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Iván Andrusco Aspe

General de Carabineros

Agente DICOMCAR

 

Iván Andrusco Aspe, miembro de la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), involucrado en el caso “Degollados” donde los militantes comunistas Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino fueron secuestrados, torturados y posteriormente degollados y tirados en un predio de Quilicura cercano al Aeropuerto Internacional de Pudahuel.

 

Fuentes de Informacion: The Clinic; CIPER; La Nacion; El Mostrador; Archivo Memoriaviva


The Clinic

6 de Abril 2010

El jugo no para: Nuevo director de Gendarmería implicado en el “Caso Degollados”

Hugo Gutiérrez, diputado y abogado de derechos humanos, ha informado que el general (r) de Carabineros Iván Andrusco, nuevo director de Gendarmería designado por Piñera, fue citado durante la investigación del caso de los tres profesores comunistas degollados, en calidad de inculpado. En dicho suceso, los profesionales comunistas Santiago Nattino, José Manuel [...]

Hugo Gutiérrez, diputado y abogado de derechos humanos, ha informado que el general (r) de Carabineros Iván Andrusco, nuevo director de Gendarmería designado por Piñera, fue citado durante la investigación del caso de los tres profesores comunistas degollados, en calidad de inculpado. En dicho suceso, los profesionales comunistas Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero fueron secuestrados el 29 de marzo de 1985 por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), para luego aparecer asesinados a las afueras de Santiago. Por ahora, Andrusco se ha limitado a desmentir la versión entregada por el diputado Gutiérrez.

Se puede agregar que en años recientes Andrusco fue designado general a cargo de Carabineros en la VIII Región de Bío y Bío, puesto en que debió enfrentar una carta firmada por funcionarios de la institución, que lo acusaban de implementar turnos inhumanos y antirreglamentarios, además de suspender la entrega de colaciones en los cuarteles policiales. De acuerdo a las versiones de prensa de la época, en esa oportunidad la superioridad consideró incluso retirarlo del mando.


El Mostrador

7 de Abril 2010

Gobierno respaldó a general (R) Iván Andrusco: Estos son los antecedentes del director de Gendarmería en el “caso degollados”

El ex carabinero declaró como inculpado en dos oportunidades ante el ministro Milton Juica. Sus ex colegas aseguran que era uno de los principales asesores del entonces jefe de dicho servicio de inteligencia, el coronel Luis Fontaine, según revelan los documentos del proceso que publica El Mostrador. Organismos de derechos humanos temen que beneficie a sus ex colegas condenados en Punta Peuco. El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, lo descartó de plano.

El recién nombrado director de Gendarmería, general (R) de Carabineros Iván Andrusco, fue cuestionado ayer por organizaciones de derechos humanos y por el diputado PC Hugo Gutiérrez, debido a su paso por la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar). De este organismo de inteligencia policial eran los agentes que en 1985 secuestraron a los profesores Santiago Natino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, quienes luego fueron degollados y abandonados en las cercanías del aeropuerto.

Este proceso lo sustanció a principios de los 80 el ministro José Cánovas Robles y a fines de la misma década continuó la labor su colega de la Corte de Apelaciones de Santiago, Milton Juica (hoy titular de la Suprema), quien interrogó a Iván Andrusco en calidad de inculpado en dos oportunidades.

Básicamente, Juica mantenía sospechas sobre este ex oficial de la policía uniformada, porque junto con pertenecer a la Dicomcar, su versión de qué hizo el día del secuestro de los tres militantes del PC -el 29 de marzo de 1985- era poco creíble, tomando en consideración la experiencia de los agentes de inteligencia para difuminar su participación en hechos de este tipo.

Según Andrusco, aquel día 28 de marzo tuvo un turno de 24 horas, por lo que la mañana siguiente estaba saliente de servicio, lo que implicaba que en la práctica estaba descansando en su casa.

Los testimonios de Andrusco se produjeron ante Juica en dos oportunidades. La primera fue el 6 de octubre de 1992 y luego el 1 de abril de 1993, respectivamente (ver documentos anexos). En ambos, el oficial negó su participación en los hechos, argumentando que siempre trabajó como escolta, funciones que cumplía por órdenes del entonces jefe de la Dicomcar, el coronel Luis Fontaine. Este último fue asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez el 10 de mayo de 1990.

