Krauss Iturra Victor Fernando

Los días 3 y 4 de octubre de 1973, fueron ejecutados en cumplimiento de una sentencia del Consejo de Guerra de Valdivia, las siguientes personas, en su mayoría militantes del MIR MCR (Movimiento Campesino Revolucionario), todos acusados de asaltar el Retén de Carabineros de Neltume el día 12 de septiembre de 1973:

  Pedro Purísimo BARRIA ORDOÑEZ, 22 años, estudiante;

  José René BARRIENTOS WARNER, 29 años, estudiante de Filosofía, músico de la Orquesta de Cámara de la Universidad Austral;

  Sergio Jaime BRAVO AGUILERA, 21 años, obrero maderero;

Santiago Segundo GARCIA MORALES, 26 años, obrero maderero;

Luis Enrique del Carmen GUZMAN SOTO, 21 años, obrero maderero;

Fernando KRAUSS ITURRA, 24 años, estudiante universitario, Secretario Regional del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR);

José Gregorio LIENDO VERA, 28 años, ex estudiante de agronomía, militante del MIR y líder del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR) del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, también conocido como "Comandante Pepe";

Luis Hernán PEZO JARA, 29 años, obrero maderero,

Víctor Eugenio RUDOLF REYES, 32 años, obrero maderero;

Rudemir SAAVEDRA BAHAMONDES, obrero maderero;

Víctor Segundo SAAVEDRA MUÑOZ, 19 años, obrero maderero; y

Luis Mario VALENZUELA FERRADA, 20 años, obrero maderero. 

Múltiples versiones de prensa de la época hacen referencia a la tramitación de este Consejo de Guerra.  Una comunicación oficial de sus ejecuciones señala que se les habría acusado de varios delitos, entre ellos, el asalto al Retén de Neltume.

La Comisión no pudo tener acceso a ninguna pieza del proceso, a pesar de haber sido solicitadas a las autoridades militares correspondientes, sin perjuicio de lo cual pudo llegar a la convicción que los ejecutados fueron víctimas de violación de derechos humanos cometida por agentes del Estado.

Sustenta esa convicción los antecedentes comunes a todos los juicios de guerra del período expuestos en la parte general del Informe, y las siguientes consideraciones específicas:

No se ha podido determinar si las víctimas tuvieron algún tipo de asistencia legal, aunque es un hecho cierto que los familiares nunca supieron de la existencia de un abogado;

En cuanto a la tramitación misma, se ignora si se cumplió con el procedimiento legal, dado que no se tuvo acceso a la causa;

Los malos tratos recibidos por los prisioneros invalidan cualquier confesión que éstos hubieren podido prestar en el eventual juicio, en cuanto privan de libertad y voluntariedad a sus declaraciones;

La irregularidad que significa el que la sentencia de muerte, se haya cumplido de un modo distinto para José Gregorio Liendo Vera, quien fue fusilado el día 3 de octubre de 1973, y para el resto de los condenados, que lo fueron el día 4 de octubre de 1973, tratándose de un solo proceso, con una misma sentencia para todos los condenados, todo ello en desconocimiento de las autoridades militares vinculadas al proceso;

Se aplicó a los reos un procedimiento y una penalidad de tiempo de guerra, que a la época del ataque del que se les acusó, el 12 de septiembre de 1973, no se encontraba decretado en el país, que lo fue por el DL Nº 5, publicado el 22 de ese mes.

El 4 de octubre de 1973 un consejo de guerra en Valdivia condenó a la ejecución por fusilamiento a 12 jóvenes cuyas edades promediaban 24 años. No hay registro de tal consejo, pero el bando militar que repetía sus nombres aún hiere los oídos. La mayoría de ellos militaba en el MIR. Eran personas esforzadas, responsables, solidarias. Se comprometieron con la justicia social y se nutrieron con las ideas y propuestas de una época de revoluciones. Hoy ya no están y nos hacen falta.

