Michael WOODWARD IRIBARRY

El día 22 de septiembre de 1973, Michael WOODWARD IRIBARRY, 42 años, ex  sacerdote y militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), murió en el Hospital Naval de Valparaíso.

                             Ha quedado acreditado que fue detenido por una patrulla naval en el Cerro Los Placeres el 16 de septiembre de 1973 y que en su lugar de reclusión fue torturado.  Un médico de la Armada intentó darle atención de urgencia en el molo de abrigo, recinto custodiado por la Armada en que se hallaban atracados el Buque Escuela "Esmeralda" y el carguero "Lebu", Desde allí fue llevado al Hospital Naval donde falleció a causa de un "paro cardiorespiratorio", producto del lamentable estado físico en que se encontraba.

                             Los antecedentes expuestos permiten a esta Comisión formarse la convicción que Michael Woodward murió víctima de la acción de agentes del Estado que lo torturaron en su lugar de detención. (Informe Rettig)  

Martes 24 de Septiembre 2002 El Mostrador

Miguel Woodward, un cura obrero abandonado por la jerarquía eclesiástica

El 19 de septiembre se conmemoró un año más de la muerte del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward, quien falleció pocos días después del golpe militar producto de torturas propinadas en el buque escuela Esmeralda.

La familia del religioso estuvo en Chile nuevamente por estos días y tras múltiples reuniones sostenidas se enteraron que el cuerpo de Woodward, a pesar de encontrarse enterrado en el cementerio de Playa Ancha, no podrá ser reconocido.

La razón: fue sepultado en una fosa común, sin separaciones de ninguna especie y compartiendo espacio con cientos de restos más antiguos y más nuevos, algunos de los cuales, tal vez los del propio padre Miguel, quedaron expuestos al aire libre y fueron posteriormente quemados o arrojados por un acantilado luego que se demoliera una muralla para construir una calle.

El destino del cuerpo de Miguel Woodward, sin embargo, no podía haber sido otro. Sin rencores ni ánimo de venganza, la hermana del sacerdote, Patricia Woodward de Bennets, lo describe así: "los restos de Miguel quedarán ahí, mirando al mar desde un lugar hermoso". O como se escribe en el libro Sangre sobre la Esmeralda, de Edward Crouzet, "yo a Miguel lo dejaría allí mismo, abrazado a otros cuerpos anónimos, los de los más pobres y abandonados del Puerto que, en vida, quiso siempre estrechar".

Resignada ante la situación, Patricia Woodward gestionó durante su visita un trato digno para todas las osamentas y la limpieza del lugar donde algunos restos quedaron dispersos y confundidos con basura de la zona. También procuró la colocación de un recordatorio en esa parte del cementerio, que quedó fuera del camposanto cuando éste fue reorganizado.

El abandono de la Iglesia y el Gobierno

La renuncia de la hermana del sacerdote a dar con el cuerpo contrasta con su esperanza y empeño por lograr esclarecer la verdad acerca de la muerte del padre Miguel y posterior condena a los responsables.

La familia interpuso a principios de año una querella criminal ante los tribunales porteños por los delitos de terrorismo de Estado, genocidio, persecución religiosa, tortura, secuestro calificado, homicidio, asociación ilícita e inhumación ilegal, la que avanza en manos de la ministra de fuero Gabriela Corti.

Patricia Woodward sostiene que se decidieron a presentar la acción legal, que va dirigida contra Augusto Pinochet y otras autoridades de la época, luego que el gobierno de Chile les señalara que la única forma de establecer qué había pasado con el sacerdote era la vía judicial.

Dice no entender el empeño de las autoridades de nuestro país por desentenderse de este tipo de casos y dejar sólo en manos de los tribunales, sin un apoyo a los familiares de las víctimas de por medio, el tema de los ejecutados políticos, y reclama una comportamiento más activo del gobierno chileno. "He escrito al Presidente Lagos varias veces, pero no he recibido ninguna contestación", sostiene.

Una actitud más colaboradora sí la han tenido las autoridades inglesas, las que tras conocer el testimonio del ahora fallecido comandante del acorazado Latorre, Carlos Fanta, tomaron cartas en el asunto y se manifiestan ahora preocupados por el tema, incluso por la vía diplomática y solicitando informes constantes.

La familia del padre Miguel también encontró apoyo en un grupo pequeño de sacerdotes chilenos y británicos, perspectiva que contrasta con los innumerables malos tratos que han debido afrontar, en el pasado y aún hoy, de religiosos que no se hacen cargo del crimen que se cometió.

Patricia Woodward recuerda, por ejemplo, las palabras del actual cardenal Francisco Javier Errázuriz, quien, tras ser investido en febrero de 2001, pronunció en el Vaticano la frase célebre: "a la justicia muchas veces se pueden unir sentimientos de venganza, de odio, llegando a un radicalismo en la pena que también puede ser injusta". La declaración fue acompañada por el anuncio que había adoptado la decisión de no presentar querellas en los casos de "uno u otro sacerdote que sufrieron torturas y hasta la muerte".

Ante la extrañeza por esa declaración pública de Errázuriz, Patricia Woodward se reunió con el cardenal para solicitar una explicación y expresarle su desagrado.

"El cardenal nos dijo que no estaba hablando de los familiares nosotros, pero hizo una serie de observaciones sorprendentes. Cuando le dijimos que nadie de la Iglesia había desmentido las informaciones falsas que habían aparecido en la prensa de aquel tiempo sobre Miguel y otros sacerdotes (a Woodward se le acusó incluso de haber tratado con una larga lista de mujeres), él nos dijo que en esos años nadie hubiera creído algo así y que en estos tiempos ya nadie se preocupaba de esas cosas", cuenta Patricia.  Su confianza en la justicia y el abogado que representa a la familia, Sergio Concha, parece aminorar un poco todo el dolor generado por los malos tratos e indiferencias recibidas estos años. "Ahora tenemos la querella”, repite.

