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Luis Alberto Arata Campodonico

Suboficial de Ejercito

 

Luis Alberto Arata Campodonico formó   parte del grupo de 4 militares que el 30 de octubre de 1973 dieron muerte a 3 prisioneros políticos, Ramón González (empleado fiscal), Carlos Baigorri (profesor) y Hernán Cárcamo (obrero de pesca). Los detenidos fueron sacados del Regimiento Nº 11 Caupolicán donde estaban detenidos y fueron llevados hasta un lejano punto de Tierra del Fuego, fusilándolos por orden del comandante del regimiento Augusto Reijer Rago. Los tres cuerpos fueron enterrados en el mismo lugar.

 

Fuente de Información: Informe Rettig; La Nacion; radio Magallanes; Archivo Memoriaviva


La Nación

9 de Agosto 2006

Derechos Humanos: procesan a fusileros de Porvenir

Puede que sean las víctimas más australes de la dictadura de Augusto Pinochet: tres hombres fusilados en las heladas pampas de Porvenir, XII Región, por efectivos del Regimiento Nº 11 Caupolicán. El ministro de fuero Joaquín Billard sometió a proceso y encarceló ayer, por homicidio calificado, a los tres suboficiales que abrieron fuego sobre Ramón González (empleado fiscal), Carlos Baigorri (profesor) y Hernán Cárcamo (obrero de pesca), la madrugada de un olvidado 30 de octubre de 1973. La Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos constató que los tres prisioneros fueron sacados desde la unidad militar, siendo los únicos detenidos del recinto que no eran de la zona.

Se acreditó que los suboficiales Miguel Muñoz, Luis Arata y Juan Ortiz los condujeron hasta un lejano punto de Tierra del Fuego, fusilándolos por orden del comandante del regimiento, Augusto Reijer Rago (fallecido). Los tres cuerpos fueron enterrados en el mismo lugar, acreditándose su muerte por un médico de la misma unidad militar que constató que sus muertes ocurrieron por las heridas provocadas por balas. Reijer Rago era amigo de Sergio Arellano Stark, jefe de la temida Caravana de la Muerte. Según testimonios, los fusilamientos se produjeron después de una llamada de Arellano en la que le consulta a Reijer “cuántos muertos tenían”.


Radiomagallanes.cl

11 de Agosto de 20006 

El Asistente Judicial magallánico, Iván González Toro, hijo de Ramón Domingo González Ortega, uno de los tres detenidos políticos asesinados en Porvenir el 30 de octubre de 1973, se refiere a la detención en Santiago de los asesinos de su padre. Iván González Toro nos dice: 

De acuerdo a lo establecido en la causa caratulada con el rol 15.257-2005 “Caso Porvenir” que se encuentra bajo la sustanciación del ministro de fuero don Joaquín Billard, en la ciudad de Santiago, este ha ordenado, sobre la base de lo dispuesto en los artículos 274 y 276 del código de procedimiento penal, someter a proceso y a prisión preventiva a Juan Antonio Ortiz Toledo, Miguel Pablo Muñoz Uribe y Luis Alberto Arata Campodónico, como autores del delito de homicidio calificado ... 

El Asistente Judicial magallánico, Iván González Toro, hijo de Ramón Domingo González Ortega, uno de los tres detenidos políticos asesinados en Porvenir el 30 de octubre de 1973, se refiere a la detención en Santiago de los asesinos de su padre. 
Iván González Toro nos dice: 

Cárcel y procesamiento a asesinos de Porvenir.
De acuerdo a lo establecido en la causa caratulada con el rol 15.257-2005 “Caso Porvenir” que se encuentra bajo la sustanciación del ministro de fuero don Joaquín Billard, en la ciudad de Santiago, este ha ordenado, sobre la base de lo dispuesto en los artículos 274 y 276 del código de procedimiento penal, someter a proceso y a prisión preventiva a Juan Antonio Ortiz Toledo, Miguel Pablo Muñoz Uribe y Luis Alberto Arata Campodónico, como autores del delito de homicidio calificado cometidos en contra de Ramón Domingo González Ortega, Germán Simón Cárcamo Carrasco y Carlos Raúl Baigorri Hernández, ya que se desprenden presunciones fundadas para estimar que a Ortiz, Arata y Muñoz les correspondió participación como autores en la comisión del delito de homicidio calificado. 

Según lo señala la orden de detención emanada del ministro de fuero sobre los hechos acaecidos en la madrugada del 30 de octubre de 1973: 
“Ramón González, Germán Cárcamo y Carlos Baigorri, mientras se encontraban prisioneros dentro de un container ubicado al interior del regimiento de infantería Nº11 “Caupolicán” de Porvenir, fueron sacados de su encierro por cuatro soldados de la misma unidad y los subieron a una camioneta para trasladarlos varios kilómetros fuera del regimiento. Una vez que se detuvo el vehículo, los soldados hicieron bajar a los prisioneros y acto seguido, les dispararon con los fusiles “SIG”, dándoles muerte en forma inmediata.
Constatadas sus muertes, por un médico de la misma unidad militar, los uniformados procedieron a sepultar los cuerpos en el mismo lugar de su ejecución.

