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Hugo Cesar Acevedo Godoy

Coronel de Ejercito

Agente DINA/CNI

Alias: "el Cacho Acevedo"

 

C.I. 4.851.574-6
 

Hugo Cesar Acevedo Godoy ingreso a la Escuela Militar en 1968. En marzo de 1975 fue destinado a comisión extra institutcional a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA). Integrante de la 'Brigada Rengo' de la DINA.Tres meses después, volvió a su institución y cumplió funciones de seguridad para Pinochet hasta mediados de 1978. Fue representante legal de Augusto Pinochet Hiriart.

En la CNI estuvo entre Agosto de 1985 y diciembre de 1989. En marzo o abril de 1989, según declaro, el entonces Director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, le ordeno hacerse cargo como  Jefe de la División Antisubversiva de la Central Nacional de Informaciones (CNI), ubicada en calle Grajales con Republica, en reemplazo de Álvaro Corbalán Castilla. Luego llego el brigadier Enrique Leddy a organizar una nueva unidad: La Agencia Metropolitana de la CNI, de la que dependería la Unidad Antisubversiva.

La jefatura de la zona metropolitana de la CNI funcionaba en Republica con Gorbea, una cuadra al sur de Grajales. “Yo estuve al mando en el Cuartel Republica con Grajales, durante los meses que estuve allí, creo que desde Julio a diciembre de 1989”., declaro. A esas dependencias se trasladaron las unidades que durante anos operaron en el Cuartel Borgoño, el que se entregó a Investigaciones a fines de 1988. En marzo de 1990 fue trasladado al Comando de Apoyo Administrativo del Ejército y el 30 de enero de 1994 se acogió a retiro con el grado de coronel.

Oficial de Ejercito,  Es quien representa al hijo de Pinochet en en la Firma de la escritura de la Sociedad Diet Lobos, pantalla comercial de la DINA para encubrir actividades tanto en Chile como en el exterior del país.

Hugo Acevedo curso en la Escuela de las Américas en enero de 1970

Casado con la enfermera Eliana Bolumburu Taboada, agente de la DINA famosa en la Clínica London y por su participación en la muerte del cabo Manuel Jesús Leyton y del ex presidente Eduardo Frei M.

Este oficial remplazó a Alejandro Burgos como asistente de Manuel Contreras en el Alto Mando de la DINA.

En la actualidad mantiene contrato con el Ejercito de Chile por todo el año 2013 como asesor de proyectos estructurales en la Escuela de Infantería con un salario bruto de $750.000

 

Fuentes de Informacion: La Nación; El Siglo; Punto Final; Libro: "La Trampa"; Archivo Memoriaviva


La Nación

Domingo 30 de agosto de 2009     

Ex agentes, algunos procesados, reciben sueldo del Ejército: La DINA a honorarios

Entre ellos, hay ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el grupo Leopardo. También un ex fiscal militar que falsificó documentos para encubrir el crimen de Carmelo Soria, un médico del Ejército que torturó prisioneros y el agente que sacó a Eugenio Berríos de Chile.

El fantasma de los crímenes de la DINA y la CNI revive en las planillas de funcionarios a honorarios del Ejército.

En la lista, actualizada a 2009 por la misma institución castrense, figuran ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el Grupo Leopardo, algunos actualmente procesados. También un médico torturador expulsado del colegio de la orden en 1987 y un ex fiscal militar acusado de falsear documentación para proteger a los asesinos del diplomático chileno-español Carmelo Soria. Además, aparece el ex agente de la inteligencia del Ejército que sacó clandestinamente de Chile al químico de la DINA, Eugenio Berríos.

Uno de ellos es un viejo estandarte de la elite que rodeó a Manuel Contreras en el cuartel general de calle Belgrano 11: el coronel (R) Hugo "Cacho" Acevedo Godoy, ayudante del capo de la DINA. Número cinco en la lista de agentes de la CNI que el Ejército entregó al juez Sergio Muñoz en el marco de la investigación del crimen de Tucapel Jiménez, Acevedo está casado con la "Dama del Pentotal", la enfermera-agente Carlota Bolumburu Taboada, quien mató prisioneros en la Clínica Santa Lucía inyectandoles sobredosis de pentotal.

