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Entrevista
Entrevista

Sergio Victor Arellano Stark

  General de Ejército

 

Sergio Victor Arellano Stark era delegado directo de Augusto Pinochet. Fue la cabeza de la denominada Caravana de la Muerte, comitiva militar que recorrió el norte y sur del país tras el golpe de 1973. Tenía a su cargo a 14 militares, la mayoría de ellos pasó más tarde a ser parte de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), lo que ha servido al general (R) Sergio Arellano para argumentar que nada supo de los hechos imputados a la Caravana de la Muerte y que ellos se cometieron a sus espaldas.

La misión ordenada por el entonces jefe de la Junta Militar, Augusto Pinochet, era uniformar criterios sobre la administración de justicia para con los prisioneros políticos. Con posterioridad a su función en la comitiva fue ascendido y premiado en reiteradas oportunidades por el presidente de la Junta de Gobierno. Ello desestimó ante la justicia la versión de haber desconocido los hechos. Arellano perteneció al Ejército durante 38 años y se acogió a retiro voluntario en 1976. Sergio Arellano.- general del Ejército en retiro. Fue edecán del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Se le vinculaba a la Democracia Cristiana. Participó, tras el golpe, en la llamada caravana de la muerte que decidió ejecuciones sumarias en diversos acuartelamientos militares de Chile.

Extraditable.

Hoy se encuentra procesado y preso de manera preventiva. General comandó la llamada "caravana de la Muerte": 72 prisioneros fueron ejecutados. Curiosamente, recibió durante su carrera la Orden de la reina Victoria de Inglaterra, y la Cruz de la Orden al Mérito Militar de España.

 

Fuentes: Dónde están hoy los dinos de ayer?    Gladys Díaz, La Tercera, El Mercurio; Fichas de casos de los detenidos desaparecidos; El Mostrador; La Nacion


El Mercurio

21 de Julio 2003

Guzmán dicta procesamientos caso Caravana de la Muerte

El ministro de fuero Juan Guzmán sometió a proceso a tres militares (r) por delitos cometidos por la denominada Caravana de la Muerte en cuatro ciudades al sur del país.

Luego de su investigación, Guzmán encargó reos al general (r) Sergio Arellano Stark, por el homicidio calificado de dos personas en la ciudad de Curicó. Además encausó a Arellano y al general (r) Gabriel del Río por los delitos de secuestro y homicidio calificado de Teófilo Arce, Leopoldo González, Segundo Sandoval y José Sepúlveda, todos ellos de la ciudad de San Javier.

El magistrado determinó además recalificar desde secuestro a homicidio el procesamiento al general (r) Arellano, al brigadier Pedro Espinoza (r) y el coronel (r) Marcelo Moren Brito, por la muerte y desaparición de dos personas en la ciudad de Cauquenes.

Asimismo, Guzmán decidió nuevamente encargar reo a Arellano Stark y al general (r) Héctor Hernán Bravo por el secuestro con homicidio de dos personas en la ciudad de Valdivia.

Con la resolución emanada hoy el magistrado estableció que la comitiva militar efectivamente recorrió la zona sur del país en 1973.

Luego de notificarse, el abogado de derechos humanos Juan Bustos sostuvo que con la resolución "queda muy patente que en relación a la Caravana de la Muerte faltaba aún mucho más. Ahora esto se ha comprobado y ha quedado claro, y así el ministro dictó procesamientos por los casos de Valdivia, San Javier y Curicó".


La Nación

18 de Octubre 2003

Corte derrumbó tesis del general (R) Arellano de una “conspiración” en su contra

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el procesamiento del general (R) Sergio Arellano Stark por 19 víctimas del tramo sur de la Caravana de la Muerte, y sólo revocó su encausamiento por uno de los once prisioneros ejecutados en Valdivia. Se trata de José Liendo Vera, más conocido como el “comandante Pepe”. Los últimos procesamientos por el episodio sur de la Caravana de la Muerte fueron dictados el pasado 18 de julio por el ministro Juan Guzmán Tapia, juez instructor de la causa.

De esta manera, esa corte echó abajo el argumento del general (R) Arellano, quien, entre sus múltiples contradicciones, ha afirmado que las ejecuciones fueron parte de “una conspiración” del entonces coronel Manuel Contreras y la naciente DINA, para perjudicar su imagen.

La resolución de la Quinta Sala mantuvo también el procesamiento por los once detenidos de Valdivia al general (R) Héctor Bravo Muñoz, revocando igualmente su encausamiento por Liendo. Bravo era a 1973 el comandante de la IV División del Ejército con asiento en Valdivia.

Según dos de los ministros de la sala, en el caso de Liendo habría existido un consejo de guerra en su contra, por lo que la ejecución no podría ser considerada un delito. Sin embargo, el tercer magistrado consideró que no estaba acreditado en el proceso que ese consejo de guerra efectivamente existió.

En todo caso, La Nación constató que en el expediente de Caravana no existe ningún documento ni sentencia, que acredite oficialmente la existencia de tal consejo de guerra. Sólo hay algunas declaraciones que así lo afirman.

Los abogados querellantes Francisco Bravo, del Programa de Derechos Humanos del gobierno, y Hugo Gutiérrez, por familiares, coincidieron en declaraciones a La Nación que en el proceso que instruye el juez Guzmán “no existe ninguna evidencia procesal material” que ese consejo de guerra contra Liendo existió.

De esta manera, la corte confirmó que Arellano y su gente tuvieron participación en 11 de los 12 crímenes de Valdivia ocurridos los días 3 y 4 de octubre de 1973, entre ellos el asesinato del líder del MIR en esa ciudad, Fernando Krauss; en órdenes que culminaron el 5 de octubre de 1973 con las ejecuciones de los dos ex GAP, Wagner Salinas y Francisco Lara; en el asesinato en Linares el 2 de octubre de 1973 de los jóvenes Teófilo Arce, Leopoldo González, Segundo Sandoval y José Sepúlveda; y en los homicidios de dos de los cuatro jóvenes acribillados en Cauquenes el 4 de octubre de 1973, Miguel Muñoz y Manuel Plaza.


Cooperativa.cl

30 de Julio 2007

Abogado de DD.HH. celebró condena contra Arellano Stark

Hugo Gutiérrez explicó que la Corte de Apelaciones tiene una "vocación" por entender los delitos de lesa humanidad y de tomar el camino de las convenciones internacionales.

El abogado de Derechos Humanos Hugo Gutiérrez señaló que la decisión de la Corte de Apelaciones de desechar la ley de Amnistía y condenar al general (r) Sergio Arellano Stark es una "feliz noticia para los chilenos".

El tribunal "ha tenido una vocación a entender estos crímenes (de lesa humanidad) y ha tomado un camino que se une a las resoluciones internacionales y es una feliz noticia para los chilenos", indicó.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el abogado señaló que "esta vez se revocó la resolución en el entendido de que los delitos de lesa humanidad son indescriptible y eso también es una buena noticia".

El pasado viernes, la Octava Sala de la Corte de Apelación de Santiago revocó la decisión del ministro Víctor Montiglio de aplicar la ley de Amnistía y absolver al general (r) Sergio Arellano Stark y a otros cuatro oficiales retirados por el episodio San Javier de la Caravana de la Muerte, condenando al alto oficial a 10 años y un día de prisión.

En cuanto al caso Fujimori, Gutiérrez declaró que "el ministro Orlando Alvarez ya tenía en mente no extraditarlo antes que la fiscal le dijera que aquí era extraditable, lo que me parece que no es pertinente".

"Hay que estar abierto a todo lo que Perú a entregado a Chile para extraditarlo y lo que a mi me preocupa son los casos de Derechos Humanos", argumentó.


The clinic.cl 

18 Noviembre, 2008

Arellano Stark: Alzheimer, diabetes y alcoholismo, entre otras cosas 

A los 88 años, la vida del general (R) Sergio Arellano Stark se apaga lenta y tristemente, aunque fuera de un recinto penal, donde muchos lo querían ver. Ayer, el ministro a cargo de la causa, Víctor Montiglio, lo absolvió de ir a la cárcel dado su avanzado Alzheimer. Los 72 crímenes de la Caravana [...]

