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"La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida" - José Martí Buenos Aires, 29 / 3 / 2004 ‘CHEYRE ORDENO ELIMINARME’
EX SARGENTO ACUSA A COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO CHILENO
El ex uniformado Héctor Florentino Navarrete Jara, quien tenía información relevante sobre la muerte de la joven Gloria Stockle, hecho ocurrido en 1984 en un casino de Oficiales, asegura que escuchó al ahora general Juan Emilio Cheyre ordenar su ‘eliminación’ cuando el ahora jefe del Ejército se desempeñaba como comandante del regimiento N° 23 de Copiapó y él quería revelar información que comprometía a militares en actividad.
Por: El Periodista (Chile) especial para ARGENPRESS.info
Fecha publicación:19/10/2002
El testimonio EP - Usted hace referencia en su declaración judicial que cuando estaba detenido, se reunieron el comandante Gabriel Alliende, el subcomandante Ríos y varios oficiales, que estaban en servicio cuando ocurrió el crimen, entre los que se encontraba el capitán Mario Martínez y el subteniente Flores. ¿Qué pasa en esa reunión? HNJ - Esa reunión era porque los involucrados debían ser trasladados a Temuco y Valdivia. Hablaron de lo sucedido. Incluso se supo que yo estaba allí y dijeron que tenían que tener cuidado conmigo porque había trabajado con inteligencia y que podía estar divulgando... si incluso a mí me iban a eliminar del regimiento. EP - ¿Lo iban a echar? HNJ - No, hablaron de desaparecerme, porque yo era un peligro en la Unidad. EP - ¿Eso usted se lo imagina o escuchó algo concreto? HNJ - Lo escuché. EP - ¿De quién? HNJ - Del mismo sargento y del comandante. EP - ¿En esa misma reunión? HNJ - No, lo que le estoy diciendo yo es de Cheyre. ¿Usted ubica al comandante Cheyre? EP - Sí, el actual comandante en Jefe. HNJ - El fue quien dijo que había que eliminarme a mí, por lo que sabía. Porque él llegó de comandante a la Unidad cuando estuve detenido. EP - ¿Y eso lo escuchó usted directamente? HNJ - Directamente. Incluso había un soldado, del cual fui instructor, que me hacía guardia. Me decía: 'mi sargento tiene que tener cuidado'. Yo no dormía en las noches. Me tenían en una pieza aislado, ni le cuento lo que era estar en esa pieza. Yo empecé a hablar. Una vez le dije al comandante 'mi comandante, yo voy a tener que hablar de esto'. Entonces ahí empezaron a darme duro. EP - ¿En esa reunión, a la que asistieron todos, le piden algo especial? HNJ - Que callara. Me dijeron que no tenía que hablar, que me iban a ayudar, pero nunca se hizo nada. EP - ¿Cómo se explica que todas las personas a las cuales usted hace referencia la noche del crimen, y que le contaron lo sucedido con la joven, posteriormente dijeron que eran imaginaciones suyas? HNJ - Porque el comandante reunió a todos los que estaban de guardia y les dijo lo que tenían que declarar. Tuvieron orden del regimiento, cambiaron a los guardias y pusieron otros nombres. EP - Usted dice que su conciencia lo hizo hablar, lo hizo contar esto. El crimen ocurre el 84, sin embargo, usted la primera vez que hace público esto o que se lo cuenta a alguien es el 87. ¿Por qué esperó tres años si tenía un problema de conciencia o si realmente a usted le parecía pésimo que se le echara tierra al problema? HNJ - Porque no sabía que hacer en un primer momento. EP - ¿O sea, que usted sólo lo comentó al interior del regimiento? HNJ - Al interior del regimiento y a un tío. EP -¿Usted, conoció a Gloria Stockle? HNJ - La vi una o dos veces. Los hechos Hasta 1986, Héctor Florentino Navarrete Jara, se desempeñó como sargento segundo en el Ejército de Chile al que había ingresado una década antes. En 1984, casualmente, le tocó conocer una información que involucraba a oficiales de esa arma en el homicidio de una joven de 21 años en la ciudad de Copiapó, Gloria Stockle Poblete, caso que aún no ha sido resuelto por la Justicia. De visita en la ciudad nortina, tras una reunión con amigos, pasó por la puerta del regimiento de Ingenieros. 