"Yo fui de la Brigada Rengo, una unidad de seguridad en la DINA que estaba al mando del entonces capitán Christoph Willikie Flöl (condenado por el crimen del general Carlos Prats). Después, en 1977, fui parte de la seguridad personal de mi general Augusto Pinochet", le dijo el "Cacho" al juez Alejandro Madrid en el proceso por el crimen del cabo agente Manuel Leyton.

Amante de la historia, Acevedo recurrió a la batalla de La Concepción para escoger las chapas de dos militantes del MIR y otra de militancia socialista que se convirtieron en agentes: Marcia Merino Vega, María Uribe Gómez y Luz Arce Sandoval asumieron los nombres de Marta Vergara, Gloria Vilches y Ana María Vergara, mujeres que participaron en ese combate de la Guerra del Pacífico.

Acevedo tiene un contrato a honorarios vigente de $751.259 mensuales por "asesoría para administración del predio militar Casas Viejas de Chena".

El médico y coronel (R) Guido Díaz Paci es otro de los "beneficiados" por la rama castrense con fondos fiscales. Participó en el paso de la Caravana de la Muerte por La Serena el 16 de octubre de 1973, fecha en que 15 prisioneros fueron ejecutados. Esa tarde, después de la masacre, Díaz acomodó los cuerpos, les quitó los efectos personales de los bolsillos y con su informe médico formó parte del encubrimiento de la matanza, que quedó registrada oficialmente como el cumplimiento de una "sentencia de un tribunal militar", según informó el entonces teniente Juan Emilio Cheyre al diario El Día de La Serena.

Díaz Paci pasó más tarde del montaje a la acción y torturó prisioneros en el regimiento Arica de La Serena. Una de sus víctimas allí fue la prisionera Margarita V.C.

"Tenía cinco meses de embarazo y aborté por las torturas. Entre mis torturadores reconocí al siquiatra Carlos Andreu Albornoz y al médico del regimiento Arica de La Serena y del Hospital de La Serena, Guido Díaz Paci. Fui violada, me pusieron ratas y arañas en la vagina, y me inyectaban pentotal", dijo la ex prisionera a la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), declaración consignada en el informe Testimonios de la Tortura en Chile, publicado por esta organización en diciembre de 2003.

En octubre de 1987, el Colegio Médico expulsó de sus filas a Díaz Paci por su participación, en complicidad con la CNI, en el falseamiento de antecedentes sobre el estado de salud del transportista democratacristiano de La Serena, Mario Fernández López, quien, producto de las torturas, había fallecido en el Hospital de La Serena en octubre de 1984.

Díaz Paci tiene un contrato a honorarios vigente de $400.000 mensuales por "atención médica al personal activo, pasivo, y familiares". Hasta ahora, este médico no ha sido procesado por delitos de lesa humanidad.

Jefe de "Leopardo"

El coronel (R) Sergio Castillo González recibe actualmente $1.205.298 mensuales del Ejército por "asesoría al desarrollo del proyecto de estructura de la carrera profesional".

Es parte de los ingresos que recauda este integrante del equipo de oficiales instructores que entre noviembre y diciembre de 1973 conformó el primer contingente de agentes de la naciente DINA en Rocas de Santo Domingo. El ex agente Nibaldo Jiménez Castañeda, parte de ese primer contingente, recordó en el proceso por los desaparecidos de la Operación Colombo que en enero de 1974 "llegamos al cuartel de Londres 38 con un grupo de 20 agentes al mando del capitán Sergio Castillo González". Otro ex agente, Fernando Guerra Guajardo, declaró que "en septiembre de 1974 fuimos destinados al cuartel de calle Irán con Los Plátanos (Ñuñoa, conocido como Venda Sexy) y en marzo-abril de 1975 al de José Domingo Cañas (Ñuñoa), al que se trasladaron los grupos Ciervo y Leopardo de la Brigada Purén". Castillo González comandó justamente el grupo Leopardo. "Dentro de la Brigada Purén estuvo el Grupo Leopardo a cargo del entonces capitán Castillo", reconoció el ex agente Guido Jara Brevis.

Castillo operó codo a codo con el temido Marcelo Moren Brito, conocido como "El Ronco", en Londres 38. Allí, según relató Nibaldo Jiménez, quien trabajó en Leopardo bajo el mando de Sergio Castillo, "una de nuestras misiones fue trasladar detenidos al regimiento de Tejas Verdes". En esos "traslados" desaparecieron decenas de detenidos. Sus cuerpos fueron lanzados al mar. En diciembre de 2005, ante el juez Juan Fuentes Belmar, el coronel (R) Castillo González admitió su calidad de agente DINA. El ex jefe de Leopardo fue procesado en mayo de 2008 por el juez Víctor Montiglio como uno de los autores de los secuestros y desapariciones de las víctimas de la Operación Colombo (caso de los 119): Jaime Buzio Lorca (PC), Rodolfo Espejo Gómez (PS), y Albano Fioraso Chau (MIR), todos desaparecidos desde el cuartel de Londres 38 en 1974.

