Aguirre Tobar Paulina Alejandra

Este mes, al cumplirse 19 años del asesinato de Paulina Alejandra Aguirre Tobar, se espera conocer la sentencia contra los miembros de la CNI que le dieron muerte a balazos en una emboscada disfrazada de enfrentamiento. La joven militante del MIR acababa de cumplir 20 años, en diciembre de 1984. El homicidio ocurrió poco antes de la medianoche del 29 de marzo de 1985, en el sector El Arrayán: la misma noche en que los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo fueron asesinados en Villa Francia. En sólo unas horas, la siniestra mano de la dictadura cercenó la vida y los sueños de tres jóvenes.
Por el homicidio calificado de Paulina Aguirre están procesados y acusados como autores Alvaro Corbalán Castilla, mayor de ejército y jefe operativo de la CNI quien, en esa época, estaba al mando del cuartel Borgoño; Krantz Johans Bauer Donoso, teniente coronel de ejército en retiro, que entonces dirigía la Brigada Azul de la CNI bajo el mando de Corbalán, actualmente también procesado por los asesinatos de la Operación Albania y del periodista José Carrasco; Miguel Angel Soto Duarte, mayor de Carabineros en retiro, alias “El Paco Aravena”; Alejandro Astudillo Adonis, oficial de la Fach; y Jorge Claudio Andrade Gómez, teniente coronel de ejército en retiro, subcomandante del cuartel Borgoño. Fue Soto Duarte quien disparó las balas que provocaron la muerte inmediata de Paulina. Cuando ya había caído, Astudillo Adonis y Andrade Gómez le continuaron disparando. Corbalán y Bauer dieron las órdenes, siguieron paso a paso el “operativo” y se encargaron del montaje para simular un enfrentamiento.
Los procesamientos de estos cinco criminales fueron revisados y confirmados unánimamente por la Corte de Apelaciones de Santiago. Dos de ellos reconocieron haber participado en el “operativo” por orden de Alvaro Corbalán. Esta fue una de las “proezas” de la Brigada Azul de la CNI, encargada de reprimir al MIR y responsable de numerosos crímenes. Esta brigada la dirigía en esa época Krantz Bauer, bajo el mando general de Alvaro Corbalán. Durante el proceso fueron interrogados alrededor de veinte ex agentes que formaban parte de esa brigada, tres de los cuales permanecían en servicio activo en el ejército en el año 2002.
Actualmente la investigación está cerrada, el caso fue aclarado y el proceso cuenta con dos confesiones de los autores, decisivas para impedir cualquier subterfugio en busca de impunidad. Antes de fines de marzo, el ministro de fuero Jorge Zepeda debería dictar sentencia de primera instancia.

MILITANTE PRECOZ

Paulina Aguirre pidió ingresar al MIR a los 15 años. A esa edad ya había comprendido de sobra lo que era vivir en dictadura. Vio a su padre, Luis Aguirre Smith, terriblemente torturado en Calama y después tras las rejas de la Penitenciaría de Santiago. Su tío Pedro, trabajador de Chuquicamata, estuvo recluido en la cárcel de Copiapó y su tío Carlos Acuña Alvarez fue fusilado en Antofagasta. “Ella quiso luchar contra los crímenes cometidos por la dictadura. Esperaba crear una sociedad más humana, justa e igualitaria -recuerda hoy su padre-. Paulina era una bella niña que continuaba asistiendo al Liceo Valentín Letelier en cursos vespertinos. Dibujaba y tocaba la guitarra con sus compañeros y amigos. Y escribía, sin olvidar jamás su compromiso político”. A su padre le dejó versos como éstos:
Cuando el dolor,
la sangre, el odio y la muerte
son necesarios,
miles de manos se tienden
para tomar las armas.
Acuérdense ustedes de mí
Siempre.
La joven militante, cuyo nombre político era “Luisa”, trabajó cinco años en la clandestinidad. Sus padres estaban separados y vivían en el exilio. Luis Aguirre en Francia y su madre, María Eugenia Tobar Andrade, en Suecia. Es poco lo que se sabe de los últimos años de Paulina en Chile. Sí se han podido reconstituir, a grandes rasgos, sus pasos previos al asesinato.

UNA GRIETA EN EL MURO

A comienzos de 1985, Paulina Aguirre arrendó una cabaña de madera en el interior de una parcela, en calle Pastor Fernández 16.100, en la comuna de Lo Barnechea. Según el testimonio de un testigo, la misma vivienda había sido alquilada anteriormente por una mujer de unos 30 años, que dijo ser fotógrafa y a quien visitaba un hombre de la misma edad. En las noches, los vecinos sentían que martillaban, como si estuvieran realizando un trabajo de carpintería. La mujer abandonó la cabaña intempestivamente, al día siguiente de un robo en una casa vecina que motivó la presencia de personal de Investigaciones.
En los primeros días de marzo, la zona central del país fue estremecida por un terremoto y una profunda grieta resquebrajó la única pared de cemento de la cabaña donde vivía Paulina. La dueña -María Victoria Esquivel, hoy fallecida-, quien residía en el mismo recinto, le pidió que se mudara a una pieza de su casa mientras reparaban la cabaña. Pero ella optó por trasladarse transitoriamente a casa de su abuela, en la Villa Cumbres Andinas de la comuna de Macul, donde vivían su hermano, una tía y una prima.
El 27 de marzo, los maestros que efectuaban reparaciones en la cabaña debieron derribar la pared dañada y en el interior de un tabique de madera descubrieron paquetes de municiones. Alertaron a la propietaria y ésta dio aviso al Ministerio de Defensa. Al lugar llegó un equipo de la CNI, que posteriormente anunció a la prensa el hallazgo de armas, municiones y amongelatina. Dentro y fuera de la vivienda quedó una guardia permanente de la CNI esperando el regreso de Paulina.
El contratista a cargo de los trabajos, Luis Valenzuela Pérez, declaró durante el proceso que vio al agente de la CNI a cargo del equipo mostrarle una serie de fotos a la dueña de la parcela y que ésta reconoció en una de ellas a la joven arrendataria de la cabaña, como también a otra mujer que le había servido de aval al momento de concertar el alquiler. Valenzuela señala, además, que les afectó cuando supieron de la muerte de la muchacha “debido a que sentíamos que por nuestro trabajo había resultado muerta esta joven” y que la dueña de la propiedad estaba molesta “ya que estimaba que la cantidad de personas que se encontraba oculta al interior de la parcela y en los alrededores, podría haber actuado en forma diferente, deteniendo a la joven sin matarla”.
Según la versión “oficial” entregada por la CNI, Paulina regresó el 29 de marzo, a las 23.15 horas. La parcela estaba plagada de esbirros de la CNI, ocultos entre los árboles. Cuando la joven abrió la puerta del antejardín, le habrían ordenado que se detuviera e identificara. Entonces, ella habría sacado un arma de su bolso con la que supuestamente disparó a los agentes.
Al repeler el ataque, éstos la habrían herido mortalmente. El informe de autopsia registra ocho entradas de bala, dos de las cuales le atravesaron la cabeza. La muerte fue instantánea.
La investigación realizada durante el actual proceso reveló que Paulina estaba siendo seguida con anterioridad, que iba desarmada y que la asesinaron a sangre fría. Una vez cometido el crimen, llegaron al lugar Alvaro Corbalán y Kranz Bauer -ambos procesados por la Operación Albania y el primero condenado a prisión perpetua por el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca-, para supervisar el resultado de la “operación”, alterar el sitio del suceso y hacer la denuncia del “enfrentamiento”. Esa fue la información que se dio a conocer a la población chilena a través de la prensa.