Algunos de los ejecutados fueron detenidos en el Complejo Maderero de Panguipulli, otros en la ciudad. Entre estos últimos estaba el secretario regional del MIR en Valdivia, Víctor Fernando Krauss Iturra, padre de mis hijos, mi esposo y compañero de tantos esmeros.

En los días previos, el Correo de Valdivia difundía profusamente información sobre arsenales de armas incautados por el Ejército, prefigurando el llamado “Plan Zeta”, que nunca existió pero sirvió para sembrar terror y justificar los crímenes ante la opinión pública.

El juez Juan Guzmán, en el marco de la investigación por la Caravana de la muerte, acreditó el paso en aquellos momentos por Valdivia del coronel Arellano Stark. Tal vez ello explique el cambio repentino de la pena, pues cuando me devolvieron la ropa de Fernando encontré, escondido entre los pliegues de su camisa, un papelito en el que me decía “proceso va mal: cinco a diez años reo…”. Seguro que nunca pensó en la muerte. Eran tiempos de amor por la vida.

Viaje al Sur

Fernando llegó a Valdivia desde Concepción en el segundo semestre de 1969. Debido al secuestro del periodista Hernán Osses, atribuido a un operativo mirista, la plana mayor de la organización pasó a la clandestinidad y la Federación de Estudiantes de Concepción (FEC) fue requerida por la justicia. Fernando estaba en la directiva de la FEC como representante del Propedéutico, que agrupaba por áreas a los estudiantes del primer año de la Universidad. Su trayectoria como líder estudiantil había comenzado en el Liceo Enrique Molina, de cuyo centro de alumnos fue presidente reelecto en 1966 -67.

El paso a la clandestinidad no estaba previsto. Era invierno, por primera vez viajaba fuera de Concepción y se alejaba de su familia. Los meses iniciales en Valdivia fueron duros. No había infraestructura para acoger al joven militante, que carecía de recursos económicos y muchas veces pasaba el día buscando donde alojar o comer. Sin embargo, al cabo de algunos meses logró establecerse. Con el nombre de Gonzalo Morán, imparte clases de español a profesores extranjeros que llegan a la Universidad Austral. Para mí fue una sorpresa leer en sus cartas el relato de su transformación en profesor de castellano. En Concepción estudiaba medicina, aunque no alcanzaba a terminar el segundo año cuando fue declarado reo en rebeldía a raíz del Caso Osses.

Cuando le seguí a Valdivia en los primeros meses de 1970, Gonzalo Morán ya era conocido en la Universidad Austral. No recuerdo detalles. Sé que logro inscribirse como alumno regular de la carrera de letras. Aprendía latín y griego y lo disfrutaba, llegó a ser un buen alumno.

El triunfo de Salvador Allende y la llegada de la Unidad Popular al Gobierno, marcó también para Fernando el fin del clandestinaje y su período de mayor crecimiento político. Tiene apenas 21 años pero abundante experiencia acumulada. Muy temprano, a los dieciséis, había formado parte de la Brigadas Allendistas en la población Lorenzo Arenas de Concepción.

Entre los años 68 y 69, además de dirigente estudiantil, trabaja en el frente sindical del MIR en Tomé, responsabilidad que la dirección de la organización le había asignado a la base en la que militábamos junto a Eugenia, Andrea, Eric y Ariel. Todos estudiábamos en la Universidad de Concepción.

A lo menos dos veces por semana nos íbamos a Tomé. Al principio no conocíamos a nadie y nos parábamos afuera de las fábricas para repartir “El Insolente”, boletín que elaborábamos con ayuda del mimeógrafo. Al poco tiempo se formaron las primeras unidades del partido, que llegó a alcanzar cierta importancia en el sector sindical de la localidad.

Tiempos polémicos

La elección de Allende estuvo precedida de debates respecto a si el MIR debía o no participar en las elecciones. Compartía con Fernando los puntos de vista que él defendía con vehemencia. Era urgente ampliar la adhesión a nuestro proyecto revolucionario, aliarnos con otros sectores de la izquierda y apoyar la candidatura del bloque allendista. Había que empujar las transformaciones que tantas esperanzas despertaban en los sectores más humildes del país y profundizar el programa de la UP.

