Arellano Stark Sergio Victor

El ministro de fuero Juan Guzmán sometió a proceso a tres militares (r) por delitos cometidos por la denominada Caravana de la Muerte en cuatro ciudades al sur del país.

Luego de su investigación, Guzmán encargó reos al general (r) Sergio Arellano Stark, por el homicidio calificado de dos personas en la ciudad de Curicó. Además encausó a Arellano y al general (r) Gabriel del Río por los delitos de secuestro y homicidio calificado de Teófilo Arce, Leopoldo González, Segundo Sandoval y José Sepúlveda, todos ellos de la ciudad de San Javier.

El magistrado determinó además recalificar desde secuestro a homicidio el procesamiento al general (r) Arellano, al brigadier Pedro Espinoza (r) y el coronel (r) Marcelo Moren Brito, por la muerte y desaparición de dos personas en la ciudad de Cauquenes.

Asimismo, Guzmán decidió nuevamente encargar reo a Arellano Stark y al general (r) Héctor Hernán Bravo por el secuestro con homicidio de dos personas en la ciudad de Valdivia.

Con la resolución emanada hoy el magistrado estableció que la comitiva militar efectivamente recorrió la zona sur del país en 1973.

Luego de notificarse, el abogado de derechos humanos Juan Bustos sostuvo que con la resolución "queda muy patente que en relación a la Caravana de la Muerte faltaba aún mucho más. Ahora esto se ha comprobado y ha quedado claro, y así el ministro dictó procesamientos por los casos de Valdivia, San Javier y Curicó".

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el procesamiento del general (R) Sergio Arellano Stark por 19 víctimas del tramo sur de la Caravana de la Muerte, y sólo revocó su encausamiento por uno de los once prisioneros ejecutados en Valdivia. Se trata de José Liendo Vera, más conocido como el “comandante Pepe”. Los últimos procesamientos por el episodio sur de la Caravana de la Muerte fueron dictados el pasado 18 de julio por el ministro Juan Guzmán Tapia, juez instructor de la causa.

De esta manera, esa corte echó abajo el argumento del general (R) Arellano, quien, entre sus múltiples contradicciones, ha afirmado que las ejecuciones fueron parte de “una conspiración” del entonces coronel Manuel Contreras y la naciente DINA, para perjudicar su imagen.

La resolución de la Quinta Sala mantuvo también el procesamiento por los once detenidos de Valdivia al general (R) Héctor Bravo Muñoz, revocando igualmente su encausamiento por Liendo. Bravo era a 1973 el comandante de la IV División del Ejército con asiento en Valdivia.

Según dos de los ministros de la sala, en el caso de Liendo habría existido un consejo de guerra en su contra, por lo que la ejecución no podría ser considerada un delito. Sin embargo, el tercer magistrado consideró que no estaba acreditado en el proceso que ese consejo de guerra efectivamente existió.

En todo caso, La Nación constató que en el expediente de Caravana no existe ningún documento ni sentencia, que acredite oficialmente la existencia de tal consejo de guerra. Sólo hay algunas declaraciones que así lo afirman.

Los abogados querellantes Francisco Bravo, del Programa de Derechos Humanos del gobierno, y Hugo Gutiérrez, por familiares, coincidieron en declaraciones a La Nación que en el proceso que instruye el juez Guzmán “no existe ninguna evidencia procesal material” que ese consejo de guerra contra Liendo existió.

De esta manera, la corte confirmó que Arellano y su gente tuvieron participación en 11 de los 12 crímenes de Valdivia ocurridos los días 3 y 4 de octubre de 1973, entre ellos el asesinato del líder del MIR en esa ciudad, Fernando Krauss; en órdenes que culminaron el 5 de octubre de 1973 con las ejecuciones de los dos ex GAP, Wagner Salinas y Francisco Lara; en el asesinato en Linares el 2 de octubre de 1973 de los jóvenes Teófilo Arce, Leopoldo González, Segundo Sandoval y José Sepúlveda; y en los homicidios de dos de los cuatro jóvenes acribillados en Cauquenes el 4 de octubre de 1973, Miguel Muñoz y Manuel Plaza.

A los 88 años, la vida del general (R) Sergio Arellano Stark se apaga lenta y tristemente, aunque fuera de un recinto penal, donde muchos lo querían ver. Ayer, el ministro a cargo de la causa, Víctor Montiglio, lo absolvió de ir a la cárcel dado su avanzado Alzheimer. Los 72 crímenes de la Caravana […]

A los 88 años, la vida del general (R) Sergio Arellano Stark se apaga lenta y tristemente, aunque fuera de un recinto penal, donde muchos lo querían ver. Ayer, el ministro a cargo de la causa, Víctor Montiglio, lo absolvió de ir a la cárcel dado su avanzado Alzheimer. Los 72 crímenes de la Caravana de la Muerte quedaron impunes, aunque su catastrófico estado de salud y su penoso tránsito hacia la muerte indican que la justicia divina ya se hizo cargo del ex militar hace bastante rato. Así al menos lo constata el informe emanado de los doctores Hugo Aguirre e Italo Sigala, ambos del Servicio Médico Legal, sobre su actual estado.

Informe Médico Legal:

1. El peritado padece patologías médicas que se correlacionan por sí solas con deterioro cognitivo severo o demencia: alcoholismo, daño hepático crónico, diabetes melitus, encefalopatías metabólicas.

2. Las imágenes de cerebro evidencian elementos asociados a la demencia por enfermedad de alzheimer (abiotrofia cortical de predominio basal, con afectación de ambos hipocampos e involución encefálica global) y vascular (infarto del deterioro de la arteria cerebral medio izquierda, que compromete región cortico subcortical fronto insular).

3. El examen mental evidencia un deterioro de la memoria y cognitivo grave, con afasia, apraxia, agnosia, alteración del juicio y pensamiento. Esto le dificulta el procesamiento general de la información y lo incapacita en tarea que requieren planificación, organización y ejecución, situación propia de la demencia.

4. Al examen neurológico presenta reflejos primitivos de liberación y parkinsonismo (ambos propios de daño orgánico cerebral).

