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Jaime Bachler

Oficial de Ejercito

Comandante Regimiento "Aconcagua", Quillota

 

Jaime Bachler es reconocido por haber estado presente en el asesinato de presos políticos. El SOM Sergio Placencia, en una declaración pone en duda si fue Jaime Bachler o el Capitán Daniel Walker quien dio el “tiro de gracia” a una de las víctimas que no murió instantáneamente. Lo que indica que si este oficial no lo hizo, a lo menos es un encubridor.

 

Fuentes de Información: Zonaimapcto.cl; Archivo Memoriaviva


Zonaimapcto.cl

21 de enero 2004

Gac, Cabezas y Arraño fueron arrojados al mar

El entonces capitán de Ejército Daniel Walker habría dado el "tiro de gracia" a un prisionero que quedó con vida. Los cuerpos de las nueve víctimas habían sido llevados desde el lugar de la masacre al Regimiento de Ingenieros. Según un oficial que entregó su testimonio, cuando Walker se percató que uno seguía con vida, dispuso subirlo a un jeep y llevarlo al lugar donde habían realizado el montaje del falso "asalto a la patrulla" y allí, sobre un montón de tierra, le disparó para darle muerte. Después regresaron con el cadáver al Regimiento. Hasta ahora no se sabe cuál de las víctimas fue tan fríamente ultimado por el uniformado.

Esos y otros espeluznantes detalles se encuentran establecidos -gracias a declaraciones de testigos- en el voluminoso expediente de la Causa Rol Nº 35.738 que instruye la ministra en visita Gabriela Corti por secuestro y homicidio calificado, referida al episodio mal llamado "asalto a la patrulla", que en la madrugada del 18 de enero de 1974 dejó un saldo de nueve militantes de izquierda muertos en Quillota.

Los antecedentes fluyen de una treintena de fojas del proceso, cuya fotocopia fue entregada a este medio por el hijo de una de las víctimas de la masacre.

En la ocasión, la autoridad militar realizó un montaje para dar muerte a los nueve dirigentes y luego sostener que los detenidos eran trasladados desde el Regimiento de Ingenieros a la Escuela de Caballería, y que en el trayecto la patrulla había sido asaltada por "elementos extremistas" dejando como saldo seis prisioneros muertos. Los tres restantes -el ex alcalde socialista Pablo Gac Espinoza, el abogado y dirigente socialista Rubén Cabezas Parés y el dirigente campesino Levi Arraño Sancho, del Mapu- habrían escapado, según el bando emitido en la época.

Todo fue planificado

De acuerdo a los antecedentes recopilados durante los dos años de indagaciones a cargo de la ministra Corti, la orden de detener a los militantes y dirigentes de izquierda Manuel Hurtado, Hugo Aranda, Arturo Loo, Eduardo Manzano, Ángel Díaz y Víctor Fuenzalida (algunos de los cuales ya se hallaban en prisión) junto a Pablo Gac y Rubén Cabezas, la habría dado el coronel Sergio Arredondo González, quien había sido jefe operativo de la "Caravana de la Muerte" -que dejó un centenar de muertos por todo Chile-, quien en la época era director de la Escuela de Caballería. Levi Arraño se habría encontrado detenido desde antes en la misma Escuela.

La masacre habría sido planificada con anterioridad, con participación -incluso- de civiles, quienes asesoraron a los militares y colaboraron apoyando las acciones.

Los nueve prisioneros fueron concentrados en la noche del 17 de enero de 1974 en el Regimiento de Ingenieros, hasta donde también fueron llegando los oficiales y suboficiales citados para esos efectos. A cargo de todo el operativo habría estado el entonces capitán Francisco Pérez Egert.

Algunos de los participantes reconocen que se les citó "sólo para colaborar en el traslado" de los prisioneros de una a otra unidad militar.

