Quienes somos ] Boletin ] Busqueda ] Pinochet en Londres ] Centros Detencion ] Complices ] Empresas ] Fallos ] Criminales ] Tortura ] Exilio ] ecomemoria ] Desaparecidos ] Ejecutados ] Testimonios ] English ]

Guillermo  Aldoney Hansen

 Vicealmirante de la Armada

Jefe Estado Mayor 1ra Zona Naval

C.I.: 1.915.999-K

 

El vicealmirante Guillermo Aldoney tuvo activa participación en la represión en la V Región. El era quien entregaba las ordenes para los distintos grupos operativos existentes.

En el caso concreto de Miguel Woodward, Aldoney admitió que supo de la presencia del sacerdote en la Esmeralda y sostiene que fue él quien ordenó su traslado al Hospital Naval. Dijo que la muerte de Miguel Woodward fue un accidente y que al interrogador "se le habría pasado la mano". A pesar de lo anterior, nunca se realizó una investigación interna al respecto.

 

Fuentes de Información: Punto Final, El Mostrador; FUNA; La Nacion; Archivo Memoriaviva


El Mostrador

5 de Noviembre de 2000

Funan a La Esmeralda al llegar a Valparaíso

Unas cien personas vinculadas a organismos de derechos humanos y la Comisión Funa se manifestaron hoy en contra del buque-escuela La Esmeralda, que arribó hoy al puerto de Valparaíso tras concluir una gira por las Américas. Junto con los buques Lebu y Maipo, La Esmeralda fue utilizada como lugar de detención y tortura de prisioneros políticos tras el golpe militar de 1973, como ha sido consignado en el Informe Rettig y otros informes de la Organización de Estados Americanos (OEA), Amnistía Internacional y el Senado de Estados Unidos.
La Comisión Funa sindicó como responsables de las torturas en Valparaíso tras el golpe militar a los siguientes oficiales:

- Vicealmirante Adolfo Walbaum Wieber, Comandante 1ra Zona Naval
- Vicealmirante Pablo Weber Munnich, Comandante en Jefe de la Escuadra
- Contralmirante Hugo Cabezas Videla, Jefe Estado Mayor de la Armada
- Capitán de Navío (CN) Sergio Huidobro Justiniano
- Capitán de Navío Guillermo Aldoney Hansen, Jefe Estado Mayor 1ra Zona Naval
- Capitán de Navío Carlos Borrowman Sanhueza, Director de la Escuela Naval
- Capitán de Navío Raúl López Silva, Director de la Academia de Guerra Naval
- Capitán de Navío Homero Salinas Núñez, Director de la Escuela de Ingeniería Naval
- Capitán de Navío Arnt Arentsen Pettersen, Director de la Escuela Infantería de Marina
- Capitán de Navío Jorge Sabugo Silva, Comandante del Buque Escuela Esmeralda
- Capitán de Navío Hernán Sepúlveda Gore, Comandante de Infantería de la Marina
- Capitán de Fragata Jorge Davanzo Cintolesi, Director de la Escuela de Armamentos
- Capitán de Fragata Hernán Soto-Aguilar, Subdirector de la Escuela de Infantería de Marina
- Capitán de Fragata Julio Vergara, Jefe Servicio de Inteligencia Naval, 1ra Zona
- Comandante Santa Cruz Infantería Marina, Cuartel Silva Palma, Valparaíso
- Teniente Luis Rebolledo, Infantería Marina, Motonave Lebu
- Teniente Guillermo Morera, Infantería Marina Motonave Lebu
- Teniente Rafael Yussef, Motonave Lebu
- Teniente Rodríguez, Infantería Marina, Buque Escuela Esmeralda



La Nacion.cl

18 de abril de 2008

Detenidos oficiales (r) de la Armada procesados en caso Woodward

Tras su procesamiento como autores del secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward el 16 de septiembre de 1973, los uniformados (r) ya están recluidos. La hermana de la víctima, Patricia Woodward, catalogó la resolución de la magistrada Eliana Quezada como un "paso adelante".

En poder de la justicia y detenidos se encuentran ya los oficiales (r) de la Armada sometidos este viernes a proceso como autores del secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward, en el marco de los crímenes cometidos a bordo de La Esmeralda tras el golpe militar de 1973.