Fernando no era un intelectual ni tuvo tiempo para serlo, pero era claro y convincente a la hora de argumentar. El MIR se diferenciaba de los otros partidos de izquierda, entre otros aspectos, porque planteaba que la lucha armada era una forma válida para alcanzar sus objetivos. Era una época en que en varios países latinoamericanos habían surgido organizaciones revolucionarias que reivindicaban la violencia como un recurso necesario e inevitable. Chile era diferente, había un gobierno que abogaba por transformaciones profundas. Sin embargo, existía casi la certeza de que ni Estados Unidos ni los grandes capitalistas y terratenientes estarían dispuestos a perder sus privilegios. Se trataba de organizar al pueblo, no para combatir al gobierno de Allende sino para reivindicar sus derechos, frenar la arremetida de la derecha y defender conquistas alcanzadas. Fernando era vehemente en sus alegatos pero aprendió a escuchar. Buen polemista y también buen articulador.

El Programa del Pueblo, que contenía las definiciones centrales del MIR para esos años, nos sirvió para llegar al corazón del cordón industrial de Valdivia. Fernando era conocido entre los dirigentes sindicales, que muchas veces lo invitaron a intervenir en asambleas de trabajadores. Le acompañé en esas jornadas en las que se debatía sobre la viabilidad de unir el cordón industrial con las organizaciones poblacionales para formar un comando comunal, que sería el embrión de una gran fuerza social revolucionaria, fórmula que daba sustento a la consigna “Crear, Crear, Poder Popular”.

Durante el período de la UP se amplió la militancia mirista en todo el país y Valdivia no fue la excepción. Se formaron bases en la Universidad Austral y en poblaciones emblemáticas mientras en los fundos de la precordillera se alentaba el despertar de los trabajadores madereros, que con esperanzas en el nuevo gobierno se organizaban para dejar atrás la extrema miseria en que vivían. Militantes universitarios y secundarios dejaron los estudios para apoyar el trabajo con entrega total. Entre ellos Gregorio Liendo, quien por sus especiales condiciones se convirtió en un reconocido líder en la zona de Panguipulli. También Pedro Barría, que era normalista y usaba muletas. Para entonces, el crecimiento orgánico y la extensión geográfica que abarcaba el partido en la zona lo elevaron al nivel de Regional Valdivia. De esta forma a Fernando le correspondió integrarse al Comité Central del MIR. Fue uno de sus miembros más jóvenes.

La noche del 10 de septiembre de 1973 llegó a la casa molesto, preocupado. Acababa de ser testigo de la pasividad de Carabineros que dejó que un grupo de Patria y Libertad irrumpiera violentamente en una manifestación de apoyo al gobierno. Era evidente que se aproximaba el golpe de Estado. La dirección nacional del MIR había dispuesto que los dirigentes y los militantes más comprometidos permanecieran en casas de seguridad, pero no siguió la instrucción. En la víspera, una enorme piedra fue lanzada justo por la ventana del dormitorio de nuestra hija. Yo esperaba a mi segundo niño y no quiso dejarme sola.

Sobre los acontecimientos posteriores al 11 de septiembre de 1973 el poeta Omar Lara–que coincidió con Fernando en la cárcel de Valdivia–, escribió este verso que dice más que mis palabras: “En los últimos días de su vida/ Fernando Krauss le cantaba a su hija Camila/Algún día ella le cantará a su padre/ por las calles libres de Chile”.

El 22 de septiembre fue nuestro último encuentro. En medio de la zozobra y de sentimientos contenidos, Fernando me entregó una carta y pidió que no la abriera, no en ese momento. En la carta me decía que “había que vivir la vida con alegría, cualesquieran sean las circunstancias…”

La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricia González, determinó procesar a los exmiembros del Ejército y de la disuelta DINA, Pedro Espinoza Bravo y Marcelo Moren Brito, como autores de los homicidios de 11 miristas cometidos el 3 y 4 de octubre de 1973 en su paso por la capital de Los Ríos.

