Quienes somos ] Boletin ] Busqueda ] Pinochet en Londres ] Centros Detencion ] Complices ] Empresas ] Fallos ] Criminales ] Tortura ] Exilio ] ecomemoria ] Desaparecidos ] Ejecutados ] Testimonios ] English ]

Pablo Fernando Belmar Labbe

Brigadier General de Ejercito

Agente DINA

Alias: Pablito

Curso en la Escuela de las Américas en julio de 1987

Oficial del Ejército. Comandante de una Agrupación Operativa de la DINA. Extraditable. En 1994 declaró como inculpado en el caso Soria (asesinato del funcionario español de la ONU Carmelo Soria). Declarado persona non grata durante su permanencia en Ecuador. Durante el Gobierno de Patricio Aylwin fue propuesto como asesor militar del Gobierno salvadoreño, que lo rechazó diciendo que no aceptaba torturadores. Luego se desempeñó como el primer agregado militar en Malasia y regresó a Chile el 5 de octubre de 1995.

"Me parece feroz, porque Pablo Belmar perteneció a la Brigada Mulchén y fue una de las personas que se disfrazó de carabinero, y que secuestró a mi padre, le aplicó corriente y lo torturó salvajemente" (Carmen Soria, Enero 2011)

Fuentes: Cambio 21; La Nación; Archivo Memoriaviva

=============================================================================================================================================================================

21 de Agosto 2006  La Nación

El último secreto del crimen de Soria abre la puerta para condenar a brigadier (R) Lepe

Luego de casi 13 años, el secreto mejor guardado del proceso por el homicidio del diplomático español Carmelo Soria ocurrido el 14 de julio de 1976- llegó a su fin. Y el principal articulador de la verdad es el ministro en visita Alejandro Madrid, quien sustancia la causa por el secuestro y homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos.

El magistrado, junto al detective Nelson Jofré, establecieron que el principal testigo confeso de haber participado en el crimen de Soria, el suboficial mayor (R) José Remigio Ríos San Martín, fue seguido y detenido en 1993 por agentes del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) para que modificara la declaración que había prestado ante Investigaciones. Pero no es todo. Madrid aclaró que la orden provino del entonces secretario general del Ejército,

brigadier (R) Jaime Lepe, quien precisamente era el imputado activo con mayor preponderancia en el caso. Este último fue vetado para ascender a general por el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1997, tras las protestas de Carmen Soria, hija del asesinado diplomático español.

Pero Lepe participó además en una reunión secreta junto al comandante (R) Patricio Quilhot, otro de los imputados de este proceso. En el encuentro, realizado en el restaurante “La casa vieja” de calle Chile-España Nº 249 se tejió toda la conspiración en contra de Ríos San Martín y la acción de la justicia, cuyos detalles los entregó el propio equipo operativo del BIE encargado de montar el anillo de seguridad para el encuentro.

Debido a estos hechos, que en su momento no fueron conocidos por la justicia, ni menos por el Estado español que vanamente intentó que se juzgara a los implicados, la Corte Suprema aplicó la ley de amnistía y los responsables quedaron sin castigo, al menos hasta ahora.

La búsqueda

La operación se realizó porque la inteligencia militar de la época sabía que Ríos San Martín estaba colaborando con la ministra en visita a cargo del caso, Violeta Guzmán, y que entre los antecedentes que había entregado en su confesión a los detectives no sólo mencionaba a Lepe, sino también a otros ex DINA.

Este hecho preocupó no sólo al entonces brigadier, sino también a Pinochet, ya que el primero era muy cercano al ex dictador y uno de sus preferidos en la institución.

Las declaraciones de los agentes que destaparon este hecho histórico se encuentran en el tomo XVI del proceso sustanciado por Madrid.

Uno de los primeros en confesar esta historia fue el ex jefe de la Unidad de Contraespionaje del BIE, el mayor (R) Patricio Belmar Hoyos.

“Estando de jefe del BIE el comandante Fernán González, recibí una orden para ubicar a José Ríos San Martín que estaba involucrado en el homicidio de Carmelo Soria y al cabo de algunos días, con mi gente, entre ellos “el Gitano”, el suboficial Roa Vera, lo ubicamos en un sector de Santiago y procedí a dar cuenta de su domicilio”, dijo Belmar Hoyos en una se sus declaraciones policiales a fojas 5.981 del expediente.

