante, Sergio Emilio Aguilar Núñez, de 27 años, comerciante ambulante, Carlos René León Morales, de 32 años, zapatero, José Oscar Machuca Espinoza, de 27 años, obrero, José Alfredo Vidal Molina, de 27 años, obrero agrícola, y a Osvaldo Cancino Muñoz, todos ellos provenientes de la población Nueva Matucana y sin ningún antecedente de militancia política conocida.

En horas de la noche del mismo día, este grupo de nueve pobladores detenidos, por órdenes de los mandos superiores, son retirados del lugar en un camión tolva y llevados por personal militar hasta las inmediaciones del puente Bulnes, junto al río Mapocho, en esa oportunidad dirigidos por el capitán Mario Caraves Silva (actualmente fallecido), comandante de la Compañía Andina, quien era acompañado por el capitán de la Compañía Mortero, Jorge Turres Mery (también fallecido).

Una vez en el lugar, ubicado en la ribera del río Mapocho, a los detenidos se les ordena bajar y colocarse en fila para ser ejecutados. Acto seguido los uniformados de tropa de la aludida compañía, siguiendo las órdenes de los oficiales mencionados, proceden a abrir fuego disparándole a los prisioneros para ejecutarlos.

A raíz de ello resultan asesinados Álvaro Acuña Torres, Sergio Aguilar Núñez, Guillermo Arriagada Saldías, Domingo Gutiérrez Aravena, Carlos León Morales, José Machuca Espinoza y Miguel Moreno Caviedes, y así lo corroboran los respectivos informes de autopsia pues los cuerpos de las víctimas fueron posteriormente recogidos por personal de salud y trasladados al servicio médico legal. Al mismo tiempo, se constata la desaparición del cuerpo de José Alfredo Vidal Molina, presumiblemente arrastrado por las aguas.

En el caso de Osvaldo Cancino Muñoz tuvo un desenlace distinto. Este poblador, al recibir los disparos cae a las aguas del río Mapocho y queda con vida. Luego, por sus propios medios, logra salir del río, llegar hasta su domicilio en la población Nueva Matucana y relatar todo lo acontecido.

Los lugares de memoria están ahí, algunos quizás invisibles pese a placas, monumentos y acciones reivindicativas. A veces los ojos no ven y las verdades se pierden en buenas intenciones.

“Recuerdo que le disparé siete balas apuntándole en el pecho…pero como por un instinto natural… por no ver su mirada” (pp. 76, Nelson Bañados)

Cincuenta años después del Golpe Cívico-Militar, Felipe Olivares y Claudio Vilches, dos jóvenes cientistas políticos, inician un camino investigativo hacia el corazón de uno de los tantos hechos deleznables perpetrados en los primeros días de la dictadura: el fusilamiento del sacerdote catalán Joan Alsina en el Puente Bulnes, en Santiago.

“Mátame de frente” da cuenta de la búsqueda de información acerca de este caso emblemático, que se inicia con algunos datos concretos que lo enmarcan. Uno de ellos, la punta del hilo, es que el Instituto Nacional Barros Arana (INBA) sirvió como espacio de acantonamiento del Regimiento N°3 Yungay de San Felipe, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 4 de octubre de ese año. Fue lugar de detención, tortura y desaparecimiento de personas. Allí permaneció Joan Alsina después de ser detenido con otras personas en el Hospital San Juan de Dios hasta la noche de su fusilamiento, el 19 de septiembre de 1973. Muchos testigos concuerdan en este dato de veracidad, entre ellos, un capellán castrense.

La historia de Joan Alsina se enhebra con la de otros que sufrieron, murieron y desaparecieron a manos de los militares del Regimiento Yungay de San Felipe, durante el fatídico tiempo en el que estuvieron acantonados en el INBA y posteriormente en la Quinta Normal. Por ejemplo, la historia de Lucio Bagus, un funcionario del Hospital San Juan de Dios, hasta hoy desaparecido. Y la de Carlos Fariña, un niño de trece años detenido en su casa y que fue finalmente encontrado en una fosa en Américo Vespucio con San Pablo.

Es así como, a lo largo del libro, el lector puede entender la trama del tejido de muerte que ha estado oculta o invisibilizada. Sus puntos se unen, se imbrican y se funden, mostrándonos una imagen de terror, que no es ficción literaria o invento político. Aquello ocurrió. La crueldad, la perversidad y la posterior impunidad fueron bestias feroces que se movieron a su antojo en la noche dictatorial, desde el primer momento de ese 11 de septiembre.

El hilo de la historia relatada también recoge los puntos colgantes o perdidos de los cómplices (pasivos o activos), de los delatores. De los que, por razones personales, entregaron a colegas o vecinos. De los que callaron. De los que miraron a otro lado cuando estaban ocurriendo estos hechos. De los que contribuyeron al ocultamiento de la verdad. Quizás por legítimo miedo, quizás porque realmente no les interesaba. El “algo habrán hecho” permanece latiendo en las oscuridades que nos rodean hoy.

También están acá los perpetradores, con sus nombres completos y hasta sus fotos, documentos públicos verificables. Y los oficios de las investigaciones judiciales en que, cuando la Justicia consultaba por alguno de estos responsables, casualmente había un error de ortografía o de tipeo en el nombre, de manera que la respuesta era que esa persona no pertenecía al Ejército de Chile. Esta fue una de las tantas maniobras que garantizaron la impunidad de los asesinos del Estado.

Joan Alsina fue ejecutado en el Puente Bulnes por el conscripto Nelson Bañados y el capitán Mario Caraves, que dio la orden y estuvo ahí para verificar que la mano de su subalterno realizara la acción por él. Por cobardía o por la necesidad de proveerse de cómplices que no pudieran hablar después. Las palabras que dan título al libro fueron dichas por Joan Alsina en el momento en que Nelson Bañados se aprestaba a fusilarlo. Quedó como una frase lapidaria que sin embargo no conmovió a los perpetradores y se mantuvo con carácter de emblema en estos cincuenta años.

La historia de Joan Alsina, así como la frase, nos lleva al asunto del perdón. Para él, como para sus padres, el perdón era crucial. Su padre, antes de morir, escribió dos cartas en las que extendía el perdón que Joan Alsina entregó a sus asesinos en el Puente Bulnes. Una misiva era para el conscripto Nelson Bañados, que la aceptó, y la otra para el capitán Mario Caraves, que la rechazó, indignado.

La narración toma a ratos un tono de crónica y en otros momentos alcanza una atmósfera de intimidad envolvente, no exenta de asombro, cuando pareciera que ya nada puede asombrarnos. Los autores, aunque intentan mantenerse a la distancia impuesta por la estructura de la investigación, no pueden evitar estremecerse y se acercan emocionalmente a las historias de testigos y familiares que van entretejiendo, apoyados por documentos, fotos y datos fácilmente verificables. Esto lleva a que el libro se lea como una investigación propiamente tal, pero que al mismo tiempo como el compendio de múltiples voces que se despliegan como una urdiembre que va mucho más allá de los casos en cuestión: el tejido alcanza al país entero cuando se unen los puntos con el hilo enhebrado de estas historias.

Los lugares de memoria están ahí, algunos quizás invisibles pese a placas, monumentos y acciones reivindicativas. A veces los ojos no ven y las verdades se pierden en buenas intenciones. Libros como “Mátame de frente”, asentados en un trabajo investigativo riguroso y comprometido con la verdad, abren las puertas para revisitar los espacios geográficos y simbólicos, mirar viendo la historia de nuestro país y recorrer valientemente, los senderos de las lágrimas de aquellos que dejaron su vida en nuestro territorio nacional, que aún sangra.