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GLORIA ANA STOCKLE POBLETE


STOCKLE POBLETE, GLORIA ANA: 21 años, soltera, estudiante universitaria, muerta el 29 de enero de 1984 en Copiapó.

Gloria Ana Stockle Poblete murió ese día en la ribera norte del río Copiapó, por policontusiones, traumatismo encéfalo craneano cerrado complicado, fractura base de cráneo, hemorragia introcraneana, homicidio con violación, según consigna el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal y el Protocolo de Autopsia.

La noche anterior la joven se encontraba en el interior del Casino de Oficiales del Regimiento de Infantería Motorizada Nº 23 de Copiapó, recinto donde, luego de ser sometida a golpes y sufrir ataque sexual, fue asesinada.

En el proceso judicial instruido para investigar su muerte, y en el que se designó Ministro en Visita, a través de declaraciones de testigos presenciales y otros medios probatorios, se estableció que la noche del 28 de enero de 1984, en el mencionado Casino, se realizaba una fiesta privada a la que asistían alrededor de 45 personas, entre uniformados, civiles y mujeres jóvenes, incluidas algunas asiladas de un prostíbulo. Durante la fiesta se produjo una discusión entre dos oficiales, un civil y Gloria Stockle, a la que golpearon, violaron y asesinaron.

Su cuerpo fue sacado del lugar en un automóvil y lanzado al río Copiapó, donde lo encontraron dos días después, semisumergido y tapado con totoras.

Las mujeres asistentes a la fiesta fueron objeto de amedrentamientos y presiones para evitar que declararan ante los Tribunales; incluso, una de ellas fue víctima de un intento de atropello.

Considerando los antecedentes reunidos, el Consejo Superior llegó a la convicción de que la muerte de Gloria Ana Stockle Poblete fue producto de la violencia a que fue sometida por agentes del Estado, quienes actuaron abusando de su poder, al margen de sus funciones y amparados por la autoridad que aseguró su impunidad. En consecuencia, la declaró víctima de violación de derechos humanos.
(Corporacion)


Se reactiva caso por homicidio de Gloria Stockle Poblete



En el crimen de la joven -que ocurrió el 29 de enero de 1984 en Copiapó- están involucrados dos oficiales del Ejército y el vicecónsul de Italia en la época.

por Myriam Hernández
Fuente:...PrimeraLínea

En cinco tomos de expediente está contenida la historia del crimen de Gloria Stockle Poblete, asesinada el 29 de enero de 1984 en Copiapó, después de ser golpeada y violada en circunstancias que involucran al vicecónsul de Italia de la época y a dos oficiales del Regimiento de Infantería 23 de la nortina ciudad.

El hecho que estremeció a Copiapó hace 17 años vuelve a ser noticia porque la Corte de Apelaciones de la ciudad decretó reabrir el sumario y acoger las diligencias solicitadas por la parte querellante. Sin embargo, el tribunal no dio a lugar a la encargatoria de reo presentada contra los presuntos autores, cómplices y encubridores.

De esta manera, la ministra en visita Flora Collante deberá realizar las diligencias ordenadas por el tribunal de alzada nortino.

Según explicó el abogado querellante Erick Villegas "éste es un proceso en el que por mucho tiempo se intentó obstruir la acción de la justicia".

Recordó que se alcanzó a procesar como autores al teniente coronel Mario Martínez Villarroel, al capitán Sebastián Flores Cañas y al ex vicecónsul de Italia Ivo Lingua Latorre, quienes presentaron un recurso de queja rechazado por la Corte Suprema.

Sin embargo, una sala de la Corte de Apelaciones de Copiapó -que en la época integraba el actual presidente del máximo tribunal, Hernán Alvarez- anuló de oficio las encargatorias de reo.

Después de 14 años y con nuevos antecedentes recopilados, los querellantes volvieron a la carga ante la Corte de Apelaciones (conformada ahora por el presidente Juan Manuel Muñoz Pardo, la ministra Luisa López Troncoso y el abogado integrante Julio Morales Neyra), tribunal que finalmente decidió acoger las diligencias solicitadas por la parte querellante, además de ordenar otras investigaciones y reabrir el sumario por fallo unánime.

Sin embargo, no se dio lugar a la encargatoria de reo de los dos oficiales y el ex vicecónsul en calidad de autores, y los procesamientos como presuntos encubridores al ex intendente de Copiapó, general (r) Alejandro González y a la civil Hilda Lopéz Chandía. Ello porque el tribunal consideró que aún hay diligencias que están siendo efectuadas.

En todo caso, el abogado adelantó que no presentará recursos de queja, porque eso significaría dilatar el proceso. Por eso, esperará hasta el mes de abril -cuando se espera se cumplan dichas diligencias- para presentar las encargatorias de reo para los autores, cómplices y encubridores.