La información, sin embargo, no fue entregada directamente a Fernán González, sino a la comandancia en Jefe del Ejército, puntualmente al brigadier Lepe.

“Recuerdo haber concurrido a la comandancia en Jefe a hablar con el comandante Jaime Lepe Orellana que me dio las instrucciones para ubicar a San Martín.

Después me correspondió ubicarlo en distintas oportunidades. En una de ellas para comunicarle que Jaime Lepe y el comandante que ya se había retirado, Patricio Quilhot, querían conversar con él”, sigue el relato judicial.

Varios fueron los encuentros entre Ríos San Martín, Quilhot y Lepe, pero hubo uno más importante que los anteriores.

“En una oportunidad se concretó una reunión entre Lepe y San Martín en el restaurante “La Casa Vieja”, donde me correspondió junto a mi personal dar protección con un anillo de seguridad, donde me enteré que Lepe le ofreció una camioneta que se le entregó después”, declaró Belmar Hoyos.

El hombre invisible

Otra confirmación la entregó el suboficial (R) Manuel Carreño Arriaza, quien relató cómo la operación tuvo un error que la develó. “... Se me dio instrucciones de realizar un seguimiento a esta persona por varios días y por 24 horas, pero en una oportunidad Ríos San Martín se percató que era seguido

por nosotros y enfrentó a uno de mi grupo, al cabo Cornejo, a quien lo increpó”, dijo a la policía.

Ríos San Martín era comando, paracaidista, perteneció a la brigada Mulchén de la DINA, autora del crimen de Soria y, de acuerdo al testimonio del ex agente del servicio secreto, suboficial mayor (R) Luis Herrera Mansilla, cambió abruptamente de personalidad.

“Después que pasó a retiro, como tenía mujer y conviviente, ellas le quitaron todo el desahucio con el que pretendía comprarse un taxi, pero quedó sin ningún peso e hizo una especie de voto de pobreza, prácticamente no comía, vivía en lugares marginales y frecuentaba la capilla de Las Ánimas y librerías de calle San Diego”.

Para los agentes fue muy difícil seguir a Ríos San Martín. Así se ve reflejado en el testimonio del mayor (R) Juan Vladilo Villalobos que también participó en la operación.

“Este seguimiento era una situación bastante rara, ya que Ríos San Martín supo de inmediato lo que sucedía. Se metía a calles sin salida y desaparecía, se subía y bajaba de las micros y circulaba por distintos sectores de la ciudad”, dijo.

Crimen emblemático

El crimen de Carmelo Soria es uno de los casos emblemáticos de las violaciones de los derechos humanos y la declaración que Ríos San Martín prestó ante la policía en 1993 fue clave para tratar de establecer judicialmente los hechos.

El ex DINA testimonió que los miembros de la brigada Mulchén estaban dirigidos por el entonces capitán Guillermo Salinas Torre. Este último ordenó a los oficiales del Ejército Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbé, Juan Delmás Ramírez y el suboficial Pedro Aqueveque que se disfrazaran de carabineros para interceptar el auto Volkswagen en el que viajaba Soria la tarde del 14 de julio de 1976.

La DINA sospechaba que Soria pertenecía al Partido Comunista (PC). De ahí la decisión de detenerlo. Una vez en la casa de Vía Naranja en el sector de Lo Curro (la misma de Townley), fue torturado y, como nunca entregó información, le aplicaron gas Sarín. Luego, lo “destestuzaron”, dijo Ríos San Martín,

haciendo palanca contra un escaño por medio de la torsión de la cerviz.

De esta manera el testimonio entregado por el ex agente de la DINA, Michael Townley en Estados Unidos a fines de 1992 quedó confirmado con una segunda declaración. Entonces fue que se desató la máquina de la justicia militar y la inteligencia del Ejército para encubrir los hechos, porque además de los seguimientos y la reunión relatada arriba, Ríos San Martín también fue llevado

a la justicia militar.

En noviembre de 1993 la Segunda Fiscalía Militar, a cargo de Sergio Cea Cienfuegos, trabó una contienda de competencia, siendo esta resuelta el 16 del mismo mes por la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema a favor de la justicia castrense. Dos días más tarde, el mismo Cea decretó la prohibición de no informar a los medios de comunicación.

