Cáceres Jorquera Ramón Pedro

Inútiles han resultado los esfuerzos de la Fach por desligarse de los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Una consecuencia directa de los reportajes de denuncia del periodista Víctor Gutiérrez publicados en el diario “La Nación”, fue la dimisión del quinto hombre en la línea de mando institucional, general Patricio Campos Montecinos, ex jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil y enlace de la institución durante la mesa de diálogo. Su esposa, Viviana Lucinda Ugarte Sandoval (“la Pochi”), desempeñó un activo rol en el siniestro Comando Conjunto, según las declaraciones formuladas a “La Nación” por el ex agente “Colmillo Blanco”, a quien el diario “El Mercurio” identificó como el coronel en retiro de la Fach Otto Trujillo, actualmente procesado y recluido en la ex Penitenciaría.

El Comando se habría reorganizado con el objetivo de tergiversar la información entregada por la Fach a la mesa de diálogo y entorpecer las investigaciones judiciales que comprometen a miembros de la Fuerza Aérea, con ayuda de abogados civiles financiados por la institución. El informante de “La Nación” mencionó también al coronel Roberto Serón Cárdenas, comandante Juan Luis López López y al civil Alejandro Figari Verdugo (ex militante de Patria y Libertad), como agentes de la represión que se mantienen activos. La mayoría fueron procesados por el ministro en visita Carlos Cerda en 1986 y luego sobreseídos por la Corte Suprema. Pese a la trascendencia de las denuncias, la Corte de Apelaciones rechazó la designación de un ministro extraordinario y la investigación judicial quedó en manos del juez del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Mario Carroza, quien acumula la mayoría de los procesos de víctimas del Comando Conjunto. Pero también el presidente Ricardo Lagos solicitó al alto mando una investigación en el interior de la Fuerza Aérea y no faltaron quienes pidieron la salida del comandante en jefe, general Patricio Ríos.

Esta es la segunda gran crisis que estremece a la Fach bajo la comandancia del general Ríos. El año pasado debió pasar a retiro su mano derecha, el general Hernán Gabrielli, jefe del estado mayor y segunda antigüedad institucional. Este se perfilaba como futuro comandante en jefe hasta que cinco querellas por tortura frustraron sus planes.

Independientemente de que se haya reorganizado o no el Comando Conjunto, los ex uniformados de la Fuerza Aérea que están enfrentando en los tribunales a quienes los torturaron en los primeros tiempos de la dictadura militar no dudan que se ha urdido una trama para obstruir la justicia.

Uno de ellos es Jaime Donoso Parra, ingeniero aeronáutico y capitán en retiro de la Fach, quien formó parte del grupo de oficiales constitucionalistas contrarios al golpe de Estado. “He declarado en muchos juicios y participado en varios careos, y lo único que ellos hacen es negar lo que hicieron -dice-. Luego, uno sale del careo y en los pasillos del juzgado ve cómo el tipo que acaba de declarar le cuenta a sus abogados todo lo que dijo al juez. Eso permite instruir al siguiente requerido por el tribunal sobre lo que tiene que decir para no entrar en contradicciones. Estoy convencido que esconden información sobre los detenidos desaparecidos. Esto no puede ignorarlo el comandante en jefe Patricio Ríos y es muy probable que exista una interacción entre las cuatro instituciones, lo que me parece un error porque a mi juicio los responsables de los crímenes son personas y no las instituciones en sí”.
El testimonio que entrega el ex capitán Jaime Donoso corresponde a la represión ejercida por la Fach contra alrededor de 60 hombres de sus filas en los primeros años del régimen militar, específicamente en la Academia de Guerra Aérea (Aga), verdadera escuela para quienes formaron en 1975 el Comando Conjunto. Uno de los más brutales torturadores de la Aga fue el jefe del naciente Comando Conjunto, Edgar Ceballos Jones (“Comandante Cabezas”).

BACHELET Y LOS OTROS

El capitán Donoso, con dos años de antigüedad al momento del golpe de Estado, tuvo una temprana evidencia de lo que preparaban los altos mandos. Entre mayo y junio de 1973 le correspondió desempeñarse como oficial de ronda de la Guarnición de Santiago y en una oportunidad le ordenaron inspeccionar la Academia de Guerra Aérea a las dos de la mañana. “Al identificarme ante el suboficial de guardia, quien me conocía porque yo era alumno de la Academia, pretendió impedirme la entrada. Eso me pareció sumamente sospechoso, así que saqué mi pistola y lo detuve por impedir que el oficial de ronda, máxima autoridad de la guarnición, ingresara a la base. Entonces me explicó que el general Gustavo Leigh, quien estaba en el interior, le había pedido que no dejara entrar a nadie”, relata el ex uniformado. Decidió llevarlo encañonado hasta adonde estuviera el general Leigh, que en esa época era jefe del estado mayor y segunda jerarquía después del comandante en jefe, César Ruiz Danyau. Al ingresar a la base vio que estaban estacionados los autos de casi todos los generales. En la sala de conferencias había luz, pero la puerta estaba cerrada. “La abrí de una patada, con la pistola en la mano y el suboficial al lado. La sala quedó sumida en un silencio espectral. Normalmente, cuando un capitán patea una puerta lo menos que hace un general es arrestarlo. Pero todos se quedaron calladitos. Lo que me quedó inmediatamente graficado en la mente fue el plano de Santiago, donde habían colocado aviones diseñando circuitos para atacar La Moneda, la casa del presidente en Tomás Moro y las estaciones de radio. No me cupo la menor duda que se estaba planificando un golpe de Estado. El general Leigh me pidió que lo disculpara, me dio todas las explicaciones posibles, dijo que estaban haciendo un juego de guerra… ¡Claro, a las dos de la mañana! Me imagino las puteadas que debe haber recibido el general que me envió a efectuar la ronda”.

