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Carmelo Luis SORIA ESPINOZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de julio de 1976 fue muerto por agentes de la DINA el economista español y funcionario de las Naciones Unidas, Carmelo Luis SORIA ESPINOZA, militante del PS. El afectado fue detenido el día anterior.  Al día siguiente, el automóvil del afectado fue arrojado por algunos agentes dentro del canal El Carmen, en el sector de La Pirámide, con las llaves en el contacto, sus puertas cerradas, algunos vidrios quebrados, sin la radio ni los asientos del mismo, salvo el del conductor, y una botella de pisco para simular un accidente. En el mismo canal fue arrojado el cadáver del afectado, el cual fue hallado el día 17 a un kilómetro del lugar en que se encontró el auto.

La Comisión se formó la convicción de que Carmelo Soria fue ejecutado por agentes estatales, en violación de sus derechos humanos.

(Comision Rettig)

 Leer relato del crimen


El Pais

Miercoles 1 de Mayo 2002

Exhumados por orden judicial en Chile los restos del español Carmelo Soria

Los restos del diplomático español Carmelo Soria, asesinado por la policía política chilena durante la dictadura de Augusto Pinochet, fueron exhumados ayer para verificar su identidad. La exhumación fue realizada por orden del juez Andrés Contreras, del 23º Juzgado del Crimen de Santiago, quien acogió una solicitud de la familia.
A la exhumación, llevada a cabo en el Cementerio General de la capital chilena, asistieron Carmen, Laura y Luis, los tres hijos de quien fuera funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dependiente de la ONU. El abogado de la familia, Alfonso Insunza, explicó que los restos fueron enviados al Servicio Médico Legal para su identificación mediante exámenes de ADN, que pueden tardar de uno a dos meses.
Hace dos semanas, Carmen Soria e Insunza presentaron una querella ante el juez Contreras por el delito de "presunta inhumación ilegal". Sospechan que en 1983, durante el traslado en un ataúd sellado dentro del mismo cementerio, los restos de la víctima fueron sustraidos. Los propietarios del mausoleo donde estaba sepultado Soria habían recibido previamente amenazas y presiones.
El abogado explicó que en 1994, cuando Carmen Soria presentó una querella por el asesinato de su padre, recibió amenazas telefónicas anónimas, en una de las cuales le dijeron que "no sacaría nada con investigar las causas de la muerte, pues sus restos no estaban en el cementerio". En otros casos, agentes de la policía política pinochetista (DINA) sacaron los restos de las víctimas de los lugares donde estaban enterrrados para eliminarlos
 


El Mostrador

Sabado 27 de Julio  2002

SML identificó y entregó restos de Carmelo Soria

El Servicio Médico Legal (SML) identificó positivamente los restos del funcionario internacional español Carmelo Soria, asesinado en 1976 por agentes de la DINA, tras realizar exámenes de ADN en peritajes solicitados por sus familiares el mes de abril pasado.

La diligencia de identificación fue ordenada por el 23° Juzgado del Crimen de Santiago, luego que el abogado Alfonso Insulza, en representación de los parientes del diplomático, presentó una querella ante el titular de ese tribunal por el presunto delito de inhumación ilegal.

Luego de confirmada definitivamente la identidad se realizó una breve ceremonia realizada en el Crematorio del Cementerio General.

Amenazas y traslado

La petición de la familia se fundó en las sospechas en torno a que los restos de Soria después que fueron trasladados en 1983 en una urna sellada, debido a que el dueño del mausoleo en que permanecieron desde 1976 recibió amenazas.

Carmen Soria, hija de la víctima, quien presentó una nueva querella, en 1994 por el asesinato de su progenitor, recibió también una serie de amenazas, entre las cuales se contaron llamadas telefónicas en las que le decían que "no sacaría nada con investigar las causas de la muerte pues sus restos no existían".

Carmelo Soria, que residía en Chile desde el término de la guerra civil española, fue secuestrado por agentes de la brigada Mulchén de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el 14 de julio de 1976 y su cadáver fue encontrado dos días después en un canal de Santiago, con señales de tortura


La Nacion

21 de Enero 2004

Caso Soria: nubarrones sobre Alvear

La canciller Soledad Alvear podría enfrentar un complejo panorama internacional, si el gobierno mantiene en las próximas semanas el incumplimiento del acuerdo que la ministra firmó hace un año ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), para satisfacer requerimientos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA hizo al Estado de Chile por el crimen del diplomático español Carmelo Soria a manos de la DINA en 1976.

Si el Ejecutivo no envía en los próximos días al Parlamento el prometido proyecto de ley para reparar a la familia Soria en 1,5 millón de dólares, monto acordado y firmado por la canciller en marzo pasado ante el representante en Santiago del secretario general de la ONU, Kofi Annan, la ministra Alvear enfrentaría la citación de la CIDH para fines de febrero, y la apertura de un juicio civil en el cual tendría que reconocer su firma del acuerdo. Estas dos medidas de presión fueron anunciadas ayer por la hija del diplomático Carmen Soria y su abogado Alfonso Insunza.

Carmen Soria dijo que ya hicieron una denuncia ante la CIDH por el incumplimiento del acuerdo, e Insunza afirmó que si a fines de febrero cuando la CIDH debería citar a las partes para que comparezcan en Washington, el gobierno aún no ha enviado el proyecto al Congreso, plantearán judicialmente el asunto ante un tribunal civil. La canciller Alvear se encontraba ayer en Nueva York presidiendo una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Críticas a Insulza

A su vez, Carmen Soria lanzó una dura crítica al ministro del Interior y candidato a la secretaría general de la OEA, José Miguel Insulza, con quien, dijo, sostuvo varias conversaciones el año pasado prometiéndole éste en un comienzo que el referido proyecto sería enviado al Parlamento, pero que después “me dijo que no había piso político para que fuera aprobado”.

La hija del diplomático sostuvo que “ahora el ministro Insulza se desligó de todo y devolvió el asunto a la Cancillería, donde también hemos encontrado tramitaciones”.

Ante ello el ministro del Interior respondió ayer que “hay un acuerdo tomado y los acuerdos están firmados, así es que para que la voy a recibir”. Respecto del no envío aún al Congreso del proyecto de ley para concretar la indemnización a la familia Soria, Insulza expresó “el momento y la forma de hacerlo es algo que no me corresponde a mi determinar, y el resto es pura especulación”.

