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Wilson Daniel HENRIQUEZ GALLEGOS

Wilson Daniel HENRIQUEZ GALLEGOS fue asesinado por la CNI el 15 Junio 1987, parte de la llamada "Operacion Albania".

Agentes de la CNI llegan a la casa de Varas Mena 417, donde se produce el primer y único enfrentamiento reconocido por todos. Quien hace de dueña de casa es una frentista, Cecilia Valdés, quien está acompañada de su hijo de dos años. Su supuesta pareja era el oficial del FPMR Juan Waldemar Henríquez, un ingeniero de 28 años que habia recibido instrucción militar en Alemania y Cuba, y estaba cargo de una escuela de cuadros en ese lugar.

La casa es finalmente copada por los agentes de la CNI, con lo que se inicia un tiroteo con dos frentistas que cubren desde el interior la retirada de sus compañeros Juan Waldemar Henríquez y Wilson Henríquez Gallegos, quienes huyen por los tejados de las casas vecinas. Mientras camina por el techo, Juan Waldemar recibe un impacto de bala mortal, el tejado cede, y su cuerpo ya sin vida cae. También en el tejado, Wilson es herido por disparos de detectives y cae.


 Operación Albania

                         En junio de 1987 agentes de la CNI realizaron la llamada Operación Albania o matanza de Corpus Christi, que afectó a miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). También en este caso se justificó ante la opinión pública las muertes como consecuencias de enfrentamientos sucesivos, señalándose igualmente que los agentes habían actuado en cumplimiento de una orden judicial y en presencia de un fiscal militar, circunstancia esta última que después sería desmentida.

                           Los hechos comenzaron en la mañana del 15 de junio de 1987, cuando fue interceptado en la vía pública, en calle Alhué de Santiago a metros de la casa de su madre, Recaredo Ignacio VALENZUELA POHORECKY, economista. Sin intimársele la rendición le dispararon causándole la muerte agentes de la CNI que se encontraban esperándolo.

                           Por lo anterior, ratificado por testimonios a que tuvo acceso esta Comisión, ésta llegó a la convicción de que la víctima fue ejecutada por agentes de la CNI, considerando su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.

                           Aproximadamente a las 18:30 horas del mismo día fue muerto en calle Varas Mena, donde vivía, Patricio Ricardo ACOSTA CASTRO, mediante un disparo que le provocó un traumatismo cráneo encefálico y raquimedular.

                           La Comisión adquirió la convicción, dado el contexto de los hechos acaecidos en esa oportunidad y la forma de la muerte de la víctima con único balazo en el cráneo, de que la víctima fue ejecutada por agentes estatales en violación de sus derechos humanos.

                           Apenas pasada la medianoche, a unas cuadras más allá de la misma calle Varas Mena, en el N° 417, se produjo un nuevo hecho en el que fallecieron dos personas. En ese lugar, en el cual funcionaba una escuela de guerrillas del FPMR, se encontraban tres personas y un número indeterminado de alumnos en la parte posterior del inmueble. Este había sido rodeado desde temprano, habiéndose apostado los agentes en las casas vecinas. A esa hora, un nutrido grupo de agentes golpeó el portón y ordenó a los ocupantes que abandonaran la casa. Casi inmediatamente los agentes echaron abajo ese portón con un vehículo y comenzaron a disparar desde diversas direcciones. Las personas que estaban en la parte posterior del inmueble huyeron, siendo algunas detenidas en las inmediaciones. Los que estaban en la casa se enfrentaron a los agentes durante algún tiempo y luego también trataron de escapar.

                           El primero de ellos, Juan Waldemar HENRIQUEZ ARAYA, ingeniero, cayó cuando intentaba huir por el entretecho de la casa vecina signada con el N° 415. La Comisión en rigor no puede calificar su muerte de violación de derechos humanos, sino que estima que cayó, víctima de la situación de violencia política, puesto que no le era exigible una actitud distinta a la de defenderse de sus agresores quienes manifiestamente tenían la intención de ejecutarlo.

                           Por su parte, Wilson Daniel HENRIQUEZ GALLEGOS, obrero, quien se encontraba herido, se refugió en el patio de la casa vecina signada con el N° 419, la que había sido abandonada ya por los agentes. Ahí fue visto por la dueña de la casa, quien le indicó que debía entregarse, a lo que él se negó. Testimonios indican que al rato volvió otro grupo de agentes e hizo a la familia introducirse en el dormitorio. Apresaron a Wilson Henríquez y comenzaron una suerte de juego con él, lo golpearon, lo sacaron a la calle arrastrándolo, dijeron que lo iban a volver a entrar para que no se resfriara y luego lo mataron, registrando su cuerpo según el protocolo de autopsia 21 orificios de bala.