El mito de la Marina

Una de las situaciones que la familia Woodward ha debido constatar en sus visitas a Chile es la dificultad de obtener en Valparaíso testimonios que den cuenta de la represión que llevó a cabo la Armada durante el régimen militar. En la ciudad porteña, dice, es un aspecto que prácticamente no se menciona.

"Valparaíso vive de la Armada, mucha gente trabaja en torno a la actividad que esa rama desarrolla en el puerto y, en consecuencia hay mucho silencio. El silencio se hace patente en la cotidianidad y choca mucho ese silencio. Nadie habla del tema", apunta.

La situación, según el abogado Concha, ayudó por años a mantener el mito de que la represión efectuada por Marina, al contrario a otras ramas castrenses, no fue extensa ni intensa.

"Se ha investigado bastante sobre el Ejército, la Aviación y Carabineros, pero sobre la Armada y la forma que operaba no ha habido mucho avance. Nosotros sabemos y conocemos de cerca que la represión de la Armada fue feroz. En este último tiempo, especialmente después de la designación de la ministra Corte como magistrada de fuero, el tema empezó a ser conocido por la opinión pública”, sostiene el abogado.

“Así, sólo hoy la gente tiene claridad respecto a todos los campos de concentración, tortura y homicidios que tenía la Marina, por ejemplo, en la Quinta Región, como el lugar llamado Isla Riesco. Se está como destruyendo el mito de que la Armada no fue represiva o que lo fue menos que las otras ramas”, agrega.

Sacerdote obrero

Miguel Woodward Yriberry perteneció al movimiento Cristianos por el Socialismo, grupo que fue perseguido tras el golpe de 1973.

"El poseía una visión muy clara respecto a lo que tenía que hacer la Iglesia Católica en Chile, una visión cristiana del marxismo de opción por los pobres que la Iglesia oficial había descuidado. Se quejaban que lo que debían predicar en la poblaciones no cabía en la vida de esa gente. Por ejemplo, les tenían que decir que no podían tomar la píldora, que debían tener todos los niños que Dios mandaba y eso no lo entiende la gente que vive en situaciones muy críticas. Ellos querían una iglesia un poco más abierta", cuenta la hermana del sacerdote.

"Miguel fue un sacerdote obrero, su idea principal era vivir con los pobres, como un pobre y para los pobres. Trabajó como astillero y no decía que era de la Iglesia. Se ganaba la confianza de la gente y ahí les daba consejos, desde la perspectiva de un amigo", continúa.

Woodward militó en el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU) y durante el gobierno de Salvador Allende estuvo a cargo de la Junta de Abastecimiento y Precios (JAP) de la población Progreso de Valparaíso, donde vivía en una casa construida por él. Su empeño por evitar el mercado negro le valió de muchos enemigos.

También trabajó en el Centro de Estudios y Capacitación Laboral de la Universidad Católica de Valparaíso, conocido como Cescla. El organismo se dedicaba a la formación de obreros con el objetivo que consiguieran capacitación universitaria.

"Miguel desarrollaba múltiples actividades, todas ellas muy coherentes entre sí. En nuestras visitas a Chile siempre nos encontramos con gente que lo conocía, algunas en las actividades en que nosotros sabemos que estuvo y otras que no conocíamos. Por ejemplo, durante la estadía conversamos con una mujer en Quillota que había tomado contacto con Miguel durante unos encuentros que realizó para concienciar a la gente acerca de lo que era Cristianos por el Socialismo. Otra persona nos comentó que había conocido a Miguel cuando él le había prestado la casa para las reuniones que hacían un grupo de jóvenes sin afiliaciones políticas", detalla.

En virtud de esta multiplicidad de labores, la familia del sacerdote concluye que "las razones para su detención parecen haber sido muy variadas. Se dice que cuando lo vinieron a detener había mucha gente que diría: Ahí vive Miguel".

Miguel Woodward fue detenido el 18 de septiembre de 1973, justo el día en que iba a contraer matrimonio civil. Un año antes había sido suspendido del sacerdocio unilateralmente por el obispo de la zona. Poco tiempo después conoció a quien nunca pudo ser su esposa, a quien dejó esperando en la puerta del Registro Civil mientras era conducido al centro de detención y tortura.

30 de Septiembre 2003 GranValparaiso.cl

Miguel Woodward, fiel a Jesucristo

LOS CLAVELES ROJOS se fueron entrecruzando en el círculo hecho con piedras a la vera del camino, simbolizando una fosa común que alguna vez estuvo allí. El viento sur golpeaba con su látigo de hielo, mientras las voces se perdían en el mar y los acantilados, recordando la muerte de un justo, de un cristiano ejemplar, hijo de ingleses, pero que abrazara con vehemencia la lucha por los más pobres en un lejano país, largo y flaco como él mismo lo era, que soñaba con fundar un mundo solidario, en medio de la traición y la soberbia. Un mártir que es recordado por quienes lo respetaron y amaron. Un crisol de voces que desde la tierra exigen una disculpa, exigen una señal mínima de caballerosidad de parte de sus victimarios para reivindicar su memoria.

En un círculo, las manos añosas se fueron uniendo, “levántate y mírate las manos, para crecer estréchala a tu hermano”, las canas flameaban y eran muchos rostros que trataban de ubicarse unos a otros, desde esos archivos de memoria que cada cual guardaba desde ese tiempo bueno que nos había unido.