A los 88 años, la vida del general (R) Sergio Arellano Stark se apaga lenta y tristemente, aunque fuera de un recinto penal, donde muchos lo querían ver. Ayer, el ministro a cargo de la causa, Víctor Montiglio, lo absolvió de ir a la cárcel dado su avanzado Alzheimer. Los 72 crímenes de la Caravana de la Muerte quedaron impunes, aunque su catastrófico estado de salud y su penoso tránsito hacia la muerte indican que la justicia divina ya se hizo cargo del ex militar hace bastante rato. Así al menos lo constata el informe emanado de los doctores Hugo Aguirre e Italo Sigala, ambos del Servicio Médico Legal, sobre su actual estado.

Informe Médico Legal:

1. El peritado padece patologías médicas que se correlacionan por sí solas con deterioro cognitivo severo o demencia: alcoholismo, daño hepático crónico, diabetes melitus, encefalopatías metabólicas.

2. Las imágenes de cerebro evidencian elementos asociados a la demencia por enfermedad de alzheimer (abiotrofia cortical de predominio basal, con afectación de ambos hipocampos e involución encefálica global) y vascular (infarto del deterioro de la arteria cerebral medio izquierda, que compromete región cortico subcortical fronto insular).

3. El examen mental evidencia un deterioro de la memoria y cognitivo grave, con afasia, apraxia, agnosia, alteración del juicio y pensamiento. Esto le dificulta el procesamiento general de la información y lo incapacita en tarea que requieren planificación, organización y ejecución, situación propia de la demencia.

4. Al examen neurológico presenta reflejos primitivos de liberación y parkinsonismo (ambos propios de daño orgánico cerebral).

5. Tiene alta carga genética familiar de Enfermedad de Alzheimer.

6. Presenta un compromiso mental – cognitivo y/o psicótico – persistente desde abril de 2007.

En el peritaje se concluye que por la evaluación realizada es posible concluir que don Sergio Arellano Stark presenta una Demencia Mixta o Multifactorial tipo Alzheimer y Vascular, y que esta enfermedad neuropsiquiátrica, es progresiva, crónica e irreversible, determina enajenación mental, requiere de un tratamiento médico y cuidados perentorios, en régimen de hospitalización o clínicas de reposo especializadas, con asistencia médica adecuada y contención de enfermería, no reviste peligrosidad para sí o terceros, que no le permite entender ni participar de las instancias procesales y le impide incorporar nuevas conductas, rehabilitarse o comprender el sentido de su sanción.

El Mostrador

15 de octubre de 2008   

Suprema dicta primera condena definitiva en el caso Caravana de la Muerte

Seis años de presidio dispuso el máximo tribunal para el general retirado Sergio Arellano Stark por el homicidio calificado de cuatro jóvenes militantes del Partido Socialista, en el denominado "episodio San Javier", una de las escalas que hizo la comitiva militar a fines de 1973 para acelerar procesos y ejecuciones de detractores del régimen militar.

La Segunda Sala de la Corte Suprema condenó a seis años de presidio, sin la posibilidad de obtener beneficios, al general (r) del Ejército Sergio Arellano Stark, por los homicidios calificados de de Teófilo Arce Toloza, José Sepúlveda Baeza, Leopoldo González Norambuena y Segundo Sandoval Gómez en la investigación del episodio San Javier del caso denominado Caravana de la Muerte.

La decisión la adoptaron en un fallo dividido los los ministros Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Juan Carlos Cárcamo, luego de acoger un recurso de casación presentado contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago.

La misma condena recibió el oficial retirado Carlos Romero Muñoz, quien en la fecha de los acontecimientos tenía el grado de mayor y se desempeñaba como fiscal militar de Linares.

También fueron condenados, a cuatro años de cárcel con el beneficio de la libertad vigilada, José Parada Muñoz y Julio Barrios Espinace.

En tanto, el máximo tribunal absolvió a Claudio Lecaros Carrasco y a Gabriel del Río Espinoza.

Reparación del fisco

Asimismo, el fallo determina que el fisco debe pagar 80 millones de pesos a cada una de las dos querellantes que actuaron en el proceso a título de indemnización por daño moral.

En el aspecto penal la sentencia se adoptó con el voto en contra del ministro Rubén Ballesteros, quien estuvo por aplicar la prescripción de la acción penal; mientas que el aspecto civil la sentencia fue determinada con la decisión en contra de los ministros Ballesteros y Jaime Rodríguez, quienes estuvieron por acoger la excepción de incompetencia.

Esta es la  trigésima séptima condena de la Corte Suprema en causas de derechos humanos desde 2005 y la décima en lo que va de 2008.

Amnistía

El ministro en visita del caso Caravana, Víctor Montiglio, había absuelto a los imputados en mayo de 2006, tras aplicar el Decreto Ley de Amnistía vigente desde 1978. Sin embargo,

Sin embargo, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de la capital revocó el dictamen el año pasado y decidió condenarlos por el delito de homicidio calificado.

El episodio San Javier

En el episodio San Javier de la Caravana de la Muerte, registrado el 2 de octubre de 1973, encontraron la muerte en esa ciudad cuatro jóvenes militantes del Partido Socialista, quienes habían sido detenidos por efectivos de Investigaciones de San Javier y destinados a la cárcel pública de la ciudad.

Teófilo Arce Tolosa (26) y Mauricio González Norambuena (20) se desempeñaban en la Corporación de Reforma Agraria (CORA), José Sepúlveda Baeza (22) era estudiante universitario y Segundo Sandoval Gómez (19) cursaba la enseñanza media.

Todos ellos habían protagonizado un incidente el día 11 de septiembre de 1973 en el que fueron perseguidos por funcionarios de Carabineros y civiles de la zona, logrando escapar de los disparos de sus perseguidores.

De acuerdo a la versión oficial entregada a la prensa que recoge el Informe Rettig, los detenidos eran conducidos a una "reconstitución de escena" e intentaron arrebatar las armas a sus centinelas y escapar.

De acuerdo a la instancia, los jóvenes fueron ejecutados por agentes del Estado, al margen de todo procedimiento legal y la versión del intento de fuga no es posible de aceptar.

Argumenta, por ejemplo, que resulta inconsistente afirmar que el día de los hechos los cuatro fueron sacados desde la cárcel y llevados a una reconstitución de escena, a un lugar situado entre el Regimiento de Artillería y el Polígono, en circunstancias que este lugar no está en el camino a San Javier, lugar donde efectivamente ocurrieron los hechos.

Además, que la fuerte custodia bajo la cual eran trasladados los detenidos en el período, hace improbable que, estando reducidos y desarmados, intentaran arrebatar las armas a efectivos militares, cuya superioridad física, numérica y logística resulta evidente.

Finalmente, señala que es inexplicable que para evitar un intento de fuga, de haber existido, se haya causado la muerte, en las condiciones descritas, a la totalidad de los prisioneros.


 La Nación

17 de octubre de 2008    

Al general (R) Sergio Arellano lo acusaron sus propios hombres de la Caravana de la Muerte

La primera condena por el episodio de Linares-San Javier que Arellano deberá cumplir abrirá la válvula para que el juez Montiglio dicte nuevas resoluciones. El ministro estaba a la expectativa de “cómo venía la mano” en la Suprema.

Y el "Lobo" terminó cazado. Fue larga la travesía para atraparlo. No sólo porque la Caravana de la Muerte constituye episodios complejos, sino por todo lo que el general (R) Sergio Arellano Stark mintió en el proceso desde que se inició en 1998, como queda de manifiesto al revisar los expedientes de la causa.

Por la magnitud de los delitos y la brutalidad en su cometido, el "Lobo", como lo apodan sus compañeros de armas por su terquedad, es el segundo criminal de mayor peso de la dictadura en contra del cual se dicta una sentencia de pena efectiva, después del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras.

Ciento dos fueron las víctimas del escuadrón que comandó por el sur y el norte con un oficio del dictador Augusto Pinochet en el bolsillo, documento que era el pasaporte para matar, baja falsa promesa de "acelerar juicios" y "velar por los procesos justos" en contra de los prisioneros.