Al día siguiente, el comandante de la unidad dio como versión oficial la baja de los prisioneros por habérseles aplicado la ley de fuga, informándose al resto del regimiento y a los medios de información, que estos huyeron de la unidad, que fueron sorprendidos a unos 20 kilómetros de distancia, y al no hacer caso de la voz de alto, se les disparó dándoles muerte, hecho que importa la comisión del delito de homicidio calificado cometido en las personas de Ramón González Ortega, Germán Cárcamo Carrasco y Carlos Baigorri Hernández, ilícito previsto y sancionado en el articulo 391 Nº1 del código penal.”

Además, según lo señalado por el diario de circulación nacional “La Nación”, el comandante del regimiento Caupolicán, Augusto Reiger Rago era amigo de Sergio Arellano Stark, jefe de la temida “caravana de la muerte” y que según testimonios entregados a la causa, los asesinatos se produjeron después de un llamado de Arellano a la que se le consulta al comandante del regimiento Caupolicán Raiger Rago “cuántos muertos tenían”. 

Debo señalar que estos criminales ya se encuentran en la ciudad de Santiago, cumpliendo la prisión preventiva y puestos a la disposición del ministro Billard para las diligencias pertinentes. 
Según lo conversado entre quien suscribe y los abogados patrocinantes de la querella Hugo Gutiérrez, Hiram Villagra y Magdalena Garcés, es todo en cuanto puedo informales sobre el particular. 
saluda atentamente a ustedes 


La Prensa Austral

06 de Marzo 2007

A los 16 años supo que a su padre lo habían fusilado en Porvenir: Caso ocurrido en el Regimiento Caupolicán en 1973

Hasta los 16 años de edad, Iván González Toro fue un niño que vivió una infancia sin mayores problemas, aun cuando a los tres meses de edad sufriera la pérdida irreparable de su padre, Ramón González Ortega. Pero como su mamá le contó que el papá había fallecido en un accidente, desde muy niño se crió con esa versión y tuvo una infancia feliz.

Pero la adolescencia terminaría abruptamente para él, cuando, a los 16 años, conoció la verdad de lo sucedido. Su madre decide revelarle el secreto mejor guardado y le cuenta que su papá había sido fusilado en Porvenir. "En esos momentos terminó mi adolescencia y juventud. Me vinieron muchos conflictos internos, pero prometí que cuando fuera un profesional (ahora es asistente judicial) iniciaría una investigación formal respecto a lo sucedido con mi padre", señala Iván González.

Esta promesa la concretó el 30 de agosto de 2003. Y el 30 de mayo de 2005 formalizó la presentación de una querella criminal en favor de su padre, y en contra de todos quienes resultaran responsables de su muerte. Uno de los objetivos de esta presentación fue "que el buen nombre de mi padre fuera repuesto".

Aún cuando la mamá no perseguía alimentar odiosidades en su hijo, creyó importante decirle la verdad de lo ocurrido en 1973, concretando ese deseo para el plebiscito de 1988. "En esos momentos sufrí mucho. No entendía ni comprendía lo que me estaban diciendo. No sabía si él tenía alguna militancia o si había hecho algo, pero con los años fui entendiendo ciertas cosas hasta formar el puzzle".

Los esfuerzos por conocer la verdad de lo sucedido lo llevaron a iniciar una investigación privada, indagando con quienes fueron amigos y conocieron a su padre. Los que trabajaron y estuvieron detenidos con él. "Además que para mí ésta fue una forma de conocer a Ramón González", quien al momento de fallecer tenía 37 años de edad. Y en su calidad de inspector del Servicio de Impuestos Internos, fue nombrado interventor de la entonces Cooperativa de Pescadores de Tierra del Fuego.

Iván González recuerda que los militares detuvieron a su padre el 11 de septiembre de 1973, cuando la Quinta División de Ejército estaba en Magallanes bajo el mando del general Manuel Torres de la Cruz, y luego lo condujeron a Compingim, en isla Dawson, el primer lugar de detención de la época. Allí permaneció hasta el 12 de octubre tras lo cual fue trasladado al Regimiento Caupolicán de Porvenir, donde muere el 30 de octubre del mismo año.

