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Roberto Antonio Ampuero Alarcón

Coronel de Ejercito

Curso en la Escuela de las Américas en enero de 1973

 

Este oficial de Ejército reconoció el haber disparado contra presos políticos, En Pisagua fue uno de los criminales que disparo sin ningún tipo de humanidad contra prisioneros maniatados.

Entre el 29 de septiembre de 1973 y junio de 1974, fueron ejecutadas 26 personas, detenidos en el Campo de Prisioneros de Pisagua. "Según testimonios de personas que se encontraban presas, el día 29 de septiembre de 1973, temprano en la mañana poco antes de las 9:00, el comandante del "campo de prisioneros de guerra" teniente coronel Ramón Larraín, ordenó a los cerca de 600 prisioneros salir de sus celdas y formar afuera de ellas. "Junto a él estaban el capitán Sergio Benavides y los tenientes Contador, Figueroa y Ampuero, según relatos coincidentes de ex prisioneros de Pisagua.

En enero de 2009, el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago Joaquin Billard Acuña, sometió a proceso en la investigación por los secuestros calificados de Michel Nash Saez, Juan Jiménez Vidal y Nolberto Cañas Cañas a los ex uniformados, Sergio Alfonso Eugenio Benavides Villarreal, Roberto Antonio Ampuero Alarcón, Gabriel Alfonso Guerrero Reeve, Sergio Eduardo Figueroa López, Arturo Alberto Contador Rosales, Manuel del Carmen Vega Collao

Fuentes: Poderjudicial.cl, lanacion.cl, Archivo Memoriaviva

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 Miércoles 20 de Agosto del año 2003 La Nacion.cl

Jueces aplican “obediencia debida”
Ministros Juan Guzmán y Daniel Calvo llevan a la práctica desde hace tiempo este criterio jurídico, que se constituyó este mes en uno de los aspectos más polémicos de la propuesta de derechos humanos del Presidente Lagos.

La idea de distinguir responsabilidades entre quienes organizaron, planificaron, ordenaron, dirigieron e incluso también cometieron crímenes, de aquellos que fueron autores, cómplices o encubridores ostentando a 1973 grados menores, fue uno de los aspectos más polémicos incorporados en la propuesta del Presidente Ricardo Lagos sobre derechos humanos, y que en los próximos días se traducirá en proyecto de ley.

Al revisar lo acontecido en los procesos, se descubre que algunos de los ministros en visita que instruyen procesos, desde hace tiempo aplican este concepto basados en el principio de la obediencia debida. Vale decir, no someter a proceso a oficiales que a 1973 y años posteriores tenían grados de subteniente, teniente e incluso capitán, y que fueron autores, cómplices o encubridores de crímenes.

En la misma línea, tampoco han procesado a quienes eran suboficiales, cabos o conscriptos. En estos casos, las declaraciones de reo han recaído en oficiales que a 1973 tenían grado de mayor, teniente coronel, coronel y general.

Esta ha sido, por ejemplo, la doctrina seguida hasta ahora por los ministros en visita Juan Guzmán y Daniel Calvo.

Pero también existen otros jueces, que hasta ahora son mayoría, que no están aplicando esa línea jurídica y han procesado e incluso condenado a quienes al momento de ocurridos los delitos, tenían grados de teniente, capitán y suboficial. Tal es el caso de los ministros en visita Alejandro Solís y Gabriela Corti, y de los jueces Olga Pérez y Juan Carlos Urrutia.

En el proceso por la Caravana de la Muerte, en los últimos procesamientos que dictó el ministro Juan Guzmán el 18 de julio de 2003 por crímenes de los episodios del sur, sólo procesó a los generales (R) Sergio Arellano y Héctor Bravo (grados a 1973) como autores de 12 secuestros y homicidios en Valdivia, y al coronel (R) Gabriel del Río por cuatro secuestros y homicidios en Linares.

De manera diferente, cuando el 9 de junio de 1999 Guzmán dictó los primeros procesamientos por Caravana, procesó también a quienes a 1973 tenían mandos menores en este operativo, con grados de mayor y teniente coronel. Incluso la Corte de Apelaciones de Santiago procesó luego de oficio a Armando Fernández Larios, que a 1973 era teniente.