En este sentido, trascendió que ya se estarían realizando algunos trámites, entre los que se cuentan oficios enviados al alto mando del Ejército para aclarar contradicciones en el caso. También se busca determinar si algunos testigos recibieron o no presiones y por quiénes.

Así las cosas, Villegas explicó que además solicitará la encargatoria de reo de un número importante de personas por obstrucción a la justicia, varios de ellos militares en retiro. Ello porque asegura tener antecedentes suficientes para determinar su responsabilidad, ya sea porque ocultaron información, entregaron antecedentes desvirtuados, o impidieron que la investigación se tramitara en los cauces normales y legales.

"Aquí institucionalmente el Ejército respaldó lo que significó la impunidad y la inocencia de personas que finalmente estamos demostrando que no era así", comentó Villegas.

Si bien el abogado no quiso entregar los nombres, pues el caso aún está en etapa de sumario y aún no ha solicitado el procesamiento ante la ministra Collante, trascendió que se trataría de oficiales de Ejército que tuvieron responsabilidad de mando en el regimiento 23 de Copiapó, y del ex fiscal militar Carlos Eva Tapia, quien ya declaró ante la magistrada.

Según Villegas, la investigación está agotada pues además se realizaron peritajes del OS-7 de Carabineros de Antofagasta y de Santiago, que determinaron el lugar del crimen, la forma en que éste fue cometido y las personas que habrían sido testigos presenciales del hecho.

La historia

La noche del 29 de enero de 1984, la joven Gloria Stockle Poblete -que estaba postulando a la universidad de Atacama- asistió a una fiesta de recepción de suboficiales en el casino de oficiales del regimiento 23, donde compartían civiles y militares. Según el abogado querellante, "en esa fiesta donde había alcohol, agreden y ultrajan a la joven".

Los golpes, de acuerdo al informe de uno de los médicos legistas, los habrían propinado personas con instrucción, y dejaron a la joven agonizando durante más de una hora.

El abogado agregó que el casino donde se efectuó la fiesta se ubica a una cuadra y media del hospital de Copiapó, por lo que consideró "absurda" la teoría de accidente que en un primer momento se intentó hacer creer, debido a que no se le prestaron los auxilios y socorros correspondientes.

"Posteriormente, la niña es traslada por oficiales y un civil en un vehículo y es depositada en la ribera del río Copiapó y su parte vaginal la llenan con barro, pero su cuerpo queda con señales claras de golpes, hematomas, rasguños y un golpe fuerte en la cabeza que fue el que le provocó finalmente la muerte. Al otro día fue descubierta por unos niños que andaban en el lugar", recordó.


Domingo 11 de febrero 2001

 


ARGENPRESS.info
Director: Emilio J. Corbière
"La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida" - José Martí

Buenos Aires, 29 / 3 / 2004

‘CHEYRE ORDENO ELIMINARME’
EX SARGENTO ACUSA A COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO CHILENO


El ex uniformado Héctor Florentino Navarrete Jara, quien tenía información relevante sobre la muerte de la joven Gloria Stockle, hecho ocurrido en 1984 en un casino de Oficiales, asegura que escuchó al ahora general Juan Emilio Cheyre ordenar su ‘eliminación’ cuando el ahora jefe del Ejército se desempeñaba como comandante del regimiento N° 23 de Copiapó y él quería revelar información que comprometía a militares en actividad.
Por: El Periodista (Chile) especial para ARGENPRESS.info
Fecha publicación:19/10/2002
 

El testimonio

EP - Usted hace referencia en su declaración judicial que cuando estaba detenido, se reunieron el comandante Gabriel Alliende, el subcomandante Ríos y varios oficiales, que estaban en servicio cuando ocurrió el crimen, entre los que se encontraba el capitán Mario Martínez y el subteniente Flores. ¿Qué pasa en esa reunión?

HNJ - Esa reunión era porque los involucrados debían ser trasladados a Temuco y Valdivia. Hablaron de lo sucedido. Incluso se supo que yo estaba allí y dijeron que tenían que tener cuidado conmigo porque había trabajado con inteligencia y que podía estar divulgando... si incluso a mí me iban a eliminar del regimiento.

EP - ¿Lo iban a echar?

HNJ - No, hablaron de desaparecerme, porque yo era un peligro en la Unidad.

EP - ¿Eso usted se lo imagina o escuchó algo concreto?

HNJ - Lo escuché. 

EP - ¿De quién?

HNJ - Del mismo sargento y del comandante.

EP - ¿En esa misma reunión?

HNJ - No, lo que le estoy diciendo yo es de Cheyre. ¿Usted ubica al comandante Cheyre?

EP - Sí, el actual comandante en Jefe.

HNJ - El fue quien dijo que había que eliminarme a mí, por lo que sabía. Porque él llegó de comandante a la Unidad cuando estuve detenido.

EP - ¿Y eso lo escuchó usted directamente?