                           La Comisión ha llegado a la convicción de que se Wilson HENRIQUEZ fue ejecutado por efectivos de la CNI, considerando su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.

                           Mientras tanto, en el sector de Villa Olímpica de la capital se produjo una nueva muerte también a manos de los agentes de la CNI. Julio Arturo GUERRA OLIVARES, electricista, se encontraba en su departamento cuando éste fue rodeado por los efectivos de seguridad. Se produjo un enfrentamiento por sus captores, el que fue presenciado por testigos. Una vez concluido éste la víctima fue ejecutada, mediante disparos a corta distancia. Por lo anterior y apreciando que la víctima se encontraba a merced de sus captores, esta Comisión considera su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.

                           Finalmente, en la madrugada de ese día en calle Pedro Donoso de la comuna de Conchalí se produjo el último episodio donde falleció el mayor número de personas: Esther Angélica CABRERA HINOJOSA, cesante, Elizabeth Edelmira ESCOBAR MONDACA, empleada, Patricia Angélica QUIROZ NILO, estudiante, Ricardo Hernán RIVERA SILVA, chofer, Ricardo Cristián SILVA SOTO, estudiante, Manuel Eduardo VALENCIA CALDERON, electromecánico, y José Joaquín VALENZUELA LEVI, estudiante.

                           Nuevamente la versión oficial señala la existencia de un enfrentamiento en la ocasión, del cual habrían resultado muertas las víctimas antes mencionadas, logrando escapar otra persona. También se señala la existencia de agentes heridos.

                           La Comisión ha descartado esta versión, en atención a las siguientes consideraciones: en el lugar no existirían huellas de disparos efectuados desde el interior del inmueble; las marcas en el piso del inmueble dejadas por las balas dan cuenta de que a algunas de las víctimas se les disparó desde arriba hacia abajo, presumiblemente mientras estaban encuclilladas; resulta inverosímil como lo sostiene la versión oficial que alguien haya huído del lugar dadas las características de la casa, que es totalmente cerrada; no fue posible comprobar la existencia de agentes heridos como se comunicó públicamente; y, finalmente, debe considerarse la falta de colaboración de la CNI en el proceso destinado a esclarecer esta situación, donde no han sido dados a conocer los nombres verdaderos de los agentes que intervinieron ni menos han prestado declaraciones, ni se ha acompañado el armamento que supuestamente se confiscó en el lugar.

                           Considerando lo anterior, la Comisión ha llegado a la convicción de que estas siete personas fueron ejecutados por agentes del Estado, en violación de sus derechos humanos.

                           Como consideración general debe agregarse lo inverosímil que resulta la existencia de tantos enfrentamientos con tantas víctimas fatales en unas pocas horas, lo que hace presumir un planeamiento previo de estas situaciones y su desenlace.

  (informe rettig)


El Mercurio

28 de Diciembre 2005

Corte confirma condenas a responsables de Operación Albania

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones, en votación unánime, confirmó las condenas que dictó en enero pasado, el ministro en visita Hugo Dolmestch, a 15 miembros de la ex CNI, en el marco de la denominada Operación Albania, en la cual murieron 12 miembros del Frente Manuel Rodríguez.

De esta manera seguirá sentenciado a cadena perpetua su ex director Hugo Salas Wenzel, como autor del homicidio simple de cinco de los fallecidos, y del homicidio calificado de los otros siete.
Salas es sindicado como responsable directo del hecho, por ser quien dio la orden de efectuar el operativo, que también se conoce como "matanza de Corpus Christi".

No obstante, el tribunal revocó la absolución que el ministro había dictado en contra de tres involucrados a quienes se les aplicó una condena efectiva de cinco años y un día de presidio.
Se trata de César Acuña Luengo, René Valdovinos Morales y Fernando Burgos Díaz, quienes tuvieron responsabilidad en la muerte de Ignacio Valenzuela Pohorecky.

De esta manera, de los 26 procesados en este caso, ocho quedaron en libertad, dado que no tuvieron responsabilidad directa en los hechos.

El tribunal, integrado por los ministros Raúl Rocha, Juan Araya y Mauricio Silva, resolvió además elevar a 500 millones de pesos la indemnización de perjuicios por 250 millones de pesos que había fijado el ministro Dolmestch para las familias de las víctimas.

