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Humberto Julio Calderón Luna

Suboficial de Ejercito

Agente Civil DINA - CNI

Este agente de la DINA, pertenecía al área financiera del organismo criminal, fue Gerente de la Pesquera Chile y también fue miembro de la Sociedad Pedro Diet Lobos, ambas empresas eran una pantalla comercial de la DINA para encubrir sus actividades delictivas tanto en Chile como en el exterior del país.

Este sujeto registra viajes de a Inglaterra en comisión DINA.

Más tarde paso a la CNI, donde en 1982 cumplió funciones como jefe de personal de este organismo.

Posteriormente se vio involucrado en el asesinato de Tucapel Jiménez, no figura entre los condenados pese a ser quien habría reclutado a Galvarino Ancavil para conseguir las armas usadas (una Pasper calibre 22 y otra calibre 32) en el crimen.

Cumplió funciones como jefe de seguridad al Hospital Militar, posteriormente cumple tareas de seguridad en el mineral El Teniente

Fuentes: Revista Análisis No 282, El Mercurio, Rebelión, Archivo Memoriaviva

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Lunes 27 de Agosto El Mostrador
 Caso Tucapel: juez Muñoz sobreseyó a tres ex agentes
 
Sólo 16 acusaciones dictó el ministro en visita, Sergio Muñoz, en la causa por el homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez, mientras que otros tres involucrados en los hechos quedaron sobreseídos gracias a que se estimó que no hubo suficientes antecedentes para condenarlos.
 Se trata del ex oficial de inteligencia del Ejército, y hombre de confianza de Augusto Pinochet, Arturo Silva Valdés, quien ayudó al autor material del crimen, el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, a salir del país en 1991 bajo la identidad falsa Mauricio Gómez, cuando éste fue requerido por la justicia en crimen del transportista Mario Fernández.
 Arturo Silva, además, un nutrido currículum de viajes al extranjero como miembro de la avanzada o “productor” de Pinochet en sus viajes. De allí que en su pasaporte figuren destinos repetidos como Argentina, Uruguay y Brasil. Hasta esos países viajaba para proveer de dinero a algunos militares vinculados hoy a procesos por violaciones a los derechos humanos. De hecho, Silva Valdés apareció mencionado en el programa especial que TVN realizó hace algunos meses sobre la desaparición y muerte del químico de la DINA, Eugenio Berríos, como uno de los responsables de su muerte. A raíz de ello, la titular del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago realizará la diligencia de observar y transcribir el video para citarlo a declarar. Silva Valdés antes de ser detenido y procesado en calidad de encubridor en el caso Tucapel trabajaba en una prestigiosa empresa de seguridad de donde fue despedido al conocerse su calidad de involucrado en este proceso.
 Los otros dos
 El segundo sobreseído es un ex funcionario de Carabineros, Rolando Pino, quien estuvo encausado mientras duró el proceso en calidad de cómplice del crimen de Tucapel Jiménez. Esto se debe a que habría sido él quien hizo detener, el 25 de febrero de 1982, a Tucapel Jiménez para que el mayor Carlos Herrera y los suboficiales que lo acompañaron, Miguel Letelier y Manuel Contreras Donaire, pudieran asesinarlo.
 Pino fue sometido a proceso por Muñoz debido a que él mismo se autoinculpó del hecho ante la familia de Tucapel Jiménez, con quienes mantenía una cercana relación familiar. Sin embargo, el ministro Muñoz estimó que su sola declaración no bastaba para dictar acusación en su contra.
 El tercer sobreseído es el ex agente y jefe de personal de la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI), Humberto Calderón Luna. La decisión de liberarlo de responsabilidad se debió a que tampoco se configuraban los antecedentes del proceso para dictar acusación en su contra.
 Muñoz utilizó el mismo criterio que del año pasado, cuando dejó en libertad por falta de méritos a siete ex agentes de la CNI, vinculados a la Brigada Laboral que espiaba a los líderes sindicales agrupados en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de la cual Tucapel Jiménez era su presidente.
 Los acusados
 Actualmente, están acusados en calidad de autores del crimen Tucapel Jiménez: el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez; el general (R) y el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Arturo Álvarez Scoglia; el brigadier de la DINE, Víctor Pinto Pérez; el comandante de la DINE, Maximiliano Ferrer Lima y los suboficiales del mismo servicio secreto, Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier.
 En calidad de cómplices, en tanto, lo están el brigadier de la CNI, Roberto Schmied, el capitán Miguel Hernández, el mayor de la DINE Juan Carlos Arriagada, el dentista Jorge León Alessandrini y el ex empleado de la ANEF y amigo personal de Tucapel Jiménez, Julio Olivares y el general (R) Hernán Ramírez Hald.
 Como encubridores están el ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva, el ex abogado de la justicia militar Enrique Ibarra, el ex jefe operativo de la CNI, mayor (R) Álvaro Corbalán Castilla y el ex jefe de la DINE, Hernán Ramírez Rurange
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Emol,com, 17 de Junio de 2000

MINISTRO EN VISITA SERGIO MUÑOZ: Anulan 7 Procesamientos por Crimen de T. Jiménez


Resolución que coincidió con el fallecimiento del general (r) Humberto Gordon marca la exculpación de sindicalistas y de algunos agentes.
Coincidiendo con la muerte del general (r) Humberto Gordon, aunque - según el ministro en visita Sergio Muñoz- sin tener relación con ella, quedaron ayer sin efecto los autos de procesamiento de siete encausados por el homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez Alfaro.

