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Arturo Ramses Alvarez Sgolia

General de Ejercito

Director de Inteligencia del Ejército  (DINE)

 


Arturo Ramses Alvarez Sgolia era comandante del Regimiento de Infantería Reforzado Motorizado N° 10 "Pudeto" de Punta Arenas en 1973. Es responsable superior jerárquico inmediato de las torturas que se aplicaron a los detenidos en dicha unidad militar en 1973 y 1974. Fue también Director de Inteligencia del Ejército (DINE) desde marzo de 1981 a diciembre de 1982

Arturo Ramses Alvarez Sgolia fue condenado a 10 años de presidio por su participación en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez.

 

Fuentes de Información: La Tercera; PoderJudicial.cl; La Nacion; Terra.cl; Archivo Memoriaviva


Declaracion Judicial

Ramsés Arturo Alvarez Sgolia en su declaración indagatoria judicial de fojas 1967, manifiesta: que fue Director de Inteligencia del Ejército desde marzo de 1981 a diciembre de 1982, tiempo en el cual se desempeñaron como secretarios de coordinación los brigadieres Belarmino López Navarro y Marcos Lucares Robledo. La estructura estaba conformada por su director, un ayudante, un asesor jurídico, un secretario de coordinación y los departamentos de inteligencia, contra inteligencia, operaciones psicológicas, relaciones internacionales y administrativo, además, dependían del director, a través del secretario de coordinación, la Escuela de Inteligencia, el Batallón de Inteligencia, el Servicio Secreto y una unidad de inteligencia en la región militar norte. Las actividades de la Dirección estaban relacionadas con la obtención y procesamiento de información para servir a la planificación estratégica institucional, estructurar el plan de inteligencia, contra inteligencia, además de elaborar y mantener las doctrinas de inteligencia institucionales, apoyar y sostener el Servicio Secreto, como realizar labores de espionaje y contra espionaje, todo lo cual se entregaba al Jefe del Estado Mayor del Ejército.

Las actividades de la Dirección de Inteligencia diferían respecto de la Central Nacional de Informaciones, pues se refieren al plano exterior y esta última actuaba en asuntos internos del país.

El comandante del Batallón de Inteligencia del Ejército era el brigadier Raúl Pinto Pérez, jefe del Servicio Secreto era el oficial Max Ferrer y a Carlos Herrera Jiménez no le conoció personalmente, pero debe haber trabajado en el Batallón de Inteligencia cuando prestó funciones en la Dirección de Inteligencia, en donde el personal usaba nombres supuestos por razones de seguridad.

A fojas 3038, reitera que la Dirección de Inteligencia del Ejército dependía del Jefe del Estado Mayor, a cargo del mayor general Enrique Morel Donoso. Tenía un ayudante personal, mayor Juan Carlos Uribe, un secretario de coordinación, brigadier Marcos Lucares Robledo, asesor jurídico era Marcos Alvear Rabanal, existiendo una ayudantía general, oficina de seguridad y centro criptográfico. Aparte de esta estructura general había seis departamentos: de inteligencia, a cargo del teniente coronel Eduardo Rodríguez Soto, de contra inteligencia servido por el coronel Patricio Martínez Moena, de operaciones psicológicas dependiente del brigadier Werter Araya Stek, de relaciones internacionales encargado al coronel Carlos de la Barrera Werner, de informática que se encontraba en implementación, y administrativo y logístico mandado por el teniente coronel Héctor Rosales Berroeta. Siempre dependiendo del Director de Inteligencia existían seis unidades: Servicio Secreto a cargo del teniente coronel Maximiliano Ferrer Lima, Cuerpo de Inteligencia del Ejército a cargo del Teniente Coronel Víctor Pinto Pérez, Escuela de Inteligencia cuyo director era el coronel Eduardo Riquelme Andaur, agregadurias militares en las embajadas chilenas en el exterior e investigaciones científicas a cargo del teniente coronel Eduardo Arriagada, por último la Asesoría de Planes y Estudios no tenía jefe designado. Bajo la dependencia del Cuerpo de Inteligencia del Ejército se encontraba el teniente coronel Maximiliado Ferrer Lima, con la misión de ubicar personal apto para conformar y ampliar el Servicio Secreto; oficial que llegó destinado a principios de 1982 y se le asignó un inmueble separado en septiembre del mismo año. Al oficial Carlos Herrera Jiménez lo ubica de vista, sin tener relación directa con él, pero cree que debe haber estado en las unidades de contra inteligencia y seguridad militar.