El fiscal Cea

Sergio Cea, responsable de la cátedra de Derecho a la Información de la Universidad del Desarrollo, recibe honorarios por $677.222 mensuales del Ejército como "asesor jurídico en el proyecto de reformas a la justicia militar". El profesor Cea presentó un particular currículum en la casa de estudios vinculada al grupo Penta, compuesto por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

En 1993, la magistrada Violeta Guzmán reinició la investigación por el crimen del diplomático chileno-español Carmelo Soria, cometido por la Brigada Mulchén en 1976. Antes de que la Corte Suprema traspasara el proceso a la justicia militar, el suboficial integrante de esa brigada, Remigio Ríos San Martín, alcanzó a declarar que Soria fue asesinado por ese grupo. Incluso dio los nombres. Sin embargo, una vez que la causa pasó a la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, precisamente a cargo del coronel de Justicia y fiscal Sergio Cea Cienfuegos, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) inició una ofensiva para trabar el proceso. No sólo intentó convencer al suboficial de que se desdijera presionándolo con su familia y regalandole además una camioneta, sino que también instó al fiscal Cea a que falseara algunas declaraciones y falsificara la firma de Ríos y de otros que tomaron parte o supieron del operativo para matar a Soria y habían decidido aportar información.

Cea, junto a sus secretarios Héctor Zúñiga Cadenasso y Leonardo García Pérez, fueron parte de la operación de encubrimiento y falsificación de instrumentos públicos iniciada por la DINE, bajo el mando de su jefe, el general Eugenio Covarrubias Valenzuela. El brigadier Jaime Lepe Orellana, uno de los autores del crimen de Soria y por ese entonces secretario del dictador Augusto Pinochet, tuvo activa participación en esa operación.

Pese a lo anterior, la Corte Suprema amnistió la causa por el homicidio de Soria en agosto de 1996. Pero el 19 de enero de 2009, el juez Alejandro Madrid -quien instruye el proceso por el asesinato del químico DINA, Eugenio Berríos, y además investiga los nuevos antecedentes del caso Soria- procesó al ahora ex fiscal Cea, junto a Lepe Orellana, como coautores del delito de falsificación de instrumento público. Sus dos secretarios fueron encausados como cómplices de ese ilícito.

Sergio Lautaro Cea Cienfuegos sigue con sus clases en una de las llamadas de universidades "cota mil", enclavada en San Carlos de Apoquindo. La misma institución en que imparte conocimientos Joaquín Lavín y sus principales samurái.

Un Iturriaga en Mulchén

Los hermanos Iturriaga Neumann fueron fieros agentes. Raúl Eduardo -jefe de la Brigada Purén y del departamento exterior de DINA- y Jorge Enrique están condenados por el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa. Un tercer miembro del clan, Alfredo Patricio, fue también agente de la Brigada Mulchén.

"Los miembros de esa unidad éramos Guillermo Salinas Torres, Pablo Belmar Labbé y Patricio Quilhot Palma", declaró Alfredo Iturriaga Neumann al juez Alejandro Madrid. Aunque desconoció el nombre de Brigada Mulchén y dijo que el grupo recibía el elegante nombre de "Unidad de Seguridad Adelantada del general Pinochet", en su declaración agregó que "esa unidad formaba parte de la DINA".

Los nombrados precisamente integraban Mulchén, además de Jaime Lepe. En todo caso, su pertenencia a esta grupo, que operó en coordinación con Michael Townley y Eugenio Berríos, con el gas sarín y otros elementos químicos letales, está acreditada en el proceso por el crimen de Carmelo Soria y en las otras causas que instruye Madrid.

Boina negra y comando, símbolo de la elite de los órganos de represión de la dictadura, Alfredo Iturriaga Neumann forma parte de la plantilla vigente de funcionarios a honorarios del Ejército, recibiendo mensualmente un sueldo de $700.000, como "asesor en materias relacionadas con el levantamiento de competencias de la fuerza terrestre".