Aunque no se puede hablar de un vuelco, puesto que las líneas principales de la investigación se mantienen, la resolución del magistrado despeja la ruta hacia el establecimiento final de responsabilidades, y marca el sello propio del ministro en visita en la causa, puesto que seis de los siete exculpados formaron parte de los doce procesados por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el año pasado.

Con la decisión de Muñoz y la muerte de Gordon, que derivará en su sobreseimiento definitivo, la investigación quedará con 14 encausados, en su mayoría ex agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), cuyos agentes aparecen hasta ahora como los ejecutores materiales del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

La resolución, que fue notificada ayer a los beneficiados, favorece al ex secretario general de los gremios, Misael Galleguillos, al ex presidente de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, Valericio Orrego Salas, y a los ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), teniente coronel (r) Raúl Descalzi; Nelson Hernández Franco, capitán de Carabineros (r) Héctor Lira Aravena, suboficial (r) de Carabineros José Ramírez Romero y Raúl Lillo Gutiérrez.

De los siete exculpados, sólo Descalzi aparecía como presunto autor del homicidio registrado en 1982. Galleguillos y Orrego estaban mencionados como los dirigentes laborales que a través del Movimiento Nacional Sindicalista habrían intervenido supuestamente en la primera etapa del plan.

Los otros cuatro favorecidos por la resolución, aparecían vinculados a los seguimientos a Tucapel Jiménez, previos a su asesinato.

Todos los exculpados fueron citados por el ministro Muñoz antes que muriera el general (r) Humberto Gordon, por lo que se descartó que las decisiones tuvieran relación con el fallecimiento del ex miembro de la Junta de Gobierno.

Los querellantes tienen ahora la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago para solicitar que se mantengan los procesamientos anulados por el ministro Muñoz. Desde ya, el abogado Jorge Mario Saavedra, anunció que apelará para que se restituyan los cargos sobre la mayoría de los exculpados.

La resolución del ministro Muñoz que excluye de responsabilidad penal a cinco ex agentes de la CNI no deja fuera de toda sospecha a ese organismo de inteligencia. Todavía siguen vigentes los procesamientos del ex jefe metropolitano de la CNI, brigadier Roberto Schmied Zanzi (por complicidad), de los ex agentes Humberto Calderón Luna, vinculado al área de personal (presunto autor) ; del capitán de Carabineros (r) Miguel Hernández Oyarzo, supuesto cómplice, y del mayor (r) Carlos Herrera Jiménez (autor directo).

El ministro Muñoz ha decantado los procesamientos a los cargos que su investigación ha podido ir estableciendo, y se acerca a cerrar el sumario de la investigación.

GORDON INTENTABA EXCULPAR A LA CNI

La resolución conocida ayer excluye de responsabilidad a los sindicalistas y libera de culpa a algunos de los agentes de la brigada laboral, que se había establecido que vigilaron al líder sindical antes del crimen.

La intención manifiesta de Gordon de excluir totalmente a la CNI de cargos en este caso será ahora mantenida por su abogado, Fernando Uribe-Etxeverría. En los próximos días, el profesional presentará al ministro en visita los documentos que, a su juicio, exculpan a ese organismo.

La intención, según el abogado, es que "se castigue a los culpables y se absuelva a los inocentes".

Si bien el profesional no dio luces acerca del contenido de los documentos, un elemento que se ha mantenido en la causa dice relación con la compartimentación que habría existido entre la DINE y la CNI. Si bien es un hecho que en momentos diferentes el mayor Carlos Herrera Jiménez perteneció a ambos organismos, aún no está del todo claro a qué organismo pertenecía en febrero de 1982.

En el proceso, el Ejército ha informado que Herrera era miembro de la CNI, pero nuevos antecedentes indicarían que el traspaso al DINE se podría haber producido unos ocho meses antes del crimen.

Como autores del homicidio están procesados, además de Herrera, el general (r) Ramsés Alvarez Sgolia, ex director de la DINE; el mayor en retiro Francisco Ferrer Lima, el brigadier Víctor Pinto Pérez, el suboficial Manuel Contreras Donaire, Miguel Letelier Verdugo, el civil Galvarino Ancavil y el ex CNI Humberto Caderon Luna.