EN BUSCA DE LA VERDAD

Como ocurrió con muchos otros casos, por el homicidio de Paulina Aguirre se inició un proceso en la justicia militar que quedó en nada. El Segundo Juzgado Militar de Santiago no se orientó a indagar sobre la muerte de la joven militante del MIR, sino a investigar los delitos de tenencia ilegal de armas y conducta terrorista. Poco después, el caso fue sobreseído debido a que la autora de esos delitos había muerto en un enfrentamiento. Eso fue todo.
Al comienzo de la década del 90, sus familiares declararon ante la Comisión de Reconciliación, Verdad y Justicia. Luego de investigar, la comisión expresó en el Informe Rettig su convicción de que “Paulina Aguirre pudo ser detenida, sin embargo fue ultimada por efectivos de la CNI cuando regresaba a su domicilio, sin que hubiese habido oposición de su parte”. El 2001, Luis Aguirre Smith, residente en Francia, presentó una querella ante el juez Juan Guzmán por intermedio del abogado de derechos humanos Francisco Bravo contra Augusto Pinochet y quienes resulten responsables de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita genocídica cometidos contra su hija.
Durante el proceso en la justicia militar, Salas Wenzel había dado el nombre de dos personas -“Jaime Aravena Parada” e “Iván Stuar Briceño”- que habrían participado en el operativo. Como es de suponer, eran “chapas”, lo que se demostró en ese mismo proceso.
Posteriormente, en el 2001, el actual comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre, quien entonces tenía el cargo de jefe del estado mayor general del ejército, se negó a entregar al ministro de fuero Juan Guzmán la nómina de militares que cumplían funciones en la CNI en 1985, diligencia que había solicitado la parte querellante. Sólo argumentó que esa información es “un antecedente secreto conforme lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar”. Esa fue toda la “colaboración” que prestó el ejército para aclarar el crimen, lo que desmiente el discurso reconciliatorio y pro derechos humanos del general Cheyre. Con los escasos antecedentes disponibles, el ministro de fuero Juan Guzmán despachó una orden de investigar al Departamento V de la policía de Investigaciones, que cumplió una labor decisiva en la pesquisa.
Estableció que dentro de la CNI el aparato encargado de la represión contra el MIR era la denominada Brigada Azul, y que el asesinato de Paulina Aguirre tenía las mismas características de otros cometidos antes y después de su muerte, los que también se presentaron como “enfrentamientos”. Un precedente inmediato era el homicidio de Fernando Vergara Vargas, abatido en la calle el 15 de diciembre de 1984 cuando regresaba a su casa. Los falsos enfrentamientos fueron la forma que adquirió en los años 80 la política de exterminio contra quienes estaban en la lucha antidictatorial. Hay testigos que escucharon en 1986 a Hugo Salas Wenzel, director de la CNI, diciéndole a Alvaro Corbalán que “ya no quiero más detenidos”.
El Departamento V de Investigaciones logró identificar a un número importante de agentes de la Brigada Azul y, con la orientación de la parte querellante, solicitó información judicial a otros jueces que investigaban delitos cometidos por la CNI en esos años. La primera luz para dar con los autores la proporcionó una agente de esa brigada de la CNI, Ema Verónica Ceballos Núñez, perteneciente a la Armada, quien declaró que el operativo en El Arrayán, en el que ella dijo no haber participado, fue comentado en la Brigada Azul por un sujeto denominado “El Paco Aravena”, quien tenía la particularidad de estar estudiando Leyes. Este hombre, según Ema Ceballos, se jactaba de haber dado muerte a Paulina Aguirre, lo que a ella le molestó mucho, porque consideraba un acto de cobardía haber matado a una muchacha tan joven y sin defensa. Esos datos fueron determinantes. A su vez, otros agentes de la CNI fueron entregando nuevos antecedentes. Uno de ellos admitió que fue un montaje, que la joven estaba siendo seguida hacía aproximadamente un mes. Luego, Ema reconoció al “Paco Aravena” en una serie de fotos que le mostró el ministro a cargo de la investigación. Fue identificado como Miguel Angel Soto Duarte. Es decir, el pacto de silencio se comenzaba a romper, lo que permitió ir precisando la identidad de quienes participaron en el operativo y a quienes correspondían las chapas entregadas por Salas Wenzel.
En octubre del 2003, cuando se distribuyeron procesos para descongestionar el trabajo del juez Guzmán, el caso pasó a manos del ministro de fuero Jorge Zepeda, quien continuó trabajando, ahora con el equipo de inteligencia de Investigaciones, y tomó declaraciones a aproximadamente veinte ex agentes de la CNI. En definitiva, llegó a la conclusión que Paulina Aguirre había sido objeto de un seguimiento coordinado por radio durante todo el trayecto hasta la parcela. Eso coincide con otras informaciones. El hermano de la joven, Luis Aguirre Tobar, y una prima, Ana Andrade, observaron un furgón Suzuki de color blanco que circulaba en torno a la casa de la abuela, donde ella había buscado refugio en los días previos al asesinato.
Lo más sencillo fue desbaratar el montaje del “enfrentamiento”. La CNI repitió errores cometidos en otros casos similares, como poner el arma en la mano izquierda de la muchacha -que no era zurda-, usar una pistola con la cual no se había disparado y ausencia de restos de pólvora en la mano de la joven. “No se preocuparon de esos detalles, que son fundamentales, porque evidentemente pensaron que esto jamás sería investigado”, señala el abogado querellante Francisco Bravo.
La investigación judicial no confirma ni desmiente el hallazgo de armamento en la vivienda de la militante del MIR, porque se orientó exclusivamente a aclarar el homicidio. “Aparentemente, había barretines -dice el abogado querellante-, pero Paulina lo habría ignorado”. Qué es lo que realmente había es algo difícil de comprobar, porque la CNI aisló la cabaña mientras la registraba y después informó de una larga lista de municiones, armas y explosivos encontrados en su interior.
En la actualidad, varios de los acusados se encuentran en libertad provisional. Krantz Bauer quedó libre bajo fianza a pocos días de haber sido detenido. Lo mismo ocurrió con Miguel Soto Duarte, autor de los disparos mortales. A Jorge Andrade le concedieron la libertad, pero casi de inmediato fue revocada por un dictamen de la Octava Sala de la Corte Suprema por considerarlo “un peligro para la seguridad de la sociedad debido a la forma y circunstancias del delito investigado”. Sin embargo, insistió y finalmente obtuvo la libertad provisional. Pero estos serán los últimos días en que los asesinos de Paulina Aguirre gozarán de ese beneficio al que con tanta facilidad acceden los violadores de derechos humanos. El ministro Jorge Zepeda Arancibia tiene la palabra.