Por instrucción del Ministro de Defensa Patricio Carvajal se separaron las funciones de inteligencia interior, las que desarrollaría Carabineros, Investigaciones y la Central Nacional de Informaciones. Por otra parte, la inteligencia exterior, se encontraría a cargo de los servicios de inteligencia militar, naval y aéreo, además de la Dirección de Inteligencia de la Defensa. Con lo anterior se desprende nítidamente la separación de las actividades en referencia y se descarta que desarrollara actividades para recabar información respecto de dirigentes sindicales, como Tucapel Jiménez Alfaro. Del mismo modo estima imposible que sus subordinados desarrollaran labores en este sentido por iniciativa propia, ya que las tareas que se les encomendaban copaban todo su tiempo y debían rendir cuenta en el tiempo pertinente que les era fijado para desarrollarlas. Descarta el hecho que sus subordinados se organizaran con el mismo propósito, puesto que el Ejército es una institución jerarquizada, en la cual se actúa siempre por las instrucciones y controlándose debidamente. Estima que el homicidio de Tucapel Jiménez Alfaro fue realizado por personal vinculado a los servicios de seguridad, pero por las funciones encomendadas a la Dirección de Inteligencia, no puede responsabilizarse a él o su personal de este hecho.

A fojas 4845 expresa que los agentes del Cuerpo de Inteligencia del Ejército sólo tenían labores de inteligencia, y no de inteligencia y represión; que nunca ordenó al comandante del Cuerpo de Inteligencia del Ejército la eliminación de Tucapel Jiménez Alfaro, como de ninguna otra persona, como tampoco tuvo conocimiento lo hiciera el comandante de dicha unidad militar, en todo caso, de haberlo tenido, habría dispuesto lo necesario para investigar el hecho, dando cuenta al Jefe del Estado Mayor de Ejército, su superior directo, quien debía estar enterado de todo lo que pasaba en la unidad a su cargo. Niega haber dispuesto alguna medida respecto de la muerte de Tucapel Jiménez Alfaro, pues se encontraba haciendo uso de feriado legal cuando ocurren los hechos. 

A fojas 6604 indica la estructura de mando del Ejército, su dependencia directa del Jefe de Estado Mayor, la que tenía luego en relación con en Vice Comandante en Jefe del Ejército y luego del Comandante en Jefe. Describe igualmente su participación en las reuniones con las distintas autoridades de la defensa nacional, integrada por los ministros del Interior, Defensa, Secretaría General de la Presidencia, directores de inteligencia del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, además del Director de la Policía de Investigaciones, Jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros y Director de la Central Nacional de Informaciones, que constituía la denominada “Comunidad de Inteligencia”, quienes, además, se relacionaban directamente, proporcionándose mutuamente los antecedentes que fueran de interés, usando también el denominado canal técnico, labores que no se cumplían con Carabineros, Investigaciones y Central Nacional de Informaciones.

A fojas 7116 reconoce haber concurrido a conversar en dos oportunidades al hospital Militar con Humberto Gondon Rubio, en ninguna de las cuales se encontraban funcionarios de la policía, como tampoco el señor de apellido Sandoval. En la segunda ocasión Gordon se encontraba solo y le expuso que haría una declaración pública la que efectuó.

