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 Julio Cerda Carrasco

General de Ejercito

Comandante del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE)

Agente DINA

 

C.I.: 5.395.846-K
Domicilio: Américo Vespucio 037, Dpto. 902, Las Condes, Santiago

 

Julio Cerda Carrasco, capitán de ejercito para el golpe de 1973, pertenecía a la oficialidad de la Escuela de Infantería de San Bernardo, al cual pertenecía el campo de Prisionero de Cerro Chena y donde existe un numero considerable de prisioneros desaparecidos y ejecutados  Julio Cerda Carrasco además participo en la represión en Paine, dejando mas de 70 personas desaparecidas o ejecutadas. Posteriormente estuvo a cargo de la compañía de seguridad del cuartel general de la DINA (Belgrano), tenía responsabilidad sobre la unidad encargada de la seguridad y la guardia. En 1991 era coronel de ejercito destinado al Regimiento Aysén.

 

Fuentes de Información: La Nación; El Mostrador; El Siglo; El Mercurio;


El Mostrador

20 de Noviembre 2002

General Julio Cerda, ex DINA, declara en 3 casos de desaparecidos

 El general Julio Cerda Carrasco, cuarta antigüedad del Ejército y actual jefe de la Sexta División de Ejército con asiento en Iquique, fue miembro de la desaparecida Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), desde el 2 de febrero de 1976 hasta fines de 1977, según consta en una declaración hecha por el propio oficial en diciembre de 2001.

Otro dato que se suma al currículo del general es que perteneció a la sociedad Pedro Diet Lobos, organismo de fachada del régimen militar en el exterior que se dedicaba al espionaje, donde estuvieron involucrados Enrique Arancibia Clavel y otros ocho chilenos, entre ellos el general Cerda.

El juez Juan Guzmán Tapia, quien acumuló las causas de detenidos desaparecidos de San Bernardo, Paine, decidió citar a declarar al alto oficial en calidad de inculpado.

La revisión de antiguos antecedentes sobre procesos que datan de 1973 arrojan también la aparición de Cerda Carrasco, quien ascendió y asumió en el cargo el 4 de enero del 2002 -ascenso que fue cursado por el ex comandante en jefe del Ejército Ricardo Izurieta- en tres procesos que en la actualidad investiga la jueza especial de la Corte de Apelaciones de San Miguel María Estela Elgarrista, por los cuales ha declarado.

Pero fue el ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, quien acumuló las causas de detenidos desaparecidos de San Bernardo, Paine y el caso del conscripto en el regimiento de Infantería, quien en mérito de los antecedentes y de acuerdo a su investigación -afirman fuentes que saben del caso- decidió citar a declarar al alto oficial en calidad de inculpado ya que el general Julio Cerda aparece mencionado en tres procesos pendientes por casos de detenidos desaparecidos. 


El Siglo

25 de Febrero 2003

El dolor y la esperanza de Paine

La localidad de Paine posee el triste record de tener el mayor número de ejecutados y detenidos desaparecidos en proporción a sus habitantes. Luego del golpe militar, allí operaron bandas de civiles, policías y militares, que dejaron una reguera de sangre y dolor, asesinado a campesinos de "asentamientos" nacidos con la Reforma Agraria. En Paine aún conviven víctimas y victimarios, bajo el manto de la impunidad y el olvido. En 1979, la Justicia Militar se encargó de sobreseer los procesos abiertos por los hechos de Paine en virtud de la Ley de Amnistía de 1978, aprobada por el propio general Pinochet para cubrir sus crímenes.

Luego de 29 años, la jueza María Estela Elgarrista se acerca a la verdad.

La Reforma Agraria iniciada en los años 1960 y acentuada bajo el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, permitió que muchas familias campesinas fueran beneficiadas con la asignación de tierras que, hasta entonces, pertenecían a un puñado de latifundistas. Así, los campesinos dieron vida a los "asentamientos", pero en Paine, como en el resto del campo chileno, el 11 de septiembre de 1973 volvió todo atrás. Bandas de civiles de extrema derecha, policías y militares cobraron "venganza", asesinando a dirigentes sindicales y campesinos "asentados". Los crímenes, la impunidad y el temor se extendieron por las pequeñas localidades de Paine, Hospital, Huelquén, Culitrín, Chada, Rangue, El Vínculo, Pintué y Laguna de Aculeo. Muchos campesinos y sus familias presenciaron cómo civiles de la zona guiaban a los uniformados por los "asentamientos" entregando nombres y, las más de las veces, participando directamente en la represión y crímenes.

Hace dos semanas, y luego de 29 años, la jueza de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista, citó a familiares y victimarios a diversos careos. Holanda Vidal, esposa del detenido desaparecido Cristian Cartagena Pérez, señala: "Fui citada con objeto de la querella por el secuestro y asesinato de mi esposo, desaparecido el 18 de septiembre de 1973. Nuestro objetivo es que se procese a los culpables: carabineros de la dotación de la subcomisaría de Paine y civiles, que actuaron en conjunto. Identifiqué a varios de ellos: sargento Retamal, cabo Ortiz, Albornoz y Víctor Sagredo; y a civiles: Darío González Carrasco, hoy comerciante, miembro de Patria y Libertad, y que reconoció que detuvo a mi esposo en la Casa Escuela de Chada donde vivíamos, llevándolo a la subcomisaría, a las seis de la mañana".