A 34 años de su deceso y a seis de abierta la investigación, la ministra Eliana Quezada determinó la detención de los vicealmirantes (r) Guillermo Aldoney Hansen y Juan Mackay Barriga y el capitán de navío (r) Ricardo Riesco Cornejo, quienes fueron llevados al Cuartel de Infantería de Marina de Viña de Mar, mientas los vicealmirantes (r) Adolfo Walbaum Weiber y Sergio Barra Von Kretschman quedaron bajo arresto domiciliario por su avanzada edad, ya que ambos superan los 80 años.

En tanto, el teniente primero (r) de Sanidad, Carlos Costa, procesado como cómplice de secuestro calificado, se refugió en una clínica de la Quinta Región para evitar ser arrestado.

La víctima más emblemática del caso que indaga la magistrada es el sacerdote Miguel Woodward, de 42 años, quien trabajaba en la agrupación Cristianos por el Socialismo y fue detenido por una patrulla naval el 16 de septiembre de 1973 por su trabajo social en el cerro Los Placeres en Valparaíso.

Desde allí fue conducido hasta la Universidad Federico Santa María, luego a la Academia de Guerra Naval para quedar finalmente prisionero en el buque escuela Esmeralda, utilizado para ese fin.

Un a vez ahí fue objeto de torturas junto a otros presos políticos, apremios que lo dejaron muy mal herido. Esta situación obligó a sus verdugos a llevarlo agónico al hospital Naval donde finalmente murió.

La autopsia de Woodward fue firmada por el teniente primero, Carlos Costa, quien en su calidad de médico visó la causa de fallecimiento.

Al momento del golpe militar de 1973, Adolfo Walbaum Wieber era contralmirante, Guillermo Aldoney Hansen y Sergio Barra Von Kretschmann eran capitanes de navío y Juan Mackay Barriga y Ricardo Riesco Cornejo eran tenientes.

Tras conocer el procesamiento de los oficiales (r) de la Armada, la hermana del sacerdote víctima de la dictadura, Patricia Woodward, manifestó su satisfacción por la resolución de la magistrada y la calificó como "un paso adelante". 

"Estoy muy contenta con la noticia de que el caso de mi hermano Miguel Woodward ha dado un paso muy importante para adelante y que hay personas de la Armada procesadas que jugaron un papel relevante en las torturas que le fueron infligidas en 1973. Espero que esto signifique que estamos llegando a la verdad y la justicia para Miguel y para las víctimas de la Armada", expresó.

El procesamiento de los Almirantes Walbaum y Aldoney es particularmente significativo dado que, por entonces, eran Jefe de la I Zona Naval y Jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval.

Este hecho deja en evidencia las declaraciones de sucesivos comandantes en jefe de la Armada, incluido el actual Almirante Rodolfo Codina: alegaron que las responsabilidades de los crímenes eran individuales, no institucionales, y que, en todo caso, ningún alto mando habría intervenido en ellos.

Los procesados

Adolfo Walbaum Wieber: Además de su cargo naval, fue el primer intendente de Valparaíso nombrado por la junta militar.

Guillermo Aldoney Hansen: Tras retirarse de la Armada, empezó una exitosa carrera en el mundo empresarial. Es miembro del Directorio de la Mutual de Seguros de Chile, entidad fundada por la Armada de Chile, entre cuyos otros miembros consta el actual comandante en jefe de la Armada. En 1982, asumió la presidencia del poderoso holding de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), por entonces controlado por CORFO; unos años más tarde consiguió privatizarlo por medio de una curiosa operación financiera. Estrechamente vinculado a la jerarquía católica que nunca reclamó la muerte de Miguel Woodward- Guillermo Aldoney fue nombrado responsable de la seguridad del Papa durante su visita a Chile en 1986. Su primo Jaime desapareció tras ser detenido por las fuerzas navales que estaban bajo su mando.

Juan Mackay Barriga: es vicepresidente del consejo de almirantes y generales (r) de Valparaíso. En 1973 habría asistido a las sesiones de tortura en las instalaciones navales de Valparaíso.

Sergio Barra Von Kretschmann: era jefe de inteligencia naval en 1973 y ascendió más tarde a segundo jefe de la DINA. El capitán Riesco trabajó a sus órdenes.

Carlos Costa Canessa: siendo medico en el hospital Naval, extendió un certificado de defunción en nombre de Miguel Woodward sin ver cadáver alguno.