¿Qué hizo usted luego de tener esa evidencia?
“Fue una luz de alerta para los cinco o seis capitanes que éramos constitucionalistas. Habíamos estado en la universidad, la mayoría éramos ingenieros y teníamos una relación con la sociedad diferente a la del militar neto. No estábamos por el golpe de Estado y sentimos que nuestra misión era denunciar lo que se preparaba. Decidimos agruparnos en forma más estrecha y buscar vías políticas para entregar esa información al presidente de la República. Nos reunimos con los senadores Eric Schnake (PS) y Anselmo Sule (PR), y con Carlos Lazo, presidente del Banco del Estado. Ellos consiguieron una entrevista de algunos miembros del grupo con el presidente Salvador Allende, pero él no les creyó. Dijo que estaba convencido que los militares jamás darían un golpe de Estado, porque le habían jurado lealtad. Pienso que Allende era muy orgulloso. Estaba convencido que podía manejar políticamente la situación y que no sería avasallado”.
¿Ustedes simpatizaban con algún partido político?
“No, ni siquiera estábamos de acuerdo con el gobierno de Allende, que a esas alturas no era bueno, aunque yo había votado por él, porque me gustó su programa. Pero teníamos la convicción que debíamos respetar la Constitución y la ley, de acuerdo con lo que habíamos juramentado. Para nosotros, el jefe máximo era el presidente de la República y no el comandante en jefe. Por eso, hasta el último momento seguimos insistiendo en entregar la información que teníamos. Cuando ocurrió el golpe de Estado nos detuvieron a todos, junto con los generales Alberto Bachelet y Sergio Poblete, y el coronel Ernesto Galaz. Les atribuyeron vinculaciones marxistas, pero sólo cumplían con su deber”.
¿Los mantuvieron en la Aga?
“Sí, y la agresión contra nosotros fue brutal, porque nos consideraban traidores… a ellos. Cuando conversábamos, les decíamos que eran ellos los que estaban traicionando la Constitución y la patria. Nos golpeaban, nos hacían simulacros de fusilamiento, nos ponían electricidad en las partes más sensibles -incluso en heridas abiertas- y nos quemaban con cigarrillos. También empleaban drogas e hipnosis. A algunos los colgaban de unos ganchos, como en una carnicería, y los azotaban. La Academia de Guerra Aérea era un centro de torturas atroz. Los generales eran pateados en el suelo por los pelados. Buscaban la degradación máxima de nuestra personalidad. Había presos a los que les sacaron las uñas. A otros los destrozaban, los cortaban igual como un carnicero corta un chancho”.
¿Quién estaba al mando?
“Ahí estaba comprometido Leigh. Lo vi dando instrucciones precisas de lo que había que hacer. Yo había sido instructor de vuelo del general Orlando Gutiérrez, y después él fue mi torturador. Era el jefe, lo presenciaba todo. También estuvo presente Leigh cuando torturaron al general Poblete. Me lo contó en una carta que me escribió, y que está en el juicio. A él lo quemaron en el pecho y en las manos. En la Fuerza Aérea, en 1973, se estableció la tortura como un procedimiento normal para interrogar a prisioneros. No se preguntaba qué había que hacer con un preso, derechamente se le torturaba y se le decía ‘esto es lo que tienes que confesar’. Era un procedimiento estándar”.
¿Usted fue procesado?
“Después de las torturas nos hicieron el famoso sumario en tiempo de guerra llamado ‘Fach contra Bachelet y otros’, que ahora estamos impugnando ante la Corte de Apelaciones. Desgraciadamente ésta señaló que el caso debía pasar a la justicia militar, lo que es una aberración. Vamos a seguir insistiendo, porque queremos que se reconozca que no se cumplió con el debido proceso y que nos entreguen la documentación que nos corresponde. Tras el sumario, se nos hizo un juicio en el cual no teníamos defensa, no se permitió que nuestros abogados argumentaran tortura. A mí, que había denunciado el golpe, me acusaron de ‘incitación a la sedición’, ‘traición a la patria’, ‘creador del Plan Zeta’ y del ‘Plan Fuga’. Nada de eso existía. Nos condenaron en diciembre de 1973, cinco a la pena de muerte y otros a presidio. Mi condena era a 20 años. Posteriormente me la rebajaron a 15 años, y a los condenados a muerte, a 30 años de presidio. Estuve dos años preso en distintos centros militares y al final nos llevaron a la cárcel pública de General Mackenna. En 1975 aplicaron el DL 504 que nos permitió partir al exilio”.
¿En algún momento se encontró con el general Alberto Bachelet?
“Estuvimos juntos en la cárcel. El general Bachelet tenía un problema al corazón perfectamente tratable, pero si le ponían corriente, la cosa se complicaba. Fue lo que ocurrió. Un día lo sacaron para llevarlo a la Academia de Guerra. Volvió con quemaduras de cigarrillos, marcas de electrodos y con una violenta taquicardia. El doctor Alvaro Yáñez, que era uno de los presos, dijo que estaba muy mal, que necesitaba cuidados especiales. Poco después murió. En una ocasión, Leigh dijo que cómo se podía pensar que la Fuerza Aérea podía hacer esas cosas. El cinismo de los torturadores era increíble”.
¿Ha tenido oportunidad de enfrentar a sus torturadores?
“He sido careado con quienes fueron mis torturadores directos, en diferentes procesos a cargo de los jueces Juan Guzmán, Mario Carroza y Rubén Ballesteros. He declarado contra Hernán Gabrielli, el general Orlando Gutiérrez y toda una lista de torturadores. En los careos he comprobado la pequeñez de estos hombres que cuando torturaban y tenían todo el poder sobrepasaban la racionalidad humana. En la Academia mataron a un sargento de un balazo y el general Gutiérrez felicitó al soldado que le disparó. Y ahora veo a algunos seriamente dañados, como Edgar Ceballos Jones; los comandantes Ramón Cáceres y Sergio Ulises Swain; el general Orlando Gutiérrez. En esa época se paseaban por la Academia como verdaderos pavos reales, ahora los veo escondidos y cabizbajos en los juzgados. Uno les dice ‘cobarde, maldito cobarde, cómo no puedes reconocer lo que hiciste’. Bajan la cabeza y responden ‘no me acuerdo’”.
¿No muestran arrepentimiento?
“Creo que no, pero sí vergüenza, porque no se atreven a mirar de frente. Y nunca dan sus direcciones. Son unos malditos cobardes, no se puede decir otra cosa. Felizmente, han caído en contradicciones. La gran diferencia con ellos es que nosotros andamos con la cabeza en alto, nos mostramos en cualquier parte y vamos a los juzgados abiertamente, sin ningún temor, porque tenemos la conciencia limpia”.