5. Tiene alta carga genética familiar de Enfermedad de Alzheimer.

6. Presenta un compromiso mental – cognitivo y/o psicótico – persistente desde abril de 2007.

En el peritaje se concluye que por la evaluación realizada es posible concluir que don Sergio Arellano Stark presenta una Demencia Mixta o Multifactorial tipo Alzheimer y Vascular, y que esta enfermedad neuropsiquiátrica, es progresiva, crónica e irreversible, determina enajenación mental, requiere de un tratamiento médico y cuidados perentorios, en régimen de hospitalización o clínicas de reposo especializadas, con asistencia médica adecuada y contención de enfermería, no reviste peligrosidad para sí o terceros, que no le permite entender ni participar de las instancias procesales y le impide incorporar nuevas conductas, rehabilitarse o comprender el sentido de su sanción.

Seis años de presidio dispuso el máximo tribunal para el general retirado Sergio Arellano Stark por el homicidio calificado de cuatro jóvenes militantes del Partido Socialista, en el denominado "episodio San Javier", una de las escalas que hizo la comitiva militar a fines de 1973 para acelerar procesos y ejecuciones de detractores del régimen militar.

La Segunda Sala de la Corte Suprema condenó a seis años de presidio, sin la posibilidad de obtener beneficios, al general (r) del Ejército Sergio Arellano Stark, por los homicidios calificados de de Teófilo Arce Toloza, José Sepúlveda Baeza, Leopoldo González Norambuena y Segundo Sandoval Gómez en la investigación del episodio San Javier del caso denominado Caravana de la Muerte.

La decisión la adoptaron en un fallo dividido los los ministros Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Juan Carlos Cárcamo, luego de acoger un recurso de casación presentado contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago.

La misma condena recibió el oficial retirado Carlos Romero Muñoz, quien en la fecha de los acontecimientos tenía el grado de mayor y se desempeñaba como fiscal militar de Linares.

También fueron condenados, a cuatro años de cárcel con el beneficio de la libertad vigilada, José Parada Muñoz y Julio Barrios Espinace.

En tanto, el máximo tribunal absolvió a Claudio Lecaros Carrasco y a Gabriel del Río Espinoza.

Reparación del fisco

Asimismo, el fallo determina que el fisco debe pagar 80 millones de pesos a cada una de las dos querellantes que actuaron en el proceso a título de indemnización por daño moral.

En el aspecto penal la sentencia se adoptó con el voto en contra del ministro Rubén Ballesteros, quien estuvo por aplicar la prescripción de la acción penal; mientas que el aspecto civil la sentencia fue determinada con la decisión en contra de los ministros Ballesteros y Jaime Rodríguez, quienes estuvieron por acoger la excepción de incompetencia.

Esta es la  trigésima séptima condena de la Corte Suprema en causas de derechos humanos desde 2005 y la décima en lo que va de 2008.

Amnistía

El ministro en visita del caso Caravana, Víctor Montiglio, había absuelto a los imputados en mayo de 2006, tras aplicar el Decreto Ley de Amnistía vigente desde 1978. Sin embargo,

Sin embargo, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de la capital revocó el dictamen el año pasado y decidió condenarlos por el delito de homicidio calificado.

El episodio San Javier

En el episodio San Javier de la Caravana de la Muerte, registrado el 2 de octubre de 1973, encontraron la muerte en esa ciudad cuatro jóvenes militantes del Partido Socialista, quienes habían sido detenidos por efectivos de Investigaciones de San Javier y destinados a la cárcel pública de la ciudad.

Teófilo Arce Tolosa (26) y Mauricio González Norambuena (20) se desempeñaban en la Corporación de Reforma Agraria (CORA), José Sepúlveda Baeza (22) era estudiante universitario y Segundo Sandoval Gómez (19) cursaba la enseñanza media.

Todos ellos habían protagonizado un incidente el día 11 de septiembre de 1973 en el que fueron perseguidos por funcionarios de Carabineros y civiles de la zona, logrando escapar de los disparos de sus perseguidores.

De acuerdo a la versión oficial entregada a la prensa que recoge el Informe Rettig, los detenidos eran conducidos a una "reconstitución de escena" e intentaron arrebatar las armas a sus centinelas y escapar.

De acuerdo a la instancia, los jóvenes fueron ejecutados por agentes del Estado, al margen de todo procedimiento legal y la versión del intento de fuga no es posible de aceptar.

Argumenta, por ejemplo, que resulta inconsistente afirmar que el día de los hechos los cuatro fueron sacados desde la cárcel y llevados a una reconstitución de escena, a un lugar situado entre el Regimiento de Artillería y el Polígono, en circunstancias que este lugar no está en el camino a San Javier, lugar donde efectivamente ocurrieron los hechos.

Además, que la fuerte custodia bajo la cual eran trasladados los detenidos en el período, hace improbable que, estando reducidos y desarmados, intentaran arrebatar las armas a efectivos militares, cuya superioridad física, numérica y logística resulta evidente.

Finalmente, señala que es inexplicable que para evitar un intento de fuga, de haber existido, se haya causado la muerte, en las condiciones descritas, a la totalidad de los prisioneros.

La primera condena por el episodio de Linares-San Javier que Arellano deberá cumplir abrirá la válvula para que el juez Montiglio dicte nuevas resoluciones. El ministro estaba a la expectativa de “cómo venía la mano” en la Suprema.

Y el "Lobo" terminó cazado. Fue larga la travesía para atraparlo. No sólo porque la Caravana de la Muerte constituye episodios complejos, sino por todo lo que el general (R) Sergio Arellano Stark mintió en el proceso desde que se inició en 1998, como queda de manifiesto al revisar los expedientes de la causa.

Por la magnitud de los delitos y la brutalidad en su cometido, el "Lobo", como lo apodan sus compañeros de armas por su terquedad, es el segundo criminal de mayor peso de la dictadura en contra del cual se dicta una sentencia de pena efectiva, después del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras.

Ciento dos fueron las víctimas del escuadrón que comandó por el sur y el norte con un oficio del dictador Augusto Pinochet en el bolsillo, documento que era el pasaporte para matar, baja falsa promesa de "acelerar juicios" y "velar por los procesos justos" en contra de los prisioneros.

A esa cifra se arriba sumando a las 75 muertes inicialmente conocidas de Cauquenes (4), La Serena (15), Copiapó (16), Antofagasta (14) y Calama (26), los 12 asesinados en Valdivia (donde murió José Liendo, el "Comandante Pepe" y el jefe del MIR en esa ciudad Fernando Krauss, compañero de la periodista María Inés Ruz), 6 en Temuco, 2 en Curicó, los 4 de Linares (conocido también como episodio San Javier) y 3 de Arica.

