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HUGO ALFREDO VIDAL ARENAS

Rut       : 6.122.853-5

F.Nacim. : 4-05-46, 27 años a la fecha de la detención

Domicilio : Asentamiento El Escorial, Paine

E.Civil  : Casado

Actividad : Obrero agrícola

C.Repres. : No consta

F.Detenc. : 3 de octubre de 1973

 

                                                                   

 

SITUACION REPRESIVA

            Hugo Alfredo Vidal Arenas, 27 años de edad al momento de los hechos, casado, dos hijos, obrero agrícola sin militancia política, fue detenido el día 3 de octubre de 1973, desde su domicilio, en presencia de su familia por Militares provenientes de la Escuela de Infantería de San Bernardo cuyos rostros estaban tiznados color negro, usaban trajes de campaña verde oliva, y algunos que parecían ser los jefes con boinas negras. En la oportunidad, en un vasto operativo que abarcó el Fundo Liguay y el Asentamiento El Escorial, se detuvo a once campesinos cuyos nombres figuraban en una lista que portaban sus aprehensores. El operativo que incluyó arrestos y allanamientos fue realizado al margen de toda legalidad.

            Restos humanos correspondientes a Hugo Alfredo Vidal Arenas y a otros 13 campesinos detenidos en ambos predios agrícolas durante operativos Militares realizados el 24 de septiembre y 2 y 3 de octubre de 1973, fueron encontrados en marzo de 1974 en una quebrada del Cerro Redondo ubicada en la Cuesta de Chada, distante 4 Km. del lugar de sus arrestos. En la oportunidad, el Instituto Médico Legal informó al Tribunal de su imposibilidad de identificar las víctimas, ni establecer las causas de la muerte. Sin embargo, en enero de 1991, el mismo Instituto informó al Ministro don Germán Hermosilla tras realizar un nuevo peritaje acerca de la identidad de cada una de las osamentas. Además se estableció que sus muertes fueron provocadas por múltiples impactos de bala.

            Es así como de un total de 20 detenidos -en esta seguidilla de operativos- tres campesinos recuperaron su libertad tras permanecer recluidos una semana en el campamento de detención de Chena, otros tres fueron ejecutados en el mismo Campamento aduciéndose haber actuado ante un intento de fuga y 14 fueron exterminados con ocultamiento de sus cuerpos.

            Aproximadamente a las 04:00 de la madrugada del día 3 de octubre de 1973, seis militares uniformados, armados con metralletas llegaron hasta el domicilio de Hugo Alfredo Vidal Arenas, que quedaba a la orilla del camino público. Los militares golpearon la puerta y al ser abierta ingresaron de inmediato, revisando cada lugar sin encontrar nada que les interesara. Acto seguido procedieron a detener al dueño de casa y hacerlo subir a un camión siendo llevado con destino desconocido para su familia. Esa madrugada se detuvo en similares operativos a otros 10 campesinos, entre ellos dos cuñados de Vidal Arenas, los hermanos Pinto Caroca; el día anterior ya se había detenido a dos asentados desde su lugar de trabajo y el 24 de septiembre se había detenido a 7 trabajadores en su mayoría dirigentes del Asentamiento; todas víctimas de arrestos efectuados por Militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, Hugo Alfredo Vidal Arenas no fue visto en ningún centro de detención ni se reconoció su arresto.

            Testigos aseguraron ante el Tribunal haber visto que los detenidos el día 3 de octubre fueron subidos a un camión rojo con toldo blanco que en una de sus puertas tenía un timbre fiscal, dirigiéndose a la Cuesta de Chada cerca de las 06:00 A.M. A los detenidos se les obligó a ascender al carro llevando su vista vendada y sus manos maniatadas a la espalda, hasta llegar a lo alto bajo un quillay, donde fueron puestos frente a un pelotón de fusileros que descargaron sus armas sobre los detenidos. En marzo de 1974 sus cuerpos en avanzado estado de descomposición fueron encontrados y reconocidos por sus familiares.

            En enero de  1991, las osamentas correspondientes a Víctor Hugo Vidal Arenas fueron entregadas a sus deudos y sepultados en el Cementerio de Huelquén. En la inscripción de defunción N°96 5 de febrero de 1991 se consignó como fecha de muerte el 3 de octubre de 1973, en Cuesta de Chada, causada por traumatismo cráneo facial y de extremidad superior izquierda y traumatismo de extremidades inferiores por bala.

            Su detención y ejecución se enmarca en lo que la represión en Paine de 1973.

