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Arancibia Clavel: "El deber del gobierno es ayudarme"


Tras tres años de detención en Argentina sin que se haya dictado sentencia, el único procesado por el asesinato del ex comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, habló en exclusiva para Qué Pasa sobre la nueva batalla legal que está iniciando para lograr su excarcelación y que el gobierno chileno intervenga en su caso.

Vestido con una polera café, pantalones negros y zapatillas del mismo color, Enrique Arancibia Clavel, el único detenido por el asesinato del general Carlos Prats, cometido el 30 de septiembre de 1974, parece un hombre imperturbable a sus 54 años. De respuestas lentas y meditadas -tanto que a veces se arrepintió de algunas de sus frases por parecerles demasiado fuertes-, Arancibia no se movió del duro banco de madera en que permaneció sentado durante más de tres horas de entrevista, la que se realizó en una sala de visitas cuyas sucias paredes, piso de cemento, las desprovistas mesas y las enormes rejas por las cuales había que cruzar delataban el carácter de la cárcel. Tampoco pareció enojarse ni sorprenderse por ninguna de las preguntas. Siempre tenía respuestas preparadas, las mismas que una y otra vez ha repetido durante los interrogatorios a que ha asistido y que están incorporadas al proceso, junto con las de otras cerca de 200 personas que también han declarado.

Instalado en la cárcel de Caseros -una enorme construcción de más de 100 años, ubicada entre Avenida Caseros y Pichincha, a 20 minutos del centro de Buenos Aires-, allí comparte su rutinaria vida de reo junto a otros 180 compañeros de prisión, la mayoría de los cuales aún no recibe sentencia. En ese lugar, donde por cierto está prohibido el uso de grabador, Arancibia conversó en forma exclusiva con Qué Pasa, sin eludir detalle alguno de su azarosa vida. Esa que comenzó como estudiante de los Padres Franceses en Viña del Mar y que después se volvió políticamente activa en la Universidad Católica, donde estudió Ingeniería y Arquitectura, sin terminar ninguna de las dos carreras. Miembro de la Juventud Nacional en la década de los '60, luego derivó hacia el nacionalismo, aunque no reconoció pertenencia a algún grupo en especial.

En 1970, huyó a Buenos Aires, después de que es allanada su casa y, de acuerdo con la prensa de la época, son incautadas armas y elementos explosivos, cuestión que a él -dice- "no le consta". Involucrado en el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército René Schneider, salió airoso de ese proceso, pero no de la muerte del sucesor de Schneider, Carlos Prats, aunque él insiste en su inocencia. Como si el historial resultara escaso, también fue detenido en 1978 en Buenos Aires, acusado de espionaje junto a otros chilenos. De aquella situación, por la cual estuvo detenido dos años y medio, sólo salió en libertad después de que el Vaticano impulsara un canje de prisioneros entre Chile y Argentina, en 1981, en el marco de acuerdos de buena voluntad una vez iniciada la mediación papal por el conflicto del Beagle.

Su extenso prontuario -"la leyenda negra", lo llama él- no termina ahí.

Lo acusan de participar en la desaparición de 119 chilenos en Argentina y de pertenecer a la DINA. Pero Arancibia no se inmuta. Niega cada uno de sus cargos, en forma lenta y con una sonrisa que delata sus dientes amarillos de fumador consuetudinario. Dice que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en su vida y que "es feliz". Feliz, salvo por la infelicidad que significa estar en Caseros. Allí se levanta rigurosamente minutos después de las 7. 30 de la mañana, hora en que se inicia la "cuenta" por parte de los guardias para comprobar que nadie se ha escapado. Entonces, después del desayuno, comienza a leer toda la prensa argentina y a veces también la chilena, cuando sus parientes le llevan los diarios y revistas nacionales. A las 12. 30 se inicia el "recreo", que es cuando Arancibia aprovecha de caminar por el patio de la prisión. Fue durante esos "recreos" que aprovechó de conversar con el general Jorge Rafael Videla, cuando hace un par de meses fue llevado a Caseros, en el marco de un juicio por crímenes cometidos por la dictadura militar argentina. Religión, la cuasi guerra entre Chile y Argentina y el momento político fueron los temas que trató con Videla. Con el resto de los internos, eso sí, Arancibia reconoce que se relaciona poco: ya no tiene temas que tratar después de tres años de estadía obligada juntos. Por eso muchas veces prefiere escudarse en un computador de su propiedad, donde escribe sobre todos los aspectos de su detención y de lo que ha pasado en estos tres años. La lectura y la televisión son sus otras vías de escape.