El Mercurio  

24 de Septiembre de 2008

Proceso por el secuestro calificado de Miguel Woodward: Otros trece procesados por la desaparición de sacerdote 

Cuatro ex oficiales y otros 9 funcionarios en retiro de la Armada quedaron en prisión preventiva, en un recinto naval.

 La ministra de fuero de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, María Eliana Quezada, dictó ayer otros trece autos de procesamiento en la investigación que realiza por la desaparición del sacerdote anglo-chileno Miguel Woodward, ocurrida tras el golpe militar de 1973, después de haber permanecido detenido en el buque-escuela Esmeralda.

Con la resolución se eleva a 19 el número de procesados, todos ex funcionarios de la Armada.

Los nuevos procesados son los capitanes de navío Víctor Valverde Steinlein y Luis Holley de la Maza; los capitanes de fragata José Yáñez Riveros y Marco Silva Bravo; los suboficiales mayores José Manuel García (el único de la Infantería de Marina), Alfredo Moncada Salamanca, Luis Pinda Figueroa y Carlos Miño Muñoz; y el suboficial José Rojas Araya.

También los sargentos primero Pedro Vidal Miranda y Héctor Palominos López; el cabo segundo Guillermo Inostroza Opazo y el marinero primero Claudio Cerezo Valencia.

Ayer fueron notificados 10 de los 13 nuevos procesados, los que quedaron en prisión preventiva en el cuartel 2 de Orden y Seguridad de la Armada en Las Salinas.

En la causa ya se encuentran procesados los vicealmirantes (r) Guillermo Aldoney Hansen, Juan Mackay Barriga, Adolfo Walbaum Wieber y Sergio Barra von Kretschmann, al capitán de navío (r) de Infantería de Marina Ricardo Riesco Cornejo, y al teniente 1 de Sanidad (r) Carlos Costa Canessa, todos en libertad bajo fianza.

La ministra Quezada dijo que la investigación está próxima a ser cerrada. En tanto, la Armada, a través del jefe de Relaciones Públicas, comandante Felipe García Huidobro, señaló que la institución habilitó el recinto donde los procesados permanecerán por orden judicial.

Sentencias por caso Prats

El fiscal judicial Daniel Calvo entregó a la Corte de Apelaciones un informe en el que respalda la sentencia dictada por el ministro de fuero Alejandro Solís contra el ex director de la Dina, Manuel Contreras, y otros ocho ex agentes del organismo por los delitos de asociación ilícita y homicidio calificado del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido el 30 de septiembre de 1974.

Calvo recomendó al tribunal de alzada desestimar todos los recursos presentados por los abogados de los condenados para revertir las condenas, y se manifestó de acuerdo con la calificación de los ilícitos que se le imputaron al general (r) Contreras y a Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga, Cristoph Willeke, José Zara, Juan Morales, Mariana Callejas, Reginaldo de la Cruz y Jorge Iturriaga.

En su informe, el fiscal judicial critica la amnistía, y coincide con Solís en que los delitos investigados en el caso configuran un crimen de lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles y no amnistiables.


El Mercurio

14 de Mayo de 2008

Otorgan libertad bajo fianza a marinos procesados por caso Woodward

Los seis oficiales (r) de la Armada, sometidos a proceso el pasado 18 de abril, deberán cancelar un monto de un millón de pesos, según determinó la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

ANTIAGO.- La Corte de Apelaciones Valparaíso otorgó hoy la libertad bajo fianza a los seis oficiales (r) de la Marina procesados por secuestro calificado en el marco de la investigación por la desaparición del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward.

La medida beneficia a Sergio Barros Von Kretschman, Ricardo Riesco Cornejo, Adolfo Walbaum Wieber, Guillermo Aldoney Hansen, Juan Machay Barriga y Carlos Costa Canessa, quienes deberán cancelar un monto de un millón de pesos.

De acuerdo al fallo, la decisión se basa en que no existen "antecedentes calificados que permitan estimar que la prisión aparezca como necesaria para el éxito de la investigación en el sumario, o que la libertad de los procesados sea peligrosa para la seguridad de la sociedad".

Los oficiales fueron sometidos a proceso por el delito de secuestro calificado el pasado 18 de abril por la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, siendo la primera vez que la Justicia procesa a altos oficiales de la Armada por violaciones a los Derechos Humanos.

El padre Woodward, quien trabajaba en la agrupación Cristianos por el Socialismo, fue detenido el 16 de septiembre de 1973, tras lo cual fue torturado y trasladado en el buque escuela Esmeralda.