A fojas 7118 señala que del retiro de unas armas de la Armería Italiana se enteró por el relato que le hizo el comandante Pinto, por el que aplicó una sanción, siendo un hecho absolutamente desconocido para él y no vio el arma que se le exhibe por el tribunal.

A fojas 7146 expresa que Hernán Ramírez Hald era el jefe de contrainteligencia del Cuerpo de Inteligencia del Ejército y bajo su mando directo se encontraban, entre otras, las unidades de Seguridad Militar, Apoyo Técnico, Protección de Personas Importantes, Contraespionaje y Servicio Secreto. Francisco Ferrer Lima llega a trabajar en Contraespionaje y posteriormente en Servicio Secreto, por cuanto en el segundo semestre de 1982 le encomendó buscara personal para esta última unidad, manteniendo su dependencia en el Cuerpo de Inteligencia del Ejército hasta octubre o noviembre de ese año, en que se dispone que quede directamente bajo las ordenes de él. No encuentra una explicación lógica, ni tampoco reglamentaria de las razones por las que Ferrer llega a trabajar en el cuartel Coihueco, pues era una unidad que estaba bajo las órdenes de Hernán Ramírez Hald, oficial de menor antigüedad que Ferrer. Esto no se ajustó a los reglamentos, al igual que al llegar al cuartel Coihueco Carlos Herrera Jiménez no asume la jefatura no obstante ser el oficial más antiguo. Lo anterior es irregular puesto que, según los reglamentos del Ejército, no se puede dar el caso que un oficial de mayor graduación llegue a trabajar a una unidad bajo dependencia de uno de menor graduación o antigüedad.

A fojas 7147 (7148) afirma que no se enteró de ninguna investigación relacionada con retiro de armas por Juan Carlos Arriagada desde la Armería Italiana hasta esta diligencia ( 22 de junio de 2000 ), a él sólo le comunicó el comandante Pinto que había sancionado con cinco días de arresto al oficial Arriagada por vender o tratar de vender unas armas que se encontraban en forma ilegal, por no estar inscritas, a lo cual replicó que si dicha sanción estaba dentro de sus atribuciones, ésta se encontraba correctamente impuesta, de haber instruido una investigación escrita tendría que habérsela remitido, la que no conoció. Agrega que por el conocimiento que tenía del oficial Arriagada, de oficio, por su propia voluntad, por iniciativa personal y sin que ninguna persona se lo solicitara, al ver su calificación en lista 4 le subió a lista 2. Arriagada no conversó con él, como tampoco el almirante Luis de los Ríos Echeverría. 

Niega haber conversado con Arriagada en medio de la celebración del día de la infantería en el año 1987 o en otra ocasión. Niega que se hablara respecto del armamento retirado de la Armería Italiana y que le hiciera referencia que lo envió a peritaje a alguna repartición del Ejército. En algunas celebraciones se encuentran más de 800 oficiales, ocasión en que pudo conversar con Arriagada, pero no sobre las armas en referencia.

A fojas 7238 asegura que nunca conversó sobre el tema del retiro de las armas con Arriagada, solamente el comandante Pinto le informó y por teléfono. Conoció de la Apelación de la calificación de Arriagada y fue por el conducto regular. Exhibido el documento de fojas 6668 y 6669, afirma que la escritura con lápiz pasta no procede de su mano.

A fojas 7269 señala que lo manuscrito del documento de fojas 6668 procede de su mano.

A fojas 8030 reconoce y reitera los conceptos vertidos en una entrevista al diario La Tercera de fecha 15 de octubre de 2000, en el sentido que está de acuerdo con lo señalado por el capitán Herrera, que es el jefe quien responde de todo lo que se hizo o dejó hacer en la Unidad, pero los generales responden de las ordenes que emitan solamente, descartando que Herrera haya actuado de mutuo propio, pues le parece que no es así, ni debe ser así, estima que un oficial no mataría a Tucapel Jiménez, sin que haya una orden de por medio, por lo que hay que buscar quien dio la orden, si es que alguien la dio, pero alguien tiene que haberla dado, que no fue la Dirección de Inteligencia del Ejército, reiterando que un capitán no se arrancó con sus ideas, agregando que alguien le ordeno eliminar a Tucapel Jiménez, pero no fue él.

