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Osvaldo Arriagada Pazmiño

General de Carabineros de Chile

RUT: 2.710.452-5
Domicilio: Palenque 1156, Las Condes, Santiago

 

Osvaldo Arriagada Pazmiño, oficial de Carabineros condenado a 3 años de prisión por su responsabilidad como encubridor de homicidio de Juan Matulic Infante, ocurrido el 16 de octubre de 1973 en Antofagasta.

Juan Matulic Infante fue detenido por segunda vez sin mediar orden de tribunal alguno, el día 14 de octubre de 1973,  Dos días después, su cadáver fue encontrado con nueve balazos en el cráneo y la parte superior del tórax.

 

Fuentes de Informacion: www.poderjudicial.cl; EFE; El Mercurio; El Mostrador Archivo Memoriaviva


Poder Judicial

16-12-2008

La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la sentencia por el homicidio calificado de Juan Matulic Infante, ocurrido el 16 de octubre de 1973 en esa ciudad.

En fallo unánime (causa rol 35-2008), los ministros Enrique Álvarez, Marta Carrasco y el abogado integrante Bernardo Julio, ratificaron la sentencia de la ministra en visita Rosa María Pinto, quien -el 29 de noviembre de 2007- había determinado las siguientes condenas:

- Rómulo Enrique Galleguillos Pangue: 6 años de presidio efectivo por su responsabilidad como autor de homicidio.
-
Osvaldo Arriagada Pazmiño: 3 años de presidio efectivo por su responsabilidad como encubridor de homicidio.


EFE

30 de Noviembre de 2007

Condenaron a dos ex carabineros por matar a un joven 1973

Dos carabineros chilenos retirados fueron condenados hoy a penas de prisión por el asesinato, en 1973, de un joven militante socialista en la norteña ciudad de Calama, informaron fuentes judiciales

En un fallo de primera instancia, la jueza Rosa María Pinto, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, sentenció a seis años de prisión al ex policía Rómulo Galleguillos Pangue como autor del homicidio calificado de Juan Matulic Infante, cometido el 16 de octubre de 1973.
Asimismo, condenó a tres años de presidio al ex oficial Osvaldo Arriagada Pazmiño, como encubridor del delito.
En su fallo, la jueza no otorgó beneficios carcelarios a los ex uniformados, señalando que deben cumplir la pena en prisión.
Juan Matulic, de 19 años, fue detenido en Calama, a 1.564 kilómetros al norte de Santiago, a comienzos de octubre de 1973, "sin mediar orden de tribunal alguno", según el expediente y después de algunos días, en los que fue torturado, se le puso en libertad.
Sin embargo, el 14 de octubre fue detenido nuevamente, bajo la acusación de haber intentado secuestrar a los hijos de un funcionario policial.
Dos días después, su cadáver fue encontrado con nueve balazos en el cráneo y la parte superior del tórax.
La jueza Pinto descartó aplicar a este caso la amnistía o la prescripción, por estimar que, al tratarse de un delito de lesa humanidad, se estarían infringiendo los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Chile.
Recordó además sentencias de la Corte Suprema en las que se ratifica la vigencia de dichos instrumentos, a través de los cuales Chile "se obligó a garantizar la seguridad de las personas, en especial si fueren detenidas, quedándole prohibidas las medidas tendentes a amparar los agravios cometidos contra ellas o lograr la impunidad de sus autores".


Soitu.es

30 de noviembre 2007

Condenan a ex policías chilenos por el asesinato de militante socialista

Santiago de Chile.-  Dos carabineros chilenos retirados fueron condenados hoy a penas de prisión por el asesinato, en 1973, de un joven militante socialista en la norteña ciudad de Calama, informaron fuentes judiciales.

En un fallo de primera instancia, la jueza Rosa María Pinto, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, sentenció a seis años de prisión al ex policía Rómulo Galleguillos Pangue como autor del homicidio calificado de Juan Matulic Infante, cometido el 16 de octubre de 1973.

Asimismo, condenó a tres años de presidio al ex oficial Osvaldo Arriagada Pazmiño, como encubridor del delito.

En su fallo, la jueza no otorgó beneficios carcelarios a los ex uniformados, señalando que deben cumplir la pena en prisión.

Juan Matulic, de 19 años, fue detenido en Calama, a 1.564 kilómetros al norte de Santiago, a comienzos de octubre de 1973, "sin mediar orden de tribunal alguno", según el expediente y después de algunos días, en los que fue torturado, se le puso en libertad.

Sin embargo, el 14 de octubre fue detenido nuevamente, bajo la acusación de haber intentado secuestrar a los hijos de un funcionario policial.

Dos días después, su cadáver fue encontrado con nueve balazos en el cráneo y la parte superior del tórax.

La jueza Pinto descartó aplicar a este caso la amnistía o la prescripción, por estimar que, al tratarse de un delito de lesa humanidad, se estarían infringiendo los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Chile.