El gobierno de la época tenía pleno conocimiento de la declaración de Ríos San Martín y Carmen Soria, hija del diplomático español, presionaba junto a la Embajada de España para que la causa quedara en la justicia civil y se nombrara un ministro instructor de la Corte Suprema.

El contexto se complicaba, pero el desaparecido diario “La Época”, en su edición del 22 de noviembre de 1993, rompió la prohibición y publicó, aunque sin nombre, los antecedentes entregados por Ríos San Martín. La fiscalía militar requisó una serie de ejemplares para evitar su difusión.

El tema se zanjó el 3 de diciembre de 1993, cuando el máximo tribunal desechó nombrar a un magistrado especial para el caso en una estrecha votación de siete votos contra seis. El 6 del mismo el juez militar de Santiago, Hernán Ramírez, aplicó la amnistía. El 10, la Corte Suprema revirtió todo y nombró al ministro marcos Libedinsky para llevar el caso. El 30 de diciembre, sin embargo, el magistrado nuevamente amnistió el caso.

Sigue la batalla

Pero la pelea no quedó allí, porque el 7 de abril de 1994 el proceso fue reabierto por la Primera Sala de la Corte Suprema y se decretaron cinco diligencias: careos, declaración del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, exhorto al ultraderechista cubano Virgilio Paz, reconstitución de escena y, la más importante, un informe siquiátrico a Ríos San Martín. En esta última pesquisa estaba la mano del BIE y la principal estrategia castrense:

inhabilitar al testigo clave.

Días más tarde, el abogado querellante de la familia Soria, Alfonso Insunza, presentó a Libedinsky una recusación amistosa, la que éste último aceptó. La Suprema quedó entonces en posición de nombrar a un nuevo magistrado. Y así fue: la responsabilidad recayó en Eleodoro Ortiz, recientemente fallecido.

La investigación de Ortiz se extendió hasta mayo de 1995. El 25 de ese mes la sala penal de la Suprema sometió a proceso al mayor (R) Guillermo Salinas y a Ríos San Martín. Uno de los votos disidentes fue del ministro Roberto Dávila, otrora auditor del Ejército y sin carrera en el Poder Judicial, quien señaló en su voto que no había elementos de ninguna especie para encausarlos.

Paralelamente, la inteligencia militar de la época seguía hostigando a los oficiales de Investigaciones que llevaban éste y otros casos de violaciones de los derechos humanos.

Un hecho relatado por el detective Nelson Jofré Cabello en una orden de investigar contenida a fojas 6.003 es elocuente: “El 8 de septiembre de 1995, oportunidad en que oficiales policiales de la Brigada de Homicidios trasladaban a una testigo relevante para el caso Berríos, se percataron que eran seguidos por el agente del BIE, dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Víctor Rojas Zúñiga, quien conducía un vehículo marca Peugeot 605 de propiedad de la institución castrense, de cargo

del director de la DINE, general Eugenio Covarrubias, el que resultó involucrado en una triple colisión en la esquina de Alameda con avenida España, tomando el procedimiento Carabineros y agentes del BIE que rodearon el

lugar, logrando los detectives trasladar a la testigo a pie hasta el Sexto Juzgado del Crimen, donde declaró”, declaró el policía.

Pese a estos hechos, el 5 de junio de 1996 Ortiz volvió a aplicar la amnistía.

El 24 de agosto, como era de esperarse, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la decisión. La batalla de los Soria estaba perdida, al menos en Chile.

Lo que siguió

La decisión judicial provocó una acusación constitucional contra los ministros de la Suprema que resolvieron el fallo de la amnistía, una demanda contra el Estado de la familia Soria por 2 mil 700 millones de pesos y el compromiso del gobierno de Eduardo Frei, secundado por España, para entregar una reparación a la familia del diplomático español.

Lepe siguió en el Ejército como secretario general, pero ya había cumplido el tiempo de brigadier y debía ser ascendido a general. Así el 5 de noviembre de 1997, Frei vetó el ascenso de Lepe. Así se creó un nuevo criterio para los ascensos: “las situaciones públicas y notorias que involucren a la persona de índole tal como para afectar negativamente su imagen ante el país o ante

sectores importantes de la ciudadanía”.