Estos últimos fueron los capítulos más ocultos del "Lobo", y algunos sobre los que más trucó la verdad.

Pero el derrumbe de este hombre que de tanto fabular la realidad llegó hasta conseguir una carta de "buena conducta" del cardenal Raúl Silva Henríquez que presentó en el proceso, que comenzó en 1998.

Aquella vez, dos de sus principales colaboradores en las masacres a punta de corvo y bala, Marcelo Moren Brito y Sergio Arredondo, dijeron basta y pidieron al entonces juez Juan Guzmán que los careara con Arellano, que seguía culpándolos de todas las muertes junto a Fernández Larios, acusándolos de haberse "infiltrado" en la comitiva por mandato del "Mamo" Contreras.

En la confrontación Arellano debió sin embargo admitir que fue él quién los había designado para integrar la caravana. "Los coroneles tienen razón" dijo cuando Moren sacó un oficio firmado por el mismo Arellano.

El clímax de aquel cara a cara lo puso Arredondo cuando, cansado de todo, golpeó la mesa y le espetó al "Lobo" en su cara ¡ya basta, si todos sabíamos que íbamos a matar a los prisioneros porque usted lo dijo antes de partir!

El dramático encuentro de Arellano y sus hombres quedó registrado en expediente del proceso.

Para que Arellano entre a cumplir la condena de seis años (como ya es habitual, la Corte Suprema redujo la pena en 4 años) falta que el expediente vuelva al ministro Montiglio para que éste dicte el cúmplase y el "Lobo" sea detenido y llevado probablemente a Punta Peuco.

Su defensa ya dijo que probará que está enfermo y que por su edad (88) no debe ser encarcelado y, eventualmente, se llegaría a un escenario con que Pinochet embaucó a los jueces, como varios ministros lo han reconocido en privado.

El juez Víctor Montiglio estaba a la expectativa de este fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, ya que -según fuentes de tribunales- el ministro quería saber "cómo venía la mano en la Suprema", para comenzar a adoptar una serie de resoluciones en el proceso Caravana de la Muerte, las que se espera que pronto se den a conocer.

El retirado general que fue condenado a seis años de cárcel por el homicidio calificado de cuatro militantes del PS en el denominado "episodio San Javier" no cumplirá la condena luego que un informe médico estableciera que padece un severo deterioro mental. De hecho, la resolución establece que su estado de salud es "irreversible" y que, entre otros aspectos "presenta control parcial de esfínteres" y "no es capaz de vestirse y asearse solo".

El magistrado tuvo a la vista los exámenes realizados por el Servicio Médico Legal (SML) en el Hospital Militar por los expertos Ítalo Sigala y Hugo Aguirre, donde se establece un severo deterioro mental y clínico del retirado militar que comandó la comitiva militar que entre septiembre y  octubre de 1973 recorrió el país para acelerar procesos de guerra y disponer la ejecución de personas que engrosaron más tarde las listas de detenidos desaparecidos.

 El fallo concluye que "la pena privativa de libertad que le fuera impuesta al sentenciado Sergio Víctor Arellano Stark, de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, en calidad de coautor de los homicidios calificados de Teófilo Segundo Arce Toloza, de José Esteban Sepúlveda Baeza, de Segundo Abelardo Sandoval Gómez y de Leopoldo Mauricio González Norambuena, perpetrados en la ciudad de Linares el 2 de octubre de 1973, en la causa Rol N° 2.182-98, "A" Caravana – San Javier, no debe ser cumplida, y para tal efecto ofíciese a Gendarmería de Chile comunicándole lo resuelto".

Montiglio determinó de este modo que el general (r) quedará bajo la custodia de su hijo, Sergio Arellano Iturriaga. También estableció el pago de una fianza de 500.000 pesos.En tanto, el abogado de las familias de las víctimas, Hugo Gutiérrez, anunció que apelará a la resolución.

El informe sostiene que Arellano Stark "presenta una demencia mixta o multifactorial tipo Alzheimer y vascular, y que esta enfermedad neuropsiquiátrica, es progresiva, crónica e irreversible, determina enajenación mental, requiere de un tratamiento médico y cuidados perentorios, en régimen de hospitalización o clínicas de reposo especializadas, con asistencia médica adecuada y contención de enfermería, no reviste peligrosidad para sí o terceros, que no le permite entender ni participar de las instancias procesales y le impide incorporar nuevas conductas, rehabilitarse o comprender el sentido de su sanción”.

"A ello se debe agregar la observación hecha por el propio tribunal que interrogó al general en retiro, luego de dictada la sentencia por la Corte Suprema y pudo observar que  al ser preguntado por el Tribunal respecto del tiempo y circunstancia en que ha permanecido en el Instituto da respuestas incoherentes lo que obligó al Tribunal a dejar constancia al término de la diligencia que la persona interrogada se encuentra gravemente deteriorada, en términos coincidentes a los certificados médicos que se han puesto a disposición del Tribunal”.

General: A pesar de su Alzheimer, demencia senil y alcoholismo, sabrá usted de nuestra existencia. Todos los días recuerdo la sangre herida que hierve sobre mí porque usted mató a mi padre. Siempre supe que iba a tener Alzheimer. Así lo diagnosticaron los expertos de la política, la justicia y el Servicio Médico Legal. No podría ser de otra manera. El lobby, la presión, las pasadas de cuenta y hasta una supuesta carta del cardenal Silva Henríquez que apareció en los alegatos de la Corte Suprema contribuyeron al veredicto final.

Usted se sabía culpable. Por eso le temblaban las manos, se le paralizaba la cara. Yo merodeaba su existencia. Miré fijamente su rostro en el Club de Polo, donde lo escupimos cuando se evadía de nosotras. Hemos seguido sus pasos. No todas estamos vivas, como Dora Guralnick, madre del periodista Carlos Berger, asesinado por usted en Calama y que, aturdida por la impunidad y el silencio, terminó su vida trágicamente.

El implacable tiempo ha llegado y el juez Montiglio ha hecho su trabajo: lo declaró con una enfermedad irreversible y lo condenó a pagar la suma de 500 mil pesos por 144 asesinatos.

