Barriga Muñoz Germán Jorge

Un total de nueve procesamientos más fueron dictados por violaciones de los derechos humanos, en un contexto donde crecen las expectativas para conocer por dónde la derecha, independientemente de mejorar la indemnización a familiares de las víctimas, abordará una propuesta legislativa que intentaría poner fin a los juicios contra militares a 30 años desde ocurrido el golpe militar. En una resolución dictada por el ministro Juan Guzmán Tapia, fueron ayer procesados como autores del delito de secuestro en 1976 de nueve militantes comunistas los ex integrantes de la DINA coronel (R) Carlos López Tapia, brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko, coronel (R) Germán Barriga Muñoz, coronel (R) de Carabineros Ricardo Lawrence Mires y el médico Osvaldo Pincetti. Los encausamientos fueron dictados por la desaparición del ex diputado Bernardo Araya y su esposa, María Olga Flores, y de los integrantes de la dirección clandestina del PC, todos desaparecidos a la fecha, Mario Zamorano, Jorge Muñoz (esposo de la hoy presidenta del PC, Gladys Marín), Elisa Escobar, Uldarico Donaire, Jaime Donato, Lenín Díaz y Víctor Díaz. Este último era padre de la ex presidenta de la AFDD, Viviana Díaz. La desaparición de la primera dirección clandestina del PC se conoce como el caso de calle Conferencia, porque en una casa de esta arteria, en Santiago Poniente, la DINA montó una ratonera para capturar a la cúpula del PC. Estas víctimas están incluidas en la primera querella contra Augusto Pinochet y otros militares (R), que presentó el 12 de enero de 1998 Gladys Marín. El abogado querellante, Eduardo Contreras, destacó que “esto demuestra que se puede seguir haciendo verdad y justicia, a diferencia de lo que quiere la UDI”. Contreras subrayó también “la valentía y la condición ética del juez Guzmán, que, sin inhabilitarse en el caso, procesó a un familiar suyo tan directo”. Efectivamente, Carlos López Tapia, primo del juez Guzmán, fue el jefe del centro clandestino Villa Grimaldi en 1976, lugar donde fueron llevados y desaparecieron los detenidos del PC. López integró también la Caravana de la Muerte en su primera gira por el sur y, según sus propias declaraciones en el proceso, asistió la noche del 3 de octubre de 1973 en Valdivia a la ejecución extrajudicial del líder del MIR en la zona de la precordillera de la hoy Décima Región, José Liendo Vera, más conocido como el “comandante Pepe”. Ayer Guzmán admitió que la medida “fue difícil, porque los jueces somos seres humanos”.

Otros Cuatro

En tanto, el juez Jorge Zepeda sometió a proceso al oficial de Ejército (R) Claudio Lecaros Canales, al suboficial (R) José Muñoz Pozo, y al suboficial (R) de Carabineros Omar Mella Lillo. El encausamiento fue dictado como autores del homicidio de Rubén Acevedo Gutiérrez y del secuestro de Vidal Riquelme Ibáñez y Cesáreo Soto.Las tres víctimas se presentaron el 15 de septiembre de 1973 al retén El Melosal de San Javier, en la hoy Séptima Región, desde donde fueron retirados por militares de la Escuela de Artillería de Linares, conducidos al puente Loncomilla y ejecutados. Sólo apareció el cuerpo de Acevedo.

A su turno, el ministro Daniel Calvo procesó al coronel (R) de la FACH Guillermo Gómez Aguilar, como autor del secuestro de Gabriel Marfull González. Este fue detenido el 13 de septiembre de 1973 y llevado a la Base Aérea El Bosque. Allí fue ejecutado y su cuerpo trasladado hasta la Cuesta Barriga, donde fue abandonado. En ambas causas actúa como querellante en representación de las familias el abogado del Fasic Nelson Caucoto, que valoró ayer la investigación instruida hasta ahora por los dos magistrados.

LA CAÍDA DEL PC En la calle Conferencia, ubicada en la zona poniente de la comuna de Santiago, la DINA montó en mayo de 1976 una “ratonera”: agentes del organismo represivo esperaron durante varios días la llegada de la dirigencia del PC que trabajaba en la rearticulación del partido y los fueron capturando para luego hacerlos desaparecer.En diciembre del mismo año, la DINA volvió a golpear y esta vez sus agentes detuvieron a integrantes de una nueva dirección del PC, en lo que se conoce como el “caso de los trece”. En esta segunda oleada represiva cayó Waldo Pizarro, esposo de Sola Sierra y padre de la hoy presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro.

La presidenta del Partido Comunista, Gladys Marín, anunció hoy que su colectividad presentará una nueva querella contra el general (r) Augusto Pinochet, esta vez por la responsabilidad que le cabría al ex gobernante militar en el secuestro calificado de diez personas pertenecientes a la cúpula de esa colectividad, en el caso conocido como Calle Conferencia.  La dirigente sostuvo que la acción legal será presentada dentro de los próximos días por los abogados Eduardo Contreras, Alberto Espinoza y Julia Urquieta y con ella buscarían el desafuero del retirado jefe castrense.  Por este mismo proceso, el pasado 2 de junio, el ministro Juan Guzmán procesó a cinco ex miembros del Ejército que cumplían labores como agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), entre ellos Miguel Krasnoff y Germán Barriga, además del coronel (r) Carlos López Tapia, quienes aparecen implicados en la investigación.

