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Jorge Claudio Andrade Gómez

Teniente Coronel de Ejercito

Agente DINA/CNI/DINE

Alias: "Don Oscar" "Patricio Villagrán Rodríguez"

 

 

C.I.: 5.293.833-3
Domicilio: Santa Sofía 195 Chiguayante, Concepción
 

Jorge Claudio Andrade Gómez, teniente coronel de ejército, retirado en 199. Agente DINA/CNI/DINE, curso en la Escuela de las Américas en enero de 1972.

Jorge Claudio Andrade Gómez, fue uno de los encargados de planificar la operacion Alfa Carbón, organizar los medios y asignar misiones a los equipos en reuniones de planificación y coordinación. Según consta en el proceso, en reuniones previas mostró fotografías donde las victimas que debían eliminarse estaban marcados con una cruz. Otro procesado declaró que una semana antes este oficial les ordenó que Nelson Herrera y Mario Lagos debieran morir.

Fue condenado a 5 años y un día por el asesinato de Paulina Alejandra Aguirre Tobar, 20 años, MIR, asesinada a balazos en una emboscada disfrazada de "enfrentamiento" el 29 de marzo 1985.

- Procesado como coautor del secuestro calificado de Víctor Díaz López, Calle Conferencia, entre abril y agosto de 1976, Santiago.

- Procesado como coautor del secuestro calificado de Jorge Fuentes Alarcón, Operación Cóndor, detenido en el extranjero entre abril de 1976 y mayo de 1977.

- Procesado como autor de 10 secuestros calificados de Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, Iván Sergio Insunza Bascuñan, Mario Jesús Juica Vega, Miguel Nazal Quiroz, Daniel Palma Robledo, Luis Emilio Recabarren González, Manuel Guillermo Recabarren González, Manuel Segundo Recabarren Rojas, Alejandro Rodríguez Urzúa y José Eduardo Santander Miranda, Villa Grimaldi entre abril y agosto de 1976, Santiago.

- Procesado como autor de 1 secuestro calificado de Víctor Hugo Morales Mazuela, agosto de 1976, Santiago.

- Procesado como autor de 1 secuestro calificado de Carlos Mario Vizcarra Cofré, agosto de 1976, Santiago.

- Procesado como autor de 1 secuestro calificado de Julio Roberto Vega Vega, agosto de 1976, Santiago.

 Participó en los fusilamientos de Peldehue y posteriormente en la masacre del complejo maderero Panguipulli

Durante su estadía en el Cuartel Terranova, más conocido como Villa Grimaldi paso a ser el lugarteniente de Krassnoff, en el Grupo Águila. Muchos sobrevivientes lo responsabilizan de la desaparición de detenidos. En 1991 era mayor en la guarnición general metropolitana.

En Agosto de 1979, participó en la aplicación de tortura que causaron la muerte del profesor Federico Álvarez Santibáñez.

 

Fuentes de Informacion: Ciperchile.cl; ArgenPress; La Nacion; El Mostrador; Poderjudicial.cl; Archivo Memoriaviva.

 


El Asesinato de Paulina Aguirre por agentes de la CNI

Por fin la verdad

Este mes, al cumplirse 19 años del asesinato de Paulina Alejandra Aguirre Tobar, se espera conocer la sentencia contra los miembros de la CNI que le dieron muerte a balazos en una emboscada disfrazada de enfrentamiento. La joven militante del MIR acababa de cumplir 20 años, en diciembre de 1984. El homicidio ocurrió poco antes de la medianoche del 29 de marzo de 1985, en el sector El Arrayán: la misma noche en que los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo fueron asesinados en Villa Francia. En sólo unas horas, la siniestra mano de la dictadura cercenó la vida y los sueños de tres jóvenes.

Por el homicidio calificado de Paulina Aguirre están procesados y acusados como autores Alvaro Corbalán Castilla, mayor de ejército y jefe operativo de la CNI quien, en esa época, estaba al mando del cuartel Borgoño; Krantz Johans Bauer Donoso, teniente coronel de ejército en retiro, que entonces dirigía la Brigada Azul de la CNI bajo el mando de Corbalán, actualmente también procesado por los asesinatos de la Operación Albania y del periodista José Carrasco; Miguel Angel Soto Duarte, mayor de Carabineros en retiro, alias “El Paco Aravena”; Alejandro Astudillo Adonis, oficial de la Fach; y Jorge Claudio Andrade Gómez, teniente coronel de ejército en retiro, subcomandante del cuartel Borgoño. Fue Soto Duarte quien disparó las balas que provocaron la muerte inmediata de Paulina. Cuando ya había caído, Astudillo Adonis y Andrade Gómez le continuaron disparando. Corbalán y Bauer dieron las órdenes, siguieron paso a paso el “operativo” y se encargaron del montaje para simular un enfrentamiento.

Los procesamientos de estos cinco criminales fueron revisados y confirmados unánimamente por la Corte de Apelaciones de Santiago. Dos de ellos reconocieron haber participado en el “operativo” por orden de Alvaro Corbalán. Esta fue una de las “proezas” de la Brigada Azul de la CNI, encargada de reprimir al MIR y responsable de numerosos crímenes. Esta brigada la dirigía en esa época Krantz Bauer, bajo el mando general de Alvaro Corbalán. Durante el proceso fueron interrogados alrededor de veinte ex agentes que formaban parte de esa brigada, tres de los cuales permanecían en servicio activo en el ejército en el año 2002.

Actualmente la investigación está cerrada, el caso fue aclarado y el proceso cuenta con dos confesiones de los autores, decisivas para impedir cualquier subterfugio en busca de impunidad. Antes de fines de marzo, el ministro de fuero Jorge Zepeda debería dictar sentencia de primera instancia.