Como en las catacumbas, los cristianos por el socialismo de ayer cruzaban al camposanto, eludiendo pasar frente a los cuarteles, bajando luego por un muro roto del cementerio hacia una senda inconclusa, que alguna vez talvez sea el camino costero sur, hacia Laguna Verde. Allí se descubrió hace muchos años una fosa común en donde habría sido ocultado el cadáver de Miguel Woodward, allí o a cincuenta metros, no importaba, era simplemente un espacio entre un muro roto del cementerio 3 de Playa Ancha y los acantilados. Un espacio estrecho entre la muerte ortodoxa de los féretros y la vida liberante de ese horizonte rizado por espumas blancas, con rocas que emiten sus carcajadas invitando al vértigo.

Allí llegaron como en una procesión sin imágenes, sin rosarios ni incienso. No hubo padres nuestros para el cura Miguel Woodward, simplemente se cerró el círculo, se abrazaron las parejas, se les agregaron algunos jóvenes y también algún niño. Surgió una guitarra, un solo grito de Presente¡¡ y vinieron los testimonios.

Sin grandes amplificaciones, pero sin necesitar micrófonos, la voz del filósofo Jaime Contreras Páez, discípulo del cura gigantesco en la Universidad Católica de Valparaíso, comenzó a tronar como la voz autobiográfica de Miguel Woodward, inglés, cura seglar, cura obrero, asesinado en la tortura a bordo del buque Escuela Esmeralda. Un cura que nunca dejaría de serlo, pese a haber sido estigmatizado por un Obispo que pretendió separarlo de la Iglesia, a la vez que adjudicaba el golpe de estado al patrocinio de la virgen María. Miguel Woodward reía de tales pretensiones, era un cura de la punta del cerro, un cura bregando por los pobladores. Un compañero y guía de esos jóvenes cristianos por el socialismo que habían abrazado esa misma forma vivencial de aplicar el evangelio, asumiendo la vida con los pobres, compartiendo con ellos, enseñándoles, aprendiendo de ellos, pecando quizás de entusiasmo revolucionario, pero con las manos limpias, con sólo las ideas como gran espada.

La cita había sido a mediodía del 21 de septiembre, al cumplirse 30 años de su asesinato. Justo cuando la primavera emergía, pero con un sol frío todavía, con mucho dolor pendiente. Poco a poco, como en un rosario de milagros gozosos y dolorosos, los que conocieron a Miguel describieron un trozo de su vida. Nada que temer dijo Miguel, así se despide de sus vecinos, encara así a sus aprehensores, que lo golpean, buscando quebrar su enorme estatura, tratando de doblegar su espíritu noble. Quizás Camilo Torres, el cura revolucionario que inspiraba sueños de revolución, estaba por allí dando vueltas. Miguel planteaba y vivía un ideario de entrega, el que postulaban las nuevas escrituras, la misa cantada en español, con guitarras, pan y vino de verdad. Símbolos de los perseguidos revolucionarios, que querían serlo más que los mismos marxistas, que rompían estructuras y jerarquías, que iban en su dinámica avasalladora construyendo su breve sueño de mil días. Hasta que la electricidad del tormento trituró toda esa vida y alguien lo vio cuando lo sacaban en camilla de la Esmeralda, con sus pies enormes, casi agónico, y lo llevaban al Hospital Naval. Un hombre bueno que vino a vivir una causa lejana y la hizo propia, renunciando a la comodidad de la aristocracia londinense. Una oveja negra de una familia tradicional inglesa que quizás nunca entendió su aventura pero vivió remecida su interminable vía crucis.

Los hombres y mujeres se van separando, se convocan para mantener la red, intercambian correos electrónicos, para seguir siendo voceros, para restablecer la dignidad de su memoria calumniada por la prensa de época, esa prensa sediciosa que encubrió el crimen y le imputó a Miguel Woodward situaciones indignas. Un intento de borrar de la memoria al mártir sacerdote obrero y seglar, rebelde, militante del MAPU, comprometido hasta la sangre con el mensaje más sustantivo de Cristo, dando hasta la vida misma por un ideal, sin quebrarse, resucitando en la verdad que representó su vida.

Como en las catacumbas, los viejos ideólogos y militantes de los cristianos por el socialismo, se retiran, más cristianos, pero menos socialistas, asumiendo el tiempo, asumiendo el costo de sueños pisoteados, tratando de recuperar la voz, entre la muerte formal y los espacios liberantes del pensamiento de libertad y justicia. Sin odios, pero insurgentes constantes para denunciar la cobardía y la vileza de quienes mancillaron el uniforme patrio y todavía se arrastran en su miseria, imperturbables y marciales. Que Dios los perdone.

8 de Septiembre 2004 PiensaChile.cl

CDE se hace parte en caso de Miguel Woodward

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha resuelto hacerse parte de la causa judicial por la muerte en 1973 del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward, torturado a bordo del buque escuela La Esmeralda, a través de la presentación de una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de su muerte.

La decisión del CDE se basa en el Art. 5 e) de su Ley Orgánica referido a "hechos que puedan originar grave daño social o cuando sea conveniente para los intereses del Estado o de la sociedad".

“Es bastante inusual que intervenga el CDE en un caso de derechos humanos. La decisión es importante en sí: la interpretamos como una llamada para que la investigación de la causa de Miguel sea llevada a cabo sin más demoras y de forma eficaz. Esperamos que este acontecimiento también tenga algún efecto sobre la suerte de los demás casos de Valparaíso y sobre el reconocimiento de lo que pasó en la Esmeralda,” expresó Patricia Bennetts, hermana del sacerdote fallecido.