Usted tenía 47 años cuando asesinó a mi padre, Mario Silva Iriarte, funcionario de Corfo Norte. Él tenía 35 años y cinco hijos. A diferencia de otros hijos de ejecutados que no supieron que los suyos fueron exterminados a pedazos, con mi madre levantamos el ataúd y trasladamos a mi padre a Vallenar, donde el pueblo se refugió en sus casas estremecido por la muerte de un hombre que no sabía disparar ni pistolas de agua.

Sé que lo persiguen las sombras, que no puede salir a las calles y que no recuerda las maldades con sus hijos y sobrinos en vísperas de Navidad y Año Nuevo. Yo sí recuerdo cuando mi padre me dejaba chocolates en la cama sin avisarme, dos meses antes que usted lo asesinara.

Por él, en honor a tantos sacrificios, dolor y lucha, escribo esta carta, para silenciar el grito desgarrado de los ejecutados de la Caravana de la Muerte y sus familias. La dignidad y el honor no se transan jamás. Adhieren a esta carta mi madre, Graciela Álvarez; mis hermanos, Amanda, Libertad, Patricia y Mario; el hermano de mi padre, Jaime Anselmo Silva, y todos los hombres y mujeres decentes de esta tierra.

Rosa Silva Alvarez
Licenciada en Derecho Rut: 7.458.048-3

En la empuñadura de esta tradicional arma del Ejército de Chile, pueden leerse dos números: 73, el inicio de la dictadura y 78, relativa a la “Operación Retiro de Televisores”, esa que permitió el desentierro de cuerpos de personas que figuran hasta hoy como desaparecidas, para lanzar sus restos al mar. El magistrado buscó a fines de 2011 junto a la PDI y expertos del SML, restos óseos o algún indicio de que la zona hubiera sido utilizada como campo de entierro, pero no tuvo suerte. La diligencia, reveló el ex juez que condenó a la cúpula de la DINA, nunca quiso darla a conocer para no generar falsas expectativas. Por mientras, el corvo sigue allí, en el desierto, como un símbolo latente, esperando a que alguien descifre su oscuro significado.

A fines de 2011, el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, se trasladó a la ciudad de Calama para realizar diligencias en una causa de violaciones de derechos humanos, relativa a la identificación de restos de 13 detenidos desaparecidos, cuyos cuerpos estaban en el Cementerio Municipal.

Mientras se encontraba en el tribunal, una dirigenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos de la zona le pidió una audiencia. Solís se la concedió. Cuando estuvieron frente a frente, la mujer le dijo que la noche anterior le habían dejado bajo la puerta de su casa un sobre sin remitente.

El magistrado escuchó el relato, hasta que la mujer le mostró una imagen tomada desde el aire, cercana al aeropuerto El Loa, ubicado en las afueras de la ciudad.

La fotografía sorprendió a Solís. En ella aparecía un corvo dibujado en el desierto y a los lados de la empuñadura los números 73 y 78. La primera fecha remitía al inicio de la dictadura militar, mientras que el segundo a la remoción de cuerpos a nivel nacional, conocida como “Operación Retiro de Televisores”. Esta última fue supervisada por el entonces general y director de la CNI, Odlanier Mena, quien pese a estar condenado se pasea los fines de semana por el parque arauco, ya que obtuvo el beneficio de la salida dominical.

Hay que recordar que por Calama pasó la llamada Caravana de la Muerte, helicóptero que recorrió el país, a cargo del general Sergio Arellano Stark, que “aceleró juicios” sumarios, es decir fusilamientos, como también una serie de desapariciones forzadas de partidarios de la Unidad Popular. En Calama hubo 26 víctimas a quienes asesinaron a tiros y estocadas de corvo.

Trabajo automático

Con la imagen en la mano, Solís no perdió el tiempo. Llamó de inmediato a Santiago y coordinó con la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y el director del Servicio Médico Legal (SML) Patricio Bustos, especialistas del organismo y un arqueólogo para revisar la zona. También iba su actuario Diego Balart.

Lo primero fue verificar la imagen desde el aire. Era real. Fijaron las coordenadas y se dieron a la revisión de la zona, esta vez en tierra firme. Lo que más sorprendió a los presentes fueron las dimensiones: poco más de dos kilómetros. Y que la cal usada para marcar su figura en el desierto, se solidificó para nunca más borrarse.

Rastrearon por varios días si existían restos humanos, porque la imagen bien podía ser una marca en el desierto para saber donde habían sido enterrados los restos de personas que hoy figuran como desaparecidas.

“Sin embargo, pese a la búsqueda acuciosa que se realizó no se halló absolutamente nada”, recordó el magistrado al ser consultado por The Clinic Online acerca del episodio.

El magistrado, hoy en retiro desde fines de 2012 tras cumplir la edad legal de 75 años -y de poco más de diez indagando y condenando a la cúpula de la DINA- explicó que nunca se reveló esta diligencia, para no alimentar falsas expectativas a los familiares.

El corvo, esa arma histórica del Ejército desde la Guerra del Pacífico, sigue allí en el desierto, como un símbolo latente esperando a que alguien descifre su oscuro significado.

El general (r) del Ejército Santiago Sinclair estuvo detenido por 48 horas en el Caso Caravana de la Muerte junto a otros uniformados retirados por su participación en el homicidio de 12 personas en Valdivia. Sinclair fue vicecomandante en jefe del Ejército y la justicia espera que la impunidad geriátrica o biológica no sea una causa para que los criminales que usaron uniforme queden sin penas de cárcel

El general (r) Santiago Sinclair fue detenido y acusado de participar en el asesinato de 12 personas en Valdivia en el marco de la Caravana de la Muerte entre el 3 y 4 de octubre de 1973. Junto a él se arrestó también a tres ex uniformados por el mismo crimen, Juan Carlos Michelsen, José Feliú Madinagoitía y Mario Manterola Garrido, todos ellos coroneles y mayores sin embargo quedó pendiente la detención de Hugo Guerra Jorquera, también militar en retiro.

Todos los cinco ex militares antes nombrados tienen cerca o más de ochenta años. Y los jueces decidieron que la impunidad biológica o geriátrica no tiene razón jurídica si los involucrados cometieron crímenes de lesa humanidad. Igual que los nazis que participaron "en limpiezas" y matanzas de decenas personas en la segunda guerra mundial. Incluso un nazi de 94 años, fue detenido y encarcelado la semana recién pasada.