La presidenta de la Agrupación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Valdivia, Ida Sepúlveda, sostuvo que si bien la justicia ha actuado a medias, es un logro que a cuarenta años se decreten estas medidas judiciales.

A la actual embajadora de Chile en El Salvador, María Inés Ruz, esposa del asesinado dirigente del MIR, Fernando Krauss, la determinación de la Corte de Apelaciones es claramente un avance que a estar alturas les encuentra de sorpresa.

Ruz recuerda que la última vez que vio a Fernado Krauss con vida fue el 22 de septiembre de 1973, en momentos en que se preparaban para dejar la ciudad de Valdivia, conscientes del difícil momento que se avecinaba.

Camila Krauss Ruz, hija del dirigente, expresó que en el año 1997 cuando presentaron la querella creían que era un acto simbólico, por el momento político que vivía el país, pero jamás pensaron que llegarían a estas instancias.

Krauss hija sostiene que se haya decretado este procesamiento si bien es repentino, también debería ser esperanzador para que finalmente se haga justicia.

Al igual que los familiares del dirigente del MIR, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia esperan que las nuevas señales dadas a conocer por la Ministra González permitan avanzar hacia la verdad.

El día de hoy se supo que el pasado 16 de enero la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió someter a proceso a 5 militares en retiro que tuvieron responsabilidad directa en el Episodio Valdivia de la Caravana de la Muerte. El suceso alude a la serie de homicidios cometidos los días 3 y 4 de octubre de 1973 sobre 12 personas que se encontraban detenidas en poder de los militares y ejecutados en dependencias del Ejército de la ciudad de Valdivia.

En aquella oportunidad, mediante ejecuciones sumarias, y luego del arribo a la zona valdiviana de la comitiva de Sergio Arellano Stark, su helicóptero y sus matones, fueron ejecutados 12 militantes del MIR de la región de los lagos. El día 3 fue ejecutado José Gregorio Liendo Vera, el líder del MCR y dirigente del MIR en la zona del Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli. El día 4 fueron ejecutados Pedro Purísimo Barría Ordoñez, José Barrientos Wagner, Sergio Bravo Aguilera, Santiago García Morales, Enrique Guzmán Soto, Víctor Fernando Krauss Iturra, Luis Pezo Jara, Víctor Rudolph Reyes, Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Saavedra Muñoz y Luis Valenzuela Ferrada. El primero de los asesinados tenía la particularidad de ser minusválido y se desplazaba apoyado en muletas; la casi totalidad eran trabajadores de CFMP.

El 13 de mayo pasado la ministra Patricia González determinó procesar como autores del homicidio de José Liendo Vera a los ex miembros del Ejército Sergio Arellano Stark, Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito, Carlos López Tapia y Juan Chiminelli Fullerton; como cómplices fueron procesados Antonio Palomo Contreras y Emilio De La Mahotiere González.

En otra resolución la magistrada procesó además a los ex miembros del Ejército Pedro Espinoza Bravo y Marcelo Moren Brito como autores de los homicidios de los 11 prisioneros asesinados el día 4.

Ahora, la resolución de la Quinta Sala de la Corte de Santiago procesó a Santiago Sinclair Oyaneder, Juan Carlos Michelsen Délano, José Feliú Madinagoitía, Mario Rafael Manterola Garrido y Hugo Alberto Guerra Jorquera y revoca así la decisión de la ministra González que en septiembre pasado había negado el procesamiento de los mencionados ex oficiales de ejército.

De acuerdo a la resolución: "el día 03 de octubre de 1973, aterrizó en Valdivia un helicóptero "Puma" con un grupo de militares bajo el mando del entonces General de Ejército, Sergio Víctor Arellano Stark, delegado por quien a la fecha era Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, con el objeto de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales o de revisar y acelerar los procesos; Que, a raíz de la llegada de los militares mencionados, el día 04 de octubre de 1973, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia, a Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Pedro Purísimo Barría Ordoñez, Enrique Del Carmen Guzmán Soto y a José René Barrientos Warner, a quienes se les condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se les fusiló a consecuencia de una sentencia pronunciada en un supuesto Consejo de Guerra, cuya materialidad no existe"

Para el caso de Liendo Vera se determinó que: "A raíz de la llegada de los militares mencionados, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia a, Gregorio José Liendo Vera, estudiante de Agronomía, militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario, a quien se le condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se le fusiló a consecuencia de una sentencia dictada en un supuesto Consejo de Guerra cuya materialidad no existe".