El 30 de enero de 2002, la familia de Woodward presentó una querella criminal por genocidio por motivos religiosos, terrorismo de Estado, homicidio calificado, secuestro calificado, torturas y tratos degradantes, inhumación y exhumación ilegales, y asociación ilícita en contra de Augusto Pinochet y otros ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La causa fue acogida por la ministra de esa Corte, Gabriela Corti, a cargo de todos los casos de derechos humanos de la V Región.

El sacerdote Miguel Woodward, de padre inglés y madre chilena, fue detenido por miembros de la Inteligencia Naval el 21 de septiembre de 1973 en su casa de la Población Progreso, en el Cerro Los Placeres de Valparaíso, donde vivía como un poblador más. Fue llevado a un cuartel, y luego a los buques Lebu y La Esmeralda.

En La Esmeralda, en ese entonces comandada por el Capitán de Navío (r) Jorge Sabugo Silva, fue golpeado incesantemente hasta reventar sus órganos. Al quedar moribundo, el médico a bordo llamó al capitán Carlos Fanta, entonces comandante del crucero Latorre y máxima autoridad naval de la zona, ya que el Almirante José Toribio Merino se encontraba en Santiago. Le dijo que “había un cura que estaba muy mal, que tenía una hora de vida”, relata su hermana.

Fanta envió a La Esmeralda a su médico, Doctor Kenneth Gleiser. Según el libro “Sangre sobre La Esmeralda”, Gleiser revisó a Woodward a bordo de La Esmeralda, aunque otras versiones, incluyendo el Informe Rettig, afirman que fue bajado al molo de abrigo del puerto. Fue llevado al Hospital Naval, falleciendo en el trayecto de un “paro cardio-respiratorio en la vía pública”, como consta en el certificado de defunción emitido por ese centro hospitalario. El 25 de septiembre, fue sepultado ilegalmente por la propia Armada en una fosa común del Cementerio de Playa Ancha.

Según informes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional, unas 110 personas fueron detenidas y torturadas a bordo de La Esmeralda, pero sólo Woodward figura como muerto a causa de las torturas, como se señala en el Informe Rettig (pp. 294 y 453).

Woodward había nacido en Chile pero cursó sus estudios en Inglaterra, graduándose de ingeniero civil en la década de los cincuenta. Sin embargo, tras titularse, regresó a Chile para ingresar al seminario, ordenándose sacerdote diocesano en 1961. Ese año, su familia, que aún vivía en Chile, decidía mudarse a Europa. Miguel Woodward optó por permanecer en Valparaíso.

El sacerdote se fue a vivir a una población del Cerro Los Placeres, donde formó parte de una comunidad cristiana, trabajando como tornero en Astilleros Las Habas en el puerto, y luego en CESCLA , proyecto de formación para obreros de la Universidad Católica. Como muchos sacerdotes en la época, simpatizó con el gobierno de Salvador Allende. Ingresó al partido MAPU y fue dirigente local de las JAP.

Tras el golpe militar, fue llamado a presentarse ante las nuevas autoridades militares en Valparaíso, pero no lo hizo de inmediato. Se ocultó en casas de varios amigos, “pero luego razonó que como no había hecho nada, no tenía por qué esconderse, y volvió a su casa, que compartía con algunos estudiantes”, recuerda su hermana Patricia.

22 de Noviembre 2004 La Nacion

Graves quejas contra jueza que cerró caso de Woodward

La ministra Gabriela Corti creyó en el certificado de defunción de Miguel

Woodward (desaparecido) que le presentó la Armada, cuando el propio médico de la institución le dijo “no puedo precisar que era él” porque el nombre “ya venía escrito” y “no hubo autopsia ni huellas dactilares”.

Familiares del sacerdote anglo-chileno Miguel Woodward acusaron a la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gabriela Corti, jueza con dedicación exclusiva para causas de derechos humanos, de actuar en forma “condescendiente” con la Armada, al sobreseer definitivamente el proceso por el crimen del religioso, aplicando la figura de la prescripción al delito de secuestro.

La apelación presentada por el abogado Juan Guillermo Matus a nombre de la

hermana del sacerdote, Patricia Woodward, en contra de lo dictaminado por la jueza, hizo ver a la magistrada la contradicción de su sentencia con la de la Corte Suprema. La apelación deberá ser vista por la Corte de Apelaciones de Valparaíso probablemente esta semana y dependiendo de ello los querellantes recurrirán a la Sala Penal de la Corte Suprema.

La querella

La querella interpuesta el 30 de enero de 2002 por Patricia Woodward fue dirigida en contra de los oficiales en retiro, vicealmirante Adolfo Walbaum, contralmirante Hugo Cabezas Videla, los capitanes de navío, Sergio Huidobro Justiniano, Arnt Arentsen Pettersen, Jorge Sabugo Silva, Guillermo Aldoney

Hansen (llegó a integrar el cuerpo de almirantes) y los capitanes de fragata Keneth Gleiser Jo (médico que integró el cuerpo de almirantes el año 2001 como Director de Sanidad Naval) y Julio Vergara.

Se sumaron también los tenientes de Infantería de Marina Rafael Yussef Sotomayor, Guillermo Morera, Luis Rebolledo, Roberto Camus, y otros de apellidos Middleton, Rodríguez y Luna.

Además la querella fue dirigida en contra del abogado Enrique Vicente (actual Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado en la Quinta Región) y el religioso de la Universidad Católica de Valparaíso, Jorge Bosagna.

25 de Febrero 2005 La Nacion

Corte de Valparaíso ordena reabrir caso Woodward

Por unanimidad, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió revocar la resolución de la jueza Gabriel Corti, quien habría sobreseído en noviembre pasado la causa por la muerte del sacerdote anglo chileno Miguel Woodward Iribarri, fallecido en septiembre de 1973 tras su detención en el buque escuela Esmeralda.