En calidad de cómplices se mantienen procesados el CNI Miguel Hernández Oyarzo, Julio Olivares Silva, el suboficial de Carabineros (r) Luis Pino Moreno, el brigadier Roberto Schmied.

Se mantienen los cargos como presuntos encubridores contra el general (r) Hernán Ramírez Rurange y el ex agente Arturo Silva Valdés.

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Punto Final,  6 de octubre de 2000

EL CRIMEN VISTE DE MILITAR

Caso Tucapel Jiménez: la verdad se acerca

Antes de fin de año debería haber sentencia en primera instancia en el proceso por el asesinato del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Francisco Jiménez Alfaro, ocurrido el 25 de febrero de 1982. Así se podrá cerrar un difícil proceso de 18 años y aclarar uno de los crímenes que impactó a los más diversos sectores de la sociedad. Sus secuestradores se ensañaron. Luego de dispararle, lo degollaron, y más de un año después apareció en Valparaíso el cadáver de un modesto carpintero, Juan Alegría Mundaca, quien dejó una nota inculpándose del crimen del sindicalista. El montaje de este supuesto suicidio fue tan cruel y grotesco como el crimen que trataba de encubrir. Después de 17 años de oscurantismo judicial en que la investigación de estos hechos a cargo del ministro en visita Sergio Valenzuela Patiño se mantuvo estancada, la verdad está muy cerca. En poco más de un año, el ministro especial que lo sustituyó, Sergio Muñoz, aclaró y dictó sentencia por el asesinato de Alegría Mundaca, la que fue confirmada en segunda instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago: cadena perpetua para Alvaro Corbalán, mayor de ejército en retiro y ex director operativo de la CNI; el ex mayor Carlos Herrera Jiménez (alias "Bocaccio") y el suboficial Armando Cabrera Aguilar ("Viejo Charlie").

El caso de Tucapel Jiménez, con quince procesados que en su mayoría pertenecieron a la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército), está prácticamente aclarado. Sólo podrían agregarse a la lista de responsables dos o tres nombres de ex uniformados de alta jerarquía, entre los cuales podrían estar un general en servicio activo e, incluso, Augusto Pinochet. La condena contra Alvaro Corbalán -en primera y segunda instancia- es la más alta aplicada a un miembro de las Fuerzas Armadas por violaciones de los derechos humanos. Y, hasta ahora, el teniente general retirado Humberto Gordon, ex director de la CNI, miembro de la junta militar y "brazo derecho" de Pinochet fallecido el 15 de junio de este año, fue el militar de más alta graduación detenido en forma preventiva y procesado como cómplice por el homicidio del sindicalista.

UN HOMBRE PACIFICO

"Mi padre habría vivido cien años, porque sus hermanas están por los 90 y se mantienen muy bien", dice el ingeniero Tucapel Jiménez Fuentes, el menor de los tres hijos del ex dirigente de la ANEF y su esposa, Haydée Fuentes, fallecida el pasado 15 de junio, fecha que curiosamente coincidió con la muerte de Gordon. "Nunca voy a entender por qué lo mataron. Toda su vida fue una persona pacífica, transparente... y tenía amigos en todos los sectores, entre los militares y entre los comunistas", agrega. El tenía entonces 19 años y lo recuerda alegre y querendón con la familia.

A los 17 años, Tucapel Jiménez había empezado a trabajar como cargador en lavaderos de oro y poco después fue elegido dirigente sindical. "Su carrera es admirable, porque desde el puesto más bajo llegó a ser jefe de Presupuesto, y hasta en una oportunidad le ofrecieron ser director de Dirinco, pero no aceptó", comenta su hijo. En esa repartición estatal lo conoció Jorge Mario Saavedra, el abogado que ha representado a la familia durante todo el proceso judicial. "Yo era presidente de la asociación de empleados de Dirinco y él presidía la ANEF -señala-. Era extremadamente leal con sus compañeros y un radical muy sui generis, porque primero que todo era dirigente de su gremio. Muchas veces el partido le decía que tenía que hacer tal cosa, y se largaba a reír". Saavedra recuerda que cuando se dividió el Partido Radical durante el gobierno de la Unidad Popular -un ala se pasó a la oposición-, Tucapel Jiménez se mantuvo en el sector tradicional "aunque se acercó un poco más al PIR (Partido de Izquierda Radical), donde estaban Luis Bossay, Alberto Baltra y René Abeliuk". Lo cierto es que en ese momento la relación con su partido era conflictiva y en la primera etapa posterior al golpe tuvo una postura de acercamiento a la dictadura militar. Lo más discutido fue su participación en una reunión de la OIT en Ginebra. "El se negaba a ir, pero al final accedió porque los militares se lo pidieron por favor y le prometieron varios beneficios para los trabajadores fiscales -explica Jiménez Fuentes-. Cuando volvió se dio cuenta que había sido engañado, y entonces se distanció de la dictadura".

