Quienes somos ] Boletin ] Busqueda ] Pinochet en Londres ] Centros Detencion ] Complices ] Empresas ] Fallos ] Criminales ] Tortura ] Exilio ] ecomemoria ] Desaparecidos ] Ejecutados ] Testimonios ] English ]

Sergio Alfonso Eugenio Benavides Villarreal

Coronel de la Armada Nacional

 

Este oficial de la Armada reconoció el haber disparado contra presos políticos, En Pisagua fue uno de los criminales que disparo sin ningún tipo de humanidad contra prisioneros maniatados.

Entre el 29 de septiembre de 1973 y junio de 1974, fueron ejecutadas 26 personas, detenidos en el Campo de Prisioneros de Pisagua. "Según testimonios de personas que se encontraban presas, el día 29 de septiembre de 1973, temprano en la mañana poco antes de las 9:00, el comandante del "campo de prisioneros de guerra" teniente coronel Ramón Larraín, ordenó a

los cerca de 600 prisioneros salir de sus celdas y formar afuera de ellas. "Junto a él estaban el capitán Sergio Benavides y los tenientes Contador, Figueroa y Ampuero, según relatos coincidentes de ex prisioneros de Pisagua.

En enero de 2009, el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago Joaquín Billard Acuña, sometió a proceso en la investigación por los secuestros calificados de Michel Nash Sáez, Juan Jiménez Vidal y Nolberto Cañas Cañas a los ex uniformados, Sergio Alfonso Eugenio Benavides Villarreal, Roberto Antonio Ampuero Alarcón, Gabriel Alfonso Guerrero Reeve, Sergio Eduardo Figueroa López, Arturo Alberto Contador Rosales, Manuel del Carmen Vega Collao

Fuentes: Poderjudicial.cl, lanacion.cl Archivo Memoriaviva

 

Miércoles 20 de Agosto del año 2003 La Nacion.cl

Jueces aplican “obediencia debida”
Ministros Juan Guzmán y Daniel Calvo llevan a la práctica desde hace tiempo este criterio jurídico, que se constituyó este mes en uno de los aspectos más polémicos de la propuesta de derechos humanos del Presidente Lagos.

La idea de distinguir responsabilidades entre quienes organizaron, planificaron, ordenaron, dirigieron e incluso también cometieron crímenes, de aquellos que fueron autores, cómplices o encubridores ostentando a 1973 grados menores, fue uno de los aspectos más polémicos incorporados en la propuesta del Presidente Ricardo Lagos sobre derechos humanos, y que en los próximos días se traducirá en proyecto de ley.

Al revisar lo acontecido en los procesos, se descubre que algunos de los ministros en visita que instruyen procesos, desde hace tiempo aplican este concepto basados en el principio de la obediencia debida. Vale decir, no someter a proceso a oficiales que a 1973 y años posteriores tenían grados de subteniente, teniente e incluso capitán, y que fueron autores, cómplices o encubridores de crímenes.

En la misma línea, tampoco han procesado a quienes eran suboficiales, cabos o conscriptos. En estos casos, las declaraciones de reo han recaído en oficiales que a 1973 tenían grado de mayor, teniente coronel, coronel y general.

Esta ha sido, por ejemplo, la doctrina seguida hasta ahora por los ministros en visita Juan Guzmán y Daniel Calvo.

Pero también existen otros jueces, que hasta ahora son mayoría, que no están aplicando esa línea jurídica y han procesado e incluso condenado a quienes al momento de ocurridos los delitos, tenían grados de teniente, capitán y suboficial. Tal es el caso de los ministros en visita Alejandro Solís y Gabriela Corti, y de los jueces Olga Pérez y Juan Carlos Urrutia.

En el proceso por la Caravana de la Muerte, en los últimos procesamientos que dictó el ministro Juan Guzmán el 18 de julio de 2003 por crímenes de los episodios del sur, sólo procesó a los generales (R) Sergio Arellano y Héctor Bravo (grados a 1973) como autores de 12 secuestros y homicidios en Valdivia, y al coronel (R) Gabriel del Río por cuatro secuestros y homicidios en Linares.

De manera diferente, cuando el 9 de junio de 1999 Guzmán dictó los primeros procesamientos por Caravana, procesó también a quienes a 1973 tenían mandos menores en este operativo, con grados de mayor y teniente coronel. Incluso la Corte de Apelaciones de Santiago procesó luego de oficio a Armando Fernández Larios, que a 1973 era teniente.

Por Valdivia, en julio pasado Guzmán no encausó, por ejemplo, a quienes integraron un pelotón de fusilamiento ni al oficial que lo dirigió, aunque las 12 ejecuciones fueron ilegales.