A fojas 8153 afirma que Carlos Herrera Jiménez al salir destinado desde la Central Nacional de Informaciones traía “puesta” la orden de eliminar a Tucapel Jiménez Alfaro, por cuanto no se explica de otra forma la conducta posterior de ese organismo en lo que se refiere a la muerte de Juan Alegría Mundaca en el año 1983.

A fojas 8851 al exhibir el tribunal copia del oficio en que se le informa la consulta efectuada respecto de las armas retiradas por Juan Carlos Arriagada desde la Armería Italiana, expresa que no recordaba el oficio por el cual requirió se practicara dicho peritaje, por lo que no puede agregar mayores antecedentes.

A fojas 10.350 reitera las declaraciones prestadas durante el sumario.


B.- PRESUNCIONES DE RESPONSABILIDAD. CARGOS.

40°.- Que para comprobar la participación de Ramsés Arturo Alvarez Sgolia en el ilícito dado por establecido, de los diversos elementos de juicio agregados al proceso, surgen los siguientes antecedentes:

a.- Inculpación de los procesados Herrera y Ferrer.

Declaración de Carlos Herrera Jiménez, en que ha sostenido en forma reiterada, desde que reconociera su participación en los hechos, que al momento de exponérsele la planificación para la eliminación física de Tucapel Jiménez Alfaro, se le indicó que estaba en conocimiento de ello Arturo Alvarez Sgolia, Director de Inteligencia del Ejército, quien, además, una vez ejecutados los hechos, efectuó una reunión con quienes tomaron parte en esas acciones o tuvieron conocimiento de las mismas, en la que se le prohibió referirse al tema en sus conversaciones. Afirma que Alvarez directamente le felicitó por la acción realizada, expresándole “que estuviera tranquilo, que nada le ocurría y que le había hecho un gran favor a la patria”.

Testimonio de Francisco Ferrer Lima, al señalar que concurrió a una reunión en la cual, con posterioridad a la muerte de Tucapel Jiménez Alfaro, el procesado Alvarez, solicitó a todos los funcionarios del Cuerpo de Inteligencia del Ejército que tomaron participación o conocimiento de los hechos, que no se dijera más que tales sucesos los había dispuesto el general Augusto Pinochet Ugarte, que él asumía toda la responsabilidad.

Atestados de Herrera y Ferrer que corresponden a personas inhábiles, pero que apreciados en su fuerza probatoria, si bien no reúne las exigencias que señala el artículo 459 del Código de Procedimiento Penal, por conducir lógicamente a establecer el hecho a que se refieren, concordando precisamente en sus aspectos generales, conforme lo autoriza el artículo 464 del mismo Código, se les atribuye el carácter de presunción judicial, razonamiento que cumple, además, con lo señalado en el artículo 497 del referido estatuto legal.

Se complementa esta presunción con la declaración, en el mismo sentido, de Héctor Celedón Norha, quien expresa haber recibido de parte de Herrera la información de quienes participaron en los hechos, lo que pone en conocimiento del sacerdote Miguel Ortega y del abogado Jorge Mario Saavedra en documentos diversos, pero complementarios, los que reconocen haber recibido cada una de estas personas y que se agregaron a los autos.

Surge también para reforzar esta presunción la declaración de Francisco Tomás Pérez Rivera de fojas 3192 del tomo VI Reservado, en que manifiesta que durante su desempeño en el Cuerpo de Inteligencia del Ejercito, tuvo conocimiento que al día siguiente de la muerte de Tucapel Jiménez se desarrolló una reunión entre los oficiales y suboficiales que tuvieron conocimiento o participación en tales sucesos con el general Arturo Alvarez Sgolia, con la finalidad de evitar que trascendieran tales hechos hacia el exterior.