Por Valdivia, en julio pasado Guzmán no encausó, por ejemplo, a quienes integraron un pelotón de fusilamiento ni al oficial que lo dirigió, aunque las 12 ejecuciones fueron ilegales.

El mismo criterio ha aplicado Guzmán en los casos de lago Ranco y San Javier-Linares. En el primero, el 25 de junio de 2002, de cinco inculpados de la Armada por el secuestro y ejecución de cuatro campesinos en octubre de 1973, el ministro sólo procesó al entonces teniente Sergio Rivera Bozzo.

A pesar de que también confesaron disparar contra los campesinos bajo la orden de Rivera, el juez sobreseyó definitivamente por “obediencia debida” a los cadetes de la Escuela Naval Javier Vera, Rodolfo Mondión, Cristián Bórquez y Julio Vera.

En el proceso por los asesinatos de cuatro jóvenes en la Escuela de Artillería de Linares el 2 de octubre de 1973 por instrucción del general Arellano Stark como parte de la Caravana, el 18 de julio de 2003 el ministro Guzmán sólo procesó a Arellano y al coronel (R) Del Río, quien además era el comandante del regimiento. Guzmán no procesó, por ejemplo, al ex fiscal militar Carlos Romero Muñoz, que a 1973 era capitán, a pesar de que éste confesó recientemente su directa participación en los cuatro crímenes. “Los jóvenes descansaban y se les dio la oportunidad de arrancar para dispararles por la espalda”, declaró Romero.

PISAGUA

El mismo criterio jurídico aplica el ministro Daniel Calvo en el juicio de Pisagua, proceso que antes instruyó Guzmán. Por ejemplo, Calvo identificó a oficiales que a 1973 eran tenientes o capitanes, y que hoy reconocen que dispararon contra los prisioneros, o comandaron los crímenes. Entre ellos están el entonces teniente Sergio Figueroa López y el entonces capitán Sergio Benavides Villarreal.

En la misma situación están el entonces capitán Sergio Espinoza Davis y los entonces tenientes Arturo Contador, Roberto Ampuero Alarcón y Gabriel Guerrero.

Hasta ahora el juez Calvo no los procesa, manteniéndose como únicos encausados por Pisagua el general (R) Carlos Forestier (grado a 1973), quien era jefe de la IV División en Iquique y jefe superior de Pisagua, y el suboficial (R) Miguel Aguirre. Estos procesamientos los dictó Guzmán, pero el 12 de abril de 2000.

El ministro Calvo tampoco procesa hasta ahora al oficial (R) de Gendarmería Francisco Zamora y al suboficial Max Villaseñor, que admiten que mataron prisioneros. Tampoco ocurre con los suboficiales (R) de Carabineros Manuel Vega, Arturo Rocco y José Higueras, quienes admiten que, por orden superior, mataron prisioneros más de una vez.

LOS QUE PROCESAN Y CONDENAN POR IGUAL

Por el contrario, una mayoría de jueces ha procesado tanto a quienes eran los jefes, como a oficiales (R) de baja o mediana graduación a 1973 y a suboficiales (R).

En los crímenes de La Moneda (Peldehue), el juez Juan Carlos Urrutia procesó el 10 de enero de 2003 (grados a 1973) a un coronel, dos subtenientes y cinco suboficiales, todos como autores. Igual criterio usó para procesar por las exhumaciones de 1978.

La jueza Olga Pérez (dejó el caso después) dictó el 18 de octubre 2002 seis procesamientos por el crimen del ex DINA Eugenio Berríos, contra quienes a 1993 tenían grados de general, coronel, capitán y teniente. En este caso fueron procesados igual autores y encubridores.

En el juicio Villa Grimaldi (DINA), por el secuestro de Miguel Ángel Sandoval fueron procesados y luego condenados el 14 de abril 2003 como autores por el ministro Alejandro Solís, cinco ex miembros de la DINA que a 1973 eran coronel (Contreras), mayor (Moren), y tenientes (Krassnoff, Lauriani y Godoy).