El mismo criterio ha aplicado Guzmán en los casos de lago Ranco y San Javier-Linares. En el primero, el 25 de junio de 2002, de cinco inculpados de la Armada por el secuestro y ejecución de cuatro campesinos en octubre de 1973, el ministro sólo procesó al entonces teniente Sergio Rivera Bozzo.

A pesar de que también confesaron disparar contra los campesinos bajo la orden de Rivera, el juez sobreseyó definitivamente por “obediencia debida” a los cadetes de la Escuela Naval Javier Vera, Rodolfo Mondión, Cristián Bórquez y Julio Vera.

En el proceso por los asesinatos de cuatro jóvenes en la Escuela de Artillería de Linares el 2 de octubre de 1973 por instrucción del general Arellano Stark como parte de la Caravana, el 18 de julio de 2003 el ministro Guzmán sólo procesó a Arellano y al coronel (R) Del Río, quien además era el comandante del regimiento. Guzmán no procesó, por ejemplo, al ex fiscal militar Carlos Romero Muñoz, que a 1973 era capitán, a pesar de que éste confesó recientemente su directa participación en los cuatro crímenes. “Los jóvenes descansaban y se les dio la oportunidad de arrancar para dispararles por la espalda”, declaró Romero.

PISAGUA

El mismo criterio jurídico aplica el ministro Daniel Calvo en el juicio de Pisagua, proceso que antes instruyó Guzmán. Por ejemplo, Calvo identificó a oficiales que a 1973 eran tenientes o capitanes, y que hoy reconocen que dispararon contra los prisioneros, o comandaron los crímenes. Entre ellos están el entonces teniente Sergio Figueroa López y el entonces capitán Sergio Benavides Villarreal.

En la misma situación están el entonces capitán Sergio Espinoza Davis y los entonces tenientes Arturo Contador, Roberto Ampuero Alarcón y Gabriel Guerrero.

Hasta ahora el juez Calvo no los procesa, manteniéndose como únicos encausados por Pisagua el general (R) Carlos Forestier (grado a 1973), quien era jefe de la IV División en Iquique y jefe superior de Pisagua, y el suboficial (R) Miguel Aguirre. Estos procesamientos los dictó Guzmán, pero el 12 de abril de 2000.

El ministro Calvo tampoco procesa hasta ahora al oficial (R) de Gendarmería Francisco Zamora y al suboficial Max Villaseñor, que admiten que mataron prisioneros. Tampoco ocurre con los suboficiales (R) de Carabineros Manuel Vega, Arturo Rocco y José Higueras, quienes admiten que, por orden superior, mataron prisioneros más de una vez.

LOS QUE PROCESAN Y CONDENAN POR IGUAL

Por el contrario, una mayoría de jueces ha procesado tanto a quienes eran los jefes, como a oficiales (R) de baja o mediana graduación a 1973 y a suboficiales (R).

En los crímenes de La Moneda (Peldehue), el juez Juan Carlos Urrutia procesó el 10 de enero de 2003 (grados a 1973) a un coronel, dos subtenientes y cinco suboficiales, todos como autores. Igual criterio usó para procesar por las exhumaciones de 1978.

La jueza Olga Pérez (dejó el caso después) dictó el 18 de octubre 2002 seis procesamientos por el crimen del ex DINA Eugenio Berríos, contra quienes a 1993 tenían grados de general, coronel, capitán y teniente. En este caso fueron procesados igual autores y encubridores.

En el juicio Villa Grimaldi (DINA), por el secuestro de Miguel Ángel Sandoval fueron procesados y luego condenados el 14 de abril 2003 como autores por el ministro Alejandro Solís, cinco ex miembros de la DINA que a 1973 eran coronel (Contreras), mayor (Moren), y tenientes (Krassnoff, Lauriani y Godoy).

Por 27 desaparecidos en Parral, el 4 de agosto 2003 el ministro Solís condenó como autores a altas penas de presidio, a quienes a 1973 tenían grados de capitán o mayor (Hugo Cardemil y Pablo Caulier) y al suboficial (R) de Carabineros Luis Hidalgo.

Por ocho desaparecidos de Linares, el 6 de junio de 2003 el ministro Solís procesó como autores a seis oficiales y un suboficial (R). Los oficiales tenían a 1973 grados de coronel y capitán.

El 5 de junio pasado la ministra de Valparaíso Gabriela Corti procesó como autores del secuestro de Jaime Aldoney a cinco oficiales y un suboficial (R) de la Armada. Sólo uno de los oficiales era a 1973 capitán de navío y el resto eran tenientes

 

  Estas paginas han sido preparadas y son mantenidas por: Proyecto Internacional de Derechos Humanos - Londres © 1996 - 2015