Jiménez Alfaro fue exonerado de Dirinco en 1981, un año antes de su asesinato. "Con el desahucio se compró un taxi Datsun, pero no lo trabajaba mucho porque pasaba casi todos los días en la ANEF -cuenta su hijo-. En esa época empezó a recibir su jubilación y bajaron nuestros ingresos familiares".

?TRAIDOR A LA PATRIA?

A comienzos de los años 80 la resistencia social y política contra la dictadura empezó a manifestarse más abiertamente en las calles, mientras representantes de partidos opositores conformaban el Grupo de los Diez con el objetivo de lograr una salida pactada de los militares. Ahí estaba Tucapel Jiménez haciendo gestiones para intentar agrupar a los trabajadores en una organización única que, entre otras cosas, llevara adelante un paro nacional. En declaraciones a la prensa, el presidente de la ANEF aludió a sus buenos contactos con la AFL-CIO, organización creada por Estados Unidos, para apoyar un boicot internacional que implicaba no descargar barcos chilenos en puertos extranjeros. En los archivos del juez Muñoz se registra la airada respuesta de Pinochet, quien afirmó que no aceptaría que nadie viniera a "sembrar cizaña" y que para Jiménez "están abiertas las puertas del exilio". Eso fue un par de días antes de su asesinato. Jorge Mario Saavedra agrega otro elemento: "Todos sabíamos que a Pinochet lo tenía loco Lech Walesa, que en esa época estaba desestabilizando el régimen socialista en Polonia. Le parecía aterrador que sucediera algo parecido en Chile, y por ahí veía en Tucapel un Walesa. Por eso le tenía tanta fobia". Pero lo que a su juicio fue decisivo para que la dictadura sentenciara a muerte al presidente de la ANEF fue que sus conversaciones y nexos estaban excediendo el ámbito de los trabajadores para ampliarse a sectores profesionales, técnicos... y militares. Según estableció la investigación judicial, en el "caso Tucapel" intervinieron tres instituciones: la Dirección de Organizaciones Civiles, que dependía del Ministerio Secretaría General de Gobierno, a través de la Secretaría Nacional de los Gremios (SNG) presidida por Misael Galleguillos; la CNI, que dirigía el general Humberto Gordon (1980-1986), y el DINE, cuyo director era el general Ramsés Arturo Alvarez Scoglia. "Una brigada laboral que trabajaba con la SNG empezó a trabajar y a obtener información de Jiménez -agrega Saavedra-. Entre esta secretaría y la CNI hicieron del sindicalista una figura pública digna de sufrir represalias de parte del gobierno militar. Lo seguían, le grabaron la vida entera. La CNI contrató a su junior -Julio Olivares Silva, hoy procesado-, y le pagó para que le informara de todos sus pasos. Era hijo de una amiga de la esposa de Tucapel, que estaba cesante y a quien él le había dado trabajo para ayudarlo".

Forman parte del proceso dos artículos publicados en "La Nación", donde se calificó a Tucapel Jiménez como "traidor a la patria". Sus autores -uno de ellos conocido con el seudónimo de "Garlito"- eran periodistas que integraban una organización política en gestación de corte fascistoide, el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MRNS) que comandaba Misael Galleguillos. "Aplicar a alguien el concepto de traidor a la patria en un gobierno militar es condenarlo a muerte", concluye Jorge Mario Saavedra. La familia siempre estuvo consciente del peligro. "Recibimos amenazas constantes, más o menos desde el 78 al 82 -dice Tucapel hijo-. Cuando llegaba mi papá, le bajaba el perfil a la situación. ¿Quién te va a matar a ti?, comentaba riéndose. Nos fuimos acostumbrando, las amenazas eran una especie de rutina.

Pero a fines de 1981 él me entregó un caset y me dijo que lo escucharámos cuando ya no estuviera con nosotros. Nunca pensé que era una despedida. Allí nos habla a todos, como grupo familiar, y luego a cada uno de nosotros. Nos pide que tengamos tranquilidad, dice que él nos va a estar cuidando desde el más allá. Al final, se despide de los trabajadores y de su querida ANEF. Aunque no lo exteriorizaba, estaba más consciente que nadie del peligro".

ASESINATO EN LAMPA

Lo más probable es que Tucapel Jiménez no se diera cuenta que lo estaban siguiendo cuando salió de su casa en la mañana del 25 de febrero de 1982. De pronto apareció un conocido suyo que hizo detener su taxi. Era el carabinero Luis Pino Moreno, casado con una sobrina suya. Participaba del plan fraguado por un grupo especial del Cuerpo de Inteligencia del Ejército en el DINE, actual Batallón de Inteligencia, según consta en el relato judicial. El juez Muñoz describe que la detención del taxi de Tucapel "es aprovechada al menos por tres sujetos para subirse al automóvil (del sindicalista), a quien se le obliga a dirigirse por el camino Renca-Lampa". Lo siguieron otros dos vehículos pintados con los colores reglamentarios de taxi y lo hicieron estacionarse en un sector aislado.