A esa cifra se arriba sumando a las 75 muertes inicialmente conocidas de Cauquenes (4), La Serena (15), Copiapó (16), Antofagasta (14) y Calama (26), los 12 asesinados en Valdivia (donde murió José Liendo, el "Comandante Pepe" y el jefe del MIR en esa ciudad Fernando Krauss, compañero de la periodista María Inés Ruz), 6 en Temuco, 2 en Curicó, los 4 de Linares (conocido también como episodio San Javier) y 3 de Arica.

Estos últimos fueron los capítulos más ocultos del "Lobo", y algunos sobre los que más trucó la verdad.

Pero el derrumbe de este hombre que de tanto fabular la realidad llegó hasta conseguir una carta de "buena conducta" del cardenal Raúl Silva Henríquez que presentó en el proceso, que comenzó en 1998.

Aquella vez, dos de sus principales colaboradores en las masacres a punta de corvo y bala, Marcelo Moren Brito y Sergio Arredondo, dijeron basta y pidieron al entonces juez Juan Guzmán que los careara con Arellano, que seguía culpándolos de todas las muertes junto a Fernández Larios, acusándolos de haberse "infiltrado" en la comitiva por mandato del "Mamo" Contreras.

En la confrontación Arellano debió sin embargo admitir que fue él quién los había designado para integrar la caravana. "Los coroneles tienen razón" dijo cuando Moren sacó un oficio firmado por el mismo Arellano.

El clímax de aquel cara a cara lo puso Arredondo cuando, cansado de todo, golpeó la mesa y le espetó al "Lobo" en su cara ¡ya basta, si todos sabíamos que íbamos a matar a los prisioneros porque usted lo dijo antes de partir!

El dramático encuentro de Arellano y sus hombres quedó registrado en expediente del proceso.

Para que Arellano entre a cumplir la condena de seis años (como ya es habitual, la Corte Suprema redujo la pena en 4 años) falta que el expediente vuelva al ministro Montiglio para que éste dicte el cúmplase y el "Lobo" sea detenido y llevado probablemente a Punta Peuco.

Su defensa ya dijo que probará que está enfermo y que por su edad (88) no debe ser encarcelado y, eventualmente, se llegaría a un escenario con que Pinochet embaucó a los jueces, como varios ministros lo han reconocido en privado.

El juez Víctor Montiglio estaba a la expectativa de este fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, ya que -según fuentes de tribunales- el ministro quería saber "cómo venía la mano en la Suprema", para comenzar a adoptar una serie de resoluciones en el proceso Caravana de la Muerte, las que se espera que pronto se den a conocer.


 

La Nación

4 de noviembre de 2008   

Arellano dice que está demente

El juez Víctor Montiglio ordenó ayer su traslado desde la Clínica Villa Soleares al Hospital Militar, donde al general (R) Sergio Arellano se le practicarán pericias para determinar una supuesta demencia y mal de Alzheimer.

En el Hospital Militar se encuentra el ex jefe de la Caravana de la Muerte, general (R) Sergio Arellano Stark (87), donde peritos del Servicio Médico Legal (SML) deberán practicarle una serie de exámenes para determinar la efectividad de una supuesta demencia y mal de Alzheimer.

Los resultados determinarán dónde deberá cumplir la sentencia de seis años de presidio que, en última instancia, resolvió en su contra el pasado 15 de octubre la Sala Penal de la Corte Suprema como coautor de los homicidios de cuatro militantes socialistas el 2 de octubre de 1973 al interior de la Escuela de Artillería de Linares en la Séptima Región, en el episodio San Javier-Linares de los crímenes del escuadrón que dirigió.

Ante la inminencia de su arresto para entrar a cumplir esta sentencia, "El Lobo" como lo apodaron sus camaradas de armas por su terquedad, se refugió en los últimos días en la clínica especializada en deficiencias mentales Villa Soleares ubicada en Río Maule 555 en la comuna de Las Condes, aquejado de un pretendido deterioro mental y enfermedad de Alzheimer.

Allí fue detenido ayer por efectivos de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, previo a que el ministro Víctor Montiglio lo notificara del cumplimiento de su condena y ordenara su traslado inmediato al Hospital Militar.

Ayer el magistrado dijo que demandó varias pericias al SML, de las que "dependerá" el lugar donde Arellano deberá cumplir su condena. El juez expresó que "mientras se realicen estas pericias que son complejas", Arellano se mantendrá en el Hospital Militar.

El abogado querellante Hugo Gutiérrez comparó la situación de "El Lobo" con la del dictador Augusto Pinochet, quien en 2000 y precisamente para tratar de que se revocara su procesamiento por los crímenes de la Caravana de la Muerte y evitar así una próxima condena se declaró demente.

Este estado que fue relativamente confirmado por una rueda de pericias médicas, a juicio de los querellantes, adolecieron entonces de varios vicios.

Estos informes condujeron a que las cortes de Apelaciones de Santiago y Suprema declararan a Pinochet aquejado de un "estado de demencia progresiva e incurable".

Sin embargo, como varios jueces lo afirmaron en privado, éstos se percataron después de que "fuimos engañados" por Pinochet que pronto dio muestras de una buena memoria y facultades mentales aptas para enfrentar un proceso.

"Esto es el síndrome Pinochet, y ahora tenemos a Arellano Stark haciéndose pasar por loco", dijo Gutiérrez, quien hoy junto al abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, Boris Paredes, interpondrán un escrito para que Arellano sea trasladado a la cárcel de Punta Peuco o al Penal Cordillera de Peñalolén, independientemente de los tests que se le practiquen.

Los prisioneros muertos al paso de la Caravana de la Muerte por ciudades del sur y norte del país superaron los cien, mientras todos los otros capítulos de este operativo siguen aún abiertos en estado de investigación a cargo del juez Montiglio.

En el mismo Hospital Militar se encuentra también recluido el ex fiscal militar de la Escuela de Artillería de Linares, Carlos Romero Muñoz, igualmente condenado a seis años de presidio por los crímenes de los jóvenes Teófilo Arce Tolosa, José Sepúlveda Baeza, Leopoldo González Norambuena y Segundo Sandoval Gómez.

Romero ingresó el fin de semana a ese recinto para que se le practique una supuesta operación.

Arellano fue finalmente denunciado en el proceso por sus propios hombres, quienes le enrostraron que la misión de la comitiva fue matar prisioneros, y no "acelerar procesos" y "velar por juicios justos" como fue la versión oficial del viaje del escuadrón.


 La Nación

5 de noviembre de 2008    

Querellantes: juez Montiglio “atropelló” a Gendarmería

A su vez, Gendarmería dijo que sólo cumplió una orden del juez. Abogados querellantes y familiares de las víctimas estudian acusar al magistrado ante la Corte de Apelaciones pues sostienen que su decisión “fue ilegal”.

Abogados querellantes y agrupaciones de familiares de las víctimas, expresaron que el juez Víctor Montiglio sobrepasó las atribuciones de Gendarmería cuando, una vez que notificó de su condena de presidio al ex jefe de la Caravana de la Muerte, general (R) Sergio Arellano Stark, decretó que se le mantenga con custodia de esa institución en el Hospital Militar, hasta que se conozca los exámenes médicos que se le deben practicar.

Más aún, en el oficio Nº555-2008 de fecha 3 de noviembre de este año, el magistrado ordenó que Arellano sólo debe ser ingresado "al Penal Cordillera" de Peñalolén "en calidad de reo rematado" para cumplir los seis años de presidio "una vez dado de alta por el Hospital Militar" donde decretó que se le mantenga.

Ayer el abogado querellante Hugo Gutiérrez junto a las presidentas de las agrupaciones de los familiares de las víctimas desaparecidas y ejecutadas, Lorena Pizarro (AFDD) y Marta Godoy (AFEP), se reunieron con el ministro de Justicia Carlos Maldonado para hacerle presente esta "ilegalidad".

Le pidieron que el Gobierno tome cartas pues asumen que el juez ya dejó de tener tuición sobre el condenado, una vez que lo notificó y lo entregó a Gendarmería.