Granadas y ráfagas de metralleta

Lo que está establecido es que en el mismo Regimiento fueron separados los tres detenidos que serían dados por fugitivos de los seis restantes. Todos salieron pasada la medianoche en una caravana de cuatro vehículos que enfiló por Yungay hasta Freire y de ahí al Camino a San Isidro, que da a la Escuela de Caballería. Pero a metros del paso bajo nivel de la vía férrea, la caravana se detuvo y el capitán Pérez dispuso que bajen todos los detenidos, maniatados como se encontraban, ubicándolos a un costado de los vehículos. A cada lado del camino, unos 80 metros del lugar, efectivos militares fueron ubicados para impedir el paso de vehículos. Detrás del escenario de la masacre, un civil observaba desde la casa de su parcela, con la misión de avisar a la Escuela de Caballería apenas ésta hubiese concluido.

A la orden del capitán Pérez, se inició el estallido de granadas y las ráfagas de metralletas orientadas hacia los nueve prisioneros. Fueron escasos segundos; lo suficiente para asesinar a los nueve dirigentes e incendiar uno de los jeeps de la caravana, con lo que se pretendió hacer aparecer la masacre como un "asalto extremista a la patrulla" que transportaba detenidos.

Remoción de los cuerpos

Finalizada la balacera, el capitán Pérez ordenó levantar los cuerpos y llevarlos de vuelta al Regimiento. Allí, tras percatarse que uno de los ejecutados permanecía con vida, el entonces capitán Daniel Walker ordenó subirlo a un vehículo militar para trasladarlo personalmente al lugar donde se efectuó el montaje. Allí lo hizo ubicar sobre un montón de tierra y le habría disparado el tiro de gracia.

Devuelto el cadáver hasta el Regimiento de Ingenieros, se dispuso que los cuerpos de los tres que serían dados por fugados, fueran llevados a la Escuela de Caballería, desde donde antes de las diez de la mañana siguiente, fueron retirados por un helicóptero de la Armada para ser lanzados al mar, frente a las costas de Quintero.

Los restos de los otros seis dirigentes asesinados, fueron enviados a la morgue del Hospital de Quillota, donde los doctores Jorge Abde (ya fallecido) y Orazio Bruzzone -quien declaró ante la Ministra- les practicaron las autopsias. Posteriormente, los cadáveres fueron entregados a los familiares en ataúdes cerrados y sellados por una empresa funeraria escogida por los propios militares.

Todo este procedimiento se apartó absoluta y arbitrariamente de los que corresponden judicialmente, porque los militares levantaron los cuerpos sin esperar las pericias de Investigaciones, que debió intervenir inmediatamente en el sitio del suceso.

Todos niegan su participación

De las piezas del expediente a las que tuvieron acceso los familiares de las víctimas y ZonaImpacto.cl , fluye que cada uno de los involucrados y procesados en esta causa continúan negando sistemáticamente su participación, al parecer respetando el ya conocido "pacto de silencio". El coronel (r) Arredondo, que ordenó toda la operación, asegura haber llegado justo esa madrugada desconociendo todo lo sucedido. El entonces capitán Walker dice no haber tenido conocimiento de lo sucedido, igual que su colega Pedro Durcodoy, mientras el también capitán Pérez Egert asegura haber ido pasando casualmente por el lugar cuando fue sorprendido por el estallido de una granada, que desbarrancó su vehículo y le causó un traumatismo encéfalocraneano y graves lesiones en un brazo. Perdió el conocimiento -sostiene- y por tanto no sabe nada de lo ocurrido.

Sin embargo, la ministra Corti ha obtenido contundentes antecedentes que le permitieron establecer participación "en calidad de autores" de secuestros y homicidios calificados, de los siete ex militares y un ex carabinero a quienes sometió a proceso en julio pasado.

Ellos son los coroneles en retiro Sergio Arredondo, Francisco Pérez, Pedro Durcodoy y Daniel Walker; el mayor en retiro Raúl Muñoz; los suboficiales mayores Leonardo Quilodrán y Sergio Placencia, todos del Ejército, y el suboficial mayor en retiro de Carabineros Laureano Hernández. A excepción del coronel Arredondo, todos los procesados obtuvieron la libertad bajo fianza.