Por 27 desaparecidos en Parral, el 4 de agosto 2003 el ministro Solís condenó como autores a altas penas de presidio, a quienes a 1973 tenían grados de capitán o mayor (Hugo Cardemil y Pablo Caulier) y al suboficial (R) de Carabineros Luis Hidalgo.

Por ocho desaparecidos de Linares, el 6 de junio de 2003 el ministro Solís procesó como autores a seis oficiales y un suboficial (R). Los oficiales tenían a 1973 grados de coronel y capitán.

El 5 de junio pasado la ministra de Valparaíso Gabriela Corti procesó como autores del secuestro de Jaime Aldoney a cinco oficiales y un suboficial (R) de la Armada. Sólo uno de los oficiales era a 1973 capitán de navío y el resto eran tenientes

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Diario21.cl, 31 Julio, 2013

Caso Pisagua: 6 ex oficiales del Ejército procesados

Seis ex integrantes del Ejército de Chile y un civil, que cumplían labores como carceleros del ex campo de prisioneros políticos de Pisagua, durante la dictadura de 1973, y tras 40 años de impunidad, fueron sometidos a proceso por el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, quien levantó las primeras acusaciones en contra de los ex uniformados, por los delitos de homicidio calificado y secuestro calificado.

Los acusados por los delitos de homicidio calificado y secuestro calificado son: Sergio Eugenio Benavides Villarreal,  Roberto Antonio Ampuero Alarcón, Arturo Alberto Contador Rosales, Sergio Eduardo Figueroa López,  Gabriel Alonso Guerrero Reeve, Manuel del Carmen Vega y Miguel Aguirre Alvarez.El ministro Carroza, que en cuatro meses de investigación levantó las acusaciones contra los ex uniformados, llegó el lunes a Iquique y cumplió una serie de diligencias, como constituirse en los lugares de detención, además de reunirse con la Agrupación de Ejecutados Políticos de Iquique.

“Llegamos el lunes a Iquique y ese día interrogamos alrededor de 12 personas y posteriormente fuimos al Regimiento de Telecomunicaciones, ya que teníamos una inspección ocular, porque teníamos antecedentes de detenciones que hubo allí y también posiblemente de ejecuciones y hoy –ayer- continuamos con los interrogatorios”, dijo Carroza.

Con relación a nuevos antecedentes, Carroza dijo: “Hubo claridad sobre los casos que teníamos. La cárcel de Pisagua es una sola y pudimos ir ordenando todos los elementos para saber exactamente cómo ocurrieron cada uno de los hechos, porque hay varios consejos de guerra, hay varios ejecutados que fueron de manera sumaria, bastantes detenidos, hay gente que fue traída de Valparaíso por la Marina, de Iquique, de Antofagasta. Hay varios elementos que se deben ordenar para tomar una determinación sobre los casos”.

Carroza dijo que en cuatro meses sistematizó el trabajo de sus colegas “y era el momento de tomar decisiones porque la gente no puede seguir esperando y obviamente necesita respuestas”.

Finalmente, el ministro Mario Carroza dijo que las acusaciones contra ex miembros del Ejército “son por homicidio calificado, porque los cuerpos se encontraron el año 90 y también estoy investigando lo de las inhumaciones y las fosas que se encontraron ese año. También hubo acusación por secuestro ya que tres cuerpos no se encontraron”.

ACUSACIONES

Las primeras acusaciones corresponden a la ejecución de los prisioneros: Juan Calderón Villalobos, Marcelo Guzmán Fuentes y Luis Lizardi Lizardi;  Además, los hasta ahora detenidos desaparecidos Michel Nasch Sáez, Nolberto Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal ejecutados el 29 de septiembre de 1973, en Pisagua.

También los ejecutados Julio Cabezas Gacitúa,  Mario Morris Barrios, Juan Valencia Hinojosa, Humberto Lizardi Flores y Julio Córdova Croxato; todos ellos asesinados en el ex campo de prisioneros, el 11 de octubre de 1973.

Los acusados por los delitos de homicidio calificado y secuestro calificado son: Sergio Eugenio Benavides Villarreal,  Roberto Antonio Ampuero Alarcón, Arturo Alberto Contador Rosales, Sergio Eduardo Figueroa López, Gabriel Alonso Guerrero Reeve, Manuel del Carmen Vega y Miguel Aguirre Alvarez.