La decisión de tres votos contra cero fue adoptada por los ministros Mario Gómez, presidente de la sala, Mónica González, y el abogado integrante Carlos Müller.

La resolución de la sala del tribunal de alzada porteño establece que “del examen de los antecedentes se desprende que la investigación no se encuentra agotada, lo que impide, en estas circunstancias, dictar resoluciones conclusivas”.

Por ello, añade la resolución, “de conformidad con lo dispuesto en los artículos 413 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, se revoca la resolución de fecha dieciséis de Noviembre de dos mil cuatro mediante la cual se sobreseyó definitivamente en el conocimiento de esta causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 408 Nº 5 del Código de Procedimiento Penal, que se lee desde fs. 754 a 758 vta.”

Asimismo, la instancia ordenó a la jueza efectuar diligencias, que se mantienen en reserva y no han trascendido a la prensa: la causa –dice la resolución- retorna “al estado de sumario, disponiendo su reserva hasta que se efectúen las diligencias que se ordena realizar y que en sobre cerrado se remiten”.

La querella

El sacerdote Miguel Wooward, quien se había integrado a realizar trabajos sociales en el cerro Los Placeres y otros lugares de Valparaíso durante el gobierno de Salvador Allende, estaba vinculado al MAPU y fue detenido días después del golpe militar por la Armada y llevado al Buque Escuela Esmeralda.

Testigos aseguran que lo vieron tendido en una camilla agonizando producto de las torturas. Algunas versiones sostienen que desde la Esmeralda fue llevado al Hospital Naval del cerro Playa Ancha, lugar donde habría fallecido el 22 de septiembre de 1973. Su cuerpo nunca fue encontrado.

La versión del Informe Rettig sobre el caso del sacerdote es la siguiente: “Ha quedado acreditado que fue detenido por una patrulla naval en el Cerro Los Placeres el 16 de septiembre de 1973 y que en su lugar de reclusión fue torturado. Un médico de la Armada intentó darle atención de urgencia en el molo de abrigo, recinto custodiado por la Armada en que se hallaban atracados el Buque Escuela "Esmeralda" y el carguero "Lebu", Desde allí fue llevado al Hospital Naval donde falleció a causa de un "paro cardiorespiratorio", producto del lamentable estado físico en que se encontraba”.

La querella interpuesta el 30 de enero de 2002 por Patricia Woodward, hermana del religioso, fue dirigida en contra de los oficiales en retiro, vicealmirante Adolfo Walbaum, contralmirante Hugo Cabezas Videla, los capitanes de navío, Sergio Huidobro Justiniano, Arnt Arentsen Pettersen, Jorge Sabugo Silva, Guillermo Aldoney Hansen (llegó a integrar el cuerpo de almirantes) y los capitanes de fragata Keneth Gleiser Jo (médico que integró el cuerpo de almirantes el año 2001 como Director de Sanidad Naval) y Julio Vergara.

Se sumaron también los tenientes de Infantería de Marina Rafael Yussef Sotomayor, Guillermo Morera, Luis Rebolledo, Roberto Camus, y otros de apellidos Middleton, Rodríguez y Luna.

Además la querella fue dirigida en contra del abogado Enrique Vicente (actual Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado en la Quinta Región) y el religioso de la Universidad Católica de Valparaíso, Jorge Bosagna.

Luego que la jueza Corti sobreseyera el caso en noviembre pasado, aplicando la figura de prescripción al delito de secuestro, los abogados querellantes la acusaron por prevaricación ante la Corte Suprema, al considerar que la magistrada obvió la legislación internacional sobre derechos humanos que señala que los delitos de lesa humanidad no se pueden amnistiar y tampoco prescriben.

13 de Abril 2005 La Nacion

Alejan a jueza Corti del caso Miguel Woodward

El pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso removió finalmente a la ministra Gabriela Corti de la investigación del crimen del sacerdote Miguel Woodward, luego de recibir múltiples críticas a su gestión en este proceso. En su lugar esta corte designó a la ministra de ese tribunal Eliana Quezada.

La familia del sacerdote secuestrado, torturado a bordo del buque escuela Esmeralda, y hecho desaparecer por oficiales de la Armada pocos días después del golpe militar, dijo ayer estar “contenta” con este cambio, pero advirtió que la instrucción de este proceso, en general, “representa un funcionamiento muy inadecuado del sistema de justicia”, según una declaración de la hermana del sacerdote, Patricia Woodward, y su esposo Fred Bennett.

Uno de los puntos principales que los familiares criticaron a la ministra Corti, fue que a inicios de este año sobreseyó la causa sin dictar procesamiento en contra de ningún miembro de la Armada. De acuerdo a la familia del sacerdote y sus abogados, en la investigación existen antecedentes suficientes para encargar reos a varios oficiales y suboficiales de la Marina hoy en retiro. La misma Corte de Valparaíso acogió un recurso de los familiares y ordenó el pasado 24 de febrero reabrir la investigación.

Patricia Woodward y Fred Bennett denuncian que la jueza Corti estableció que no existió el delito de secuestro permanente, aun cuando en el mismo expediente hay declaraciones de ex funcionarios del Cementerio de Playa Ancha que atestiguan haber visto a oficiales de la Armada llegar al camposanto con un cuerpo envuelto en una sábana y sepultarlo en forma clandestina. Estos testigos afirman que el cadáver correspondía a Miguel Woodward, aunque nunca más fue hallado.

“Desde que el 24 de febrero pasado fue revocado el intento de sobreseimiento han pasado siete semanas. Nos quedan tres meses antes de que caduque el plazo estipulado por el Tribunal Supremo para que se terminen los sumarios de los casos de derechos humanos”, declararon ayer los familiares del sacerdote y agregaron que “nos unimos a quienes en los últimos días han pedido que se suspenda la orden que impone el 25 de julio como límite”, expresaron.