La Nación

23 De Octubre 2003

Corte Suprema revisa apelaciones en caso Tucapel

 La Segunda Sala de la Corte Suprema comenzó hoy a revisar las apelaciones a las condenas emitidas en segunda instancia en el caso Tucapel Jiménez, asesinado por la CNI en febrero de 1982.

El pasado 24 de septiembre el máximo tribunal del país declaró admisible la mayoría de los recursos de casación (anulación) presentados por los implicados en el caso, a excepción del recurso presentado a favor del mayor en retiro Carlos Herrera Jiménez, a quien se le confirmó la condena a cadena perpetua por el crimen del líder sindical y del carpintero Juan Alegría Mundaca.

En la causa aparecen mencionados el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), general (r) Ramsés Alvarez, y los ex agentes Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, entre otros, quienes también fueron condenados por el ministro instructor Sergio Muñoz


La tercera

Lunes 5 de Agosto
 

Fallo de primera instancia se produce a 20 años del crimen CASO TUCAPEL: Perpetua para Herrera; Corbalán, absuelto

Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, se condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Tras una exhaustiva investigación de poco más de tres años, se dio a conocer el fallo de primera instancia del ministro en visita extraordinario, Sergio Muñoz, en el caso del crimen de Tucapel Jiménez, el 25 de febrero de 1982.
El fallo, demorado durante la mañana por problemas computacionales, absolvió al mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, al brigadier (r) Roberto Urbano Schmied Zanzi, al civil Julio Olivares Silva y al capitán de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo, quienes estaban procesados en calidad de cómplices.
Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, Muñoz condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Como autor de homicidio calificado en contra del ex presidente de la Anef y del carpintero Juan Alegría Mundaca, fue condenado a presidio perpetuo sin beneficios el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez.
En tanto, como autores de homicidio calificado fueron condenados a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios, el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el teniente coronel (r) Maximiliano Ferrer Lima.
Como autores, Miguel Letelier Verdugo y el suboficial Manuel Contreras Donaire fueron conminados a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios.
El mayor Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge León Alessandrini (civil) fueron condenados por el magistrado Sergio Muñoz a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, como cómplices (pena remitida).
El general (r) Fernando Torres Silva (ex auditor del Ejército), el general (r) Hernán Ramírez Hald y el general (r) Hernán Ramírez Rurange fueron condenados a 800 días de presidio menor en su grado medio (pena remitida), en calidad de cómplices.
Como encubridor, el coronel (r) Enrique Ibarra fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio. Por último, se decomisó el arma utilizada en el crimen, un revólver Smith & Wesson calibre 22, serie 22547, que figura inscrito a nombre de la Dirección General de Movilización Nacional.
Proceso judicial
En tres años de investigación, el ministro Sergio Muñoz remeció al Ejército. En 1999 procesó al ex director de la CNI, el ahora fallecido Humberto Gordon, y en junio de ese año se adelantó a Juan Guzmán enviándole un exhorto a Pinochet durante su detención en Londres.
Sin embargo, su paso más temerario fue procesar a Hernán Ramírez Hald, el primer general en servicio activo que fue inculpado en una causa de derechos humanos.
Ramírez Hald fue encargado reo el 22 de noviembre, pero un día antes el Presidente Ricardo Lagos lo recibió en su despacho por una hora, para respaldar el gesto del general de retirarse del Ejército y enfrentar el proceso como civil.
El ex uniformado quedó detenido en el Comando de Telecomunicaciones hasta que salió bajo fianza a mediados de 2000.
Cabe recordar que el ministro Muñoz tomó la investigación en abril de 1999, tras 17 años de infructuoso trabajo del juez Sergio Valenzuela Patiño, quien fue destituido del caso por la Corte Suprema.
 