La matanza de doce campesinos

La ministra Patricia González Quiroz sometió a proceso y ordenó la prisión preventiva del ex vicecomandante en Jefe del Ejército, exintegrante de la Junta Militar y exsenador designado, general (r) Santiago Arturo Ariel de Jesús Sinclair Oyaneder, en calidad de autor de 12 homicidios calificados.

Sinclair permaneció preso en el Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén en espera de que la Corte de Apelaciones de Santiago decidiera si debía continuar en prisión preventiva o le concedía la libertad. Este sábado quedó en libertad por 200 mil pesos, pero el juicio seguirá y tendrá que declarar nuevamente por los crímenes.

En la época en que se sucedieron los hechos, Santiago Sinclair, quien era coronel y comandante del Regimiento de Caballería N°2 Cazadores de Valdivia y la segunda autoridad militar en la zona, integró un supuesto Consejo de Guerra en el cual se condenó a muerte a 12 campesinos y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), quienes fueron falsamente acusados de "asaltar" el retén de Carabineros de Neltume, en la precordillera al este de Valdivia, la noche del 12 de septiembre de 1973.

Con anterioridad Sinclair fue investigado por el juez Juan Guzmán en 1998, momento en la que el general (r) declaró: "Recuerdo el Consejo de Guerra que se hizo con respecto de Liendo y otro, un sujeto muy conocido de apellido Krauss, junto a otras personas que no identifico (…) Una vez terminados los alegatos nosotros votamos. El voto se depositó en una caja y el presidente del Consejo hizo el escrutinio".

El fatídico escuadrón Caravana de la Muerte llegó a ciudad de Valdivia el 3 de octubre de 1973 y fue recibido por el Comandante en Jefe de la IV División de Ejército con asiento en Valdivia, general Hugo Bravo Muñoz y el coronel Sinclair, quienes dispusieron a sus subalternos la búsqueda y el arresto de estas 12 personas.

La resolución judicial ratifica los doce fusilamientos que dio la orden Sinclair

"El día 03 de octubre de 1973, aterrizó en Valdivia un helicóptero "Puma" con un grupo de militares bajo el mando del entonces General de Ejército, Sergio Víctor Arellano Stark, delegado por quien a la fecha era Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, con el objeto de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales o de revisar y acelerar los procesos; Que, a raíz de la llegada de los militares mencionados, el día 04 de octubre de 1973, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia, a Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando KraussIturra, Pedro Purísimo Barría Ordoñez, Enrique Del Carmen Guzmán Soto y a José René Barrientos Warner, a quienes se les condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se les fusiló a consecuencia de una sentencia pronunciada en un supuesto Consejo de Guerra, cuya materialidad no existe", señala el fallo.

Para el caso de Gregorio Liendo Vera se determinó:

"A raíz de la llegada de los militares mencionados, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia a, Gregorio José Liendo Vera, estudiante de Agronomía, militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario, a quien se le condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se le fusiló a consecuencia de una sentencia dictada en un supuesto Consejo de Guerra cuya materialidad no existe".

Casi todas las víctimas eran obreros del Complejo Maderero Forestal Panguipulli, que la noche del 12 de septiembre de 1973 se manifestaron frente al retén Neltume pidiendo a los carabineros que no se plegaran al golpe militar y entregaran sus armas. Ahí se informó que el retén fue "asaltado" por los miristas, resultando heridos los cuatro carabineros que permanecían en su interior, lo que resultó ser falso según demostró la investigación. De la misma forma, las indagatorias acreditaron la falsedad de los daños producidos a la estructura del cuartel, según informó el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Los 12 campesinos fueron ejecutados al interior del predio militar de Llancahue. Liendo Vera fue asesinado la noche del 3 de octubre de 1973 y los otros 11 lo fueron al atardecer del día siguiente.

La magistrado Patricia González estableció que los crímenes fueron planeados por Sinclair, el general (r) Sergio Arellano Stark (declarado inimputable por demencia senil) y Hugo Bravo (ya fallecido).

El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, al ser consultado respecto de la detención de Sinclair, expresó "la justicia tarda pero llega, y si hay una investigación de esa naturaleza en materia de derechos humanos y hoy día existe esa detención, serán los tribunales los que van a determinar cuál es la responsabilidad".

A ello, el secretario de Estado agregó que "el avance que hay en los tribunales es importante para que se conozca la verdad. El caso particular lo resolverán las instituciones que corresponden y los abogados querellantes" y que se trata de "hechos de hace muchos años en que todos queremos que haya verdad y justicia".

En este tipo de situaciones ya es común que por la avanzada edad de los acusados la justicia les permite recibir algún tipo de beneficio en el que pueden cumplir sus penas en la casa o una cárcel especial para los exagentes de la dictadura o incluso apelan a la media prescripción, lo que sea que les permite rebajar el tiempo de condena.

En entrevista con Cambio21 la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, preguntada sobre esta detención expresó que "para nosotros es un avance muy importante la detención de Santiago Sinclair que tiene que ver con la Caravana de la Muerte y los 12 asesinados en Valdivia. Además, Sinclair está involucrado en otras causas".

 "Es una alegría que uno de los importantes que se mantenían en la impunidad, quien fue miembro de la Junta Militar y tuvo varios cargos en la represión del terrorismo de Estado de nuestro país haya sido detenido", mencionó Lira.

En cuanto a lo que esperan de la justicia, la presidenta de la AFEP expresó "lo único que pedimos es que Sinclair no se lleve la pena remitida y pase por la cárcel, sino que la pena se condiga con la gravedad de los delitos, porque fueron 12 personas a las que le quitó la vida. Que se busque el mecanismo en que los jueces no den la pena remitida ni apliquen la media prescripción".

En cuanto qué ha cambiado en la justicia para lograr atrapar a quienes estuvieron tanto tiempo en la impunidad, el abogado del Programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, Rodrigo Lledó, declaró que "hoy entendemos que estamos en otro escenario, que ha habido varios gobiernos de la Concertación, hubo un gobierno de centro derecha y estamos discutiendo una nueva Constitución y estas causas de derechos humanos tienen que avanzar porque así lo dispone el derecho internacional en el que nuestro país está inserto".