De hecho, en su segunda “indagatoria”, Andrusco es inquirido por Juica debido a la imputación hecha en su contra por el coronel Guillermo González Betancourt, respecto a que dejó en libertad a Ramón Arriagada, un egresado de Arquitectura detenido en febrero de 1985, a quien precisamente se le interrogó por las actividades de Natino y Parada. Andrusco rechazó los dichos de su superior y los relacionó a problemas de envidia, ya que al trabajar como escolta de personas importantes, dijo, gozaba de ciertos privilegios. El coronel en cuestión fue condenado por Juica a presidio perpetuo.

En otra foja del expediente, del 7 de enero de 1985, Miguel Sandoval Martínez, funcionario de la Dicomcar, relató que dentro del organigrama interno el coronel Julio Michea era “asesorado” por un grupo de oficiales, entre los cuales estaba Andrusco, quien tenía el grado de teniente . La versión fue confirmada por el propio Michea el mismo año .

Michea fue condenado por el ministro Milton Juica a cinco años y un día por secuestro y asociación ilícita.

En julio de 1991, Juica interroga al entonces cabo primero Daniel Valderrama Satt (ver declaración anexa), quien aseguró que después de cometido el crimen, Fontaine realizaba muchas reuniones relativas a cómo se iban desarrollando los hechos. En ellas participaba Andrusco, como también el capitán Patricio Zamora, el capitán Manuel Muñoz Gamboa, el coronal Guillermo González Betancourt, los cabos Luis Jofré, Ramón Valenzuela, Claudio Salazar y el propio Michea. Todos los anteriores fueron condenados por Juica, menos Andrusco.

Por último, en el expediente también está la declaración de Elsa Esquivel Rojo (ver declaración anexa), quien aseguró ante Juica que fue detenida junto a su hijo, Carlos González Esquivel. Esto lo hizo, según la mujer, el entonces teniente Andrusco, en el marco de las diligencias que realizaban para dar con el paradero de los atacantes a la tenencia Santa Adriana ocurrida a fines de 1984.

Esta declaración tomada por Juica buscaba establecer si Andrusco realizaba o no actividades operativas y no sólo de escolta.

El caso degollados fue uno de los episodios más complejos para la dictadura, ya que a cuatro meses de iniciada la investigación de Cánovas Robles, el entonces director general de Carabineros, César Mendoza Durán, renunció al cargo el 2 de agosto de 1985, dejando claro que los agentes de su institución habían participado en el crimen. En todo caso el gobierno de la época calificó su salida como un acto de “generoso patriotismo”.

POSTURA LINEAL
Pese a lo anterior, Andrusco ayer fue confirmado y respaldado por La Moneda. La secretaria general de Gobierno, Ena Von Baer, manifestó que la administración “ha mostrado con hechos, el gobierno del presidente Sebastián Piñera tiene un compromiso profundo con los derechos humanos”, señaló.

Von Baer recordó que “el señor Andrusco es una persona que fue promovida en sus cargos durante los gobiernos de la Presidenta Bachelet y también durante el gobierno del Presidente Lagos” y agregó que “no existe en este momento ningún antecedente y no está comprometido en ninguna causa”.

En la misma línea habló el ministro de Justicia, Felipe Bulnes. Este dijo que Andrusco “nunca ha sido procesado en causas de derechos humanos, no tiene ninguna causa pendiente de este tipo y de ningún otro… También fue elegido en 2004 para integrar la delegación chilena que expuso sobre la situación de derechos humanos en el país ante la Comisión de Derechos Humanos, en Ginebra”.

Y recalcó que “la misma confianza que tuvieron los gobiernos anteriores para confirmarlo y promoverlo es la confianza que tenemos nosotros también hoy día para designarlo en Gendarmería. No hay nuevos antecedentes, son los mismos antecedentes con los cuales nosotros resolvimos”.

LOS “EX” COLEGAS
Uno de los temas que preocupa a los organismos de derechos humanos es que, para las materias relativas a los beneficios carcelarios de los carabineros condenados por el caso degollados -es decir sus ex colegas- y que cumplen la pena en Punta Peuco, se produce una inhabilidad de facto.

Al respecto, Bulnes explicó ayer que dichos procedimientos “se evalúan según protocolos establecidos en cada unidad penal por un reglamento interno de Gendarmería, los que son estudiados por un consejo técnico que resuelve caso a caso y no dependen de una decisión del director nacional”.

Sin embargo, fuentes de Gendarmería explicaron que los dichos de Bulnes chocan de pronto con la realidad de cómo se manejan las cosas.