Entonces, relata el juez, "uno de los sujetos, obrando sobre seguro y premeditadamente procedió a dispararle a Tucapel Jiménez en cinco oportunidades en la cabeza". El autor de los disparos fue Carlos Herrera Jiménez. En seguida, el dirigente sindical fue degollado. Cuando lo encontraron, su cuerpo presentaba tres heridas punzocortantes en la región cervical. Antes de abandonar el lugar, los asesinos "sustrajeron un taxímetro, una linterna, un reloj pulsera, una peineta y documentos personales de la víctima" para sugerir un asalto con fines de robo.

LA DESGRACIA DE ALEGRIA

El carpintero Juan Alegría Mundaca vivía en Valparaíso separado de su esposa. Era alcohólico, y llevaba una vida tan marginal y solitaria en la Población O?Higgins de Playa Ancha que podía desaparecer varios días sin que nadie lo notara. Su esposa, Esmeralda Castillo Monárdez, se había separado de él hacía un año y vivía en Casablanca. Era el personaje tipo que buscaba la CNI para "cerrar" el caso Tucapel. "Lo horroroso de este crimen, y una de las razones del pánico que despertó, es la maldad con que se actuó -señala Jorge Mario Saavedra-. Porque luego de caracterizar un tipo ideal de persona que les serviría para tapar el crimen de Tucapel, Herrera Jiménez y Francisco Zúñiga (conocido como "el Gurka Zúñiga", ya fallecido) se vistieron de carabineros y salieron dos o tres noches a la calle para controlar gente, hasta que encontraron al individuo adecuado. A Juan Alegría lo emborracharon, después lo llevaron a su casa, donde lo hipnotizaron para que escribiera la carta donde se culpaba del crimen de Tucapel, y luego le cortaron las muñecas. La alcoholemia demostró que tenía 2,95 gramos de alcohol por litro de sangre, o sea, se encontraba en estado catatónico". El supuesto suicidio de Alegría fue puesto en duda desde el primer momento. Los cortes que lo desangraron eran tan grandes y profundos -de 8 por 4 centímetros, según la autopsia-, con seccionamiento de tendones, arterias y venas, que era imposible que se hubiera provocado una herida de esa magnitud en una muñeca y con la misma mano repetir la operación en la otra.

JUECES... Y JUECES

Los primeros ocho años de investigación a cargo de Valenzuela Patiño "fueron como estar en el desierto", dice Saavedra. Nadie cooperaba y tampoco había plata para costear el juicio. "Después Carlos Herrera se fue a Argentina (1991) y hubo que seguirlo e investigar, porque nadie más lo hacía -agrega el abogado-. Si bien los funcionarios de Investigaciones eran correctos, no sucedía lo mismo con su director, el ex general Fernando Paredes. Cuando llegó la Concertación al gobierno, nos pusieron personal a disposición, pero seguíamos topando con la abulia del ministro Valenzuela y con el poderoso equipo defensor que hasta hoy me obliga a litigar día por medio contra 18 ó 20 abogados".

Después de firmar la querella -hubo otra de la ANEF-, Tucapel hijo se fue a vivir a Suecia con su madre. "Cuando volví, en 1995, lo primero que hice fue entrevistarme con Valenzuela Patiño y concluí que había que cambiar de ministro en visita -dice-. Me dijo, incluso, que el proceso lo tenía hasta aquí (se toca la frente al tope). ¿Por qué no se inhabilitó, entonces? Lo único que le interesaba era cerrar la causa sin culpables". Sergio Valenzuela tiene un hijo que pertenecía a la CNI, pero el joven Tucapel prefiere pensar que su inoperancia se debe a que "es un mal juez y el proceso le quedó grande". Tras varios intentos infructuosos, el cambio de ministro se logró recién en 1999 con el apoyo del Consejo de Defensa del Estado, que se hizo parte en el proceso en 1996. Le parece increíble "que un ministro como Valenzuela Patiño siga en los tribunales tomando decisiones importantes". Con los mismos antecedentes en poder de Valenzuela Patiño, el ministro Sergio Muñoz dictó el fallo en primera instancia en el caso de Juan Alegría, que fue ratificado por unanimidad por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 19 de julio. Esto es, cadena perpetua para los autores: Alvaro Corbalán Castilla -quien cortó las muñecas del carpintero, de acuerdo con los testimonios recogidos en el fallo judicial-, Carlos Herrera Jiménez y Armando Cabrera Aguilar. Los dos últimos tienen en su prontuario otra condena por la muerte del transportista democratacristiano Mario Fernández, ocurrida el 18 de octubre de 1984 . Una cuarta sentencia a presidio perpetuo contra Francisco Zúñiga fue sobreseída por fallecimiento. Osvaldo Pincetti Gac ("Doctor Tormento"), quien hipnotizó a la víctima, recibió una condena como cómplice de 10 años y un día. Además, los jueces acogieron un planteamiento de la parte querellante y ordenaron investigar la posible participación como encubridor de Roberto Schmied Zanzi, ex brigadier y ex jefe metropolitano de la CNI que también está procesado en el caso de Tucapel, y Hugo Alarcón Vergara, chofer de Alvaro Corbalán.