HNJ - Directamente. Incluso había un soldado, del cual fui instructor, que me hacía guardia. Me decía: 'mi sargento tiene que tener cuidado'. Yo no dormía en las noches. Me tenían en una pieza aislado, ni le cuento lo que era estar en esa pieza. Yo empecé a hablar. Una vez le dije al comandante 'mi comandante, yo voy a tener que hablar de esto'. Entonces ahí empezaron a darme duro.

EP - ¿En esa reunión, a la que asistieron todos, le piden algo especial?

HNJ - Que callara. Me dijeron que no tenía que hablar, que me iban a ayudar, pero nunca se hizo nada. 

EP - ¿Cómo se explica que todas las personas a las cuales usted hace referencia la noche del crimen, y que le contaron lo sucedido con la joven, posteriormente dijeron que eran imaginaciones suyas?

HNJ - Porque el comandante reunió a todos los que estaban de guardia y les dijo lo que tenían que declarar. Tuvieron orden del regimiento, cambiaron a los guardias y pusieron otros nombres.

EP - Usted dice que su conciencia lo hizo hablar, lo hizo contar esto. El crimen ocurre el 84, sin embargo, usted la primera vez que hace público esto o que se lo cuenta a alguien es el 87. ¿Por qué esperó tres años si tenía un problema de conciencia o si realmente a usted le parecía pésimo que se le echara tierra al problema?

HNJ - Porque no sabía que hacer en un primer momento. 

EP - ¿O sea, que usted sólo lo comentó al interior del regimiento?

HNJ - Al interior del regimiento y a un tío.

EP -¿Usted, conoció a Gloria Stockle?

HNJ - La vi una o dos veces.

Los hechos

Hasta 1986, Héctor Florentino Navarrete Jara, se desempeñó como sargento segundo en el Ejército de Chile al que había ingresado una década antes. En 1984, casualmente, le tocó conocer una información que involucraba a oficiales de esa arma en el homicidio de una joven de 21 años en la ciudad de Copiapó, Gloria Stockle Poblete, caso que aún no ha sido resuelto por la Justicia.

De visita en la ciudad nortina, tras una reunión con amigos, pasó por la puerta del regimiento de Ingenieros. 'Un soldado que estaba de guardia, cuyo nombre no sé, pero según me dijo Raín era de Vallenar, nos saludó y nos contó muy preocupado que se había producido un homicidio en el interior del casino y que había sido muerta una niña. En esos momentos también salió la cocinera Blandina Castillo, quien dijo 'estos desgraciados mataron a la niña'. De inmediato apareció un oficial de apellido Flores Cañas, cuyo nombre es Sebastián, quien hizo callar a la cocinera y aseguró que no había pasado nada. El día lunes siguiente a ese fin de semana fui al regimiento y escuché a todos transmitiendo en la misma onda, comentando la muerte de una niña en el casino y diciendo que el capitán Martínez y el subteniente Flores Cañas habían dado muerte a la niña con un cachazo de revolver en la cabeza y luego la tiraron a la piscina...', declaró en la causa número 28.541.

El caso, caratulado en el informe Rettig como acción de agentes del Estado, se había desencadenado un 28 de enero, durante una fiesta privada en el Casino de Oficiales del Regimiento N° 23 de Copiapó.

En la oportunidad, según las investigaciones, varios de los asistentes agredieron a la joven estudiante provocándole, de acuerdo al certificado de defunción, 'policontusiones, traumatismo encéfalocraneano cerrado complicado, fractura base de cráneo y una hemorragia intracraneana'. No quedaban dudas, para los especialistas, el cuerpo encontrado posteriormente en la ribera del río Copiapó presentaba signos claros de acción de terceros lo que permitió caratularlo como un homicidio con violación.

'La noche anterior la joven se encontraba en el interior del Casino de Oficiales del regimiento de Infantería Motorizada N° 23 de Copiapó, recinto donde, luego de ser sometida a golpes y sufrir un ataque sexual fue asesinada. En el proceso judicial instruido para investigar su muerte, y en el que se designó Ministro en Visita, a través de declaraciones de testigos presenciales y otros medios probatorios, se estableció que la noche del 28 de enero de 1984, en el mencionado Casino, se realizaba una fiesta privada a la que asistían alrededor de 45 personas, entre uniformados, civiles y mujeres jóvenes. Durante la fiesta se produjo una discusión entre dos oficiales, un civil y Gloria Stockle, a la que golpearon, violaron y asesinaron. Su cuerpo fue sacado del lugar en un automóvil y lanzado al río Copiapó, donde lo encontraron dos días después, semisumergido y tapado con totoras'.

Cuatro años después del crimen, que sacudió a Copiapó, Navarrete se decidió a contar lo que sabía, cuando estaba detenido en el regimiento N° 23 acusado de robar unos neumáticos.