Por ejemplo, el consejo técnico citado por el secretario de Estado para el caso de Punta Peuco, no es de carácter permanente, es decir, se arma para la ocasión. La decisión de este grupo de profesionales no es vinculante y quien tiene la facultad privativa es el jefe del penal. Este último, en la formalidad de la ley, es independiente, pero las mismas fuentes señalan que hay un código no escrito y siempre se consulta con el director nacional y éste con el Ministerio de Justicia.

La decisión de Gendarmería respecto a los que tienen derecho a beneficios, va en consulta ante la comisión de libertades provisionales que conforman jueces y ministros del Poder Judicial a fines de año, quienes valoran los antecedentes caso a caso. Posteriormente, los elegidos son evaluados por el seremi de Justicia y sólo entonces pueden acceder a los beneficios.

Para el caso puntual de los condenados por el caso degollados, hay varios de ellos que cumplen con los requisitos, ya que están a punto de completar los 20 años de una condena a presidio perpetuo para solicitar los beneficios, debido a que se les aplica la legislación antigua. Entre estos casos se encuentra el de Miguel Estay Reino, el Fanta, entre otros.

Desde este punto de vista, las agrupaciones de derechos humanos y el propio Hugo Gutiérrez sostuvieron que existe una sombra de duda sobre el posible actuar de Andrusco y, por cierto, un problema de imagen pública.

CONCIENCIA LIMPIA
Andrusco también se refirió a los cuestionamientos hechos por el parlamentario durante una visita que realizó al penal El Manzano de Concepción, que se vio afectado por el terremoto.

“Estoy absolutamente tranquilo. La seguridad de que no he hecho absolutamente nada, mi vida privada y mi trayectoria profesional han sido absolutamente transparentes, por lo tanto en ese sentido no tengo nada que ocultar. Durante toda mi trayectoria he cumplido numerosas funciones operativas, y nunca he estado involucrado en un proceso”.

Reconoció que “en su oportunidad fui citado a prestar declaraciones, como todo el personal que fue citado de declarar. Yo fui nombrado General de la República durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, y en esa oportunidad se hicieron todos los chequeos correspondientes para aprobar mi designación. Posteriormente trabajé como General en esta zona en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, por lo tanto yo creo que a esta altura no tengo que dar ninguna demostración ni ninguna prueba de idoneidad”.


CIPER

17 de Abril 2010

Las verdaderas razones de la renuncia de Iván Andrusco a la dirección de Gendarmería

Sólo 18 días duró el general (r) Iván Andrusco como director de Gendarmería. Duramente cuestionado por su vínculo con el asesinato de tres profesionales en 1985 (“Caso Degollados”), La Moneda lo defendió argumentando que no fue procesado por esos crímenes. Faltaba un dato importante: sí está acreditado que el oficial fue agente operativo de la DICOMCAR, organismo calificado en su fallo por el actual presidente de la Corte Suprema Milton Juica como “asociación ilícita terrorista”. Otra muerte bajo tortura en la Sección de Investigación Policial (SIP), cuyo jefe operativo era Andrusco, hizo inviable su permanencia en el cargo. Así terminó la primera polémica entre el gobierno de Sebastián Piñera y organismos de Derechos Humanos.

Sólo 18 días duró el general (r) Iván Andrusco como director de Gendarmería. Duramente cuestionado por su vínculo con el asesinato de tres profesionales en 1985 (“Caso Degollados”), La Moneda lo defendió argumentando que no fue procesado por esos crímenes. Faltaba un dato importante: sí está acreditado que fue agente operativo de la DICOMCAR, organismo calificado en su fallo por el presidente de la Corte Suprema Milton Juica como “asociación ilícita terrorista”. Otra muerte bajo tortura en la Sección de Investigación Policial (SIP), cuyo jefe operativo era Andrusco, hizo inviable su permanencia en el cargo. Así terminó la primera polémica entre el gobierno de Sebastián Piñera y organismos de Derechos Humanos.

Al finalizar la tarde del viernes 16 de marzo y cuando la atención pública se concentraba en el anuncio presidencial del alza de impuestos para el plan de reconstrucción y sus réplicas, desde La Moneda se anunció que el general (r) de Carabineros Iván Andrusco Aspe había renunciado a la dirección nacional de Gendarmería, cargo en el que había sido nombrado por el ministro de Justicia Felipe Bulnes hacía sólo 18 días (29 de marzo). Culminaba así el primer conflicto entre el gobierno de Sebastián Piñera y organizaciones de derechos humanos.