El ministro explicó que el “conducto regular” de todo lo que se envía al Parlamento desde el gobierno es el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y en este caso, además, la Cancillería.

Carmen Soria dijo también que desde el año pasado está pidiendo por este retardo una audiencia con el Presidente Ricardo Lagos “pero todavía no me recibe, aunque hemos vuelto a pedir audiencia este año”. Igualmente manifestó que pidió audiencia con el ministro Secretario General de la Presidencia, Francisco Huenchumilla “pero tampoco nos ha recibido”.

Sobre la concreción de estas audiencias el vocero del gobierno Francisco Vidal, dijo que se preocupará de que “eso ocurra”.

Intinerario

En 1996 la Corte Suprema sobreseyó definitivamente el proceso y amnistió el caso Soria. En 1997 Carmen Soria denunció al Estado de Chile ante la CIDH por “denegación de justicia”. La CIDH acogió la demanda y recomendó a Chile diligencias para reabrir el proceso, entre ellas, realizar lo que corresponda para indemnizar económicamente a la familia Soria.

En enero de 2004 la ministra Alvear firmó además, junto a Carmen Soria, la “propuesta” del cumplimiento de la reparación monetaria, que ella firmó luego en marzo de 2004 ante la ONU.


El Mostrador

30 de Noviembre 2005

Juez exculpa a subjefe de tropas en Haití de crimen de Carmelo Soria

El ministro en visita Alejandro Madrid exculpó al general de Ejército Eduardo Aldunate Herman del crimen del diplomático chileno-español Carmelo Soria, según reveló el propio uniformado tras declarar en forma voluntaria ante el magistrado el pasado lunes.

Aldunate Herman, actual segundo hombre de las fuerzas multinacionales de paz en Haití, aseguró que tras la comparecencia, el juez le entregó un documento que da cuenta que no tiene ninguna vinculación con las violaciones a los derechos humanos que investiga.

“El señor magistrado me entregó, previa solicitud mía, un documento mediante el cual expresa que yo no estoy ni procesado, ni inculpado ni tengo ninguna vinculación con la causa que él investiga, que es el del caso Berríos y otros”, afirmó el oficial en entrevista con el diario El Mercurio.

El oficial agregó que le entregó una copia del texto al ministro de Defensa, Jaime Ravinet, y que este miércoles hará lo propio ante las autoridades de Naciones Unidas en Puerto Príncipe. “Con esto, creo, estaría cerrando públicamente este incómodo capítulo”, aseveró.

El general había sido vinculado por el suboficial (R) de Ejército Carlos Labarca Sanhueza con la Brigada Mulchén de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), responsable de la muerte del funcionario de la Comisión Económica para el Caribe y América Latina (Cepal).

Fuentes judiciales indicaron a El Mostrador.cl que en los últimos días el ex uniformado se había retractado de sus acusaciones ante el magistrado, y que por lo mismo Aldunate Herman declaró en forma voluntaria en el marco de la investigación.

La denuncia de Labarca Sanhueza había motivado a la familia Soria y diversos organismos de derechos humanos a pedir la salida del general de su cargo en Haití. Si bien el Gobierno negó que el oficial estuviera involucrado en violaciones a los derechos humanos, admitió que tuvo un breve paso por la ex Central Nacional de Informaciones (CNI) en funciones no operativas.

En la entrevista con el matutino, el general explicó que decidió declarar ante los tribunales porque “la gravedad de la acusación, ampliamente difundida por la prensa hacía aconsejable que no fuese mi palabra, sino los tribunales de justicia los que ratificaran la verdad".

Explicó que en el interrogatorio ante el juez Madrid, que se extendió por tres horas, comenzó con una “extensa revisión de mi vida militar”, y que posteriormente le había informado sobre la retratación de Labarca Sanhueza.

El vicecomandante de las fuerzas en Haití aseguró que “lo sucedido fue una situación ingrata en lo personal y familiar, inmerecida”, y que “quizás, llegué a sentir parte de la pena de muchos militares que han vivido situaciones parecidas".

Asimismo, dijo que no guardaba rencor con Carmen Soria, la hija del fallecido ex diplomático, aunque lamentó que no se hayan usado los canales correspondientes para haber aclarado previamente su situación.

“Entiendo perfectamente y comprendo el espíritu de justicia de parte de la familia de Carmelo Soria. Lo dije desde un primer minuto. Creo que el dolor que ellos han sufrido debe ser tremendo, y más aún, si yo estuviese ante una situación parecida probablemente habría usado todos los medios. Pero lamento que en este caso no se hayan usado los canales correspondientes”, sostuvo.

Aldunate Herman, que fue confirmado como el representante de la misión chilena en Haití para el próximo año, también descartó haber estado involucrado en otros abusos cometidos durante el régimen militar. “No he participado en hecho ilícito alguno y si así hubiese sido, no le quepa la menor duda de que habría respondido por ello", puntualizó.

El interrogatorio de Aldunate Herman había sido solicitado en octubre pasado por la familia de Soria, a fin de conseguir la reapertura del proceso del judicial, luego que en 2004 la Corte Suprema ratificara bajo el argumento de la “cosa juzgada” la amnistía aplicada en 1996.

El funcionario diplomático, que residía en Chile desde el final de la guerra civil española (1936-1939), fue secuestrado por efectivos de la DINA el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA recomendó a las autoridades chilenas sancionar a los culpables del asesinato, cumplir con el Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas y dejar sin efecto la ley de Amnistía.

Adicionalmente, en virtud de un acuerdo ante la ONU, Chile se comprometió indemnizar con US$ de 1,5 millones a la familia.


El Mostrador

21 de Agosto 2006  

Townley afirmó haber visto a Carmelo Soria secuestrado en casa de Lo Curro

Una de las principales revelaciones que obtuvo el ministro en visita Alejandro Madrid en el interrogatorio al que sometió al ex agente de la disuelta DINA Michael Townley, en Washington durante julio pasado, es la confirmación del primer testigo presencial que afirma que el ex diplomático español Carmelo Soria estuvo secuestrado en una casa ubicada en Vía Naranja, en Lo Curro, donde se instaló el primer laboratorio químico del organismo represivo de la dictadura militar.

Así lo afirmaron fuentes allegadas a las causas que tramita el magistrado, precisando que si bien ésta no es la primera vez que el "Gringo" da cuenta de que ex integrantes de la unidad Quetropillán de la DINA tuvieron participación directa en el asesinato del entonces funcionario de la Cepal en Chile, sí es el primer testimonio directo que se estampa en el proceso judicial.