El Mercurio

18 de Abril de 2008

Procesan a oficiales (r) de la Marina por secuestro calificado en la Esmeralda

Entre las víctimas se encuentra el sacerdote británico Miguel Woodward, quien trabajaba en la agrupación Cristianos por el Socialismo y fue detenido el 16 de septiembre de 1973.

SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Valparaíso procesó hoy y ordenó la detención de seis oficiales retirados de la Marina por torturas y secuestro calificado de varios presos políticos en el buque escuela Esmeralda, en 1973, entre ellos el sacerdote británico Miguel Woodward, informaron fuentes judiciales.

La resolución adoptada por la jueza Eliana Quezada fue recibida con expectación por los familiares de las víctimas, pues es la primera vez que la Justicia procesa a altos oficiales de la Marina.

Los procesados son los almirantes retirados Sergio Barros Von Chessman y Guillermo Aldoney Hansen, el vicealmirante Adolfo Walbaum Wieber, y otros tres oficiales jubilados, sindicados como parte de los servicios de inteligencia de la Marina, en Valparaíso.

La víctima más emblemática de la causa es el sacerdote Woodward, de 42 años, que trabajaba en la agrupación Cristianos por el Socialismo, y quien fue detenido el 16 de septiembre de 1973 por su trabajo social en los barrios pobres de Valparaíso.

Según testimonios de otros prisioneros, Woodward estuvo también detenido en el barco carguero Lebu, desde donde fue trasladado al Hospital Naval por sus malas condiciones de salud tras las torturas, donde se perdió su pista el 22 de septiembre de ese año.

El caso permaneció sin ser investigado hasta 2002, cuando su hermana, Patricia Woodward, presentó una querella contra los responsables, incluidos oficiales de la Marina al mando de las tropas que controlaban Valparaíso durante el Gobierno Militar.

La detención de los oficiales ha sido recibida con satisfacción por los familiares de las víctimas, que consideran es el primer gran golpe que se da a la Armada en materia de derechos humanos en un caso emblemático para la Región de Valparaíso.

Por su parte, Amnistía Internacional saludó la decisión de la jueza, indicando que "es un precedente en la búsqueda de la verdad y la Justicia" y que "la Armada de Chile y la sociedad no deben ver en la persistencia de las familias de las víctimas o de las organizaciones de derechos humanos un ánimo de revancha".


La Nación

LA TURBIA PRIVATIZACION DE LA CAP

Documentos de la Contraloría emitidos en 1990, y obtenidos en exclusiva por LND, establecen en 800 millones de dólares la pérdida patrimonial del Estado chileno a causa de la privatización de la CAP, un caso emblemático. En moneda de hoy, la suma equivale a 2.500 millones de la misma moneda. 

Cuando en Chile privatizar se convirtió en credo, la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) fue su primer icono. En 1987, la usina, creada por el Estado en abril de 1946 para impulsar la industrialización del país, fue la primera de las llamadas “empresas estratégicas” en pasar a manos privadas, en una operación oscura y con un subsidio fenomenal financiado por todos los chilenos.

CAP fue también pionera en la moda del travestismo gerencial: los austeros funcionarios públicos que las administraban por encargo del Estado se vulcanizaron como ejecutivos elegantes de la irrupción de Chile en la economía global.

ACERO CHILENO

Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos adoptaron políticas de “sustitución de importaciones” para reducir la dependencia y los efectos de las recesiones en los países desarrollados. Influenciados por las teorías keynesianas, experimentadas con éxito durante la gran crisis norteamericana de los años ’30, los economistas concluyeron que el papel del Estado era el de fomentar el desarrollo a través de inversiones que los incipientes capitalistas privados no podían sustentar.

Una corporación estatal de fomento de la producción, la Corfo, fue el instrumento establecido por el Presidente Pedro Aguirre Cerda, en 1939, para promover la independencia productiva de Chile. Pero 45 años más tarde, en manos de los economistas de la dictadura, su papel en la producción se trastocó en fomento de la privatización.

Al momento del golpe de Estado de 1973, un 97,6% de la propiedad de CAP estaba en manos de Corfo, y sus usinas abastecían prácticamente todas las necesidades de la industria nacional.

Al llegar al poder los jóvenes economistas chilenos formados en Estados Unidos, la suerte de las empresas públicas estaba echada: en la nueva ideología dominante no había espacio para la capacidad empresarial del Estado, ni para el concepto de la soberanía productiva.