Treinta años más tarde

Al cumplirse ayer treinta años de la masacre que conmocionó -hasta ahora- la vida en la apacible ciudad de Quillota, los familiares de las víctimas se manifiestan muy acongojadas tras conocer detalles de lo sucedido, pero también algo aliviadas porque perciben que el acucioso trabajo de la Ministra en Visita está logrando acercarse decididamente al establecimiento de toda la verdad, lo que permitirá que los responsables sean sancionados.

Ayer domingo, día del trigésimo aniversario de esta cruel matanza, los familiares y organizaciones humanitarias de Quillota recordaron la fecha con una exposición audiovisual junto al Monumento a las Víctimas de Violaciones contra los Derechos Humanos, en la Plaza de Armas, y luego una "velatón" en el mismo lugar.

Sorpresivo encuentro de hijo de ex Alcalde asesinado y dos de los procesados como autores de crímenes

En la mañana del pasado miércoles 14 de enero, el profesor Pedro Pablo Gac concurrió a un local comercial de Quillota para fotocopiar parte del expediente sobre los homicidios de su padre –el ex alcalde Pablo Gac- y otros ocho militantes de izquierda, perpetrados el 18 de enero de 1974.

Había comprometido entregar dicha fotocopia a este periodista para la redacción de reportajes para este y otros medios de comunicación, con motivo del trigésimo aniversario de la masacre.

Durante la noche y la madrugada previas, había leído una y otra vez las fojas del sumario, y aún estaba conmocionado por los espeluznantes detalles allí descritos.

Mientras una dependiente del negocio sacaba sus fotocopias, se percató con inusitada sorpresa que en otra máquina, la funcionaria a cargo, fotocopiaba idénticos escritos y partes del mismo expediente.

Tras vacilar unos minutos, preguntó a los clientes que llevaban esos documentos quiénes eran.

Momentos más tarde, aún excitado por el inusitado encuentro y en la calma de una mesa de un café, intentaba reponerse de la impresión y ordenar sus ideas.

“Se trataba de un sujeto bajo, de bigotes, de unos 65 años, y otro más alto, algo menor –relató a ZonaImpacto.cl-. Les pregunté quiénes eran y se me presentaron, dándome la mano: uno era el suboficial en retiro del Ejército Sergio Placencia y el otro, suboficial retirado de Carabineros Laureano Hernández”.

Dos de los procesados como autores del secuestro calificado de su padre, cuya condición de desaparecido aún se mantiene. También se les procesa por el secuestro de Rubén cabezas y Levi Arraño, junto con el homicidio de otros seis militantes de izquierda.

Lo niegan todo, todo…

A Pedro Pablo Gac le impresionó sobremanera la actitud de los dos procesados.

- Se les veía demacrados, disminuidos. Nada refleja en ellos a los sujetos altaneros y prepotentes de antes, aquellos que detenían y torturaban, según tengo entendido.

¿Los conocías de antes?

- Para nada. Había escuchado sobre ellos y visto sus nombres en el auto de procesamiento. Nada más.

¿Se manifestaron humildes?

- Diría que sí, aunque más bien fueron extremadamente amables conmigo. Me relataron las funciones que dicen haber cumplido en la época de la masacre y aseguraron que no tuvieron absolutamente nada que ver con los crímenes.

¿Qué explicación tienen?

- No sé, no retuve mucho, estaba muy impresionado y además confieso que no les creí lo que decían.

¿No te parecieron sinceros?

- En realidad, se esforzaban por parecerlo; me dijeron que estaban a mis órdenes, que les gustaría volver a conversar… pero la Ministra Corti ha investigado minuciosamente por dos años, ha ido atando cabos y los procesó como autores. No tengo dudas sobre el trabajo de la Magistrado, de tal modo que debo sospechar que ellos no dicen la verdad.

¿Te pidieron perdón?

- ¡No, pues! ¡Si ellos aseguran que son inocentes! Entonces lo único que hicieron fue justificarse, argumentar que no tuvieron participación y ponerse a las órdenes de nosotros, los familiares, para “ayudarnos” a descubrir la verdad.