Desde la cárcel hizo llegar un papel a Eric Villegas, abogado de la Vicaría de la Solidaridad que había tomado el caso a insinuación del obispo de la ciudad, monseñor Fernando Ariztía, para que viera la posibilidad de declarar ante el juez que investigaba el brutal homicidio. Su testimonio, sin embargo, fue desmentido tajantemente, en la misma causa, por los mencionados y el mismo Ejército, a través del entonces subsecretario de Guerra, que dijo que Navarrete no se encontraba en Copiapó en la semana que ocurrió el hecho porque sus vacaciones, él estaba destinado en Antofagasta, se habían extendido hasta el 6 de enero y, por lo tanto, debía estar en su unidad. El sargento dijo que tenía un permiso especial y que ello debía constar en el salvoconducto que había emanado de su regimiento en la II Región, un documento que se entrega a cada uniformado cuando sale de la guarnición y que debe ser devuelto al regresar. En Antofagasta, sin embargo, señalaron que el salvoconducto no estaba en los archivos.

El testimonio de Navarrete, así como el de otros testigos, fue desvirtuado en la causa, contradicho o negado por otros. Si un militar, en actividad era llamado para un careo, su comparecencia podía demorar meses o años. Uno de los principales involucrados, el entonces teniente Mario Martínez Villarroel, que se retiró años más tarde como coronel, fue enviado incluso a Sudáfrica y participó en operaciones de paz de la ONU en India y Pakistán, recibiendo una condecoración por sus servicios. Otras fuentes señalan que las fotos de los oficiales que estuvieron la noche del crimen y que eran solicitadas por la Justicia no eran enviadas, por razones de seguridad, o simplemente mandaban las de otras personas que nada tenían que ver con los hechos. Un documento reservado, firmado por el entonces brigadier general Manuel Matas Sotomayor, es de antología porque dice que el oficial Mario Martínez debería declarar por exhorto porque ya ha sido 'debidamente' investigado por el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y el Dine y 'no existe elemento alguno que pueda involucrarlo en los hechos que conoce el tribunal'.

A 18 años del crimen, el proceso volvió a reabrirse y, tras la difusión del mismo (libro 'El caso de Gloria Stockle' y el programa de TVN 'Enigma') pareciera que hay una mayor disposición de los testigos a contarle al tribunal lo que vieron o escucharon la noche en que mataron a la joven estudiante de la Universidad de Atacama.

El comandante

El actual jefe del Ejército, de acuerdo a informaciones de la institución, estuvo al mando del regimiento N° 23 de Copiapó entre los años 1988 y 1990, ocupándose además de la Intendencia de la Tercera Región, como era habitual durante el gobierno militar. El nombramiento no es menor si se toma en cuenta que, en esos meses, el pinochetismo debió recurrir a oficiales con 'altura política' para realizar las campañas con vistas al plebiscito que llevaba al general como candidato único. Fue justamente en esos años que el ex sargento Navarrete decidió entregar el testimonio al abogado Villegas y presentarse ante el tribunal que investigaba el crimen de Gloria Stockle. En Copiapó es donde Cheyre sostuvo que 'el triunfo del Sí debiera ser una constante en todos los sectores porque una eventual victoria del No es una hipótesis no factible'. Posteriormente fue director de la Academia de Guerra y del Comando de Institutos Militares. Antes, en 1981, Cheyre había sido enviado a Sudáfrica, destino obligado de muchos oficiales que se perfeccionaron al amparo del régimen del apartheid. Su suerte cambió en los 90 cuando en España logró juntar fuerzas con el socialista Alvaro Briones, embajador de Chile en Madrid, para organizar un encuentro en El Escorial que reunió a lo más granado de la clase política chilena, entre ellos el actual presidente Ricardo Lagos, con el objeto de hablar precisamente de las relaciones cívico militares. La excusa fue el seminario de la Fundación Ortega y Gasset, 'Las FFAA y la transición a la democracia. Los casos de España y Chile', realizado el 30 de mayo de 1996 en el Hotel Victoria Palace de El Escorial (Madrid).

En esa reunión, a la que asistieron también Camilo Escalona, Enrique Correa y Jaime Gazmuri, se habría conversado la posibilidad de un entendimiento entre los socialistas y los militares que derrocaron a Salvador Allende en el 73. El 2000 lo encontró en la jefatura del Estado Mayor y un año más tarde fue la pieza clave, junto al general Izurieta, para convencer a Pinochet que no se resistiera a los exámenes médicos que, finalmente, le asegurarían el sobreseimiento.

Sus 'méritos militares e intelectuales', según el presidente Lagos, lo convirtieron en el jefe del Ejército en 2002. Desde entonces, al igual que ahora con la declaración de Navarrete, su mandato no ha sido fácil.