Homicidio calificado

La acusación del ministro de fuero subrogante Juan Escobar Zepeda, que investiga la querella que se presentó en Santiago por las personas muertas en Porvenir, establece que "en la madrugada del 30 de octubre de 1973, Ramón González, Germán Cárcamo y Carlos Baigorri, mientras se encontraban prisioneros dentro de un contenedor ubicado al interior del Regimiento de Infantería Nº11 Caupolicán de Porvenir, fueron sacados de su encierro por cuatro soldados de la misma unidad y los subieron a una camioneta para trasladarlos varios kilómetros fuera del regimiento. Una vez que se detuvo el vehículo, los soldados hicieron bajar a los prisioneros y acto seguido, les dispararon con los fusiles Sic, dándoles muerte en forma inmediata. Constatados los fallecimientos, por un médico de la misma unidad militar, los uniformados procedieron a sepultar los cuerpos en el mismo lugar de su ejecución. Al día siguiente, el comandante de la unidad dio como versión oficial la baja de los prisioneros por habérseles aplicado la Ley de Fuga, informándose al resto del regimiento y a los medios de información, que éstos huyeron de la unidad, que fueron sorprendidos a unos 20 kilómetros de distancia, y al no hacer caso de la voz de alto, se les disparó dándoles muerte, hecho que importa a la comisión del delito de homicidio calificado".

Al tenor de la investigación y declaraciones que tomó durante el proceso, en marzo de este año el ministro Zepeda resolvió elevar la causa al estado de plenario, acusando a Juan Antonio Ortiz Toledo, Miguel Pablo Muñoz Uribe, Luis Alberto Arata Campodónico y a José Rafael Aguirre Aguirre, como autores del delito de homicidio calificado, cometidos en las personas de Ramón González, Germán Cárcamo y Carlos Baigorri".

"Yo no hago responsables a los hijos de los pecados de los padres"

Respecto a las declaraciones que el general Manuel Torres de la Cruz le entregara al director de La Prensa Austral, Manuel González Araya, en una entrevista que le concediera en diciembre de 2000, Iván González dice que hoy está en condiciones de desmentir a quien en 1973 fuera el comandante en jefe de la Quinta División de Ejército.

En aquella oportunidad, el general en retiro desafió a que alguien le demostrara, con pruebas y documentos, que estaba mintiendo, al declarar que bajo su mando se realizaron todos los procedimientos en forma completa, y que no existen antecedentes que demostraran lo contrario. Como, por ejemplo, "que se haya cometido algún desmán o que hubo tortura".

También declaró que "en Magallanes no existió ningún problema, en relación a violaciones a los derechos humanos".

Lo anterior lo desmiente Iván González, señalando que "en Magallanes se elaboró un plan de acción. Así como los marinos tenían el plan Martillo; en la III División de la Fach tenían el plan Tijera. Y en la Quinta División de Ejército se llamaba Plan Australis. Este tenía un anexo de inteligencia en el cual con profundo estudio, profunda calma, con gran detenimiento y gran acuosiosidad, se estableció qué personas era necesario detener el día que se produjera el pronunciamiento. Y toda esa gente fue detenida y confinada en Bahía Catalina por parte de los aviadores. En Río de los Ciervos (Regimiento Cochrane) por parte de los marinos, y en el Regimiento Pudeto por parte del Ejército, como en otras dependencias en las provincias respectivas".

Recuerda que Manuel Torres de la Cruz nunca enfrentó a la justicia por los crímenes cometidos en Tierra del Fuego. "Estos ocurrieron bajo su mando mientras era Presidente de la Junta Provincial y comandante de la Quinta Division de Ejército. Por la muerte de Jorge Parra dio una declaración pública justificando su muerte, incluso aplaudió el actuar de sus subordinados. Y por el asesinato de Ramón González Ortega y sus dos compañeros, ratificó la versión de la "Ley de Fuga", aun cuando ese mismo día viajó inmediatamente a Porvenir a comprobar los hechos informados por su subalterno y comandante del regimiento fueguino, Augusto Reiger Rago".

Por eso se atreve a señalar que "hoy son los tribunales los que dejan claramente establecido los crímenes y excesos que se cometieron y que Manuel Torres de la Cruz siempre tuvo conocimiento".

- ¿Le resulta paradójico hacer este desmentido hoy, justamente cuando el comandante en jefe de la Quinta División es el hijo de Manuel Torres de la Cruz?

- "Yo no hago responsables a los hijos de los pecados de los padres. Pero el que hoy es actual jefe de la Quinta División de Ejército lo que tiene que hacer es lo mismo que hice yo: descubrir a su padre. Porque puede ser que él tenga una verdad parcial de lo que fue su padre como jefe castrense de la época. Es penoso que el actual comandante en jefe de la Quinta División tenga que saber, a través de sentencias judiciales, lo que hizo su padre y cómo intentó ocultar crímenes, pese a que entiendo que era una persona cristiana. Pero aclaro que el hijo (Luis Torres) no tiene ninguna responsabilidad en estos hechos y no lo culpo de nada. Aunque es lamentable que tenga que asumir una verdad que tal vez para él era desconocida".


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