EL CAPITULO GABRIELLI

Los ex presos de la Fach vivieron el exilio en distintos países, pero siempre mantuvieron entre ellos lazos de amistad. Jaime Donoso Parra se fue a Inglaterra, donde estudió aeronaútica superior e hizo un doctorado en aerodinámica y mecánica de fluidos en la Universidad de Londres. Se convirtió en un investigador científico de alta calificación y desarrolló una exitosa carrera profesional en la empresa privada. Inventó cuatro métodos de alta tecnología para solucionar problemas matemáticos complejos, que fueron debidamente patentados. Con uno ganó en 1997 un Premio Nacional de Ciencia y Tecnología otorgado por el Ministerio de Defensa. Sus últimos años de exilio los vivió en Suiza.
¿Cuándo iniciaron acciones ante la justicia?
“Los ex presos de la Fach sólo pudimos volver a Chile a comienzos de la década del 90, cuando era imposible hacer un juicio contra las Fuerzas Armadas porque los poderes fácticos tenían intacto su poder. Pero pensamos que algo teníamos que hacer y participamos activamente en el proceso de gestación de la ley de exonerados. Finalmente algunas personas decidieron enjuiciar por daños físicos y perjuicios. Hay ex presos dementes en Inglaterra, recluidos en hospitales siquiátricos. Otros tienen daños en los oídos, algún miembro de su cuerpo inmovilizado, enfermedades óseas por los golpes y la electricidad, o no les funcionan bien algunas partes del cerebro y se olvidan de cosas. Así nos encontramos con el Codepu, que nos ha asesorado en los juicios, y con el problema del general Hernán Gabrielli. En febrero del 2001, Carlos Bau Aedo, ex ejecutivo de la Industria Nacional de Cemento S.A. (Inacesa), denunció que Gabrielli lo había torturado a él y a otros prisioneros en 1973 en la base aérea de Cerro Moreno, de Antofagasta, entonces a cargo del comandante Marcial Vargas del Campo. A sus denuncias se sumaron los ex detenidos Juan Ruz, doctor en pedagogía y actual funcionario del Ministerio de Educación, y Héctor Vera, doctor en comunicaciones y vicerrector de la Universidad de Antofagasta. Los tres fueron víctima de tormentos físicos y psicológicos, y presenciaron cómo el entonces subteniente Gabrielli torturó salvajemente a Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, gerente de Inacesa, que junto al gerente de Corfo, Mario Silva Iriarte, fue ametrallado el 19 de octubre por la Caravana de la Muerte. Los afectados iniciaron un proceso por torturas en contra de Hernán Gabrielli, en el que los ex presos de la Fach han participado como testigos. Según declaraciones de uno de ellos, el entonces subteniente de aviación Ricardo Navarro Valdivia, Hernán Gabrielli no sólo lo torturó a él, sino también a un niño de 14 años a quien le causó secuelas que acabaron con su vida en el hospital de Antofagasta. Navarro declaró desde España en una entrevista a Televisión Nacional: “Toda la Fuerza Aérea sabía y sabe que Gabrielli es un torturador”. Otros testigos de la Fach que fueron víctimas o presenciaron torturas ejecutadas por quien llegó a ser jefe del estado mayor de esa institución son el capitán Juan Muñoz y el subteniente Oscar Navarro, oficiales de la rama de finanzas de la Fach en Antofagasta, y los cabos segundos Luis Gabriel Torres Valeria y Antonio Jara Castro.
¿Usted conoció al ex general Gabrielli?
“Nos conocimos en la Escuela de Aviación, fuimos amigos y le tuve mucha estimación. Cuando estábamos en la cárcel comenzaron a llegar presos de Antofagasta, como Carlos Bau y algunos suboficiales, que describían a Gabrielli como uno de sus torturadores. No cabía la menor duda. Yo le escribí dos cartas entre 1999 y 2000, antes de los juicios, para que viera la forma de que se compensara a quienes éramos de la Fuerza Aérea. Primero, en el aspecto moral, que es lo que más nos interesa, y luego material, porque a nosotros nos cortaron la vida a los 30 años. Nunca contestó esas cartas. La querella que Gabrielli presentó contra Carlos Bau, Juan Ruz y Héctor Vera por difamación, injurias y calumnias fue cerrada a los tres meses por el juez Ballesteros, quedando en evidencia que Gabrielli torturó, aunque esto sigue siendo la declaración de una persona contra otra. El continúa negando, pero van a seguir declarando todos los que lo vieron y sufrieron las torturas. De acuerdo con lo legalmente establecido, tendremos a estas personas en primera línea hasta que en algún momento tengan que reventar. ¡Ya aparecerá un piloto o suboficial que cuente cómo les cortaban la guata a los prisioneros y los tiraban al mar! Nosotros tenemos que ir buscando los mecanismos para acorralarlos”.
¿Qué clase de torturador era Gabrielli?