Según el periodista Sergio Ramírez colaborador del 'Equipo Nizkor', organismo dedicado a la difusión e investigación del tema de los DDHH en el mundo, el pasado de Cheyre está marcado por 'los asesinatos de la Caravana de la Muerte en La Serena, su participación en Consejos de Guerra, actos represivos, violaciones y en la exhumación en 1978 de osamentas de detenidos desaparecidos'. 'Cheyre y el subdirector de la CNI, Fernando Arancibia (hermano del senador de la UDI, Jorge Arancibia), dice Nizkor, fueron los coordinadores de tal operativo. Además, en 1985, el actual comandante se negó a entregar la nómina de oficiales integrantes de la CNI al juez que investigaba el asesinato de la militante del MIR Paulina Aguirre Tobar. Otro caso que ha complicado a Cheyre es el homicidio de dos niños en La Serena, causa en la cual debió comparecer y sólo lo hizo por escrito. La querella fue presentada por los familiares de Rodrigo Palma y Jimmy Christie, de 8 y 9 años respectivamente, quienes fueron fusilados por una patrulla militar que vigilaba un gasoducto en Coquimbo. En esa época Cheyre se desempeñaba en la IV Región como el ayudante de Ariosto Lapostol, comandante del regimiento Arica'. Los restos de ambos niños recién fueron hallados en 1978, cinco años después de los hechos, abriendo una investigación el juez Juan Guzmán Tapia.

En la causa por los crímenes de la Caravana de la Muerte, donde también se sindica a Cheyre, el testimonio de un ex oficial de Ejército, Pedro Rodríguez Bustos, asegura que el actual jefe de la institución participó en algunas muertes. Su testimonio está en las carpetas secretas del juez Guzmán, divulgadas por el periódico electrónico El Mostrador, donde cuenta que dos de sus compañeros, los subtenientes Guillermo Raby Arancibia y julio Lafourcade, le contaron cómo el grupo de oficiales que viajaba en el helicóptero Puma fusiló, por órdenes del general (R) Sergio Arellano Stark a 15 personas que estaban detenidas en la cárcel de La Serena.

'El arribo del helicóptero en que viajaba el general Arellano junto a Pedro Espinoza, Armando Fernández Larios, Marcelo Moren Brito, Sergio Arredondo y el mayor Juan Chiminelli, relata la investigación de Nizkor, se produjo a principios de octubre de 1973. Rodríguez dice que Arellano se reunió con el comandante del regimiento Arica de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego y que '...había ordenado revisar inmediatamente los procesos de los que, a su juicio, eran los más pesados'. Se obedeció su orden. El fiscal militar, 'un mayor de Carabineros de apellido Cazanga', entregó los antecedentes a Arellano Stark. Este se reunió con el comandante Lapostol, sus ayudantes directos y los integrantes de la Caravana y determinaron traer desde la cárcel de La Serena a 15 presos políticos. 'Luego de eso fueron llevados al polígono de tiro de pistola, ubicado en el faldeo del cerro, a los pies de la sala de banda'. En ese lugar, Arellano Stark citó a todos los oficiales del regimiento, junto a los miembros de su comitiva. Estos últimos fueron 'quienes oficiaron como pelotón de fusilamiento, ejecutando a los 15 detenidos', asevera el ex oficial. 'Sin embargo, dice Rodríguez, Arellano Stark inmediatamente ordenó a los oficiales del regimiento concurrir al lado del ejecutado para descerrajarle un tiro de gracia si era necesario, ante lo cual así ocurrió'. Concluye nombrando a varios de los oficiales que debieron dar el tiro de gracia, entre ellos Juan Emilio Cheyre Espinoza'. 

El libro del periodista Jorge Escalante, 'La misión era matar. El juicio a la Caravana Pinochet-Arellano' (Editorial Lom, agosto de 2000), señala que 'Ariosto Lapostol condujo al general Arellano a la pequeña oficina en que cumplía su labor el fiscal militar, mayor de Carabineros Manuel Cazanga Pereira. (...) Se instalaron en la oficina del comandante con los antecedentes de los detenidos. Junto a ellos ingresaron el fiscal Cazanga, el ayudante del comandante Lapostol, teniente Juan Emilio Cheyre Espinosa, y el mayor Marcelo Moren Brito...'. 

Es decir, todos los nombrados elaboraron la lista de quienes serían posteriormente fusilados. Además, sostiene que: 'El general Arellano fue quien ordenó a los oficiales del regimiento para que dieran el tiro de gracia. Se supo que el capitán Mario Vargas fue muy mal tratado por el general Arellano Stark, porque se negó a dispararle al prisionero que le correspondía rematar. (...) Los oficiales que participaron en estos hechos son los siguientes: capitán Mario Vargas Maguiles, teniente Juan Emilio Cheyre, teniente Jaime Ojeda Torrent, subteniente Hernán Valdebenito Bugman, subteniente Mario Larenas Carmona, subteniente Guillermo Raby Arancibia, subteniente Julio Lafourcade Jiménez, mayor en retiro de apellido Délano, y el mayor de sanidad Guido Díaz Pacci...'. Y agrega: 'A su ayudante, el teniente Cheyre, el comandante Lapostol le ordenó que fuera al diario local El Día y avisara que en la primera página del día siguiente miércoles 17 de octubre debería ser publicado un bando que se entregaría para informar de la muerte de los 15 prisioneros 'por fusilamiento'. 