En relación dónde debieran cumplir sus condenas los exoficiales y qué pasa con algunas de las garantías con las que cuentan cuando son sentenciados, Lledó dijo "evidentemente que nosotros no estamos satisfechos con eso, porque nosotros hacemos todo lo posible para que se haga justicia y cuando llega el momento de cumplir la pena se hace en condiciones de privilegio y eso no corresponde porque estamos en un país que tiene que respetar la igualdad ante la ley".

A esto también se refirió el abogado de la causa, Tomás Pascual, quien explicó que "hoy tenemos una respuesta de la justicia diciendo que estos oficiales de Valdivia tuvieron y hay presunciones fundadas de que, a través de disponer de una serie de medios, permitieron que se ejecutara sumariamente a 12 personas el 3 y 4 de octubre de 1973".

Sobre la posibilidad que tiene Santiago Sinclair de cumplir una condena, el abogado dijo "uno de los elementos inherentes a los delitos de lesa humanidad es que estas personas no pudieron ser perseguidas durante un largo periodo de tiempo, por lo tanto, valerse de eso, de la edad para que no pueda exponerse a ninguna pena, sería doblemente injusto".

Finalmente, sobre los avances en el caso Caravana de la Muerte, Pascual mencionó "en el corto plazo pediremos el cierre de la investigación a objeto de que se acuse a los procesados y se les condene de acuerdo al mérito del proceso como reivindicación de los 12 ejecutados en Valdivia y de sus familiares después de 41 años, porque así podemos empezar a llegar a la verdad".

Impactante testimonio de Víctor Gutierrez, encargado de sepultar los restos de detenidos desaparecidos, en el caso "la caravana de la muerte"

por Mauricio Videla

Casi al atardecer del 19 de octubre de 1973, el grupo de soldados baja con displicencia los 26 cadáveres de un camión. Cerca de ahí, detrás de los cerros, está la carretera que une Calama con San Pedro de Atacama. Víctor Gutiérrez Ramírez, 19 años, cabo del Ejército y hombre de confianza del teniente Contreras, bebe un sorbo de pisco puro que le fue entregado para darse valor. Tras esto, se echa un cuerpo a la espalda y camina lento, casi zigzagueando. Los fluidos que expele el fallecido le hacen apurar el paso. La fosa que ya está dispuesta es de un metro 80 de profundidad y de una dimensión comparable a un jacuzzi. Apila el cuerpo, que minutos antes fuera acribillado por fusiles Sig, y respira.

 Repite la acción un par de veces. Minutos más tarde sube al camión militar para perderse en el desierto. Han pasado casi 40 años de este hecho. Hoy, Víctor Gutiérrez, 58 años, quien mantiene la profesión de docente de francés, casado y cuatro hijos, decidió revelar ese período de su vida.

Estamos en una playa en el sector sur de Antofagasta. Con la mirada puesta en el mar reconoce no estar arrepentido, pues para arrepentirse está el segundo antes de cometer el hecho. “El daño ya está”, afirma. Si bien entregó su testimonio a la Comisión de Derechos Humanos a finales de la década de 1980 e incluso acompañó a los abogados al lugar de la fosa, Gutiérrez nunca contó esto con su nombre y apellido. “No se puede justificar lo injustificable. No puedo esperar comprensión por las condiciones en que quedaron”, dice.

Un ejército de locos

Gutiérrez Ramírez se enroló al ejército en 1972. Hizo su servicio militar en el Regimiento de Calama y se especializó en morteros. A pesar de las aparentes lealtades de los generales de entonces, hacia el gobierno de Salvador Allende; Gutiérrez recuerda que dentro de la milicia se podía evidenciar el futuro. Había un concientización a los soldados de que en algún momento, ellos salvarían al país. Recuerda que la paranoia era resumible en los cigarrillos Monza. Al invertir la palabra quedaba como “Z Now”, o sea (traducción al inglés) “Plan Z ahora”.

El denominado Plan Z era un supuesto autogolpe de Allende. “Eso nos decían en el ejército”.

“Lo primero que me dijeron es que estábamos en guerra. Todos los días, durante la mañana, había una arenga patriótica donde se nos decía que éramos los salvadores de Chile, los guardianes del país; fue comparable al nazismo hitleriano. Nuestro uniforme nos daba superioridad. Los milicos estábamos de moda. En adelante, todos nos sentimos como Rambo. Fui Rambo.”

El protagonista de esta historia se hizo de confianza del teniente Contreras. Durante la mañana del 19 octubre de 1973, Contreras buscó cuatro personas de su confianza. En Calama ya habían aterrizado los helicópteros de la célebre “Caravana del muerte”, con Sergio Arellano Stark a la cabeza. los Excesos El general Arellano viaja a la mina de Chuquicamata.

Quienes vienen con Arellano permanecen en el regimiento y abren el juicio, “que nunca fue un juicio pues a los prisioneros se les leyeron los cargos, que en la mayoría de las veces eran inventados, y sin derecho a defensa, se les condena a la muerte”. Los prisioneros son llevados en un camión para ser fusilados en algún punto del desierto. Gutiérrez, quien no participa en la matanza, dice que eran alrededor de las 17 horas.

Gutiérrez reconstruye las ejecuciones según relatos que conoció después:

“Algunos prisioneros fueron acribillados en ráfaga de 20 tiros por fusil; en consecuencia sus cuerpos quedaron prácticamente destrozados. A uno de los prisioneros le dispararon en el bajo vientre y su cuerpo se vino hacia adelante; sin embargo a puras ráfagas lo levantaron hacia atrás. Todos los cuerpos soltaron los esfínteres. Fue deplorable lo que hicieron con ellos”.

Los excesos continúan antes de ser enterrados en la fosa. Esto vio Gutiérrez:

“Algunos soldados estaban nerviosos. Cuando fueron acomodados los cuerpos, alguien vio que uno de estos pareció moverse. Debimos tranquilizarlo antes que le disparara”.

El acto más infame lo comete un cabo de apellido Concha:

“Con su corvo le cortó el dedo anular a algunos cadáveres para extraerle el anillo de matrimonio. Mientras cortaba, el cabo decía: este oro servirá para la reconstrucción nacional”, dice Gutiérrez.

-¿Se ha encontrado hoy con alguno de sus compañeros?-

-He visto a dos, pero nadie saluda ni siquiera mira. Uno de estos maneja un taxi en Antofagasta. Otros continuaron en el ejército.