'Un soldado que estaba de guardia, cuyo nombre no sé, pero según me dijo Raín era de Vallenar, nos saludó y nos contó muy preocupado que se había producido un homicidio en el interior del casino y que había sido muerta una niña. En esos momentos también salió la cocinera Blandina Castillo, quien dijo 'estos desgraciados mataron a la niña'. De inmediato apareció un oficial de apellido Flores Cañas, cuyo nombre es Sebastián, quien hizo callar a la cocinera y aseguró que no había pasado nada. El día lunes siguiente a ese fin de semana fui al regimiento y escuché a todos transmitiendo en la misma onda, comentando la muerte de una niña en el casino y diciendo que el capitán Martínez y el subteniente Flores Cañas habían dado muerte a la niña con un cachazo de revolver en la cabeza y luego la tiraron a la piscina...', declaró en la causa número 28.541. El caso, caratulado en el informe Rettig como acción de agentes del Estado, se había desencadenado un 28 de enero, durante una fiesta privada en el Casino de Oficiales del Regimiento N° 23 de Copiapó. En la oportunidad, según las investigaciones, varios de los asistentes agredieron a la joven estudiante provocándole, de acuerdo al certificado de defunción, 'policontusiones, traumatismo encéfalocraneano cerrado complicado, fractura base de cráneo y una hemorragia intracraneana'. No quedaban dudas, para los especialistas, el cuerpo encontrado posteriormente en la ribera del río Copiapó presentaba signos claros de acción de terceros lo que permitió caratularlo como un homicidio con violación. 'La noche anterior la joven se encontraba en el interior del Casino de Oficiales del regimiento de Infantería Motorizada N° 23 de Copiapó, recinto donde, luego de ser sometida a golpes y sufrir un ataque sexual fue asesinada. En el proceso judicial instruido para investigar su muerte, y en el que se designó Ministro en Visita, a través de declaraciones de testigos presenciales y otros medios probatorios, se estableció que la noche del 28 de enero de 1984, en el mencionado Casino, se realizaba una fiesta privada a la que asistían alrededor de 45 personas, entre uniformados, civiles y mujeres jóvenes. Durante la fiesta se produjo una discusión entre dos oficiales, un civil y Gloria Stockle, a la que golpearon, violaron y asesinaron. Su cuerpo fue sacado del lugar en un automóvil y lanzado al río Copiapó, donde lo encontraron dos días después, semisumergido y tapado con totoras'. Cuatro años después del crimen, que sacudió a Copiapó, Navarrete se decidió a contar lo que sabía, cuando estaba detenido en el regimiento N° 23 acusado de robar unos neumáticos. Desde la cárcel hizo llegar un papel a Eric Villegas, abogado de la Vicaría de la Solidaridad que había tomado el caso a insinuación del obispo de la ciudad, monseñor Fernando Ariztía, para que viera la posibilidad de declarar ante el juez que investigaba el brutal homicidio. Su testimonio, sin embargo, fue desmentido tajantemente, en la misma causa, por los mencionados y el mismo Ejército, a través del entonces subsecretario de Guerra, que dijo que Navarrete no se encontraba en Copiapó en la semana que ocurrió el hecho porque sus vacaciones, él estaba destinado en Antofagasta, se habían extendido hasta el 6 de enero y, por lo tanto, debía estar en su unidad. El sargento dijo que tenía un permiso especial y que ello debía constar en el salvoconducto que había emanado de su regimiento en la II Región, un documento que se entrega a cada uniformado cuando sale de la guarnición y que debe ser devuelto al regresar. En Antofagasta, sin embargo, señalaron que el salvoconducto no estaba en los archivos. El testimonio de Navarrete, así como el de otros testigos, fue desvirtuado en la causa, contradicho o negado por otros. Si un militar, en actividad era llamado para un careo, su comparecencia podía demorar meses o años. Uno de los principales involucrados, el entonces teniente Mario Martínez Villarroel, que se retiró años más tarde como coronel, fue enviado incluso a Sudáfrica y participó en operaciones de paz de la ONU en India y Pakistán, recibiendo una condecoración por sus servicios. Otras fuentes señalan que las fotos de los oficiales que estuvieron la noche del crimen y que eran solicitadas por la Justicia no eran enviadas, por razones de seguridad, o simplemente mandaban las de otras personas que nada tenían que ver con los hechos. Un documento reservado, firmado por el entonces brigadier general Manuel Matas Sotomayor, es de antología porque dice que el oficial Mario Martínez debería declarar por exhorto porque ya ha sido 'debidamente' investigado por el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y el Dine y 'no existe elemento alguno que pueda involucrarlo en los hechos que conoce el tribunal'. A 18 años del crimen, el proceso volvió a reabrirse y, tras la difusión del mismo (libro 'El caso de Gloria Stockle' y el programa de TVN 'Enigma') pareciera que hay una mayor disposición de los testigos a contarle al tribunal lo que vieron o escucharon la noche en que mataron a la joven estudiante de la Universidad de Atacama. El comandante El actual jefe del Ejército, de acuerdo a informaciones