EL PRIMER INTENTO

Por su condición de “estratégica”, la CAP se salvó de la primera onda privatizadora de la dictadura, en los años ’70, que enajenó casi 400 empresas públicas (algunas de ellas nacionalizadas durante el Gobierno de Salvador Allende).

Señales de lo que vendría comenzaron a notarse con la llegada al directorio, como vicepresidente, de Hernán Büchi Buc, un joven y prometedor economista con intachable pedigrí: gremialista en la Universidad Católica y postgraduado en la Universidad de Columbia.

Büchi no perdió tiempo. Rápidamente revolucionó la compañía y en enero de 1981, CAP se convertía en un holding de inversiones con sus siete divisiones en calidad de empresas subsidiarias (Compañía Siderúrgica Huachipato S.A., Compañía Minera del Pacífico S.A., Acero Comercial S.A., Abastecimientos CAP S.A., Manganesos Atacama S.A., Pacifics Ores and Trading N.V. y AFP El Libertador S.A.). Simultáneamente, el futuro candidato presidencial de la derecha realizaba la misma tarea en otra de las estratégicas, la eléctrica Endesa.

El siguiente paso fue estimular el ingreso de privados al accionario de la compañía, emitiendo acciones serie B, una jugada de impacto secundario, donde poco más del 16% de la propiedad pasó a manos de los compradores.

En 1981, el sueño de privatizar CAP estuvo al borde de coronarse en un episodio casi desconocido. En una negociación secreta, Büchi y el ministro de Hacienda de la época, Sergio de Castro, intentaron vender la empresa al magnate William A. Wilson, ex embajador de Estados Unidos ante el Vaticano y por entonces administrador de la fortuna personal del Presidente Ronald Reagan.

A la postre, la negociación falló y pronto el ambiente económico empezó a enrarecerse, cuando se descubrió que el país no tenía recursos para enfrentar sus compromisos financieros externos, ni los bancos liquidez para respaldar los depósitos. Comenzó entonces una tragedia neoliberal familiar en el cono sur de este continente: se derrumbó el peso, quebró la empresa azucarera Crav, los endeudados comenzaron a perder sus bienes, los ahorros se desvanecieron. El milagro consumista se había esfumado en una noche.

EL SEGUNDO IMPULSO

Después de un par de años, a fuerza de devaluaciones, la intervención al sistema bancario y la asunción de sus deudas por el Banco Central, el panorama económico pareció volver a estabilizarse, y con él revivió el ímpetu privatizador. Para que nadie se confundiera, Augusto Pinochet nombró ministro de Hacienda al mismísimo Büchi.

La secuencia parece ser intencionadamente compleja y se extiende desde noviembre de 1984 hasta julio de 1987, fecha en la que el Estado vende su último paquete accionarial de CAP. El proceso fue tan poco convencional que, en un gesto poco frecuente para la época, mereció el reparo escrito del propio vicepresidente de la Corfo, general Fernando Hormazábal.

He aquí la pista

El 16 de noviembre de 1984, la junta extraordinaria de accionistas de CAP determina suprimir el valor nominal de todas sus acciones y terminar con la distinción entre A y B. Por la vía de este simple expediente, las cciones de Corfo (A) y las de los privados (B) quedan en igualdad de condiciones, pese a que la diferencia de precios en libro es de 4 a 1.

La junta resuelve también aumentar el capital de CAP en 82,4 millones de dólares, emitiendo 330 millones de acciones. Pero este nuevo esfuerzo, que apuntaba a seducir a las AFP, recientemente autorizadas para invertir en sociedades anónimas, no fructificó.

La razón del fracaso fueron los privilegios otorgados a los bancos para recapitalizarse por medio de acciones, que se podían comprar con el pago de apenas el 5% de su valor y el resto a 15 años, sin intereses. La plata fresca corrió así en avalancha a la banca.

LA TERCERA ES LA VENCIDA

La nueva oportunidad se materializaría por fin en las postrimerías del verano caliente de 1986. El 26 de marzo se establece una nueva junta extraordinaria, encabezada por el vicealmirante Guillermo Aldoney Hansen, a quien acompaña un funcionario de bajo perfil que había logrado llegar a la gerencia general de la firma en 1983, Roberto de Andraca Barbas.