Si bien el foco de la polémica ha sido la vinculación de Andrusco con el degollamiento de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en marzo de 1985, CIPER constató que los hechos que detonaron su salida de Gendarmería son más complejos e incluyen otro episodio de muerte bajo tortura que registra su hoja de vida en la policía uniformada.

Puede parecer una cruel coincidencia, pero si algo queda claro es que el 29 de marzo, día en que fue nombrado recientemente director nacional de Gendarmería, pasará a formar parte de la historia de vida de Iván Andrusco Aspé. Hace veinticinco años, también un 29 de marzo, Andrusco se vio involucrado en la brutal tortura y posterior degollamiento de tres profesionales secuestrados en plena vía pública.

En ese entonces el centro de operaciones de Andrusco estaba ubicado en calle Dieciocho 299. Allí funcionó hasta el 11 de septiembre de 1973 el popular diario Clarín, el que muy pronto se transformaría en “La Firma”, una de las cárceles secretas del Comando Conjunto, un grupo represivo integrado en un primer momento por miembros de la Fach, Armada, Ejército y Carabineros y que operó en forma paralela a la DINA entre 1974 y 1976. Su principal objetivo: la represión a militantes del Partido Comunista.

A fines de 1976, cuando la presión de la DINA impuso su disolución luego del secuestro de Carlos Contreras Maluje, en el que participaron integrantes de la Fach a bordo del automóvil del jefe de gabinete de su entonces comandante en jefe e integrante de la Junta Militar, Gustavo Leigh, tanto los archivos del Comando Conjunto como la ex sede de Clarín pasaron a manos de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR). Bajo la insignia del organismo de inteligencia de la policía, allí se siguió torturando durante varios años.

Eso fue lo que ocurrió el 29 de marzo de 1985 en calle Dieciocho con José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. Según se acreditó en la investigación judicial varios años más tarde, Manuel Guerrero Ceballos sufrió la pérdida de sus uñas, quemaduras en ambas orejas y la quebradura de su frente producto de un culatazo antes de ser asesinado.

Si bien la investigación llevada a cabo por la justicia –primero por el juez José Cánovas Robles y luego por el ministro Milton Juica– nunca pudo comprobar la directa participación de Iván Andrusco en el asesinato de los tres profesionales, sí se constató que el entonces teniente del equipo de Inteligencia de Carabineros formó parte del organismo represor entre enero y junio de 1985 en los grupos operativos. Durante ese período –y según consta en expedientes judiciales– se registraron 105 casos de tortura y asesinatos cometidos por organismos de inteligencia de la dictadura.

La participación del oficial de Carabineros en la Dicomcar quedó también registrada en el expediente del llamado “Caso Degollados” en los dos interrogatorios a los que Andrusco debió someterse frente al entonces ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Milton Juica (6 de octubre de 1992 y 1 de abril de 1993).

–No aparece en la investigación una participación directa de Andrusco en los hechos. Está claro quiénes fueron los que participaron, incluso están sentenciados, pero lo que sí quedó establecido es que ese oficial era parte de la organización y sabía lo que ocurría. Tenía conocimiento de todo y se comportó como todos los miembros de esa unidad: cuando fue llamado a declarar, no entregó información, encubrió y por lo tanto obstruyó a la justicia –afirma Héctor Salazar, uno de los abogados que tomó la defensa de las víctimas desde el comienzo del largo y conflictivo proceso.

Los dichos de Salazar son ratificados por las declaraciones judiciales de los propios oficiales que trabajaban con Andrusco en la DICOMCAR. En su testimonio, el coronel (r) Guillermo González Betancourt, entonces mayor de Carabineros en el organismo operativo policial, afirmó que fue el propio Andrusco quien dejó en libertad a Ramón Arriagada, egresado de arquitectura y detenido en febrero de 1985 para ser interrogado por las actividades de Santiago Nattino y José Miguel Parada (víctimas del Caso Degollados) en torno a sus investigaciones sobre el Comando Conjunto.

El oficial Iván Andrusco replicó con otra acusación. Así se aprecia en una de sus declaraciones recogida por CIPER del mismo expediente: “Iván Esteban Andrusco Aspé reconoció que perteneció al Departamento Tercero de la Dicomcar en la época que se produjeron los hechos investigados, ha negado haber participado en ellos, sin embargo con el tiempo y después de la participación de algunos funcionarios de carabineros, ha relacionado la concurrencia de un civil que identifica con el nombre de ‘Samuel’, el cual se vinculaba con el Mayor González. Agrega que varios funcionarios trabajaban en forma independiente, sin cumplir órdenes de los jefes de servicios, sino directamente del aludido mayor. Enfatiza que él no era de la confianza del equipo de ese oficial.”