El protegido de la derecha.

A la época de los crímenes, Santiago Sinclair tenía el grado de coronel y comandaba el Regimiento Blindado Cazadores N°2 de Valdivia. El comportamiento de este sujeto en las acciones represivas cometidas tanto en Valdivia como en Chihuío y Liquiñe, le valieron las adulaciones de Pinochet y su séquito; en 1975 lo designan agregado militar en Corea en donde permaneció por un período de dos años. En 1977 fue nombrado Director de Operaciones del Ejército y luego Director de Personal; en 1979 es designado como Ministro Jefe del Estado Mayor Presidencial, una función y entidad que solo es entendible en el marco de una dictadura, y en 1982 Pinochet lo designa Ministro Secretario General de la Presidencia, otra entidad y función surgida de la constitución e institucionalidad dictatorial.

El próximo paso en el ascenso del protegido fue el de Vice Comandante en Jefe del Ejército cargo en el que fue asignado en 1985; en esa ocasión es ascendido al pomposo título de teniente general del ejército.

Con ambos títulos encima en noviembre de 1988, luego de perdido el plebiscito por el dictador y su séquito, Sinclair asume como miembro de la Junta Militar en representación del dictador, permaneciendo en ese puesto hasta 1990.

En 1990 el protegido de Pinochet es designado por los dictadores como Senador Institucional, ocupando un puesto en el enclave que dictadores y derechistas establecieron en el Congreso para mantener sus políticas y controlar el poder. En esta situación se mantuvo hasta 1998 cuando comenzó la debacle de su amo detenido en Londres.

Hasta ahora, Sinclair había logrado conservar la impunidad que él y sus iguales urdieron en la maraña institucional y judicial para evitar responder por delitos cometidos al amparo del terror y bajo el imperio de las armas. El año 2008 ya estuvo procesado por el Ministro Mario Carroza por la responsabilidad que le cabía en la detención y desaparición de 5 militantes del FPMR ocurrido en septiembre de 1987. Es de esperar, que esta vez, las infames redes de la impunidad no vengan de nuevo en auxilio de un criminal miserable.

El general (r) del Ejército Santiago Sinclair estuvo detenido por 48 horas en el Caso Caravana de la Muerte junto a otros uniformados retirados por su participación en el homicidio de 12 personas en Valdivia. Sinclair fue vicecomandante en jefe del Ejército y la justicia espera que la impunidad geriátrica o biológica no sea una causa para que los criminales que usaron uniforme queden sin penas de cárcel

El general (r) Santiago Sinclair fue detenido y acusado de participar en el asesinato de 12 personas en Valdivia en el marco de la Caravana de la Muerte entre el 3 y 4 de octubre de 1973. Junto a él se arrestó también a tres ex uniformados por el mismo crimen, Juan Carlos Michelsen, José Feliú Madinagoitía y Mario Manterola Garrido, todos ellos coroneles y mayores sin embargo quedó pendiente la detención de Hugo Guerra Jorquera, también militar en retiro.

Todos los cinco ex militares antes nombrados tienen cerca o más de ochenta años. Y los jueces decidieron que la impunidad biológica o geriátrica no tiene razón jurídica si los involucrados cometieron crímenes de lesa humanidad. Igual que los nazis que participaron "en limpiezas" y matanzas de decenas personas en la segunda guerra mundial. Incluso un nazi de 94 años, fue detenido y encarcelado la semana recién pasada.