La ministra de fuero María Estela Elgarrista sometió a proceso a un militar en retiro vinculado a fusilamientos ocurridos en la comuna de Buin. La magistrado dictó el encausamiento del brigadier ( r) Germán Jorge Barriga Muñoz por el delito de homicidio calificado de Jorge Rubén Lamich (PC) y del médico Héctor  Victoriano García (PS), en un hecho acontecido el 13 de agosto de 1974. Fuentes judiciales indicaron a agencia UPI que ambos eran figuras reconocidas en la zona, ya que Lamich era presidente del sindicato de la construcción y ex candidato a regidor, mientras García atendía en el hospital local. Los dos fueron arrestados por patrullas militares y trasladados hasta el cuartel Chena de la Escuela de Infantería de San Bernardo. En el expediente se consigna que de acuerdo al protocolo de autopsia, las víctimas fueron sometidas a brutales golpizas, fusilados delante de la tropa y derivados a la morgue. El oficial Barriga Muñoz, asimismo, está procesado en otras causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos que se le imputan a la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). En las fojas del proceso se da cuenta que Lamich y García fueron acusados de envenenar el agua y el pan que se consumía en Buin. El gobierno de la época informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que Lamich había sido muerto, al igual que otras tres personas, en diferentes fechas y circunstancias, como resultado de enfrentamientos con "policías o agente de seguridad", atribuyéndoles a dichas personas "actividades delictuales, subversivas o de sabotaje". Nada se dijo oficialmente sobre las causas de la muerte del doctor García. La Comisión Rettig, a base de testimonios presenciales, determinó que ambos fueron ejecutados por personal del Ejército, sin que haya existido enfrentamiento alguno en que estuviesen comprometidos.

El ministro de fuero Joaquín Billard sometió a proceso al ex oficial del Ejército Germán Barriga Muñoz, como autor del delito de secuestro calificado de Miguel Enríquez Rodríguez Vergara, hecho ocurrido el 17 de noviembre de 1975. Rodríguez, que tenía 42 años al momento de su detención, era comerciante y militante del Partido Socialista, y fue aprehendido en su domicilio en la calle San Pablo por dos hombres y una mujer. El ex oficial del Ejército, quien era jefe de una de las brigadas Purén de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fue reconocido como autor del secuestro de Miguel Rodríguez Vergara por familiares de la víctima. Actualmente, Barriga se desempeña como profesor de seguridad de los guardias de la cadena de supermercados Líder.  El abogado querellante en la causa, Nelson Caucoto, mostró su satisfacción por la resolución, pues a su juicio “se ha logrado avanzar en el esclarecimiento de este hecho y de que efectivamente Rodríguez fue víctima de la Brigada Purén. Lo que demuestra que todos los crímenes pueden ser descubiertos".

Un ex militar procesado por una causa de derechos humanos se suicidó esta tarde, al lanzarse desde el piso 18 de un edificio de Las Condes, según informó radio Bio-Bio.
Se trata del coronel retirado Germán Barriga Muñoz, quien estaba encausado por el ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, quien instruye el llamado caso de Calle Conferencia.
De acuerdo al reporte de la emisora, el ex uniformado llegó hasta un edificio recién construido, ubicado en calle Pio X con Los Militares, con la aparente intención de comprar un departamento. Sin embargo, cuando se encontraba en el piso 18 del inmueble se lanzó al vacío.
El procedimiento de rigor fue adoptado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.
Barriga Muñoz enfrentaba cargos como autor de homicidio calificado, al igual que los ex militares Miguel Krassnof, Osvaldo Pinchetti (Doctor Tormento), Germán Barriga y Ricardo Lawrence.
El caso de calle Conferencia fue un operativo de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) ejecutado en mayo de 1976, con el objetivo de reprimir a la entonces cúpula clandestina del Partido Comunista (PC).
Hasta hoy figuran como desaparecidos Víctor Díaz, padre de la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz; y Jorge Muñoz, ex pareja de la presidenta del Partido Comunista, Gladys Marín.

*Declaración CODEPU (Chile)*

Con ocasión del suicidio del Agente de la DINA, coronel ® Germán Barriga Muñoz, CODEPU declara a la opinión pública lo siguiente:
1. En el marco de la conmoción nacional que ha causado el conocimiento de la barbarie desatada por el terrorismo de Estado en el país, dada a conocer por el reciente Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, resulta ofensivo a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y a la conciencia nacional, la utilización que se ha querido hacer del suicidio del militar, procesado en los tribunales de justicia por decenas de crímenes de lesa humanidad, desapariciones, asesinatos y torturas, y de los cuales, como todo el país sabe, fue responsable directo.
2. Desde una perspectiva ética de los derechos humanos, cualquier juicio moral público y responsable frente a la conducta suicida del agente de la DINA, debiera plantear la preocupación ante el hecho de que el criminal no se arrepintió de sus crímenes ni los confesó, por ende, impidió conocer la verdad y mantuvo el manto de impunidad sobre ellos.
3. Por eso resulta patético que sus cómplices, la plana mayor de la DINA, también criminales procesados y muchos encarcelados, aparezcan en el funeral, moralizando falsamente su acción, pretendiendo hacerlo aparecer como víctima, y de paso, ganar para ellos un cierre de los procesos o la dictación de una ley de punto final.
4. Es inaceptable que algunas altas autoridades nacionales, solidarizando y legitimándose en el normal dolor de la familia del agente de la DINA, expresen una voluntad de terminar con estos hechos apurando los procesos judiciales o reivindicando la Ley de Amnistía, en un momento donde los tribunales de justicia lentamente han venido restableciendo justicia frente a las graves y masivas violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar.
5. Hechos tanto o más dramáticos que el suicidio de Barriga han afectado, durante más de 30 años, a los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas o ejecuciones políticas y a las víctimas de torturas, todos crímenes en los que el militar participó. Hay que recordar que muchas víctimas de tortura o familiares de detenidos desaparecidos o ejecutados, también se les destruyó sus vidas, se han suicidado o han sido afectados por múltiples y graves enfermedades, algunas de las cuales terminaron con sus vidas sin llegar a saber que había sucedido con sus familiares.
6. Quizás un gesto de mínima dignidad, donde los Pinochet, Contreras, Ceballo y Krassnoff, reconozcan sus responsabilidades y confiesen la verdad de sus deleznables crímenes, pudiera evitar continuar con tanto dolor causado.
7. Expresamos nuestra profunda solidaridad con los familiares de las víctimas, especialmente las implicadas en los procesamientos judiciales a Barriga, que han sido, una vez más, tan brutalmente agredidas por esta repugnable acción mediática de victimización de los autores de los más cobardes crímenes que se han cometido en la historia de Chile y que tanto daño han causado al conjunto social. Las imágenes que presenció
ayer el país de los principales violadores a los derechos humanos, impunes, caminando libremente, sólo avergüenzan al país ante la comunidad internacional.