Fuentes de tribunales de Valparaíso han manifestado que la jueza Corti “se dejó presionar por la Armada en el caso Woodward”. Las mismas fuentes afirmaron por otra parte a La Nación que “en Valparaíso hay ciertos abogados que estuvieron vinculados a la Armada y a la dictadura y que hoy ejercen importantes cargos en instituciones del Estado, que tienen el suficiente poder para presionar a los jueces en los procesos que afectan a esta institución naval”.

 Periodico latinoamericanista Giraluna

Sacerdote Miguel Woodward : Asesinado por la armada

El mar ha besado las costas de Valparaíso desde siempre, es el amor oceánico antiguo que maravilla a cormoranes y a los faros enclavados en el corazón de la bruma porteña. Los mismos que lloraron espantados ante el horror que se cernió sobre la ciudad la madrugada en que las fuerzas armadas salieron a matar. Y la Armada quizás fue la más brutal: la que torturó, violó y asesinó a millares de hombres y mujeres por el solo hecho de pensar distinto. El sacerdote Miguel Woodward fue uno de ellos y desde entonces que sus familiares, en especial su hermana Patricia Woodward y su cuñado Fred Bennetts, buscan desentrañar el misterio que rodea su muerte producto de la conspiración de silencio por parte de la Armada. Un silencio que a ratos abruma y duele, pero que no ha logrado amilanar a aquellos que buscan la verdad de lo sucedido a Miguel, un sacerdote obrero que vivió y murió junto a los trabajadores. José Gutiérrez, sacerdote porteño que le conoció y compartió con Miguel, señala categóricamente que la Armada “al proteger a los culpables, al silenciar y callar, por lo menos se hace cómplice de una injusticia muy grande”. Porque, sabemos, “que en algún momento la Armada dio instrucciones de quemar todos los documentos relacionados con violaciones a los derechos humanos que pudieran comprometer a la institución”. Dicha afirmación es corroborada por Patricia quien sostiene que en las postrimerías “del período del almirante Merino este dio la orden de quemar todo”. Si embargo, no han podido destruir toda la evidencia y, menos aún quebrantar el espíritu de sus familiares que - según Gutierrez - han realizado una labor “admirable, pues han luchado prácticamente solos contra todo y todos”. Y así, poco a poco, han ido obteniendo retazos de información que han puesto en manos de la justicia chilena y hoy, a 33 años del asesinato de Miguel y a cinco años de haber presentado una querella en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se vislumbra una luz al final del túnel lo cual - indica Fred Bennetts – nos hace pensar que, “en principio, se habría identificado a los autores materiales del asesinato. Pero aun queda por ver hasta donde llegarán las responsabilidades, porque aquí existen autores intelectuales, cómplices, encubridores”. Y no solo la Armada ha ocultado información, sino que tampoco la iglesia o el gobierno han ayudado.

El largo camino hacia la verdad y la justicia

Miguel Woodward fue detenido el 22 de septiembre de 1973 por una patrulla naval en su domicilio del cerro Placeres en Valparaíso. Era un sacerdote católico comprometido con su pueblo y con el proyecto que impulsaba la Unidad Popular. Era presidente de la JAP (Junta de Abastecimiento y Precios) local y, además, era miembro del MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria) todo lo cual le había valido el desprecio de la iglesia que le había suspendido de sus funciones sacerdotales. Se sabe que, con posterioridad a su detención, fue trasladado a la Comisaría de Carabineros del colindante cerro Barón y ulteriormente llevado a la Esmeralda donde también fue torturado. Aquí comienza la conspiración del silencio que ha urdido la Armada para ocultar el crimen. De hecho, sostiene Bennetts, “el almirante Guillermo Aldoney hizo una declaración al abogado Pedro Aylwin en la Comisión Rettig donde señaló que mientras Miguel todavía estaba en la Esmeralda le informaron lo que había pasado y que dio instrucciones para llevarlo al Hospital Naval. Es más, dijo que Miguel había muerto como consecuencia de malos tratos, que al interrogador se le había pasado la mano”, incluso, señala Patricia, “el actual comandante en jefe de la Armada , almirante Rodolfo Codina, ha declarado que Miguel habría sido torturado en otro sitio, pero no dice en cual. El se centra casi exclusivamente en la Esmeralda y si Miguel fue torturado ahí o no, porque pareciera que es lo que más les duele”. De hecho, la imagen del buque-escuela Esmeralda, símbolo de la Marina chilena, pareciera preocuparles más que la vida de un ser humano. Por ejemplo, dice Fred “en el marco de la investigación judicial a raíz de la querella interpuesta por Patricia sabemos de fuente fidedigna que la magistrada anterior, Gabriela Corti, tenía intención de hacer una reconstitución de escena en la Esmeralda en marzo del 2004. Entonces apareció en su oficina un almirante argumentando que seria muy dañino para la imagen de la Armada , pidiéndole que postergara dicha reconstitución hasta que la Esmeralda volviera de su crucero de instrucción en septiembre. Poco después la ministra Corti cerró el caso y la reconstitución nunca se hizo”.

La Armada ha negado esta flagrante intervención en la labor judicial, es más, en declaración pública, el almirante Cristian Millar, secretario general de la Armada , expresó haber “acompañado estos casos muy de cerca, y digo que no ha estado en la mente de la institución interferir en ninguna diligencia que estén haciendo los jueces. No nos parece justo una denuncia de esta naturaleza, a no ser que, realmente, la ministra Corti se haya juntado con alguien ajeno al quehacer de la Marina , o informalmente con alguien que lo hizo por su propia cuenta y sin instrucciones. No tenemos antecedentes de que, institucionalmente, haya existido alguna gestión para impedir o retrasar esa diligencia”. Es decir , dice Bennetts, “curiosamente dice que - quizás - alguien informalmente se pudo haber entrevistado con la jueza”. En otras palabras, no niega la posibilidad de que alguien efectivamente haya conversado con la jueza por cuenta propia, mas todos saben que en una institución armada, altamente jerarquizada, ello es imposible.