Si bien la investigación por el secuestro y homicidio del ciudadano español fue cerrada en 1996, por la aplicación de la Ley de Amnistía, Madrid actualmente tramita un cuaderno por los posibles delitos de asociación ilícita para obstruir a la justicia en dicho proceso.

Por ello, la declaración de Townley se convertirá en una pieza fundamental para que el juez pueda adoptar resoluciones de fondo en esta arista, como posibles procesamientos.

Transcripción aún no se adjunta a causa

Pese al tiempo transcurrido, la transcripción de dicho interrogatorio, efectuado personalmente por Madrid en Estados Unidos, aún no es remitida por las autoridades de justicia de ese país, por lo cual, tanto querellantes como el mismo magistrado, se encuentran realizando gestiones para acelerar dicho envío.

Soria residió en Chile desde el final de la guerra civil española (1936-1939), y según ha sostenido su familia fue secuestrado por efectivos de la DINA el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago.

Tras un largo y accidentado trámite en los tribunales, el proceso por el crimen fue archivado y fueron denegadas sucesivas demandas de reapertura, por lo que la familia llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este organismo recomendó a las autoridades chilenas sancionar a los culpables del asesinato, cumplir con el Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas y dejar sin efecto la ley de Amnistía. Adicionalmente, en virtud de un acuerdo ante la ONU, Chile se comprometió indemnizar con US$ de 1,5 millones a la familia.


La Nación

 

21 de Agosto 2006
 

El último secreto del crimen de Soria abre la puerta para condenar a brigadier (R) Lepe
 