La matanza de doce campesinos

La ministra Patricia González Quiroz sometió a proceso y ordenó la prisión preventiva del ex vicecomandante en Jefe del Ejército, exintegrante de la Junta Militar y exsenador designado, general (r) Santiago Arturo Ariel de Jesús Sinclair Oyaneder, en calidad de autor de 12 homicidios calificados.

Sinclair permaneció preso en el Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén en espera de que la Corte de Apelaciones de Santiago decidiera si debía continuar en prisión preventiva o le concedía la libertad. Este sábado quedó en libertad por 200 mil pesos, pero el juicio seguirá y tendrá que declarar nuevamente por los crímenes.

En la época en que se sucedieron los hechos, Santiago Sinclair, quien era coronel y comandante del Regimiento de Caballería N°2 Cazadores de Valdivia y la segunda autoridad militar en la zona, integró un supuesto Consejo de Guerra en el cual se condenó a muerte a 12 campesinos y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), quienes fueron falsamente acusados de "asaltar" el retén de Carabineros de Neltume, en la precordillera al este de Valdivia, la noche del 12 de septiembre de 1973.

Con anterioridad Sinclair fue investigado por el juez Juan Guzmán en 1998, momento en la que el general (r) declaró: "Recuerdo el Consejo de Guerra que se hizo con respecto de Liendo y otro, un sujeto muy conocido de apellido Krauss, junto a otras personas que no identifico (…) Una vez terminados los alegatos nosotros votamos. El voto se depositó en una caja y el presidente del Consejo hizo el escrutinio".

El fatídico escuadrón Caravana de la Muerte llegó a ciudad de Valdivia el 3 de octubre de 1973 y fue recibido por el Comandante en Jefe de la IV División de Ejército con asiento en Valdivia, general Hugo Bravo Muñoz y el coronel Sinclair, quienes dispusieron a sus subalternos la búsqueda y el arresto de estas 12 personas.

La resolución judicial ratifica los doce fusilamientos que dio la orden Sinclair

"El día 03 de octubre de 1973, aterrizó en Valdivia un helicóptero "Puma" con un grupo de militares bajo el mando del entonces General de Ejército, Sergio Víctor Arellano Stark, delegado por quien a la fecha era Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, con el objeto de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales o de revisar y acelerar los procesos; Que, a raíz de la llegada de los militares mencionados, el día 04 de octubre de 1973, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia, a Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando KraussIturra, Pedro Purísimo Barría Ordoñez, Enrique Del Carmen Guzmán Soto y a José René Barrientos Warner, a quienes se les condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se les fusiló a consecuencia de una sentencia pronunciada en un supuesto Consejo de Guerra, cuya materialidad no existe", señala el fallo.

Para el caso de Gregorio Liendo Vera se determinó:

"A raíz de la llegada de los militares mencionados, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia a, Gregorio José Liendo Vera, estudiante de Agronomía, militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario, a quien se le condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se le fusiló a consecuencia de una sentencia dictada en un supuesto Consejo de Guerra cuya materialidad no existe".

Casi todas las víctimas eran obreros del Complejo Maderero Forestal Panguipulli, que la noche del 12 de septiembre de 1973 se manifestaron frente al retén Neltume pidiendo a los carabineros que no se plegaran al golpe militar y entregaran sus armas. Ahí se informó que el retén fue "asaltado" por los miristas, resultando heridos los cuatro carabineros que permanecían en su interior, lo que resultó ser falso según demostró la investigación. De la misma forma, las indagatorias acreditaron la falsedad de los daños producidos a la estructura del cuartel, según informó el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Los 12 campesinos fueron ejecutados al interior del predio militar de Llancahue. Liendo Vera fue asesinado la noche del 3 de octubre de 1973 y los otros 11 lo fueron al atardecer del día siguiente.

La magistrado Patricia González estableció que los crímenes fueron planeados por Sinclair, el general (r) Sergio Arellano Stark (declarado inimputable por demencia senil) y Hugo Bravo (ya fallecido).

El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, al ser consultado respecto de la detención de Sinclair, expresó "la justicia tarda pero llega, y si hay una investigación de esa naturaleza en materia de derechos humanos y hoy día existe esa detención, serán los tribunales los que van a determinar cuál es la responsabilidad".