El mismo alto oficial señaló que entendía “el legítimo dolor de la familia de Miguel Woodward y el derecho que tienen a saber la verdad. No obstante, las informaciones que tenemos es que al parecer el llegó maltratado en las cercanías del buque y ahí se le atendió médicamente, resolviéndose llevarlo al Hospital Naval. No podemos afirmar si Woodward estuvo o no a bordo de la Esmeralda ”. Sin embargo, dicha afirmación es contradicha por las declaraciones del almirante Aldoney que dice haberse enterado de la gravedad de la situación de Woodward cuando el sacerdote aún se encontraba en la Esmeralda. Asimismo , se sabe que el capitán de Navío Carlos Fanta, comandante del crucero Latorre al momento del golpe, declaró que él había ordenado enviar un médico a la Esmeralda y este médico admitió que había atendido a Miguel en la cubierta del buque, aunque posteriormente se desdijo de esta declaración, sosteniendo que había atendido a Miguel Woodward en el molo de abrigo donde se encontraban, a la sazón, la Esmeralda , buques de guerra y, además, el buque mercante Maipo, de la Compañía Sudamericana de Vapores, atiborrado con prisioneros. El capitán Fanta fue exonerado de la Armada tiempo después y su testimonio se perdió entre los intrincados vericuetos de la burocracia y un singular silencio. Es más, acorde a Fred Bennetts “el secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Luciano Fouillioux , negó la existencia del testimonio del oficial Carlos Fanta. El abogado Pedro Aylwin, miembro de la Comisión Rettig que entrevistó al capitán Fanta, nos dijo que el había redactado un informe detallado en su computador, imprimiéndolo para que fuera incorporado a los archivos de la Comisión Rettig. Ese informe ha desaparecido de los archivos”. Bennetts continúa, el mismo abogado nos señaló que un consejero de la Comisión Rettig se había dejado presionar por la Armada y, pensamos, que fue el mismo comandante en jefe de esa época, almirante Jorge Martinez. “Le pedimos a Aylwin que hiciera una declaración pública en relación a los mencionados hechos, pero este, aduciendo razones éticas, no lo hizo. Asimismo, “sostuvo que debía consultar la situación con el ex secretario de la Comisión Rettig , Jorge Correa, y no supimos más. Le escribimos personalmente a Correa, pero nunca respondió”.

Como tampoco respondió la iglesia, pues sabemos, dice Fred, que a comienzos de la década del 90, “el capitán Fanta habló con un sacerdote en Valparaíso relatando lo sucedido con Woodward. Este sacerdote transmitió lo sucedido al obispo Gonzalo Duarte quien habría pedido información acerca del caso a otros miembros del clero. Sin embargo, posteriormente, el negó esto a los familiares de Miguel.

El encuentro con el almirante codina

Es evidente para los familiares de Miguel Woodward que aquí se ha verificado un claro ocultamiento de información que - de acuerdo a Fred - “ha continuado todos estos años. Y no solo en el caso de Miguel, sino que ha existido un deliberado y sistemático ocultamiento de lo que aconteció en Valparaíso y la Quinta Región. La muestra más reciente de esto es la fosa común hallada en el cuartel 14 del cementerio, pues cuando se realizaban excavaciones para erigir el memorial de Miguel, ahí aparecieron quince cuerpos y al menos dos de ellos presentaban impactos de bala en la cabeza, pero nadie ha investigado esto. Además, se encontró una vainilla de un proyectil calibre 7.62 que, de acuerdo a los expertos, es la que utilizaba la OTAN ”. Es decir, aquellos usados por armas de fuego de tipo militar. Por ello, y otros antecedentes, “ estamos convencidos, asevera Patricia, que era uno de los tres cuarteles donde la Armada enterró gente que traía en camiones. El cuerpo de Miguel lo llevaron dos marinos y lo inscribieron en el libro de ingreso como fosa común, pero un funcionario del cementerio, por ser Miguel sacerdote, quiso ubicarle una fosa individual y decidió enterrarlo en el cuartel 13 donde se realizaron ahora las excavaciones. Estas excavaciones fueron ordenadas por la jueza Eliana Quezada quien asumió la investigación del caso Woodward luego que Patricia apelara a la resolución de la jueza anterior que había sobreseído el caso. Ello, pues de acuerdo a información recabada por los familiares de Miguel, en el cuartel 13 del cementerio de Playa Ancha no se habían removido cuerpos desde 1977, por lo que era probable que se hallaran ahí restos de ejecutados con posterioridad al golpe militar. No obstante, recientemente se enteraron que en 1989 hubo, “como nos dijeron, “una barrida general”. Y sacaron todos los cuerpos y los tiraron en alguna parte. Aparentemente tenían la intención de construir más nichos, pero nunca se hizo”