MILITANTE PRECOZ

Paulina Aguirre pidió ingresar al MIR a los 15 años. A esa edad ya había comprendido de sobra lo que era vivir en dictadura. Vio a su padre, Luis Aguirre Smith, terriblemente torturado en Calama y después tras las rejas de la Penitenciaría de Santiago. Su tío Pedro, trabajador de Chuquicamata, estuvo recluido en la cárcel de Copiapó y su tío Carlos Acuña Alvarez fue fusilado en Antofagasta. “Ella quiso luchar contra los crímenes cometidos por la dictadura. Esperaba crear una sociedad más humana, justa e igualitaria -recuerda hoy su padre-. Paulina era una bella niña que continuaba asistiendo al Liceo Valentín Letelier en cursos vespertinos. Dibujaba y tocaba la guitarra con sus compañeros y amigos. Y escribía, sin olvidar jamás su compromiso político”. A su padre le dejó versos como éstos:

Cuando el dolor,
la sangre, el odio y la muerte
son necesarios,
miles de manos se tienden
para tomar las armas.
Acuérdense ustedes de mí
Siempre.

La joven militante, cuyo nombre político era “Luisa”, trabajó cinco años en la clandestinidad. Sus padres estaban separados y vivían en el exilio. Luis Aguirre en Francia y su madre, María Eugenia Tobar Andrade, en Suecia. Es poco lo que se sabe de los últimos años de Paulina en Chile. Sí se han podido reconstituir, a grandes rasgos, sus pasos previos al asesinato.

UNA GRIETA EN EL MURO

A comienzos de 1985, Paulina Aguirre arrendó una cabaña de madera en el interior de una parcela, en calle Pastor Fernández 16.100, en la comuna de Lo Barnechea. Según el testimonio de un testigo, la misma vivienda había sido alquilada anteriormente por una mujer de unos 30 años, que dijo ser fotógrafa y a quien visitaba un hombre de la misma edad. En las noches, los vecinos sentían que martillaban, como si estuvieran realizando un trabajo de carpintería. La mujer abandonó la cabaña intempestivamente, al día siguiente de un robo en una casa vecina que motivó la presencia de personal de Investigaciones.

En los primeros días de marzo, la zona central del país fue estremecida por un terremoto y una profunda grieta resquebrajó la única pared de cemento de la cabaña donde vivía Paulina. La dueña -María Victoria Esquivel, hoy fallecida-, quien residía en el mismo recinto, le pidió que se mudara a una pieza de su casa mientras reparaban la cabaña. Pero ella optó por trasladarse transitoriamente a casa de su abuela, en la Villa Cumbres Andinas de la comuna de Macul, donde vivían su hermano, una tía y una prima.

El 27 de marzo, los maestros que efectuaban reparaciones en la cabaña debieron derribar la pared dañada y en el interior de un tabique de madera descubrieron paquetes de municiones. Alertaron a la propietaria y ésta dio aviso al Ministerio de Defensa. Al lugar llegó un equipo de la CNI, que posteriormente anunció a la prensa el hallazgo de armas, municiones y amongelatina. Dentro y fuera de la vivienda quedó una guardia permanente de la CNI esperando el regreso de Paulina.

El contratista a cargo de los trabajos, Luis Valenzuela Pérez, declaró durante el proceso que vio al agente de la CNI a cargo del equipo mostrarle una serie de fotos a la dueña de la parcela y que ésta reconoció en una de ellas a la joven arrendataria de la cabaña, como también a otra mujer que le había servido de aval al momento de concertar el alquiler. Valenzuela señala, además, que les afectó cuando supieron de la muerte de la muchacha “debido a que sentíamos que por nuestro trabajo había resultado muerta esta joven” y que la dueña de la propiedad estaba molesta “ya que estimaba que la cantidad de personas que se encontraba oculta al interior de la parcela y en los alrededores, podría haber actuado en forma diferente, deteniendo a la joven sin matarla”.

Según la versión “oficial” entregada por la CNI, Paulina regresó el 29 de marzo, a las 23.15 horas. La parcela estaba plagada de esbirros de la CNI, ocultos entre los árboles. Cuando la joven abrió la puerta del antejardín, le habrían ordenado que se detuviera e identificara. Entonces, ella habría sacado un arma de su bolso con la que supuestamente disparó a los agentes.

Al repeler el ataque, éstos la habrían herido mortalmente. El informe de autopsia registra ocho entradas de bala, dos de las cuales le atravesaron la cabeza. La muerte fue instantánea.
La investigación realizada durante el actual proceso reveló que Paulina estaba siendo seguida con anterioridad, que iba desarmada y que la asesinaron a sangre fría. Una vez cometido el crimen, llegaron al lugar Alvaro Corbalán y Kranz Bauer -ambos procesados por la Operación Albania y el primero condenado a prisión perpetua por el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca-, para supervisar el resultado de la “operación”, alterar el sitio del suceso y hacer la denuncia del “enfrentamiento”. Esa fue la información que se dio a conocer a la población chilena a través de la prensa.

EN BUSCA DE LA VERDAD

Como ocurrió con muchos otros casos, por el homicidio de Paulina Aguirre se inició un proceso en la justicia militar que quedó en nada. El Segundo Juzgado Militar de Santiago no se orientó a indagar sobre la muerte de la joven militante del MIR, sino a investigar los delitos de tenencia ilegal de armas y conducta terrorista. Poco después, el caso fue sobreseído debido a que la autora de esos delitos había muerto en un enfrentamiento. Eso fue todo.
Al comienzo de la década del 90, sus familiares declararon ante la Comisión de Reconciliación, Verdad y Justicia.

Luego de investigar, la comisión expresó en el Informe Rettig su convicción de que “Paulina Aguirre pudo ser detenida, sin embargo fue ultimada por efectivos de la CNI cuando regresaba a su domicilio, sin que hubiese habido oposición de su parte”. El 2001, Luis Aguirre Smith, residente en Francia, presentó una querella ante el juez Juan Guzmán por intermedio del abogado de derechos humanos Francisco Bravo contra Augusto Pinochet y quienes resulten responsables de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita genocídica cometidos contra su hija.
Durante el proceso en la justicia militar, Salas Wenzel había dado el nombre de dos personas -“Jaime Aravena Parada” e “Iván Stuar Briceño”- que habrían participado en el operativo. Como es de suponer, eran “chapas”, lo que se demostró en ese mismo proceso.