Lepe anunció querellas contra los medios junto a su abogado Jorge Balmaceda.

Este último además envió una carta al diario “La Época”, donde aseguró que el otrora testigo clave del caso Soria, el suboficial (R) Ríos San Martín, modificó su declaración policial ante el ministro Eleodoro Ortiz, durante la reconstitución de escena. Éste, nunca reconoció a Lepe. Además un informe del Servicio Médico Legal establecía que tenía “una personalidad anormal”.

“Que en relación a mis declaraciones de fojas 737 y siguientes, ellas nos las ratifico en su totalidad, por cuanto estimo que fui influenciado por personal de Investigaciones a través de orientaciones”, declaró el propio Ríos San Martín, eso sí, después de las reuniones con Lepe.

Balmaceda llegó al paroxismo en su escrito ante el desaparecido matutino, cuando señaló que “para los abogados no puede pasar inadvertido y que refleja la totalidad tranquilidad del brigadier Lepe en su no participación en los hechos... ya que habiendo sido investigados por cinco jueces ... ninguno de ellos lo acusó... en consecuencia es absolutamente falso que existan pruebas que lo inculpen en cualquier otra calidad procesal en el homicidio de Carmelo Soria”.

En 1997 aún existía el delito de obstrucción a la justicia y la lógica de cualquier juez investigador habría colegido que la conducta de Lepe y los agentes del BIE algo buscaban esconder.

Quizás Balmaceda no supo de la reunión ni de los seguimientos, pero el secreto que Lepe guardó por tantos años, indica que su participación en la muerte de Carmelo Soria fue tan importante como la cantidad de medios que usó para encubrirla

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20 de noviembre de 2009   El Clarín.

Procesados en España Generales y oficiales implicados en asesinato de Carmelo Soria

 Los generales (R) del Ejército de Chile Hermán Brady Roche, Cesar Raúl Benavides Escobar, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Jaime Enrique Lepe, Raúl Eduardo Iturriaga Neuman Orellana;  el ex Subsecretario del Interior, Capitán de Navío Enrique Montero Marx; los oficiales Jorge Remigio Rios San Martín;  Guillermo Humberto Salinas Torres; Pablo Belmar Labbé; René Patricio Quilhot Palma; Rolf Wenderoth Pozo; Ricardo Lawrence Mires, han sido procesados por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de España por su participación, mediata o inmediata, en el secuestro, tortura y asesinato del diplomático D. Carmelo Soria.

En el Auto de 17 de noviembre de 2009, que próximamente publicará integro EL CLARIN en la sección “Caso Pinochet”, el Juez y el Ministerio Fiscal han aceptado la ampliación de querella formulada el 23 de enero de 2007 por la Fundación Presidente Allende-España y la viuda de D. Carmelo Soria. Estos habían solicitado, asimismo, el procesamiento del Ministro del Interior, Sergio Fernández, y de la Ministra de Justicia, Mónica Madariaga, por haber firmado en 1978 el Decreto de Amnistía en cuya aplicación la Corte Suprema de Chile ha ordenado en 1996 que este crimen no fuera enjuiciado en Chile.  El Juez español ha denegado el procesamiento de estos Ministros de la Dictadura “en este momento, por cuanto resulta insuficiente para hacerlo el hecho de que hubiesen firmado el Decreto de Amnistía en 1978 que sirvió para conferir impunidad a los autores, cómplices y encubridores, porque por tal razón también tendrían que serlo los demás miembros del gobierno y todos aquellos que aplicaron la norma posteriormente, máxime después del pronunciamiento sobre tal tipo de normas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, y ientras no se acredite una participación diferente en los hechos no puede admitirse a trámite la querella contra estas dos personas”.

 El Auto de 17 de noviembre de 2009 acuerda, entre otras Diligencias, poner en conocimiento del Sr. Secretario General de Naciones Unidas, en aplicación del artículo 11 del Convenio sobre prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas de 14 de diciembre de 1973, la admisión de la querella  contra los presuntos culpables de la tortura y asesinato de D. Carmelo Soria Espinoza y que en su día se comunicará el resultado final.