Los condenados presentaron un recurso de casación sobre el cual deberá pronunciarse la Corte Suprema. "La sentencia en segunda instancia es muy completa, de manera que nos parece difícil que se revierta", señala el abogado Saavedra. A su juicio, en el caso de Tucapel Jiménez tendría que haber una sentencia similar. "Son homicidios calificados con seis o siete agravantes y sin ningún atenuante", afirma.

EL BRAZO EJECUTOR DE LA DINE

La tercera sala de la Corte de Apelaciones ratificó el pasado 4 de julio una resolución del ministro Muñoz que dejó sin efecto siete autos de procesamiento. Esta decisión favoreció a Misael Galleguillos, ex secretario general de la SGG; Valericio Orrego Salas, ex presidente de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, y a cinco ex agentes de la CNI. Ellos son el teniente coronel retirado Raúl Descalsi Sporke -quien aparecía como presunto autor-; Nelson Hernández Franco; Raúl Lillo Gutiérrez; Héctor Lira Aravena y José Ramírez Romero, ex capitán y ex suboficial de Carabineros, respectivamente. En el proceso, los dos primeros aparecían vinculados a la investigación inicial del dirigente de la ANEF, y los otros cinco a los seguimientos previos al asesinato. Tanto la parte querellante como el CDE presentaron una apelación por esta resolución, pero fue rechazada. "Nosotros creemos que están implicados y vamos a insistir", dice Saavedra. De la CNI sólo siguen procesados el subdirector de la CNI, Roberto Schmied, y los ex agentes Humberto Calderón Luna, Miguel Hernández Oyarce y Julio Olivares Silva. Sin embargo, Sergio Muñoz optó por concentrarse en lo medular, apuntando a los autores materiales e intelectuales del asesinato, pertenecientes a la DINE. El 21 de junio sometió a proceso los suboficiales José Cáceres y Humberto Olmedo, en calidad de autores, y a Juan Carlos Arriagada, como cómplice. El 10 de julio hizo otro tanto con el dentista Jorge León Alessandrini, quien estaba en la DINE bajo las órdenes de Arriagada, acusado de proporcionar el revólver Pasper calibre 22 con que mataron al dirigente sindical.

Entre los procesados hay dos ex generales que fueron directores de la DINE: Ramsés Alvarez Scoglia (presunto autor) y Hernán Ramírez Rurange (encubridor), a quien se acusa de permitir la salida a Argentina de Carlos Herrera en 1991 para eludir la acción de la justicia. También figuran como autores el ex comandante del DINE, brigadier retirado Víctor Pinto Pérez, Manuel Contreras Donaire y Leonardo Quilodrán. Además, Galvarino Ancavil Hernández, ex agente CNI, quien supuestamente vive en Francia. De aquí a fin de año podría ser procesado como cómplice un general en servicio activo, hecho que ocurriría por primera vez. Según el diario electrónico "El Mostrador", se trataría de Hernán Ramírez Hald, jefe del Comando de Industria Militar e Ingeniería del Ejército (CIMI), y ex subdirector de la Academia de Guerra. Alessandrini y Arriagada estaban bajo su mando al momento del asesinato. Tampoco se descartan diligencias que involucren a Pinochet, a quien el juez especial envió un exhorto cuando se encontraba detenido en Londres que el ex dictador no respondió "por no disponer de archivos a su alcance". Carlos Herrera Jiménez, presunto autor de los disparos, prestaba servicios en la CNI, donde adquirió fama como ejecutor. Sin embargo, dos meses antes del asesinato de Tucapel Jiménez, entre noviembre y diciembre de 1981, fue trasladado al DINE y sólo retornó a la CNI después de ocurrido el crimen, a fines de marzo o comienzos de abril de 1982. Es decir, participó en el homicidio bajo las órdenes de Alvarez Scoglia, un militar conocido por su carácter arrebatado y "de pocas luces", que hacía méritos para quedar bien parado ante Pinochet. En conocimiento de estos hechos, Jorge Mario Saavedra declaró que "el ejército ocultó información o mintió, porque en el expediente hay dos oficios de esa institución que dicen que Herrera pertenecía a la CNI a la fecha del crimen".