Patricia es clara en plantear que, “a pesar de que se encontraron osamentas muy pequeñas y que los expertos nos dijeron que eran de los años sesenta, había que excavar de todas maneras”. Son pasos que hay que dar, como el encuentro que se realizó con los almirantes Rodolfo Codina y Cristian Millar. “En enero de este año, dice Patricia, tuvimos una reunión con el almirante Codina y el almirante Millar en la biblioteca Severin de Valparaíso. La idea era que cada uno de nosotros - éramos alrededor de ocho personas relacionadas con el tema de los Derechos Humanos - expusiera su punto de vista directamente al comandante en jefe. Planteamos básicamente la necesidad de entregar información, pero obtuvimos la misma respuesta de siempre: No tenemos más información”. A pesar de las constantes y sistemáticas negativas a colaborar, la Armada entregó a la jueza Quezada los nombres de todos los componentes de la unidad externa que interrogaron a los prisioneros en La Esmeralda. Casi todos infantes de marina. Esto fue en respuesta a requerimiento judicial de abogado que presentó querella por torturas en contra de la Armada en el caso de otra prisionera torturada en la Esmeralda , Maria Eliana Comené. Lo curioso, dice Bennetts, es que “la anterior magistrada, Gabriela Corti, antes de cerrar el caso, nos dio acceso al sumario. Estaban las declaraciones de todos los oficiales a bordo del buque el 73. Es muy llamativo que, casi sin excepción, todos decían lo mismo y empleaban los mismos términos: “El trato de los prisioneros era estricto, pero no hubo apremios”. Entonces, “está muy claro que antes de dar su testimonio la Armada los reunió e instruyó al respecto”.

Asimismo, no dejar de ser sospechoso que, hace un tiempo, un grupo de ex presos políticos de Valparaíso, todos militantes del partido socialista, se aprestaban a “presentar una querella contra la Armada y a última hora se desistieron de ello. Según algunos hubo una llamada personal de La Moneda presionándolos para que no lo hicieran”. En todo caso, creemos que en todo este proceso de ocultamiento de información, hay dos piezas claves: El auditor general de la Armada y el jefe del Servicio de Inteligencia Naval”, el mismo organismo, por cierto, que llevó a cabo la represión inicial contra partidarios de la Unidad Popular luego del golpe de Estado.

¿Puede haber justicia en un país donde prevalece la impunidad?

El camino recorrido ha sido ciertamente sinuoso y plagado de dificultades para descubrir la verdad de lo acaecido con Miguel Woodward, pues la Armada insiste en el argumento de que no posee información y a lo sumo, ha propuesto un acto de desagravio en el buque Esmeralda, que apunta más a un acto de limpieza del barco más que de reconocimiento de los crímenes cometidos por miembros de la Marina. Además , da la impresión que solo en ese lugar se hubiese torturado a prisioneros políticos, cuando es conocido - y así ha sido consignado en distintos informes - que se utilizaron numerosos recintos navales para este fin. Entre ellos se cuentan: la Academia de Guerra Naval, el Cuartel Silva Palma, la Escuela Naval , el campo de Concentración de Isla Riesco o Melinka, entre otros. Por lo mismo, no deja de sorprender que virtualmente ningún funcionario de la Armada haya sido procesado por las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en Valparaíso y ciudades adyacentes. Es obvio que aquí ha habido encubrimiento de todas las atrocidades cometidas por oficiales y tropa de la Armada en la región no solo en el caso de Miguel. De hecho, sostiene Fred, “no parece haber claridad en cuanto al número real de víctimas en Valparaíso, porque “no se trata solamente de los muertos oficiales -126 asesinados y 36 desaparecidos. Hubo mucho más muertos. Esto fue confirmado por Luis Bork, abogado que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Vaparaiso. Ellos hicieron un estudio en el año 1986 y les sorprendió que la gente y los familiares estuvieran dispuestos a hablar y a declarar en plena dictadura. Allí constataron la desaparición de 89 personas en la quinta región. Cuatro años más tarde, en 1990, entregaron una copia de ese informe a la Comisión Rettig y poco tiempo después sus oficinas fueron saqueadas y robaron todos los archivos, todos los casos presentados a juzgados, fiscales navales y, por supuesto, el informe entregado a la Comisión Rettig. Ese informe nadie lo tiene.

Así, pareciera que la bruma porteña se ha confabulado con los criminales para ocultar el oscuro pasado de la Armada , pero nadie puede negar a estas alturas que la Armada cobardemente torturó y asesinó gene inerme. Nadie puede negar “que en los días inmediatamente después del golpe a los funcionarios del cementerio de Playa Ancha los encerraban en piezas durante la noche. Eran hombres enmascarados que llegaban en vehículos”. Nadie puede negar que Miguel Woodward fue asesinado por la Armada , pero entonces, ¿Puede haber justicia en un país donde prevalece la impunidad? Fred manifiesta que “la experiencia con la jueza anterior fue absolutamente desastrosa y, por lo mismo, dudamos de su buena fe. La actual ha mantenido secreto del sumario por dos años, pero ha hecho un buen trabajo y nos ha dado a entender que va a resolver dentro de poco. Aquí no solo se trata de los autores materiales, sino que de todos los responsables del encubrimiento del crimen: el almirante Guillermo Aldoney el cual es

culpable de haber ocultado información, de no haber entregado información a la justicia. Es el responsable de haber iniciado toda una serie de acciones que incluye la falsificación del certificado de defunción, la inhumación ilegal del cuerpo, entre otras acciones ilegales. El médico del Hospital Naval que firmó el certificado de muerte, porque a el le presentaron un formulario donde ya venía nombre y datos personales de Miguel y el se limitó a firmar estableciendo la causa de muerte como paro cardíaco. Sabemos que el doctor consultó con un fiscal naval en relación al procedimiento y el fiscal le dijo que debía hacer lo que se le ordenara. Creemos que ese fiscal naval es Enrique Vicente Molina, hoy fiscal procurador del Consejo de Defensa del Estado de Valparaíso”. Lamentablemente, el caso de Woodward no es el único caso en este país donde se oculta la verdad y, peor aún, en los casos en los cuales logra acreditarse la verdad de los hechos, prima la impunidad.

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