Luego de casi 13 años, el secreto mejor guardado del proceso por el homicidio del diplomático español Carmelo Soria ocurrido el 14 de julio de 1976- llegó a su fin. Y el principal articulador de la verdad es el ministro en visita Alejandro Madrid, quien sustancia la causa por el secuestro y homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos.
El magistrado, junto al detective Nelson Jofré, establecieron que el principal testigo confeso de haber participado en el crimen de Soria, el suboficial mayor (R) José Remigio Ríos San Martín, fue seguido y detenido en 1993 por agentes del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) para que modificara la declaración que había prestado ante Investigaciones. Pero no es todo. Madrid aclaró que la orden provino del entonces secretario general del Ejército,
brigadier (R) Jaime Lepe, quien precisamente era el imputado activo con mayor preponderancia en el caso. Este último fue vetado para ascender a general por el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1997, tras las protestas de Carmen Soria, hija del asesinado diplomático español.
Pero Lepe participó además en una reunión secreta junto al comandante (R) Patricio Quilhot, otro de los imputados de este proceso. En el encuentro, realizado en el restaurante “La casa vieja” de calle Chile-España Nº 249 se tejió toda la conspiración en contra de Ríos San Martín y la acción de la justicia, cuyos detalles los entregó el propio equipo operativo del BIE encargado de montar el anillo de seguridad para el encuentro.
Debido a estos hechos, que en su momento no fueron conocidos por la justicia, ni menos por el Estado español que vanamente intentó que se juzgara a los implicados, la Corte Suprema aplicó la ley de amnistía y los responsables quedaron sin castigo, al menos hasta ahora.
La búsqueda
La operación se realizó porque la inteligencia militar de la época sabía que Ríos San Martín estaba colaborando con la ministra en visita a cargo del caso, Violeta Guzmán, y que entre los antecedentes que había entregado en su confesión a los detectives no sólo mencionaba a Lepe, sino también a otros ex DINA.
Este hecho preocupó no sólo al entonces brigadier, sino también a Pinochet, ya que el primero era muy cercano al ex dictador y uno de sus preferidos en la institución.
Las declaraciones de los agentes que destaparon este hecho histórico se encuentran en el tomo XVI del proceso sustanciado por Madrid.
Uno de los primeros en confesar esta historia fue el ex jefe de la Unidad de Contraespionaje del BIE, el mayor (R) Patricio Belmar Hoyos.
“Estando de jefe del BIE el comandante Fernán González, recibí una orden para ubicar a José Ríos San Martín que estaba involucrado en el homicidio de Carmelo Soria y al cabo de algunos días, con mi gente, entre ellos “el Gitano”, el suboficial Roa Vera, lo ubicamos en un sector de Santiago y procedí a dar cuenta de su domicilio”, dijo Belmar Hoyos en una se sus declaraciones policiales a fojas 5.981 del expediente.
La información, sin embargo, no fue entregada directamente a Fernán González, sino a la comandancia en Jefe del Ejército, puntualmente al brigadier Lepe.
“Recuerdo haber concurrido a la comandancia en Jefe a hablar con el comandante Jaime Lepe Orellana que me dio las instrucciones para ubicar a San Martín.
Después me correspondió ubicarlo en distintas oportunidades. En una de ellas para comunicarle que Jaime Lepe y el comandante que ya se había retirado, Patricio Quilhot, querían conversar con él”, sigue el relato judicial.
Varios fueron los encuentros entre Ríos San Martín, Quilhot y Lepe, pero hubo uno más importante que los anteriores.
“En una oportunidad se concretó una reunión entre Lepe y San Martín en el restaurante “La Casa Vieja”, donde me correspondió junto a mi personal dar protección con un anillo de seguridad, donde me enteré que Lepe le ofreció una camioneta que se le entregó después”, declaró Belmar Hoyos.
El hombre invisible
Otra confirmación la entregó el suboficial (R) Manuel Carreño Arriaza, quien relató cómo la operación tuvo un error que la develó. “... Se me dio instrucciones de realizar un seguimiento a esta persona por varios días y por 24 horas, pero en una oportunidad Ríos San Martín se percató que era seguido
por nosotros y enfrentó a uno de mi grupo, al cabo Cornejo, a quien lo increpó”, dijo a la policía.
Ríos San Martín era comando, paracaidista, perteneció a la brigada Mulchén de la DINA, autora del crimen de Soria y, de acuerdo al testimonio del ex agente del servicio secreto, suboficial mayor (R) Luis Herrera Mansilla, cambió abruptamente de personalidad.
“Después que pasó a retiro, como tenía mujer y conviviente, ellas le quitaron todo el desahucio con el que pretendía comprarse un taxi, pero quedó sin ningún peso e hizo una especie de voto de pobreza, prácticamente no comía, vivía en lugares marginales y frecuentaba la capilla de Las Ánimas y librerías de calle San Diego”.
Para los agentes fue muy difícil seguir a Ríos San Martín. Así se ve reflejado en el testimonio del mayor (R) Juan Vladilo Villalobos que también participó en la operación.
“Este seguimiento era una situación bastante rara, ya que Ríos San Martín supo de inmediato lo que sucedía. Se metía a calles sin salida y desaparecía, se subía y bajaba de las micros y circulaba por distintos sectores de la ciudad”, dijo.
Crimen emblemático
El crimen de Carmelo Soria es uno de los casos emblemáticos de las violaciones de los derechos humanos y la declaración que Ríos San Martín prestó ante la policía en 1993 fue clave para tratar de establecer judicialmente los hechos.
El ex DINA testimonió que los miembros de la brigada Mulchén estaban dirigidos por el entonces capitán Guillermo Salinas Torre. Este último ordenó a los oficiales del Ejército Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbé, Juan Delmás Ramírez y el suboficial Pedro Aqueveque que se disfrazaran de carabineros para interceptar el auto Volkswagen en el que viajaba Soria la tarde del 14 de julio de 1976.
La DINA sospechaba que Soria pertenecía al Partido Comunista (PC). De ahí la decisión de detenerlo. Una vez en la casa de Vía Naranja en el sector de Lo Curro (la misma de Townley), fue torturado y, como nunca entregó información, le aplicaron gas Sarín. Luego, lo “destestuzaron”, dijo Ríos San Martín,
haciendo palanca contra un escaño por medio de la torsión de la cerviz.
De esta manera el testimonio entregado por el ex agente de la DINA, Michael Townley en Estados Unidos a fines de 1992 quedó confirmado con una segunda declaración. Entonces fue que se desató la máquina de la justicia militar y la inteligencia del Ejército para encubrir los hechos, porque además de los seguimientos y la reunión relatada arriba, Ríos San Martín también fue llevado
a la justicia militar.
En noviembre de 1993 la Segunda Fiscalía Militar, a cargo de Sergio Cea Cienfuegos, trabó una contienda de competencia, siendo esta resuelta el 16 del mismo mes por la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema a favor de la justicia castrense. Dos días más tarde, el mismo Cea decretó la prohibición de no informar a los medios de comunicación.
El gobierno de la época tenía pleno conocimiento de la declaración de Ríos San Martín y Carmen Soria, hija del diplomático español, presionaba junto a la Embajada de España para que la causa quedara en la justicia civil y se nombrara un ministro instructor de la Corte Suprema.
El contexto se complicaba, pero el desaparecido diario “La Época”, en su edición del 22 de noviembre de 1993, rompió la prohibición y publicó, aunque sin nombre, los antecedentes entregados por Ríos San Martín. La fiscalía militar requisó una serie de ejemplares para evitar su difusión.
El tema se zanjó el 3 de diciembre de 1993, cuando el máximo tribunal desechó nombrar a un magistrado especial para el caso en una estrecha votación de siete votos contra seis. El 6 del mismo el juez militar de Santiago, Hernán Ramírez, aplicó la amnistía. El 10, la Corte Suprema revirtió todo y nombró al ministro marcos Libedinsky para llevar el caso. El 30 de diciembre, sin embargo, el magistrado nuevamente amnistió el caso.
Sigue la batalla
Pero la pelea no quedó allí, porque el 7 de abril de 1994 el proceso fue reabierto por la Primera Sala de la Corte Suprema y se decretaron cinco diligencias: careos, declaración del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, exhorto al ultraderechista cubano Virgilio Paz, reconstitución de escena y, la más importante, un informe siquiátrico a Ríos San Martín. En esta última pesquisa estaba la mano del BIE y la principal estrategia castrense:
inhabilitar al testigo clave.
Días más tarde, el abogado querellante de la familia Soria, Alfonso Insunza, presentó a Libedinsky una recusación amistosa, la que éste último aceptó. La Suprema quedó entonces en posición de nombrar a un nuevo magistrado. Y así fue: la responsabilidad recayó en Eleodoro Ortiz, recientemente fallecido.
La investigación de Ortiz se extendió hasta mayo de 1995. El 25 de ese mes la sala penal de la Suprema sometió a proceso al mayor (R) Guillermo Salinas y a Ríos San Martín. Uno de los votos disidentes fue del ministro Roberto Dávila, otrora auditor del Ejército y sin carrera en el Poder Judicial, quien señaló en su voto que no había elementos de ninguna especie para encausarlos.
Paralelamente, la inteligencia militar de la época seguía hostigando a los oficiales de Investigaciones que llevaban éste y otros casos de violaciones de los derechos humanos.
Un hecho relatado por el detective Nelson Jofré Cabello en una orden de investigar contenida a fojas 6.003 es elocuente: “El 8 de septiembre de 1995, oportunidad en que oficiales policiales de la Brigada de Homicidios trasladaban a una testigo relevante para el caso Berríos, se percataron que eran seguidos por el agente del BIE, dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Víctor Rojas Zúñiga, quien conducía un vehículo marca Peugeot 605 de propiedad de la institución castrense, de cargo
del director de la DINE, general Eugenio Covarrubias, el que resultó involucrado en una triple colisión en la esquina de Alameda con avenida España, tomando el procedimiento Carabineros y agentes del BIE que rodearon el
lugar, logrando los detectives trasladar a la testigo a pie hasta el Sexto Juzgado del Crimen, donde declaró”, declaró el policía.
Pese a estos hechos, el 5 de junio de 1996 Ortiz volvió a aplicar la amnistía.
El 24 de agosto, como era de esperarse, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la decisión. La batalla de los Soria estaba perdida, al menos en Chile.
Lo que siguió
La decisión judicial provocó una acusación constitucional contra los ministros de la Suprema que resolvieron el fallo de la amnistía, una demanda contra el Estado de la familia Soria por 2 mil 700 millones de pesos y el compromiso del gobierno de Eduardo Frei, secundado por España, para entregar una reparación a la familia del diplomático español.
Lepe siguió en el Ejército como secretario general, pero ya había cumplido el tiempo de brigadier y debía ser ascendido a general. Así el 5 de noviembre de 1997, Frei vetó el ascenso de Lepe. Así se creó un nuevo criterio para los ascensos: “las situaciones públicas y notorias que involucren a la persona de índole tal como para afectar negativamente su imagen ante el país o ante
sectores importantes de la ciudadanía”.
Lepe anunció querellas contra los medios junto a su abogado Jorge Balmaceda.
Este último además envió una carta al diario “La Época”, donde aseguró que el otrora testigo clave del caso Soria, el suboficial (R) Ríos San Martín, modificó su declaración policial ante el ministro Eleodoro Ortiz, durante la reconstitución de escena. Éste, nunca reconoció a Lepe. Además un informe del Servicio Médico Legal establecía que tenía “una personalidad anormal”.
“Que en relación a mis declaraciones de fojas 737 y siguientes, ellas nos las ratifico en su totalidad, por cuanto estimo que fui influenciado por personal de Investigaciones a través de orientaciones”, declaró el propio Ríos San Martín, eso sí, después de las reuniones con Lepe.
Balmaceda llegó al paroxismo en su escrito ante el desaparecido matutino, cuando señaló que “para los abogados no puede pasar inadvertido y que refleja la totalidad tranquilidad del brigadier Lepe en su no participación en los hechos... ya que habiendo sido investigados por cinco jueces ... ninguno de ellos lo acusó... en consecuencia es absolutamente falso que existan pruebas que lo inculpen en cualquier otra calidad procesal en el homicidio de Carmelo Soria”.
En 1997 aún existía el delito de obstrucción a la justicia y la lógica de cualquier juez investigador habría colegido que la conducta de Lepe y los agentes del BIE algo buscaban esconder.
Quizás Balmaceda no supo de la reunión ni de los seguimientos, pero el secreto que Lepe guardó por tantos años, indica que su participación en la muerte de Carmelo Soria fue tan importante como la cantidad de medios que usó para encubrirla.