En esta institución se informó ayer a La Nación que "Gendarmería ha acatado una resolución del juez Montiglio".Sin embargo, los querellantes sostienen que lo dictaminado por el magistrado "es ilegal según el artículo 86 del Código Penal, al artículo 11 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, y a los artículos 687, 688 y 689 del Código de Procedimiento Penal del antiguo sistema procesal penal, por el que se rige este tipo de juicios en contra de quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Los demandantes pidieron ayer al juez Montiglio en un escrito que, reconociendo la ilegalidad de su intromisión en las atribuciones propias de Gendarmería respecto del lugar donde deben cumplir sus condenas los reos rematados como Arellano, "ordene el inmediato traslado de Sergio Arellano Stark a un establecimiento penitenciario".

En el mismo sentido informaron que si el ministro Montiglio no da cumplimiento a esa demanda, interpondrán en su contra un recurso de protección o una queja disciplinaria.

"Si el juez Montiglio no cumple esta petición, estudiaremos cuál debe ser el mejor camino para obligarlo" dijo Hugo Gutiérrez.

En resumen, los querellantes expresan que las excepciones para que una persona con facultades mentales perturbadas o disminuidas no cumpla su condena, o la cumpla en un lugar distinto a una cárcel, sólo están contempladas en los artículos 687 y siguientes del Código de Procedimiento Penal del sistema antiguo.

Y en estas disposiciones legales, afirman, "queda muy claro" que, "partiendo de la base que la regla general es que los reos cumplan su condena en una cárcel", el juez no tiene atribuciones para determinar el cumplimiento o la mantención del reo rematado en un lugar distinto, sino hasta que, conocidos los resultados de las pericias médicas requeridas, el juez lo decreta mediante "una resolución fundada" en esos resultados.

"Pero en ningún caso el juez puede decidir dónde cumple una condena una persona que dice tener sus facultades mentales perturbadas a disminuidas, antes de que se practiquen las pericias médicas y se conozcan sus resultados", afirmó Hugo Gutiérrez.

En un segundo oficio, Montiglio ordenó que se practiquen pericias a Arellano para determinar su estado "físico y mental en los términos del artículo 689 del Código de Procedimiento Penal".


La Nación

12 de noviembre de 2008 

Peritos interrumpen medicamentos al “Lobo” Arellano Stark

Así los expertos del SML esperan reducir la posibilidad de que algunos fármacos distorsionen la evaluación ordenada por el juez, como sucedió con Pinochet.

Peritos que practican exámenes clínicos y siquiátricos al ex jefe de la Caravana de la Muerte, general (R) Sergio Arellano Stark, ordenaron suspender los medicamentos que ingiere en el Hospital Militar, para no distorsionar los resultados que entregaran al ministro Víctor Montiglio.

Así los expertos del SML esperan reducir la posibilidad de que algunos fármacos distorsionen la evaluación ordenada por el juez, como sucedió con Pinochet.

En ese caso los peritos por parte de los querellantes denunciaron que los médicos del dictador le dieron medicinas antes de los tests neurosicológicos que se le practicaron, para torcer las conclusiones clínicas y favorecer su sobreseimiento definitivo en los crímenes de la Caravana de la Muerte por una "demencia subcortical progresiva e incurable", como resolvió en 2001 y 2002 la corte de Apelaciones de Santiago y la Suprema.

Ahora, los expertos están prevenidos ante esta posibilidad porque según fuentes de tribunales y médicas, los resultados de un examen mental, pueden ser alterados con medicamentos ingeridos previamente.

En una estrategia similar a la de Pinochet la defensa de quien lideró el pelotón que en septiembre y octubre de 1973 fusiló a más de cien prisioneros políticos, intenta que por sufrir de Alzheimer "El Lobo" -como le decían por su agresividad- no cumpla los seis años de presidio que se le aplicó por el crimen de cuatro jóvenes el 2 de octubre de 1973 en la Escuela de Artillería de Linares, VII Región.

Una vez que los peritos le entreguen sus evaluaciones, Montiglio debe resolver si Arellano está en condiciones de cumplir su pena en un centro penitenciario o debe hacerlo en otro lugar, todo ello regulado por el Código de Procedimiento Penal del sistema procesal antiguo.

En el primer caso Montiglio estableció que sea derivado al Penal Cordillera ubicado en Peñalolén. En todo caso, lo que decida el juez pasará por la Corte de Apelaciones y llegará incluso a la Sala Penal de la Corte Suprema.

Si Arellano va al Penal Cordillera, se encontrará con el "Mamo" Manuel Contreras a quien "El Lobo" acusa de infiltrarle en su escuadrón a hombres de la DINA para que "cometieran estos crímenes".


El Mostrador.cl

17 de noviembre de 2008  

Responsable de crímenes de la "Caravana de la Muerte" Arellano Stark se salva de ir a la cárcel por demencia

El retirado general que fue condenado a seis años de cárcel por el homicidio calificado de cuatro militantes del PS en el denominado "episodio San Javier" no cumplirá la condena luego que un informe médico estableciera que padece un severo deterioro mental. De hecho, la resolución establece que su estado de salud es "irreversible" y que, entre otros aspectos "presenta control parcial de esfínteres" y "no es capaz de vestirse y asearse solo".

El magistrado tuvo a la vista los exámenes realizados por el Servicio Médico Legal (SML) en el Hospital Militar por los expertos Ítalo Sigala y Hugo Aguirre, donde se establece un severo deterioro mental y clínico del retirado militar que comandó la comitiva militar que entre septiembre y  octubre de 1973 recorrió el país para acelerar procesos de guerra y disponer la ejecución de personas que engrosaron más tarde las listas de detenidos desaparecidos.

 El fallo concluye que "la pena privativa de libertad que le fuera impuesta al sentenciado Sergio Víctor Arellano Stark, de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, en calidad de coautor de los homicidios calificados de Teófilo Segundo Arce Toloza, de José Esteban Sepúlveda Baeza, de Segundo Abelardo Sandoval Gómez y de Leopoldo Mauricio González Norambuena, perpetrados en la ciudad de Linares el 2 de octubre de 1973, en la causa Rol N° 2.182-98, "A" Caravana - San Javier, no debe ser cumplida, y para tal efecto ofíciese a Gendarmería de Chile comunicándole lo resuelto".

Montiglio determinó de este modo que el general (r) quedará bajo la custodia de su hijo, Sergio Arellano Iturriaga. También estableció el pago de una fianza de 500.000 pesos.En tanto, el abogado de las familias de las víctimas, Hugo Gutiérrez, anunció que apelará a la resolución.

El informe sostiene que Arellano Stark "presenta una demencia mixta o multifactorial tipo Alzheimer y vascular, y que esta enfermedad neuropsiquiátrica, es progresiva, crónica e irreversible, determina enajenación mental, requiere de un tratamiento médico y cuidados perentorios, en régimen de hospitalización o clínicas de reposo especializadas, con asistencia médica adecuada y contención de enfermería, no reviste peligrosidad para sí o terceros, que no le permite entender ni participar de las instancias procesales y le impide incorporar nuevas conductas, rehabilitarse o comprender el sentido de su sanción”.

"A ello se debe agregar la observación hecha por el propio tribunal que interrogó al general en retiro, luego de dictada la sentencia por la Corte Suprema y pudo observar que  al ser preguntado por el Tribunal respecto del tiempo y circunstancia en que ha permanecido en el Instituto da respuestas incoherentes lo que obligó al Tribunal a dejar constancia al término de la diligencia que la persona interrogada se encuentra gravemente deteriorada, en términos coincidentes a los certificados médicos que se han puesto a disposición del Tribunal”.


La Nación

19 de noviembre de 2008  

Apelan por "demencia" de Arellano Stark

Ante el tribunal de alzada capitalino, el abogado Hugo Gutiérrez presentó esta mañana la apelación por la resolución del ministro Víctor Montiglio de declarar inimputable al general (r) Sergio Arellano Stark.  

La decisión de Montiglio implica que el “Lobo” no cumplirá los seis años de cárcel a los que fue condenado en el episodio San Javier del caso Caravana de la Muerte, debido a su deteriorado estado de salud mental.  

