Lagos Reyes Ricardo Raúl

Ricardo Raúl LAGOS REYES

 El 16 de septiembre de 1973 fueron muertos en su domicilio: Ricardo Raúl LAGOS REYES, 47 años, Alcalde de Chillán, militante del Partido Socialista y padre de Ricardo Lagos Salinas, dirigente del Partido Socialista que fue detenido y hecho desaparecer el año l974 en Santiago; su cónyuge Alba OJEDA GRANDON, 29 años, embarazada y su hijo Carlos Eduardo LAGOS SALINAS, 20 años, estudiante universitario. 

La información que entregó la autoridad local, señaló que los afectados se habrían enfrentado con personal de Carabineros cuando concurrió a su domicilio con el objeto de detenerlos.  Sin embargo, testigos de los hechos han señalado que al momento de llegar el grupo de carabineros y militares, el domicilio fue allanado, la familia Lagos fue luego ejecutada y que no existió enfrentamiento con la fuerza pública.  Otros testimonios agregan que el operativo se había iniciado horas antes, cerrándose los accesos al domicilio de la familia Lagos.  El certificado de defunción de Lagos Reyes señala como causa de muerte: “Heridas múltiples por arma de fuego”. 

Los cuerpos de los tres ejecutados fueron retirados desde la morgue de Chillán por dos médicos amigos de la familia, que se encargaron de darles sepultura.

La versión oficial no resulta aceptable para esta Comisión ya que:

Las versiones de los testigos a esta Comisión le parecen concordantes y verosímiles;

Ricardo Lagos fue mantenido en su cargo de Alcalde por la autoridad regional y residía normalmente en su domicilio habitual, lo que hace presumir que no era una persona conflictiva que pudiese optar por enfrentar con armas a las fuerzas que pretendían detenerlo;

No hubo huellas de intercambio de balas;

A lo anterior se agrega que los tres mueren en el patio de la casa y no dentro de ella, como habría ocurrido si hubiesen estado parapetados y disparando.

La Comisión se formó la convicción que la ejecución del Alcalde Lagos y su familia constituyó una violación de sus derechos humanos por parte de agentes del Estado.

Jueves 26 de mayo de 2005. Casi dos años de indagaciones y tres jueces especiales, ha debido sortear la investigación de la ejecución de Ricardo Lagos Reyes, alcalde de Chillán asesinado junto a su familia el 16 de septiembre de 1973, en las afueras de su hogar en Chillán Viejo. El ministro de fuero a cargo de la investigación, Joaquín Billard, finalizó el sumario y cerró la investigación, lo que implica el inicio próximamente del auto acusatorio, antesala de la sentencia. “Estamos conformes porque al fin la causa entró en tierra derecha, estamos esperando que el juez dicte la acusación y pueda sentenciar este año”, explicó Eduardo Contreras Mella, abogado querellante en la causa y amigo personal del ex edil. Por la causa, ya se encuentran procesados cuatro ex carabineros, entre ellos un general en retiro, sindicados como los integrantes de la patrulla que participó en la ejecución del ex edil, su esposa, Sonia Ojeda, quien se encontraba embarazada y un hijo, Carlos. La hebra central de la investigación, reconocieron fuentes judiciales, podría arrojar novedades respecto a las responsabilidades intelectuales o quién habría dado la orden para la ejecución. Según la parte querellante, la responsabilidad de mando estaría en el ex jefe de estadio de sitio, coronel (r) Guillermo Toro Dávila, juicio no compartido por la defensa del retirado oficial, que atribuye la decisión a orden del jefe a cargo de la patrulla. El asesinato del edil se produjo cinco días después que el propio Toro Dávila lo confirmara en su cargo, razón por la que no existía una orden de detención en su contra. Los procesados en primera instancia son los ex carabineros Juan Francisco Opazo Guerrero, Pedro Ernesto Loyola Osorio y Arturo Manuel Alarcón Navarrete, junto al ex teniente Patricio Jeldres Rodríguez, todos en retiro. Este último, llegó a ser Jefe de la Zona Metropolitana con el grado de general.
 