 España asume la competencia para enjuiciar este delito en virtud de los principios de jurisdicción universal y de evitar la impunidad, después que la Corte Suprema ha acordado que no puede serlo en Chile, país cuya jurisdicción España considera preferente en virtud del principio de territorialidad.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Emol.com, 26 de Julio de 2013

Caso Soria: Juez de la Suprema rechaza extraditar a España a ex agentes de la DINA

El ministro Juan Araya determinó que no procede acceder a la extradición de seis personas requeridas por la justicia de España por el homicidio de Carmelo Soria Espinoza.

El ministro de la Corte Suprema Juan Araya determinó que no procede acceder a la extradición de seis ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), requeridos por la justicia de España por el homicidio de Carmelo Soria.

El magistrado desestimó la solicitud, presentada en enero pasado por el Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de España, de dictar la extradición de Manuel Contreras Sepúlveda, José Remigio Ríos San Marín, Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbé, Guillermo Salinas Torres y René Quilhot Palma, por el homicidio del diplomático español, ocurrido el 14 de julio de 1976, en Santiago.

El ministro desestimó el requerimiento de la justicia española, al considerar que los mismos hechos están siendo investigados en Chile -por el también ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas-, por lo que opera el principio de territorialidad.

"Que no obstante coincidir plenamente con los fundamentos en que se sustenta el presente requerimiento y que consisten básicamente en reafirmar el deber ineludible que se impone a los órganos que ejercen jurisdicción en orden a velar y hacer respetar los principios de justicia universal, reprimiendo la violación de derechos fundamentales (...) no resulta pertinente dar curso a la presente solicitud de extradición", sostiene el fallo.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Emol.com, 1 de Febrero de 2011

Militar vinculado al crimen de Soria trabaja de jefe de seguridad en Parque Metropolitano

Carmen Soria, hijo del asesinado diplomático español, anunció que enviará una carta a la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, para que ponga fin a esta vinculación laboral

l brigadier retirado Pablo Belmar Labbé, que declaró como inculpado en el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, ocurrido durante el régimen militar de Augusto Pinochet, trabaja actualmente como jefe de seguridad de un conocido parque del centro de Santiago.

El director del Parque Metropolitano de Santiago, Bernardo Küpfer, confirmó a Radio Cooperativa que Belmar trabaja en esa institución, que depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y explicó que está contratado desde "hace aproximadamente un mes".

Küpfer consideró que no existe ningún inconveniente para que Belmar desempeñe esa labor.

El brigadier retirado debió declarar en 1994 como inculpado en la investigación por el asesinato del funcionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria, ocurrido en 1976, pero en 1995 la Corte Suprema decidió no someterlo a proceso.

"Él fue citado a declarar, ante lo cual no se acogió a proceso por no tener antecedentes ni culpa, ni ser considerado que ameritaba ser sometido a proceso", argumentó Küpfer, quien añadió "¿Fue sometido a proceso?. No, y ¿Quién soy yo para hacerle un proceso".

En tanto, la hija del diplomático español, Carmen Soria, anunció que enviará una carta a la ministra de Vivienda y Urbanismo chilena, Magdalena Matte, que ponga fin a toda vinculación laboral con Belmar.

"Me parece feroz, porque Pablo Belmar perteneció a la Brigada Mulchén y fue una de las personas que se disfrazó de carabinero (policía) y que secuestró a mi padre, le aplicó corriente y lo torturó salvajemente", recordó.

Soria fue secuestrado el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago.

Carmen Soria consideró que el hecho de que Belmar "no haya sido sometido a proceso da lo mismo, porque muchas personas que violaron los derechos humanos están libres".

Según consta en informes sobre derechos humanos, Belmar fue miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta de la dictadura militar (1973-1990), que en 1977 dio paso a la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Precisamente ayer, el Ministerio de Defensa anunció el cese de cinco asesores de la subsecretaría de ese departamento que fueron miembros de esos dos organismos represores.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02 Febrero 2011,  RADIO U. DE CHILE

Gobierno saca a Pablo Belmar de cargo en Parque Metropolitano por vínculos con la DINA

Luego se conociera que el brigadier en retiro Pablo Belmar Labbé – quien declaró en calidad de inculpado en el crimen del diplomático español Carmelo Soria  – estaba dentro de los posibles candidatos para desempeñarse como jefe de seguridad del Parque Metropolitano, el ministerio de Vivienda decidió marginarlo del proceso de postulación por sus vinculaciones con la DINA.