“Existían los torturadores ‘profesionales’, como los de la Academia de Guerra Aérea, y otros ocasionales, que eran los que estaban en las guardias. En este último grupo se ubicaba Gabrielli, que en esa época era un teniente de 24 ó 25 años. Los torturadores ‘oficiales’ de la base de Cerro Moreno, como el comandante Gonzalo Pérez Canto, les decían a los tenientes jóvenes que ‘ablandaran’ a los presos antes de entrar a la interrogación. Y aunque podían evitarlo, porque no era su obligación, los agarraban a golpes y patadas. Yo los llamo ‘torturadores torpes’. Esto ocurrió en todas las bases, incluida la de Quintero, donde estaba el general Patricio Ríos, actual comandante en jefe. Todos los tenientes y subtenientes de esa época, si estaban en servicio, deben haber tenido contacto con prisioneros. También los alférez y subalférez, que hoy son los generales que están bajo Ríos, deben haber participado cuando menos en las ‘operaciones rastrillo’, donde también se torturó. Que unos pegaban más y otros menos, lo tendrá que determinar la historia. Para eso estamos haciendo estos procesos. Vamos a escarbar hasta encontrar testigos que se atrevan a declarar, porque la verdad es que muchos de la Fuerza Aérea aún no dan ese paso. En los años 96-97 algunos me pidieron que por favor no los nombrara, porque ellos y sus familias habían sido amenazados. Pero ahora tenemos una ley de prensa que nos permite hablar. Por eso estoy escribiendo un libro con mis memorias donde voy a decir lo que yo vi de la historia, desde el lugar en que ésta me puso. Y me puso a este lado, porque yo tenía principios distintos a los de ellos, tan simple como eso”.
¿Alguna vez lo han amenazado a usted?
“En forma indirecta, me enviaron amenazas por teléfono cuando puse un recurso de amparo contra el general Fernando Rojas Vender, en la época en que era comandante en jefe. Pero nunca tuve miedo, estoy haciendo lo que corresponde”.
¿Por qué ese recurso de amparo?
“Se relaciona con otro problema que tenemos. Cuando jubilamos o nos dan de baja, nos tienen que entregar un documento que diga que uno es un oficial de la Fuerza Aérea dado de baja, jubilado, exonerado o lo que sea. A nosotros no nos han entregado ese documento, y por eso no nos permiten entrar a algunos lugares de la Fach. A mí incluso me han obstaculizado el paso en el Ministerio de Defensa. ¡A qué nivel llega el enclaustramiento en que están los uniformados que ni siquiera permiten a la ministra de Defensa que intervenga en esto! Debería bastar que la ministra Michelle Bachelet le dijera al comandante en jefe que nos entregue la documentación, porque es lo que corresponde legalmente. En este momento se está tratando de llegar a un acuerdo, pero si no lo hay me voy a querellar contra la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea. Anteriormente presenté un recurso de amparo contra el general Rojas Vender y Jaime Lavados, rector de la Universidad de Chile. Sucedió que ambas instituciones convocaron a un diplomado en Derecho Aeronáutico y del Espacio, y postulé como un ciudadano cualquiera. Las clases se daban en la Academia de Guerra Aérea. El rector de la Universidad de Chile consultó a la Fach y le enviaron una carta firmada por Rojas Vender diciendo que yo no podía ingresar. Torpemente, él me remitió esa carta. Y con ella en mano, presenté el recurso. Fernando Rojas dilató todo lo que pudo la tramitación del recurso y al final mandó una carta a la Corte Suprema diciendo que yo no tenía ninguna prohibición para ingresar a la Academia. La presentó el 28 de agosto y el curso terminaba el 1 de septiembre. ¡Esa es la mentalidad sucia que tiene esta gente! Pero nada puede extrañar de alguien como Fernando Rojas Vender, que se llevaba muebles para su casa como pertrechos de guerra. El tiene una historia tenebrosa dentro de la Fach, porque siempre fue de mala calaña. Claro que todos los generales que viajaban al extranjero en esa época traían motos de agua y muebles como pertrechos de guerra, en circunstancias que la ley les permite, igual que a los diplomáticos, traer bienes de hasta 15 mil o 20 mil dólares sin impuestos. ¡Pero ellos traían mucho más!”.
¿Se ha enfrentado alguna vez con Hernán Gabrielli?
“Se ha negado a conversar conmigo. El día que teníamos un careo ante el magistrado Mario Carroza se fue a Estados Unidos y nos dejó al juez y a mí plantados. Tampoco se presentó a otro careo ante el juez Ballesteros. No me cabe la menor duda que torturó, tenemos testigos torturados por él y otros que presenciaron esas torturas. Eso es lo que he declarado en tres juzgados. El juez Carroza me va a volver a llamar, porque le pedí que quiero ver a Gabrielli y enfrentarlo. El general León Duffey, un hombre bruto que se sabía esconder muy bien, torturó con Gabrielli en Antofagasta y después pasó a la Academia de Guerra. Se dejaba ver muy poco en la Academia, igual que Florencio Dublé, quien llegó a ser jefe del estado mayor cuando Fernando Rojas Vender era comandante en jefe. Pero nosotros los identificábamos bien. Todos están siendo enjuiciados y tendrán que declarar. Hay que juzgarlos, pero no con el objetivo de que los castiguen. Lo único que me interesa es que reconozcan lo que nos hicieron y que queden claramente establecidas sus culpas”