Posteriormente, en el 2001, el actual comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre, quien entonces tenía el cargo de jefe del estado mayor general del ejército, se negó a entregar al ministro de fuero Juan Guzmán la nómina de militares que cumplían funciones en la CNI en 1985, diligencia que había solicitado la parte querellante. Sólo argumentó que esa información es “un antecedente secreto conforme lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar”. Esa fue toda la “colaboración” que prestó el ejército para aclarar el crimen, lo que desmiente el discurso reconciliatorio y pro derechos humanos del general Cheyre. Con los escasos antecedentes disponibles, el ministro de fuero Juan Guzmán despachó una orden de investigar al Departamento V de la policía de Investigaciones, que cumplió una labor decisiva en la pesquisa.

Estableció que dentro de la CNI el aparato encargado de la represión contra el MIR era la denominada Brigada Azul, y que el asesinato de Paulina Aguirre tenía las mismas características de otros cometidos antes y después de su muerte, los que también se presentaron como “enfrentamientos”. Un precedente inmediato era el homicidio de Fernando Vergara Vargas, abatido en la calle el 15 de diciembre de 1984 cuando regresaba a su casa. Los falsos enfrentamientos fueron la forma que adquirió en los años 80 la política de exterminio contra quienes estaban en la lucha antidictatorial. Hay testigos que escucharon en 1986 a Hugo Salas Wenzel, director de la CNI, diciéndole a Alvaro Corbalán que “ya no quiero más detenidos”.

El Departamento V de Investigaciones logró identificar a un número importante de agentes de la Brigada Azul y, con la orientación de la parte querellante, solicitó información judicial a otros jueces que investigaban delitos cometidos por la CNI en esos años. La primera luz para dar con los autores la proporcionó una agente de esa brigada de la CNI, Ema Verónica Ceballos Núñez, perteneciente a la Armada, quien declaró que el operativo en El Arrayán, en el que ella dijo no haber participado, fue comentado en la Brigada Azul por un sujeto denominado “El Paco Aravena”, quien tenía la particularidad de estar estudiando Leyes. Este hombre, según Ema Ceballos, se jactaba de haber dado muerte a Paulina Aguirre, lo que a ella le molestó mucho, porque consideraba un acto de cobardía haber matado a una muchacha tan joven y sin defensa. Esos datos fueron determinantes. A su vez, otros agentes de la CNI fueron entregando nuevos antecedentes. Uno de ellos admitió que fue un montaje, que la joven estaba siendo seguida hacía aproximadamente un mes. Luego, Ema reconoció al “Paco Aravena” en una serie de fotos que le mostró el ministro a cargo de la investigación. Fue identificado como Miguel Angel Soto Duarte. Es decir, el pacto de silencio se comenzaba a romper, lo que permitió ir precisando la identidad de quienes participaron en el operativo y a quienes correspondían las chapas entregadas por Salas Wenzel.

En octubre del 2003, cuando se distribuyeron procesos para descongestionar el trabajo del juez Guzmán, el caso pasó a manos del ministro de fuero Jorge Zepeda, quien continuó trabajando, ahora con el equipo de inteligencia de Investigaciones, y tomó declaraciones a aproximadamente veinte ex agentes de la CNI. En definitiva, llegó a la conclusión que Paulina Aguirre había sido objeto de un seguimiento coordinado por radio durante todo el trayecto hasta la parcela. Eso coincide con otras informaciones. El hermano de la joven, Luis Aguirre Tobar, y una prima, Ana Andrade, observaron un furgón Suzuki de color blanco que circulaba en torno a la casa de la abuela, donde ella había buscado refugio en los días previos al asesinato.

Lo más sencillo fue desbaratar el montaje del “enfrentamiento”. La CNI repitió errores cometidos en otros casos similares, como poner el arma en la mano izquierda de la muchacha -que no era zurda-, usar una pistola con la cual no se había disparado y ausencia de restos de pólvora en la mano de la joven. “No se preocuparon de esos detalles, que son fundamentales, porque evidentemente pensaron que esto jamás sería investigado”, señala el abogado querellante Francisco Bravo.

La investigación judicial no confirma ni desmiente el hallazgo de armamento en la vivienda de la militante del MIR, porque se orientó exclusivamente a aclarar el homicidio. “Aparentemente, había barretines -dice el abogado querellante-, pero Paulina lo habría ignorado”. Qué es lo que realmente había es algo difícil de comprobar, porque la CNI aisló la cabaña mientras la registraba y después informó de una larga lista de municiones, armas y explosivos encontrados en su interior.

En la actualidad, varios de los acusados se encuentran en libertad provisional. Krantz Bauer quedó libre bajo fianza a pocos días de haber sido detenido. Lo mismo ocurrió con Miguel Soto Duarte, autor de los disparos mortales. A Jorge Andrade le concedieron la libertad, pero casi de inmediato fue revocada por un dictamen de la Octava Sala de la Corte Suprema por considerarlo “un peligro para la seguridad de la sociedad debido a la forma y circunstancias del delito investigado”. Sin embargo, insistió y finalmente obtuvo la libertad provisional. Pero estos serán los últimos días en que los asesinos de Paulina Aguirre gozarán de ese beneficio al que con tanta facilidad acceden los violadores de derechos humanos. El ministro Jorge Zepeda Arancibia tiene la palabra.

De criminales y cómplices

Para el abogado querellante Francisco Bravo López, la investigación del asesinato de Paulina Aguirre llegó a buen término debido a la diligencia del Departamento V de Investigaciones y a la efectiva actuación de los ministros de fuero Juan Guzmán y Jorge Zepeda. Y, desde luego, gracias a la colaboración de algunos ex agentes de la CNI.
Al respecto, distingue dos actitudes en los violadores de derechos humanos. “Alvaro Corbalán es de los que no demuestran ningún grado de arrepentimiento, va a morir en la suya, sin reconocer nunca que lo que hizo estuvo mal -dice el abogado-. Es la mentalidad del fanático, que se enceguece y cree que mató por la patria, y que si la historia se repite lo haría igual o peor. Esa es la lógica de los Krasnoff, los Moren Brito y los Manuel Contreras, de los represores más crueles que hubo en Chile. Esto difiere de la actitud de otros que han colaborado con la justicia, que generalmente son de rango inferior y quienes, en muchos casos, fueron ejecutores materiales de los crímenes. No creo que colaboren sólo por conveniencia -rebaja de penas u otras-, sino porque tienen una carga en la conciencia que les está pesando demasiado y que se manifiesta especialmente cuando envejecen y empiezan a pensar en la muerte”.