A ello, el secretario de Estado agregó que "el avance que hay en los tribunales es importante para que se conozca la verdad. El caso particular lo resolverán las instituciones que corresponden y los abogados querellantes" y que se trata de "hechos de hace muchos años en que todos queremos que haya verdad y justicia".

En este tipo de situaciones ya es común que por la avanzada edad de los acusados la justicia les permite recibir algún tipo de beneficio en el que pueden cumplir sus penas en la casa o una cárcel especial para los exagentes de la dictadura o incluso apelan a la media prescripción, lo que sea que les permite rebajar el tiempo de condena.

En entrevista con Cambio21 la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, preguntada sobre esta detención expresó que "para nosotros es un avance muy importante la detención de Santiago Sinclair que tiene que ver con la Caravana de la Muerte y los 12 asesinados en Valdivia. Además, Sinclair está involucrado en otras causas".

 "Es una alegría que uno de los importantes que se mantenían en la impunidad, quien fue miembro de la Junta Militar y tuvo varios cargos en la represión del terrorismo de Estado de nuestro país haya sido detenido", mencionó Lira.

En cuanto a lo que esperan de la justicia, la presidenta de la AFEP expresó "lo único que pedimos es que Sinclair no se lleve la pena remitida y pase por la cárcel, sino que la pena se condiga con la gravedad de los delitos, porque fueron 12 personas a las que le quitó la vida. Que se busque el mecanismo en que los jueces no den la pena remitida ni apliquen la media prescripción".

En cuanto qué ha cambiado en la justicia para lograr atrapar a quienes estuvieron tanto tiempo en la impunidad, el abogado del Programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, Rodrigo Lledó, declaró que "hoy entendemos que estamos en otro escenario, que ha habido varios gobiernos de la Concertación, hubo un gobierno de centro derecha y estamos discutiendo una nueva Constitución y estas causas de derechos humanos tienen que avanzar porque así lo dispone el derecho internacional en el que nuestro país está inserto".

En relación dónde debieran cumplir sus condenas los exoficiales y qué pasa con algunas de las garantías con las que cuentan cuando son sentenciados, Lledó dijo "evidentemente que nosotros no estamos satisfechos con eso, porque nosotros hacemos todo lo posible para que se haga justicia y cuando llega el momento de cumplir la pena se hace en condiciones de privilegio y eso no corresponde porque estamos en un país que tiene que respetar la igualdad ante la ley".

A esto también se refirió el abogado de la causa, Tomás Pascual, quien explicó que "hoy tenemos una respuesta de la justicia diciendo que estos oficiales de Valdivia tuvieron y hay presunciones fundadas de que, a través de disponer de una serie de medios, permitieron que se ejecutara sumariamente a 12 personas el 3 y 4 de octubre de 1973".

Sobre la posibilidad que tiene Santiago Sinclair de cumplir una condena, el abogado dijo "uno de los elementos inherentes a los delitos de lesa humanidad es que estas personas no pudieron ser perseguidas durante un largo periodo de tiempo, por lo tanto, valerse de eso, de la edad para que no pueda exponerse a ninguna pena, sería doblemente injusto".

Finalmente, sobre los avances en el caso Caravana de la Muerte, Pascual mencionó "en el corto plazo pediremos el cierre de la investigación a objeto de que se acuse a los procesados y se les condene de acuerdo al mérito del proceso como reivindicación de los 12 ejecutados en Valdivia y de sus familiares después de 41 años, porque así podemos empezar a llegar a la verdad".

El 3 y 4 de octubre se conmemora una de las fechas que marcan a fuego la violación a los derechos humanos en la ciudad de Valdivia, hace 50 años, en el sector de Llancahue, donde funcionaba el campo de tiro del 8° Regimiento de Fuerzas Especiales de Valdivia, allí fueron fusilados por un falso consejo de guerra 12 trabajadores forestales del Complejo forestal y maderero Panguipulli (Cofomap) -mayoritariamente militantes del MIR-, todos detenidos tras el golpe de Estado, torturados y acusados sin ningún proceso judicial formal.