Los ex carabineros han negado su participación en los crímenes durante los careos, argumentando que "estaban de guardia". "Eso me produjo un schok con paralización de mis brazos, una crisis de llanto y angustia. Es terrible revivir todo lo que pasó, verlos tan cerca, su cinismo, su osadía de negar la verdad. Verlos tan soberbios, sin aceptar que lo que hicieron fue atroz. Son los primeros careos, luego de 29 años de denuncias, búsquedas y golpear puertas. Este paso se pudo dar por todo nuestro esfuerzo y trabajo como Agrupación. No hemos transado el juicio y castigo a los culpables, y que paguen con cárcel sus crímenes".

Después de los careos debieran venir los procesamientos. La jueza tiene una larga lista de civiles, carabineros y militares del Regimiento de Infantería de San Bernardo. "Uno de los asesinos es el teniente Magaña Baum, y entre los carabineros, el sargento Verdugo, un torturador que ahora se presenta como un anciano que no ha hecho nada", agrega Holanda Vidal.

"Todos los vieron"

Juan Maureira es hijo de René Maureira Gajardo, detenido desaparecido el 16 de octubre de 1973 junto a otros 22 campesinos de los asentamientos Campo Lindo, 24 de abril y Nuevo Sendero. Presidente de la AFDD de Paine, recuerda que en la represión y asesinatos también participaron militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo: "La jueza investiga cerca de 40 querellas presentadas ante el juez Guzmán. En Paine hay más de 70 víctimas, de las cuales aún están desaparecidos unas 40. Son los casos recopilados en el informe Rettig, pero otros nunca fueron denunciados. Presumimos que son alrededor de 100 los asesinados en Paine, la mayoría campesinos de asentamientos. La ministra en algún momento va a tener que procesar a los carabineros, civiles y militares implicados. Es lo que esperamos y lo que hemos pedido, que se haga verdadera justicia y podamos encontrar a nuestros familiares... Sabemos que el teniente Magaña tiene antecedentes de qué pasó con mi padre y otros 22 campesinos, entre otros casos. Él mató a nuestro familiares... Los carabineros han negado su participación, pero son los mismos que todavía viven en el pueblo. ¿Cómo lo van a negar si todos los vieron? Lo mismo ocurre con los civiles que actuaron. Paine es un pueblo chico".

Según los familiares jueza ha actuado con rigurosidad, cautela e inteligencia. Confían en los testimonios y declaraciones que ha logrado recopilar. Para ellos, todo apunta a que se procesará a algunos implicados. "A muchos, incluso, se les vio entrando a las casas. Hay un sinnúmero de antecedentes recopilados desde ese tiempo".

Hasta el momento, están conformes con la investigación y las diligencias realizadas por la jueza. Para ellos, es la primera investigación luego de 29 años sin conseguir justicia. Hasta el minuto se ha citado a civiles y carabineros, y se han desarrollado algunos careos: "Lo que nos da un poco de satisfacción porque nunca antes se había logrado hacer. Por el momento no hay procesados, pero la ministra sigue trabajando. Y así lo hemos podido corroborar", dice Juan Maureira. Mientras, la mayoría de los civiles y carabineros que asesinaron a los campesinos de Paine continúan viviendo en la pequeña localidad rural, en completa impunidad. "Hasta donde hemos podido ver, por primera vez se da una investigación como debe ser. Los criminales van a tener entregar información de lo ocurrido. Son los mismos carabineros, civiles y militares los que aparecen mencionados en la mayoría de los casos", concluye.

Asesinos de Paine

Carabineros

Nelson Bravo Espinoza, capitán; Raúl Ortiz Maluenda, sargento 2º; Carlos Aburto Jaramillo, cabo 1º; José Retamal Burgos, cabo 1º; Víctor Sagredo Aravena, cabo 1º; Reyes, sargento; Luis Jara, teniente de Pintué; y los carabineros Samuel Ahumada Cabello; Raúl Donoso Figueroa; Alamiro Garrido Ubal; Jorge González Quezada; Víctor Labarca Díaz; Eduardo Molina Armijo; José Piñaleo Pérez y Jorge Verdugo, entre otros.

Civiles

Hugo Aguilera, Fernando Aguilera, Francisco Luzoro, Jorge Sepúlveda, Tito Carrasco, Claudio Oregón, Darío González Carrasco, Luis Guerrero, Mario Tagle, Ricardo Tagle, Yule Tagle, Jorge Aguirre.