Escalante continúa sobre las denuncias contra Cheyre: 'Cuatro días antes de ser asesinado en la cancha de tiro del regimiento Arica, el 12 de octubre de 1973 un Consejo de Guerra dictó en La Serena en la causa rol 4-73, una sentencia de 20 años de presidio en contra del secretario regional de la CUT y militante del MAPU, Carlos Alcayaga Varela (…). El Consejo lo presidió el comandante Ariosto Lapostol, y lo integraron además el comandante Oscar Arriagada, el mayor Tomás Manríquez, el capitán Mario Vargas Maguiles, el teniente Cheyre, y los auditores Francisco Alvarez y Florencio Bonilla...'. 

Otra denuncia, publicada en El Siglo, da cuenta del testimonio de Eliana Rodríguez Dubó quien dice que fue detenida el 6 de octubre por el entonces teniente Cheyre, dos oficiales y varios soldados que allanaron su casa, la detuvieron y, luego, en el Regimiento Arica de La Serena la torturaron. Según su declaración (El Siglo No 1080), denuncia: '...Me violaron y aplicaron corriente en partes de mi cuerpo por casi un mes (…) Las personas que me torturaron eran las mismas que 'asaltaron y rompieron' mi casa y me detuvieron. Ellos integraban el grupo de tortura: Cheyre, Polanco, Ojeda y Pincetti Gac…'.

El comandante en jefe del Ejército en su defensa ha señalado que no se encontraba en La Serena en los días que ocurrieron los homicidios de los dos menores porque había viajado a pasar las fiestas a Iquique, y sobre las acusaciones de Rodríguez algunos especulan que se trataría de una maniobra del ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, condenado a cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos. Según esta versión el ex oficial Rodríguez sería un hombre de Corbalán.

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22 de Febrero 2003 Zonaimpacto.cl

Piden aclarar exhorto de general Cheyre por homicidio de Gloria Stockle

El 30 de enero de 1984, hace 19 años, fue encontrado en una de las riberas del río Copiapó, 800 kilómetros al norte de Santiago, el cuerpo golpeado y con muestras evidentes de violación de la estudiante Gloria Stockle Poblete.

Las investigaciones del crimen, patrocinadas por el abogado Eric Villegas y conducidas por tres ministros en Visita en el tiempo, Federico Pizarro, Gloria Collantes y Alvaro Carrasco, determinaron que existen serias presunciones que el hecho se produjo en el casino de oficiales durante una fiesta con la participación de invitados especiales y representantes de la sociedad copiapina, donde el entonces capitán Mario Martínez Villarroel, actual teniente coronel (r) y el teniente Sebastián Flores Cañas, ahora mayor en retiro, golpearon y violaron a la joven universitaria, presuntamente acompañados por el civil Ivo Lingua Latorre, entonces vicecónsul de Italia en Copiapó.

La causa, desde entonces, ha sido cerrada en varias ocasiones sin que la Justicia haya podido esclarecer los hechos.

Desde hace unos meses, sin embargo, se ha reactivado y se esperan importantes novedades para marzo o abril.

El abogado Erick Villegas, quien representa a la familia de la víctima, solicitó hace unos días por segunda vez declaraciones por exhorto al general Juan Emilio Cheyre para que confirme si se efectuó alguna investigación sobre el asesinato mientras era comandante del Regimiento N° 23 de Copiapó e Intendente de Atacama.

El primer exhorto fue respondido por el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Jorge Arancibia Clavel, en el que se señala que se hicieron algunas averiguaciones sobre la materia pero que fue una “indagación verbal”.

 “Nos parece inconsistente que se haya efectuado una indagación verbal en circunstancias que las características del crimen indican que estamos en presencia de un homicidio calificado con circunstancias que agravan la responsabilidad de los hechotes”, sostuvo Villegas, a quien le llama la atención que el Ejército, en la medida que sus oficiales eran citados a declarar, no haya ordenado en esa época una investigación formal de los hechos. El año pasado, Villegas pidió la encargatoria de reo del ex Intendente de Atacama, general Alejandro González Samohod, la que fue denegada por los tribunales. El militar en retiro era el comandante del regimiento cuando ocurrieron los dramáticos hechos


Someten a proceso a ex militares por muerte de joven estudiante en 1984

Tras 20 años de investigación, la Corte de Apelaciones de Copiapó decidió someter a proceso -el pasado martes- a tres presuntos implicados en la muerte y violación de la joven de 21 años Gloria Stockle Poblete, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en la ribera norte del río Copiapó el 30 de enero de 1984.