También el diario electrónico El Mostrador señala que Andrusco rechazó las acusaciones que le hacía González, y las vinculó a la envidia que generaba en otros funcionarios por contar con ciertos privilegios al interior de la organización.

ASOCIACIÓN ILICITA TERRORISTA
En los últimos días, cuando la defensa del nombramiento de Andrusco por parte de La Moneda se refugió en que este oficial no había sido procesado por su participación en el triple degollamiento de los profesionales, nadie en el gobierno reparó en un antecedente que hacía inviable su permanencia a la cabeza de Gendarmería. Este se encontraba en el fallo escrito de puño y letra el 31 de marzo de 1994 por el entonces ministro en visita del “Caso Degollados” Milton Juica:

“Los antecedentes de juicio que se han resumido anteriormente, han servido asimismo para tipificar el delito de asociación ilítica terrorista, toda vez que para la consumación de los ilícitos ya descritos, se ha determinado la existencia de un grupo de personas, que dependiendo de un organismo policial, se excedieron de sus funciones legales, procediendo bajo el subterfugio de actividades de inteligencia a privar de libertad a distintas personas de una ideología política determinada, mantenerlos en cautiverio, interrogarlas con apremios ilegítimos, acerca de sus actividades políticas en lugares que no eran públicos de detención, mataron a tres de ellas, de una manera que causó conmoción pública y luego para eliminar las evidencias que los hechos punibles, destruyeron por medio de explosivos un vehículo que pertenecía a una de las víctimas y destruyeron también el inmueble donde fueron llevadas las personas secuestradas.”

El entonces ministro y ahora presidente de la Corte Suprema es quien afirma en un fallo judicial, confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR) era una “asociación ilícita terrorista” y que el cuartel denominado “La Firma” operó como un recinto ilegal de detención. Por ello procesó a los oficiales y jefes principales de esa unidad policial: Cesar Mendoza Durán, Luis Fontaine Manríquez, Julio Michea Muñoz, Guillermo González Betancourt y Patricio Zamora Rodríguez (ver recuadro con sus cargos y sentencias).

El nombrado director nacional de Gendarmería fue integrante de esa asociación ilícita y operó desde el cuartel denominado “La Firma”. Y a pesar de que Andrusco no fue procesado por el crimen de Parada, Guerrero y Nattino, sí se jactó en sus declaraciones judiciales de ostentar un lugar privilegiado en el organismo represivo.

El hecho de que sistemáticamente durante el juicio Andrusco negara haber tenido conocimiento del brutal crimen, tiene para el abogado Salazar una explicación: “La investigación logró aclarar perfectamente el crimen en términos de autores materiales, pero respecto de la autoría intelectual no fue así porque la Dicomcar era una organización jerarquizada y militar con una línea de mando. Y esa línea de mando, desde la cabeza máxima hasta abajo, estaba comprometida con el encubrimiento. No hubo ningún funcionario de Carabineros requerido por los tribunales de justicia que no se prestara para ejecutar la política institucional que era encubrir y entorpecer la investigación”.

Para los registros judiciales quedará lo obrado por la Corte Suprema el 30 de septiembre de 1994 en torno a este fallo de Milton Juica, ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago: el máximo tribunal del país no revocó ni una sola condena, pero sí borró el calificativo de “terrorista” quedando la DICOMCAR sólo como “asociación ilícita”. (Ver recuadro con el fallo).

El fallo de Juica también quedó en la historia de la transición chilena al nombrar al entonces director general de Carabineros Rodolfo Stange como encubridor “por grave incumplimiento de sus deberes militares”. El presidente Eduardo Frei le pidió su inmediata renuncia al mando de Carabineros, a lo que Stange replicó declarándose en rebeldía, negándose a renunciar. El conflicto estalló y se convirtió en una cuasi crisis institucional al recibir el director de Carabineros el apoyo de amplios sectores de la derecha que se ampararon en la Constitución del ’80, que no le daba facultades al poder político para destituir a una autoridad militar. Para entonces, aún figuraban las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad.

A pesar de todos estos antecedentes acumulados nadie ha entregado hasta ahora una explicación sobre por qué en el proceso de calificaciones de 2004, durante el gobierno de Ricardo Lagos, Iván Andrusco fue ascendido a general y designado jefe de la Zona Policial de Bío Bío. Una destinación pública que no tuvo objeción.