Tres ex carabineros fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Chillán, Ricardo Lagos Reyes, ocurrido el 16 de septiembre de 1973, en las afueras de su hogar en Chillán Viejo.

Los ex uniformados se encuentran en prisión preventiva e incomunicados por orden del juez especial a cargo del caso, Daniel Calvo, quien tomó declaración a los inculpados en una sorpresiva y rápida diligencia cumplida el viernes en la Corte de Apelaciones de Chillán.

Los ex uniformados, quienes permanecen en dependencias de la Subcomisaría de Carabineros Pudahuel Norte, fueron identificados como Juan Francisco Opazo Guerrero, Pedro Ernesto Loyola Osorio y Arturo Manuel Alarcón Navarrete, todos carabineros en retiro que en 1973 se desempeñaban en Chillán y que han sido sindicados por familiares de las víctimas, como partícipes directos en los hechos que terminaron con la vida de la autoridad comunal, junto a su esposa, Sonia Ojeda, quien en ese momento se encontraba embarazada y Carlos Lagos, hijo del edil.

La diligencia del juez remeció el ambiente en el tribunal de Chillán, por donde desfilaron tanto ex uniformados como testigos, situación que fue considerada como un hito, debido a la connotación que presenta el caso y que causó revuelo en 1973, a pocos días del golpe.

PIDEN CITAR A COMANDANTE DE RI-9 Paralelamente, el abogado Eduardo Contreras Mella, querellante en la causa, pidió al juez especial que cite a declarar al coronel (r) Guillermo Toro Dávila, quien durante los hechos era el jefe de plaza en Chillán.

El jurista confirmó que hoy vence el plazo que tiene el juez para pronunciarse sobre si confiere la libertad a los tres ex carabineros o dicta el autoprocesamiento.

Por su parte, Patricia Paredes, secretaria de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Ñuble y quien fuera esposa del hijo del edil chillanejo, Ricardo Lagos Salinas, manifestó que la investigación del juez Calvo abre una nueva esperanza para las familias, justo cuando este año se cumplen 30 años de la ejecución.

La causa por el asesinato del edil de Chillán, fue traspasada al ministro Daniel Calvo, por su colega Juan Guzmán Tapia, por orden de la Corte Suprema, que determinó la repartición de los casos de derechos humanos que seguía el juez que entonces investigaba las querellas contra el ex Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet y entre las que se encuentra la del asesinato de Ricardo Lagos Reyes.

CASO EMBLEMATICO El asesinato del alcalde Ricardo Lagos Reyes, se produjo en las fueras de su domicilio, en el entonces sector de Chillán Viejo, junto a su esposa Sonia Ojeda y a su hijo Carlos, además de un hijo que la mujer esperaba.

El ex edil, militante socialista, figura como uno de los casos emblemáticos de víctima del régimen militar en Ñuble. Al momento del golpe de estado, había sido ratificado por el jefe militar de zona en su puesto, coronel (r) Guillermo Toro Dávila, siendo asesinado cinco días más tarde en su propio hogar.

De acuerdo a testigos que han mantenido su declaración en la investigación judicial, el hecho fue tan sangriento que quedó marcado en la retina de todo el sector, dando pie a un tema tabú por un largo período, por temor a represalias.

Dos años después, un hijo del edil, Ricardo Lagos Salinas, un joven veinteañero egresado del Liceo Comercial de Chillán, fue detenido por una patrulla militar en Santiago y hasta hoy se desconoce su paradero.

El nombre del hijo del ex alcalde chillanejo, es uno de los 180 que fueron consignados en la Mesa de Diálogo como "arrojado al mar".

Juez detiene a teniente a cargo de patrulla 

Hasta última hora esperaron familiares y abogados, el dictamen del juez especial, Daniel Calvo, sobre el procesamiento o no de los ex carabineros detenidos por su presunta responsabilidad en la ejecución del alcalde de Chillán, Ricardo Lagos Reyes, ocurrido el 16 de septiembre de 1973.