-¿Hay un pacto de silencio?-

-En ese momento nuestros superiores nos recalcaron que no debíamos contarle ni a la familia de lo que sucedió ese día; a nadie. A la vez, había un temor tácito pues quienes hablaban podían correr la misma suerte de los prisioneros. Deshumanización La vorágine de aquellos días, genera una deshumanización entre los soldados, que Gutiérrez, intenta explicar. “Proyectábamos temor entre la gente. Había detenciones arbitrarias sólo porque tal persona te miró mal o antes, hablo mal de ti. Se detenía sin previa explicación”.

Gutiérrez recuerda que, entre otras acciones, resguardó prisioneros.

“Ellos se ubicaban por horas en cuclillas y con las manos en la nuca; así quedaban indefensos. Había otro método en que uno les echaba la espalda hacia adelante y caían como dominó”.

-¿Qué lleva a algunos solados a cometer ensañamientos?

-Hay estados mentales que derivan en situaciones de abuso como el continuar golpeando al no existir respuesta. La respuesta pasiva ante los golpes genera más castigo. En general, la tortura fue un triste acto de cobardía; de abuso de poder. Hay un ejemplo: el marido que golpea a su esposa. Al no haber respuesta; la violencia intrafamiliar continúa. Cuando las fuerzas en disputa son similares la situación cambia. En este caso el ejército de Chile no tuvo respuesta del otro lado, la supuesta subversión. Al final el abuso de poder corrompió y sucedió lo que todos saben.

-¿A su juicio, que responsabilidad tuvo Pinochet?

-Hay una frase del general: En Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa. Eso lo resume todo. Pinochet siempre estuvo al tanto de lo que sucedía en Chile y en su ejército. Al final, los ingleses hicieron el trabajo de la justicia chilena. A la vez, Arellano Stark y Contreras (“Mamo”) han recibido un castigo mínimo por las atrocidades que se cometieron.

A Gutiérrez le pregunto cómo ha sido convivir 40 años con esto. El hombre guarda silencio. Dice que dos veces se ha quebrado contando; ambas con sus hijas. Ahora se mantiene firme. Confiesa que casi todo se puede resumir en algo es que no puede ver películas de guerra, pues le afloran las imágenes.

“No pretendo justificarme, sin embargo la carga sicológica siempre está presente”, afirma este hombre que no exagera ni teme.

Según una entrevista que el promogénito de Arellano Stark, Sergio Arellano Iturriaga, consigó a La Tercera, el abogado aseguró que su padre “fue un gran hombre. La persona más íntegra que conocí en mi vida”.

Esto dentro del marco de las declaraciones de la familia tras el fallecimiento del ex militar y líder de la “Caravana de la muerte“, acción que cuya condena no fue pagada, ya que la defensoría del autor de más de 97 asesinatos contra militantes de la UP en el golpe militar de 1973, apelara a que el hombre padecía de demencia.

Si bien el abogado no quiso revelar detalles de la ceremonia fúnebre, sostuvo que “sus hijos y nietos nos sentimos tremendamente orgullosos de él”, esto a diferencia de las familias de los asesinados, quienes comparten la frustración tras los delitos impagos que dejo el ex militar.

Arellano Iturriaga, mantuvo en la entrevista lo mismo que hace mención en su libro “De conspiraciones y justicia”, señalando que “sufrió mucho a consecuencia de una conspiración, de un poder del cual era absolutamente ajeno y en el que no estaba interesado (.. ). Algún día entenderán lo mucho que él hizo por Chile, sobre todo en función de la democracia. No de dictaduras ni del marxismo”, esto pese al actuar de Arellano Stark en base al mandato del ex general y líder de la dictadura, Augusto Pinochet.

También realizó mención al apoyo que han sentido por parte del Ejército, declarando que “hemos recibido la lealtad de la institución en forma notable. Es algo que me conmueve y lo agradezco”.

Además, destacó el “responso que le brindó el curso militar del capitán Sergio Arellano Stark, que son 120 oficiales y civiles que el año 52′ fueron recibidos por él en su calidad de capitán militar. Ellos, hasta el día de hoy, testimonian la fuerza de su ejemplo, y ese ejemplo lo seguimos sintiendo hasta el último día de su vida”.

Recordemos que el Ejército de Chile se encuentra inhabilitado de rendirle honores militares a Arellano Stark, por su calidad de condenado por violaciones a derechos humanos cometidas durante la Dictadura Militar.

Sergio Arellano Stark fue condenado por su participación en la Caravana de la muerte en 2008.

Era la noche del 19 de octubre de 1973. Había pasado una hora desde la visita que Carmen Hertz le hizo a su esposo, Carlos Berger, preso en el norte de Chile, cuando un escuadrón se lo llevó de la prisión.

Fue la última vez que supo de su pareja, quien fue ejecutado con otros dirigentes comunistas cerca de Calama, en el norte del país y luego desaparecido.

Desde ese momento ella comenzó a reclamar justicia por su muerte.

"Soy una abogada defensora de derechos humanos y la viuda de un abogado y periodista que fue asesinado por un grupo dirigido por el exgeneral Sergio Arellano Stark", se presenta Hertz al inicio de una conversación con BBC Mundo en ocasión de la muerte del exmilitar.

Arellano Stark, de 94 años, falleció el miércoles por la mañana.

Y a Hertz le indigna que lo haya hecho sin haber pasado ni un sólo día en la cárcel, a pesar de las muchas acusaciones en su contra y de haber sido condenado por la justicia chilena por su participación en la llamada Caravana de la Muerte que empezó a recorrer el país en octubre de 1973.

Corrían las primeras semanas del gobierno de facto encabezado por el general Augusto Pinochet y a Arellano Stark se le comisionó "agilizar y revisar" los procesos de las personas arrestadas luego del golpe de Estado.

Su grupo recorrió en un helicóptero las ciudades de Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Cauquenes, Linares y Valdivia dejando tras de sí al menos 75 prisioneros ejecutados.

"Será recordado como un cobarde que murió impune. Era un mentiroso. Fue un instigador del golpe de Estado (de 1973) y un genocida", afirma Hertz sobre el fallecimiento del hombre conocido en Chile como "El Lobo".