En este sentido, el titular (s) de la cartera de la cual depende el parque, Andrés Iacobelli, aclaró que Belmar “ estaba en un proceso de evaluación y se acordó con él un trabajo puntual. No tenemos antecedentes que tenga alguna condena, pero atendiendo a un criterio de prudencia por la connotación pública que tiene un Parque acordamos con el director sacar del proceso a esta persona por un tema de seguridad”.

Esto después de que se indicara que Belmar ya llevaba trabajando hace un mes en el Parque Metropolitano bajo ese cargo.

“Este es un parque público y causa un problema emocional sin duda a mucha gente y consideramos que no era prudente tenerlo a él como jefe de seguridad. En este ministerio no vamos a contratar a nadie que haya estado vinculado a procesos de derechos humanos y queremos ser súper claros. Esto, a pesar de que él no tenía antecedentes”.

Piñera, de regreso

De vuelta de unas cortas vacaciones, el Presidente Sebastián Piñera se refirió este miércoles a la polémica que generó la confesión del jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz, quien declaró en una causa judicial haber pertenecido a la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Consultado respecto a si él mantendrá los principios de la Concertación de mantener en las filas castrenses a militares vinculados con organismos represores, Piñera aseguró que "ninguna persona que tenga responsabilidad en materia de violación a los derechos humanos va a ser parte de las Fuerzas Armadas o de nuestro Gobierno".

El jefe de Estado, sin referirse al caso en particular, aseguró que el compromiso del Ejecutivo "con los derechos humanos es total e inquebrantable y en esto nuestro Gobierno ha dado muestras muy claras."Ninguna persona que tenga responsabilidad en materia de violación a los derechos humanos va a ser parte de las Fuerzas Armadas o de nuestro Gobierno".

Por su parte,  Carmen Soria – hija del diplomático asesinado en la dictadura – señaló que  aún cuando Belmar no haya sido sometido a proceso, las autoridades debían asumir su responsabilidad y anular su designación.

“Como él no ha sido procesado da lo mismo. Hay muchas personas que participaron en asesinatos y que hoy están libres. El jefe de seguridad del parque metropolitano, un tipo que torturó y asesinó no sólo a mi papá sino que a muchas personas más,  es violento para todos”, concluyó Carmen Soria.

Esta situación se suma a la destitución del ministerio de Defensa de los ex agentes de la CNI Alejandro Romero Peragallo, José Pérez Manríquez y el general (r) Orlando Carter Cuadra, yerno del ex director de la DINA Manuel Contreras y la vinculación del Jefe del Estado Mayor del Ejército, Guillermo Castro Muñoz, con la central de inteligencia.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cambio 21 31de enero 2011

Inculpado en el crimen de diplómatico español Carmelo Soria trabaja como jefe de seguridad del Parque Metropolitano de Santiago que depende del ministerio de la Vivienda de Magdalena Matte. Era agente de la DINA. Ministro subrogante dice que no será contratado

El ex militar Pablo Belmar Labbé, conocido como "Pablito" fue contratado por el familiar de la ministra Matte, Bernardo Kupfer Matte, que dirige el parque Metropolitano y administra el Zoológico, piscinas y el Santuario del cerro San Cristóbal. Cinco ex agentes represores fueron despedidos este lunes

Como indignante calificó la hija de Carmelo Soria, diplomático español ejecutado político, Carmen Soria, luego de conocer que uno de los involucrados en la muerte de su padre estuviera a cargo de la seguridad del Parque Metropolitano.

Soria aseguró que con el arribo de Pablo Belmar Labbe a esa área, el Presidente Sebastián Piñera olvida su promesa de campaña de no contratar a personas vinculadas con violaciones a los derechos humanos.

Según la hija del ex diplomático, dentro de los informes de derechos humanos él estuvo asignado como integrante de la  DINA, por lo que las autoridades no pueden hacer caso omiso a su responsabilidad. “El hecho de que no haya sido sometido a proceso, da lo mismo, porque muchas personas que violaron los derechos humanos están libres”, puntualizó.