Pablo Rodríguez Márquez -procesado y formalmente acusado por el juez Alejandro Madrid como autor de los delitos de secuestro, asociación ilícita criminal y obstrucción a la justicia en el caso Berríos- también aparece en la planilla de funcionarios a honorarios del Ejército.

El 26 de octubre de 1991, el teniente Rodríguez sacó de Chile al químico Eugenio Berríos clandestino a Uruguay, con la identidad falsa de "Manuel Morales Jara". En febrero de 1990, Rodríguez había pasado desde la CNI a la DINE. Allí integró la Unidad de Operaciones Especiales, disfrazada pomposamente como Unidad de Asesoría de Análisis. Esta repartición, con fondos reservados aportados por Pinochet, obstruyó la tarea de los jueces que investigaban los crímenes de la dictadura.La unidad sacó también de Chile a los agentes Carlos Herrera Jiménez y Arturo Sanhueza con destino a Argentina y Uruguay.

En Montevideo, Rodríguez fue uno de los principales participantes y articuladores en mantener a Berríos bajo secuestro. Poco antes, el 10 de septiembre de 1991, salió a Argentina en busca de un pasaporte falso. Dos días después, regresó a Santiago "estrenando" el nombre de "Mauricio Gómez", con el que Herrera fue sacado siete días después para sustraerlo del proceso por el crimen de Tucapel Jiménez.

Hoy, Pablo Rodríguez Márquez recibe del Ejército un honorario mensual de $700.000, como "asesor de la sección preparación de la fuerza".

Consultado telefónicamente el Ejército por LND, no hubo respuesta en el Departamento Comunicacional de la institución. Tampoco se recibió una opinión a la consulta hecha a través del correo electrónico de relaciones públicas.

Familiares: “Vergüenza nacional"

Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, que el Ejército esté financiando con fondos “de todos los chilenos” a ex agentes que cometieron crímenes durante la dictadura “es una vergüenza nacional y una afrenta al pueblo chileno, pero la infamia más grande es que nosotros, los familiares de nuestras propias víctimas, estamos con nuestros tributos ayudando a pagar los sueldos de estos criminales que secuestraron, asesinaron e hicieron desaparecer a nuestros padres e hijos”.

Agrega que “esto prueba que el Ejército no se ha desvinculado de estos criminales. No podemos seguir soportando tanta complicidad. Gracias a la Ley de Transparencia, se ha conocido esta lista de gente a honorarios, pero quién sabe cuántos más de estos mismos sujetos estarán siendo pagados con fondos públicos, puesto que la lista del personal a contrata del Ejército aparece como reservada, amparada en el Código de Justicia Militar”.

Carmen Soria, hija del diplomático chileno-español asesinado por la Brigada Mulchén, sostiene que “esto es una vergüenza que debe ser denunciada internacionalmente. Es sencillamente un doble estándar, porque, mientras nos hablan de respetar los derechos humanos y hacer justicia, el Ejército sigue financiando a estos criminales”.

Soria adelanta que demandará al gobierno que obligue al Ejército a poner fin de inmediato a los contratos de estas personas. “Yo también estoy ayudando a pagar sus sueldos, mientras hay miles de exonerados políticos que hoy están en la miseria. Esto lo voy a poner en conocimiento de las autoridades de España para que presenten este hecho al gobierno chileno”, señala.

Roberto D’Orival, integrante del Colectivo 119, que agrupa a los familiares de las 119 víctimas de la Operación Colombo, perdió a su hermano Jorge en ese operativo. Al tanto de esta irregularidad, afirma que “esto es algo inmoral que pone en cuestión la democracia chilena, pues se supone que la dictadura llegó a su fin, pero vemos que el Estado de Chile sigue financiando a los violadores de derechos humanos. Como colectivo vamos a exigir explicaciones al Ministerio de Defensa”.


La Nacion

15 de septiembre de 2009

Ex DINA no procesados, eliminados de lista a honorarios del Ejército

Ex DINA no procesados, eliminados de lista a honorarios del Ejército.  El ex integrante de la Brigada Rengo de DINA, Hugo Acevedo, recibía mensualmente $751.259 por asesorías.

Dos ex agentes DINA que no están procesados por violaciones de los derechos humanos pero que se mantenían en la lista de funcionarios a honorarios del Ejército percibiendo sueldos mensuales por prestaciones de servicios fueron eliminados de esta nómina.