Conocido como ‘Don Jaime’, Barriga fue uno de los jefes de la Brigada Operativa Purén de la DINA, y en su misiva explicó las causas que lo llevaron a suicidarse. “Llegué al punto de no poder resistir y cumplir mis compromisos económicos, porque sistemáticamente como lo saben mis más cercanos y grupos políticos que me han perseguido y presionado entre otras acciones, para sacarme de mis tres últimos trabajos desde que
soy uniformado en retiro, se me fueron cerrando totalmente las posibilidades laborales, incluso por gente no política, pero miedosa si me contrataba, todo por ser un coronel de Ejército en retiro, procesado por supuestas violaciones a los derechos humanos, cometidas cuando fui oficial subalterno (teniente y/o capitán), pero ya condenado desde hace bastante tiempo por medios de comunicación y agrupaciones políticas”.
“Seré próximamente condenado por tener entre otros varias personas secuestradas a las que según la justicia mantengo en esa ficticia situación desde la década de los ’70, y a una cárcel para cumplir condena por dichas figuras legales falsas, prescritas o cubiertas por la amnistía (…) He determinado tratar de irme de esta vida porque no quiero ser un cacho viviente, lleno de dificultades y malestares sin solución en esta vengativa sociedad, que afecten aún más la incurable salud de mi adorada esposa, la que por más de 34 años me acompañó lealmente, dándome todo su amor, apoyo, comprensión, tres maravillosos hijos y un nieto”.
“A mis adorados hijos, esposos y nieto, que tanto les quiero, también solicito me perdonen, apoyen a la mamá y continúen luchando, ya que el destino les tiene marcado una trayectoria linda y normal con la ayuda del Todopoderoso. El ex militar, el procesado y funado fui yo”.
“A mis cariñosos amigos adiós. Varios trataron de ayudarme para salir a flote, muchas gracias por vuestro maravilloso gesto viril de compañerismo. A conocidos y no conocidos de mi país, si alguna vez los herí u ofendí, hoy les pido humildemente vuestro perdón (…) Para la investigación que se desarrolle por este acto: Declaro sin presión de ningún tipo que soy el único responsable de esta determinación. Nadie supo que tomaría este camino”, concluyó la nota.
 

El coronel Barriga, que a estaba a punto de ser condenado por innumerables crímenes y desapariciones, había sido hasta hace profesor de ética de los guardias de Supermercados Líder y recibía del Ejército, aparte de una pensión de 650 mil mensuales y el pago de la defensa legal, el bono por stress postguerra que perciben los ex DINA y CNI
 