de la institución, estuvo al mando del regimiento N° 23 de Copiapó entre los años 1988 y 1990, ocupándose además de la Intendencia de la Tercera Región, como era habitual durante el gobierno militar. El nombramiento no es menor si se toma en cuenta que, en esos meses, el pinochetismo debió recurrir a oficiales con 'altura política' para realizar las campañas con vistas al plebiscito que llevaba al general como candidato único. Fue justamente en esos años que el ex sargento Navarrete decidió entregar el testimonio al abogado Villegas y presentarse ante el tribunal que investigaba el crimen de Gloria Stockle. En Copiapó es donde Cheyre sostuvo que 'el triunfo del Sí debiera ser una constante en todos los sectores porque una eventual victoria del No es una hipótesis no factible'. Posteriormente fue director de la Academia de Guerra y del Comando de Institutos Militares. Antes, en 1981, Cheyre había sido enviado a Sudáfrica, destino obligado de muchos oficiales que se perfeccionaron al amparo del régimen del apartheid. Su suerte cambió en los 90 cuando en España logró juntar fuerzas con el socialista Alvaro Briones, embajador de Chile en Madrid, para organizar un encuentro en El Escorial que reunió a lo más granado de la clase política chilena, entre ellos el actual presidente Ricardo Lagos, con el objeto de hablar precisamente de las relaciones cívico militares. La excusa fue el seminario de la Fundación Ortega y Gasset, 'Las FFAA y la transición a la democracia. Los casos de España y Chile', realizado el 30 de mayo de 1996 en el Hotel Victoria Palace de El Escorial (Madrid). En esa reunión, a la que asistieron también Camilo Escalona, Enrique Correa y Jaime Gazmuri, se habría conversado la posibilidad de un entendimiento entre los socialistas y los militares que derrocaron a Salvador Allende en el 73. El 2000 lo encontró en la jefatura del Estado Mayor y un año más tarde fue la pieza clave, junto al general Izurieta, para convencer a Pinochet que no se resistiera a los exámenes médicos que, finalmente, le asegurarían el sobreseimiento. Sus 'méritos militares e intelectuales', según el presidente Lagos, lo convirtieron en el jefe del Ejército en 2002. Desde entonces, al igual que ahora con la declaración de Navarrete, su mandato no ha sido fácil. Según el periodista Sergio Ramírez colaborador del 'Equipo Nizkor', organismo dedicado a la difusión e investigación del tema de los DDHH en el mundo, el pasado de Cheyre está marcado por 'los asesinatos de la Caravana de la Muerte en La Serena, su participación en Consejos de Guerra, actos represivos, violaciones y en la exhumación en 1978 de osamentas de detenidos desaparecidos'. 'Cheyre y el subdirector de la CNI, Fernando Arancibia (hermano del senador de la UDI, Jorge Arancibia), dice Nizkor, fueron los coordinadores de tal operativo. Además, en 1985, el actual comandante se negó a entregar la nómina de oficiales integrantes de la CNI al juez que investigaba el asesinato de la militante del MIR Paulina Aguirre Tobar. Otro caso que ha complicado a Cheyre es el homicidio de dos niños en La Serena, causa en la cual debió comparecer y sólo lo hizo por escrito. La querella fue presentada por los familiares de Rodrigo Palma y Jimmy Christie, de 8 y 9 años respectivamente, quienes fueron fusilados por una patrulla militar que vigilaba un gasoducto en Coquimbo. En esa época Cheyre se desempeñaba en la IV Región como el ayudante de Ariosto Lapostol, comandante del regimiento Arica'. Los restos de ambos niños recién fueron hallados en 1978, cinco años después de los hechos, abriendo una investigación el juez Juan Guzmán Tapia. En la causa por los crímenes de la Caravana de la Muerte, donde también se sindica a Cheyre, el testimonio de un ex oficial de Ejército, Pedro Rodríguez Bustos, asegura que el actual jefe de la institución participó en algunas muertes. Su testimonio está en las carpetas secretas del juez Guzmán, divulgadas por el periódico electrónico El Mostrador, donde cuenta que dos de sus compañeros, los subtenientes Guillermo Raby Arancibia y julio Lafourcade, le contaron cómo el grupo de oficiales que viajaba en el helicóptero Puma fusiló, por órdenes del general (R) Sergio Arellano Stark a 15 personas que estaban detenidas en la cárcel de La Serena. 