Torturadores de la Fach

Los siguientes oficiales, suboficiales y personal civil de la Fuerza Aérea, principalmente de la Academia de Guerra Aérea, participaron, practicaron o dirigieron las sesiones de tortura a que fueron sometidos los acusados en el proceso “Fach contra Bachelet y otros”, según una lista confeccionada por el capitán en retiro Jaime Donoso:
– General ingeniero Orlando Gutiérrez Bravo, jefe operativo y fiscal acusador en el proceso.
– Comandante de grupo piloto Sergio Lizosain Mitrano, presumiblemente segundo en la línea de mando de los torturadores.
– Comandantes de escuadrilla Edgar Ceballos Jones (ingeniero), Ramón Cáceres Jorquera y González Pérez Canto (pilotos). Este último operaba en la base Cerro Moreno y fue muy conocido por su sadismo.
– Comandante de escuadrilla piloto Jaime Lavín Fariña (después fue ascendido a general y se le prohibió ingresar a EE.UU. por su participación en actos de tortura).
– Capitanes de bandada pilotos Alvaro Gutiérrez (también reconocido por su agresividad y sadismo), Víctor Mettig, León Duffey (operó en Antofagasta y Aga, posteriormente ascendido a general) y Florencio Dublé (también ascendido a general).
– Tenientes Juan Carlos Sandoval (ingeniero), Hernán Gabrielli Rojas (piloto, operó en Antofagasta y fue ascendido a general), Franklin Bello y otro de apellido Dumont.
– Suboficial Juan Norambuena, sargento de aviación Hugo Lizana y cabo de aviación Gabriel Cortés.
– Asesores jurídicos Víctor Barahona, Jaime Cruzat y Cristián Rodríguez.
El general en retiro Sergio Poblete y otros ex presos de la Fach identificaron a los tenientes José García Huidobro, Alberto Waschtendorf y John Ramírez -la mayoría con títulos de inteligencia militar obtenidos en Panamá, Brasil y Estados Unidos- como también al coronel abogado Julio Tapia Falk, que fue auditor en el consejo de guerra que condenó a los procesados. Presidió ese consejo el general de brigada Juan Soler Manfredini y lo integraron los coroneles Eduardo Fornet Fernández (después ascendido a general), Humberto Berg Fontecilla (médico), Sergio Sanhueza López (ingeniero), Javier Lopetegui Torres y el comandante de grupo piloto Carlos Godoy Avendaño

El juez de fuero Jorge Zepeda sometió a proceso a dos coroneles (R) de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) por el delito de aplicación de tormentos reiterados contra el ex ministro de Defensa y militante socialista José Tohá.

Se trata de los ex uniformados Sergio Contreras y Ramón Cáceres, otrora asistentes del fallecido ex fiscal de la FACH Horacio Otaíza.

Ambos fueron notificados este jueves por el magistrado, para posteriormente ser trasladados a un recinto de la rama de las Fuerzas Armadas, presumiblemente en la base aérea de Colina.

El abogado de la familia Tohá, diputado Juan Bustos (PS), manifestó su plena satisfacción por el nuevo rumbo que toma la causa y previó que los próximos meses vendrán más encausamientos.

Según estimó el representante, las imputaciones del magistrado Zepeda apuntarán a los autores materiales y cómplices de lo que calificó como el "homicidio" del ex titular de Defensa.

Junto con resaltar la virtual retipificación de la causa de muerte de Tohá, explicó que éste mal podría haberse suicidado, considerando que su deteriorada condición física (47 kilos de peso y una estatura de 1,90 metros) se lo impedía.

Según los antecedentes que proporciona el denominado Informe Rettig, el secretario de Estado del gobierno de Salvador Allende murió el 15 de marzo de 1974 en el Hospital Militar de Santiago.

El día 11 de septiembre de 1973, Tohá fue detenido en el Palacio de la Moneda junto a un grupo de autoridades y colaboradores del gobierno depuesto.

Posteriormente, fue trasladado junto a ellos a la Escuela Militar, desde donde pasó a la isla Dawson, lugar donde fue sometido a malos tratos reiterados y apremios ilegítimos por parte del personal militar que estaba a cargo del recinto.

Con un estado de desnutrición crítico y una condición psicológica bastante deteriorada, el ex ministro acabó suicidándose en su habitación del hospital castrense, según argumentaron las autoridades de ese entonces a la familia.

Los motivos de Zepeda

En uno de los considerandos, en el cual Zepeda da cuenta de los antecedentes para procesar a los ex uniformados, establece que en la investigación no se encuentra acreditado el hecho de que Tohá se haya suicidado.

Esto, porque el sumario a cargo de la Segunda Fiscalía de Ejército y Carabineros respectiva no fue adjuntada a este proceso, pues fue imposible encontrarla.

Sin embargo, el magistrado sí estableció que Tohá estuvo privado de su libertad durante más de seis meses, sin que en ese prolongado período se haya instruido un juicio o se hayan formulado cargos en su contra. Junto con ello, determinó que durante su cautiverio fue objeto –por parte de agentes del servicio de inteligencia de la FACH- de actos “crueles y degradantes”, con el propósito de perjudicar su integridad psíquica y física.

Indirectamente, establece en su documento el magistrado, los tormentos reiterados pretendían infundir temor a un sector de la población. Por otro lado, Zepeda confirmó que el ex ministro fue trasladado secretamente desde el Hospital Militar hasta el recinto de la Academia de Guerra Aérea para ser cruelmente interrogado, ya que se le consideraba “una fuente de información”.

Estos apremios ilegítimos también se le aplicaron en el mismo recinto asistencial, “como lo comprueban los manuscritos descubiertos en la presente investigación, encontrados en la habitación donde Tohá murió”.

Tales documentos habían sido confeccionador por el propio colaborador del Presidente Allende y por el agente que lo apremiaba y formulaba las preguntas por escrito.