La Nación

10 de Agosto 2007

El Senado aprueba indemnización a familia del asesinado Carmelo Soria

En virtud del acuerdo con la ONU, el Estado efectuará un pago ex gratia, único y definitivo, por concepto de reparación, de un millón 500 mil dólares en beneficio de los familiares de Carmelo Soria Espinoza.

Luego de una controversia sobre el reglamento del Senado, esta cámara puso término a la tramitación del proyecto que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de Chile y Naciones Unidas que otorga una indemnización de un millón 500 mil dólares a la familia del asesinado diplomático hispano adscrito a la ONU Carmelo Soria. En la jornada de ayer se repitió la votación luego de que el martes se produjo un empate a l7 votos, más una abstención. Ayer hubo l6 votos a favor, catorce en contra y tres pareos.

No obstante, el secretario del Senado, Carlos Hoffman, recomendó al presidente de la corporación, Eduardo Frei, que el proyecto fuera a la Comisión de Hacienda, ya que el informe que había sido aprobado sólo por RREE y el acuerdo irrogaba gastos. Esto produjo un fuerte debate en el pleno, por lo cual el jefe de la bancada de senadores del PS, Pedro Muñoz, solicito una reunión de comités parlamentarios. Luego se reunió la Comisión de Hacienda y en menos de diez minutos aprobó el acuerdo con tres votos a favor y dos en contra. Esto fue ratificado por el plenario por la misma votación inicial: es decir, 16 votos a favor, catorce en contra y 3 pareos.

A favor de la iniciativa se unieron esta vez el independiente ex pepedeísta Fernando Flores y el DC Jorge Pizarro, que el martes no había votado. Los pareos corrieron por parte de los senadores Alberto Espina (RN) con Guillermo Vásquez (PRSD), Antonio Horvath (RN) con Guido Girardi (PPD) y Carlos Bianchi

(independiente) con Roberto Muñoz Barra (PPD). Además, no votaron los senadores Víctor Pérez (UDI) y Adolfo Zaldívar (DC), que están en Marruecos en visita oficial.

En virtud del acuerdo con la ONU, el Estado efectuará un pago ex gratia, único y definitivo, por concepto de reparación, de un millón 500 mil dólares en beneficio de los familiares de Carmelo Soria Espinoza, de nacionalidad española, con rango diplomático, funcionario de la ONU asesinado en Chile por agentes de la DINA en 1976.

El ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, afirmó que se había aprobado algo “de justicia, que es el acuerdo de indemnización para la familia de Carmelo Soria por el asesinato del que fue víctima en la época militar”.

Sobre la crítica de algunos senadores, de derecha, aunque también de la Concertación, en el sentido de que la indemnización por Soria no tiene relación con las de otras víctimas de violaciones de los derechos humanos, Viera-Gallo señaló que es un trato diferente, porque Carmelo Soria era funcionario de Naciones Unidas. “Por tanto cuando se producen estos crímenes con funcionarios internacionales, el país o el gobierno del país en que ocurren tiene que responder”. El acuerdo con la ONU fue acuerdo suscrito el 19 de junio de 2003 y el 22 de marzo de 2005 fue aprobado en la Cámara de Diputados. Desde entonces estaba en tramitación en el Senado.

El convenio también incluye que el Gobierno chileno reconozca en una declaración pública la responsabilidad del Estado por la acción de sus agentes y ordene levantar un monumento en memoria de la víctima en un lugar designado por su familia.

Anteayer la hija de Soria, Carmen, hizo duras críticas a los senadores que habían votado en contra y reclamó la anulación de la ley de amnistía.


Europa Press

23 de Noviembre 2007

Justicia chilena acogió exhorto del juez Garzón en la investigación del asesinato de Carmelo Soria

El Tribunal Supremo chileno decidió acoger un exhorto enviado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el marco de la investigación del asesinato del ciudadano español Carmelo Soria, ex funcionario de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), según confirmaron hoy fuentes judiciales en Santiago.

Soria fue ejecutado por miembros de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), órgano represivo de la dictadura de Augusto Pinochet, el 14 de julio de 1976. El crimen permanece sin culpables debido a la Ley de Amnistía dictada en 1978 durante el régimen de facto, que impidió esclarecer los crímenes cometidos a contar del 11 de septiembre de 1973.

El exhorto enviado a Chile por el magistrado español pide que Chile entregue antecedentes de 15 ex ministros de Estado y ex agentes represivos de la dictadura, a quienes Garzón busca procesar por 'genocidio, terrorismo y torturas'.

Tras este fallo, la justicia chilena deberá informar a Garzón sobre la situación procesal de las personas requeridas. El cadáver de Carmelo Soria, quien fue secuestrado y torturado antes de ser asesinado, fue abandonado dentro de su automóvil, el que fue arrojado en un canal de regadío al norte de Santiago, en un intento de la DINA por simular un accidente.