Se trata del coronel (R) de Ejército que fue ayudante del ex jefe de esa asociación ilícita Manuel Contreras, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, y del médico cardiólogo Sergio Pliscoff Marcovick.

Dado que el Ejército informó al ministro de Defensa Francisco Vidal y a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que de todas las listas de funcionarios de planta, a contrata y honorarios, no existía ningún ex agente DINA que no se encontrara encausado por delitos de lesa humanidad, La Nación consultó a esa institución por qué Acevedo y Pliscoff fueron borrados de la lista a honorarios si sobre ellos no pesaba un auto de procesamiento.

La respuesta del Departamento Comunicacional del Ejército fue que “los motivos de sacar de la lista de funcionarios a honorarios del Ejército a los señores Hugo Acevedo Godoy y Sergio Pliscoff Marcovick, se debió a que ambos presentaron la renuncia voluntaria a la institución”.

De esta manera, suman doce los ex agentes y miembros de esa rama castrense que no pertenecieron a los servicios represivos, que dejarán de seguir recibiendo pagos mensuales en calidad de recontratados.
De ellos, diez están procesados por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura.

Hay otros tres ex agentes de la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que si bien están procesados por este tipo de delitos, aún permanecen en servicio activo. A éstos el Ejército no les cursó la baja y los mantuvo en servicio, hasta que en su contra exista una sentencia condenatoria de primera instancia.

El ex integrante de la Brigada Rengo de DINA, Hugo Acevedo, recibía mensualmente $751.259 por asesorías, mientras que Pliscoff percibía $532.864 al mes trabajando en el Centro Médico Militar Santiago Centro.

Acevedo fue uno de los seis ex agentes que La Nación Domingo presentó en el reportaje “La DINA a honorarios” publicado el pasado 30 de agosto.

Pliscoff operó en la década de los setenta en las clínicas en que la DINA asesinó prisioneros, y luego fue médico de la CNI operando hasta fines 1989 en los centros clínicos heredados de su antecesora. Después, el Ejército lo recontrató para seguir trabajando en la institución.

QUEDAN ALGUNOS

En la nómina a honorarios continúan los ex agentes de la CNI y DINE, coronel (R) Pedro Pablo Bustos Valderrama y Adolfo Born Pineda, respectivamente. Bustos, ex agregado militar ante Naciones Unidas, recibe $1.341.205 mensuales por asesorías, y Born $873.018 como “analista en seguridad”.

Born, ex jefe de seguridad de Copesa, fue condenado en mayo de 2003 a cinco años como autor del secuestro y desaparición en 1978 del agente DINE Guillermo Jorquera.

En 2007 la Corte de Santiago elevó la condena a seis años, pero en 2008 la Sala Penal de la Corte Suprema lo absolvió, a pesar de las múltiples pruebas en su contra.


La Nacion

25 de noviembre de 2013

EX AGENTES DE LA DICTADURA DE PINOCHET ESTÁN A "HONORARIOS" EN EL EJÉRCITO

El Ejército destina mensualmente varios millones de pesos para pagar sueldos a ex agentes de los organismos represivos de la dictadura de Augusto Pinochet que figuran en sus plantillas como personal "a honorarios", según se puede comprobar en la página institucional de esa rama castrense.
La situación se contradice con lo que declaró en septiembre de 2009 el entonces comandante en jefe, general Oscar Izurieta, actual subsecretario de Defensa, a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, de que a esa fecha "no quedaban" ex agentes recibiendo pagos del Ejército.

Según aparece en la página institucional del Ejército correspondiente a 2013, reciben pagos mensuales los coroneles retirados y vueltos a contratar Patricio Zambelli Restelli y Hugo Acevedo Godoy, y el ex suboficial Eugenio Álvarez Gonzalez, todos ellos ex agentes de la DINA.
También reciben pagos mensuales los ex agentes operativos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la DINA, Nazario Aracena Robles, Iván Droguett Ruiz y Nora Carreño Barrera.

Ninguno de ellos figura hasta ahora condenado o procesado por delitos de lesa humanidad, a pesar de que cumplieron funciones operativas en brigadas vinculadas a crímenes, lo que han negado en sus declaraciones judiciales.

EL CASO DE GONZALO SANTELICES
Quién sí está encausado por los crímenes de la Caravana de la Muerte en Antofagasta en octubre de 1973, es el general retirado Gonzalo Santelices Cuevas (en la foto), quien recibe una remuneración mensual de 1.670.000 pesos como "asesor del Estado Mayor de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE)".