Corte de Apelaciones de Santiago revocó la decisión adoptada por el ministro Juan Eduardo Fuentes, quien desestimó la petición de encausar a los ex uniformados. Además, el tribunal de alzada procesó a tres de ellos por un secuestro calificado.

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la petición de someter a proceso a nueve oficiales (r) de la Fuerza Aérea (FACh) bajo la figura de asociación ilícita genocídica, debido a los antecedentes que los sindican como autores de detenciones ilegales, torturas y desapariciones al interior de la Academia de Guerra Aérea, AGA, luego del golpe de Estado de 1973.

Con el voto en contra de la ministra Rosa María Maggi, el ministro Carlos Cerda y la abogada integrante Andrea Muñoz estuvieron por revocar la decisión de primera instancia, adoptada por el ministro Juan Eduardo Fuentes, quien no dio lugar a estos encausamientos.

De esta forma, el tribunal de alzada procesó a Ramón Pedro Cáceres Jorquera, Sergio Fernando Contreras Mejías, Juan Bautista González Figueroa, Orlando Gutiérrez Bravo, Omar Arturo Insunza Melo, Juan Luis Fernando López López, Víctor Manuel Mattig Guzmán, Roberto Francisco Serón Cárdenas y Luis Campos Poblete, en calidad de autores del delito de asociación ilícita genocídica.

"Se encuentra justificado que en el año 1974, un grupo de individuos se organizó para trabajar coordinadamente en la persecución de personas que pudieren sustentar ideología marxista o activismo de izquierda extrapartidaria, con el objeto de exterminar a estos grupos sociales, atentando criminalmente en contra de sus miembros o seguidores", sostiene el fallo.

Con este fin, "procedieron a la detención de los mismos sin previa orden impartida por autoridad legítima, para luego recluirlos en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile, ubicada en la comuna de Las Condes de esta ciudad, donde se los mantuvo incomunicados por prolongados períodos y se los sometió a tratamientos crueles y degradantes y otras variadas formas de tortura física y psicológica", añadió.

Asimismo, la Sexta Sala ordenó dictar órdenes de detención en contra de todos estos uniformados, dado que la gravedad del delito imputado hacen necesaria su detención preventiva.

Secuestro calificado

Por otra parte, el tribunal de alzada encausó a Sergio Fernando Contreras Mejías, Juan Bautista González Figueroa y Víctor Manuel Mattig Guzmán, en calidad de coautores del delito de ilegítima privación de libertad de José Luis Baeza Cruces.

Según se consignó en la resolución, los antecedentes del proceso son también suficientes para justificar la existencia de la ilegítima privación de libertad de la mencionada vícitma, ilícito que a la época de su perpetración se encontraba descrito y sancionado en el artículo 141 inciso tercero del Código Penal.

José Luis Baeza Cruces, casado, 2 hijos, dirigente de la Central Unica de Trabajadores (CUT) y del Partido Comunista, fue detenido el 9 de julio de 1974 por efectivos de seguridad pertenecientes a la FACH, presumiblemente en la vivienda ubicada en El Mirador 1868, Santiago. Tras su captura fue trasladado a la AGA, donde se le ve hasta el 29 de agosto de ese mismo año, en muy mal estado físico producto de las torturas a que era sometido. (Fuente: memoriaviva.com)

La Academia de Guerra Aérea (AGA) fue uno de los primeros centros de tortura establecidos tras el golpe militar de 1973 y la cuna del Comando Conjunto, organismo encargado de exterminar al Partido Comunista. En las dependencias de Las Condes se realizaron consejos de guerra en contra de aviadores leales a la Constitución y al Presidente Allende. Las numerosas condenas incluyeron la cadena perpetua y la muerte. Una parte importante de ellas luego fueron conmutadas por extrañamiento.

El actual subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, y el general Alberto Bachelet pasaron por la AGA. En ese tiempo, el padre de la Presidenta de la República tenía 51 años y tres hijos. Bastó su rol de secretario de la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización durante la Unidad Popular para justificar su detención, marcada por la brutal tortura ejercida por sus ex alumnos. Debido a su pésima condición de salud, derivada de los tormentos, el general fue trasladado al Hospital de la FACh. Murió el 12 de marzo de 1974 en la Cárcel Pública.

Aunque por la AGA circularon más de 700 detenidos, la mayor parte miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el recinto no desarrolló la triste celebridad de instalaciones similares a cargo de la DINA. Sin embargo, sendas querellas interpuestas en 2001 y 2002 por ex miembros del MIR y aviadores detenidos en la AGA, a las que se sumó una demanda civil indemnizatoria, acaban de construir un hito en materia de derechos humanos. Hace casi un mes, la Corte Suprema reconoció estas torturas como crímenes de lesa humanidad y obligó a pagar 10 millones de pesos por víctima a uno de los condenados.

Pese al carácter histórico de la decisión del máximo tribunal, el fallo no dejó completamente conformes a los querellantes. Se logró la indemnización económica, pero la condena penal fue baja y favoreció sólo a 17 víctimas, de un total de 46 denunciantes originales. Además, sólo dos funcionarios que operaron en la AGA fueron encontrados responsables: los coroneles (R) Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres Jorquera.

Duro trámite

Fue un proceso complejo. La causa llegó a manos del ministro Eduardo Fuentes Belmar en junio de 2005. El 9 de septiembre de ese mismo año se declaró incompetente, aduciendo que, como los delitos fueron cometidos por personal y dentro de un recinto militar, le correspondía investigar a la justicia militar. La parte querellante apeló a la decisión del tribunal civil, al estimar que esta instancia no daba garantías de independencia e imparcialidad. De todas formas el ministro traspasó la causa el 22 de septiembre a la justicia castrense. Sin embargo, el 28 de ese mes, esta instancia se declaró igualmente incompetente, generando un conflicto que fue dirimido por la Corte Suprema, que resolvió que la causa siguiera en manos de Fuentes.