A la espera que el magistrado comunicara oportunamente si dictaba autoprocesamiento o dejaba en libertad a los detenidos, debido a que ayer se cumplía el plazo para llevar a cabo el trámite, hasta el cierre de esta edición no se conocía aún la resolución judicial, la que sólo se sabrá durante la mañana de hoy cuando el magistrado notifique oficialmente su resolución.

Durante el día, sin embargo, la labor del juez siguió con centrada en la toma de declaraciones de ex uniformados vinculados al caso, quienes continuaron desfilando por el gabinete del magistrado en la Corte de Apelaciones capitalina.

Cerca del mediodía y en una determinación que remeció el ya agitado ambiente judicial, el juez especial ordenó la detención del ex oficial Patricio Jeldres, identificado como el teniente a cargo de la patrulla de Carabineros que habría participado directamente en el asesinato del alcalde Lagos. De acuerdo a fuentes judiciales, al parecer, el oficial detenido se habría retirado con el grado de general en 1999.

La detención de Jeldres se suma a la de los ex carabineros, Juan Francisco Opazo Guerrero, Pedro Ernesto Loyola Osorio y Arturo Manuel Alarcón Navarrete, quienes permanecen en prisión preventiva en dependencias de la Subcomisaría de Carabineros Pudahuel Norte.

DECLARAN TESTIGOS Para hoy, se estima que el juez Daniel Calvo, proseguirá con los interrogatorios. Según trascendió, esta vez desfilarán por el tribunal, testigos civiles del hecho, quienes podrían continuar aportando antecedentes respecto a la participación de los ex uniformados detenidos.

En este sentido, la secretaria de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Ñuble, Patricia Paredes, confirmó que acompañará a los testigos en el tribunal, debido a que "muchos de ellos aún sienten miedo", indicó.

La defensa de la familia del ex edil, reaccionó con beneplácito ante la detención del ex oficial, puesto a que el objetivo trazado es llegar lo más alto posible en la búsqueda de las responsabilidades y determinar quién fue el que dio la orden de asesinar al alcalde, señalaron fuentes de la familia.

En este sentido, el abogado querellante, Eduardo Contreras Mella, solicitó al magistrado que cite a declarar al coronel retirado Guillermo Toro Dávila, quien fue el jefe de plaza en Chillán y que ratificó en su cargo al edil chillanejo días antes que fuera asesinado.

Cabe destacar que la querella presentada originalmente iba en contra de Augusto Pinochet, como la máxima autoridad castrense en aquel período.

A casi treinta años del sangriento asesinato del alcalde de Chillán, Ricardo Lagos Reyes, junto a su esposa embarazada y un hijo de 18 años, el juez especial, Daniel Calvo, sometió a proceso como autores del delito de homicidio calificado, a cuatro ex uniformados, entre ellos un general en retiro, sindicados como los integrantes de la patrulla que participó en el hecho ocurrido el 16 de septiembre de 1973, a pocos días del golpe militar.

El ministro de fuero dictó el autoprocesamiento en contra de los ex carabineros Juan Francisco Opazo Guerrero, Pedro Ernesto Loyola Osorio y Arturo Manuel Alarcón Navarrete, junto al ex teniente Patricio Enrique Jeldres Rodríguez, todos en retiro. Este último, llegó a ser Jefe de la Zona Metropolitana con el grado de general.

Justamente, en esta dependencia de Carabineros deberá cumplir prisión preventiva Jeldres, mientras que los ex carabineros continuarán en prisión preventiva en dependencias de la capitalina Subcomisaría Pudahuel Norte, donde permanecen desde el lunes.

Una vez conocida la decisión del magistrado, los abogados defensores de los ex uniformados apelaron de inmediato a la Corte de Apelaciones, ya que el dictamen del ministro especial es una resolución de primera instancia. Según fuentes judiciales, ahora comenzarán a intensificarse las acciones judiciales, en tanto la apelación debiera ser vista esta misma semana por el pleno.