Santelices no perteneció a la DINA o a la CNI, pero estando al mando de la Guarnición Militar de Santiago, en febrero de 2008 fue dado de baja del Ejército por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, tras la publicación de un reportaje en el diario La Nación Domingo que incluyó su declaración judicial, prestada en septiembre de 2002, admitiendo su participación en ese crimen. Santelices declaró que la noche del 18 de octubre de 1973 secuestró desde la cárcel de Antofagasta a 14 prisioneros políticos y los condujo en camiones a la Quebrada del Way en las afueras de esa ciudad.

Con personal bajo su mando, formó a los presos para que el escuadrón de la Caravana de la Muerte, comandado por el general Sergio Arellano los asesinara. Después subió los cuerpos a los camiones y los dejó apilados en la calle frente a la morgue local, donde los encontraron sus familiares.

LOS PAGOS
Patricio Zambelli Restelli recibe del Ejercito 1.300.000 mensuales como "asesor de Planificación de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
Según una declaración judicial de mayo de 2010, Zambelli es experto en inteligencia y operó como agente en el campo de prisioneros Villa Grimaldi "junto a Miguel Krassnoff" mientras allí se torturaba y asesinaba a prisioneros.

En 1976 integró la Brigada Caupolicán, de la DINA, que ese año secuestró a todos los miembros de la dirección clandestina del partido Comunista, que finamente fueron asesinados en otro cuartel del organismo (Simón Bolívar).
 

Hugo Acevedo recibe 750.000 pesos mensuales como "asesor de proyectos estructurales de la Escuela de Infantería de San Bernardo". En la DINA Acevedo integró la Brigada "Rengo" y después pasó a la CNI, donde cumplió funciones operativas hasta el fin de la dictadura, en 1990.
Eugenio Álvarez, que también perteneció a la DINA y a la CNI, obtiene al mes 340.000 pesos (unos 660 dólares) como "asesor administrativo de la Dirección de Mantenimiento del Ejército".

El ex teniente coronel Nazario Aracena, antiguo agente operativo de la CNI, gana 787.000 pesos mensuales como "supervisor de Seguridad del Estado Mayor General del Ejército".

Nora Carreño, ex agente operativa de la CNI, gana al mes 660.000 pesos como "asesora de la Comandancia de la Guarnición Militar de Santiago", mientras Iván Droguett recibe 420.000 pesos mensuales como "asesor del Estado Mayor General del Ejército".

"INDIGNANTE"
Jorge Tarud (PPD), miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, consideró "indignante" la situación y dijo que el comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba, y el subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, serán citados por dicha comisión, "para dar explicaciones al país".

Consideró además que los ex agentes deben ser cesados de inmediato de sus funciones.
En tanto, Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), señaló que "con esta información queda claro que el Ejército sigue comprometido con quienes violaron los derechos humanos bajo la dictadura".

A su juicio, más grave aún es que el Ejército "atentó contra una institución de la democracia, como es la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, al afirmar en 2009 su comandante en jefe, general Izurieta, que a esa fecha no quedaban ex agentes financiados por el Ejército. Ahora vemos que no es verdad", concluyó.


Cambio 21

27/11/2013

Indignación y estupor provoca contratos del Ejército con agentes de la DINA y la CNI. Exigen "acabar con estos pactos de silencio"

En la lista, aparece involucrado el retirado general Gonzalo Santelices Cuevas, quien si bien no fue parte de alguno de los organismos represivos de la dictadura, fue dado de baja en febrero de 2008 tras verse involucrado en el Caso Caravana de la Muerte en Antofagasta.

Al menos seis ex miembros de los organismos represores de la dictadura militar del general Augusto Pinochet aún reciben dineros desde el Ejército, pese a lo señalado en su momento por el entonces ex comandante en jefe, general Oscar Izurieta, hoy subsecretario de Defensa de la administración Piñera.

Un somera investigación periodística reveló que se trata de los ex miembros de la temida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), coroneles (r) Hugo Acevedo Godoy y Patricio Zambelli Restelli, y el suboficial Eugenio Álvarez González, según publicó la agencia EFE.