Este caso, conocido como caso Neltume, es obra de la caravana de la muerte, episodio Valdivia tuvo como ejecutados a los estudiantes universitarios José Gregorio Liendo Vera, (militante del MIR y líder del MCR del COFOMAP, conocido como «Comandante Pepe»); Pedro Purísimo Barria Ordoñez; José René Barrientos Warner; (músico de la Orquesta de Cámara de la Universidad Austral); Fernando Krauss Iturra, (Secretario Regional del MIR) y los obreros madereros Sergio Jaime Bravo Aguilera; Santiago Segundo García Morales; Luis Enrique del Carmen Guzmán Soto; Luis Hernán Pezo Jara; Víctor Eugenio Rudolf Reyes; Rudemir Saavedra Bahamondes; Víctor Segundo Saavedra Muñoz y Luis Mario Valenzuela Ferrada. Las actividades de homenaje y conmemoración se iniciaron en el sitio de Llancahue donde familiares, compañeros y amigos se reunieron para recordar a los represaliados, tal y como se viene haciendo desde hace años.

La actividad estuvo organizada por la Casa de la memoria de Valdivia, espacios que fuera sede de la CORA, después ex cuartel de la CNI y actualmente lugar de memoria y funcionamiento de la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la capital de Los Ríos. También fueron parte de la organización el Colectivo Sur memoria y dignidad y la Universidad Austral de Chile.

Las acciones de memoria continuaron en el cementerio municipal de la ciudad, donde a medio día se reunió más de un centenar de personas para hacer un acto de reparación y recordación en las tumbas de varios de los ejecutados por la dictadura civil-militar, en la ocasión se hicieron parte organizaciones estudiantiles y tomaron la palabra organismos de derechos humanos, así como compañeros y familiares de los obreros y estudiantes represaliados, quienes se encontraron en la tumba de Fernando Krauss, uno de los líderes miristas asesinados en este caso.

Por último, la Universidad Austral, en su Aula Magna, acogió a más de 500 personas para entregar títulos y grados póstumos a estudiantes de la casa de estudios valdiviana que fueron asesinados o permanecen desaparecidos desde 1973, muchos de ellos del caso Neltume, la entrega se hizo a familiares en una acto sobrio y emotivo que contó con la participación del Rector y de las y los decanos de la Facultad correspondiente, los homenajeados son: José Luis Appel De La Cruz (Medicina), José René Barrientos Warner (pedagogía en Castellano y Filosofía), Carmen Angélica Delar Cabezas (Medicina), Víctor Fernando Krauss Iturra (Pedagogía en Castellano), Gregorio José Liendo Vera (Agronomía), Sergio Raúl Pardo Pedemonte (Filosofía), Hugo Rivol Vásquez Martínez (Ingeniería Forestal), Rogelio Humberto Tapia de la Puente (Ingeniería Forestal), Mario Alejandro Mellado Manríquez (Agronomía) y Héctor Darío Valenzuela Salazar (Pedagogía en Castellano).

La ceremonia dio paso a la reinauguración del espacio de memoria abierto en la Universidad para los estudiantes caídos en dictadura, donde se reunió un gran número de personas y se entregó la palabra a los asistentes para rendir honores a los titulados póstumamente. Cabe destacar que la mesa interfacultades de Filosofía y Humanidades, Derecho y Artes y Arquitectura, en trabajo mancomunado con las organizaciones de derechos humanos lograron este importante y reparados acto para con los represaliados y con sus familias, marcando un hito en la historia de la UACh.

Es de gran relevancia manifestar que los actos de reparación pueden ser significativos cuando son el fruto de la acción de organizaciones de la sociedad civil, pues acompañan simbólicamente a las agrupaciones en su exigencia de justicia, con ello se da una fuerte señala contra el negacionismo y se anima a la conciencia de los sectores populares y especialmente a los jóvenes en la lucha por los derechos humanos y la justicia social.