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Emol.com, 16 de Julio de 2004

Corte deja en libertad a militares (r) procesados por episodio Pisagua

Los beneficiados son Arturo Contador, Sergio Figueroa, Roberto Ampuero Alarcón y Gabriel Guerrero quienes la semana pasada fueron encausados por su responsabilidad en el homicidio de ocho presos políticos en Pisagua

SANTIAGO.- La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones, en un fallo dividido, resolvió otorgar la libertad provisional a cuatro militares en retiro que la semana pasada fueron encausados por su responsabilidad en el homicidio de ocho presos políticos en la localidad de Pisagua.

Los beneficiados son Arturo Contador, Sergio Figueroa, Roberto Ampuero Alarcón y Gabriel Guerrero. 

Estos cuatros ex uniformados fueron procesados junto al ex vice Comandante en Jefe del Ejército, Carlos Forestier, por la magistrada Carmen Garay.

El Tribunal estuvo integrado por las ministras Gloria Ana Chevesich, María Eugenia Campo y la abogada Ángela Radovic.

La ministra Campos estuvo por denegar la libertad de los imputados porque, a su juicio, la forma y circunstancias en que cometieron los delitos los hace constituir un peligro para la sociedad.

Según el procesamiento de la magistrada Garay del 7 de julio pasado, los ex uniformados detuvieron en Pisagua, entre el 8 y el 10 de octubre de 1973, a ocho prisioneros opositores al régimen militar a quienes ejecutaron el día 11 y luego inhumaron ilegalmente.

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La Estrella de Iquique,  9 de enero de 2009

Someten a proceso a ex militares por caso Pisagua

Por el delito de secuestro calificado fueron sometidos a proceso 6 ex uniformados que participaron en los crímenes de Michel Nash Sáez, Juan Jiménez Vidal y Nolberto Cañas Cañas, prisioneros y ejecutados políticos durante el régimen militar en Pisagua.

La resolución fue dictada el pasado 2 de enero por el ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Joaquín Billard Acuña. De esta forma los 6 ex uniformados, quienes se encuentran con libertad provisional por esta causa, deberán acercarse hasta ese tribunal para ser notificados de la resolución por la participación como autores del delito antes mencionado.

Los ex uniformados sometidos a proceso son Sergio Benavides Villarreal, Roberto Ampuero Alarcón, Gabriel Guerrero Reeve, Sergio Figueroa López, Arturo Contador Rosales y Manuel Vega Collao.

HECHOS

En el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, se estableció que el día 29 de septiembre de 1973 los prisioneros Nash, Cañas y Jiménez fueron retirados selectivamente de las celdas que ocupaban en el campamento de prisioneros políticos de Pisagua.

Todo ese movimiento, con el pretexto de que serían voluntarios para realizar trabajos fuera de la unidad penal.

Sin embargo, los tres prisioneros fueron exterminados por los mismos militares en las cercanías del cementerio.

Fueron inhumados clandestinamente y sus restos depositados en fosas. En el mismo lugar, el año 1990 fueron exhumados los cuerpos de otros prisioneros políticos, pero no estaban las tres víctimas.

DESVIRTUARON

Los oficiales de la época manifestaron que la muerte de los prisioneros se originó porque habían intentado huir de Pisagua viejo, siendo detectados posteriormente por una patrulla de seguridad, que les dio muerte.

Para el concejal y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Capítulo Iquique, Flavio Rossi, la noticia es una nueva esperanza para las miles de familias que luchan día a día para que estos crímenes no queden impunes. "Hay una tarea muy grande por parte del Estado y hacer justicia de una vez por todas. Esa es la única manera que haya paz en Chile", sostuvo.

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Edicioncero.cl, 31 julio 2013

Después de 40 años de impunidad el juez Carroza levanta acusaciones por crímenes de Pisagua

Siete integrantes del Ejército de Chile que cumplían labores como carceleros del ex Campo de Prisioneros Políticos de Pisagua durante la dictadura de 1973, y tras 40 años de impunidad y gracias a que los familiares de las víctimas nunca claudicaron en su lucha, el ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, levantó las primeras acusaciones en contra de los ex uniformados, por los delitos de Homicidio Calificado en contra de 8 ejecutados políticos y Secuestro Calificado contra 3 detenidos desaparecidos.