Perfil del torturador suicida
“Un torturador no se redime suicidándose. Pero algo es algo”. (Despistes y franquezas XVIII. Mario Benedetti)
UN LUNES DE mediados de enero de 2005 puso fin a su existencia el criminal Germán Jorge Barriga Muñoz, procesado por decenas de casos de detenidos desaparecidos y ejecutados.
Barriga Muñoz ingresó a un edificio de departamentos con la excusa de visitar el “piloto” para realizar una posterior compra. Subió hasta el piso 18 del inmueble, que da la espalda a la Escuela Militar, y saltó al vacío con cartas en sus bolsillos dirigidas a su familia y al abogado Marcelo Cibié. En ellas admite que era despedido de sus trabajos cuando se conocía que estaba procesado por delitos contra la humanidad, según él, “todo por ser un coronel de Ejército en retiro, procesado por supuestas violaciones a los derechos humanos, cometidas cuando fui oficial subalterno (teniente o capitán)…manchando también con esto mis antecedentes personales (otro motivo para no ser aceptado laboralmente), todo por vivir y cumplir órdenes en el período del Gobierno Militar”.
Sin arrepentirse de nada, deja en claro que será “próximamente condenado por tener, entre otros, varias personas secuestradas, a las que según la justicia mantengo en esa ficticia situación desde la década de los ’70, y a una cárcel para cumplir condena por dichas figuras legales falsas, prescritas o cubiertas por la amnistía”. “He determinado tratar de irme de esta vida porque no quiero ser un cacho viviente… El ex militar, el procesado y funado fui yo”, señala al final de sus misivas. Barriga Muñoz, con 60 años al momento de su muerte, recibía 650 mil pesos de pensión, más un bono por “estrés post guerra” que el Ejército otorgó a todos los agentes de la DINA, la CNI o el DINE involucrado en crímenes durante la dictadura de Pinochet.
Además, su defensa en tribunales era pagada, junto a la de todos los ex uniformados procesados, con un porcentaje descontado por planilla a todos los integrantes activos del Ejército.
Prontuario
Germán Barriga fue funado en dos oportunidades, la primera en agosto de 2000 cuando fue denunciado en su casa, ubicada en Avenida Irarrazaval 2061, departamento 105, lugar que abandonó el mismo día para no volver. La segunda fue a principios de diciembre de 2004, en el supermercado Líder ubicado en el paradero 14 de Vicuña Mackenna, para hacer presente a sus clientes y dueños que financiaban a un torturador y asesino al estar contratado para dirigir a los guardias de seguridad de la cadena de supermercados.
La acción de la Comisión FUNA, como siempre, fue en ambas ocasiones pacífica y llena de colorido, con tambores, cánticos y el volante de denuncia leído en forma colectiva para dar a conocer los crímenes cometidos por el funado. Germán Jorge Barriga Muñoz usaba los alias de “Don Jaime” o “Don Julio”, formó parte del Estado Mayor de la DINA y se graduó con honores de la Escuela de las Américas como “instructor de tácticas antisubversivas y contrainteligencia”.
Al momento del golpe de Estado era teniente del arma de Infantería. Tomó parte en los cursos de preparación para agentes de la DINA efectuados en Tejas Verdes a fines de 1973, entre quienes se encontraba como instructor el ex alcalde de Providencia, Cristián Labbé. Oficialmente, y a través de documento de la Contraloría, se le integró a la DINA a partir de 26 de agosto de 1974.
A principios de 1975 se incorporó a la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM), y fue destinado a la Brigada Purén, operando desde el centro clandestino de detención y torturas conocido como Villa Grimaldi. Su misión, en 1975, fue dirigir la represión hacia el Partido Socialista, y en 1976 dedicó sus labores delictivas en contra del Partido Comunista.
Cumpliendo estas funciones tuvo responsabilidad principal en las decenas de secuestros, detenciones ilegales, torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones de militantes y simpatizantes socialistas.
Entre ellas cabe consignar las detenciones y posteriores desapariciones del médico psiquiatra y ex diputado Carlos Lorca Tobar; de los dirigentes Ricardo Lagos Salinas y Exequiel Ponce Vicencio; de la ciudadana española y estudiante de ingeniería Michelle Peña Herreros, embarazada de siete meses; de la asistente social Modesta Carolina Wiff Sepúlveda; de Mireya Herminia Rodríguez Díaz; de las estudiantes de enfermería Rosa Elvira Solís Poveda y Sara de Lourdes Donoso Palacios; del estudiante de medicina Jaime Eugenio López Arellano; del constructor civil Adolfo Ariel Mancilla Ramírez; del ingeniero civil Alfredo Rojas Castañeda; del profesor Guillermo Hernán Herrera Manríquez; del egresado de Ciencias Políticas Octavio Julio Boettiger Vera. Figura procesado como participante en la detención y tortura de la dirigente socialista Fidelia Herrera y su cónyuge. En las causas de militantes comunistas, se le acusaba de ser el principal responsable de las desapariciones del empleado Juan Elías Cortes Alruiz; del obrero de la construcción Gabriel del Rosario Castillo Tapia; del médico Carlos Enrique Godoy Lagarrigue; del dirigente sindical Mario Jesús Juica Vega; de los hermanos Juan y Washington Maturana Pérez; del dirigente sindical Miguel Luis Morales Ramírez, y del empresario Daniel Palma Robledo, a quien además le fue robada su Renoleta por orden de Barriga. En este último caso, el autor material del robo, el agente Manuel Leyton Robles, “murió” de un ataque cardíaco en sospechosas circunstancias al interior de la Clínica London, centro clandestino de la DINA ubicado en Almirante Barroso 76, poco después de haber confesado ante la Justicia que “Don Jaime” le había ordenado cometer el delito.
De la cni a tribunales
Al disolverse oficialmente la DINA el 12 de Julio de 1977, Germán Barriga fue integrado a la CNI para continuar con sus tareas terroristas. Cerca ya del término de la dictadura fue nombrado Gobernador de la Provincia del Loa. En 1990, al disolverse la CNI, Barriga regresó al Ejército con el grado de coronel y se le entregó el mando del Regimiento de Infantería N° 15 de Calama. En 1991 fue destinado a la Dirección Nacional de Movilización, pasando a retiro poco después.
En mayo de 1993, ya como coronel en retiro, fue enviado como Jefe de Administración de CODELCO-Calama, puesto del cual fue finalmente removido a causa de las protestas sindicales.
Entre otros procesamiento, Barriga estaba encausado por el ministro Juan Guzmán en el caso conocido como Calle Conferencia como autor del delito de secuestro en 1976 de nueve militantes comunistas: el ex diputado Bernardo Araya y su esposa, María Olga Flores, y los integrantes de la dirección clandestina del PC Mario Zamorano, Jorge Muñoz (esposo de Gladys Marín), Elisa Escobar, Uldarico Donaire, Jaime Donato,
Lenín Díaz y Víctor Díaz (padre de la dirigenta de la AFDD, Viviana Díaz).
En diciembre del mismo año, la Brigada Purén volvió a golpear y esta vez sus agentes detuvieron a integrantes de una nueva dirección clandestina del PC, en lo que se conoce como el “caso de los trece”. En esta segunda oleada represiva cayó Waldo Pizarro, esposo de Sola Sierra y padre de la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro. El listado de desaparecidos de este caso incluye también a Santiago Araya Cabrera, detenido el 29 de noviembre de 1976; Armando Portilla, detenido el 9 de diciembre de 1976; Fernando Navarro Allende, detenido el 13 de diciembre de 1976; Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Lazo Santander, Juan Fernando Ortiz Letelier, Reinalda del Carmen Pereira Plaza –embarazada de cinco meses- y Héctor Véliz
Ramírez, todos ellos detenidos el 15 de diciembre de 1976 junto a Waldo Pizarro; Lizandro Cruz Díaz, Carlos Patricio Durán González, ambos detenidos el 18 de diciembre de 1976; y Edras de las Mercedes Pinto Arroyo, detenido el 20 de diciembre de 1976. Junto a Barriga, en el caso de Calle Conferencia fueron procesados los integrantes de la DINA Carlos López Tapia, Miguel Krassnoff Martchenko, Ricardo Lawrence Mires y el médico Osvaldo Pincetti, quienes serían prontamente condenados.
Los mismos se encuentran también procesados por el secuestro y ejecución de la profesora comunista Marta Ugarte, cuyo cuerpo apareció en la playa de Los Molles luego de haber sido atado a un riel y arrojado al mar desde un helicóptero Puma del Ejército.
Otros casos por los que estaba procesado son el de la detenida desaparecida Julia Retamal Sepúlveda, detenida el 13 de agosto de 1976 y vista con posterioridad en Villa Grimaldi, y la ejecución del médico Jorge Lamich Vidal y el trabajador Héctor García García, asesiimonios, fueron golpeados y se les aplicó corriente eléctrica. Posteriormente fueron ejecutados en presencia de la tropa. El último trabajo conocido de Germán Barriga fue su contratación, por parte de supermercados Líder, de propiedad de la familia Ibáñez, para que ejerciera como jefe y “profesor de ética” de los guardias de seguridad de Líder. Su despido se produjo luego de la denuncia realizada por la Comisión FUNA el 11 de diciembre pasado.
Con Barriga Muñoz se perdió gran parte de la información que podía haber dado indicios del destino de centenares de detenidos desaparecidos y los nombres reales de los responsables.