La Nación

23 de Marzo 2004

A Punta Peuco los condenados por caso Tucapel

Luego de que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dejara a firme las condenas en contra de los responsables de la muerte del ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Alfaro, ocurrida el 25 de febrero de 1982, fuentes judiciales informaron a La Nación, que serán trasladados durante el día de hoy hasta el penal de Punta Peuco, recinto donde cumplirán sus penas aflictivas.

Con el cambio de prisión dejarán el Batallón de Policía Militar (BPM), Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén, donde el Ejército construyó dependencias para que los ex uniformados y militares activos procesados cumplieran prisión preventiva hasta que se dictara una sentencia en su contra.

De estar forma, quedarán recluidos en Punta Peuco, penal que cuenta con custodia mixta de Gendarmería y el Ejército, el ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) general (R) Arturo Alvarez Scoglia, los brigadieres (R) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima, además de los suboficiales (R) Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, todos ellos condenados a ocho años de cárcel. Los dos últimos en calidad de autores materiales.

A ellos se suma, el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, condenado a una pena unificada de prisión perpetua simple: por la muerte de Jiménez y su participación en el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca, en julio de 1983.

Las mismas fuentes indicaron que originalmente el traslado de los ex uniformados se encontraba programado para el fin de semana, sin embargo se debió postergar por falta de inmueble para recibir a los nuevos reos. A lo anterior, se suma el visto bueno de los organismos de seguridad encargados de la operación, quienes hasta último momento tienen la facultad para detener el procedimiento.


La Tercera

12 de junio 2012

Condenados por fraude en H. Militar deberán pagar $ 350 millones

Luego de 18 años, la Corte Suprema ratificó la sentencia contra 12 personas por el fraude de US$ 1 millón.

En 1994, hace 18 años, comenzaron las primeras diligencias al interior del Hospital Militar, ante las sospechas de que durante la gestión del entonces director del establecimiento médico, el coronel (R) Atiliano Jara Salgado, se había producido un fraude que alcanzaba a US$ 1 millón.

Entonces, el caso quedó radicado en el Segundo Juzgado Militar de Santiago, pero el proceso no tuvo mayores avances, hasta 1998, cuando ex oficiales, empresarios y funcionarios fueron procesados por estafa, cohecho y fraude al Fisco.

Estas irregularidades estaban relacionadas con la compra de insumos médicos y otros elementos para el centro de salud castrense. El 12 de diciembre de 2008, a 10 años del procesamiento, el juez militar, general Guillermo Castro Muñoz, condenó a los inculpados a penas que fluctuaban entre los cinco años y 541 días de cárcel.

Este fallo fue confirmado por la Corte Marcial y los sentenciados recurrieron a la Corte Suprema, la que mantuvo la sentencia y las rebajas de penas en algunos casos. En definitiva, fueron 12 personas que deberán pagar un total cercano a $ 350 millones por el fraude, la estafa y las coimas que fueron detectadas (ver listado).

En el caso de Jara Salgado, el máximo tribunal estimó que deberá cumplir una pena de cinco años de cárcel, más una multa de $ 130 millones, que corresponde al 30% del monto defraudado, junto con otra multa de $ 33 millones, que es el 50% de una de las “dádivas” que recibió por parte de empresarios para adjudicar la compra de los productos. En algunos casos ocurrió que se adquirieron insumos por un sobreprecio cercano al 178%.

Incluso, la Fiscalía Militar detectó a lo largo de la indagatoria que se instalaron 115 cajas de fondo en las habitaciones del pensionado del hospital por $ 10 millones, lo que significaba que se pagó casi el doble.

Además del ex oficial, fueron condenados por el fraude el mayor (R) Patricio Videla Cárdenas, el mayor (R) Bernardo Salazar Quiroga, el capitán (R) Héctor Arroyo Chaparro y general (R) Ramsés Alvarez Sgolia, quien está condenado por el crimen de Tucapel Jiménez.

En tanto, los jueces absolvieron al mayor (R) Juan Carlos Reyes Cancino del delito de cohecho.