SATISFACCION DE FAMILIARES La resolución del magistrado Calvo, fue recibida con inusitada alegría por parte de la familia del ex alcalde. "Estamos muy contentos porque quiere decir que después de tantos años comienza a hacerse justicia", comentó Patricia Paredes, nuera del edil chillanejo y secretaria de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Ñuble.

La dirigente acompañó a cuatro testigos civiles que presenciaron la muerte del edil y que por temor, no se habían atrevido a hablar. Para el abogado querellante en la causa, Eduardo Contreras Mella, el dictamen del magistrado es histórico en Ñuble, especialmente porque se encuentra entre los procesados un general retirado.

"Más que satisfacción, estoy muy emocionado por los lazos de amistad que me unían a Ricardo y su familia. Pese a la impunidad durante todos estos años y donde la justicia en Chillán llegó incluso a dejar el caso en manos de los tribunales militares de Concepción, pienso que el juez dio una muestra de que con voluntad es posible hacer justicia", sostuvo el profesional, quien manifestó estar convencido que la Corte de Apelaciones ratificará la resolución en primera instancia, de lo contrario, indicó, la parte querellante recurrirá a la Corte Suprema.

Contreras anunció que los interrogatorios no terminan aquí y destacó que es posible que el juez cite a declarar a más personas e incluso determine más procesamientos.

El profesional confirmó que espera se cite, además, al coronel (R) Guillermo Toro Dávila, quien era el jefe de plaza de Chillán en 1973, por su responsabilidad como la máxima autoridad uniformada en la zona.

EL DICTAMEN DEL MAGISTRADO El texto del magistrado Calvo establece que con los antecedentes de la investigación "el día 16 de septiembre de 1973, en horas de la mañana, un grupo de carabineros fuertemente armado, sin que se encuentre justificado si actuó o no en actos de servicio, rodeó el domicilio del alcalde de la ciudad de Chillán, ubicado en Avenida O'Higgins N° 2313, del sector denominado Chillán Viejo, ingresando la mayoría de los funcionarios a la casa, mientras el resto custodiaba su perímetro.

El grupo que ingresó procedió a su registro, a continuación separaron a la familia Lagos (Ricardo Lagos Reyes, Alba Sonia Ojeda Grandón que se encontraba embarazada y por el hijo de este Carlos Lagos Salinas) de sus dependientes los que fueron encerrados en una bodega, mientras que a la familia Lagos la condujeron al patio donde les ordenaron sentarse en una escalinata y sin mediar provocación alguna, les dispararon causándoles la muerte".

Estos hechos, indica la resolución, constituye la comisión de los delitos de homicidio calificado, ilícitos tipificados y sancionados en el artículo 391 del Código Penal.

De los antecedentes, añade el magistrado, se desprenden presunciones fundadas para estimar que a los ex carabineros les correspondió participación como autor en los ilícitos señalados, "por lo que se les somete a proceso como autores del delito de homicidio calificado".

En medio del total hermetismo y después de tres décadas desde el fallecimiento, fueron exhumados los cuerpos del alcalde Ricardo Lagos Reyes, su esposa Sonia Ojeda y su hijo Carlos, asesinados el 16 de septiembre de 1973, en su domicilio de Chillán Viejo.

La diligencia fue cumplida durante la mañana de ayer por personal del Departamento de Medicina Criminalística de Investigaciones y estuvo dirigida por el ministro de fuero, Daniel Calvo Flores, quien arribó a primera hora desde Santiago, para dirigir personalmente las labores, centradas en el Cementerio Municipal.

Bajo la presencia de familiares del edil, abogados y la prensa, que por orden del magistrado no pudo ingresar al Camposanto, se inició el proceso de reconocimiento de los cuerpos.

Entre los asistentes se contaban a Patricia Paredes, nuera del ex edil, el abogado querellante en la causa, Tirso Figueroa y el vicario general de la diócesis de Chillán, Raúl Manríquez, quien ofreció un responso por las tres víctimas.