'El arribo del helicóptero en que viajaba el general Arellano junto a Pedro Espinoza, Armando Fernández Larios, Marcelo Moren Brito, Sergio Arredondo y el mayor Juan Chiminelli, relata la investigación de Nizkor, se produjo a principios de octubre de 1973. Rodríguez dice que Arellano se reunió con el comandante del regimiento Arica de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego y que '...había ordenado revisar inmediatamente los procesos de los que, a su juicio, eran los más pesados'. Se obedeció su orden. El fiscal militar, 'un mayor de Carabineros de apellido Cazanga', entregó los antecedentes a Arellano Stark. Este se reunió con el comandante Lapostol, sus ayudantes directos y los integrantes de la Caravana y determinaron traer desde la cárcel de La Serena a 15 presos políticos. 'Luego de eso fueron llevados al polígono de tiro de pistola, ubicado en el faldeo del cerro, a los pies de la sala de banda'. En ese lugar, Arellano Stark citó a todos los oficiales del regimiento, junto a los miembros de su comitiva. Estos últimos fueron 'quienes oficiaron como pelotón de fusilamiento, ejecutando a los 15 detenidos', asevera el ex oficial. 'Sin embargo, dice Rodríguez, Arellano Stark inmediatamente ordenó a los oficiales del regimiento concurrir al lado del ejecutado para descerrajarle un tiro de gracia si era necesario, ante lo cual así ocurrió'. Concluye nombrando a varios de los oficiales que debieron dar el tiro de gracia, entre ellos Juan Emilio Cheyre Espinoza'. El libro del periodista Jorge Escalante, 'La misión era matar. El juicio a la Caravana Pinochet-Arellano' (Editorial Lom, agosto de 2000), señala que 'Ariosto Lapostol condujo al general Arellano a la pequeña oficina en que cumplía su labor el fiscal militar, mayor de Carabineros Manuel Cazanga Pereira. (...) Se instalaron en la oficina del comandante con los antecedentes de los detenidos. Junto a ellos ingresaron el fiscal Cazanga, el ayudante del comandante Lapostol, teniente Juan Emilio Cheyre Espinosa, y el mayor Marcelo Moren Brito...'. Es decir, todos los nombrados elaboraron la lista de quienes serían posteriormente fusilados. Además, sostiene que: 'El general Arellano fue quien ordenó a los oficiales del regimiento para que dieran el tiro de gracia. Se supo que el capitán Mario Vargas fue muy mal tratado por el general Arellano Stark, porque se negó a dispararle al prisionero que le correspondía rematar. (...) Los oficiales que participaron en estos hechos son los siguientes: capitán Mario Vargas Maguiles, teniente Juan Emilio Cheyre, teniente Jaime Ojeda Torrent, subteniente Hernán Valdebenito Bugman, subteniente Mario Larenas Carmona, subteniente Guillermo Raby Arancibia, subteniente Julio Lafourcade Jiménez, mayor en retiro de apellido Délano, y el mayor de sanidad Guido Díaz Pacci...'. Y agrega: 'A su ayudante, el teniente Cheyre, el comandante Lapostol le ordenó que fuera al diario local El Día y avisara que en la primera página del día siguiente miércoles 17 de octubre debería ser publicado un bando que se entregaría para informar de la muerte de los 15 prisioneros 'por fusilamiento'. Escalante continúa sobre las denuncias contra Cheyre: 'Cuatro días antes de ser asesinado en la cancha de tiro del regimiento Arica, el 12 de octubre de 1973 un Consejo de Guerra dictó en La Serena en la causa rol 4-73, una sentencia de 20 años de presidio en contra del secretario regional de la CUT y militante del MAPU, Carlos Alcayaga Varela (…). El Consejo lo presidió el comandante Ariosto Lapostol, y lo integraron además el comandante Oscar Arriagada, el mayor Tomás Manríquez, el capitán Mario Vargas Maguiles, el teniente Cheyre, y los auditores Francisco Alvarez y Florencio Bonilla...'. Otra denuncia, publicada en El Siglo, da cuenta del testimonio de Eliana Rodríguez Dubó quien dice que fue detenida el 6 de octubre por el entonces teniente Cheyre, dos oficiales y varios soldados que allanaron su casa, la detuvieron y, luego, en el Regimiento Arica de La Serena la torturaron. Según su declaración (El Siglo No 1080), denuncia: '...Me violaron y aplicaron corriente en partes de mi cuerpo por casi un mes (…) Las personas que me torturaron eran las mismas que 'asaltaron y rompieron' mi casa y me detuvieron. Ellos integraban el grupo de tortura: Cheyre, Polanco, Ojeda y Pincetti Gac…'. El comandante en jefe del Ejército en su defensa ha señalado que no se encontraba en La Serena en los días que ocurrieron los homicidios de los dos menores porque había viajado a pasar las fiestas a Iquique, y sobre las acusaciones de Rodríguez algunos especulan que se trataría de una maniobra del ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, condenado a cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos. Según esta versión el ex oficial Rodríguez sería un hombre de Corbalán. Información Adicional
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