Tomando en cuenta los informes especializados del SML, que revelaron que el cabecilla de la Caravana padece demencia senil por Alzheimer, junto a otras enfermedades como alcoholismo, daño hepático crónico y diabetes mellitus, el magistrado recurrió al artículo 687 del Código de Procedimiento Penal para suspender la prisión para el condenado y entregarlo al cuidado de su familia

Pero Gutiérrez fustigó estos argumentos: “La resolución del ministro Víctor Montiglio es ilegal, se dicta fuera de todo nuestro ordenamiento jurídico. El ministro sabe muy bien que cuando una persona cae en demencia con posterioridad a la condena, es cuando él puede dar aplicación a la suspensión. Y él mismo dice en su fallo que Arellano Stark estaba demente con antelación a la dictación de la condena. En consecuencia, incurre en un error garrafal”, señaló el abogado.

De todos modos, advirtió que esta resolución de Montiglio no establece precedente para otros procesos por violaciones de Derechos Humanos en los que está involucrado el jubilado general.

“La suspensión de la condena, en principio, no tendría ninguna vinculación con las otras causas que se le siguen a Arellano Stark. Hay que recordar que Pinochet fue declarado loco en el caso Caravana de la Muerte y posteriormente se reconoció que estaba sano mentalmente en la causa Operación Cóndor”, dijo.


The Clinic

18 Noviembre, 2008

Arellano Stark: Alzheimer, diabetes y alcoholismo, entre otras cosas

A los 88 años, la vida del general (R) Sergio Arellano Stark se apaga lenta y tristemente, aunque fuera de un recinto penal, donde muchos lo querían ver. Ayer, el ministro a cargo de la causa, Víctor Montiglio, lo absolvió de ir a la cárcel dado su avanzado Alzheimer. Los 72 crímenes de la Caravana [...]

A los 88 años, la vida del general (R) Sergio Arellano Stark se apaga lenta y tristemente, aunque fuera de un recinto penal, donde muchos lo querían ver. Ayer, el ministro a cargo de la causa, Víctor Montiglio, lo absolvió de ir a la cárcel dado su avanzado Alzheimer. Los 72 crímenes de la Caravana de la Muerte quedaron impunes, aunque su catastrófico estado de salud y su penoso tránsito hacia la muerte indican que la justicia divina ya se hizo cargo del ex militar hace bastante rato. Así al menos lo constata el informe emanado de los doctores Hugo Aguirre e Italo Sigala, ambos del Servicio Médico Legal, sobre su actual estado.

Informe Médico Legal:

1. El peritado padece patologías médicas que se correlacionan por sí solas con deterioro cognitivo severo o demencia: alcoholismo, daño hepático crónico, diabetes melitus, encefalopatías metabólicas.

2. Las imágenes de cerebro evidencian elementos asociados a la demencia por enfermedad de alzheimer (abiotrofia cortical de predominio basal, con afectación de ambos hipocampos e involución encefálica global) y vascular (infarto del deterioro de la arteria cerebral medio izquierda, que compromete región cortico subcortical fronto insular).

3. El examen mental evidencia un deterioro de la memoria y cognitivo grave, con afasia, apraxia, agnosia, alteración del juicio y pensamiento. Esto le dificulta el procesamiento general de la información y lo incapacita en tarea que requieren planificación, organización y ejecución, situación propia de la demencia.

4. Al examen neurológico presenta reflejos primitivos de liberación y parkinsonismo (ambos propios de daño orgánico cerebral).

5. Tiene alta carga genética familiar de Enfermedad de Alzheimer.

6. Presenta un compromiso mental – cognitivo y/o psicótico – persistente desde abril de 2007.

En el peritaje se concluye que por la evaluación realizada es posible concluir que don Sergio Arellano Stark presenta una Demencia Mixta o Multifactorial tipo Alzheimer y Vascular, y que esta enfermedad neuropsiquiátrica, es progresiva, crónica e irreversible, determina enajenación mental, requiere de un tratamiento médico y cuidados perentorios, en régimen de hospitalización o clínicas de reposo especializadas, con asistencia médica adecuada y contención de enfermería, no reviste peligrosidad para sí o terceros, que no le permite entender ni participar de las instancias procesales y le impide incorporar nuevas conductas, rehabilitarse o comprender el sentido de su sanción.


La Nación

23 de noviembre de 2008   

Carta abierta a Sergio Arellano

General: A pesar de su Alzheimer, demencia senil y alcoholismo, sabrá usted de nuestra existencia. Todos los días recuerdo la sangre herida que hierve sobre mí porque usted mató a mi padre. Siempre supe que iba a tener Alzheimer. Así lo diagnosticaron los expertos de la política, la justicia y el Servicio Médico Legal. No podría ser de otra manera. El lobby, la presión, las pasadas de cuenta y hasta una supuesta carta del cardenal Silva Henríquez que apareció en los alegatos de la Corte Suprema contribuyeron al veredicto final.

Usted se sabía culpable. Por eso le temblaban las manos, se le paralizaba la cara. Yo merodeaba su existencia. Miré fijamente su rostro en el Club de Polo, donde lo escupimos cuando se evadía de nosotras. Hemos seguido sus pasos. No todas estamos vivas, como Dora Guralnick, madre del periodista Carlos Berger, asesinado por usted en Calama y que, aturdida por la impunidad y el silencio, terminó su vida trágicamente.

El implacable tiempo ha llegado y el juez Montiglio ha hecho su trabajo: lo declaró con una enfermedad irreversible y lo condenó a pagar la suma de 500 mil pesos por 144 asesinatos.

Usted tenía 47 años cuando asesinó a mi padre, Mario Silva Iriarte, funcionario de Corfo Norte. Él tenía 35 años y cinco hijos. A diferencia de otros hijos de ejecutados que no supieron que los suyos fueron exterminados a pedazos, con mi madre levantamos el ataúd y trasladamos a mi padre a Vallenar, donde el pueblo se refugió en sus casas estremecido por la muerte de un hombre que no sabía disparar ni pistolas de agua.

Sé que lo persiguen las sombras, que no puede salir a las calles y que no recuerda las maldades con sus hijos y sobrinos en vísperas de Navidad y Año Nuevo. Yo sí recuerdo cuando mi padre me dejaba chocolates en la cama sin avisarme, dos meses antes que usted lo asesinara.

Por él, en honor a tantos sacrificios, dolor y lucha, escribo esta carta, para silenciar el grito desgarrado de los ejecutados de la Caravana de la Muerte y sus familias. La dignidad y el honor no se transan jamás. Adhieren a esta carta mi madre, Graciela Álvarez; mis hermanos, Amanda, Libertad, Patricia y Mario; el hermano de mi padre, Jaime Anselmo Silva, y todos los hombres y mujeres decentes de esta tierra.


Suprema dicta condena por episodio Arica de Caravana de la Muerte

Odlanier Mena, Julio Valenzuela, Luis Carrera enfrentan una pena de seis años de presidio por tres homicidios, mientras que Sergio Arellano Stark fue absuelto por falta de participación en los hechos.

Con penas máximas de seis años de presidio, la Corte Suprema dio por cerrado el caso por los crímenes de la Caravana de la Muerte en su paso por Arica al dictar hoy condenas en contra de tres ex uniformados.

La Sala Penal del tribunal se pronunció en fallo dividido por r los homicidios de Óscar Ripoll Codoceo, Julio Valenzuela Bastías y Manuel Donoso Doñabeitía, ocurridos el 20 de octubre de 1973, en la ciudad de Arica.

Los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, aplicaron las siguientes penas:

- Odlanier Mena Salinas: 6 años de presidio por su responsabilidad como autor de tres homicidios.

- Rene Bravo Llanos: 6 años de presidio por su responsabilidad como autor de tres homicidios.

- Luis Carrera Bravo. 6 años de presidio por su responsabilidad como autor de tres homicidios.

- Sergio Arellano Stark: Absuelto por falta de participación.

Los jueces  Rodríguez,  Dolmestch y  Künsemüller fueron partidarios de dictar condena, acogiendo el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago (rol 7668-2006) que había establecido penas de 10 años para los tres condenados.

Mientras que Segura y Rubén Ballesteros se manifestaron por absolver a los tres condenados, aplicando el principio de la prescripción de la acción penal.

En la parte civil se rechazó la demanda en contra del Fisco de Chile con el voto en contra de los ministros Dolmestch y Künsemüller, quienes eran partidarios de conceder el pago.