Los testimonios de los detenidos, recogidos en la investigación, dan cuenta de la brutalidad con que operaron los funcionarios de la AGA, repartición que poco tiempo después se organizaría como Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea y luego derivaría en el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), principal integrante del Comando Conjunto.

Según las declaraciones de los detenidos en la AGA entre 1973 y 1975, tanto Cevallos como Cáceres eran parte fundamental de un grupo bestial de torturadores. El entonces coronel de Aviación, Augusto Galaz Guzmán, declaró que el 14 de septiembre de 1973 fue detenido desde su oficina en el Ministerio de Defensa junto al actual subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, el general Bachelet y el coronel Rolando Miranda. Luego de llevarlos a la Fiscalía de Aviación y a la Base Aérea de Colina, donde fueron interrogados, los trasladaron en conjunto a la AGA. En el proceso, Galaz señaló que se les mantenía con capucha “durante el interrogatorio, levantándonos con cordeles colocados entre las piernas, aplicando agujas en el nacimiento de las uñas de las manos y dándonos golpes de puño en el rostro”. Galaz agregó que Cevallos y Cáceres estaban a cargo de los maltratos. No fue difícil reconocerlos: ambos habían sido alumnos suyos en la Escuela de Aviación.

De acuerdo a la condena en primera instancia, dictada en 2006 por el ministro Fuentes, tanto miembros de las Fuerzas Armadas como sujetos pertenecientes a grupos de izquierda, contrarios al régimen militar, fueron detenidos en la AGA. Eran mantenidos con la vista vendada en un subterráneo e interrogados por miembros de la FACh.

“Y en ocasiones eran sometidos a diversos apremios sicológicos o físicos, consistentes estos últimos en mantenerlos constantemente con la vista vendada, con piernas o brazos flectados; pasándoles un palo entre sus extremidades y dejándolos suspendidos en el aire (pau de arara); aplicándoles descargas de corriente eléctrica en partes sensibles del cuerpo, tales como lengua, órganos genitales, sienes; obligándolos a permanecer de pie durante muchas horas o días sin suministro de agua o comida; sometiéndolos a simulacros de fusilamiento”, señala la condena de primera instancia.

Fuentes dictaminó, tanto para Cevallos como para Cáceres, una pena de 541 días con presidio remitido. No consideró que los delitos cometidos fueran de lesa humanidad, sino que los enmarcó dentro del artículo 150 del Código Penal, que describe los apremios ilegítimos. El ministro aplicó al máximo las atenuantes esgrimidas por los culpables.

El argumento del ministro para aplicar este castigo fue la irreprochable conducta anterior de los imputados, sin anotaciones penales. Respecto de Cevallos Jones, la condena señala que “dicha atenuante será considerada como muy calificada, toda vez que en su comportamiento pretérito se dan especiales connotaciones, como lo son su calificada preparación profesional, espíritu laboral y ejemplar comportamiento social. En efecto, de los antecedentes del proceso aparece que el encausado es titulado como ingeniero aeronáutico y cumplió satisfactoriamente toda su carrera en la Fuerza Aérea”.

En cuanto a Cáceres Jorquera, el ministro Fuentes consideró una atenuante muy calificada su permanencia en la Aviación durante treinta años y que haya cursado un magíster en ciencias políticas y un postítulo en Economía de Guerra, todo sumado a sus “armoniosas relaciones familiares”.

El coordinador del Grupo de Prisioneros de Guerra FACh y torturado en la AGA, Mario González (ver entrevista), considera que el argumento de Fuentes queda en cero “desde el momento en que dan el primer golpe a un indefenso detenido, sin siquiera considerar si eran hombres o mujeres, luego aplicando electricidad. Hubo premeditación y un proceder reiterativo. Por eso, acá no corre la intachable conducta anterior en la institución ni tampoco sus estudios posteriores”, critica.

En esta misma línea, la Corte de Apelaciones, en fallo del 6 de noviembre de 2008, además de subir las condenas de ambos a tres años, aún con presidio remitido, desestimó este argumento por no encontrarse debidamente acreditado.

Con respecto al pago de indemnización en contra de las víctimas, el ministro Fuentes eximió de esta responsabilidad al Consejo de Defensa del Estado y a Ramón Cáceres, entre otros aspectos, debido a que el plazo para iniciar acciones legales por este concepto vence a los cuatro años, lo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones y la Suprema.

Cevallos tendrá que pagar a las víctimas exclusivamente porque su defensa no contestó la demanda civil a tiempo. Si no fuera por ese error legal, nadie recibiría un peso por las consecuencias de su traumático paso por la macabra AGA de Las Condes. Según el registro de Dicom, Cevallos posee dos bienes a su nombre, avaluados fiscalmente en 200 millones de pesos.

Hace unas semanas, sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema no sólo confirmó la sentencia de segunda instancia que subió las penas de Cevallos y Cáceres a tres años con presidio remitido. También agregó que “de acuerdo a los antecedentes reunidos durante la indagación, es procedente concluir que se está en presencia de lo que la conciencia jurídica ha dado en denominar delitos contra la humanidad”. De esta forma, este fallo es el primero en que el máximo tribunal reconoce las torturas como delitos de esta índole.

Federico Aguirre, secretario ejecutivo de la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), organización querellante, destaca que esta causa sienta un precedente para otras similares, pero “consideramos que las penas impuestas no se condicen con el daño ocasionado. No son proporcionales al atentado grave a la integridad física y síquica que importa el crimen de tortura”.