La diligencia se extendió por casi cuatro horas y uno a uno fueron sacados los cuerpos, con total prolijidad. Primero el cadáver del ex edil, luego el de su esposa y posteriormente el hijo del primer matrimonio de Lagos Reyes, Carlos Lagos Salinas.

Los restos fueron depositados en unas planchas de metal para ser trasladados en camioneta hasta el Servicio Médico Legal de Chillán, para ser posteriormente enviados hasta el Instituto Médico Legal, en la capital, donde serán sometidos a peritajes y exámenes químicos.

Posteriormente, el magistrado se trasladó hasta la Corte de Apelaciones, para tomar declaración a familiares del dirigente socialista, Mario Moreno Castro, detenido desaparecido, para luego retomar el caso del alcalde Lagos Reyes, con la declaración de testigos civiles del hecho.

CONTINUAN DILIGENCIAS Consultado sobre la exhumación, el magistrado dijo que la diligencia tiene como objetivo verificar si el estado de los cadáveres coinciden con los testimonios presentes en el proceso.

El magistrado, sin embargo, declinó referirse al estado que presentaban los cuerpos, que por ahora forman parte del sumario y aclaró que en esta zona geográfica los cadáveres suelen presentar un estado de descomposición mayor al de otros sectores del país.

La investigación, precisó, se encuentra en etapa sumarial y hasta ahora ha dictado autos de procesamiento contra cuatro personas, quienes se encuentran detenidos en dependencias de Carabineros por ser funcionarios de la institución.

Aunque no confirmó nuevos procesamientos, el magistrado indicó que continuarán realizándose diligencias sumariales.

Los detenidos por el magistrado son los ex sargentos Juan Francisco Opazo Guerrero, Pedro Ernesto Loyola Osorio y Arturo Manuel Alarcón Navarrete, además del ex teniente Patricio Enrique Jeldres Rodríguez. Mientras los tres primeros permanecen detenidos en la Subcomisaría de Pudahuel Norte, en la capital, Jeldres permanece en la Jefatura de la Zona Metropolitana, donde se desempeñaba al momento de su retiro.

Todos ellos, están identificados como la patrulla que participó en la muerte del alcalde Lagos y fueron sometidos a proceso en primera instancia como autores del delito de homicidio calificado.

DRAMATICO RECONOCIMIENTO DE EDIL El proceso de reconocimiento de los cuerpos del alcalde Lagos, su esposa Sonia Ojeda Grandón y su hijo Carlos Lagos Salinas, estuvo marcado por el dramatismo. Familiares y amigos presentes reconocieron la impresión que significó reencontrarse con sus seres queridos treinta años después.

Tirso Figueroa, no ocultó sus emociones. Abogado querellante en la causa, lo unía a la familia del edil una estrecha amistad que se vio truncada en 1973. "Impresiona ver a personas que uno conoció en la plenitud de su vida, tanto Ricardo como Sonia y el hijo que llevaba en su vientre podrían perfectamente estar entre nosotros y en cambio los vemos ahora en esas latas", indicó Figueroa.

El profesional continuó su relato con el impacto que le provocó ver el cuerpo del alcalde Lagos Reyes. "Impresiona ver su pelo, su ropa, tenía el cráneo destrozado, la verdad me impresionó bastante", aseveró.

Para Patricia Paredes, nuera del edil y secretaria de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Ñuble, la impresión le impidió conversar con la prensa presente en el lugar.

Para el sacerdote Raúl Manríquez, quien acudió al cementerio para estar junto a la familia, es necesario prestar apoyo en un momento sumamente difícil y bastante impactante para la familia del ex alcalde.

El magistrado además determinó que los dos condenados y el Fisco de Chile deben pagar solidariamente una indemnización de $ 30.000.000 a Patricia Paredes Parra querellante en la causa.