DESLEALTADES MUTUAS

Al aproximarse a la verdad, la tan cacareada lealtad entre los uniformados tiende a resquebrajarse. Antes de morir, Gordon entregó antecedentes al juez Muñoz para desviar la responsabilidad de la CNI hacia la DINE. Entre éstos, una foto de quien, a su juicio, era el autor material del asesinato del sindicalista -el suboficial Manuel Contreras Donaire- y una lista con doce nombres, encabezada por Arturo Ramsés Alvarez y Carlos Herrera Jiménez. Luego de su muerte, el abogado de Gordon le entregó al ministro otros documentos que ratificaban lo que él ya sabía: que Herrera Jiménez estaba en la DINE al momento del homicidio. Alvaro Corbalán, actualmente detenido en el Comando de Apoyo Técnico del Ejército, siempre estuvo muy cerca de Gordon. La lealtad se resquebrajó por otro lado: el testimonio más decisivo en su contra por el asesinato de Alegría fue el de Patricio Roa Caballero, subordinado suyo. A su vez, según consta en el fallo, Corbalán le dijo en una ocasión a la esposa de Alegría Mundaca que le estaban "cargando" algo que no había hecho, y culpó a Herrera y a Pincetti. Y Carlos Herrera, detenido en Punta Peuco, declaró a La Tercera el 11 de septiembre: "Siento que estoy asumiendo más responsabilidades que las que me corresponden". Y opinó que como en 1982 era sólo un capitán que cumplía órdenes, "el alto mando de las Fuerzas Armadas y, muy en particular, el ejército" deben "asumir la responsabilidad penal (...) por las órdenes que dieron o dejaron de dar".

Tucapel Jiménez hijo está tranquilo. Espera la pena máxima para los asesinos "que para mí es cadena perpetua, porque no soy partidario de la pena de muerte". Todavía no se recupera del dolor por el fallecimiento de su madre después de varios meses de batallar contra el cáncer. "Yo la mantenía al día de todo lo que pasaba. Tres días antes de morir me dijo que no iba a alcanzar a ver presos a los culpables del asesinato de mi papá. Le dije que se quedara tranquila, ?el proceso está aclarado y los responsables van a pagar en la cárcel, sino este año, el próximo?. Fue la última vez que conversamos. Y le dije la verdad"

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Emol.com, 26 de Abril de 2001

Mayor (r) Carlos Herrera pide perdón por asesinato de Tucapel Jiménez

Dirigiéndose al hijo del ex dirigente sindical, Tucapel Jiménez Fuentes, Herrera dijo ser el autor confeso de la muerte de Tucapel Jiménez Alfaro. "Pero por una cuestión de conciencia, sentía que me faltaba realizar una acción de suyo preponderante, tratar de explicar lo inexpicable y pedir perdón".

En un hecho inédito, el mayor de Ejército en retiro, Carlos Herrera Jiménez, reconoció anoche ante las cámaras de TVN su autoría en el crimen del ex presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (Anef), Tucapel Jiménez Alfaro, pidiendo públicamente perdón a la familia del asesinado líder sindical. 

Dirigiéndose al hijo de este último, Tucapel Jiménez Fuentes, quien se encontraba en el estudio de televisión cuando se emitió el testimonio, Herrera dijo que "soy la persona que está sometida a proceso por ser autor confeso de la muerte de su padre, don Tucapel Jiménez Alfaro". 

Dijo que "como es sabido, judicialmente me hice cargo de la alta participación que me cupo en el homicidio de su padre en el tribunal donde está radicada aquella causa". 

"Pero por una cuestión de conciencia, sentía que me faltaba realizar una acción de suyo preponderante, tratar de explicar lo inexplicable y pedir perdón". 

"Es cierto señor Jiménez, fatalmente yo maté a su papá aquel 25 de febrero de 1982. Lo hice, no por una cuestión personal o por propia iniciativa, se me ordenó hacerlo y se me dijo que don Tucapel Jiménez era un traidor a la Patria, que como tal causaba mucho daño a los chilenos", expresó. Prosiguió señalando que "lamentablemente para Chile, y muy especialmente para su familia, y porque no decirlo también para mi familia, cumplí aquella en la forma, tiempo y modo como se me ordenó. Es bueno que sepa señor Jiménez que por largo tiempo me sentí orgulloso de haber prestado semejante servicio a la Patria", sostuvo, admitiendo sin embargo que "con el paso del tiempo y los 13 años de prisión que tengo en el cuerpo, comprendí que aquello fue un desgraciado, torpe e irracional homicidio que no tiene ninguna justificacion". 

"A partir de ese momento comencé a cargar una pesada cruz que algo se alivianó cuando declaré judicialmente la verdad de los hechos, al tiempo que hice lo propio con mi familia", dijo, agregando que "además, es bueno decirlo, la sola circunstancia que usted me esté escuchando en esta oportunidad, a parte de dejar de relieve su humanidad constituye para mí una auténtica catarsis". 

"Señor Jiménez, de la forma más humilde y sincera pido a usted y familia perdón. Estoy consciente que no puedo pretender ser perdonado en este acto, comprendo por cierto que es largo y no menos difícil el proceso de perdonar al asesino de quien fuera el esposo, padre y abuelo cuya vida fue truncada simplemente por pensar distinto", manifestó Herrera. 