¿Por qué cree que decidieron matar a Paulina Aguirre?
“Simplemente porque era militante del MIR. También hay distintas tesis extrajudiciales sobre las motivaciones de Alvaro Corbalán para ejecutar asesinatos, operativos o montajes, más allá de la política de Estado de la época para reprimir a ciertos sectores políticos del país. Habría motivaciones pecuniarias -el robo de las posesiones de las víctimas, como ‘botín de guerra’- y también de prestigio. La mayor parte de los supuestos enfrentamientos se producía en épocas de evaluación del personal de la CNI. Corbalán tenía -y tiene- muchos enemigos en el interior del ejército por su personalidad arrogante, porque se jactaba de tener contacto directo con las autoridades de más alto rango, por manejar muchísima información. Así, actuar en este tipo de hechos le hacía merecedor de buenas calificaciones, porque se le veía como un hombre efectivo en la lucha antisubversiva”.

¿Se siente satisfecho con los resultados de este proceso?
“Sí, el asesinato está aclarado. Pero me quedé con una espina clavada. En mi opinión, la justicia también debería orientar sus indagaciones hacia las fiscalías militares, como ocurrió en los casos de Tucapel Jiménez y Berríos, porque formaron parte de un aparato organizado de poder que cooperó en estos crímenes. Es decir, hubo complicidad de fiscales y jueces militares, lo que implica colaboración en el delito que se cometía. En la Operación Albania, el gran argumento de la defensa fue que habían actuado porque existía una orden de investigar, y efectivamente hubo un decreto judicial que emanó de un tribunal militar mediante el cual se le dio manga ancha a los agentes de la CNI para hacer y deshacer. De esa manera, bajo un manto de aparente formalidad o legalidad se cometieron crímenes espantosos. Como se ve en el caso de Paulina Aguirre, la justicia militar no sólo no hizo su trabajo, sino que se ocupó de blanquear crímenes. En general, creo que en los casos de violaciones de derechos humanos hay que seguir indagando esa veta”

Retrato sicológico de un asesino

A solicitud del ministro de fuero Jorge Zepeda, se les practicaron exámenes de facultades mentales a los acusados. Es patético el informe del Servicio de Psicología del Hospital de Carabineros, donde Miguel Angel Soto Duarte se atendía desde marzo del 2003 por “trastorno limítrofe de personalidad y depresión mayor”. Dice, entre otras cosas, que “el paciente presenta evidentes signos de alteraciones de carácter, ideación suicida, descontrol de impulsos, trastornos en el curso formal del pensamiento y síntomas productivos ocasionales”.

Otro informe emitido por el Instituto de Medicina Legal concluye que Soto Duarte presenta “una personalidad con rasgos anómalos de tipo mixto y que en el momento de ocurrir los hechos que se investigan no padecía de alteraciones psicopatológicas que pudieran modificar su imputabilidad”. En 1986, Miguel Angel Soto comenzó a consultar a un psiquiatra por estados angustiosos. “Describe las molestias que lo hicieron consultar como nerviosidad, inquietud cuando va por la calle ‘como que están pendientes de mí, que me quieren matar’, insomnio de conciliación y al no poderse dormir ‘me da vueltas este caso’, presiente como una sombra a su lado o le parece escuchar la voz de un niño o de una mujer estando dormido”.

Cuando recuerda la muerte de Paulina Aguirre, dice: “Llega una persona, se produce una serie de disparos, no había mucha luz, órdenes van y vienen... Yo participé en el enfrentamiento, yo disparé también... pero no porque yo quisiera, sentí miedo, que me pudieran matar. Era un operativo extraño, con mucha gente encubierta detrás de mí... que me podía matar. Me llevaba mal con los amigos. Había escuchado que me iban a matar en algún enfrentamiento. Disparé para que no me mataran... Ahora lo único que quiero es estar tranquilo. Que la justicia me castigue luego. Que esto termine. Yo elegiría la pena de muerte”


El Mostrador

11 de Febrero del 2004

Por la muerte de Paulina Aguirre Tobar en 1985: Acusan a Álvaro Corbalán de homicidio calificado de mirista

En subrogancia del ministro de la Corte de Apelaciones, Jorge Zepeda, la magistrada con dedicación exclusiva para casos de DDHH María Inés Collin, también acusó del delito de homicidio calificado a los ex agentes de la Brigada Azul de la CNI, Kranz Bauer Donoso, Alejandro Astudillo Adams, Miguel Soto Estuardo y Jorge Andrade Gómez.

La magistrada del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, María Inés Collin, acusó al ex jefe operativo de la Central Nacional (CNI) de Informaciones, Álvaro Crobalán, del homicidio calificado de la militante del MIR, Paulina Aguirre Tobar en 1985.

De la misma forma, la magistrada con dedicación exclusiva para casos de DDHH que subroga en esta ocasión al ministro de la Corte de Apelaciones, Jorge Zepeda, también acusó del mismo delito a cuatro miembros de la Brigada Azul de la CNI, Kranz Bauer Donoso, Alejandro Astudillo Adams, Miguel Soto Estuardo y Jorge Andrade Gómez.

Corbalán fue sometido a proceso por la muerte de Paulina Aguirre el 14 de mayo pasado, ocasión en que también encausó a los ex agentes Andrade Gómez y Bauer por el mismo delito. La acusación, dentro del proceso judicial, es el paso anterior a que se dicte la sentencia.

Paulina Aguirre, de 20 años y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue ejecutada cuando regresaba a su domicilio en el sector capitalino de Las Condes, el 29 de marzo de 1985, según consigna el "Informe Rettig" que documentó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990).