El resto, rutina, incluida la misa a la que asiste todos los miércoles, salvo cuando le espera una visita.

Católico, hijo de marino y miembro de una familia compuesta por 10 hermanos, tres de los cuales pertenecen a las Fuerzas Armadas chilenas, el carácter imperturbable de Arancibia Clavel sólo sufre un traspié cuando comienza a relatar lo que, a su juicio, han sido irregularidades y arbitrariedades de su detención, materia a las que vuelve una y otra vez.

Hoy por hoy, su esperanza de salir de la cárcel de Caseros radica en que la justicia argentina cumpla el Pacto de San José de Costa Rica, que establece que ningún ciudadano puede permanecer más de tres años en calidad de procesado sin que exista una sentencia. Arancibia acaba de cumplir los tres años en Caseros, pero perdió frente a los tribunales su petición de excarcelación, por lo que está iniciando una nueva batalla legal, esta vez a través de un recurso de casación, para que un tribunal superior revise ese fallo adverso. Una de las herramientas de esta batalla legal es pedirle al gobierno chileno, firmante del Pacto de Costa Rica, que defienda sus derechos de ciudadano que, de acuerdo con ese mismo pacto, a partir de ahora está injustamente preso. Esa petición al gobierno chileno a través de Qué Pasa fue una de las razones por las que aceptó conceder esta entrevista, solicitada hace ya varios meses.

- Usted lleva tres años detenido por el caso Prat. ¿Por qué sólo ahora decidió recibir a la prensa?
- Hasta los tres años, se podía decir que yo estuve legalmente preso.

Pero una vez cumplido ese período, mi detención se transformó en una arbitrariedad, injusticia e ilegalidad. La ley 24. 390 que reglamenta el Pacto de San José de Costa Rica impide expresamente que una persona pueda estar detenida más de tres años sin tener una condena a firme. Argentina y Chile son firmantes de esos acuerdos. Por eso, ahora me cansé de que todo se haga a trasmano. Ahora estoy exigiendo. Y yo quiero que el gobierno de Chile, que es firmante de ese pacto, asuma su responsabilidad, porque aquí existe un ciudadano chileno que lleva más de tres años detenido y ese pacto no se está respetando.

- ¿Qué le pide concretamente al gobierno chileno?
- Que formalice una petición al gobierno argentino para que se cumpla ese pacto.

- ¿Cree que el gobierno chileno lo va a hacer?
- No lo sé.

- ¿Va a elevar una carta a las autoridades chilenas?
- No, porque no se olvide que el gobierno es parte de este proceso, así es que debería estar informado de esta irregularidad.

- ¿Ha tenido contactos con la embajada de Chile en Argentina?
- En los tres años que llevo detenido, me han venido a ver tres veces.

En dos oportunidades, el cónsul en tiempos del embajador Rodríguez Guarachi y luego, una asistente social que fue enviada por Pérez Yoma.

- Además de pedir que el gobierno se involucre, ¿cuáles van a ser las próximas estrategias legales?
- El martes 9 se presentó un recurso de casación, cuyo objetivo es que se reconsidere el fallo que denegó la cesación de la prisión preventiva.

El fallo de ese recurso puede demorar entre 20 días y cinco meses.

- ¿Y si lo pierde?
- Mis abogados recurrirían a la Suprema.

- ¿Cree que pueda ganar?
- Si se ajusta a derecho y se aplica la ley, no hay posibilidad de que lo pierda. Claro que siempre pueden operar influencias externas.

- ¿Habla de presiones políticas?
- Claro, si yo nunca entendí las razones de mi detención. Fui detenido el 18 de enero de 1996, con una orden de detención que era de 1989.

Durante todos esos años, yo viví frente a los tribunales argentinos, votaba para las elecciones, pagaba impuestos, mi nombre aparecía en la guía de teléfonos. Nunca estuve prófugo y nunca tampoco me notificaron de una orden de detención. Pero curiosamente, cuatro meses y medio antes de que expirara el caso Prats -a los 15 años- me detienen en un operativo espectacular y mi detención es informada por el propio Presidente Menem.