El ministro de fuero Joaquín Billard Acuña dictó sentencia en la investigación por los homicidios calificados del ex alcalde Chillán, Ricardo Lagos Reyes, su cónyuge Alba Ojeda Grandón y su hijo Carlos Lagos Salinas, ocurridos el 16 de septiembre de 1973 en la capital de la provincia de Ñuble.

El magistrado determinó una pena de 5 años de reclusión con beneficio de libertad vigilada para el carabinero Luis Gajardo Arenas; y tres años y un día de reclusión con beneficio de libertad vigilada para el ex uniformado Patricio Jeldres Rodríguez.

En tanto, Pedro Loyola Osorio y Arturo Alarcón Navarrete quedaron absuelto por falta de participación.

Asimismo, el magistrado determinó que los dos condenados y el Fisco de Chile deben pagar solidariamente una indemnización de $ 30.000.000 a Patricia Paredes Parra querellante en la causa.

Muertos en su hogar

El 16 de septiembre de 1973 fueron muertos en su domicilio el ex alcalde de Chillán y militante del Partido Socialista, Ricardo Raúl Lagos Reyes, su cónyuge Alba Ojeda Grandón, quien se encontraba embarazada y su hijo Carlos Eduardo Lagos Salinas, estudiante universitario.

La información que entregó la autoridad local, señaló que los afectados se habrían enfrentado con personal de Carabineros cuando concurrió a su domicilio con el objeto de detenerlos. Sin embargo, testigos de los hechos han señalado que al momento de llegar el grupo de carabineros y militares, el domicilio fue allanado, la familia Lagos fue luego ejecutada y que no existió enfrentamiento con la fuerza pública.

Otros testimonios agregan que el operativo se había iniciado horas antes, cerrándose los accesos al domicilio de la familia Lagos. El certificado de defunción de Lagos Reyes señala como causa de muerte: “Heridas múltiples por arma de fuego”.

Los cuerpos de los tres ejecutados fueron retirados desde la morgue de Chillán por dos médicos amigos de la familia, que se encargaron de darles sepultura.

Este miércoles 16 de septiembre se cumplen 47 años desde que el alcalde de Chillán Ricardo Lagos Reyes fuera asesinado por agentes del Estado tras el sangriento Golpe de Estado de 1973 y en este escenario, el presidente comunal del Partido Socialista de Chillán Viejo, José Antonio Silva, lamentó los hechos ocurridos y convocó a la comunidad a defender la Democracia como forma de Gobierno. 

José Antonio Silva, destacó que "no podemos olvidar los luctuoso acontecimientos ocurridos y la forma en que fue asesinado el alcalde de Chillán junto a parte de su familia". 

"Ese fatídico día del 16 de septiembre de 1973, el alcalde de Chillán, nuestro camarada Ricardo Lagos Reyes fue salvajemente asesinado junto a su esposa embarazada, Sonia Ojeda y su hijo Carlos Lagos en un hecho que jamás debió ocurrir en nuestra sociedad", planteó Silva. 

El presidente del PS de Chillán Viejo, valoró las cualidades humanas y profesionales del edil, quien llegó a ser respetado y querido en la sociedad local. 

"Su ejemplo, su figura, son un referente para nosotros pues fue una persona que luchó siempre por generar una sociedad más fraterna, solidaria e igualitaria, valores que están muy presentes en nuestro país", señalo José Antonio Silva. 

Silva agrego que, este año, por las circunstancias especiales de la pandemia, solo podemos hacer un corto homenaje colocando una ofrenda florar donde fuera su casa, lo que estará a cargo del compañero Rafael Palavecino, 

Palevecino, aprovecho para recordar que el 17 de junio de 1975, también fue asesinado su hijo mayor Ricardo Lagos Salinas, joven que había sido presidente del Centro de Alumnos de Instituto Comercial de Chillan y luego Vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción y al momento de su muerte a la edad de 24 años, era miembro de la dirección clandestina del PS. Ricardo Lagos salinas dejo a dos hijos y a su esposa, la compañera Patricia Paredes que hoy vive en la ciudad a los cuales les entregamos nuestro respeto.