El ministro Carroza se constituyó en Iquique y se reunió con los familiares de las víctimas de la dictadura, quienes no pudieron contener la emoción al saber que por fin, tras 40 años y con sólo 4 meses de investigación llevada por el magistrado, se levantaron las acusaciones por los delitos señalados, que costaron la vida de numerosos prisioneros políticos.

Las primeras acusaciones corresponden a la ejecución de los prisioneros: Juan Calderón Villalobos, Marcelo Guzmán Fuentes y  Luis Lizardi Lizardi;  Además, los hasta ahora detenidos desaparecidos Michel Nasch Sáez, Nolberto Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal ejecutados el 29 de septiembre de 1973, en Pisagua.

También los ejecutadis Julio Cabezas Gacitúa,  Mario Morris Barrios, Juan Valencia Hinojosa, Humberto Lizardi Flores y Julio Córdova Croxato; todos ellos asesinados en el ex campo de prisioneros, el 11 de octubre de 1973.

El ministro Carroza seguirá investigando y levantando acusaciones, en orden cronológico de cómo fueron ocurriendo los asesinatos, tanto en Iquique como en Pisagua, de acuerdo a como está caratulada la querella.

Los acusados por los delitos de Homicidio Calificado y Secuestro Calificado son: Sergio Eugenio Benavides Villarreal,  Roberto Antonio Ampuero Alarcón, Arturo Alberto Contador Rosales, Sergio Eduardo Figueroa López,  Gabriel Alonso Guerrero Reeve, Manuel del Carmen Vega y Miguel Aguirre Alvarez.

29 DE SEPTIEMBRE

Este día ocurrió la ejecución de  Juan Calderón Villalobos, Marcelo Guzmán Fuentes y  Luis Lizardi Lizardi, cuyas osamentas aparecieron en la fosa clandestina de Pisagua;  Además, Michael Nasch Sáez, Nolberto Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal, cuyos restos siguen desaparecidos.

Vale recordar que Lizardi Lizardi fue tomado prisionero y ejecutado, por un alcance de nombre con Humberto Lizardi.

Primer caso:De acuerdo a la investigación, Calderón, Lizardi Lizardi y Guzmán, se encontraban en Pisagua, recinto dependiente de la VI División de Ejército, desde donde fueron sacados de sus celdas en forma selectiva, por oficiales a cargo de su custodia, con el pretexto que se requerían “voluntarios” para realizar trabajos fuera del campo de prisioneros.

Sin embargo, nunca existió trabajo voluntario, como se acredita en la investigación, puesto que los prisioneros fueron ejecutados en las afueras del cementerio de Pisagua, por la misma patrulla militar que los sacó de sus celdas. La encabezaba el capitán de Ejército, Sergio Benavides Villarreal, quien junto a otros militares, procedieron a inhumar los restos en el mismo lugar.

Específicamente fueron enterrados en el costado norte del Cementerio Municipal de Pisagua, que corresponde al lugar donde el 2 de junio de 1990, se descubrió la  Fosa Clandestina de Pisagua. Dicisiete años más tarde sus restos fueron encontrados en sacos de arpillera, llevando en sus ropas, a la altura del pecho, un disco rojo, presumiblemente para indicar la zona donde debían recibir la descarga mortal.

Sin embargo, la autoridad militar explicó en la época que los prisioneros habían intentado evadirse hacia Pisagua Viejo, lugar donde se encuentra el cementerio, motivo por el cual la patrulla militar de seguridad, les ordenó el alto en varias oportunidades, disparando al aire, pero como continuaron en su fuga, fueron abatidos, pereciendo en la acción. Sus restos fueron sepultados en el mismo cementerio

La versión de la huída, fue descartada con las investigaciones posteriores. Hoy el ministro establece que los hechos narrados, importan la comisión del delito de homicidios calificados, previstos y sancionados en el Artículo 391 N° 1 del Código Penal.