El ex agente de la DINA Cristián Álvarez Morales tiene miedo. Está detenido y procesado por el juez Víctor Montiglio. Es el culpable, o el benefactor, de que la dirigente comunista se convirtiera en el único testimonio de una vía de exterminio, cuando su cuerpo atrozmente ultrajado fue devuelto por el mar en 1976. El agente se dio cuenta de que uno de los sacos se movía. En Peldehue, todos estaban nerviosos y apurados. El ruido del helicóptero Puma, listo para elevarse, aportaba otra cuota de suspenso. El mismo agente sacó un cuchillo y abrió el saco. Marta Ugarte aún sobrevivía a la inyección. Entonces, el miembro de la DINA, con sangre fría, cortó uno de los alambres que ataban el trozo de riel al cuerpo de la dirigente comunista y la ahorcó. Luego, volvió a rehacer la amarra del saco como pudo, porque su jefe, Germán Barriga, gritaba apurando para que cargaran el último cuerpo a bordo de la nave. Mar adentro, en la costa de la V Región, el piloto hizo una seña y Cristián Álvarez Morales, el estrangulador, tiró unos ocho bultos al vacío. La falta de una de las amarras del riel permitió que en el fondo del mar éste se desprendiera, liberando su cadáver hacia la superficie. Por eso, Marta Ugarte salió desde el océano, transformándose en la única testigo de esa vía de aniquilamiento de casi mil prisioneros de la dictadura. Ahora, en la nueva fase de la investigación del proceso denominado Calle Conferencia, se conoció que ella también estuvo en manos de la Brigada Lautaro de la DINA, en el desconocido cuartel de calle Simón Bolívar 8630, en uno de los barrios de La Reina, en Santiago. Fue otra de las víctimas del batallón de exterminio, cuya historia recién comienza a develarse. Cristián Álvarez tuvo valor para matar, pero también lo tuvo después para enfrentarse cara a cara con los que fueron sus jefes, que le dieron las órdenes. No los confundió al identificarlos, como lo han hecho intencionadamente varios otros ex agentes con barbilla trémula. Pero tiene miedo, porque sostiene ante los jueces que “los brazos del Ejército son largos, por eso tengo mucho miedo”.  Cristián Álvarez fue su chapa en la DINA y luego en la CNI. Y aunque fue un criminal frío, si bien por encargo, preferimos proteger su identidad. Hoy se encuentra procesado y detenido por orden del juez Víctor Montiglio por el secuestro y homicidio del secretario general, en la clandestinidad, del Partido Comunista, Víctor Díaz. Pronto debe correr la misma suerte por lo ocurrido con Marta Ugarte. En las últimas semanas se supo que Álvarez fue uno de los integrantes del grupo de elite del exterminio comunista, gestado al interior o adjunto a la Brigada Lautaro, conocido como el Grupo Delfín, a cargo del entonces capitán de Ejército y agente DINA Germán Barriga. Finalmente, con los estremecedores nuevos antecedentes descubiertos en esta última investigación, acerca del destino final de un grupo de líderes comunistas clandestinos secuestrados en 1976, que ya tiene 51 procesados, la vida y muerte de la integrante del Comité Central del PC quedó definitivamente ligada a la suerte de las víctimas de la calle Conferencia 1587, y del conocido grupo de “Los 13”. Cuando “Don Jaime” (alias de Barriga en la DINA) llegó el 16 de enero de 2005 al santuario de Sor Teresa de los Andes para confesarse, nunca se sabrá si de verdad contó todos sus crímenes antes de suicidarse, al día siguiente, lanzándose desde un edificio del barrio de Las Condes en Santiago. Lo que sí se conoce hoy, con las nuevas revelaciones surgidas en el proceso Conferencia, es que Barriga fue todavía más brutal de lo que se suponía, y dirigió la matanza comunista desde el cuartel de Simón Bolívar al mando del Grupo Delfín. Todo pasó por sus manos, en comunicación directa con su jefe operativo en la DINA, Manuel Contreras. Torturó y mató de propia mano, según los últimos relatos de quienes fueron sus subordinados. “Don Jaime” nunca lo admitió ante juez alguno. Todo lo contrario, siempre quiso pasar como un inofensivo agente dedicado a cuestiones de análisis e inteligencia. Aquella mañana en que Cristián Álvarez estranguló a Marta Ugarte, en los terrenos del Ejército en Peldehue, previamente los prisioneros fueron inyectados para morir, o sólo para adormecerlos en el viaje final hacia alta mar. Hasta ahora continúan existiendo contradicciones en ese sentido. Dentro del cuartel de Simón Bolívar la norma fue inyectar cianuro para acelerar o asegurar la muerte, a cargo de la “enfermera” teniente de Ejército Gladys Calderón Carreño. Sin embargo, no hay explicación por qué la dirigenta comunista todavía estaba viva dentro del saco. Cuando el 12 de septiembre de 1976 su cuerpo varó en la playa La Ballena, entre Los Molles y Los Vilos, en la costa de la V Región, en su cuello tenía todavía el alambre con que el agente la estranguló. Prensa de la época que adhería a la dictadura creó la versión de un crimen pasional. El 18 de noviembre de 1976, Manuel Contreras respondía al juez Rafael Mera que Marta Ugarte “nunca ha sido detenida por personal DINA”. Por otra parte, el ministro de Interior, general César Benavides, había afirmado lo mismo quince días antes al magistrado. Salvo que éste fue más tajante, y le recordó al juez las instrucciones expresas que existían “para que los tribunales se abstengan, por razones de seguridad nacional, de requerir informes a la DINA sobre la situación de personas arrestadas o desaparecidas”.