El informe agrega que la joven fue ejecutada por agentes de la CNI, pero la versión oficial de la época habló de enfrentamiento, sobre la base de que los autores pusieron un arma en la mano del cadáver para sustentar la historia de que se había resistido al arresto.

Aunque la justicia militar corroboró esa tesis, Zepeda logró establecer que hay antecedentes suficientes para dar por acreditado que se trató de un homicidio calificado y que la víctima fue acribillada a mansalva sin una advertencia ni conminación previa.


La Nacion

25 de Julio 2005

Apelarán por baja condena dictada contra ex cúpula CNI

La familia de la joven mirista Paulina Aguirre Tobar, acribillada en 1985 en El Arrayán, anunció que apelará las bajas penas dictadas por el ministro Jorge Zepeda contra los cinco ex agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), por considerarlas insuficientes en relación a los crímenes cometidos.

La familia de la joven mirista Paulina Aguirre Tobar, acribillada en 1985 en El Arrayán, anunció que apelará las bajas penas dictadas por el ministro Jorge Zepeda contra los cinco ex agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), por considerarlas insuficientes en relación a los crímenes cometidos.

Luis Aguirre Smith, padre de Paulina, consideró “ligera” la sanción impuesta “El castigo no es proporcional a la gravedad del delito. La vida de una persona no son cinco años y un día”. Asimismo, explicó que él hubiera estado dispuesto a “que (los asesinos de Paulina) no tuvieran penas de cárcel.

Pero estos tipos no están arrepentidos”, o al menos así lo expresaron en los interrogatorios en el Departamento Quinto de Investigaciones, comentó Aguirre.

La pena para el ex jefe de la CNI Álvaro Corbalán Castilla; el teniente coronel (r) Kranz Bauer Donoso; el mayor (r) de Carabinero Miguel Soto Duarte y el teniente coronel (r) Jorge Andrade Gómez fue de cinco años y un día de presidio; y para el oficial (r) de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) Alejandro Astudillo Adams, de tres años y un día, además, a este último se le otorgó el beneficio de la libertad condicional. Razón por la que Aguirre solicitará un endurecimiento de las condenas dictaminadas, “de 10 años hasta cadena perpetua efectiva”.


El Mostrador

8 de Junio 2006

Suprema confirma condena contra Álvaro Corbalán por crimen de mirista

Segunda Sala del máximo tribunal rechazó acoger a trámite un recurso de casación presentado por la defensa del ex jefe operativo de la disuelta CNI, ratificando su sentencia a cinco años y un día de prisión por el homicidio de Paulina Aguirre Tobar. La misma determinación adoptó en el caso de comandante retirado Krantz Bauer Donoso.

La Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema confirmó la condena contra el brigadier retirado Álvaro Corbalán Castilla, como autor del homicidio calificado de la ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Paulina Aguirre Tobar, registrado en 1985.

Este jueves, el máximo tribunal desestimó acoger a trámite un recurso de casación presentado por la defensa del ex jefe operativo de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), que pretendía dejar sin efecto la sentencia dictada en su contra.

De esta manera, confirmó la pena a cinco años y un día de prisión que deberá cumplir Corbalán Castilla, según lo había dispuesto en su momento el ministro en visita Jorge Zepeda.

El ex jefe operativo de la disuelta CNI cumple actualmente una condena a presidio perpetuo en calidad de autor del homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca, registrado en 1983 para ocultar el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez.

El otrora uniformado, además, deberá afrontar próximamente las sentencias por su participación en la llamada Operación Albania y por el crimen del periodista José Carrasco Tapia.

La decisión fue adoptda en forma unánime por los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros, además de los abogados integrantes Fernando Castro y José Fernández.

Los magistrados también desestimaron acoger a tramitación las revisiones presentadas por el comandante retirado Krantz Bauer Donoso, que deberá cumplir con una sentencia similar a la de Corbalán Castilla.

La Segunda Sala Penal, sin embargo, accedió a revisar las condenas a cinco años y un día dictadas contra Miguel Soto Stuardo y Jorge Andrade Gómez, y de tres años y un día, con el beneficio de la libertad condicional, para el oficial retirado de la Fuerza Aérea Alejandro Astudillo.

Paulina Aguirre Tobar, de 20 años al momento de su muerte, fue ejecutada cuando regresaba a su domicilio en el sector capitalino de Las Condes, el 29 de marzo de 1985, según consigna el "Informe Rettig" que documentó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990).

El informe agrega que la joven fue ejecutada por agentes de la CNI, pero la versión oficial de la época habló de enfrentamiento, sobre la base de que los autores pusieron un arma en la mano del cadáver para sustentar la historia de que se había resistido al arresto.

Aunque la justicia militar corroboró esa tesis, en su investigación el juez Zepeda logró establecer que existían antecedentes suficientes para dar por acreditado que se trató de un homicidio calificado y que la víctima fue acribillada a mansalva.


 La Nación

27 de mayo de 2008 

Juez Montiglio procesó a 98 ex agentes por víctimas de la Operación Colombo - El golpe más grande a la represión

Entre los encausados, todos en retiro, hay ocho coroneles y 23 suboficiales de Ejército, 40 oficiales y suboficiales de Carabineros, dos ex agentes de la FACH, una ex agente de la Armada, y siete ex agentes de la Policía de Investigaciones.

El mayor golpe a la represión de la dictadura de Augusto Pinochet dio ayer el ministro Víctor Montiglio, al procesar a 98 ex agentes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones por 42 víctimas de la Operación Colombo.

Se trata de la resolución más numerosa dictada entre las casi 400 causas por violaciones de los derechos humanos que se instruyen en el país. Incluso superó a los 67 ex agentes encausados por el mismo juez Montiglio en 2007 por los crímenes de la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín en el cuartel Simón Bolívar.

Entre los encausados por Colombo hay ocho coroneles de Ejército (R), seis de los cuales no habían procesados antes en ninguna causa. También fueron declarados reos 23 suboficiales de Ejército (R) de los cuales al menos el 50 por ciento aparecen por primera vez en este tipo de causas.