"Probablemente se dirá que detrás de este acto está la solapada intención de conseguir beneficio para mí, francamente el arrepentimiento y la necesisdad de perdón son auténticos, pero también es cierto que no quisiera pasar el resto de mis días en la cárcel". 

Insistió en que "aspiro a ser perdonado, primero por la familia de don Tucapel Jiménez y luego por las autoridades administrativas del país para obtener indulto u otra medida alternativa de cumplimiento de condena similar a las que, tiempo atrás, don Patricio Aylwin Azócar, en uso de sus facultades presidenciales, otorgó a 285 personas, presos políticos de la época, muchas de ellas, al igual que yo, comprometidas en hechos de sangre". 

Tucapel Jiménez Fuentes, hijo del ex dirigente sindical"Tal vez haya personas que como otras veces declaren a la prensa que me empeño en pedir perdón porque padezco una enfermedad terminal y ya no tengo más nada que perder. El cáncer no hace desvariar, sino que permite ver la vida desde una óptica más humana", declaró, para luego concluir agradeciendo "sinceramente esta oportunidad". 

En tanto, Tucapel Jiménez Fuentes, hijo del ex dirigente sindical, se mostró impactado con las declaraciones de Herrera, las que escuchó atentamente frente a las cámaras. 

"Yo no soy nadie para perdonar, yo creo que si él debe pedirle perdón a alguien es a Dios", dijo aún asombrado, señalando sin embargo que creía en el arrepentimento del mayor (r), quien ya está condenado a cadena perpetua por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mondaca. 

Sostuvo que nunca había tenido la oportunidad de oir un testimonio como éste, y a la vez descartó la posibilidad de reunirse con Herrera. "No creo que sea capaz de encontrarlo a él. Si valoro su testimonio, su arrepentimiento, pero es un tema muy difícil", sostuvo. 

Por otra parte, el testimonio de Herrera Jiménez tuvo lugar un día después que el ministro en visita Sergio Muñoz, cerrara la investigación por el crimen del ex presidente de la Anef. 

Con el término del sumario, que se extendió por 19 años, el magistrado se dispone ahora a iniciar la etapa de plenario, período decisivo para las condenas de primera instancia en contra de los inculpados en la causa, que se adscribe a los llamados casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el gobierno militar. 

Tucapel Jiménez Alfaro fue asesinado el 25 de febrero de 1982 en una operación organizada por agentes del Ejército y de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), en un intento por neutralizar al movimiento sindical y, por ende, a la oposición del general (r) Augusto Pinochet Ugarte. 

Para perpetrar el crimen, según se desprende de la investigación, agentes de seguridad controlaron detalladamente los pasos del entonces líder de la Anef, para lo cual ideó un plan de inteligencia que terminó con su vida al interior de su taxi en el sector de El Noviciado, mediante el disparo de cinco tiros en el cráneo y tres cortes profundos en la zona del cuello. 

Para simular un robo, los agentes se apoderaron de diversos objetos, limpiando incluso sus huellas dactilares. Los peritajes y declaraciones permitieron determinar que los individuos que siguieron al dirigente y lo asesinaron fueron Carlos Herrera Jiménez, Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo. 

Por esta causa se encuentran procesados 22 agentes de la Dine y de la disuelta CNI. Entre ellos figuran como autores del homicidio: general (r) Rames Arturo Alvarez Sgolia; brigadier (r) Víctor Pinto Pérez; mayor (r) Carlos Herrera Jiménez; coronel (r) Maximiliano Ferrer Lima; los agentes civiles Galvarino Ancavil, y Humberto Calderon Luna; y los suboficiales en retiro Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo. 

Como cómplices aparecen en el proceso el fallecido general (r) Humberto Gordon Rubio; general (r) Hernán Ramírez Hald; brigadier (r) Roberto Schmied Zanzi; Julio Olivares Silva, agente civil; capitán (r) Miguel Hernández; y los suboficiales en retiro Luis Rolando Pino Romero, Juan Carlos Arraigada y Jorge León Alesandrini. 

En tanto, como encubridores del asesinato figuran el general (r) Hernán Ramírez Rurange; ex auditor del Ejército, general (r) Fernando Torres Silva; mayor (r) Arturo Silva Valdés; mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla; el agente civil Hugo Alarcón y el último de los encausados en esta causa, el coronel (r) Enrique Ibarra Chamorro, quien se desempeñóo como abogado de la Auditoría del Ejército. 

Valoran actitud de arrepentimiento de Herrera Jiménez

La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García valoró la actitud de arrepentimiento público del mayor de Ejército (r) Carlos Herrera Jiménez y autor confeso en el homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez, sin embargo, dijo "aquí el tema es quién perdona".

Esto, según explicó a TVN, ya que ésta es una actitud tan íntima y personal que debe involucrar sólo a las personas que se les pidió perdón. 

Agregó que lo más valioso de "este mea culpa" es haber dicho que fue un crimen sin justificación alguna.

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