Pero además, en la página del Ejército aparecen los nombres de Nora Carreño Barrera, Iván Droguett Ruiz y Nazario Aracena Robles, quienes eran agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

También figura involucrado el retirado general Gonzalo Santelices Cuevas, quien si bien no fue parte de alguno de los organismos represivos de la dictadura, fue dado de baja en febrero de 2008 tras conocerse su participación en la denominada Caravana de la Muerte en Antofagasta.

Recordemos que el comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, ya estuvo involucrado en una polémica similar en 2009 cuando declaró ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que no había en el Ejército algún ex CNI o DINA prestando servicios a la institución armada.

No obstante, en 2011 el actual Subsecretario de Defensa nuevamente saltó a la palestra luego que se conociera que incorporó a su equipo de asesores a ex integrantes de los servicios de seguridad de la dictadura militar.

Se trató del ex DINA Ítalo Seccatore; el yerno de Manuel Contreras Sepúlveda, Orlando Carter; los ex CNI Alejandro Romero, José Joaquín Pérez y Pedro Fernández; y Mario Larenas, quien está querellado por los fusilamientos en el regimiento de La Serena en 1973.

El sector de derechos humanos cuestiona asesorías

Desde el sector de derechos humanos, el abogado de 15 familias por el caso "Caravana de la Muerte", Cristián Cruz, aseguró que "aquí más que una responsabilidad del Estado por contratarlos, la responsabilidad es del Ejército, porque ellos saben quienes son los personajes oscuros que participaron en dictadura".

"Aquí el Ejército se niega a desligarse de estos lastres del pasado, y lamentablemente involucra a todas las familias que han sido víctimas. Entonces no entendemos porqué se da, además debe existir dignidad porque aquí los están premiando en vez de hacer justicia", reclama el profesional.

Además, Cruz mencionó en conversación con Cambio21 que "hay que acabar con estos pactos de silencio, y el Ejército debe dar una muestra clara de un "nunca más", porque hasta ahora no ha colaborado con los crímenes que se están investigando".

Por su parte, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, dijo que "es una situación que sin duda no puede darse, aunque se están volviendo (los ex DINA y CNI) parte de la actual administración de este país".

A ello, agrega que "ya lo han desmentido anteriormente, incluso mintieron frente al Parlamento negando estas contrataciones", refiriéndose a las declaraciones de Oscar Izurieta.

Por último, García mencionó a Cambio21 que "el Ejército no corta lazos con los protagonistas de la dictadura, por el contrario siguen generándolos con ellos. Además aquí se les está pagando un sueldo con la plata de todos los chilenos a personajes que formaron parte de la represión de este país".

Sin lógica

Ante esta situación, el diputado DC Jorge Burgos dijo que "de una vez por todas" el alto mando de las Fuerzas Armadas debería ordenar que se suspendan los vínculos contractuales de las instituciones castrenses con ex agentes de la DINA y la CNI.

En opinión de Burgos, es necesario respetar siempre el "principio de inocencia", más allá del "reproche social que la presunción o la mera sospecha de que una persona haya participado en una acción ilícita de las características como fue la DINA le pueda producir a uno legítimante".

Sin embargo, "también hay un cierto principio de sentido común mínimo. A mí me parece que a esta altura no deberíamos seguir teniendo sorpresas de que instituciones de las Fuerzas Armadas contratan a personas que tienen formalizaciones o encausamientos en materia de derechos humanos", indicó el parlamentario a Cooperativa.

Por su parte, el diputado Patricio Hales (PPD) aseguró que "quien ha tenido responsabilidades delictuales debe responder a la justicia" y agregó que "una cosa son los derechos legales, y otra muy distinta son las condiciones políticas de un gobierno al que le da lo mismo contratar funcionarios que fueron violadores de derechos humanos o un posible delincuente en uno de los ámbitos más horroroso de la historia del país".

"Todos los gobiernos debieran ser especialmente cuidadosos con la gente que contratan, sobre todas aquellas que quieran utilizarlas en un cargo de confianza", declaró el legislador.

Por último, se refirió al general Izurieta agregando a Cambio21 que "no debe haber estado en conocimiento de esta situación. No se caracteriza por ser un violador de los derechos humanos".

Los sueldos de los ex DINA y CNI

Gonzalo Santelices Cuevas: Declaró que la noche del 18 de octubre de 1973 secuestró desde la cárcel de Antofagasta a 14 prisioneros políticos y los condujo en camiones a la Quebrada del Way, en las afueras de esa ciudad. Con personal bajo su mando, formó a los presos para que el escuadrón de la Caravana de la Muerte, comandado por el general Sergio Arellano los asesinara. Después subió los cuerpos a los camiones y los dejó apilados en la calle frente a la morgue local, donde los encontraron sus familiares.