ACUSACIONES POR APREMIOS ILEGÍTIMOS
Si ya era inviable que un oficial de Carabineros que perteneció a una asociación ilícita pudiera permanecer a la cabeza de Gendarmería, uno de los principales organismos auxiliares del Poder Judicial, un nuevo antecedente en su hoja de vida agravó su situación.

Los hechos ocurrieron el viernes 16 de enero de 1998. Ese día, cuatro funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) , de Carabineros fueron abruptamente obligados a abandonar sus puestos bajo la acusación de haber torturado en un interrogatorio al taxista Raúl Palma Salgado, ocasionándole la muerte. En ese momento, al mando del organismo policial estaban el coronel Juan Ortega y el mayor Iván Andrusco Aspé, su jefe operativo.

El Servicio Médico Legal confirmó la acusación con el informe de autopsia de la víctima: “El cuerpo presentaba diversos desgarros internos y quebraduras múltiples, que sólo son explicables por golpiza y apremios físicos producidos previamente a su paro cardio- respiratorio” .

La Corte Marcial se arrogó el derecho a juzgar y sentenció a ocho años de presidio al teniente (r) de Carabineros, Germán Cofré Pinto y a seis años a los ex cabos segundos Víctor Ramírez Olivares, José Cartes Figueroa y Francisco López Cisternas. Pero la sala penal de la Corte Suprema elevó a 10 años y un día las condenas de los cuatro policías.

El general (r) Iván Andrusco podrá argumentar que en esta nueva muerte a causa de torturas –en una unidad esta vez bajo su mando– su participación quedó descartada. Pero en esos años aún existía una férrea resistencia en los institutos armados a investigar y mucho más a reconocer la participación de sus integrantes en torturas. Este caso no fue la excepción. El abogado querellante, Nelson Caucoto, acusó en ese momento sin resultados que la justicia se negó a investigar al Alto Mando de la SIP.

Fallo de la Corte Suprema
Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada de treinta y uno de marzo último, escrita a fs. 10.571 y siguientes, con las modificaciones que a continuación se expresan:

1º) Que si bien como se deja establecido en la sentencia que se revisa, pueden ser responsables de un delito terrorista agentes de Policía de un Estado, y los hechos que a éstos se les atribuyen en esta causa podrían ser calificados en principio de terroristas, como lo ha hecho el juez de la causa en el fundamento trigésimo séptimo de dicha sentencia, es lo cierto que del análisis comparativo de las disposiciones de la ley Nº 18.314 y 19.027, surge la conclusión ineludible de que tales hechos, no obstante haber sido perpetrados cuando regía la primitiva ley, no pueden quedar comprendidos dentro de la normativa que ella prescribía y, por consiguiente, no es posible entender que han tenido propiamente y en definitiva la calidad de terroristas. En efecto, el artículo 2º de la ley Nº 19.027, que modificó la citada ley Nº 18.314, sustituyendo su artículo 1º, creó en realidad nuevas figuras delictivas, exigiendo, además, requisitos y presupuestos de orden subjetivo que la antigua ley no contempla y que el mérito del proceso tampoco habilita considerarlos, con todo lo cual desapareció el tipo penal y la correspondiente sanción que el mencionado artículo 1º de la ley Nº 18.314 establecía, pero con ello no se borraron los hechos delictuosos atribuidos a los procesados, máxime que en la ley penal no existe aplicación analógica como una forma de garantizar la seguridad jurídica.

En tal evento, al haberse sustituido la disposición legal de carácter especial que consultaba tipos penales particulares para los hechos materia de la causa y que dicen relación con la asociación ilícita y el secuestro de determinadas personas, debe estimarse que vuelvan a recuperar su vigencia las normas de carácter general del Código Penal y conforme a ellas debe juzgarse y sancionarse la conducta de los encausados

Condenados por asociación ilícita
César Mendoza Durán
, general (r), miembro de la Junta Militar y máxima autoridad de Carabineros. Liberado por un recurso de queja por la vía disciplinaria tramitado en la Corte Suprema.

Luis Fontaine Manríquez, coronel, jefe de la DICOMCAR, no pudo ser enjuiciado ya que fue asesinado en mayo de 1990.

Julio Michea Muñoz, coronel, jefe de asuntos externos e internos, co-autor de los delitos de ilegítima privación de libertad de personas desde el local de la AGECH y asociación ilícita terrorista.