El pasado 8 de noviembre, en el marco de las ceremonias de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizó en Santiago, el presidente del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, y su par chilena, Michelle Bachelet, concurrieron a la Cepal para descubrir una placa en memoria de Soria.

'A mi padre le fracturaron casi todas las costillas, tiene fracturadas manos, pies y finalmente lo matan jalando su cabeza, que la ponen entremedio de dos peldaños de una escalera y la jalan', ha dicho reiteradamente a la prensa la hija del diplomático, Carmen Soria.

En agosto de 2007, el Senado chileno autorizó el pago de poco menos de 1 millón 100 mil euros como indemnización del Estado a la familia de Carmelo Soria por el crimen.

La hija del diplomático dio una dura y extensa batalla porque el Estado chileno reconociera la condición de funcionario internacional de su padre y que el crimen lo habían cometido agentes del gobierno militar y sólo logró la indemnización tras denunciar a Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


La Nación

Domingo 27 de julio de 2008    

La conspiración del caso Soria

El ministro Alejandro Madrid investiga una trama para falsear pruebas y testimonios que fueron decisivos en el cierre del caso, en 1996. Ahora debe decidir si encausa al ex fiscal militar Sergio Cea y algunos de sus ayudantes, así como al ex secretario de Pinochet, brigadier (R) Jaime Lepe.

La investigación del crimen del diplomático chileno-español Carmelo Soria, amnistiada en 1996, podría revivir en manos del ministro Alejandro Madrid. Si bien el proceso abierto por su homicidio cometido por la DINA en 1976 fue cerrado por la justicia militar y la Corte Suprema, que le aplicó la ley de amnistía y el principio de la "cosa juzgada", el caso podría reactivarse desde otro ámbito judicial.

Se trata de una operación concertada, a partir de 1993, entre la inteligencia del Ejército de la época y la justicia militar, orientada a provocar una serie de acciones para entrabar la investigación, presionar al principal testigo y generar declaraciones procesales que, según estableció ahora el juez Madrid, fueron inducidas bajo amenaza y prebendas, e incluso configurarían el delito de falsificación de instrumento público.

Por ello el magistrado tendrá que pronunciarse acerca del eventual procesamiento del ex fiscal militar Sergio Cea Cienfuegos y algunos de sus colaboradores en la fiscalía militar en la época de 1993-1994, y de los coautores del crimen que libraron sin condena gracias a la amnistía, como el brigadier (R) Jaime Lepe Orellana, y el teniente coronel (R) Patricio Quilhot Palma. Los encausamientos le serán solicitados a Madrid en los próximos días por la parte querellante, y se espera que el juez resuelva positivamente algunos de ellos.

No obstante, el gran obstáculo para que a partir de este nuevo escenario se pueda reabrir la investigación judicial respecto del homicidio de Carmelo Soria, cometido por agentes de la Brigada Mulchén de la DINA el 14 de julio de 1976, es la "cosa juzgada". Esta última se genera como resultado de la sentencia de última instancia con la que la Sala Penal de la Corte Suprema amnistió definitivamente la causa el 24 de agosto de 1996.

La trama que sirve de fundamento a la investigación del ministro Madrid está llena de oscuridad. Un integrante hasta ahora desconocido de la Brigada Mulchén, Jorge Hernán Vial Collao, negó ante el magistrado una serie de antecedentes que, según la justicia militar, habría declarado cuando la investigación estuvo a cargo de esta judicatura castrense, a comienzos de la década de los noventa.

Estos hechos tienen relación con el descargo de culpas en las acciones criminales de la citada brigada, sobre todo respecto del asesinato de Carmelo Soria, y forman parte de la operación de "limpieza" que se realizó a favor de algunos agentes, especialmente del brigadier Jaime Lepe, por esos años secretario del dictador Augusto Pinochet.

Por ello, la parte querellante sostiene que en las contradicciones se constituiría el delito de "falsificación de instrumento público" por parte de las autoridades judiciales militares de entonces.

Pero la historia es más amplia. El principal testigo del crimen de Soria, el ex agente y suboficial (R) de las fuerzas de elite José Ríos San Martín, reconoció ante el juez Madrid que en 1993, mientras la investigación todavía estaba abierta, agentes de la inteligencia del Ejército lo presionaron, hasta amenazarlo de muerte, si no se desdecía del reconocimiento que había hecho ante la ministra Violeta Guzmán, entonces a cargo de la indagatoria.

Ríos San Martín fue el único de los autores del homicidio que, a comienzos de la década pasada, admitió que éste había sido cometido por la Brigada Mulchén.

Las presiones, lideradas por Lepe desde la Comandancia en Jefe del Ejército y coordinadas entre él y el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), órgano operativo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), tuvieron un "final feliz" en agosto de 1993.

Una noche de aquel mes, Lepe y Quilhot "invitaron" a comer a Ríos San Martín al restaurante Casas Viejas, en la calle Chile-España, Ñuñoa. El perímetro externo del local fue custodiado discretamente por un grupo de agentes del BIE. Antes de pedir la carta, le hicieron la siguente advertencia: "Mira huevón, te vai’ a desdecir de lo que le dijiste a la vieja Guzmán. Si lo hacís, te vamos a regalar una camioneta. Si no, ya sabís dónde apretamos nosotros".

Y Ríos San Martín se desdijo. Cuando después lo carearon con Lepe y otros ex agentes de la Mulchén, para respaldar en el proceso el cambio de sus declaraciones, el comando dijo: "A estos distinguidos señores aquí presentes no los conozco, su señoría".

Con dos millones y medio en dinero efectivo, otro agente del BIE, Leonardo Quilodrán, salió a comprar la camioneta y se la entregó a Ríos. Ninguno de estos antecedentes fue conocido por la Corte Suprema cuando amnistió el crimen de Soria, en 1996.

Sin embargo, para los querellantes que están tras quienes movieron los hilos de esta conspiración, Lepe y compañía no habrían cometido sólo el delito de inducción al falso testimonio, sino también constituyeron una asociación ilícita para delinquir.

El juez Madrid debe resolver además qué participación pudo caber en esta intriga al ex fiscal y auditor del Ejército, general Fernando Torres Silva, y a su brazo derecho, el coronel de justicia Enrique Ibarra.