Pero ellos deben saberla…

- Sostienen que no saben nada de lo acontecido, que nunca se les ocurrió averiguar, que no escucharon nada, que no les correspondía investigar.

¿Ni siquiera reconocen haber tenido participación colateral?

- En ex carabinero Hernández dice que sólo actuó como chofer en varias detenciones, pero no sabe quiénes fueron los detenidos y no se acuerda el nombre de los aprehensores.

¿Qué sensación te queda después de esta experiencia?

- Que se trata de personas cobardes que no quieren asumir sus responsabilidades y no están dispuestos a pagar con cárcel su participación en los delitos tan graves en los que participaron. Creo que ellos estaban convencidos que jamás les caería encima la mano de la justicia y temo que hace treinta años alguien –o más de alguien- les debe haber garantizado la total y eterna impunidad. Da la impresión que ahora se sienten desconcertados, temerosos y abandonados. Quedé con la sensación que tienen miedo… mucho miedo.

Proceso estableció participación de civiles en la planificación de los homicidios

Una cantidad indeterminada de civiles participó en la planificación y ejecución de los homicidios perpetrados por militares el 18 de enero de 1974.

El expediente registra interrogatorios a varios de ellos, tanto en Chile como en el exterior; los primeros realizados directamente por la Ministra instructora y los demás, por efectivos del Departamento Quinto de Investigaciones.

Las piezas del sumario conocidas por ZonaImpacto.cl demuestran no sólo el minucioso e incansable trabajo cumplido por la magistrada Gabriela Corti sino también por los funcionarios de la policía civil, que no dejaron diligencia alguna sin cumplir.

Civiles

Un suboficial de Ejército, en su testimonio, menciona al empresario agrícola Claudio Monreal Navarro, sosteniendo que “esta persona era un ‘ayudista'del Ejército, quien presenció estos hechos, además él mismo me comentó que estaba en conocimiento con antelación de la planificación de cómo iba a ocurrir el ‘asalto a la patrulla'; a él lo prepararon para esto y le correspondió hacer la llamada telefónica a la Escuela de Caballería para informar de lo sucedido, como asimismo facilitó vehículos e incluso coordinó con la funeraria que transportó a los fallecidos. Esta es una persona mayor de edad y me ha señalado que está dispuesta a colaborar, pero está asustado”.

Al parecer, tuvo que superar el miedo, porque finalmente declaró como testigo, al igual que Osvaldo “Guatón” Romo e Ismael Villavicencio Carrasco.

El mismo suboficial dice haber reunido una serie de antecedentes sobre este episodio, “enterándome que no fue un asalto sino un ‘show' realizado por camaradas militares de esa época para eliminar a una serie de personas políticas contrarias al gobierno militar, simulando un enfrentamiento entre una patrulla militar que transportaba detenidos políticos y elementos subversivos”.

También menciona nombres de otros militares que tuvieron participación: Eladio Lara Valenzuela, René Olivares Faúndez, Carlos Retamal Salazar, René Gutiérrez Herrera. También a un carabinero: Orlando Tapia Tapia.

El general Juan Arenas Franco, en tanto, menciona a un tal “Pepe” como otro de los ayudistas de los militares: “Lo único que yo recuerdo de esa noche (la de la masacre) es que anduve de patrullaje acompañado de un civil de nombre Pepe, que era dueño de una parcela ubicada frente a la Escuela de Caballería, que facilitaba su camioneta para este tipo de diligencias”.

¿Existió la cena de delatores?

Al conocer estos detalles, junto a la demostración de que la matanza de dirigentes quillotanos fue fríamente planificada, cobra vigor la denuncia formulada hace algunos años por Pablo Cabezas Salamanca, hijo del abogado Rubén Cabezas.

Pablo Cabezas aseguró tener conocimiento de una cena “social” que se realizó días antes de este episodio, poco después de la llegada del entonces teniente coronel como Director de la Escuela de Caballería.