De criminales y cómplices

Para el abogado querellante Francisco Bravo López, la investigación del asesinato de Paulina Aguirre llegó a buen término debido a la diligencia del Departamento V de Investigaciones y a la efectiva actuación de los ministros de fuero Juan Guzmán y Jorge Zepeda. Y, desde luego, gracias a la colaboración de algunos ex agentes de la CNI.
Al respecto, distingue dos actitudes en los violadores de derechos humanos. “Alvaro Corbalán es de los que no demuestran ningún grado de arrepentimiento, va a morir en la suya, sin reconocer nunca que lo que hizo estuvo mal -dice el abogado-. Es la mentalidad del fanático, que se enceguece y cree que mató por la patria, y que si la historia se repite lo haría igual o peor. Esa es la lógica de los Krasnoff, los Moren Brito y los Manuel Contreras, de los represores más crueles que hubo en Chile. Esto difiere de la actitud de otros que han colaborado con la justicia, que generalmente son de rango inferior y quienes, en muchos casos, fueron ejecutores materiales de los crímenes. No creo que colaboren sólo por conveniencia -rebaja de penas u otras-, sino porque tienen una carga en la conciencia que les está pesando demasiado y que se manifiesta especialmente cuando envejecen y empiezan a pensar en la muerte”.
¿Por qué cree que decidieron matar a Paulina Aguirre?
“Simplemente porque era militante del MIR. También hay distintas tesis extrajudiciales sobre las motivaciones de Alvaro Corbalán para ejecutar asesinatos, operativos o montajes, más allá de la política de Estado de la época para reprimir a ciertos sectores políticos del país. Habría motivaciones pecuniarias -el robo de las posesiones de las víctimas, como ‘botín de guerra’- y también de prestigio. La mayor parte de los supuestos enfrentamientos se producía en épocas de evaluación del personal de la CNI. Corbalán tenía -y tiene- muchos enemigos en el interior del ejército por su personalidad arrogante, porque se jactaba de tener contacto directo con las autoridades de más alto rango, por manejar muchísima información. Así, actuar en este tipo de hechos le hacía merecedor de buenas calificaciones, porque se le veía como un hombre efectivo en la lucha antisubversiva”.
¿Se siente satisfecho con los resultados de este proceso?
“Sí, el asesinato está aclarado. Pero me quedé con una espina clavada. En mi opinión, la justicia también debería orientar sus indagaciones hacia las fiscalías militares, como ocurrió en los casos de Tucapel Jiménez y Berríos, porque formaron parte de un aparato organizado de poder que cooperó en estos crímenes. Es decir, hubo complicidad de fiscales y jueces militares, lo que implica colaboración en el delito que se cometía. En la Operación Albania, el gran argumento de la defensa fue que habían actuado porque existía una orden de investigar, y efectivamente hubo un decreto judicial que emanó de un tribunal militar mediante el cual se le dio manga ancha a los agentes de la CNI para hacer y deshacer. De esa manera, bajo un manto de aparente formalidad o legalidad se cometieron crímenes espantosos. Como se ve en el caso de Paulina Aguirre, la justicia militar no sólo no hizo su trabajo, sino que se ocupó de blanquear crímenes. En general, creo que en los casos de violaciones de derechos humanos hay que seguir indagando esa veta”

Retrato sicológico de un asesino

A solicitud del ministro de fuero Jorge Zepeda, se les practicaron exámenes de facultades mentales a los acusados. Es patético el informe del Servicio de Psicología del Hospital de Carabineros, donde Miguel Angel Soto Duarte se atendía desde marzo del 2003 por “trastorno limítrofe de personalidad y depresión mayor”. Dice, entre otras cosas, que “el paciente presenta evidentes signos de alteraciones de carácter, ideación suicida, descontrol de impulsos, trastornos en el curso formal del pensamiento y síntomas productivos ocasionales”.
Otro informe emitido por el Instituto de Medicina Legal concluye que Soto Duarte presenta “una personalidad con rasgos anómalos de tipo mixto y que en el momento de ocurrir los hechos que se investigan no padecía de alteraciones psicopatológicas que pudieran modificar su imputabilidad”. En 1986, Miguel Angel Soto comenzó a consultar a un psiquiatra por estados angustiosos. “Describe las molestias que lo hicieron consultar como nerviosidad, inquietud cuando va por la calle ‘como que están pendientes de mí, que me quieren matar’, insomnio de conciliación y al no poderse dormir ‘me da vueltas este caso’, presiente como una sombra a su lado o le parece escuchar la voz de un niño o de una mujer estando dormido”.
Cuando recuerda la muerte de Paulina Aguirre, dice: “Llega una persona, se produce una serie de disparos, no había mucha luz, órdenes van y vienen… Yo participé en el enfrentamiento, yo disparé también… pero no porque yo quisiera, sentí miedo, que me pudieran matar. Era un operativo extraño, con mucha gente encubierta detrás de mí… que me podía matar. Me llevaba mal con los amigos. Había escuchado que me iban a matar en algún enfrentamiento. Disparé para que no me mataran… Ahora lo único que quiero es estar tranquilo. Que la justicia me castigue luego. Que esto termine. Yo elegiría la pena de muerte”

Texto: Patricia Bravo, Revista Punto Final, Santiago de Chile, marzo de 2004.

El 29 de marzo de 1985 falleció Paulina Alejandra AGUIRRE TOBAR, de 20 años, militante del MIR.  

                        Según la versión oficial, el 27 de marzo de 1985 en el inmueble de calle Pastor Fernández N° 16.100 en Las Condes, domicilio de Paulina Aguirre, se encontró armamento, el que fue retirado por personal de la CNI que dispuso guardia en el lugar para detener a su ocupante, quien sólo regresó el viernes 29 de marzo a las 23:15 horas, a pie, siendo interceptada por funcionarios de la CNI, los que la conminaron a detenerse e identificarse.

                        Agrega dicha versión, que la mujer se detuvo, pero abrió su bolso de donde sacó un arma e hizo tres disparos, lo que motivó que los funcionarios le dispararan, causándole la muerte.

                          El informe de autopsia señala que Paulina Aguirre recibió dos disparos en la cabeza, uno en el cuello, tres disparos en la mano derecha y dos disparos en el antebrazo izquierdo.

                          La Comisión, considerando los numerosos antecedentes reunidos y la inspección ocular del lugar, ha llegado a la convicción de que Paulina Aguirre pudo ser detenida, sin embargo fue ultimada por efectivos de la CNI cuando regresaba a su domicilio, sin que hubiese habido oposición de su parte. Por lo anterior considera su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.

Dos ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) fueron sometidos a proceso como presuntos autores del homicidio de la mirista Paulina Aguirre Tobar, ocurrido en el sector de El Arrayán en 1985.

El dictamen en contra de los ex funcionarios del servicio de seguridad fue adoptada por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Jorge Zepeda Arancibia.

El juez heredó esa investigación de su colega Juan Guzmán Tapia cuando la Corte Suprema decidió redistribuir las más de 300 querellas que estaban en manos del último y que habían sido dirigidas en contra del general (r) Augusto Pinochet.

La acción por el asesinato de la muchacha figuraba entre ellas y fue presentada por sus padres, con el patrocinio del abogado Francisco Bravo.

En la época de su deceso, la víctima tenía 20 años y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

El abogado de la familia, Francisco Bravo, dijo en la querella que el asesinato de Aguirre Tobar ya había sido consignado en el Informe de la Comisión Rettig, cuyos integrantes llegaron a la convicción de que la muchacha pudo ser detenida por los efectivos, pero que, sin embargo, fue ultimada

Pasadas las 17:00 horas de hoy dejó el palacio de tribunales el mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, quien acudió hasta las dependencias a prestar declaración ante el juez con dedicación exclusiva en causas de derechos humanos, Jorge Zepeda.