La aparición de Jorge Vial Collao en la escena aporta novedades. El hombre es otro comando de elite y estuvo adscrito a las operaciones más riesgosas incluso antes de llegar a la Brigada Mulchén, a comienzos de 1976. El 4 de octubre de 1974, por ejemplo, integró el grupo que, liderado por Armando Fernández Larios, secuestró desde la Penitenciaría de Santiago al ingeniero y ex gerente general de Cobre Chuqui, David Silberman. S

u participación en este secuestro, hasta ahora desconocida públicamente, la relató Carlos Labarca Sanhueza, otro ex agente y comando de elite que también formó parte del grupo secuestrador.

El mismo Vial detalló ante el magistrado cómo la brigada a la que estaba adscrito

desembarcó en el siniestro cuartel de la avenida Simón Bolívar, en La Reina, donde la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín se dedicaron a exterminar a la dirigencia clandestina del Partido Comunista a partir de 1975.

"La Mulchén era la brigada antiterrorista, que después [en 1977, luego del fin de la DINA] derivó en la brigada llamada J-7, cuyo mando directo lo asumió el director de la CNI, general Odlanier Mena. La J-7 se mantuvo hasta mediados de 1990", declaró Vial, que también pasó por Brasil en 1974, para recibir adiestramiento en tareas de inteligencia por agentes de la dictadura de ese país.


Crónica Digital

1 de Marzo 2010

Responsables del asesinato de Carmelo Soria deben comparecer ante la Justicia

“Las personas responsables del asesinato de Carmelo Soria Espinoza deben comparecer ante la justicia y no verse exceptuadas por aplicación de una ley contraria al derecho internacional” declaró Louise Finer, investigadora de Amnistía Internacional para Chile
Amnistía Internacional considera que la decisión del Magistrado de la Corte Suprema Héctor Carreño, quien concluyó que debía aplicarse la Ley de Amnistía (Decreto Ley No. 2.191/1978) en el caso del homicidio del funcionario de la CEPAL, Carmelo Soria, en julio de 1976, es contraria a las obligaciones que, bajo el derecho internacional, pesan sobre Chile incluso desde antes de 1973.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho anteriormente que la Ley de Amnistía de 1978 no puede constituir un obstáculo para la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile a partir de 1973 y es de prever que, si lo resuelto por el Ministro Carreño no es revertido en Chile, lo será en definitiva por la Corte”, manifestó Louise Finer.
Aunque en los últimos años se ha eludido la aplicación de la Ley de Amnistía mediante diferentes figuras legales e interpretaciones que limitan su alcance, avanzando de esta manera en la lucha contra la impunidad en Chile, esta decisión demuestra un ejemplo preocupante de la posibilidad de que se siga aplicando.
Los crímenes de derecho internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no pueden quedar impunes, sea merced leyes de amnistía, aplicación de la prescripción o inmunidades o cumplimiento de la orden de un superior, entre otras excusas.
“Si se confirmara la decisión del nuevo gobierno de apelar la resolución del Juez Carreño, ello constituiría sin duda una decisión acertada, en la dirección correcta, pues la familia de Carmelo Soria tiene el derecho a saber la verdad de los hechos que concluyeron con su asesinato en 1976, así como también a exigir que los responsables de tal acto sean juzgados por el mismo” sostuvo Louise Finer.
Sin embargo, esta decisión judicial demuestra que Chile aún tiene pendiente una importante deuda en materia de derechos humanos: la anulación del Decreto Ley No. 2.191. Amnistía Internacional hace un llamado a la nueva administración, hecho en reiteradas oportunidades a los sucesivos gobiernos chilenos, sobre la necesidad de anular este Decreto Ley que proyecta una sombra peligrosa en todo procedimiento legal que se inicie en relación a las violaciones de derechos humanos cometidas antes de 1978, y obstaculiza la lucha contra la impunidad en Chile.
Carmelo Soria, un funcionario internacional de nacionalidad española-chilena, fue encontrado muerto en un canal de Santiago de Chile en julio de 1976, luego de ser secuestrado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) al salir de su trabajo.
A raíz del caso de Carmelo Soria, en un informe del año 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado Chileno a “adecuar su legislación interna a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de manera que se deje sin efecto el Decreto Ley No. 2.191 dictado en el año 1978, de modo que las violaciones de derechos humanos del gobierno militar de facto contra Carmelo Soria Espinoza puedan ser investigadas y sancionadas.”
La misma Comisión concluyó que respecto a Carmelo Soria Espinoza, el Estado chileno había violado, tal como lo establece la propia Corte Suprema de Justicia de Chile en su sentencia de 23 de agosto de 1996, el derecho a la libertad personal, el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal consagrados en el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Ya en 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos había concluido en otro caso contra Chile que: “el Decreto Ley No. 2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile”.


El Mostrador

31 de Marzo 2010

Gobierno apelará el dictamen del juez que rechazó reabrir caso Soria
 

El Gobierno apelará este jueves el dictamen del magistrado de la Corte Suprema, Héctor Carreño, quien este martes rechazó la reapertura de la investigación por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, en 1976 durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Así lo confirmó hoy la nueva secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Gobierno de Sebastián Piñera, la abogada Rossy Lama, quien explicó que la decisión responde al cumplimiento de tratados internacionales, ya que la Ley de Amnistía que se aplicó a dos de los acusados no puede detener la investigación.
“Jurídicamente nos corresponde apelar la decisión del magistrado, tenemos un mandato legal que nos obliga a ir adelante”, aseveró.
Lama indicó que este jueves se presentará la apelación al dictamen del magistrado de la Corte Suprema, en la que será la primera acción que emprenderá el Ejecutivo relacionada con los atropellos a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.
“Nuestra obligación es buscar verdad y justicia, no nos podemos quedar con los brazos cruzados”, agregó la responsable del Programa de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior.
El último intento del Gobierno para esclarecer el asesinato del diplomático español estuvo a cargo del ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, quien el año pasado solicitó que se reabriera la investigación, aunque el juez Héctor Carreño lo desestimó este martes.
El diplomático español Carmelo Soria fue secuestrado el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago.
Soria, casado con una hija del escritor chileno José Santos González-Vera, era funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organización de las Naciones Unidas con sede en Santiago.
Rossy Lama explicó que hoy comunicó la decisión del Gobierno a Carmen Soria, hija del diplomático, quien se mostró “muy agradecida y contenta por el apoyo”, dijo la abogada.
Carmen Soria anunció este martes que recurrirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la negativa de la Justicia a reabrir el caso.
“Voy a recurrir a los tribunales internacionales. No confío en la Justicia chilena”, declaró Carmen Soria, quien agregó que “el ministro Carreño no hace caso a las leyes internacionales que el Estado está obligado a cumplir”.
Según consta en el proceso, el asesinato fue cometido por la DINA, la policía secreta del dictador Augusto Pinochet.
Las Naciones Unidas pidieron entonces que se abriera una investigación sobre el crimen, pero en 1979 el caso fue sobreseído como “homicidio por terceros no habidos”.
Al acabar la dictadura, el proceso fue reabierto en 1991, pero, tras un largo y accidentado trámite en los tribunales, fue archivado en 1996. Las sucesivas demandas de reapertura presentadas por la familia fueron desestimadas por la Corte Suprema.
El caso volvió nuevamente a los tribunales en octubre de 2003 merced a una querella presentada por la familia Soria contra Augusto Pinochet, de la que el Estado se hizo parte.
Sin embargo, en agosto de 2004 el alto tribunal rechazó una vez más la reapertura.