El Mercurio

6 de enero de 2009 

Corte confirma que Arellano Stark no cumplirá condena por demencia

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución en la que el ministro de la Corte de Apelaciones Víctor Montiglio eximió al general (r) Sergio Arellano Stark (88) de la obligación de cumplir la condena de seis años de cárcel, que le impuso por el homicidio calificado de cuatro jóvenes en el "episodio San Javier", de la llamada Caravana de la Muerte, debido a su demencia tipo Alzheimer, progresiva, crónica e irreversible.


The Clinic

15 de Noviembre 2011

Identifican restos de cinco víctimas de la siniestra Caravana de la Muerte

El Servicio Médico Legal (SML) dio a conocer hoy las identidades de cinco víctimas de la llamada “Caravana de la Muerte”, una comitiva militar que en 1973 ejecutó a varias decenas de prisioneros políticos en un recorrido por distintas ciudades del país.
Según informó el organismo, los restos corresponden a presos ejecutados en Calama, donde el juez del caso, Alejandro Solís, informó a sus familiares.

Durante 38 años, las cinco víctimas figuraron como detenidos desaparecidos.

Los restos corresponden a Luis Alberto Hernández Neira, Luis Alberto Gahona Ochoa, Daniel Jacinto Garrido Muñoz, Fernando Roberto Ramírez Sánchez y Domingo Mamani López, todos trabajadores o dirigentes sociales, simpatizantes de Salvador Allende, derrocado por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973.

Con esta diligencia, según las fuentes, se completan 12 identificaciones de un total de 26 víctimas asociadas a este caso, que habrían sido ejecutadas el 19 de octubre de 1973 en Calama, a 1.564 kilómetros al norte de Santiago.

Ese día llegó a Calama la “Caravana de la Muerte”, comandada por el general Sergio Arellano Stark, en calidad de “delegado del comandante en jefe”, es decir, de Augusto Pinochet.

Tal como ocurrió en otras ciudades del país, los miembros de la comitiva sacaron a los presos políticos de la cárcel local, los llevaron al desierto y los asesinaron a tiros y estocadas de “corvo”, que es el cuchillo de combate del Ejército chileno.

Los cadáveres fueron sepultados en medio del desierto de Atacama, que durante muchos años fue recorrido, a pie, por madres, esposas e hijas de las víctimas, que no perdieron nunca la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

En 1991, tras la recuperación de la democracia, fue encontrada una fosa de la que se recuperaron unos 500 fragmentos óseos, además de trozos de ropa, botones y otros objetos que sirvieron de base para los trabajos de identificación. En 2001 se encontró un segunda fosa con nuevos vestigios.

La fragmentación de los cuerpos desveló que antes de cubrir los cadáveres con tierra, los autores les lanzaron encima granadas.

En ese entonces se supo que en 1978, tras el hallazgo en otras zonas de Chile de algunas fosas clandestinas con cadáveres de prisioneros políticos, los militares exhumaron los restos, los metieron en sacos amarrados a rieles y los lanzaron al mar desde aviones o helicópteros.

Esa operación fue ordenada por el propio Pinochet, que la denominó “Retiro de Televisores”, según han establecido las investigaciones judiciales.

Las tareas para identificar a las víctimas han estado a cargo de un equipo multidisciplinario de la Unidad Especial de Identificación Forense del SML, con la colaboración del laboratorio forense de Innsbruk (Austria).

La “Caravana de la Muerte” ejecutó al menos a 75 presos políticos en las norteñas ciudades de Antofagasta, Calama, Copiapó y La Serena y también en algunas localidades del sur de Chile, como Talca, Linares, Temuco y Valdivia, entre otras.

Su periplo por Chile quedó recogido en el libro “Los Zarpazos del Puma”, una investigación de la fallecida periodista chilena Patricia Verdugo, en la que consigna que la comitiva del general Arellano se desplazaba en un helicóptero “Puma”, de fabricación francesa.

En Calama, los familiares anunciaron que las víctimas serán veladas en la sede local de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), para ser sepultadas el viernes y sábado próximos en el cementerio municipal de la ciudad.


The Clinic

28 de Mayo 2012

Hijo de Arellano Stark reveló que Frei Montalva supo del golpe días antes del 11 de septiembre del 73

El ex presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) sabía días antes del 11 de septiembre de 1973 que se preparaba un golpe militar para derrocar a Salvador Allende, su sucesor en La Moneda, según un general que participó en el levantamiento.

Quien le informó a Frei Montalva fue el general Sergio Arellano Stark, uno de los gestores de la asonada, reveló hoy a Efe el abogado Sergio Arellano Iturriaga, hijo del militar que comandó posteriormente la “Caravana de la Muerte, una comitiva que ejecutó sin juicio a decenas de opositores por todo el país.

La revelación ha condimentado una antigua polémica sobre el papel de la Democracia Cristiana en el golpe de Pinochet, reflotada por el también expresidente democristiano Patricio Aylwin (1990-1994), en una entrevista publicada este fin de semana por el diario español El País.

“Allende terminó demostrando que no fue buen político, porque si hubiera sido buen político no habría pasado lo que le pasó”, dijo Aylwin, a cuyo juicio Allende “hizo un mal gobierno, que cayó por debilidades de él y de su gente”, sentenció Aylwin, quien no obstante sostuvo que la DC no tuvo participación en el golpe.

“Mi padre informó al expresidente Frei Montalva y yo hice lo mismo con Genaro Arriagada, con quien trabajaba en ese partido (la Democracia Cristiana), del cual yo era militante”, aseguró a Efe el abogado Arellano Iturriaga.

Genaro Arriagada es un destacado miembro de la Democracia Cristiana chilena, participante activo en la oposición política a la dictadura en los años 80, que llegó a ser ministro tras la recuperación de la democracia.

“No sé si el expresidente Frei Montalva o Genaro Arriagada intentaron hacer algo” para tratar de evitar el golpe, indicó Arellano Iturriaga, aunque consideró que no habría servido de nada pues en ese entonces (comienzos de septiembre) “ya todo estaba decidido”.

Según se ha demostrado históricamente, el general Sergio Arellano Stark formó parte de un denominado “Comité de los 15″ integrado por altos jefes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, que planificó el derrocamiento de Allende.

La revelación de Arellano Ituarriaga supone que por primera vez se conoce públicamente que un integrante del “Comité de los 15″ puso previamente en conocimiento de los planes golpistas a un líder político como era el expresidente Frei Montalva, cuyo partido fue opositor al gobierno de Allende.

La simpatía o no de Frei Montalva hacia el golpe ha sido motivo de debate durante décadas en Chile.

El principal argumento a favor es una carta pública que el exmandatario dirigió al varias veces primer ministro democristiano de Italia Mariano Rumor en la que atribuye la responsabilidad del golpe a la Unidad Popular, la coalición que respaldaba a Allende.

Frei Montalva fue posteriormente un declarado opositor a Pinochet y su misteriosa muerte en una clínica de Santiago, en enero de 1982, es investigada judicialmente como homicidio cuya autoría apunta a la policía secreta de la dictadura.

Preguntado por Efe acerca de lo dicho por el abogado Arellano Iturriaga, el analista político Genaro Arriagada comentó: “no recuerdo que Arellano Iturriaga me haya informado antes del día en que ocurriría el golpe militar”.

“Si lo hizo, en Chile todo el mundo sabía que las Fuerzas Armadas iban a dar un golpe de Estado para derrocar al gobierno de Allende”, añadió.

Arriagada insistió en que no recordaba si Arellano Iturriaga se lo dijo, y agregó que de ser cierto, él no se lo comunicó a nadie más.

“Vuelvo a decir, en Chile todos sabían que venía un golpe y por lo tanto ya no había nada que hacer”, reiteró.

“Si hasta la izquierda se había preparado para enfrentarlo. Lo que no sabíamos era lo que pasaría después”, añadió el analista político, quien dijo no creer que Frei Montalva se enterara con antelación de los planes golpistas.

“Eso sí que yo no lo creo, al menos nunca lo supe, pero el problema es que el expresidente Frei Montalva está muerto y no se puede defender de esos dichos”.

El general Arellano Stark fue procesado hace algunos años por diversos episodios de la “Caravana de la Muerte” por el juez especial Juan Guzmán Tapia, pero debido a un avanzado deterioro de su salud mental fue dejado fuera del juicio.