Según se informó, la diligencia ordenada por el magistrado tuvo como fin interrogar al ex militar por el caso de la muerte de la mirista Paulina Aguirre Tobar, ocurrida el 29 de marzo de 1985.

El interrogatorio se extendió hasta pasadas las 17:00 horas, cuando Corbalán se retiró de palacio sin hacer declaraciones.

El mayor (r) Álvaro Corbalán Castilla está cumpliendo condena de cadena perpetua por la muerte del carpintero Juan Alegría, quien fue asesinado para cubrir el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez. Corbalán fue jefe del Cuartel Borgoño de la CNI, y como tal, aparece vinculado a diversos procesos vinculados a los derechos humanos

La jueza del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, María Inés Collin, acusó al ex jefe operativo de la CNI el mayor (r) del Ejército Álvaro Corbalán, de homicidio calificado de la militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Paulina Aguirre, cometido en 1985.

La acusación, que constituye es el paso anterior a que se dicte la sentencia, afecta también a los ex agentes de la Brigada Azul del organismo de inteligencia, Kranz Bauer, Alejandro Astudillo, Miguel Soto y Jorge Andrade.

Paulina Aguirre, de 20 años y militante del MIR, fue ejecutada cuando regresaba a su domicilio ubicado Las Condes, el 29 de marzo de 1985.

El ministro Jorge Zepeda rechazó aplicar la prescripción en el caso del homicidio calificado de la militante del MIR Paulina Aguirre Tobar, perpetrado en 1985, al estimar que se trata de un crimen de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible.

De esta manera, el ministro con dedicación exclusiva para causa de derechos humanos desestimó la solicitud de la defensa de los procesados y quedó a un paso de dictar sentencia en esta causa.

En la causa se encuentran procesados el ex jefe operativo de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) Álvaro Corbalán Castilla, y los ex agentes de la Brigada Azul de ese organismo represivo Kranz Bauer Donoso, Alejandro Astudillo Adams, Miguel Soto Estuardo y Jorge Andrade Gómez.

El abogado Nelson Caucoto, querellante en el proceso, destacó que el fallo es "es la aplicación del derecho internacional", pues al crimen le da "el carácter de delito de lesa humanidad al homicidio investigado, lo que en consecuencia, impide aplicar prescripción”

Aguirre Tobar, de 20 años y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue ejecutada cuando regresaba a su domicilio en el sector capitalino de Las Condes, el 29 de marzo de 1985, según consigna el "Informe Rettig" que documentó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990).

El informe agrega que la joven fue ejecutada por agentes de la CNI, pero la versión oficial de la época habló de enfrentamiento, sobre la base de que los autores pusieron un arma en la mano del cadáver para sustentar la historia de que se había resistido al arresto.

Aunque la justicia militar corroboró la tesis del régimen militar, Zepeda logró establecer que hay antecedentes suficientes para dar por acreditado que se trató de un homicidio calificado y que la víctima fue acribillada a mansalva sin una advertencia ni conminación previa.

Según el informe de autopsia, Paulina Aguirre recibió dos disparos en la cabeza, uno en el cuello, tres en la mano derecha y dos en el antebrazo izquierdo.

El ministro en visita Jorge Zepeda dictó condenas contra cinco ex agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), como responsables del homicidio de la mirista Paulina Aguirre Tobar.

Se trata del mayor (r) de Carabineros Miguel Soto Duarte (cinco años y un día); suboficial (r) de la Fach, Alejandro Astudillo Adonis (tres años y un día); mayor (r) Álvaro Corvalán Castilla (cinco años y un día); teniente coronel (r) Krantz Bauer Donoso (cinco años y un día); teniente coronel (r) Jorge Andrade Gómez.

El deceso de Paulina Aguirre Tobar aconteció la noche del 29 de marzo de 1985 en el sector El Arrayán, en el marco de las protestas hacia el régimen militar.

La muerte de la joven mirista se registró a pocas horas del asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo en la zona de Villa Francia, comuna de Estación Central.

Segunda Sala del máximo tribunal rechazó acoger a trámite un recurso de casación presentado por la defensa del ex jefe operativo de la disuelta CNI, ratificando su sentencia a cinco años y un día de prisión por el homicidio de Paulina Aguirre Tobar. La misma determinación adoptó en el caso de comandante retirado Krantz Bauer Donoso.
La Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema confirmó la condena contra el brigadier retirado Álvaro Corbalán Castilla, como autor del homicidio calificado de la ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Paulina Aguirre Tobar, registrado en 1985.
Este jueves, el máximo tribunal desestimó acoger a trámite un recurso de casación presentado por la defensa del ex jefe operativo de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), que pretendía dejar sin efecto la sentencia dictada en su contra.
De esta manera, confirmó la pena a cinco años y un día de prisión que deberá cumplir Corbalán Castilla, según lo había dispuesto en su momento el ministro en visita Jorge Zepeda.
El ex jefe operativo de la disuelta CNI cumple actualmente una condena a presidio perpetuo en calidad de autor del homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca, registrado en 1983 para ocultar el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez.
El otrora uniformado, además, deberá afrontar próximamente las sentencias por su participación en la llamada Operación Albania y por el crimen del periodista José Carrasco Tapia.
La decisión fue adoptda en forma unánime por los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros, además de los abogados integrantes Fernando Castro y José Fernández.
Los magistrados también desestimaron acoger a tramitación las revisiones presentadas por el comandante retirado Krantz Bauer Donoso, que deberá cumplir con una sentencia similar a la de Corbalán Castilla.
La Segunda Sala Penal, sin embargo, accedió a revisar las condenas a cinco años y un día dictadas contra Miguel Soto Stuardo y Jorge Andrade Gómez, y de tres años y un día, con el beneficio de la libertad condicional, para el oficial retirado de la Fuerza Aérea Alejandro Astudillo.
Paulina Aguirre Tobar, de 20 años al momento de su muerte, fue ejecutada cuando regresaba a su domicilio en el sector capitalino de Las Condes, el 29 de marzo de 1985, según consigna el "Informe Rettig" que documentó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990).
El informe agrega que la joven fue ejecutada por agentes de la CNI, pero la versión oficial de la época habló de enfrentamiento, sobre la base de que los autores pusieron un arma en la mano del cadáver para sustentar la historia de que se había resistido al arresto.
Aunque la justicia militar corroboró esa tesis, en su investigación el juez Zepeda logró establecer que existían antecedentes suficientes para dar por acreditado que se trató de un homicidio calificado y que la víctima fue acribillada a mansalva.

Decisión favoreció al mayor retirado Krantz Bauer, aunque el máximo tribunal mantuvo sentencias contra otros tres agentes.

La Segunda Sala de la Corte Suprema absolvió al mayor (R) Krantz Bauer Donoso, ex agente de la disuelta Central Nacional de Informaciones, en el proceso por el homicidio calificado de la militante del MIR Paulina Aguirre, ocurrido en marzo de 1985.