Se trata del entonces teniente Sebastián Flores Cañas, hoy retirado de la rama castrense, quien es sindicado como autor del delito de homicidio; el coronel (R) Mario Martínez Villarroel, quien en esa época era el capitán encargado del Casino de Oficiales de Copiapó (donde presuntamente se cometió el homicidio), y el comerciante Ivo Lingua Latorre.

Fuentes ligadas a la investigación indicaron que los tres presuntos autores del hecho podrían ser detenidos hoy, para ser puestos a disposición de la justicia.

Consultado por La Tercera, el Presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Alvaro Carrasco, indicó ayer al término de la ceremonia de celebración de los 260 años de fundación de la ciudad, que "en su oportunidad se sabrá esto. Los ministros están estudiando la causa".

El caso

Cerca del mediodía del 30 de enero de 1984, dos niños encontraron en la ribera norte del río Copiapó el cadáver semidesnudo de una mujer joven, sumergido boca abajo entre los matorrales.

El cuerpo presentaba claros signos de haber sido violentado, hecho que en la época impactó a la comunidad copiapina. En su pierna derecha aún tenía parte de su ropa. El resto estaba a unos tres metros, amontonada y desgarrada.

El reconocimiento del cuerpo no fue inmediato. Varios días después, las publicaciones que detallaban las prendas que usaba la joven alertaron a sus hermanos Jorge y Héctor,quienes al ver que su hermana no había llegado a dormir el fin de semana acudieron al cuartel de Investigaciones para reconocer las vestimentas.

Las primeras investigaciones apuntaron a varias hipótesis hasta dar con la última pista: Gloria Stockle junto a un grupo de sus amigas había estado en la noche del sábado en una fiesta en el casino de oficiales del Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó", después de lo cual su rastro desaparecía misteriosamente.

Las investigaciones de la policía comenzaron a circunscribirse en torno a los jóvenes oficiales, pero las indagaciones se vieron dificultadas. Según las declaraciones de las amigas de la joven asesinada, aparecían los nombres de Flores como autor de homicidio, y de Martínez y Lingua como posibles encubridores.

La estudiante habría sido sometida a supuestos castigos físicos por parte de Flores y que fue violentada sexualmente por varios individuos antes de caer por una escalera, lo que le provocó la muerte.

Los sujetos fueron sometidos a proceso por la Corte en 1992, pero luego de un recurso de queja presentado por el abogado Daniel Rojas a favor de los militares y el comerciante,el tribunal emitió una orden de no innovar.

A raíz de este antecedente, la causa fue sobreseída en 1996 y reabierta en 1997.

Datos clave - Muerte: El informe forense indica que el cuerpo tenía huellas de contusiones y traumatismo encéfalo craneano, con fractura en la base del cráneo, y hemorragia intracraneana.

Seis meses: Alcanzó a estar sobreseída la causa debido al recurso de queja presentado por la defensa de los militares retirados en 1996.