"Me parece feroz, porque Pablo Belmar perteneció a la Brigada Mulchén y fue una de las personas que se disfrazó de carabinero, y que secuestró a mi padre, le aplicó corriente y lo torturó salvajemente, y se supone que Pablo Belmar va a tener que estar viendo a todos los niños y ciudadanos que circulamos por el cerro San Cristóbal", sostuvo Soria.

Asimismo sostuvo que este martes solicitará personalmente a la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, explicaciones por medio de una carta.

El director del parque, Bernardo Küpfer confirmó a radio Cooperativa que Belmar trabaja en el parque, el cual depende del Ministerio de Vivienda, y que "hace aproximadamente un mes está contratado" y que no hay inconveniente alguno en el desempeño de su cargo.

"El fue citado a declarar, ante lo cual no se acogió a proceso por no tener antecedentes ni culpa ni ser considerado que ameritaba ser sometido a proceso" y por ello, cumple con los requisitos. "¿Fue sometido a proceso? No. ¿Y quién soy yo para hacerle un proceso?", dijo Küpfer.

Ministro subrogante: no será contratatado

El ministro (s) de Vivienda, Andrés Iacobelli, aclaró la función que cumple el ex brigadier Pablo Belmar -vinculado al crimen del diplomático Carmelo Soria- en el Parque Metropolitano, y explicó que no podrá participar en el proceso para incorporarse al organismo.

El director del Parque, Bernardo Küpfer, dijo a Cooperativa que Belmar fue contratado hace un mes, pero según Iacobelli, "le puedo dar garantías que él contrato firmado no tenía, que estaba en proceso y que lo tenían contratado para hacer este manual (de seguridad) por el momento y no había pasado el proceso completo".

"Hablé con el director del parque hoy día, estoy de ministro subrogante desde ayer, conocí los antecedentes y le dije que hay que sacar a este señor del proceso mientras no tengamos toda la seguridad y él me dijo por supuesto, habló con él y no hay ningún problema", aseveró el ministro (s).

Iacobelli recalcó que Belmar "no ha asumido como jefe de operaciones y si así lo señaló el director, me parece que se extralimitó".

El currículo de Belmar Labbé

Belmar Labbé fue contratado por el familiar de la ministra Magdalena Matte, Bernardo Kupfer Matte, que dirige el Parque Metropolitano de Santiago desde mediados del año 2010. En este parque están incluidos el Zoológico, las piscinas Antilén y Tupahue, la Virgen y el Santuario del cerro San Cristóbal, el teléferico, y otros parques  o sea el pulmón verde más grande de la Región Metropolitana con cerca de 750 hectáreas.   
Entre el "currículo" de Pablo Belmar Labbe, se cuenta que fue Comandante de una Agrupación Operativa de la Dina. Llegó a ser Brigadier del Ejército y en 1994 declaró como inculpado en el caso Soria (asesinato del funcionario español de la ONU Carmelo Soria).
Pablo Belmar conocido como "Pablito" dentro de la policía secreta de Pinochet fue declarado persona non grata en Ecuador. 
Durante el Gobierno de Patricio Aylwin fue propuesto como asesor militar del Gobierno salvadoreño, que lo rechazó diciendo que no aceptaba torturadores.
Luego se desempeñó como el primer agregado militar en Malasia y regresó a Chile el 5 de octubre de 1995, pasando a retiro.

Otros agentes represores despedidos de sus cargos

Ya en horas de la mañana de este lunes, desde el ministerio de Defensa se conoció el despido de otros agentes de las policías políticas y represivas de la dictadura que trabajaban en la subsecretaria de Defensa que dirige el ex jefe del Ejército, Oscar Izurieta.

Se trata de Alejandro Romero Peragallo, José Pérez Manríquez y Orlando Carter Cuadra, este último yerno del brigadier en retiro Manuel Contreras,ex director de la DINA, según se informó a través de un comunicado.

En el escrito además se explica que Pedro Fernández Neira (ex DINA) e Italo Seccatore Gómez (ex CNI), “prestaron servicios en la Subsecretaría de Defensa hasta el 31 de diciembre de 2010″.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Estas paginas han sido preparadas y son mantenidas por: Proyecto Internacional de Derechos Humanos - Londres © 1996 - 2015