La decisión se basó en que la sentencia de primera instancia desconoció algunos hechos que favorecían a Bauer, sobre todo los que señalaban que, al momento de los hechos, no tenía autoridad sobre la Brigada Apache que combatía al MIR.

El fallo se adoptó con los votos favorables de los ministros Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura y Hugo Dolmestch y el abogado integrante y Domingo Hernández, y con el pronunciamiento de minoría del abogado Carlos Künsemüller.

De esta manera, los jueces anularon la sentencia de primera instancia dictada por el ministro a cargo de la indagatoria Jorge Zepeda, como también la confirmación que hizo la Corte de Apelaciones de Santiago.

En todo caso, respecto de los otros condenados, el máximo tribunal había confirmado en junio del año pasado que las sanciones de carácter penal estaban correctamente aplicadas y las mantuvo, aunque con el pronunciamiento de minoría de Segura, quien también fue de la idea de absolverlos.

De esta manera, los ex agentes Miguel Ángel Soto Stuardo y Jorge Andrade Gómez enfrentarán una pena de cinco años y un día de cárcel, mientras que Alejandro Astudillo Adonis, con tres años de presidio menor en su grado medio, todos como autores.

En junio del año pasado, el máximo tribunal ya había confirmado la condena a cinco años y un día de cárcel contra el ex jefe operativo del organismo represivo Álvaro Corbalán.

La muerte de Aguirre se produjo poco antes de la medianoche del 29 de marzo de 1985, en el sector El Arrayán; la misma noche en que los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo fueron asesinados en Villa Francia.

La joven fue ejecutada por agentes de la CNI, pero la versión oficial de la época habló de enfrentamiento, sobre la base de que los autores pusieron un arma en la mano del cadáver para sustentar la historia de que se había resistido al arresto.

Aunque la justicia militar corroboró esa tesis, en su investigación Zepeda estableció que existían antecedentes suficientes para dar por acreditado que se trató de un homicidio calificado y que la víctima fue acribillada a mansalva.

Durante las movilizaciones de 2011, algunos pinguinos –principalmente mujeres- comenzaron a reivindicar y recordar en las marchas y tomas la figura de otra estudiante, una que murió siendo alumna del Liceo Valentín Letelier de Recoleta, en Santiago. Se llamaba Paulina Alejandra Aguirre Tobar y era militante de MIR. Tenía 20 años cuando la CNI la mató.

“Hasta hace 8 o 5 años mi hija estaba muy presente en las campañas del Joven Combatiente. Después su figura quedó fuera, la única representante femenina; dejaron solo a los Vergara, los varones. Esto me incomodó totalmente, nunca he comprendido esa actitud. A lo mejor porque yo no estaba en Chile”, dice Luis Aguirre Smith, padre de Paulina. La liceana fue asesinada el mismo día que Rafael y Eduardo Vergara Toledo: el 29 de marzo de 1985, el “Día del Joven Combatiente”.

“Yo soy un poco feminista, hay que resaltar el aspecto femenino de la resistencia. De los cientos de compañeras que murieron en resistencia. Si sacan la imagen de mi hija, no va a quedar ni una en el recuerdo. ¡Y son cientos de mujeres!”, reitera Aguirre. Esta es la historia de una de ellas.

Otro “falso enfrentamiento”, otra vez Corbalán

El 29 de marzo de 1985 Paulina Aguirre Tobar tomó la decisión de volver a su casa, una cabaña de madera ubicada al interior de una parcela en El Arrayán, en la comuna de Lo Barnechea. Había pasado seis días fuera de ella –en la casa de su abuela en Macul- pues tras el reciente terremoto ésta se había agrietado. No quiso quedarse en la otra pieza que le ofreció la dueña del inmueble.

El 27 de marzo, los maestros que reparaban la cabaña de Paulina, al echar abajo la muralla dañada descubrieron paquetes de municiones. Le dijeron a la propietaria y ésta al Ministerio de Defensa. Dos días después, tras ir a su jornada vespertina en su liceo de Recoleta, Aguirre toma la micro hacia su hogar en Lo Barnechea. La CNI la va siguiendo, lo han estado haciendo hace días. Integrantes de la Brigada Azul, encargada de aniquilar al MIR, la están esperando.

Según la versión oficial de entonces, cuando la joven abre la puerta del antejardín, los agentes le habrían ordenado que se detuviera e identificara. Ella habría sacado un arma y les habría disparado. No les habría quedado otra que repeler el supuesto ataque y responder. Los aparatos represores y la Dictadura recurrían nuevamente a la vieja y usada mentira del “enfrentamiento”. Sin embargo, la investigación judicial posterior determinó que la estudiante no iba armada –se estableció igualmente que no había restos de pólvora en sus manos- y dejó en evidencia el montaje, en parte gracias a los errores de los asesinos: Estos pusieron el arma en la mano izquierda de la muchacha, quien no era zurda, y usaron una pistola con la que no se había disparado. El informe de autopsia estableció que su cuerpo tenía ocho entradas de bala, dos de las cuales le atravesaron la cabeza. Murió instantáneamente.

En julio de 2005, 20 años después del crimen, el ministro de fuero Jorge Zepeda condenó a 5 años y un día de presidio al ex director de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), Álvaro Corbalán Castilla –condenado también a cadena perpetua como autor del homicidio del carpintero Juan Alegría- y al militar (r) Kranz Bauer Donoso, como autores del homicidio. Ellos dieron la orden de matar. Además, el oficial de Ejército y ex CNI, Jorge Andrade Gómez, y el oficial de Carabineros, Miguel Soto Duarte, fueron condenados a 5 años y un día sin beneficios. Fue este último -“El Paco Aravena”, como lo llamaban- quien disparó las balas que mataron a la estudiante. Por su parte, al suboficial de la Fuerza Aérea, Alejandro Astudillo Adonis, se le aplicó una pena de 3 años. Este, junto a Andrade Gómez, fueron los que le siguieron disparando.

Mirista a los 14 años

Paulina Aguirre foto CEMEPaulina Aguirre comenzó a militar en el MIR a los 14 años, a fines de los ’70. Es en esos años en que se reencuentra con su padre, quien –tras vivir en el exilio al igual que su madre- volvió clandestino a Chile. Ella conocía al Movimiento de Izquierda Revolucionaria desde chiquita, cuando su padre la llevaba a vender El Rebelde a las poblaciones y fábricas todos los domingos. Se hizo llamar “Luisa” porque él –también mirista- se llamaba Luis. “Ella no quería vivir más de rodillas durante la dictadura”, dice Aguirre Smith. Vivió el régimen a través de las torturas que sufrió éste en Calama y de la muerte de Carlos Acuña Álvarez, “el chino”, su tío, fusilado en Antofagasta. Con 15 años ya estaba encargada de recibir a militantes que llegaban a Neltume para formar resistencia a la dictadura y entregárselos a su padre.

“Desde chiquita fue muy disciplinada. Sólo una vez trató de mentirme. Tenía que ir a un punto, un contacto, y a las dos horas tenía que volver. Y no volvió. Tenía miedo que ella hubiese caído, porque podía caer yo y un montón de compañeros. Dos horas después -o sea 4- me dijo: no me di cuenta. Le dije que me podían haber matado a mí, a la abuelita. Estuvo llorando hasta las dos de la mañana hasta que me contó: Se había dado cita con un pololo del liceo después del punto y se le pasó la hora. Yo estaba tan contento cuando me dijo la verdad: no puedo trabajar cuando la gente miente”, relata Luis Aguirre.