La Tercera

23 de Noviembre 2013

Suprema ordena interrogar a ex alcalde Labbé como ex agente de la DINA por caso Soria

La Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI deberá interrogar al ex Alcalde de Providencia, Cristian Labbé y al Diputado Rosauro Martínez,para aclarar la muerte del diplomático español Carmelo Soria.

El Ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, despachó un oficio a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, para que interrogue al ex Alcalde de Providencia Cristian Labbé, y al Diputado Rosauro Martínez, como ex agentes de la DINA, en el marco de la investigación de la muerte del diplomático español, Carmelo Soria, asesinado en 1976.

La orden judicial incluye además interrogar a uno de los prisioneros que sobrevivió a las torturas en "Tejas Verdes", Anatolio Zárate.

De acuerdo al documento emitido por Cisternas, el objetivo de la diligencia es que los citados declaren "respecto de los hechos ocurridos en los cuarteles de la DINA en Tejas Verdes, en un sentido amplio sobre las actividades que ellos desarrollaron en la época, así como sobre el conocimiento que tuvieron o tienen sobre la muerte de don Carmelo Soria Espinoza".

La diligencia fue despachada luego que el autor del libro “El Despertar de los Cuervos”, Javier Rebolledo, emitiera declaraciones en CNN Chile, donde vincula a Labbé con el asesinato de Soria, pues, según dijo, "lo reconoce uno de los personajes que es Anatolio Zárate, cuando lo están torturando se le sale la capucha, porque se le corta el cordel desde donde lo tienen colgado y le ve la cara y lo ubicaba de antes porque Cristian Labbé iba al campo de concentración a ver a los detenidos".

La causa del homicidio del funcionario de las Naciones Unidas, ocurrido en julio de 1976, fue sobreseída definitivamente en 1996, sin embargo a comienzos de este año, el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, resolvió reabrir el sumario y solicitar nuevas diligencias.


Cambio 21

14/02/2014

España pide que EEUU extradite a Townley por crimen de diplómatico español. Tres integrantes del Ejército están identificados

El exhorto español busca poder juzgar directamente al ex agente de la DINA por su colaboración en el crimen del diplomático hispano Carmelo Soria que trabajaba en Chile para la Cepal

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España solicitará a Estados Unidos la extradición a ese país de Michael Townley, ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena (DINA), por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria.

Townley, que era jefe de la Agrupación Quetropillán de la DINA, enfrenta una orden de búsqueda y captura desde octubre de 2012, cuando fue procesado por el juez español Pablo Ruz junto a otros seis ex colaboradores de ese organismo, por este asesinato perpetrado en 1976, en plena dictadura militar de Augusto Pinochet.

El juez Ruz dictó una providencia, fechada el 30 de enero pasado, donde da cuenta de la petición del fiscal Carlos Bautista y le exhorta a su vez elaborar un informe sobre la extradición de este ciudadano estadounidense, indicaron a EFE fuentes ligadas al caso.

Según reprodujo Lanacion.cl, el magistrado procesó a Townley en esta causa porque supuestamente cedió la casa en la que fue torturado y asesinado el diplomático español, la cual funcionaba como centro clandestino de interrogatorios.

Asimismo, le imputa los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal, atendiendo al criterio de la Fiscalía, que consideró que la jurisdicción española es la competente para investigar estos delitos porque su persecución en Chile "no ha sido efectiva" y en virtud al principio justicia universal, cuya restricción aprobó esta semana el Congreso español.

En el auto de procesamiento, Ruz afirma que los hechos ocurrieron el 14 de julio de 1976, cuando Soria, que trabajaba para la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile, regresaba a su casa en su auto.

Media botella de pisco

Entonces, dos de los procesados que eran carabineros, el sargento José Remigio Ríos San Martín y el capitán Jaime Lepe Orellana, "simularon una infracción de tráfico", lo detuvieron y se lo llevaron a la vivienda ocupada por Townley.

"Soria fue torturado -maniatado y con la cara vendada- durante varias horas, en las cuales le fracturaron todas las costillas (...) a fin de que les dijera si tenía relación con el Partido Comunista de Chile y cuál era su misión en el país, y ya con la idea de asesinarle y hacer pasar su muerte como un accidente de tráfico, le inyectaron (...) media botella de pisco", detalla el juez.

En el interrogatorio, en el que participaron estos seis acusados, dirigidos por Lepe, Soria sólo murmuraba "Pobre Chile", precisa el magistrado, y añade que al finalizarlo, el capitán Guillermo Humberto Salinas Torres le estranguló "ayudado materialmente por otras dos personas de la brigada, no identificadas".

Después, los procesados trasladaron el cadáver al Canal del Carmen, donde "hicieron que se precipitara al vacío, tirando el cuerpo".

No obstante, el cadáver no se halló hasta un día después, y en el bolsillo de su chaqueta se encontró una nota "simulada por sus captores" en la que un supuesto amigo le contaba presuntas infidelidades de su esposa que, según el juez Ruz, no fue escrita por ninguna de las máquinas que se usaban en la ONU ni estaba deshecha por el agua.

Esta causa surge a raíz de una querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince ex militares a los que relaciona con la muerte de Soria y que el ex nmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, admitió a trámite en 2001.


Esta pagina fue modificada el 21/02/2014

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