El nuevo jefe militar habría seleccionado un grupo de civiles que eran empresarios –especialmente agricultores- y dirigentes políticos de derecha o personas adineradas que habían engendrado odio hacia la gente de la derrocada Unidad Popular.

En esa ocasión, los asistentes habrían elaborado para Arredondo una fatídica lista de los dirigentes políticos de izquierda “más peligrosos” de la zona.

Esa habría sido la sentencia de muerte para nueve destacados dirigentes sociales de la ciudad.

Son muchos los nombres que circulan sobre los asistentes a esta reunión “social”, pero las versiones destacan la de un agricultor que fue alo ejecutivo de una empresa estatal durante el régimen de Pinochet.

Otros detenidos desaparecidos

En todos los interrogatorios a militares, la magistrado Corti no dejó de preguntarles si conocían el destino de dos detenidos desaparecidos cuyo paradero final desea establecer.

Invariablemente, todos los interrogados aseguran no tener idea ni haber escuchado antes esos nombres.

Se trata de Jorge Eduardo Villarroel Vilches, de Limache, entonces dirigente del MOPARE (organización afín al gobierno de Salvador Allende), quien fue detenido el 19 de abril de 1974 cuando se presentó en el Retén de Carabineros de San pedro, a donde había sido citado.

El segundo desaparecido es Bernardino Rodríguez Cortez, talabartero que vivía en el Cerro Mayaca, militante del Partido Comunista, detenido el 6 de marzo de 1974 al interior de una suelería de calle O'Higgins de Quillota. La detención la practicaron funcionarios de Investigaciones de Quillota, entre los que estaban el subinspector Omar Mercado y los detectives Juan González y Hugo Olivari.

Ex gobernador militar

Ha llamado la atención que el entonces Gobernador, Jefe militar de Quillota y comandante del Regimiento de Ingenieros, Ángel Custodio Torres, no haya declarado ni fue procesado. La autoridad pudo no haber participado directamente, pero al menos sería encubridor, ya que firmó el bando engañando a la comunidad con la versión del asalto extremista.

Las partes del expediente conocidas por este medio no arrojan plenas luces sobre el detalle, pero fuentes allegadas al proceso nos aseguraron que el ex gobernador está afectado por demencia total. En el expediente hay un certificado médico que acusa pérdida parcial de memoria debido a su pronunciado alcoholismo.

Las confusiones de Placencia

Una curiosidad del proceso es la afirmación inicial del suboficial mayor (r) Sergio Placencia en el sentido que el ex capitán Daniel Walker le dio el “tiro de gracia” a una de las víctimas que no murió instantáneamente.

Pero careados ambos, a Placencia le entra la duda: “Mantengo lo declarado anteriormente en lo que respecta al herido en el asalto a la patrulla que posteriormente fue rematado por un oficial en el Camino Internacional. Pero ahora viendo a mi mayor Walker no puedo precisar con certeza de que éste haya sido dicho oficial, manteniendo al respecto las dudas que expresé anteriormente; es decir, si era éste o era Jaime Bachler…”

Pero luego enfrentado con este último oficial, nuevamente se “confunde”: “Mantengo mis anteriores declaraciones. Ahora que tengo frente a mí al Oficial Bachler no puedo decir que éste era el oficial que remató al herido. Insisto la duda persiste si era éste o el Mayor Walker y para despejar dicha duda me remito al careo que se me efectuó con este último”.


Zonaimapcto.cl

07 de julio de 2008 

Murió uno de los procesados por la masacre de 1974 en Quillota, mientras la justicia sigue dilatando el proceso

"No, yo no soy sapo ni torturador. Soy un especialista en Inteligencia del Ejército; soy un militar de profesión que hice cursos para análisis de Inteligencia y nunca he matado a nadie ni he participado en ninguna de esas cosas..."