A su vez, en Corfo, el consejo lo componían Büchi (subrogado en varias de las reuniones sobre CAP por Cristián Larroulet, hoy mentor del programa de Joaquín Lavín), Juan Carlos Délano, Sergio Melnick (el mismo que integra ahora la tertulia dominical de “Tolerancia cero” en Chilevisión), el general Hormazábal y el brigadier general Renato Fuenzalida en representación personal de Augusto Pinochet, entre otros.

Esta constelación de celebridades de la dictadura dio luz verde a la estrategia que se desplegó a partir de entonces, perversamente genial.

CAP terminó la emisión de las acciones libradas en 1984 y redujo su capital, para luego rescatar y anular sus acciones. De esta manera, la empresa volvió a tener las mismas acciones que antes del esfuerzo fracasado de recapitalización, pero con distinto valor: como previamente se habían igualado las acciones A y B, los privados pasaron de controlar el 16,8% del capital al 49%, sin invertir un centavo.

Traducido en dinero, según los documentos reservados de la Contraloría obtenidos por LND, la CAP contaba entonces con un patrimonio total de casi 720 millones de dólares (exactamente 719.991.973). La operación del rescate de acciones y su anulación supuso una pérdida neta de más de 400 millones (402.215.567), que en dólares de 2005 equivale a más de 1.200 millones de dólares.

Para empeorar las cosas, la operación, pese a ser decidida el 26 de marzo, fue implementada cuatro días después, lo que llevaría a Raúl Sáez, ex ministro del régimen, a denunciar que aquellos mágicos cuatro días fueron “una magnífica ocasión para quienes, teniendo recursos y el conocimiento y comprensión del problema, pudiesen hacer una utilidad fácil”.

Subsistía sin embargo aquel molesto 3% que mantenía el control de la empresa por parte del Estado. Había llegado la hora del “capitalismo popular”. El 29 de diciembre de 1986, adelantando indemnizaciones, recursos del fondo de retiro y proveyendo créditos blandos a los trabajadores, les venden el 3%, que permitía desplazar por fin al Estado de su posición mayoritaria.

Los paquetes que restaban fueron paulatinamente liquidados en la Bolsa a un precio diez veces menor al valor en libro de las acciones. Así, en julio de 1987 la CAP se convertía en la primera de las “empresas estratégicas” que lograba ser traspasada íntegramente a manos privadas. Por entonces, la compañía era responsable del total de la producción de acero en Chile y de entre 80 y 90% de las ventas en el país.

ENTRA LA CONTRALORÍA

El informe 99/90 de la división de auditoría de la Contraloría General de la República, fechado el 23 de abril de 1990, señala: “La Corporación de Fomento de la Producción era dueña en la Compañía de Acero del Pacífico, al 30 de abril de 1986, de 364.859.613 acciones, equivalentes a un 83,2%. A través del proceso de rescate y enajenación efectuado durante 1986 y 1987, la Corfo vendió un total de 364.859.163 acciones, que representaban el 99,99% de su participación, en un monto de 105.048.581,24 dólares, cuyo valor libro era de 811.485.366,58 dólares, originando una pérdida neta de 706.436.785,34 dólares”.

Y añade: “Esta misma operación de rescate de las acciones de su propia emisión por parte de CAP significó que la participación de los accionistas privados aumentara de un 16,8% a un 49% y que el de la Corfo disminuyera de un 83,2% a un 51%, sin que mediara inversión alguna por parte de dichos accionistas privados”.

Por último, la Contraloría sostiene que de no haberse realizado la privatización, la naciente democracia chilena habría contado en sus arcas, en junio de 1989, con 108,5 millones de dólares en dividendos por su ya reducido paquete accionario.

Según los datos disponibles, entre la privatización y el inicio del período democrático no se hicieron inversiones significativas para revitalizar la empresa, lo que habla bien de su salud, y que estos dividendos que pertenecían a todos cayeron en manos de unos pocos.

Ochocientos millones de dólares en precios de hoy equivalen a 2.500 millones.

En 2005, la Compañía de Acero del Pacífico es conducida por el mismo ex empleado público que llegó a la gerencia hace 22 años, Roberto de Andraca, actualmente uno de los empresarios más relevantes de la plaza y uno de los más ricos del país.


 Esta pagina fue modificada el 11/07/2013

Si posee cualquier información sobre este criminal,  nuevas o mejores imágenes,  etc., escribanos a info@memoriaviva.com

  Estas paginas han sido preparadas y son mantenidas por: Proyecto Internacional de Derechos Humanos - Londres © 1996 - 2015