Entre estos suboficiales figura Juvenal Piña, alias "El Elefante", ex agente de la Brigada Lautaro, que fue quien asfixió al jefe comunista en la clandestinidad (1976) Víctor Díaz, con una bolsa plástica en su cabeza, previo a que le inyectaran cianuro.

Además el magistrado encausó a 40 ex agentes oficiales y suboficiales de Carabineros, entre los que están Ricardo Lawrence, Heriberto Acevedo, Claudio Pacheco y José Mora, todos ex integrantes de la misma Brigada. Entre los procesados hay también ex agentes que pertenecían a la Policía de Investigaciones. El único civil (Ejército) es Juan Suárez.

De la lista total, al menos trece ya se encuentran cumpliendo condena por otras causas (ver lista).

Hasta el cierre de esta edición los procesados seguían siendo detenidos para ser internados en distintos lugares, como el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

Entre las 42 víctimas por las cuales el ministró dictó su resolución, están María Angélica Andreolli, Miguel Acuña Castillo, Juan Carlos Perelmann Ide, Juan Chacón Olivares, Jorge Müller Silva, Luis Guendelmann Wisniak, Mario Calderón Tapia y Carmen Bueno Cifuentes.

La Operación Colombo y los medios

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA.

La Operación Colombo fue parte de la Operación Cóndor, y consistió en un montaje de la dictadura para hacer creer a la población que 119 detenidos que se encontraban desaparecidos, habían salido clandestinamente a Argentina y allí murieron enfrentados con fuerzas policiales y del Ejército durante la fase previa al golpe militar de 1976 en Argentina.

Algunos de esos nombres aparecieron como militantes "asesinados" en Buenos Aires y alrededores, con carteles en sus cuerpos que decía que habían sido ejecutados por sus propios compañeros por ajuste de cuenta por rencillas internas. Sin embargo, ello también resultó un montaje.

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA en el extranjero y tuvieron una única edición.

En Chile la prensa pro dictadura como los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y La Segunda, reprodujeron el montaje de los servicios de inteligencia. En el recuerdo quedó el titular del vespertino que informó "Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina". Ellos formaron parte de la lista de los 119 desaparecidos de Colombo.

El ex prófugo Raúl Iturriaga, quien era uno de los encargados del departamento exterior de la DINA, fue quien primero dio luces en Buenos Aires de este operativo.

Según el ex agente civil Enrique Arancibia Clavel, condenado en Buenos Aires por el crimen del general Carlos Prat y su esposa, fue Iturriaga quien a comienzos de 1975 se juntó con él para pedirle que preparara lo necesario porque "hay que hacer aparecer a unos muertos de la Operación Colombo".

Se trataba de preparar la aparición de los supuestos cuerpos de Jaime Robotham y Luis Guendelmann como parte del montaje.

Lista de procesados

Ejército (todos en retiro):

Víctor Molina Astete (coronel); Sergio Castillo González (crl); Eduardo Guerra Guajardo (crl); Víctor San Martín Jiménez (crl); José Fuentes Torres (crl); Manuel Carevic Cubillos (crl); Jaime Paris Ramos (crl); César Manríquez Bravo (crl); Raúl Toro Montes (suboficial); Eduardo Reyes Lagos (sub); Orlando Torrejón Gatica (sub); Osvaldo Tapia Alvarez (sub. Suicidado); Juvenal Piña Garrido (sub. “El Elefante”); Juan Suárez Delgado (civil); Nelson Paz Bustamante (sub); José Aravena Ruiz (sub); Luis Torres Méndez (sub); Raúl Soto Pérez (sub); Jorge Andrade Gómez (sub); Juan Escobar Valenzuela (sub); Rolando Concha Rodríguez (sub); Gustavo Apablaza Meneses (sub); Hiro Alvarez Vega (sub); Víctor Alvarez Droguett (sub); Jorge Venegas Silva (sub); Carlos Rinaldi Suazo (sub); Carlos Letelier Verdugo (sub); Reinaldo Concha Orellana (sub); Máximo Aliaga Soto (sub); Hugo Clavería Leiva (sub); Samuel Fuenzalida Devia (sub);

Investigaciones

Juan Urbina Cáceres; Hugo Hernández; Manuel Rivas Díaz; Herman Alfaro; Eugenio Fieldhouse; Osvaldo Castillo;

Carabineros (oficiales y suboficiales todos en retiro)

Gerardo Godoy García; Ciro Torres Sáez, Alejandro Molina Cisternas; Camilo Torres Negrier; Héctor Lira Aravena; José Fritz Esparza; Claudio Pacheco Fernández; Jorge Sagardia Monge; Sergio Castro Andrade; Luis Villarroel Gutiérrez; Armando Cofré Gómez; Fernando Roa Montaña; Gerardo Meza Acuña; Enrique Gutiérrez Rubilar; Luis Mora Cerda; José Muñoz Leal; Juan Duarte Gallegos; Carlos Miranda Meza; Rufino Jaime Astorga; Luis Urrutia Acuña; Luis Zúñiga Ovalle; Pedro Alfaro Hernández; Orlando Inostroza Lagos; Rosa Ramos Hernández; Gustavo Caruvan Soto; Héctor Valdebenito Araya; Manuel Avendaño González; José Mora Diocares; Guido Jara Brevis; Nelson Ortiz Vignolo; Ruderlindo Urrutia Jorquera; Héctor Flores Vergara; Jerónimo Neira Méndez; Manuel Montré Méndez; Heriberto del Carmen Acevedo; Claudio Orerllana de la Pinta; Nelson Iturriaga Cortés; Luis Gutiérrez Uribe; José Ojeda Obando;

Fuerza Aérea

Delia Gajardo Cortés; Hernán Avalos Muñoz

Armada

Teresa Navarro Osorio;

Procesados que ya cumplen condena

Manuel Contreras Sepúlveda; Pedro Espinoza Bravo; Raúl Iturriaga Neumann; Marcelo Moren Brito; Miguel Krassnoff Martchenko; Ricardo Lawrence Mires; Basclay Zapata Reyes; Conrado Pacheco; Francisco Ferrer Lima; Gerardo Urrich; Orlando Manzo Durán; Rizier Altez España; Fernando Lauriani Maturana


AgenPress

27 de Junio 2013

A 29 años de "Alfa Carbón 1", la "Operación Albania del Sur"

¿Quién es quien entre los asesinos de "Alfa Carbón 1"?.