Cuando el proyecto de formación de guerrilleros en Neltume cae, a Luis lo envían a las fronteras de Nicaragua y Panamá. Paulina es trasladada a Santiago, “donde empieza su vida en la guerrilla urbana”, cuenta su padre. Luego de eso es enviada a dos cursos de guerrilla urbana y de armamentos en Cuba, ocasión en la que se vuelven a reencontrar. “En el primer viaje, en una calle de La Habana, ella corre y yo también, nos abrazamos muy emocionados. A ella los compañeros de Chile le habían dicho que yo ya no era militante y ahí adoptó el nombre de Luisa. Se sintió tan feliz de saber que yo seguía en el MIR”, recuerda Luis Aguirre. “A ella le gustaba tocar guitarra. En Cuba animaba las tardes. Le gustaba inventar canciones y tocar guitarra, era buena animadora de grupo”, agrega. “La segunda vez, cuando fue al curso de Armería, quiso que la acompañara a hacerse un aborto en Cuba. Ella no quería tener un hijo en Chile mientras existiese la Dictadura; sólo cuando triunfase la revolución. Era prioritario, para ella y su compañero, seguir resistiendo”, cuenta.

“Ahora ella es mi ejemplo”

Si efectivamente había municiones en la casa de Paulina en El Arrayán –o si las puso la Brigada Azul de la CNI mientras estuvo esperándola- no fue aclarado por la investigación judicial, pues esta se dio a la tarea de buscar a los responsables de la muerte.

“Yo no puedo hablar de ella como muerta: es como que los hijos nunca se mueren. He estado buscando en los diccionarios de lenguas la palabra para mencionar cuando el hijo muere: si mueren los padres, se es huérfano; si muere uno de los cónyuges, viudo o viuda. Pero cuando muere el hijo no hay palabra ni en inglés, en nórdico, francés, chino, alemán: es como un hoyo negro. Generalmente los viejos morimos antes que los hijos, salvo un accidente o enfermedad. Eso podría aceptarlo, pero que la hayan asesinado, no lo podré aceptar nunca”, dice Luis Aguirre Smith.

Y agrega: “Hoy Paulina me acompaña, me da fuerza. Yo era el ejemplo de ella antes; ahora ella es mi ejemplo”.

Paulina Aguirre Tobar tenía 20 años cuando la noche de aquel fatídico 29 de marzo de 1985, mismo día en que son asesinados Rafael y Eduardo Vergara Toledo. Es emboscada en una parcela donde arrendaba en el sector El Arrayán comuna de Lo Barnechea en Santiago, por agentes de la denominada Brigada Azul de la Central Nacional de Informaciones (CNI) comandados por Álvaro Corbalán. El autor material del asesinato de Paulina fue el ex mayor de carabineros Miguel Ángel Soto Duarte.

La CNI había sido advertida por la propietaria de la parcela donde vivía, la que producto del terremoto del 3 de marzo de 1985 quedó afectada. Paulina se trasladó a vivir con sus abuelos a Macul, sin embargo en una pared agrietada por el terremoto trabajadores encontraron armas y municiones. Alertados los organismos represivos esperaron su regreso. La noche del 29 de marzo de 1985 llegó hasta el Arrayán, donde fue asesinada.

A sus cortos 20 años, Paulina era un cuadro político militar del MIR y de la Resistencia Popular a la Dictadura. Ya a los 15, pidió ingresar a militar en el MIR, siendo aún estudiante secundaria del liceo Valentín Letelier, teniendo perfectamente claro lo que era vivir en dictadura. De niña vio a su padre Luis Aguirre Smith, militante del MIR detenido y torturado en Calama y posteriormente trasladado a la Penitenciaria a Santiago, desde donde es desterrado al exilio en Francia. También conoció la vivencia de sus tío Pedro, trabajador de Chuquicamata, recluido en la cárcel de Copiapó y su tío Carlos Acuña Alvarez fusilado en Antofagasta.

Exiliados su padres, Luis Aguirre en Francia y su madre, María Eugenia Tobar Andrade, en Suecia, Paulina permanece en Chile, y en 1980 pide ingresar en el MIR, luego que su padre reingresa clandestinamente al país. Pasa a la clandestinidad con el nombre político de "Luisa".

En palabras de su propio padre: «Ella quiso luchar contra los crímenes cometidos por la dictadura. Esperaba crear una sociedad más humana, justa e igualitaria». Por ello no dudó en asumir el compromiso político a cabalidad, Paulina sale de Chile y recibe instrucción militar en Cuba, para reingresar clandestina nuevamente al país.
En una carta a su padre Paulina le escribió:

«Cuando el dolor, la sangre, el odio y la muerte son necesarios, miles de manos se tienden para tomar las armas. Acuérdense ustedes de mí siempre».

Por Joaquín Pérez 

El 29 de marzo es el día denominado popularmente para conmemorar a los jóvenes que lucharon contra las injusticias y crímenes de la dictadura en 1985, aquel día que terminó con 6 víctimas fatales a lo largo de Santiago. Hoy quisimos honrar a dos mujeres fundamentales para esta fecha: Luisa Toledo, a quien uniformados le quitaron a sus hijos, y a Paulina Aguirre, a quien le arrebataron la vida. 

Paulina Aguirre Tobar: Presente
AGUIRRE TOBAR Paulina Alejandra
Paulina Aguirre Tobar tenía 20 años cuando fue asesinada un 29 de marzo de 1985 por la CNI. 

Era estudiante de enseñanza media en el Liceo Valentín Letelier y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Aquí su nombre político era “Luisa” e ingresó con sólo 15 años, al ya tener conocimiento de los crímenes de la dictadura de forma muy cercana. Dos de sus tíos habían sufrido graves agresiones, uno de ellos recluido en la cárcel de Copiapó y el otro fusilado en Antofagasta. Además su padre, Luis Aguirre Smith, fue torturado en Calama y apresado en Santiago. 

La grieta
El 3 de marzo de 1985, un terremoto azota a Santiago. Este abrió una grieta de la casa que arrendaba el MIR en El Arrayán, lugar al que Paulina asistía regularmente. Al ocurrir esto, la dueña de la propiedad contrata a maestros para arreglar el domicilio, quienes encuentran municiones al interior y notifican a la propietaria, quien informa sobre esta situación al Ministerio de Defensa los que alertaron inmediatamente a la Central Nacional de Informaciones (CNI) .

De esta manera se instala en la vivienda una unidad comandada por el oficial Álvaro Corbalán Castilla, mayor del ejército y jefe operativo de la CNI, quién se registra como el encargado del montaje del asesinato, para esperar el retorno de Paulina. 

Los Asesinos
A punto de cumplirse la medianoche, Paulina regresa al domicilio a pie, aquí se ve enfrentada a un emboscamiento, donde resulta muerta luego de múltiples disparos.

En la unidad se encontraban también Krantz Johans Bauer Donoso, teniente coronel del ejército en retiro; Miguel Ángel Soto Duarte también conocido como “El Paco Aravena” y mayor de carabineros en retiro, quién fue responsable de los disparos que dieron muerte a Paulina Aguirre; Alejandro Astudillo Adonis, oficial de la Fach y Jorge Andrade Gómez, teniente coronel del ejército en retiro. Estos últimos quienes continuaron disparando al cuerpo de la víctima una vez fallecida. 