Después de eso, se comenzó a escribir una leyenda negra sobre mi persona:

me convertí en el James Bond que asesinaba generales. Porque a mí me han acusado de asesinar a Prats, a Schneider y alguien dijo que también había matado a un general Torres de Bolivia.

- ¿Y usted cómo se declara de esos cargos?
- Absolutamente inocente. Del proceso por el asesinato a Schneider en 1970 fui sobreseído. Y sobre Prats, parece increíble que después de 25 años sea el único detenido sin que exista ninguna prueba de mi participación. Yo, en materia judicial, soy un niño de pecho: no existe una sola prueba que me involucre en nada.

- ¿Perteneció usted a la DINA?
- Nunca fui agente de la DINA. Lo que sucedió es que cuando fui detenido en Argentina por presunto espionaje (en 1978, en el marco de la cuasi guerra en el Beagle), yo declaré como testigo en el caso Prats.

Allí dije que como cualquier funcionario del gobierno chileno -fue representante del Banco del Estado en Argentina entre 1974 y 1978- yo colaboraba con mi gobierno. De esa declaración concluyeron que yo era agente de la DINA.

- ¿En qué consistían esas colaboraciones?
- Enviaba recortes de prensa, con mis análisis, de lo que aparecía en los medios de comunicación argentinos a nivel político y económico.

- ¿A quiénes les enviaba esos recortes?
- A la jefatura del Banco del Estado en Santiago y al fiscal del mismo, en ese entonces, Hugo Gálvez.

- ¿Le llegaban a la DINA esos informes?
- Podría suponer que le llegaban. Sobre todo, los recortes de prensa políticos. En esa época, cualquier persona que tuviera un cargo de representación era considerada cercana al gobierno y a la DINA. Pero es falso que yo fuera agente pagado de la DINA. Yo era agente de mi gobierno.

- ¿Cómo llegó a ser representante del Banco del Estado en Argentina?
- Gracias a amigos como Hugo Gálvez, que me quisieron recompensar porque yo había vivido una época muy mala en Argentina, donde estuve por primera vez entre 1970 y el 25 de septiembre de 1973, fecha en que vuelvo a Chile.

- ¿Y cuándo regresa a Argentina para asumir formalmente su cargo?
- El 8 de octubre de 1974.

- ¿Dónde estaba el 30 de septiembre de 1974, día en que mataron a Carlos Prats y a su esposa, Sofía Cuthbert?
- En Chile. Estuve en un almuerzo en casa de mi hermana, que era justamente para despedirme porque partía a Argentina. Creo que el día anterior o no sé si el mismo día, incluso, fui a Viña con mi madre y mi abuela.

- ¿Puede asegurar que entre el 25 de septiembre de 1973 y el 8 de octubre de 1974 no pisó territorio argentino?
- Absolutamente y no sólo eso. La jueza Cervini de Cubría solicitó a migraciones todos los movimientos en esa fecha. No se los pudieron entregar porque en Argentina no existen archivos de esa época, pero la policía chilena sí comprobó que yo no había viajado ni salido del país en el lapso de esa fecha.

- No por su nombre, pero usted manejaba chapas, como Luis Felipe Alemparte o Harizmendi.

- También se buscó y no encontraron ningún movimiento.

- ¿Cuáles son, a su juicio, las pruebas que existen en el proceso que más lo involucran?
- Ninguna, no existen pruebas.

- Una de las acusaciones en su contra es por asociación ilícita en relación a su nexo con la DINA.

- Ya le dije que yo no era agente de la DINA.

- Pero cuando en 1978 fue allanado su departamento, en Argentina, encontraron unos carnés de identidad de chilenos que están actualmente detenidos desaparecidos.

- No sé si encontraron esos carnés de identidad.

- Apareció profusamente publicado en la prensa y nunca fue desmentido.