Se acusa de homicidio calificado a Sergio Eugenio Benavides Villarreal,  Roberto Antonio Ampuero Alarcón, Arturo Alberto Contador Rosales, Sergio Eduardo Figueroa López,  Gabriel Alonso Guerrero Reeve y Manuel del Carmen Vega, por estimarse que les correspondió participación como autores en los delitos

Segundo caso: En esta misma fecha del 29 de septiembre se registraron, otras tres ejecuciones que costaron la vida de Michel Nasch Sáez, Nolberto Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal,  presos en Pisagua, pero cuyos cuerpos nunca aparecieron.

Según consta en la investigación, fueron sacados de sus celdas, junto a los otros 3 prisioneros, Calderón, Guzmán y Lizardi Lizardi (primer caso) por los oficiales de Ejército a cargo de su custodia, bajo el mismo pretexto de realizar “trabajos voluntarios”.

La autoridad militar de la época explicó que los prisioneros trataron de evadirse hacia Pisagua Viejo, por lo que fueron abatidos, ante los nulos intentos para detener la supuesta huida. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio de Pisagua, según declararon los carceleros.

Sin embargo y pese a que la autoridad militar reconoce haber ejecutados a los prisioneros y haberlos sepultados en el Cementerio de Pisagua, sus restos no fueron encontrados en la fosa clandestina, donde sí aparecieron los restos de los otros 3 ejecutados, Calderón, Guzmán y Lizardi Lizardi. Hasta la fecha Michel Nasch, Nolberto Cañas y Juan Jiménez están en calidad de desaparecidos.

En la investigación se establece, que de acuerdo a los antecedentes, se puede estimar a partir de la declaración indagatoria del militar Miguel Aguirre Alvarez, que se desprenden cargos fundados que a éste le ha correspondido participación como autor, en los delitos de Secuestros calificados Reiterados en contra de Juan Jiménez, Michel Nasch y Nolberto Cañas, cuyos principios de ejecución tuvieron lugar en Iquique y Pisagua, en septiembre del 73 y que perduran hasta la fecha.

También se desprende de las declaratorias de los militares Sergio Eugenio Benavides Villarreal,  Roberto Antonio Ampuero Alarcón, Arturo Alberto Contador Rosales, Sergio Eduardo Figueroa López,  Gabriel Alonso Guerrero Reeve y Manuel del Carmen Vega, cargos fundados para estimar que les correspondió participación como autores en los delitos de secuestros calificados reiterados de Nasch, Cañas y Jimenez.

Además se les acusa como autores de delito de Homicidio Calificado en contra de Calderón, Guzmán y Lizardi Lizardi.

 11  DE OCTUBRE

En esta fecha, ocurrió la ejecución de Julio Cabezas Gacitúa,  Mario Morris Barrios, Juan Valencia Hinojosa, Julio Córdova Croxato y Humberto Lizardi Flores. Todos ellos se encontraban presos en Pisagua, cuando fueron sorpresivamente sacados de sus celdas los días 8 y 10 de octubre y trasladados al retén de Carabineros de la misma caleta.

En el lugar, fueron interrogados por el Fiscal Militar Mario Acuña Riquelme. En la madrugada del 11 de octubre, los prisioneros son ejecutados al margen de toda legalidad por los oficiales de Ejército que estaban a cargo de su custodia.  Sus cuerpos fueron inhumados ilegalmente en el mismo sitio donde se les dio muerte, es decir, en la fosa clandestina de Pisagua.  Al igual que en el caso anterior, sus cueros estaban al interior de sacos de arpillera.

La versión de los militar en la época fue que los detenidos fueron ejecutados, por aplicación de una sentencia dictada en el marco de un Consejo de Guerra, por estar confesos y ser autores de los delitos de traición a la Patria, espionaje e infracción a la ley de Seguridad del Estado.

En la investigación se señala que no consta  ningún antecedente que avale el hecho de haberse realizado las audiencias de la Justicia Militar.

Los hechos descritos importan los delitos de homicidio calificado previsto y sancionado en el Artículo 391 N° 1 del Código Penal.

De esta forma se desprenden cargos fundados para estimar que Sergio Eugenio Benavides Villarreal,  Roberto Antonio Ampuero Alarcón, Arturo Alberto Contador Rosales, Sergio Eduardo Figueroa López,  Gabriel Alonso Guerrero Reeve y Manuel del Carmen Vega Collao, tuvieron participación como autores de homicidio calificado.