 24 de marzo de 2011
La Nación
Cinco años y un día de presidio efectivo para homicidas de Gloria Stockle
El 29 de enero de 1984, la joven universitaria fue asesinada al interior del Casino de Oficiales de Copiapó. Dos días después apareció en la ribera del río que cruza la ciudad. Tras 27 años dedicados al caso, el abogado querellante, Erick Villegas, logró que dos ex militares y un civil fueran condenados con la pena de presidio mayor en su grado mínimo.
Álvaro Carrasco, ministro en visita en el caso del homicidio en 1984 de la joven universitaria copiapina, Gloria Stockle, dio a conocer la sentencia definitiva en primera instancia que condena a cinco años y un día de presidio efectivo al ex capitán de Ejército, Mario Martínez Villarroel, al ex teniente de Ejército, Sebastián Flores Caña, y al civil, Ivo Lingua Latorre, como autores del crimen.
La información aparecida el miércoles en diario regional El Chañarcillo, fue entregada por el abogado querellante, Erick Villegas, quien tras 27 años de seguir el caso, logró que los acusados fueran condenados a dicha pena de presidio mayor en su grado mínimo, sin derecho a ningún beneficio en el cumplimiento alternativo de la sentencia.
Para llegar a dicha resolución, el ministro en visita consideró el factor modificatorio de responsabilidad criminal del atenuante de irreprochable conducta anterior.
Si bien la pena puede parecer baja en consideración de los graves hechos que rodearon la muerte de Gloria Stockle, para el abogado querellante es preciso tener en cuenta que “es una pena de prisión efectiva en la que no se tiene derecho a ningún beneficio de cumplimiento alternativo, además de destacar que este es un fallo tremendamente sólido que cuenta con 443 fojas en las que se resume con precisión lo que fueron 27 años de investigación y más de 10 tomos de allegados al proceso y que resuelve correctamente cada una de las situaciones que se plantearon respecto de la participación que a cada una de estas personas le correspondía como autores del homicidio de Gloria Stockle Poblete”.
Según la publicación, los tres condenados por homicidio deberán pagar a la familia de la víctima cien millones de pesos como indemnización. Ahora queda esperar que los tres sentenciados sean notificados personalmente de dicho fallo, para luego esperar el plazo de apelación, aunque debido a la solidez del fallo presentado por el ministro en visita, es posible que dicho proceso no prospere pudiendo comenzar el cumplimiento de la condena en los meses venideros.
EL HOMICIDIO
El crimen de Gloria Stockle Poblete sucedió entre el 29 y 30 de enero de 1984, en dependencias del Casino de Oficiales del Ejército en Copiapó. La joven de 21 años fue encontrada muerta en la ribera norte del río que cruza la ciudad, por policontusiones, traumatismo encéfalo craneano cerrado complicado, fractura base de cráneo, hemorragia introcraneana, homicidio con violación, según consignó el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal y el Protocolo de Autopsia.
En el proceso judicial instruido para investigar su muerte, y en el que se designó un ministro en visita, a través de declaraciones de testigos presenciales y otros medios probatorios, se estableció que esa noche se realizaba una fiesta privada a la que asistían alrededor de 45 personas, entre uniformados, civiles y mujeres jóvenes. Durante el encuentro, se produjo una discusión entre dos oficiales, un civil y Gloria Stockle, a la que golpearon, violaron y asesinaron. Su cuerpo fue sacado del lugar en un automóvil y lanzado al río Copiapó, donde fue encontrado dos días después, semisumergido y tapado con totoras.
Las mujeres asistentes a la fiesta fueron objeto de amedrentamientos y presiones para evitar que declararan ante los Tribunales; incluso, una de ellas fue víctima de un intento de atropello.
En 1998, el hecho volvió a ser noticia porque la Corte de Apelaciones de Copiapó decretó reabrir el sumario y acoger las diligencias solicitadas por la parte querellante. Sin embargo, el tribunal no dio a lugar a la encargatoria de reo presentada contra los presuntos autores, cómplices y encubridores.
En la época, el abogado querellante Erick Villegas indicó que “éste es un proceso en el que por mucho tiempo se intentó obstruir la acción de la justicia”. Recordó que se alcanzó a procesar como autores al capitán Mario Martínez Villarroel, al teniente Sebastián Flores Caña y al Ivo Lingua Latorre, quienes presentaron un recurso de queja rechazado por la Corte Suprema. Así, no se dio lugar a la encargatoria de reo de los dos oficiales y el civil Ivo Lingua en calidad de autores, y los procesamientos como presuntos encubridores al ex intendente de Copiapó, general (R) Alejandro González y a la civil Hilda Lopéz Candía.
El abogado Villegas continuaba su lucha solicitando la encargatoria de reo de un número importante de personas por obstrucción a la justicia, varios de ellos militares en retiro. En el mismo año, Villegas declaraba que la investigación estaba agotada pues ya se contaba con peritajes del OS-7 de Carabineros de Antofagasta y de Santiago, que determinaron el lugar del crimen, la forma en que éste fue cometido y las personas que habrían sido testigos presenciales del hecho.
En todos estos procesos pasaron largos años de intento de acallar el caso, sin embargo en octubre de 2002 los querellantes pudieron volver a poner el crimen en el interés de la opinión pública cuando se emitió un capítulo acerca del homicidio de Gloria Stockle, en el programa Enigma de TVN. Después de la transmisión, el proceso que investigaba la muerte se reabrió. El programa aportó declaraciones que no estaban incluidas en los diez tomos del expediente. Guillermo Muñoz, su conductor, fue llamado a declarar acerca de los hallazgos de la investigación periodística.
CASO EMBLEMATICO
De los 31 años que Erick Villegas lleva ejerciendo la abogacía, 27 los ha dedicado al caso Stockle. Esta fue una petición que recibió de Monseñor Fernando Ariztía, cuando era obispo de Copiapó. En ese entonces, el obispo respondió a la petición de la madre de Gloria, quien veía con desesperanza cómo el caso de su hija quedaba en la impunidad. Villegas decidió tomar el caso, cuando trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad y desde entonces luchó junto a los hermanos de la víctima por llegar a la verdad en el homicidio de la joven estudiante de la carrera de pedagogía.
FAMILIARES
Tras conocer la sentencia, la hermana menor de la víctima, Susana Stockle relató al Diario Chañarcillo que “no puedo decir que estoy feliz o satisfecha porque nada de lo que hagan nos devolverá ni a mi hermana ni los 27 años que llevamos luchando por saber la verdad sobre el horroroso final que estas personas le dieron. Sólo puedo pensar en que ahora me siento tranquila porque creo que se hizo justicia, podemos decir por fin estos son los asesinos de Gloria, porque entre todos mis hermanos siempre dijimos que llegaríamos hasta el final, incluso si quedaba sólo uno de nosotros”.


fallo Corte Apelaciones - Gloria Stockle - 2012

Fallo Corte Suprema - Gloria Stockle  - 2012

 


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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