Paulina Aguirre recibió dos disparos en la cabeza, uno en el cuello, tres disparos en la mano derecha y dos disparos en el antebrazo izquierdo, como señala el informe de la autopsia. 

Luisa Toledo
Los hermanos Vergara Toledo
Rafael y Eduardo Vergara Toledo, son los hermanos a los que popularmente se asocia el día del joven combatiente. Ambos jóvenes fueron cruelmente asesinados el 29 de marzo de 1985 con 18 y 20 años respectivamente, por funcionarios de Carabineros de Chile en plena dictadura.

Luisa y Manuel tuvieron cuatro hijos, los que se criaron en un hogar con fuertes convicciones de resistencia y lucha. Rafael, Eduardo y su hermano mayor, Pablo, eran integrantes del MIR. Desde 1982 su casa, ya era foco de distintos allanamientos por persecución política, por lo que resuelven vivir en clandestinidad.

La noche del 29 de marzo, salen a caminar por las calles de Villa Francia en Santiago de Chile junto a otras personas, una patrulla de carabineros los interceptó por lo que intentaron escapar de ellos, sin embargo los efectivos de carabineros logran alcanzar a los jóvenes, asesinandolos. 

La madre de los jóvenes combatientes 
Desde la muerte de sus hijos, Luisa Toledo ha participado en una infinidad de actos conmemorativos, entrevistas y otras formas de activismo en la búsqueda de justicia para sus hijos. De esta manera se convierte en un ícono de lucha y perseverancia para quienes se ven afectados por los crímenes y asesinatos por parte de uniformados.

Luego de una incansable lucha logró respuesta por parte de la justicia resultando en: 15 años y un día de presidio como autor del homicidio calificado de Rafael Vergara y por homicidio simple de Eduardo Vergara, a Jorge Marín Jiménez; 10 años y un día de presidio como autor del homicidio simple de Rafael Vergara a Alex Ambler Hinojosa; y  a 10 años y un día de prisión como autor del homicidio simple de Rafael Vergara a Francisco Toledo Fuentes. Sin embargo, en 2017 se dejó en libertad condicional a este último.

Revuelta Popular: 18 de octubre de 2019 
Al hablar sobre la actualidad, en conversaciones con Nuevo Correo de los Trabajadores, Luisa indica que sintió mucho orgullo y alegría al ver a las personas reunidas y luchando: 

 “Estoy muy agradecida. En algún momento pensé que de verdad valió la pena la muerte de mi hijo y de tanta gente. Veo en los chiquillos jóvenes lo que se están jugando, lo que están sufriendo, la represión durísima que se está ejerciendo sobre ellos, y veo a mi hijo peleando de nuevo”

Aquí, la mujer que lleva más de 30 años de lucha, concluye con entusiasmo y esperanza el cambio de una sociedad liderada por la convicción de los más jóvenes, quienes, a pesar de sus 80 años, la siguen representando.

En esta semana que termina, falleció Luisa Toledo, la madre de los hermanos Vergara Toledo. Ella se transformó en un símbolo de las organizaciones de derechos humanos, que durante décadas han luchado por verdad y justicia para sus familiares.

El diario La Nación, férreamente controlado por la dictadura militar, informó el 30 de marzo de 1985: Dos antisociales mueren al enfrentar a Carabineros.

A continuación el texto de la noticia señaló:

-Un funcionario de Carabineros resultó herido y dos civiles, con antecedentes delictuales, perecieron anoche durante un enfrentamiento registrado en La Villa Ferroviarios, en el sector de Las Rejas con Cinco de Abril de esta capital. De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el carabinero herido es el cabo, Marcelo Muñoz Cifuentes. Los antisociales abatidos fueron identificados como Rafael Vergara Toledo de 18 años y Eduardo Arturo Vergara Toledo, de 18. Las primeras informaciones indican que alrededor de las 19.15 horas los dos delincuentes asaltaron un negocio en la Villa Kennedy, huyendo. Al ser interceptados por la policía, que los persiguió hasta Ia Villa Ferroviarios, se produjo el enfrentamiento a balazos.

Los servicios de inteligencia del gobierno del general Augusto Pinochet, y también las policías, manipulaban los asesinatos políticos tratando de ocultarlos como hechos delictuales.

Como en muchos otros casos similares, lo informado no era cierta. Los servicios de inteligencia del gobierno del general Augusto Pinochet, y también las policías, manipulaban los asesinatos políticos tratando de ocultarlos como hechos delictuales. Los organismos defensores de los derechos humanos y toda la oposición los denominó “Falsos enfrentamientos”.

Esa misma noche del 29 de marzo de 1985, en la comuna de Lo Barnechea, fue asesinada por agentes de la CNI la militante del MIR Paulina Alejandra Aguirre Tobar.

La Brigada Azul de la CNI seguía de cerca a los miristas de la Fuerza Central y a los hombres y mujeres que habían integrado las redes de apoyo a los guerrilleros de Neltume. Una de aquellas mujeres, Paulina Aguirre Tobar (“Luisa”), 21 años, arrendó a comienzos de 1985 una cabaña de madera en el interior de una parcela, en calle Pastor Fernández 16.100, en Lo Barnechea. La misma vivienda había sido alquilada antes por una mujer de unos 30 años, que dijo ser fotógrafa y a quien visitaba un hombre de la misma edad. En las noches, los vecinos sentían que martillaban, como si estuvieran realizando un trabajo de carpintería. La mujer abandonó la cabaña sorpresivamente al día siguiente de un robo en una casa vecina que motivó la presencia de personal de Investigaciones.

El terremoto del 3 de marzo agrietó la única pared de cemento de la vivienda habitada por Paulina. La dueña, quien residía en la misma parcela, le pidió a la joven que se acomodara en una pieza de su casa mientras reparaban la cabaña. Pero ella optó por trasladarse a la casa de su abuela, en la Villa Cumbres Andinas, en  Macul.

El 27 de marzo, los maestros que efectuaban las reparaciones debieron derribar la pared dañada y en el interior de un tabique de madera descubrieron paquetes de municiones. Alertaron a la propietaria y ésta dio aviso al Ministerio de Defensa. Al lugar llegó un equipo de la CNI, que dejó una guardia permanente esperando el regreso de Paulina.

Según la versión entregada por la CNI, Paulina regresó el 29 de marzo, a las 23.15 horas. Cuando la joven abrió la puerta del antejardín, le habrían ordenado que se detuviera e identificara. Entonces, ella habría sacado un arma de su bolso con la que  disparó a los agentes. Al repeler el ataque, éstos la habrían herido mortalmente. El informe de autopsia registró ocho entradas de bala, dos de las cuales le atravesaron la cabeza. La muchacha pereció al instante. La investigación realizada durante el proceso reveló que Paulina estaba siendo seguida con anterioridad, que iba desarmada y que la asesinaron a sangre fría. 

La joven pidió ingresar al MIR a los 15 años. Había visto a su padre, Luis Aguirre Smith, torturado en Calama y después preso en la Penitenciaría de Santiago.