- Porque me he convertido en una leyenda negra, pero a mí no me consta nada de eso. Cuando fui detenido por espionaje permanecí muchos días encapuchado en el departamento de policía argentino. Pensé que me iban a fusilar. Al final, estuve dos años y medio preso, junto a dos gerentes de Lan Chile, un ex marino y un empresario chileno. Nos canjearon por prisioneros argentinos que estaban en Chile, gracias a una gestión del Vaticano. Durante dos años y medio nunca se me acusó de nada. ¿Usted cree que si hubieren tenido una prueba sobre mi supuesta calidad de espía no la hubiesen usado en ese tiempo, cuando estuvimos a punto de ir a la guerra?
- En el allanamiento a su departamento también se incautaron unas cartas suyas, firmadas como Luis Felipe Alemparte y cuyo destinatario era un tal "Elías", supuestamente el nombre de chapa de Raúl Iturriaga Neumann, jefe del departamento exterior de la DINA. ¿No es esa una prueba de su relación con el organismo de seguridad?
- Esas no eran cartas, sino los informes de prensa de los cuales le hablé. Cuando estuve detenido en 1978, me hicieron firmar muchos papeles cuyo contenido yo desconocía. Así es que yo no reconozco en absoluto esas supuestas pruebas.

- ¿El supuesto "Elías" era Iturriaga Neumann?
- Podría haber sido don Elías o don Pérez. A mí no me consta nada de lo que me incautaron y, por lo demás, eso no significa nada. No significa que yo haya dependido jerárquicamente de alguna repartición. Yo le respondía a las autoridades de la época que estaban en el banco.

- ¿Conoció a Manuel Contreras?
- No. Socialmente, me lo pueden haber presentado, pero no tuve ningún trato con él.

- ¿A Iturriaga Neumann?
- Lo mismo que a Contreras, puede ser que en alguna relación social me lo hayan presentado. No más.

- ¿Y a Michael Townley?
- Lo conocí como Andrés Wilson, en 1975. Por la prensa me enteré que se llamaba Townley.

- ¿Quién cree usted que mató a Carlos Prats?
- Tengo dos teorías: que Prats fue una víctima de una lucha interna entre dos facciones de la Argentina, la ultraderecha, compuesta por Triple A, y la ultraizquierda, integrada por los Montoneros, el ERP y las FARC. La segunda teoría es la que ha postulado públicamente Manuel Contreras, es decir, que puede haber sido la CIA.

- ¿Y pudo haber sido la DINA?
- No sé, creo que no. Hoy la DINA es peor que la Gestapo. Yo no estoy de acuerdo con esa leyenda negra que se ha tejido sobre la DINA. Creo que fue necesaria en su tiempo, como lo fue la CNI y hoy lo es la Dirección de Seguridad del gobierno de Frei.

- Y las violaciones a los derechos humanos, ¿cree que fue necesario también?
- No, pero los derechos humanos se aplican sólo para la izquierda. Son derechos humanos cuando un izquierdista es detenido o maltratado. Cuando matan a Jaime Guzmán o a un carabinero, no son derechos humanos.

Entonces, visto de esa forma, las organizaciones de derechos humanos no son más que una careta de la izquierda.



"Después de mi arresto, se comenzó a escribir una leyenda negra sobre mi persona: me convertí en el James Bond que asesinaba generales" afirma Arancibia Clavel.



Itinerario legal

Al menos uno de los tres abogados que representan a Enrique Arancibia Clavel en Argentina está convencido de que la tarea de aclarar el asesinato de Prats y su esposa quedará más en manos de los historiadores que de la justicia. Algo que desean evitar los querellantes, representados por la familia de Prats, el gobierno chileno y la fiscalía argentina. La certeza del abogado trasandino Jorge Batista radica en que, transcurridos casi 25 años del asesinato, la justicia argentina no ha obtenido pruebas fehacientes sobre los responsables del crimen.

Actualmente y pese a que el proceso lleva ya acumulados más de seis mil fojas y han declarado casi 200 personas, no existen elementes para concluir que el final esté próximo.

El juicio está corriendo por dos carriles. El primero tiene que ver con el proceso mismo, el que debiera brindar novedades el 25 de febrero próximo, cuando se resuelva una queja presentada por el gobierno chileno.