A pesar de que Fuentes Belmar sólo procesó a Cevallos y Cáceres en la causa de torturas de la AGA, en el caso de la desaparición de José Luis Baeza Cruces y el crimen de Alfonso Carreño Díaz, ambos ocurridos en el recinto, la Corte de Apelaciones decidió en 2006 procesar a nueve miembros de esa repartición por el delito de asociación ilícita genocida. Esto, luego de que el ministro Fuentes, quien también lleva esta causa, se negara a hacerlo luego de la solicitud del Programa de Derechos Humanos. Actualmente, la causa está en la etapa previa a la sentencia de primera instancia.

“Resulta increíble la posición de la justicia”

Mario González, coordinador del grupo de prisioneros de Guerra FACH

-¿Quiénes estuvieron con el general Bachelet en sus últimos momentos?

-Prácticamente todo el personal de la FACh procesado en la Región Metropolitana de esa época estuvimos en la Cárcel Pública junto al general Bachelet, quien muere el 12 de marzo de 1974, después de un largo día de interrogatorio en la AGA.

-¿Le tocó a usted o a sus compañeros cuidarlo?

-La mañana en que él se sintió mal, todos nos dimos cuenta de su estado cuando se retiró a su celda a descansar. Estuvimos atentos a todo lo que sucedía. Antes de mediodía, ya se sabía por Álvaro Yáñez, nuestro médico, también preso, que el general estaba muriendo por un ataque al corazón.

-¿Qué sienten como cuerpo de ex aviadores respecto de la condena aumentada a 3 años, pero con pena remitida, igual que la de primera instancia?

-Consideramos que las penas impuestas y la confirmación de ellas por el máximo tribunal es insuficiente. Primero, por la gravedad del delito, que está tipificado como apremio ilegítimo y no como tortura. Y los tres años, que son con pena remitida. Pero estamos contentos, ya que se comprobó que hubo tortura para sacar confesiones falsas en los procesos y consejos de guerra implementados como forma de atemorizar al resto del personal de la Fuerza Aérea.

-¿Qué le parece que sólo en el caso de algunos de ustedes se hayan acreditado las torturas?

-Aquí consideramos que hubo un grave error y que es totalmente discriminatorio. El ministro buscó secuelas de tortura y no la tortura como tal. Pasados tantos años, es difícil de encontrar secuelas físicas. En muchos de nosotros no las encontró o se desentendió, en circunstancias que existen certificados médicos de la fecha en que constan los efectos de los procedimientos que usaron los torturadores.

-¿Por qué cree que se condenó sólo a dos de los autores de los delitos de tortura?

-Resulta totalmente increíble la posición de la justicia. Este personal era parte de un sistema represivo creado por la FACh para desarticular, según ellos, todo un grupo que estaría dedicado a complotar en contra del mando institucional y que contaría con agentes civiles cercanos al gobierno y partidos políticos, haciendo un trabajo de infiltración a la FACh con el fin de dar un autogolpe, Plan Z y otros más con ese objetivo.

-Ustedes, como aviadores, tienen una acción judicial ante la Corte Interamericana de DDHH, ¿en qué está?

-Como Grupo Prisioneros de Guerra FACh tenemos una presentación en la CIDH desde 2003, acusando al Estado de Chile por denegación de justicia, por el rechazo de la Corte Suprema a nuestra solicitud de revisión del consejo de guerra en contra de Bachelet y otros. Esta presentación fue admitida y estuve como coordinador en Washington en una audiencia concedida por dicha comisión. Se llamó a las partes para llegar a una solución amistosa en octubre de 2007, pero no ha sido posible llegar a buen puerto por la falta de interés del gobierno para resolver nuestra solicitud de reparación por el daño causado

El juez Mario Carroza dictó condena contra los coroneles en retiro de la FACH Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera por el delito de tortura en contra del general Alberto Bachelet, padre de la Presidenta de la República.

Según un informe del Servicio Médico Legal (SML), el General Bachelet falleció a causa de los apremios ilegítimos que sufrió tras ser detenido y acusado de traición a la patria luego del golpe de estado encabezado por el dictador Augusto Pinochet en 1973.

Tras ser detenido, Alberto Bachelet fue derivado a la cárcel pública y periódicamente era trasladado a Academia de Guerra donde era torturado a diario exigiéndole información relacionada con el gobierno de Salvador Allende.
El general Bachelet falleció finalmente a la edad de 50 años a causa de un paro cardíaco respiratorio el 12 de marzo de 1974. Los condenados Jones y Cáceres deberán permanecer tras las rejas por un período de tres años.

El coronel en retiro de la FACh Ramón Cáceres está condenado por aplicación de tormentos al padre de la ex Presidenta en 1974.

La Segunda Sala de la Corte Suprema revocó en votación unánime la libertad condicional entregada al coronel en retiro de la Fuerza Aérea de Chile Ramón Pedro Cáceres Jorquera, quien cumple condena por aplicación de torturas al general Alberto Bachelet, padre de la ex Presidenta Michelle Bachelet, quien murió a causa de los tormentos sufridos en 1974.

De esta forma se anuló la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que el pasado 4 de diciembre y en votación dividida había acogido el recurso de amparo presentado por la defensa de Cáceres luego de que la Comisión de Libertad Condicional le negara el beneficio.

Según consignó el diario La Tercera, el ministro Hugo Dolmestch y la abogada integrante María Cristina Gajardo concluyeron que "el interno deberá cumplir efectivamente la pena privativa de libertad impuesta antes de poder postular al otorgamiento de la libertad condicional, en proporción o consideración a la gravedad de los delitos objeto de las condenas y de las penas por ellos impuestas".

"La determinación del periodo que el interno debe cumplir la pena privativa de libertad de manera efectiva antes de que pueda otorgársele la libertad condicional, no puede obviar la gravedad de los delitos imputados. El sentenciado no ha cumplido el tiempo mínimo exigido, esto es dos tercios de la pena impuesta, lo que impide acceder a la libertad condicional pretendida", añadieron los magistrados.