Guillermo González Betancourt, mayor, subalterno de Muñoz, co-autor del delito de secuestro de Ramón Arraigada, secuestro y homicidio calificado de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino y delito de asociación ilícita terrorista.

Patricio Zamora Rodríguez, capitán, co-autor del secuestro y homicidio calificado de José Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, y delito de asociación ilícita terrorista.


The Clinic

20 Abril 2010

Más allá de la amenaza: Presidente de la Suprema describió a DICOMCAR como “asociación ilícita terrorista” en 1994

La repartición que funcionó bajo el nombre eufemístico de Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), primero que nada, no fue nunca una “dirección de comunicaciones”. Y, en segundo lugar, su cuartel general, conocido como “La Firma”, no era una simple oficina, sino que un recinto ilegal de detención, en el que se torturó a gran cantidad de personas por su pensamiento polìtico. La DICOMCAR fue, en realidad, una “asociación ilícita terrorista”. Así de categórico… ¿De donde salen todas estas afirmaciones? Del fallo vigente de la justicia chilena sobre el Caso Degollados, emanado el 31 de marzo de 1994. ¿Quién firma? El entonces ministro en visita, y actual presidente de la Corte Suprema de Chile, Milton Juica:

LOS ANTECEDENTES DE JUICIO QUE SE HAN RESUMIDO ANTERIORMENTE, HAN SERVIDO ASIMISMO PARA TIPIFICAR EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍTICA TERRORISTA, TODA VEZ QUE PARA LA CONSUMACIÓN DE LOS ILÍCITOS YA DESCRITOS, SE HA DETERMINADO LA EXISTENCIA DE UN GRUPO DE PERSONAS, QUE DEPENDIENDO DE UN ORGANISMO POLICIAL, SE EXCEDIERON DE SUS FUNCIONES LEGALES, PROCEDIENDO BAJO EL SUBTERFUGIO DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA A PRIVAR DE LIBERTAD A DISTINTAS PERSONAS DE UNA IDEOLOGÍA POLÍTICA DETERMINADA, MANTENERLOS EN CAUTIVERIO, INTERROGARLAS CON APREMIOS ILEGÍTIMOS, ACERCA DE SUS ACTIVIDADES POLÍTICAS EN LUGARES QUE NO ERAN PÚBLICOS DE DETENCIÓN, MATARON A TRES DE ELLAS, DE UNA MANERA QUE CAUSÓ CONMOCIÓN PÚBLICA Y LUEGO PARA ELIMINAR LAS EVIDENCIAS QUE LOS HECHOS PUNIBLES, DESTRUYERON POR MEDIO DE EXPLOSIVOS UN VEHÍCULO QUE PERTENECÍA A UNA DE LAS VÍCTIMAS Y DESTRUYERON TAMBIÉN EL INMUEBLE DONDE FUERON LLEVADAS LAS PERSONAS SECUESTRADAS”.

Así reza el texto, rescatado en estos días por el periodista Matías Fouillioux, del Centro de Investigación e Información Periodística, CIPER.

Hace unas semanas, nadie en el gobierno parecía tener en mente este fallo. El general de Carabineros (r) Iván Andrusco, asumía como director nacional de Gendarmería. Casualmente era un 29 de marzo, el día en que se cumplían 25 años exactos del secuestro y asesinato de Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada -los “degollados- muertos a manos de la esa “asociación ilícita terrorista” llamada DICOMCAR.

¿Pero, dónde trabajaba Andrusco hace justamente 25 años? No era una pregunta obvia. De hecho, formulada así, de la nada, a quién le podía importar. Sin embargo, la respuesta, una vez difundida por el diputado Hugo Gutiérrez, no podía dejar indiferente a nadie…

¿CARRERA EJEMPLAR?

Resultaba que la persona encargada de dirigir todos los recintos de reclusión legal del país, trabajó largo tiempo en un centro de detención ilegal y tortura. A él debían, en lo sucesivo, los jueces confiar las personas que declararan reas. Andrusco, el responsable final de resguardar el propio edificio de la Corte Suprema, de acuerdo al fallo firmado por el mismo presidente del máximo tribunal, había sido miembro de una “asociación ilícita terrorista”.