Tanto Arellano Stark como sus abogados y familiares siempre alegaron su inocencia.

Aunque lo que lo mantuvo fuera de la cárcel fue su estado de salud.

Los obreros de Chuquicamata

Carmen Hertz, Carlos Berger y su hijo de un año de edad llegaron a la "ciudad dormitorio" de Calama en agosto de 1973.Ambos apoyaban al presidente socialista Salvador Allende y Berger comenzó a trabajar en la radio Loa, medio de comunicación que los obreros de la mina de Chuquicamata utilizaban para llamar a la defensa el gobierno de la Unidad Popular.

La mina de cobre, en ese entonces la más rica del mundo, había sido nacionalizada por Allende dos años antes.

El día del golpe, el 11 de septiembre de 1973, Carlos Berger recibió la orden de apagar la radio y él no lo hizo.

"Hizo todo lo contrario. Mi marido salió con el micrófono al campamento para transmitir el comunicado de los mineros en contra del golpe militar", recuerda Carmen Hertz.

Horas después, la radio fue allanada y Berger arrestado. Fue el inicio del periplo.

"Yo iba a visitarlo todos los días. Carlos tenía una condena de apenas 60 días, pero los militares seleccionaron a dirigentes y gente que apoyaba a Allende. Entre ellos estaba mi marido. Los masacraron. Fue una carnicería", relata Hertz.

Las investigaciones posteriores, procesos judiciales, testimonios y archivos desclasificados comprobaron tiempo después que Arellano Stark fue quien dirigió la Caravana de la Muerte.

Se conoció que "El Lobo" portaba una credencial que lo nombraba "Oficial Delegado del Comandante en jefe del Ejército y Presidente de la Junta de Gobierno" y la operación fue instruida por Pinochet para dar una "lección definitiva" a los simpatizantes de Allende e izquierdistas en el norte de Chile.

Las amenazas

"Nos organizamos con otras familias de desaparecidos y torturados. Yo defendí a muchas víctimas de la dictadura y eso claro que tiene un precio. Recopilamos más datos de la Caravana y presenté una querella contra Arellano Stark, que fue descartada rápidamente por la ley de Amnistía de los militares", relata Hertz.

El precio al que ella se refiere son amenazas de muerte, intimidaciones y el asesinato de la mujer que le ayudaba en los quehaceres de su hogar en la década del 80.

"La mataron dentro de mi casa. No querían que sigamos con los procesos y buscando justicia. Su mensaje era claro", asegura.

El plebiscito nacional de octubre de 1988, sin embargo, permitió el retorno de la democracia a Chile y la vuelta de los militares a los cuarteles.

Y durante los años posteriores, Hertz integró varias organizaciones de derechos humanos y de reparación para las víctimas.

Entre 1994 y 1998 fue asesora de Derechos Humanos y Directora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país.

Desde 2006 hasta 2009 fue embajadora de Chile en Hungría.

Sin embargo en ese tiempo se mantuvo activa en la búsqueda de condenas contra los protagonistas del gobierno de facto que se mantuvo en Chile entre 1973 y 1990.

Arellano Stark, fue procesado y hallado culpable entre 2000 y 2008.

"Fue condenado por dirigir la caravana de la muerte, pero nunca pagó un solo día de prisión por ello. Después alegó demencia senil y otras enfermedades para evitar la cárcel", afirma Hertz.

Polémica por el legado

El golpe de Estado de Augusto Pinochet sucedió el 11 de septiembre de 1973.

A pesar del paso de los años, el gobierno militar de Pinochet y las violaciones a los derechos humanos todavía provocan debate en Chile.

La muerte de "El Lobo" no podía ser la excepción y la chispa la encendió nada menos que su hijo.

"Algún día entenderán lo mucho que él hizo por Chile. Sobre todo en función de la democracia, no de dictaduras ni del marxismo. Sus hijos y nietos nos sentimos tremendamente orgullosos de él", señaló Sergio Arellano Iturriaga al diario chileno La Tercera.

El jueves, Arellano Stark fue despedido por sus familiares en una ceremonia privada y después fue cremado.

Tanto él como sus seres queridos siempre alegaron su inocencia.

Sin embargo, no son pocas las personas como Carmen Hertz que lo asocian con ese helicóptero que recorrió el norte chileno dejando muertos a su paso.

Cuando su esposo fue asesinado, ella no pudo organizarle una ceremonia de despedida como la que "El Lobo" recibió.

Pero ella no lo envidia por eso.

"Se va en la ruina moral. Ni siquiera tuvo el valor de reconocer las barbaridades que hizo", concluye Hertz.

La parlamentaria del PC expresó sus descargos en redes sociales luego del fallo de la Corte Suprema que condenó a exagentes de la comitiva Caravana de la muerte por el asesinato de 26 prisioneros políticos en 1973, entre quienes se encontraba su esposo.

La abogada de Derechos Humanos y diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, publicó este viernes por la noche en su cuenta de Twitter su descargo por el tardío fallo de la Corte Suprema contra los exagentes del Ejército que asesinaron a su pareja, Carlos Berguer, en 1973.

«Finalmente después de 49 años de ejecutada la masacre de 26 prisioneros políticos, entre ellos mi esposo el abogado y periodista Carlos Berguer Guralnik, en Calama por la Caravana de la muerte, se dictó fallo definitivo de la Corte Suprema», escribió la parlamentaria para comenzar su hilo en redes sociales.

En este detalla que se condenó al general Pedro Espinoza Bravo y al coronel Juan Chiminelli Fullerton a presidio perpetuo en calidad de autores. «Únicos sobrevivientes de la comitiva criminal, los otros murieron en impunidad, entre ellos Arellano Stark«, denuncia Hertz.

Aparte de estos altos mandos, la justicia también falló en contra de los oficiales Carlos Langer, Hernán Nuñez y Víctor Santander, quienes fueron condenados 15 años y un día de presidio mayor por su participación en los hechos. Además, los pilotos del helicóptero puma que trasladó los exagentes hacia el lugar de la masacre, Emilio Mahotiere y Luis Felipe Polanco, recibieron una pena de 12 años de presidio mayor.

«Justicia tan tardía, es casi denegación de justicia», reflexionó la diputada Carmen Hertz en su último tuit, al que respondieron varios usuarios y compañeros de su partido, entre ellos el alcalde Daniel Jadue.