Militares - Escuela de Infantería de San Bernardo

Leonel Köening Alternatt, Director; Samuel Rojas Pérez, teniente coronel; Mario Morales Durán, conscripto; Andrés Magaña Baum, teniente; Pedro Montalvo Calvo, coronel; Iván de la Fuente Sáez, mayor; Hernán Pizarro Collarte, mayor; Ciro Ahumada Miranda, mayor; Juan Carlos Nielsen Stambuck, capitán; Sergio Rodríguez Rautcher, capitán; Luis Cortés Villa, capitán; Víctor Pinto Pérez, capitán; Marcial Cobos Farías, capitán; Jorge Romero Campos, capitán; Luis Villarroel Contreras, capitán; Héctor Maturana Zúñiga, capitán; Luis Garfias Cabrera, capitán; Eduardo Silva Bravo, capitán; Sergio Valdivia M., capitán; y Julio Cerda Carrasco, capitán, entre otros.


El Mostrador

24 de Enero 2008

Dictan nuevos procesamientos por últimos desaparecidos de dictadura

Ministro Mario Carroza encausó a siete ex agentes de la CNI por la desaparición de cinco frentistas, secuestrados en represalia al rapto del coronel Carlos Carreño.

El ministro en visita Mario Carroza sometió a proceso a siete ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), por los secuestros calificados de cinco jóvenes militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en septiembre de 1987.

El magistrado encausó por distintos grados de participación en los secuestros de José Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ocurridos a partir del 1 de septiembre de 1987.

La resolución afecta a Juan Carlos Orellana Morales, Hernán Antonio Vásquez Villegas, Raúl del Carmen Durán Martínez, José Guillermo Salas Fuentes, Marco Antonio Pincheira Ubilla y Jorge Raimundo Ahumada Molina.

En la nómina también figura Iván Quiroz Ruiz, quien permanecía prófugo por el caso Operación Albania y que fue detenido la noche del miércoles.

Según el fallo, los primeros seis ex agentes enfrentan cargos como autores del secuestro calificado de Peña Maltés, mientras que Quiroz enfrenta fue encausado por el mismo caso, además de Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otarola.

La investigación da por probado que los cinco frentistas fueron secuestrados en represalia por el secuestro del coronel Carlos Carreño Barrera, entonces funcionario de la Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), perpetrado el 1 de septiembre de 1987.

De acuerdo a las pesquisas, los cuerpos de las cinco víctimas fueron arrojados al mar, para lo cual se utilizaron helicópteros del Ejército.

Otros procesados

Antes de dejar el caso y ascender a la Suprema, en mayo de 2007, el juez Haroldo Brito había encausado al general (R) Julio Cerda Carrasco, ex titular del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), y el oficial retirado Fernando Rafael Rojas Tapia, también integrante de la mencionada instancia castrense.

Como encubridores de las desapariciones, en tanto, procesó a Aquiles Navarrete Izarnotegui, Víctor Campos Valladares y Hugo Barría Rogers.

Y en septiembre de 2006, Brito encausó a doce ex agente de la CNI, entre los que se encuentran el general (R) Hugo Salas Wenzel, y sus subalternos el brigadier (R) Álvaro Corbalán Castilla y Krantz Bauer Donoso, como coautores del secuestro de Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola.

En aquella ocasión, el juez también procesó como coautores de los secuestros de Peña Maltés, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola a los ex agentes Manuel Ángel Morales Acevedo, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales.

A ellos se sumaron los ex miembros de la CNI Víctor Ruiz Godoy, Manuel Ramírez Montoya, Luis Sanhueza Ross, Luis Santibáñez Aguilera fueron encausados como coautores de los secuestros de Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete, y Muñoz Otárola.


El Mercurio

4 de Mayo de 2007

Juez procesa a cinco ex CNI por secuestro de frentistas en 1987

El ministro Haroldo Brito dictó además una orden de aprehensión para los procesados, quienes una vez notificados quedarán en prisión preventiva.

Cinco ex miembros de la Central Nacional de Informaciones (CNI) fueron procesados hoy por el ministro en visita subrogante Haroldo Brito, por su responsabilidad en los secuestros calificados de cinco ex integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que tuvieron lugar en septiembre de 1987.

Tras efectuar diversas diligencias e interrogatorios, el magistrado encausó como coautores de los secuestros al comandante (r) del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) Julio Cerda Carrasco y al oficial del mismo organismo Fernando Rafael Rojas, quienes colaboraron con la CNI.

Como encubridores del mismo ilícito fueron encargados reos los oficiales del comando de aviación del Ejército Aquiles Navarrete y Izar Notegui, Víctor Campos Valladares y Hugo Barría Rogers.

Las víctimas corresponden a los ex FPMR Alejandro Pinochet Arenas, Julián Peña Maltés, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, quienes según la resolución fueron detenidos entre el 9 y 10 de septiembre de 1987 y trasladados hasta el cuartel Borgoño de la CNI.

Según el texto legal, miembros del mismo organismo retiraron desde allí cinco cadáveres que luego fueron subidos a un helicóptero desde el cual fueron lanzados al mar. 

En su fallo el ministro Brito establece que el comandante Julio Cerda estuvo involucrado en el esclarecimiento del secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño el 1 de septiembre de 1987, hecho que motivó a los funcionarios de la CNI a secuestrar a los miembros del FPMR para canjearlos por dicho oficial.

Además del procesamiento, Brito dictó orden de aprehensión para los procesados, quienes una vez notificados quedarán en prisión preventiva.

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