Hoy recuerdo esas palabras que pretendían ser amistosas, cuando en el sitio chilemipatria.cl leo el aviso, fechado el 17 de junio: "Se Comunica el sensible fallecimiento de quien fuera nuestro Director, SOM de Ejército Sergio Placencia Sepúlveda ( Q.E.P.D.). Sus funerales se realizarán mañana miércoles 18 de Junio, a las 15:00 hrs. en el cementerio parque del mar en Con-Con, Quinta Región. El Directorio al igual que todos nuestros socios se adhieren al dolor de la familia Placencia y ruega a Dios Todopoderoso por el eterno descanso de nuestro Camarada y amigo, como así también les de la paz y el consuelo ante tan irreparable pérdida. La Directiva".

Murió Sergio Placencia, uno de los militares procesados por la masacre perpetrada en Quillota por uniformados contra nueve indefensos militantes de izquierda esa madrugada del 18 de enero de 1974.

Placencia me habló por los aciagos tiempos de 1985/86. Me sorprendió en la barra del restaurant- grill O'Higgins de Quillota, donde yo solía visitar a su dueño, mi entrañable amigo Miguel Gradinier, hoy fallecido. El suboficial mayor era padre de un locutor de la radioemisora en la que yo trabajaba y su conversación de acercamiento partió por ese tema. Y su explicación surgió cuando le enrostré su calidad de agente represivo de la dictadura. Después recalcó: "Soy de Inteligencia, pero pacífico".

Tiempo después supe que estaba enfermo. Cuando en julio de 2003 fue sometido a proceso -junto a otros siete ex uniformados- como uno de los autores de la masacre, supe que se le había diagnosticado cáncer. Estuvo detenido dos veces, pero en ambas ocasiones obtuvo libertad bajo fianza debido a su precario estado de salud.

También otros imputados se manifiestan enfermos. Pero el proceso sigue estancado, al parecer durmiendo en algún cajón del escritorio del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Julio Miranda Lillo.

Este magistrado -quien en décadas pasadas se desempeñó como juez del Crimen en Quillota- se hizo cargo del caso después que la magistrada Gabriela Corti fue separada del proceso, justo cuando había avanzado considerablemente en las indagaciones, establecimiento de los acontecimientos y definición de responsabilidades.

Los familiares no se explican por qué no se ha cerrado el sumario, si la ministra Corti dejó la investigación suficientemente avanzada, con siete militares y un carabinero -todos en retiro- ya procesados, faltando solamente la acusación y el Plenario, que permitirá a las partes interiorizarse sobre el cúmulo de antecedentes acumulados en al menos seis años de investigación.

En el tribunal no hay explicación. El actuario que lleva la causa en la Corte porteña, Andrés Garfe, solamente se limitó a responder a la hija de una de las víctimas de la masacre que "todavía estamos en eso" y cuando se le preguntó si la causa permanece estancada, le aseguró que "aunque no lo crea, va muy avanzada".

El autor de esta nota intentó comunicarme en cuatro ocasiones con el afable actuario, pero reiteradamente se me informó que no me podía atender en esos momentos porque "está con el Ministro".

Otros familiares opinaron que el proceso está detenido porque "nosotros no contamos con un abogado en Valparaíso que ‘mueva' la causa, y como no hay nadie urgiendo al ministro Miranda, sigue abocado a otros procesos dejando inactivo el nuestro"... después de 34 años de acontecidos los hechos.

También recuerdan que en 2006, este mismo medio digital informó que el tribunal estaba a punto de dictar sentencia. "Dos años más tarde, el actuario nos dice lo mismo", reclama una de las familiares.

Lo concreto

Lo que tienen claro es que en el proceso no hay duda respecto de la comisión material del delito y quiénes lo ejecutaron, pero que los imputados han ido cambiando sus declaraciones iniciales, asegurando que ahora estarían cooperando con la investigación. "Eso, sencillamente no lo creemos", dice la hija de una de las víctimas.

La magistrada Corti dejó dictados los procesamientos después de haber establecido: primero, que existió el delito criminal de homicidio calificado de seis personas y el de "secuestro permanente" en el caso de los tres desaparecidos.

Segundo, que se trató de un operativo minuciosamente planificado y que su ejecución fue extremadamente cruel. Que la planificación de la masacre estuvo dirigida por el entonces coronel Sergio Arredondo (ex jefe operativo de la "Caravana de la Muerte"), con participación de otros militares y de un grupo de civiles, todos ya identificados.