Otro de los condenados por la Corte Suprema fue el empresario Raúl López Utrera, quien declaró que de no haber pagado unas sumas cercanas a $ 3 millones, le significaría quedar fuera de los negocios con el Hospital Militar, ya que le proveía de insumos médicos. Según el fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema, “se exigió a los proveedores como él (López) entregar un porcentaje o comisión correspondiente al 10% del valor total de las facturas, enterando una suerte de cuota inicial para empezar a participar en las licitaciones, sin recordar si el dinero lo entregaba en efectivo o en documentos, lo que fue comentado entre los diferentes empresarios que vendían productos”.

El presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros, manifestó que aunque hayan pasado varios años, se logró dictar una sentencia definitiva. “La idea es que ninguna situación, aunque sea muy antigua, quede sin sentencia definitiva absolutoria o condenatoria”, señaló.

La Tercera intentó comunicarse con Atiliano Jara y Raúl López, pero no fue posible contactarlos en sus teléfonos.


Terra.cl

7 de diciembre de 2012

Juez de DD.HH.condena a ex jefe de inteligencia del Ejército

El ministro en visita Mario Carroza condenó al ex director de Inteligencia del Ejército, Rámses Arturo Álvarez Sgolia y seis ex oficiales más por sus responsabilidades en el secuestro permanente de un opositor político cuando estaba al mando de la zona de emergencia de Atacama en 1975.

El juez Carroza dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado de Alonso Lazo Rojas, ocurrido a partir del 14 de noviembre de 1975 en la ciudad de Copiapó.
El magistrado determinó que el general ® Ramsés Arturo Álvarez Sgolia cumpla 10 años y un día de presidio, sin beneficios, por ser la máxima autoridad militar en la época de los hechos y el comandante Jefe de la Zona en Estado de Emergencia e Intendente de Atacama..

En tanto, los ex oficiales Patricio Román Herrera, Pedro Vivian Guaita, Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda, José Quintanilla Fernández y Erasmo Vega Sobarzo se les condena a 6 años de presidio, también sin beneficios.

A los ex sub-oficiales Juan Valderrama Molina, Cristóbal Marihual Suazo, Sergio Sánchez Parra y Adolfo Lapostol Sprovera fueron absueltos por su falta de participación en este crimen.

En el aspecto civil se determinó acoger la demanda presentada en contra del Fisco de Chile por sesenta millones de pesos, donde se ordenar el pago de $ 40.000.000 a Nicza Baéz Mondaca, cónyuge de la víctima y $ 20.000.000 a Venancio Lazo Rojas, hermano de detenido desaparecido.

Alonso Lazo Rojas era estudiante universitario, militante del MIR, y fue detenido el 14 de noviembre de 1975, junto a su esposa Nicza Estrella Báez Mondaca, por funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), en el domicilio ubicado en la calle Juan Martínez N°321 de Copiapó.

El matrimonio arrendaba una pieza en la calle Chañarcillo 171, lugar que fue allanado, en la madrugada, por 9 civiles quienes dijeron andar buscando a una tal "Rosario".

Después de irse de la casa de Zulema Tham, el afectado y su esposa solicitaron alojamiento donde Carolina Quezada Nievas, en la calle Juan Martínez N°321, de Copiapó, quien los aceptó.

Cuando el matrimonio llevaba allí dos días, el 14 de noviembre de 1975, llegaron 6 civiles portando tarjetas plastificadas del "Servicio de Inteligencia Militar", quienes los condujeron hasta el Regimiento de Infantería Motorizada N°23 "Copiapó", cuyo comandante era el entonces teniente coronel Álvarez Sgolia.

El alto oficial, el 21 de noviembre de 1975 le aseguró al hermano de Alvaro Lazo a través de una carta que “el 18 de noviembre de 1975, mientras se encontraba detenido en el predio militar y a Álvaro se le daba su alimentación agredió a un centinela dándose a la fuga”.


Esta pagina fue modificada el 18/01/2014

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