Patricio Zambelli Restelli: Actualmente recibe del Ejercito 1.300.000 pesos mensuales como "asesor de Planificación de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Según una declaración judicial de mayo de 2010, es experto en inteligencia y operó como agente en el campo de prisioneros Villa Grimaldi "junto a Miguel Krassnoff" mientras allí se torturaba y asesinaba a prisioneros.

En 1976 integró la Brigada Caupolicán, de la DINA, que ese año secuestró a todos los miembros de la dirección clandestina del Partido Comunista, que finamente fueron asesinados en el cuartel Simón Bolívar.

Hugo Acevedo: Recibe 750.000 pesos mensuales como "asesor de proyectos estructurales de la Escuela de Infantería de San Bernardo". Conocido como "Cacho" Acevedo, fue oficial de Ejército, integrante de la Brigada Rengo de DINA, representante legal de Augusto Pinochet Hiriart. Es quien representó al hijo de Pinochet en la firma de la escritura de la Sociedad Diet Lobos, pantalla comercial de la DINA para encubrir actividades tanto en Chile como en el exterior del país.

Es casado con la enfermera Eliana Bolumburu Taboada, agente de la DINA famosa en la Clínica London y por su participación en la muerte del cabo Manuel Jesús Leyton y del ex presidente Eduardo Frei M.

Este oficial remplazó a Alejandro Burgos como asistente de Manuel Contreras en el Alto Mando de la DINA. En 1989 asumió como Jefe de la División Antisubversiva de la Central Nacional de Informaciones (CNI)

Eugenio Álvarez, que también perteneció a la DINA y a la CNI, obtiene al mes 340.000 pesos como "asesor administrativo de la Dirección de Mantenimiento del Ejército".

Nazario Aracena El ex teniente coronel, antiguo agente operativo de la CNI, gana 787.000 pesos mensuales como "supervisor de Seguridad del Estado Mayor General del Ejército".

Nora Carreño, ex agente operativa de la CNI, gana al mes 660.000 pesos como "asesora de la Comandancia de la Guarnición Militar de Santiago".

Iván Droguett recibe 420.000 pesos mensuales como "asesor del Estado Mayor General del Ejército".

 


 

Cambio21, 17 de febrero de 2015

Procesan a seis ex CNI por homicidios de dos jóvenes miristas

En su resolución, el juez Carroza sostiene que los agentes Humberto Leiva Gutiérrez, Hugo Acevedo Godoy, Luis Arturo Sanhueza Ross, Víctor Caro Pizarro, Armando Ávila Fierro y Juan Farías Orellana tuvieron directa participación en el operativo que terminó con la vida de ambos jóvenes.

El ministro Mario Carroza sometió a proceso a seis agentes de la desaparecida CNI implicados en el homicidio calificado de dos jóvenes militantes del MIR Iván Palacios y Eric Rodríguez, asesinados en una emboscada previamente preparada el 18 de abril de 1989, en la comuna de Quinta Normal.

En su resolución, el juez Carroza sostiene que los agentes Humberto Leiva Gutiérrez, Hugo Acevedo Godoy, Luis Arturo Sanhueza Ross, Víctor Caro Pizarro, Armando Ávila Fierro y Juan Farías Orellana tuvieron directa participación en el operativo que terminó con la vida de ambos jóvenes.

El caso de los jóvenes miristas Eric Rodríguez e Iván Palacios es recordado porque fue consecuencia de una operación de infiltración orquestada por la CNI y que estuvo a cargo de un sujeto conocido como "Miguel", empleado civil de ese aparato represivo de la dictadura de Pinochet, quien proveía de armas a jóvenes de zonas populares del Gran Santiago.

Ambos jóvenes fueron emboscados en el sector de calle San Pablo con Radal, lugar donde Palacios falleció abatido por los agentes, mientras que Rodríguez dejó de existir días después, en un centro asistencial.

En su indagatoria, el ministro Carroza estableció que luego de disparar contra ambos jóvenes, los agentes de la CNI "realizaron una serie de maniobras en el sitio del suceso con la finalidad de aparentar la ocurrencia de un enfrentamiento entre los agentes del organismo de seguridad y las víctimas".

 

 


Esta pagina fue modificada el 28/11/2013

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