Tercero, que desde el primer momento, los hechores se concertaron para armar un montaje y mentirle a la ciudadanía con la versión de que la patrulla militar que trasladaba a ocho de los nueve detenidos desde el Regimiento de Ingenieros a la Escuela de Caballería había sido "asaltada" por un grupo "extremista", resultando nueve detenidos muertos y un oficial con una lesión leve (que nadie vio jamás) en una de sus manos. Y que con el transcurso de los años, todos los implicados siguieron mintiendo para impedir que la justicia llegue a la verdad.

Cuarto, que tanto los ocho detenidos que procedían desde el Regimiento como el dirigente que estaba retenido en la escuela de Caballería, confluyeron en el Paso bajo nivel de San Isidro, a pocos metros del cual fueron acribillados por la espalda, muriendo ocho en el mismo acto. Uno -no ha sido identificado- quedó con vida, de lo que los militares se percataron cuando llevaron los cuerpos de regreso al Regimiento. Entonces, un vehículo se devolvió con el moribundo al lugar de la masacre y allí un oficial -al parecer de apellido Walker- le dio el tiro de gracia.

Quinto: que después de la matanza, los restos del ex alcalde socialista Pablo Gac, del abogado socialista Rubén Cabezas y del dirigente campesino Levi Arraño, de la Izquierda Cristiana, fueron trasladados a la Escuela de Caballería; allí -según los testimonios- los esperaba un helicóptero de la Armada que los trasladó a la costa para hacerlos desaparecer en el mar.

Con todos esos elementos, el tribunal dictó los procesamientos, pero no ha podido llegar al fallo.

Al parecer, el lento avance impreso por el juez Miranda está dirigido a construir las figuras legales que respalden la sentencia, lo que enfrentaría el inconveniente de no tener elementos objetivos que respalden la tesis de que los restos de los tres desaparecidos, que -según los restimonios- habrían sido arrojados al mar, frente a Quintero.

Lo que nadie tiene claro es la verdadera voluntad del ministro Miranda para avanzar y llegar pronto al final del proceso. Es evidente, en todo caso, que no le asiste gran urgencia por dictar sentencia.

Placencia, el dudoso

En el proceso, el fallecido suboficial mayor (r) de Ejército Sergio Placencia figura como uno de los activos participantes en la detención y traslado de las víctimas de la masacre hasta el Regimiento de Ingenieros y también habría estado en la verificación de la muerte de cada uno, de regreso a la misma Unidad militar.

También estuvo en el escenario de los crímenes; o al menos, cuando llevaron de regreso a un moribundo para asesinarlo en el mismo lugar de la matanza.

Así queda demostrado en la parte del proceso en que en distintos interrogatorios judiciales, dio versiones diferentes sobre este cruel episodio. Inicialmente declaró que el ex capitán Daniel Walker le dio el "tiro de gracia" a la víctima que no murió instantáneamente.

Pero careados ambos, a Placencia le entra la duda: "Mantengo lo declarado anteriormente en lo que respecta al herido en el asalto a la patrulla que posteriormente fue rematado por un oficial en el Camino Internacional. Pero ahora viendo a mi mayor Walker no puedo precisar con certeza de que éste haya sido dicho oficial, manteniendo al respecto las dudas que expresé anteriormente; es decir, si era éste o era Jaime Bachler..."

Pero luego enfrentado con este último oficial, nuevamente se "confunde": "Mantengo mis anteriores declaraciones. Ahora que tengo frente a mí al Oficial Bachler no puedo decir que éste era el oficial que remató al herido. Insisto la duda persiste si era éste o el Mayor Walker y para despejar dicha duda me remito al careo que se me efectuó con este último".

Hoy, los familiares de las víctimas temen que con su muerte, el proceso se siga dilatando indefinidamente pues habrá que sobreseerlo. Y, peor aún, si la sentencia sigue demorando, es posible que otros procesados enfermen o mueran también... O que pierdan la memoria.


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