La muerte del ex agente Héctor Vallejos Birtiola ocurrida antenoche, se convirtió en el tercer caso de un violador de derechos humanos que muere por enfermedad terminal cumpliendo sentencia. Estaba internado en Punta Peuco.
Antes que él, en 2007 murieron en circunstancias similares los ex represores Osvaldo Romo y Osvaldo Pincetti. Ese mismo año y mientras cumplía detención preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, tras ser procesado en el caso Conferencia, murió en un extraño suicidio el ex integrante de la Brigada Lautaro Carlos Marcos Muñoz.
Procesados pero gozando de libertad provisional con juicios en desarrollo, han muerto hasta la fecha por distintas causas sobre una decena de ex agentes.
En esta calidad falleció en 2005 el ex vicecomandante en jefe del Ejército encausado por los crímenes de Pisagua, general (R) Carlos Forestier Hänsgen.
Igualmente procesado y en libertad provisional murió en enero de 2005 lanzándose desde un edificio el ex jefe de la brigada Purén y el grupo Delfín, coronel (R) Germán Barriga.
Vallejos, que sufría un cáncer, había pedido el indulto presidencial el 2 de marzo de 2010, pero la entonces Presidenta Bachelet lo negó. No obstante, Vallejos había recibido en 2009 un importante beneficio de parte de la Sala Penal de la Corte Suprema que, aplicando la “doctrina Dolmetsch”, medida compensatoria llamada así por su autor y miembro de esa sala, Hugo Dolmetsch, le rebajó su condena de diez años y un día, a 5 años y un día. Esa vez, Vallejos y los otros dos condenados, el brigadier (R) Fernando Polanco y el suboficial (R) Luis Fernández, a quienes se les hizo la misma rebaja, estuvieron a punto de ser absueltos cuando dos de los cinco integrantes de esa sala penal, Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura, partidarios de la amnistía y la prescripción en crímenes de lesa humanidad, votaron por la absolución. Vallejos cumplía condena como coautor del crimen en 1973, en la frontera con argentina, en La Serena, del matrimonio argentino-mexicano integrado por Bernardo Ledjerman y María Avalos. Según lo dice el proceso, el hijo de ambos de dos años, Ernesto, fue entregado en custodia a las monjas de la Providencia, en La Serena, por el entonces teniente Juan Emilio Cheyre, argumentando que sus padres “se suicidaron”.
MINISTRO
Ayer el ministro de Justicia Felipe Bulnes, dijo que indultar a violadores de derechos humanos “es un tema complejo”, porque “se combina la natural misericordia con nuestro compromiso de hacer cumplir la ley”. La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, expresó que “la vida y la muerte son parte de nuestra existencia y ello no implica que violadores de derechos humanos queden libres por sufrir enfermedad”.
La AFDD se opone a que la Iglesia pida al gobierno el indulto

En el interrogatorio del juez Juan Guzmán, Pinochet culpó a sus subordinados de las violaciones a los derechos humanos, gesto que tuvo como respuesta la reacción de Manuel Contreras Sepúlveda -"nos dejó solos"- y la ruptura mayor del pacto de silencio que existía al interior de los organismos de seguridad y los uniformados que participaron en los crímenes. Este es un relato de esa nueva ventana abierta a la verdad.Manteniendo su identidad en anonimato, por las obvias repercusiones que puede tener su testimonio, un ex uniformado relató las labores que cumplieron, por órdenes directas de Pinochet, para hacer desaparecer los cuerpos de prisioneros políticos que se encontraban enterrados clandestinamente en terrenos de las Fuerzas Armadas. En esta ocasión le llamaremos "Claudio Carvajal".

En los casos, que por estos días adquirieron actualidad cuando el juez Guzmán encontró rieles utilizados en el delito, han sido procesados diversos miembros del Ejército, como los suboficiales en retiro Juan de Dios Alberto González Dubó, René Meier Chávez, Sergio Castro Cano, Marco Cáceres Rivera y Rigoberto Saavedra Navarro, a quienes se les acusó de obstrucción a la justicia por negarse a aportar antecedentes sobre estos verdaderos "vuelos de la muerte". En este caso, que investiga los secuestros de Calle Conferencia y el asesinato de la dirigente comunista Marta Ugarte, también están procesados Manuel Contreras Sepúlveda, el ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA Carlos López Tapia, los pilotos Emilio de la Mahotiere, Antonio Palomo, Oscar Vicuña y Luis Felipe Polanco, y el ex jefe del Comando de Aviación del Ejército Carlos Mardones Díaz.

El caso de Marta Ugarte y las órdenes de Germán Barriga
Según el Informe Rettig, Marta Ugarte, integrante del comité central del PC, fue detenida en la vía pública el 9 de agosto de 1976 y llevada al centro de represión de Villa Grimaldi, en Santiago, donde murió a consecuencias de las torturas cuando tenía 42 años. Su cuerpo fue lanzado al mar, pero las precauciones que sus captores tomaron para hacerla desaparecer fueron débiles y su cadáver fue encontrado semidesnudo y dentro de un saco amarrado a su cuello con un alambre, en la playa de La Ballena, sector los Molles en La Ligua, el 9 de septiembre de ese mismo año.

La autopsia determinó que Marta Ugarte, secretaria de Mireya Baltra cuando ésta fue parlamentaria, sufrió en vida una luxo fractura de columna, traumatismo toráxico abdominal con fracturas costales múltiples, ruptura y estallido del hígado y del bazo, luxación de ambos hombros y cadera y una fractura doble en el antebrazo derecho.
Un ex agente que entrega su versión de los hechos afirma que laboró en la Brigada Tucán a cargo de coronel de Carabineros Germán Barriga Muñoz y que en 1976 le correspondió amarrar con alambres a un trozo de riel de tren a Marta Ugarte Román, para luego subirla a un helicóptero Puma del Ejército. El aparato -con piloto, copiloto y un agente- se dirigió hacia la costa para lanzar su "equipaje" al mar.
Barriga Muñoz, procesado en múltiples casos de secuestrados, usaba el alias de "Don Jaime" y siguió siendo parte de la CNI luego de la disolución de la DINA. Aparece implicado en las desapariciones de Alfredo Rojas Castañeda, Carlos Lorca, Ricardo Lagos, Exequiel Ponce, Carolina Wiff, Mireya Rodríguez Díaz, Rosa Solís Poveda y Michelle Peña Herrera, embarazada de varios meses.