La primera luz para dar con los autores la proporcionó una agente de la CNI, Ema Verónica Ceballos Núñez, perteneciente a la Armada, quien declaró que el operativo en El Arrayán fue comentado en la Brigada Azul por un sujeto denominado “El Paco Aravena”, quien estudiaba Leyes y se jactaba de haber dado muerte a la joven mirista. Otro agente reveló que Paulina Aguirre era seguida desde hacía un mes. Ema Ceballos reconoció luego al “Paco Aravena” en una serie de fotografías que le mostró el juez Juan Guzmán Tapia, identificándolo como Miguel Ángel Soto Duarte. Resultó ser el agente que disparó las balas que provocaron la muerte inmediata de la muchacha. Cuando ya había caído, los agentes Alejandro Astudillo Adonis y Jorge Andrade Gómez le siguieron disparando. Álvaro Corbalán y el entonces capitán Krantz Bauer, quienes dieron las órdenes, siguieron paso a paso el “operativo” y se encargaron del montaje posterior para simular un enfrentamiento.

La joven pidió ingresar al MIR a los 15 años. Había visto a su padre, Luis Aguirre Smith, torturado en Calama y después preso en la Penitenciaría de Santiago. Su tío Pedro, trabajador de Chuquicamata, estuvo recluido en la cárcel de Copiapó y su tío Carlos Acuña Álvarez fue fusilado en Antofagasta. 

El 20 de julio de 2005 el ministro en visita Jorge Zepeda dictó condenas contra cinco ex agentes de la CNI, como responsables del homicidio calificado de Paulina Aguirre Tobar. Los culpables eran el mayor (r) de Carabineros Miguel Soto Duarte (“El paco Aravena”), condenado a cinco años y un día; el suboficial (r) de la FACh, Alejandro Astudillo Adonis, a tres años y un día; el mayor (r) del Ejército Álvaro Corbalán Castilla, cinco años y un día; el teniente coronel (r)  de Ejército Krantz Bauer Donoso, a cinco años y un día); y, el teniente coronel (r) Jorge Andrade Gómez, subcomandante del cuartel Borgoño. 

Se aclaran los hechos

Tras la muerte de los hermanos Vergara Toledo, en los días siguientes, poco a poco, se fue conociendo la verdad de lo ocurrido en el caso de los hermanos Vergara.

El padre de los jóvenes, Manuel Vergara, relató:  

-Parece que Rafael no murió inmediatamente. Parece que lo arrastraron, los juntaron y Rafael, el más chico, estaba vivo todavía y estiró la mano para tomar a su hermano y ahí murió… Para mí eso me da una gran satisfacción… como los hijos, los hermanos… es posible que se quieran tanto de dar la vida por el otro; de tratar de acercarse… eso para uno como padre realmente lo hace sentirse bien.

“No entendemos por qué ese día ellos estaban juntos. Creemos que se juntaron por algo efectivo. Estuvieron todo el día en el sector, mucha gente los vio, visitaron amigos y familias. Sabemos dónde tomaron desayuno, sabemos que Rafael jugó con algunos niños. Después supimos que la Tenencia Alessandri recibió una llamada telefónica a las siete y cuarto de la tarde sobre la presencia de sospechosos en el sector.

"Eduardo murió instantáneamente, Rafael quedó herido, fue subido al furgón y rematado ahí. Posteriormente su cuerpo fue arrojado junto al de su hermano”.

“Carabineros ordenó que se detuvieran y según algunas personas, no se detuvieron… arrancaron, el furgón los siguió pidiendo refuerzos; los acorralaron y un carabinero disparó obligándolos a huir hacia donde los estaban esperando y ahí los acribillaron. Eduardo murió instantáneamente, Rafael quedó herido, fue subido al furgón y rematado ahí. Posteriormente su cuerpo fue arrojado junto al de su hermano”.

Roberto Bolton, un prestigiado cura obrero, sacerdote diocesano, escribió más tarde un testimonio  donde expresó: 

-Al atardecer del día 29 de marzo de 1985, en los sectores populares de la ciudad de Santiago, donde se esparció como un reguero de pólvora la noticia: “mataron a Eduardo y Rafael Vergara!", se produjo una especie de espasmo de tragedia, de dolor, de indignación y de impotencia. Carabineros había asesinado a dos de los mejores y más queridos elementos de la juventud de la zona oeste de la capital”.

“La eucaristía que celebré al día siguiente en la Villa Francia, en el pequeño altar que situamos entre los dos cuerpos, es la más estremecedora que he celebrado en casi cuarenta años de sacerdote”.

El funeral del día 31; el traslado de los restos en hombros de sus compañeros, desde Villa Francia hasta la Iglesia de Jesús Obrero; la eucaristía que allí se concelebró por decenas de sacerdotes en medio de una muchedumbre que el vasto templo no pudo contener; la marcha, después, al cementerio entre banderas, aclamaciones, consignas y cantos, fueron actos que revistieron una mezcla de fe pública religiosa y de combatividad vibrante pocas veces vistas.

Después, todos los meses, el día 29 de marzo, hubo en la Villa Francia, hoy comuna de Estación Central, una romería, un acto o una celebración en el lugar donde vivieron y donde murieron los Vergara, siempre significativa y activamente presididas por Manuel y Luisa, sus padres. Cada vez, y poco a poco, estos actos se fueron transformando en un proceso, que -no está muy claro cómo- concluyó en el Día del Joven Combatiente ya bien transcurridos los años 90’, tras el retorno de la democracia.

Tres años más tarde, el 5 de noviembre de 1988, otro hermano Vergara Toledo, Pablo Orlando, de 25 años de edad, fue abatido en una acción de propaganda armada del MIR.

La familia Vergara Toledo era muy católica y de gran actividad en las comunidades cristianas de base de la zona poniente de Santiago. Los hijos, sin embargo, optaron por el camino revolucionario para luchar contra la dictadura militar e ingresaron al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, donde formaron parte de las milicias de aquel grupo político. 

Tres años más tarde, el 5 de noviembre de 1988, otro hermano Vergara Toledo, Pablo Orlando, de 25 años de edad, fue abatido en una acción de propaganda armada del MIR en los alrededores de la ciudad de Temuco. Junto a Pablo, murió también la joven Araceli Romo Álvarez, de 26 años.

25 años después

Los carabineros que asesinaron a los hermanos Eduardo y Rafael fueron finalmente  condenados en agosto del 2010 tras un fallo de la Corte Suprema que rebajó las penas que le había aplicado en primera instancia el ministro que investigó la causa.

Los policías Alex Ambler Hinojosa y Francisco Toledo Puente recibieron siete años de prisión y Jorge Marín Jiménez recibió la condena de 10 años y 1 día de presidio, pero en febrero de 2017 la misma Corte Suprema le concedió el beneficio de la libertad, es decir, ni siquiera cumplió la pena efectiva.

Nunca se aclaró si el crimen de los carabineros fue un “encargo” de alguna de las jefaturas de la CNI.

Desde el crimen de Eduardo y Rafael, la madre de los jóvenes, Luisa Toledo, luchó incansablemente para esclarecer qué había ocurrido con sus hijos y hacerles justicia. Ella se convirtió en uno de los grandes símbolos y referentes de las organizaciones defensoras de derechos humanos que no han reposado en casi 50 años en busca de verdad, justicia, reparación y memoria para sus familiares y amigos, víctimas de la dictadura militar del general Pinochet