El Mercurio

16 de octubre de 2004

Un duelo que cumple 31 años: Jugar con la Vida y destruirla es atropellar los derechos al propio Dios.

¿Podremos sentirnos felices algún día conscientes que hay personas que siguen buscando la justicia que otorga la sociedad humana?. Parece imposible, pero la oración profunda y un cambio de mentalidad, con generaciones educadas correctamente, puede lograrse que lo ocurrido hace 31 años no tenga repetición.

Infortunadamente, según lo que la realidad nos muestra, ya estamos acostumbrándonos a sembrar enemistades, odios, envidias y soberbia, nos alegra imponer el ego y esa es la única satisfacción en la vida de cada uno. Oponemos la mayor gravedad a cuestiones nimias y somos capaces de reírnos de lo más serio, posamos de lo que no somos y bajo la apariencia de la seriedad somos capaces de burlarnos de la comunidad, a veces con el ánimo de sumar méritos que no son tales.

Encendidos discursos resaltan el espíritu de servicio público, pero nos esforzamos en evitar que sea gratuito. Eso justifica el gran anhelo de servir porque se traduce en ganancias de variada índole. Al final siempre pagan los últimos de la fila, los que aprendieron a ganar el pan. La idea de servicio público apunta a la masa, pero no a las personas. Guerreamos. Eliminamos y descubrimos que entre los hermanos abundan los enemigos.

Algo nos convence que podemos jugar con la vida, olvidando que es propiedad de Dios. Defendemos a ultranza los derechos y le quitamos el derecho a recuperar sus dones al propio Creador, cuando quitamos la existencia a otros, aunque estamos convencidos que nada justifica matar.

De nuevo recordamos el 1973. Habrá alguien que haya encontrado calificativo adecuado para sintetizar lo ocurrido. A partir de allí ¿podremos hablar de valores?. Situaciones así llegan cuando no ejercemos la rica capacidad del ser humano para aceptar a sus semejantes con todas sus virtudes y defectos. El ego impide el ejercicio de la caridad y del amor al prójimo y, es y será el obstáculo para hacer realidad el "nunca más" que resuena junto al enlutado recuerdo de los días tristes y horrendos de la Historia de Chile.

El Loa

Los primeros calameños caídos los días 5 y 6 de octubre de ese año 1973, trajeron aromas de gran tristeza. Más triste aún es comprobar la obligación de convencerse que hubo otros que también significaban tanto para la comunidad la Tierra de Sol y Cobre.

Sus nombres están por todas partes e inclusive en las fojas de causas judiciales, como en aquella llevada por el Ministro de Fuero, Juan Guzmán Tapia, la que tiene el rol 2.182-98 "A", en un tribunal de la capital de Chile.

En los expedientes del caso, el ministro de fuero, afirma que se encuentra plenamente justificado que el día 19 de octubre de 1973, aterrizó al interior del Regimiento de Infantería N 15, con asiento en la ciudad de Calama, en un helicóptero "Puma" del Ejército de Chile, el que llevaba a esa localidad a un grupo de personas, comandado por el delegado del, a la sazón, Comandante en Jefe del Ejército Augusto Pinochet Ugarte, el entonces general de Ejército Sergio Arellano Stark, quien ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Calama a Mario Argüéllez Toro; José Rolando Jorge Hoyos Salazar; Milton Alfredo Muñoz Muñoz; Carlos Alfonso Piñero Lucero; Fernando Roberto Ramírez Sánchez; José Gregorio Saavedra González; Hernán Elizardo Moreno Villarroel; Roberto Segundo Rojas Alcayaga; Alejandro Rodríguez Rodríguez; Luis Alberto Hernández Neira; Carlos Alfredo Escobedo Cariz; Luis Alberto Gahona Ochoa; Jerónimo Carpanchay Choque; Carlos Berger Guralnik; Daniel Jacinto Garrido Muñoz; Luis Alfonso Moreno Villarroel; Rafael Enrique Pineda Ibacache; Sergio Moisés Ramírez Espinoza; Domingo Mamani López; David Ernesto Miranda Luna; Rosario Muñoz Castillo; Jorge Rubén Yueng Rojas; Manuel Segundo Hidalgo Rivas; Bernardino Cayo Cayo; Víctor Alfredo Ortega Cuevas y Haroldo Ruperto Cabrera Abarzúa.

Ellos estaban privados de libertad, a disposición de la autoridad jurisdiccional militar, para ser conducidos los primeros trece a las afueras de la ciudad de Calama, en el sector denominado Topáter, lugar donde fueron fusilados; hechos éstos que configuran los delitos de secuestro y homicidio calificado, previstos y sancionados en los artículos 141 inciso 1 y 391 número uno, respectivamente, del Código Penal, perpetrados con respecto de las personas mencionadas.