"Operación Puerto Montt"
Con el código "Puerto Montt", la DINA designaba a los ejecutados que serían lanzados al mar, y que entre 1974 y 1978 pudieron ser unos 500 prisioneros, lo que lleva a afirmar con mucha seguridad a Manuel Contreras que "los desaparecidos no existen, están muertos".
Luego de tomada la decisión por Contreras, Espinoza, Moren Brito, Ferrer Lima y Miguel Krassnoff, la operación era realizada con el apoyo de pilotos y mecánicos del Comando de Aviación del Ejército, quienes ponían a disposición sus conocimientos en el manejo de los helicópteros Puma, como el que fuera utilizado en la denominada Caravana de la Muerte. De hecho, tres de estos pilotos participaron en ambas acciones: Antonio Palomo, Emilio de la Mahotiere y Luis Polanco.
"Claudio Carvajal" cuenta que "desde los sacos paperos sobresalían las pantorrillas y los pies. A las mujeres se les veían los zapatos con tacones altos o bajos. A veces se les asomaba el ruedo de la falda. A los hombres se les veían los zapatos y el extremo de los pantalones. Cada saco contenía un cuerpo amarrado con alambre a un trozo de riel. Algunos cuerpos todavía mostraban sangre fresca. Otros expelían el olor de la primera descomposición. Otros sacos estaban impregnados de aceite humano, señal de que los cadáveres habían permanecido algún tiempo enterrados. Algunos de los bultos no tenían la forma de un cuerpo, eran de un tamaño más reducido, sólo parte de los restos".
Se habla de unos 40 viajes que comenzaban en Tobalaba, donde funcionaba el Comando de Aviación del Ejército, pasaban por los sitios de entierros clandestinos en Peldehue y culminaban en las costas de la Quinta Región. Antes de cada vuelo los mecánicos recibían la orden de sacar los asientos del helicóptero Puma y el estanque de combustible adicional. La autonomía de vuelo sin el segundo estanque es de dos horas y media. Cada viaje era ordenado por el jefe del CAE al jefe de la Compañía Aeromóvil de ese comando de helicópteros. Todos los vuelos quedaban registrados y la tripulación estaba conformada por un piloto, un copiloto y un mecánico. En Peldehue eran esperados por dos o tres camionetas blancas Chevrolet C-10, operadas por un par de agentes de la DINA que ya tenían los cuerpos ensacados para ser subidos al vehículo aéreo.
"Claudio Carvajal" sigue su relato con dificultad, señalando que "nos dirigíamos hacia la costa de San Antonio o Quintero, a veces nos internábamos mar adentro, aunque la mayoría de las veces arrojábamos los cuerpos en zonas rocosas a poca distancia de la costa. El lanzamiento se efectuaba a través de la escotilla ubicada en el medio del helicóptero, donde se encuentra el gancho de carga que baja por dentro a la altura del rotor principal. Aunque también se hacía desde una escotilla de popa. El lanzamiento lo efectuaban los agentes civiles, que eran los responsables de llevar los cuerpos a Peldehue, ponerlos en el helicóptero y supervisar que los bultos llegaran al fondo del mar. Los rieles recién cortados brillaban en la oscuridad.
Cumplida cada misión, retornábamos a Peldehue donde los agentes abordaban las camionetas C-10 y se iban. Partíamos luego a Tobalaba, desocupábamos el helicóptero y se procedía a su limpieza, pues la mayoría de las veces quedaba con sangre impregnada y con un penetrante olor a carne descompuesta. Se manguereaba el piso y el interior, y se dejaba ventilar. Sólo cuando el olor y la sangre desaparecían, los mecánicos volvían a instalar los asientos y el estanque de combustible adicional, a no ser que al día siguiente la máquina tuviese que cumplir una tarea similar".
Una segunda fase de esta fórmula de desaparecimiento, arrojando sus cuerpos al mar, se inició después de 1978 y duró al menos hasta 1981 ó 1982, luego de que todas las unidades del país recibieron la orden de "retirar los televisores". Los jefes del Comando de Aviación del Ejército eran el coronel Hernán Podestá Gómez, entre enero y diciembre de 1978; coronel Fernando Darrigrandi Márquez, entre enero de 1979 y julio de 1981; y el coronel Raúl Dinator Moreno, entre agosto de 1981 y febrero de 1982.
La "Operación Puerto Montt", si bien en un primer momento sirvió a la DINA para hacer desaparecer de manera rápida a sus prisioneros muertos, fue usada después para terminar con cualquier vestigio de cuerpos que estuviesen en terrenos militares. Por estos días, cuando el Consejo de Defensa del Estado se pronuncia por el fin del procesamiento por "secuestro permanente" y por la aplicación de la Ley de Amnistía, nada dice sobre este nuevo delito de exhumación ilegal, que agrava el anterior y que está fuera del tiempo cubierto por la amnistía dictada por Pinochet.
Días antes de someter a exámenes sicológicos a Pinochet, el juez Juan Guzmán Tapia se dirigió a la costa de Quintero para buscar los rieles que habían sido usados para fondear a los prisioneros. En la ocasión dijo: "Vinimos a buscar rieles y encontramos rieles". Luego de tanto conocer las atrocidades de la dictadura, de saber cómo funcionaba la DINA bajo el mando operativo de Manuel Contreras y las órdenes del ex dictador, en este caso para hacer desaparecer definitivamente a los detenidos desaparecido, es de esperar que este viernes 8 de octubre, luego de conocidos los informes de los peritos, procese definitivamente a Augusto Pinochet, el mismo que dio la orden de "retirar televisores" en todo Chile.

Incineraciones, la otra forma 
Diversos testimonios hablan de la otra forma en que se hizo desaparecer los cuerpos de los prisioneros enterrados ilegalmente, vinculada directamente a la orden encriptada en máxima seguridad que envió Pinochet a todas las unidades militares del país, conocida como "Operación Retiro de Televisores".
Entre otros, el suboficial mayor Mario Contreras Brito, manifiesta en su declaración que "en una fecha indeterminada de 1978 se presentó en el regimiento (Infantería de Montaña Reforzada N°17) un equipo conformado por unos cuatro funcionarios, provenientes de la Sección II (Inteligencia) de la III División de Ejército de Concepción, al mando del suboficial Eduardo Paredes Bustamante, sosteniendo una reunión con el Comandante de la Unidad, coronel Jaime García Zamorano. Posteriormente, el jefe de la Sección II, el entonces teniente Julio Reyes Garrido, reunió al personal de la sección y nos informó que tendríamos que salir a cumplir una misión en conjunto con el personal de Concepción, sin darnos mayores detalles.
El teniente Reyes dispuso que me quedara de servicio en la oficina, junto a otro colega cuya identidad no recuerdo, ordenándome, además, conseguir dos bidones de combustible para tener a su disposición a su regreso, de acuerdo a lo solicitado por el suboficial Paredes. En estas circunstancias, me enteré que salieron del regimiento dos camionetas civiles, a cargo de los funcionarios de Concepción. La misión era desenterrar los cuerpos de personas que habían sido inhumadas en la zona de Mulchén. Regresaron al regimiento con cuatro sacos plásticos conteniendo restos óseos que, por instrucciones del suboficial Paredes, fue quemado en un incinerador fabricado de ladrillo con forma de chimenea que existía en el regimiento. Una vez finalizada esta tarea, el personal de Concepción abandonó el regimiento.
La Sección de Inteligencia del regimiento estaba conformada, además, por el teniente Julio Reyes, los sargentos José Puga Pascua, José Iturriaga Valenzuela y Luis Palacios Torres, los cabos Jaime Müller Avilés, Julio Fuentes Chavarriga y Juan Cares Molina".