La Operación Albania tuvo lugar en tres lugares distintos de Santiago los días 15 y 16 de junio de 1987, y en ella perdieron la vida los militantes del FPMR, Recaredo Valenzuela Pohorecky, Patricio Acosta Castro, Juan Henríquez Araya, Wilson Henríquez Gallegos, Julio Guerra Olivares, Esther Cabrera Hinojosa, Elizabeth Escobar Mondaca, Patricia Quiroz Nilo, Hernán Rivera Silva, Ricardo Silva Soto, Manuel Calderón y José Valenzuela Levy.


El Mostrador

29 de Agosto 2007

Mayor condena contra general retirado por crímenes en dictadura Operación Albania: Suprema confirma cadena perpetua contra Hugo Salas Wenzel

La Corte Suprema confirmó este martes la cadena perpetua contra el general retirado Hugo Salas Wenzel, otrora director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el crimen de doce frentistas en junio de 1987, en el marco de la Operación Albania.

Salas Wenzel fue sentenciado en calidad de responsable intelectual de los asesinatos, que se planificó como una de las venganzas por el atentado a Augusto Pinochet Ugarte, ocurrido en septiembre de 1986.

Con esta resolución, el otrora jefe del organismo represivo se transformó en el general retirado que ha recibido la mayor condena por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala (Penal) que también se pronunció sobre las condenas que el ministro Hugo Dolmestch dictó contra otros catorce ex uniformados que participaron en el operativo, también conocido como Matanza de Corpus Christi.

En tribunales se explicó que como Salas Wenzel comenzó a ser juzgado antes de que se modificara la ley, se le aplicará la cadena perpetua simple, lo que permite a partir de los 20 años de prisión pueda acceder a algún tipo de beneficio.

El máximo tribunal también decidió elevar de 15 a 20 años de prisión la condena contra el ex jefe operativo del organismo represivo Álvaro Corbalán Castilla, quien ya se encuentra cumpliendo prisión por otras violaciones a los derechos humanos perpetrados en la dictadura militar.

En tanto, mantuvo la condena a 10 años de presidio contra el comandante (R) de Carabineros Iván Quiroz Ruiz, mientras que aumentó de 7 años y un día a 8 años de prisión el castigo contra el ex agente de la CNI Enrique Neira Donoso.

Estos cuatro otrora miembros deberán cumplir con su castigo en prisión junto al ex agente Manuel Morales Acevedo, quien inicialmente había sido condenado a tres años de prisión pero la Suprema elevó su castigo a cinco años y un día.

En tanto, los ex agentes Luis Arturo Sanhueza Ross, Rodrigo Pérez Martínez, César Acuña Luengo, Patricio Miquel Carmona y Fernando Burgos Díaz fueron

sentenciados a cinco años y un día de prisión, mientras que Eric Silva Reichart recibió una sanción de cinco años de cárcel.

Gonzalo Maas del Valle, José Miguel Morales Morales, René Valdovinos Morales, en tanto, fueron condenados a tres años de prisión, mientras que Hugo Guzmán Rojas recibió un castigo de 541 días de cárcel.

La Suprema también confirmó la absolución de 11 agentes que participaron en los operativos y que ya habían sido exculpados por Dolmestch y la Corte de Apelaciones de Santiago, entre los que se encuentran los ex agentes Kranstz Bauer y Jorge Vargas Bories, al igual que el ex fiscal de Carabineros Luis Acevedo.

En junio pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los parientes de las víctimas alcanzaron un acuerdo de reparación en el que el Fisco se comprometía a pagar una indemnización de $ 300 millones a cada grupo familiar.

Querellantes celebran decisión

El abogado Nelson Caucuto, representante de las víctimas, destacó que esta sea la primera condena perpetua para un militar con grado de general, lo que a su juicio revela "la gravedad de los hechos juzgados y la importancia de este caso".

"Hemos logrado establecer la verdad de lo acontecido y sanciones penales altas, donde hay una condena de presidio perpetuo y también finalmente hay reparación.

En una sola sentencia hemos logrado confluir los tres aspectos que comprende un concepto complejo como es la justicia, los que son la verdad, la sanción penal, y la reparación”, sostuvo.

“Me parece extraordinario haber cerrado este capítulo, con esta sentencias que ha dictado el máximo tribunal”, puntualizó.



Fallo Operacion Albania - Primera instancia - 2005


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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