Este recurso se presentó después de que en septiembre de 1988 el Tribunal Oral Seis aprobó, por dos votos contra uno, que la justicia trasandina era incompetente para investigar el carácter de "asociación ilícita" de la DINA, porque siendo éste un organismo chileno, correspondía aplicar el principio de territorialidad, es decir, que la competencia para investigar radicaba en la justicia chilena. Una de las acusaciones que penden sobre Arancibia Clavel es que éste era miembro de una "asociación ilícita": la DINA. La resolución también incluyó apartar de la causa al Estado chileno, basándose en que, a la fecha del asesinato, Prats no era funcionario en ejercicio del gobierno de Chile. Interpuesto un recurso de casación por los querellantes, éste fue ganado por el fiscal argentino y por la familia Prats, pero no por el gobierno chileno, quien inmediatamente presentó un recurso de queja, el que será visto el 25 de febrero.

Paralelamente a este recurso, se le pidió al fiscal de casación, el doctor Oscar Plee, una opinión jurídica, cuestión común ya que éstos representan a la sociedad argentina. El jurista concluyó que al gobierno chileno se le debería mantener su condición de parte en el proceso y que se debería dejar sin efecto la resolución de "incompetencia" de los tribunales argentinos para investigar la asociación ilícita. En opinión de Plee, no sería esta la ocasión de pronunciarse frente a la competencia, sino después del juicio oral, una vez que se escuchen todas las pruebas. Arguye también que, de primar su criterio, debería ser apartado de la causa el Tribunal Seis, para que intervenga otro tribunal.

De acogerse la opinión de Plee, tranquilamente podrían pasar dos años más, ya que implicaría que el nuevo tribunal tendría que estudiar las seis mil fojas para recién ver el juzgamiento, sin considerar las diligencias que puedan pedir las partes.

El otro carril por el que corre el proceso es un "incidente": el recurso de casación que presentó el lunes 8 la defensa de Arancibia para anular la resolución que impidió su excarcelación, basándose en el pacto de Costa Rica. El recurso debiera verse entre 20 días y cinco meses y, si les va mal, pueden ir de queja y, luego, a la Suprema. Al respecto, la defensa pretende seguir presionando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde en abril de 1988 iniciaron una denuncia por el excesivo tiempo que Arancibia ha estado detenido sin recibir sentencia, lo que, a su juicio, constituye una ilegalidad. En dicho organismo, sin embargo, el tema está recién en estudio.



Angélica Prats: "No creo que la solicitud de Arancibia tenga eco"

Pocas esperanzas ven las hijas del general Prats a la solicitud de Arancibia Clavel de que el gobierno pida a Argentina su excarcelación, aduciendo el Pacto de San José de Costa Rica. Según Angélica Prats, cuando la jueza que sustancia la investigación del caso en Buenos Aires analizó la solicitud de libertad condicional presentada por Arancibia Clavel, no la acogió, aun teniendo presente ese pacto y las leyes internacionales que podrían beneficiar al único reo en el caso Prats.

De acuerdo con los antecedentes que maneja la hija del asesinado general, no se justifica la petición de Arancibia Clavel al gobierno, ya que la demora en su procesamiento se debe a la modalidad del juicio que se lleva a cabo en Argentina y que solicitó la propia defensa del inculpado. Por ser oral, el proceso incluye dos pasos. El primero, donde se recopilaron los antecedentes por parte del juez y la fiscalía que determinaron que existían méritos para iniciar el juicio y, el segundo, que corresponde al juicio propiamente oral, que comenzó a mediados del año pasado. Además, según los querellantes, el juicio se ha demorado debido a solicitudes presentadas por la defensa de Arancibia Clavel y cuyas diligencias aún no culminan.

Aunque el gobierno no se ha pronunciado sobre la petición de Arancibia Clavel -éste habría enviado una carta a La Moneda a principios de mes-, Angélica Prats descarta que su petición tenga eco. Ello, porque en el proceso que se sigue en Buenos Aires existen antecedentes que comprobarían la pertenencia a la DINA del acusado y de la responsabilidad que tendría en el asesinato del matrimonio Prats.

En todo caso, la solicitud de Arancibia Clavel, así como las irregularidades que éste ha denunciado en el proceso, sorprenden a la hija del desaparecido general, ya que -asegura- en ningún momento su abogado defensor ha presentado reclamos formales ante los tribunales trasandinos.

Revista QuePasa 1453
Lunes 15 al 22 de febrero 1999


 

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