El expediente agrega que con respecto a los otros trece (los últimos nombrados), estos habrían sido conducidos al mismo lugar, posiblemente, pero hasta la fecha se ignora su paradero, hechos éstos que permiten dar por configurado el delito de secuestro calificado contemplado en el artículo 141 inciso 1 del Código Penal, cometido en perjuicio de ellos.

Testimonios

Testimonios de lo ocurrido se incluyen en los propios expedientes. Tres querellas, informes médico legal, los certificados de defunción de Mario Argüéllez Toro; Jerónimo Carpanchay Choque; Fernando Roberto Ramírez Sánchez; Rolando Hoyos Salazar; Roberto Segundo Rojas Alcayaga; José Gregorio Saavedra González, Carlos Alfredo Escobedo; Luis Alberto Gahona Ochoa; Hernán Elizardo Moreno Villarroel; Milton Alfredo Muñoz Muñoz.

Prueban además, lo ocurrido, el oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores; acta de constitución del tribunal en la ciudad de Calama; informes de pesquisas de la Policía de Investigaciones; informe pericial planimétrico; informe pericial fotográfico; declaraciones de Violeta del Rosario Berríos Aguila, Victoria Eugenia Saavedra González, Nora Patricia Hernández Mellado, David Valeriano Miranda Michea, Grimilda Hortensia Sánchez Gómez, Graciela Nancy Pérez Saavedra, Brunilda del Tránsito Rodríguez, Carmen Adelaida Hertz Cádiz, Luis Alfonso Moreno Durán, María Cristina Rita Cabrera Abarzúa, Luis Eduardo Cabrera Abarzúa, Amelia Valerie Pineda Ibacache, Eloísa Armella Muñoz, Soledad del Carmen Mamani, Alicia América Mamani Burgos, Isabel Margarita Reveco Bastías, Luisa Mercedes Valderrama Castillo, Patricia Carmen Verdugo Aguirre, Claudio Mesina Schultz, Luis Concha Cid, Patricio Francisco Andrés Lapostol Amo, Luis Antonio Ravest San Martín, Oscar Figueroa Márquez, Víctor Ramón Santander Véliz, Osvaldo Arriagada Pazmiño, Fernando Dionisio Reveco Valenzuela, Rodrigo Hernán Asenjo Zegers, Eugenio Rivera Desgroux, Hernán Rómulo Núñez Manríquez y Juan Miguel Fuentealba Poblete.

Nombres, nombres y más nombres, a distintos lados de la trinchera. Apelativos que saben a sepulcro y a l grimas. ¿Podrá alguien responder para que sirvieron esas muertes?.


El Mostrador

30 DE NOVIEMBRE DE 2007

Calama: Condenan a ex policías por homicidio de militante socialista

Rómulo Enrique Gallegos Pangue y Osvaldo Arriagada Pazmiño fueron sentenciados a seis y cuatro años de prisión por el crimen de Juan Matulic, perpetrado en 1973.

La ministra en visita Rosa María Pinto condenó este viernes a dos ex funcionarios de Carabineros por su participación en el homicidio calificado del militante socialista Juan Matulic Infante, perpetrado el 16 de octubre de 1973 en la ciudad de Calama.

La magistrada sentenció al funcionario retirado Rómulo Enrique Gallegos Pangue como autor del crimen a seis años de prisión sin beneficios y al oficial retirado Osvaldo Arriagada Pazmiño, como encubridor, a tres años de presidio bajo el régimen de remisión condicional.

En su dictamen, la magistrado establece que Matulic Infante fue detenido "sin mediar orden de tribunal alguno" durante los primeros días de octubre por efectivos de la Comisión Civil de Carabineros, así como del Servicio de Inteligencia (Sicar) de la institución. Tras ser torturado, fue dejado en libertad.

Sin embargo, el 14 de octubre los mismos efectivos volvieron a detenerlo y lo trasladaron al Retén Dupont, en la salida sur de la ciudad, donde se le inculpó de intentar secuestrar a los hijos de un funcionario policial.

Dos días después, su cuerpo fue encontrado sin vida con nueve impactos bala en su cabeza y la parte superior del cuerpo. El cadáver fue llevado por Carabineros (no identificados) hasta el Hospital de Calama, donde se le practicó una autopsia irregular.

En su dictamen, la jueza rechazó aplicar la ley de Amnistía o la prescripción, por estimar que, al tratarse de un delito de lesa humanidad, se estarían infringiendo los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Chile, como el Convenio de Ginebra.

Asimismo, recuerda sentencias de la Corte Suprema donde se ratifica la vigencia de dichos instrumentos, a través de los cuales Chile “se obligó a garantizar la seguridad de las personas, en especial si fueren detenidas, quedándole prohibidas las medidas tendientes a amparar los agravios cometidos contra ellas o lograr la impunidad de sus autores".

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