"Me correspondió cumplir esta misión"
Por su parte, el suboficial Luis Palacios Torres declara que "me correspondió abordar una camioneta marca Chevrolet, modelo C-10, con sport wagon completo. El otro vehículo también era civil, ya que no se ocuparon vehículos militares. Salimos rumbo al sur por la Ruta 5, pasado Mulchén nos detuvimos unos momentos y continuamos el viaje en dirección al oriente. Tras recorrer media hora de camino, llegamos a un sector para mí desconocido, ya que no soy oriundo de la zona, en donde se detuvieron los vehículos. En este lugar, recibimos la orden de descender y bajar unas herramientas que se encontraban en el vehículo en que viajaban los funcionarios de Concepción. Según recuerdo el suboficial Eduardo Paredes nos condujo a las cercanías indicándonos un lugar en donde recibimos la orden de comenzar a excavar.
Luego de aproximadamente una hora de excavación, fueron encontradas osamentas que se guardaron en unos cuatro sacos plásticos del tipo "papero", que ayudamos a subir a una de las camionetas. Ya en el regimiento, bajamos los sacos y los dejamos en la parte posterior de las dependencias que utilizaba la Sección II. Al cabo de un rato, no recuerdo si por orden directa del teniente Reyes o por comunicación de otro funcionario que transmitió sus instrucciones, se procedió a incinerar los sacos.
La Sección II tenía un incinerador, fabricado de ladrillo con forma de chimenea, donde se procedió a vaciar el contenido de los sacos poco a poco. Me correspondió cumplir esta misión, pero no recuerdo qué funcionarios colaboraron. Entre el material que pude observar al momento de su incineración recuerdo que había restos de osamentas, cráneos y botas de goma del tipo utilizado en labores agrícolas. En mi opinión, cada uno de los sacos contenía más de un cuerpo, sin poder precisar su número exacto".

Ferrer amenazó a mujer, Fornazzari premiado en Canadá
El contraste de los peritos
A fines de 1973, mientras su esposo estaba detenido en el Estadio Nacional, la periodista Marcela del Río se atendía con el doctor Sergio Ferrer Ducaud, en la Clínica INDISA, para tratar una persistente migraña. La relación profesional había comenzado a principios de 1973, cuando el médico le fue recomendado por su hermana, pero luego del golpe militar el trató cambió bruscamente al relatar la paciente que su marido, el militante socialista Gabriel Coll, estaba siendo sometido a torturas en el campo de concentración del Estadio Nacional.
"Le empecé a contar que mi marido estaba siendo torturado en el Estadio Nacional y su rostro comenzó a cambiar. Pensé que era una reacción ante lo inesperado del relato, y continué. Le dije que hacía pocos días había podido ver sus brazos lastimados y su lengua blanca, por los efectos de la electricidad que le aplicaban. Pero tuve que detenerme porque él se paró indignado y comenzó a vociferar. Me dijo que no quería escuchar mis inventos y calumnias, que él era médico del Hospital Militar y su hermano jefe de un servicio de inteligencia militar" (N. de la R. se refiere a Patricio Ferrer, jefe del SIM en Antofagasta y acusador de Eugenio Ruiz-Tagle y otros prisioneros que luego serían asesinados por la Caravana de la Muerte).
"Ferrer me gritaba que él había tenido que estar cerca de 6 a 8 meses en Ecuador porque la Unidad Popular lo perseguía y agregó que mucho se había hecho con dejar gente viva. Lo peor vino cuando se volvió a sentar y abrió el cajón de su escritorio con gesto amenazante. Pensé que sacaría algún arma. Pero no fue así. Sólo me intimido diciéndome: ‘¿Sabe qué es lo que hacían los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial con los calumniadores como usted? Los mataban…’. Nunca más regresé. Lo único que recuerdo es que crucé por el puente que está cerca de la clínica, con pánico, esperando que alguien me fuera a hacer algo. Me tomé un valium y llamé a mi hermano para que me fuera a buscar. No podía más.
Ferrer faltó a la ética profesional al tratarme de esa forma. Si es capaz de transgredir su juramento como médico, no tiene credibilidad como perito con Pinochet. Está totalmente comprometido con la dictadura".

La otra cara
Por otra parte, quien fuera perito de los querellantes cuando se realizaron los exámenes sicológicos a Pinochet por el proceso Caravana de la Muerte, el doctor Luis Fornazzari, fue premiado en Canadá el 25 de septiembre.
Fornazzari, director de la Clínica Multicultural y Multilingüe de la Memoria de Toronto, fue distinguido con el Premio Somos Latin Americans Achievement Awards por "sus logros en una trayectoria profesional, por su trabajo en la creación de las Unidades de Neuropsiquiatría en el Instituto Psychiatrico Clarke, en el Centre for Addiction and Mental Health y particularmente por la fundación de la Clínica Multicultural y Multilingüe de la Memoria. Esta clínica puede evaluar pacientes con enfermedad de Alzheimer y otras demencias (vasculares, degenerativas, traumáticas toxicas y otras) en nueve idiomas diferentes, con tests sensibles a la cultura y educación de los pacientes. Esta clínica es única en Toronto y en Canadá, y sus investigaciones están arrojando resultados muy valiosos en el tratamiento y en la causa de estas afecciones, sobre todo en la manera que el cerebro de estos pacientes compensa los déficits producidos por la enfermedad".
El Premio Somos fue establecido para estimular y promover el desarrollo de la comunidad latinoamericana en Canadá, reconocer y premiar sus sobresalientes logros y contribuciones.