Los antecedentes del Caso Degollados, según el fallo de Milton Juica, terminaron por no involucrarlo directamente en los asesinatos de Nattino, Guerrero y Parada, pero todo lo demás indicaba, definitivamente, que, tras su designación, algo no estaba en su lugar. Las condenas por “asociación ilícta terrorista”, en su oportunidad, cayeron piadosamente sólo sobre los cinco máximos oficiales de la DICOMCAR, incluyendo al general César Mendoza, de cuya comandancia en jefe dependía, de acuerdo al irregular organigrama, este grupo criminal. Andrusco, como el resto de los oficiales subalternos, se libró del cargo. Pero, algo no podía ignorarse, Andrusco había sido parte de “La Firma”.

Así que (pese a que El Mercurio asegure que se trata de un oficial “de carrera ejemplar”) la mancha en el expediente podía resultar difícil de olvidar. Y se puede presumir que, si hay una persona que tendría la mancha siempre en mente, ésta debe ser el presidente de la Corte Suprema; aquel juez que tuvo que investigar a ese organismo, que de policial pasó a terrorista y que, en vez de proteger a los ciudadanos, los había detenido ilegalmente, torturado y asesinado.

Y un pelo de la cola. A propósito de esta “carrera ejemplar”, el mismo El Mercurio informó el 9 de abril del 2005 de versiones que hablaban de “una eventual baja del servicio del general Andrusco”, envuelto en un bochornoso incidente como general de Carabineros a cargo de la Región del Bío Bío. En esa ocasión, un grupo de doce miembros de la institución firmó una carta denunciando inhumanas condiciones de trabajo instauradas bajo el mando de Andrusco. La misma nota habla del “impacto causado por la carta denuncia” en el alto mando, que no se caracteriza por aceptar este tipo de misivas de subordinados que critican el actuar de generales.

LAS “AMENAZAS”

Ivan Andrusco terminó por renunciar a su puesto como director nacional de Gendarmería el viernes 16 de abril. En esa oportunidad declaró que lo hacía porque se habían detectado “amenazas” de muerte, en plural, en contra de su persona.

Finalmente, resultó que se trataba de una única amenaza: un comentario posteado por un troll en theclinic.cl usando el nombre “Ciclista Maulino”. Un troll , como todos los usuarios de internet saben, es una persona que ingresa, a manera de hobby, comentarios provocadores en diversos sitios web, como una forma de matar el tiempo. El troll en cuestión, como muchos de sus congéneres, aparentemente escribe, bajo varias identidades, mensajes de diferente tenor, en los que asume distintas personalidades y estados ánimo. Con esto, el troll busca molestar o lograr alguna reacción de sus interlocutores cibernéticos. En el trato con los trolls hay una sola máxima “don`t feed the troll”, no alimente al troll (no le haga caso), una regla que en este caso no se ha cumplido.

Se anunció, en su momento, con bombos y platillos, que se iniciaría una investigación judicial para buscar a la persona autora de esta trascendente amenaza, que había logrado amedrentar a un general veterano, al mando de miles de hombres armados, al punto de hacerlo renunciar a su puesto. Pero, hasta el día de hoy, nadie ha llamado a esta oficina.


Cooperativa.cl

Viernes 23 de abril de 2010

Mujer interpuso querella contra Iván Andrusco por su participación en tortura

Una mujer se querelló contra el ex director de Gendarmería y general (r) de Carabineros, Iván Andrusco, por haber sido torturada por funcionarios de la institución cuando Andrusco se encontraba al mando.

Según Elsa Esquivel Rojo, el 18 de diciembre de 1984, fue detenida en su domicilio como sospechosa de haber participado en un crimen de un policía ocurrido en la población Santa Adriana, que actualmente pertenece a la comuna de Pedro Aguirre Cerda

La mujer relató que durante su estadía en un cuartel de la Dicomcar fue sometida a torturas físicas y psicológicas junto a uno de sus hijos, por ello es que denunció a Andrusco, en conjunto con el diputado Comunista y abogado de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez.

"Ahora viendo la televisión reconozco inmediatamente al hombre que me había llevado detenida en la casa, yo no sabía su nombre, lo vine a reconocer ahora y sé que es él (Iván Andrusco) quien mandaba al grupo de los policías que habían y tiempo atrás supe que era de la Dicomcar", manifestó Elsa Esquivel.

El abogado que también la representa, Boris Pavez, explicó que la querella contra el ex director de Gendarmería debería ser investigada por uno de los ministros especiales que instruyen causas de violaciones a los derechos humanos.

La querella interpuesta por la mujer también fue respaldada por la directiva de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señalando que Andrusco no puede quedar en la historia como una víctima por lo que fue su salida de Gendarmería y por las constantes amenazas que sufrió para dejar el cargo de director.

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