Los familiares de las víctimas de la "Operación Alfa Carbón1" solicitaron al ministro Carlos Aldana Fuentes, de la Corte de Apelaciones de Concepción, procesar por el delito de "asociación ilícita y homicidio calificado" a cuatro altos oficiales con responsabilidad de mando en los crímenes del Sur y a otros 12 sicarios de la CNI. Además, piden que se califique la "asociación ilícita" a todos los esbirros, incluidos los 7 autores que ya están procesados por homicidio.

"Asociación ilícita" y homicidio para jefes o mandos

1) Hugo Iván Salas Wenzel, mayor general de ejército (r) y vice-director (2º Jefe) de la CNI desde 1984 a octubre 1986. Después fue director CNI hasta noviembre 1988. En la época de Alfa Carbón era vice-director de CNI y formaba parte del mando que conoció la operación y adoptó las decisiones sobre el operativo final. Como segundo de la CNI estaba al tanto de las operaciones de los subordinados. Recluido en Punta Peuco, cumple cadena perpetua, condenado por los crímenes de Operación Albania.

2) Jorge Claudio Andrade Gómez, alias don "Don Oscar", "Patricio Villagrán Rodríguez", teniente coronel de ejército, retirado en 1991, fue uno de los encargados de planificar Alfa Carbón, organizar los medios y asignar misiones a los equipos en reuniones de planificación y coordinación. Según consta en el proceso, en reuniones previas mostró fotografías donde los subversivos que debían eliminarse estaban marcados con una cruz. Otro procesado declaró que una semana antes este oficial les ordenó que Nelson Herrera y Mario Lagos debieran morir. Fue condenado a 5 años y un día por el asesinato de Paulina Alejandra Aguirre Tobar, 20 años, MIR, ultimada a balazos en una emboscada disfrazada de "enfrentamiento" el 29 de marzo 1985.

3) Aquiles Mauricio González Cortés, coronel de ejército (r), como jefe de la Brigada Azul de CNI facilitó medios y comandó equipos para la ejecución de la Operación Alfa Carbón. Estuvo en Concepción supervisando las tropas en el cuartel y en la calle.

4) Jorge Camilo Mandiola Arredondo, mayor de ejército, jefe de la Brigada Regional Concepción de CNI, dirigió el trabajo de inteligencia y participó, entre otras operaciones, en Vega Monumental. Un equipo que operó en Los Ángeles estuvo bajo su mando directo. Dirigía la Unidad Antisubversiva Regional (UAS).

"Asociación ilícita para ejecutores materiales"

Los ejecutores del asesinato de Luciano Humberto Aedo Arias fueron

5) Raúl Hernán Escobar Díaz, DINA-CNI y Empleado Civil del Ejército (ECE) desde 1976 a 1998.

6) Roberto Antonio Farías Santelices, CNI 1984-1990, miembro de la Dirección de Inteligencia Militar (DINE) 1979-1984 y 1990-2004, suboficial de ejército (r) hasta 2010.

El asesinato de Mario Octavio Lagos Rodríguez lo perpetraron:

7) Hugo José Hechenleitner Hechenleitner, CNI 1983-1988, teniente coronel de ejército (r) hasta 2004.

8) Egón Antonio Barra Barra, DINA-CNI 1976-1988, cabo 2º de carabineros hsta 1989.

A Mario Ernesto Mujica Barros también lo asesinó:

9) Rafael de Jesús Riveros Frost, agente civil del ejército en DINA-CNI 1973-2002.

Los ejecutores del asesinato de Rogelio Humberto Tapia De La Puente y Raúl Jaime Barrientos Matamala fueron:

10) Francisco Javier Orellana Seguel, DINA-CNI 1975-1990, sargento de ejército (r) hasta 2005.

11) Jorge Fernando Ramírez Romero, agente civil del ejército en DINA-CNI 1976-1990, ex ECE hasta 2004.

Ejecutores del asesinato de Juan José Boncompte Andreu:

12) Luis René Torres Méndez, agente civil del ejército en DINA-CNI 1973-1990, jefe de equipo Brigada Azul, ECE hasta 2001.

13) Pedro María Rojas Vásquez, CNI 1980-1989, suboficial de ejército (r) hasta 1994.

14) Zinaida Lena Vicencio González, DINA-CNI desde 1973-1989, suboficial de la marina (r) hata 1994

15) Aquiles Poblete Palominos, Agente Civil Ejército DINA-CNI 1974-1990, ECE hasta 1993.

16) Carlos Alberto Eguía López, DINA-CNI 1974-1986, operativo y fotógrafo, suboficial mayor de ejército (r).

Autores procesados por "asociación ilícita y homicidio calificado":

1) Marcos Spiros Derpich Miranda, jefe de División Regionales C/2 de la CNI 1983-1984, vicedirector CNI 1988-1990. Brigadier de ejército. Como Jefe de la División Regionales, o C2, de la CNI, comandó el operativo Alfa Carbón desde el Cuartel Pedro de Valdivia de Concepción. La autoría del mando operacional está fundada en el origen del trabajo de inteligencia previo, atribuible al personal del Regional Concepción y, por consiguiente, a la División Regionales de la CNI, dirigida por Derpich. Está implicado, además, en el secuestro y desaparición de David Silverman (PC) desde la Penitenciaría de Santiago en 1974 y en las estafas de la Cutufa, organización financiera ilegal que operó dentro del ejército prestando dinero en la década 1980.

2) Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, DINE, Comando Conjunto 1975-1976, CNI desde1977-1989, jefe Brigada Azul CNI 1980-1981, jefe Unidad Antisubversiva 1981-1983, jefe de la DAS, C3 o División Bernardo O’Higgins 1984-1989. Llegó a teniente coronel (r). Estuvo directamente involucrado; facilitó todos los medios para ejecutar Alfa Carbón 1, dispuso recursos logísticos, armamento y personal que participó en el operativo. Durante las acciones de exterminio y detenciones estuvieron bajo su mando operativo, según declararon Aquiles González Cortés y Zuñiga Acevedo en Concepción, Bauer Donoso en Los Ángeles y Castro Muñoz en Valdivia. Corbalán estuvo presente en Concepción durante las operaciones, pese a serias disputas previas con Derpich y Mandiola por el control del operativo de inteligencia. Una evidencia es el reparto del botín que hizo con Derpich. Llegó a teniente coronel (r), está condenado por diversos crímenes y recluido en Punta Peuco.

Procesados por homicidio:

3) Patricio Lorenzo Castro Muñoz, ex capitán de ejército, a la época de los crímenes era 2º jefe de la Brigada Amarillo CNI, comandó el operativo en Valdivia, participó directamente en los crímenes de Estancilla y Calle Rubén Darío y en las ejecuciones de Tapia y Barrientos. Fue el cabecilla condenado por las estafas de la Cutufa de los años 80.

4) Luis Alberto Moraga Tresckow, CNI 1983-1986, jefe Brigada Regional Valdivia 1984-1985, parte activa del concierto previo y ejecución del operativo en esa ciudad. Participó en ejecuciones de Puente Estancilla. Se retiró como teniente coronel en 1993.

5) Oscar Alberto Boehmwald Soto, jefe de la Brigada Regional Puerto Montt 1984, parte activa del concierto previo y ejecución del operativo, participó en la ejecución de calle Rubén Darío. Se retiró como mayor de ejército en 1993.

Ejecutores procesados por el asesinato de Luciano Humberto Aedo Arias:

6) Luis Hernán Gálvez Navarro, DINA-CNI 1975-1991, DINE 1991-2002, retirado en 2006 como suboficial de ejército, en la época de los crímenes fue jefe de equipo de la Brigada Azul CNI, "especializada" en el MIR.

7) Roberto Antonio Farías Santelices, CNI 1984-1990, DINE 1979-1984 / 1990-2004, retirado en 2010 como suboficial de ejército.

Ejecutores procesados por del asesinato de Mario Octavio Lagos Rodríguez:

8) Manuel Ángel Morales Acevedo, carabinero DINA-CNI, Agente Civil Ejército 1983-1989, Brigada Especial 1983-1986, Brigada Verde 1987-1989, ex Cabo 1º de carabineros hasta 1985, ex ECE, condenado por Operación Albania y otras causas, en libertad por condena cumplida.

Ejecutores procesados por el asesinato de Nelson Adrián Herrera Riveros:

9) José Abel Aravena Ruiz, DINA-CNI-DINE 1973-1999, carabinero, miembro Grupo Halcón I de Brigada Caupolicán de DINA, de Brigada Rojo y Brigada Azul CNI, sargento 2º de carabineros 1973-1985, Empleado Civil Ejército 1985-1999, jefe de equipo en Brigada Azul, retirado en 1985, ex ECE (1999). A la época, siendo jefe de equipo de la Brigada Azul, comandó el equipo que ejecutó a Herrera. Procesado también por Operación Colombo (Caso de Los 119).

10) Sergio Agustín Mateluna Pino, agente civil ejército 1981-1992, Equipo UAS Regional Concepción 1983-1984), Brigada Azul 1985-1990, ex ECE, formó parte activa del operativo e integró el equipo de José Abel Aravena Ruiz.

11) Luis Enrique Andaur Leiva, cabo 2º de carabineros en 1981, guardia operativo DAS 1984, en servicio activo hasta 2008, como parte activa del operativo ejecutó a Herrera.

Ejecutores procesados por el asesinato de Mario Ernesto Mujica Barros:

12) Bruno Antonio Soto Aravena, DINA-CNI 1976-1989, jefe de equipo UAS de la Brigada Regional Concepción, suboficial de ejército retirado en 2002, comandó equipo que ejecutó a Mario Mujica en Los Ángeles.

13) José Artemio Zapata Zapata, Agente Civil Ejército en DINA-CNI 1973-2005, Equipo UAS Regional Concepción, ex ECE (2005), formó parte de equipo que ejecutó a Mujica.


Ejecutores procesados por el asesinato de Rogelio Humberto Tapia De La Puente y Raúl Jaime Barrientos Matamala (Valdivia):

- Patricio Castro Muñoz, "BJ", ya señalado entre los mandos.

- Luis Alberto Moraga Tresckow, señalado entre los mandos.

14) Gerardo Meza Acuña, carabinero, DINA-CNI desde 1973-1990, Brigada Caupolicán, Brigada Rojo, Brigada Azul, jefe de equipo en Brigada Azul, retirado como suboficial de carabineros, comandó el equipo de las ejecuciones de Estancilla y operativo en calle Rubén Darío.

Ejecutores procesados por el asesinato de Juan José Boncompte Andreu:

- Patricio Castro Muñoz, "BJ", señalado arriba

- Oscar Alberto Boehmwald Soto, señalado entre los mandos.

15) Ema Verónica Ceballos Núñez, "Flaca Cecilia", Agente Civil de la Armada en DINA-CNI 1975-1990, Brigada Azul, sargento 2º de la marina retirada en 1994, ex Agente Civil de la Marina (Armada), jefe de equipo en Brigada Azul, ingresó a la casa de calle Rubén Darío junto con Boehmwald y participó en la ejecución de Boncompte.

Excluidos por haber muerto:

Joaquín Molina Fuenzalida, planificó la operación, organizó medios y asignó misiones a equipos en reuniones de planificación y coordinación.

Francisco Daniel Zúñiga Acevedo, comandó tropas de la División Antisubversiva (DAS) de CNI en Concepción.

Krantz Johans Bauer Donoso, 2º Jefe de Brigada Especial en la DAS. Comandó el operativo en Los Ángeles.

Carlos Alberto Eguía López, DINA-CNI 1974-1986, fotógrafo, suboficial mayor de ejército (r).


Esta pagina fue modificada el 13/07/2013

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