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La Nación, 1 de marzo de 2009

Procesados los que mataron en Pisagua       

En el proceso por los crímenes de Pisagua, hay ex prisioneros sobrevivientes que afirman que los seis elegidos iban contentos a trabajar.

El juez Billard encausó a cinco oficiales (R) de Ejército, por el secuestro y desaparición del conscripto Michel Nash1, el infante de marina Juan Jiménez2, y el militante de izquierda Nolberto Cañas.

La mañana del 29 de septiembre de 1973 amaneció brumosa. Temprano, el equipo de oficiales a cargo del campo de concentración de Pisagua ingresó a la cárcel. El capitán Sergio Benavides Villarreal portaba una lista, en la mano. La nómina había sido dictada al campo, la noche anterior, a través del teléfono de campaña, por el general Carlos Forestier, comandante de la VI División del Ejército en Iquique, y jefe superior de Pisagua. La orden era matarlos, pero sacándolos engañados desde la prisión. Se les prometió un buen rato al aire libre mirando el mar, para instalar unos pilotes sobre los cuales se haría una construcción, para beneficio de los mismos prisioneros.

El capitán Benavides, junto a los entonces tenientes y subtenientes Roberto Ampuero Alarcón, Gabriel Guerrero Reeve, Sergio Figueroa López y Arturo Contador Rosales, juntaron a los seis detenidos elegidos desde Iquique y les dieron a conocer el ‘regalo’ que les esperaba. El conscripto Michel Nash Sáez, quien se había negado a reprimir a la población, después de ocurrido el golpe de Estado, los infantes de marina Juan Jiménez Vidal y Juan Calderón3, que habían hecho lo propio, y los militantes de izquierda Nolberto Cañas Cañas, Marcelo Guzmán Fuentes y Luis Lizardi Lizardi, salieron de la cárcel bajo la promesa de que pasarían a retirar unas herramientas, por el camino hacia el Cementerio de Pisagua, para realizar el trabajo.

En el proceso por los crímenes de Pisagua, hay ex prisioneros sobrevivientes que afirman que los seis elegidos iban contentos a trabajar. Mirarían el mar y hasta podrían, tal vez, tirarse un par de piqueros, bajo la vigilancia de sus custodios.

Pero, no hubo herramientas, ni pilotes, ni piqueros, ni tampoco contemplar el mar. No más cruzaron el antiguo cementerio, los obligaron a correr cerro arriba y los acribillaron, por la espalda, con una ametralladora punto 30, instalada arriba de un jeep. La orden de Forestier estaba cumplida. Los conscriptos y los infantes de marina, o de cualquier unidad de la Armada, que quisieran seguir los pasos rebeldes de Nash, Jiménez y Calderón, estaban ahora advertidos del destino que sufrirían.

El equipo de Benavides ensacó los cuerpos desangrados y los lanzó adentro de la gran fosa, que ya tenían preparada, a un costado del cementerio. Allí dentro seguirían cayendo, uno a uno, otros trece prisioneros asesinados en los días posteriores. El 2 de junio de 1990, la tumba clandestina fue descubierta y aparecieron los 19 cadáveres, momificados por las condiciones del terreno. Pero, los de Nash, Jiménez y Cañas habían desaparecido, hasta hoy.

Por ello, el ministro Joaquín Billard procesó ayer a los mencionados cinco oficiales (R) de Ejército, además del suboficial (R) de Carabineros, Manuel Vega Collao, jefe –entonces– del Retén de Pisagua, como coautores del secuestro de los tres desaparecidos Nash, Jiménez y Cañas. Antes, Billard había encausado, también, a los mismos seis como coautores de homicidio calificado, por las muertes de Calderón, Guzmán y Lizardi, cuyos cuerpos sí se hallaron dentro de la sepultura encubierta. El mismo equipo se encuentra, igualmente, procesado por los asesinatos el 11 de octubre de 1973, en un falso Consejo de Guerra, de Julio Cabezas Gacitúa, José Córdova Croxatto, Mario Morris Barrios, Juan Valencia Hinojosa y Humberto Lizardi Flores.

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