The Clinic

2 de Septiembre 2013

Calama: El siniestro corvo de 2 kilómetros que indica la ruta de la Caravana de la Muerte

En la empuñadura de esta tradicional arma del Ejército de Chile, pueden leerse dos números: 73, el inicio de la dictadura y 78, relativa a la “Operación Retiro de Televisores”, esa que permitió el desentierro de cuerpos de personas que figuran hasta hoy como desaparecidas, para lanzar sus restos al mar. El magistrado buscó a fines de 2011 junto a la PDI y expertos del SML, restos óseos o algún indicio de que la zona hubiera sido utilizada como campo de entierro, pero no tuvo suerte. La diligencia, reveló el ex juez que condenó a la cúpula de la DINA, nunca quiso darla a conocer para no generar falsas expectativas. Por mientras, el corvo sigue allí, en el desierto, como un símbolo latente, esperando a que alguien descifre su oscuro significado.

A fines de 2011, el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, se trasladó a la ciudad de Calama para realizar diligencias en una causa de violaciones de derechos humanos, relativa a la identificación de restos de 13 detenidos desaparecidos, cuyos cuerpos estaban en el Cementerio Municipal.

Mientras se encontraba en el tribunal, una dirigenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos de la zona le pidió una audiencia. Solís se la concedió. Cuando estuvieron frente a frente, la mujer le dijo que la noche anterior le habían dejado bajo la puerta de su casa un sobre sin remitente.

El magistrado escuchó el relato, hasta que la mujer le mostró una imagen tomada desde el aire, cercana al aeropuerto El Loa, ubicado en las afueras de la ciudad.

La fotografía sorprendió a Solís. En ella aparecía un corvo dibujado en el desierto y a los lados de la empuñadura los números 73 y 78. La primera fecha remitía al inicio de la dictadura militar, mientras que el segundo a la remoción de cuerpos a nivel nacional, conocida como “Operación Retiro de Televisores”. Esta última fue supervisada por el entonces general y director de la CNI, Odlanier Mena, quien pese a estar condenado se pasea los fines de semana por el parque arauco, ya que obtuvo el beneficio de la salida dominical.

Hay que recordar que por Calama pasó la llamada Caravana de la Muerte, helicóptero que recorrió el país, a cargo del general Sergio Arellano Stark, que “aceleró juicios” sumarios, es decir fusilamientos, como también una serie de desapariciones forzadas de partidarios de la Unidad Popular. En Calama hubo 26 víctimas a quienes asesinaron a tiros y estocadas de corvo.

Trabajo automático

Con la imagen en la mano, Solís no perdió el tiempo. Llamó de inmediato a Santiago y coordinó con la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y el director del Servicio Médico Legal (SML) Patricio Bustos, especialistas del organismo y un arqueólogo para revisar la zona. También iba su actuario Diego Balart.

Lo primero fue verificar la imagen desde el aire. Era real. Fijaron las coordenadas y se dieron a la revisión de la zona, esta vez en tierra firme. Lo que más sorprendió a los presentes fueron las dimensiones: poco más de dos kilómetros. Y que la cal usada para marcar su figura en el desierto, se solidificó para nunca más borrarse.

Rastrearon por varios días si existían restos humanos, porque la imagen bien podía ser una marca en el desierto para saber donde habían sido enterrados los restos de personas que hoy figuran como desaparecidas.

“Sin embargo, pese a la búsqueda acuciosa que se realizó no se halló absolutamente nada”, recordó el magistrado al ser consultado por The Clinic Online acerca del episodio.

El magistrado, hoy en retiro desde fines de 2012 tras cumplir la edad legal de 75 años -y de poco más de diez indagando y condenando a la cúpula de la DINA- explicó que nunca se reveló esta diligencia, para no alimentar falsas expectativas a los familiares.

El corvo, esa arma histórica del Ejército desde la Guerra del Pacífico, sigue allí en el desierto, como un símbolo latente esperando a que alguien descifre su oscuro significado.


El Clarin

13 Octubre 2013

La Operación Cóndor enfrenta un juicio clave en Roma
 

Han sido 15 años de investigación, pero este viernes 11 de octubre arrancaron las audiencias en Roma que deben determinar a quién se juzga de los 35 acusados de la desaparición de 23 italianos durante la Operación Cóndor, que coordinó la represión de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80.

La justicia es lenta. Eso lo sabe la muerte, que ya le ha evitado el paso por los tribunales a decenas de los torturadores y asesinos de uniforme que participaron en la tétrica Operación Cóndor, el plan urdido por la CIA (según documentos desclasificados de Estados Unidos), y que significó la acción conjunta contra sus opositores de las dictaduras cívico-militares de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y esporádicamente actuaron con militares de Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador.

En el marco de la Operación Cóndor fueron asesinadas unas 50.000 personas, unas 30.000 fueron desaparecidas y hasta 400.000 encarceladas y torturadas.

Ahora, la Fiscalía de Roma pide que se juzgue a 35 de las 140 personas investigadas durante los últimos 15 años por Giancarlo Capaldo, el fiscal que puso en marcha este proceso en 1998 por el asesinato de 23 ciudadanos italianos. Ahora, el juez Alessandro Arturi debe decidir a quién procesa de los imputados de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay a los que juzgaría en ausencia y que sólo serían pedidos en extradición en caso de ser condenados y si existe convenio entre su país de origen e Italia.

De los 140 investigados iniciales, varios han muerto, como el ex presidente de Uruguay Juan María Bordaberry Arocena o el ex militar chileno Odlanier Rafael Mena Salinas, pero el hecho de que se investiguen y esclarezcan los asesinatos, desapariciones y torturas realizados durante la Operación Cóndor es un aporte al proceso de verdad, justicia y reparación exigido por las víctimas y sus familiares.
El juez aceptó el viernes que Italia, Uruguay y el Frente Amplio Uruguayo se personen como partes en el proceso y el Partido Democrático de Italia (PD) también ha anunciado que asistirá en el proceso y que, en caso de producirse finalmente el juicio, ayudará a las familias de las víctimas para que puedan asistir.

La lista de 23 desaparecidos que tenían nacionalidad italiana incluye a seis argentinos –dos secuestrados en Bolivia, dos en Brasil y dos en Paraguay–, cuatro ciudadanos chilenos secuestrados en el propio país, y 13 uruguayos desaparecidos en la Argentina.

Estos son los imputados por la fiscalía

Bolivia: general Luis Gómez Arce, jefe del Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor, entre 1979 y 1980, y el expresidente Luis García Meza Tejada.

Chile: Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía; el general Sergio Víctor Arellano Stark (Caravana de la Muerte); el general Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda (DINA); el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo; Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez, el coronel Hernán Jerónimo Ramírez, el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el excomandante del regimiento Tacna Luis Joaquín Ramírez Pineda, y el brigadier Manuel Vásquez Chahuán.

Perú: el expresidente Francisco Morales Bermúdez, Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa, y Pedro Richter Prada.

Uruguay: los exmilitares Gregorio Conrado Álvarez Armellino, José Ricardo Arab Fernández, Carlos Calcagno Gorlero, José Horacio Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirre Garay, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Iván Paulós y Ernesto Avelino Ramas Pereira. Figuran también en la lista José Felipe Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, el exabogado Juan Carlos Blanco y Ricardo Eliseo Chávez Dominguín.

 

Cambio21, 09 de febrero de 2015

Ni la edad salva a militares que asesinaron a doce campesinos: ex segundo de Pinochet y ex senador procesado por matanza en Valdivia

El general (r) del Ejército Santiago Sinclair estuvo detenido por 48 horas en el Caso Caravana de la Muerte junto a otros uniformados retirados por su participación en el homicidio de 12 personas en Valdivia. Sinclair fue vicecomandante en jefe del Ejército y la justicia espera que la impunidad geriátrica o biológica no sea una causa para que los criminales que usaron uniforme queden sin penas de cárcel

El general (r) Santiago Sinclair fue detenido y acusado de participar en el asesinato de 12 personas en Valdivia en el marco de la Caravana de la Muerte entre el 3 y 4 de octubre de 1973. Junto a él se arrestó también a tres ex uniformados por el mismo crimen, Juan Carlos Michelsen, José Feliú Madinagoitía y Mario Manterola Garrido, todos ellos coroneles y mayores sin embargo quedó pendiente la detención de Hugo Guerra Jorquera, también militar en retiro.

Todos los cinco ex militares antes nombrados tienen cerca o más de ochenta años. Y los jueces decidieron que la impunidad biológica o geriátrica no tiene razón jurídica si los involucrados cometieron crímenes de lesa humanidad. Igual que los nazis que participaron "en limpiezas" y matanzas de decenas personas en la segunda guerra mundial. Incluso un nazi de 94 años, fue detenido y encarcelado la semana recién pasada.

La matanza de doce campesinos

La ministra Patricia González Quiroz sometió a proceso y ordenó la prisión preventiva del ex vicecomandante en Jefe del Ejército, exintegrante de la Junta Militar y exsenador designado, general (r) Santiago Arturo Ariel de Jesús Sinclair Oyaneder, en calidad de autor de 12 homicidios calificados.

Sinclair permaneció preso en el Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén en espera de que la Corte de Apelaciones de Santiago decidiera si debía continuar en prisión preventiva o le concedía la libertad. Este sábado quedó en libertad por 200 mil pesos, pero el juicio seguirá y tendrá que declarar nuevamente por los crímenes.

En la época en que se sucedieron los hechos, Santiago Sinclair, quien era coronel y comandante del Regimiento de Caballería N°2 Cazadores de Valdivia y la segunda autoridad militar en la zona, integró un supuesto Consejo de Guerra en el cual se condenó a muerte a 12 campesinos y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), quienes fueron falsamente acusados de "asaltar" el retén de Carabineros de Neltume, en la precordillera al este de Valdivia, la noche del 12 de septiembre de 1973.

Con anterioridad Sinclair fue investigado por el juez Juan Guzmán en 1998, momento en la que el general (r) declaró: "Recuerdo el Consejo de Guerra que se hizo con respecto de Liendo y otro, un sujeto muy conocido de apellido Krauss, junto a otras personas que no identifico (...) Una vez terminados los alegatos nosotros votamos. El voto se depositó en una caja y el presidente del Consejo hizo el escrutinio".

El fatídico escuadrón Caravana de la Muerte llegó a ciudad de Valdivia el 3 de octubre de 1973 y fue recibido por el Comandante en Jefe de la IV División de Ejército con asiento en Valdivia, general Hugo Bravo Muñoz y el coronel Sinclair, quienes dispusieron a sus subalternos la búsqueda y el arresto de estas 12 personas.

La resolución judicial ratifica los doce fusilamientos que dio la orden Sinclair

"El día 03 de octubre de 1973, aterrizó en Valdivia un helicóptero "Puma" con un grupo de militares bajo el mando del entonces General de Ejército, Sergio Víctor Arellano Stark, delegado por quien a la fecha era Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, con el objeto de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales o de revisar y acelerar los procesos; Que, a raíz de la llegada de los militares mencionados, el día 04 de octubre de 1973, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia, a Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando KraussIturra, Pedro Purísimo Barría Ordoñez, Enrique Del Carmen Guzmán Soto y a José René Barrientos Warner, a quienes se les condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se les fusiló a consecuencia de una sentencia pronunciada en un supuesto Consejo de Guerra, cuya materialidad no existe", señala el fallo.

Para el caso de Gregorio Liendo Vera se determinó:

"A raíz de la llegada de los militares mencionados, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia a, Gregorio José Liendo Vera, estudiante de Agronomía, militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario, a quien se le condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se le fusiló a consecuencia de una sentencia dictada en un supuesto Consejo de Guerra cuya materialidad no existe".

Casi todas las víctimas eran obreros del Complejo Maderero Forestal Panguipulli, que la noche del 12 de septiembre de 1973 se manifestaron frente al retén Neltume pidiendo a los carabineros que no se plegaran al golpe militar y entregaran sus armas. Ahí se informó que el retén fue "asaltado" por los miristas, resultando heridos los cuatro carabineros que permanecían en su interior, lo que resultó ser falso según demostró la investigación. De la misma forma, las indagatorias acreditaron la falsedad de los daños producidos a la estructura del cuartel, según informó el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Los 12 campesinos fueron ejecutados al interior del predio militar de Llancahue. Liendo Vera fue asesinado la noche del 3 de octubre de 1973 y los otros 11 lo fueron al atardecer del día siguiente.

La magistrado Patricia González estableció que los crímenes fueron planeados por Sinclair, el general (r) Sergio Arellano Stark (declarado inimputable por demencia senil) y Hugo Bravo (ya fallecido).

El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, al ser consultado respecto de la detención de Sinclair, expresó "la justicia tarda pero llega, y si hay una investigación de esa naturaleza en materia de derechos humanos y hoy día existe esa detención, serán los tribunales los que van a determinar cuál es la responsabilidad".

A ello, el secretario de Estado agregó que "el avance que hay en los tribunales es importante para que se conozca la verdad. El caso particular lo resolverán las instituciones que corresponden y los abogados querellantes" y que se trata de "hechos de hace muchos años en que todos queremos que haya verdad y justicia".

En este tipo de situaciones ya es común que por la avanzada edad de los acusados la justicia les permite recibir algún tipo de beneficio en el que pueden cumplir sus penas en la casa o una cárcel especial para los exagentes de la dictadura o incluso apelan a la media prescripción, lo que sea que les permite rebajar el tiempo de condena.

En entrevista con Cambio21 la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, preguntada sobre esta detención expresó que "para nosotros es un avance muy importante la detención de Santiago Sinclair que tiene que ver con la Caravana de la Muerte y los 12 asesinados en Valdivia. Además, Sinclair está involucrado en otras causas".

 "Es una alegría que uno de los importantes que se mantenían en la impunidad, quien fue miembro de la Junta Militar y tuvo varios cargos en la represión del terrorismo de Estado de nuestro país haya sido detenido", mencionó Lira.

En cuanto a lo que esperan de la justicia, la presidenta de la AFEP expresó "lo único que pedimos es que Sinclair no se lleve la pena remitida y pase por la cárcel, sino que la pena se condiga con la gravedad de los delitos, porque fueron 12 personas a las que le quitó la vida. Que se busque el mecanismo en que los jueces no den la pena remitida ni apliquen la media prescripción".

En cuanto qué ha cambiado en la justicia para lograr atrapar a quienes estuvieron tanto tiempo en la impunidad, el abogado del Programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, Rodrigo Lledó, declaró que "hoy entendemos que estamos en otro escenario, que ha habido varios gobiernos de la Concertación, hubo un gobierno de centro derecha y estamos discutiendo una nueva Constitución y estas causas de derechos humanos tienen que avanzar porque así lo dispone el derecho internacional en el que nuestro país está inserto".

En relación dónde debieran cumplir sus condenas los exoficiales y qué pasa con algunas de las garantías con las que cuentan cuando son sentenciados, Lledó dijo "evidentemente que nosotros no estamos satisfechos con eso, porque nosotros hacemos todo lo posible para que se haga justicia y cuando llega el momento de cumplir la pena se hace en condiciones de privilegio y eso no corresponde porque estamos en un país que tiene que respetar la igualdad ante la ley".

A esto también se refirió el abogado de la causa, Tomás Pascual, quien explicó que "hoy tenemos una respuesta de la justicia diciendo que estos oficiales de Valdivia tuvieron y hay presunciones fundadas de que, a través de disponer de una serie de medios, permitieron que se ejecutara sumariamente a 12 personas el 3 y 4 de octubre de 1973".

Sobre la posibilidad que tiene Santiago Sinclair de cumplir una condena, el abogado dijo "uno de los elementos inherentes a los delitos de lesa humanidad es que estas personas no pudieron ser perseguidas durante un largo periodo de tiempo, por lo tanto, valerse de eso, de la edad para que no pueda exponerse a ninguna pena, sería doblemente injusto".

Finalmente, sobre los avances en el caso Caravana de la Muerte, Pascual mencionó "en el corto plazo pediremos el cierre de la investigación a objeto de que se acuse a los procesados y se les condene de acuerdo al mérito del proceso como reivindicación de los 12 ejecutados en Valdivia y de sus familiares después de 41 años, porque así podemos empezar a llegar a la verdad".

 

 

 

 

 

 


 

 

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