             

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 23 de enero de 1974 se interpuso un Recurso de Amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en favor de Hugo Alfredo Vidal Arenas y sus cuñados Hernán y Héctor Santiago Pinto Caroca. Para entrar a conocer el recurso, bajo el rol 69-74, se ofició requiriendo informes al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio del Interior. La Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET) dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, respondió negativamente; sus nombres no se encontraban registrados en esa Secretaría. Similar respuesta envió el Ministro del Interior General de División, Raúl Benavides E., ésta llegó 7 meses después de la presentación del amparo y tras haberse enviado 5 Oficios de reiteración. El 20 de agosto de 1974 el Recurso de Amparo fue declarado sin lugar habiéndose tenido presente para tal resolución los informes negativos de ambos Ministerios. La Corte de Apelaciones no resolvió enviar el expediente al Tribunal competente para el inicio de una Presunta Desgracia, pese a ignorarse al momento de la resolución el paradero de las tres personas. El 8 de marzo de 1974 se dio inicio a la causa rol 23643 relativa al hallazgo de Osamentas en la Cuesta de Chada, en el Juzgado de Letras Maipo-Buin en razón al parte N°48 que extendiera la Subcomisaría de Paine, dando cuenta del hallazgo de "osamentas humanas correspondientes a 12 cadáveres". En la oportunidad las osamentas fueron encontradas por orden verbal del juez y remitidas al Instituto Médico Legal con oficio N°18 del 7 de marzo de 1974.

            El Tribunal dio orden de investigar procurando establecer el origen e identificación de las osamentas, causa de muerte, probable antigüedad y aprehender a los que resultan culpables. Además ordenó las correspondientes autopsias tendientes a su identificación. Finalmente dejó indicado que las defunciones debían inscribirse oportunamente.

            En el mismo mes de marzo concurrieron a declarar al Tribunal, Margarita del Carmen Nilo Suazo, Genoveva del C. Bozo Pardo, Susana del C. Vidal Arenas, Iris Magdalena Hernández Martínez, Felicinda Pinto Sepúlveda, María Beatriz Salas Vásquez, María del C. Soto Garrido, Angel Custodio Cabezas Lizama, todas esposas, madres o hermanas de campesinos del Escorial cuyos cadáveres habían sido encontrados en la Cuesta de Chada. Al Tribunal dieron pormenorizada cuenta de la aprehensión por parte de Militares y del posterior hallazgo.

            Con fecha 23 de mayo de 1974 el Instituto Médico Legal hizo entrega al Tribunal de los informes de autopsia N°s 519 al 530; el documento en su inicio daba cuenta que las osamentas al momento de su ingreso al Instituto venían desordenadamente en 3 bolsas de arpillera de esas que habitualmente se emplean para envasar productos agrícolas. Tras dar un informe pormenorizado del estudio de éstas terminaba concluyendo que a) se trataba de un conjunto de restos humanos, reducidos en su mayor parte a esqueletos, fragmentados y desarticulados, incompletos y en estado de descomposición, b) ostentaban características propias del sexo masculino, c) correspondían aproximadamente a 14 cadáveres incompletos, d) se trataba de sujetos adultos, cuyas edades fluctuaban entre los 20 y 50 años aproximadamente, y e) la data de la muerte se remontaba a 5 o 6 meses a la fecha de iniciación del examen (12 de marzo) f) no era posible determinar causa g) entre los restos habían sido encontrados fragmentos muy destruidos de vestimenta de uso masculino y un resto de proyectil y finalizaba haciendo entrega del proyectil al Tribunal. Con fecha 21 de agosto del mismo año la sección balística-forense de la Dirección de Investigaciones informó al Tribunal tras haber estudiado el proyectil, que se trataba de un calibre 7 mm. disparado por un fusil a carabina Mauser modelo 19/2 Steyr.

            Con fecha 30 de abril de 1975, y sin haber realizado nuevas diligencias, el Tribunal cerró el sumario "encontrándose agotada la investigación y sobreseyó la causa "no encontrándose completamente justificado en autos que el deceso de los individuos cuyas osamentas fueron puestas a disposición del Tribunal en fs.1 sean o hayan sido consecuencia de la perpetración de un delito". El fiscal de la Corte estuvo por aprobar el sobreseimiento pero la Corte en Pleno revocó la resolución por no encontrarse agotada la investigación y a fin de que se establecieran adecuadamente los hechos denunciados, sus causas, así como determinar a quienes corresponden; sin perjuicio de lo anterior la Corte resolvía además que el juez estudiara la posibilidad de declarar su incompetencia y enviar los antecedentes a la Fiscalía Militar (30 de junio de 1975).

            Con fecha 4 de julio de 1975 el tribunal se declaró incompetente y remitió el expediente a la Fiscalía Militar en atención que de los antecedentes se podía presumir que en el deceso de esas personas habían tenido participación funcionarios militares.

            El 21 de julio de 1975 la 1° Fiscalía Militar bajo el rol 561-75 asumía la investigación. Pero ya el 27 de octubre del mismo año el fiscal militar sobreseía temporalmente la causa "no obstante haberse agotado la investigación y resultando del sumario haberse cometido el delito no hay indicios suficientes para acusar a determinadas personas como autor, cómplice o encubridor. Dos días antes había llegado Oficio respuesta del Director de la Escuela de Infantería de San Bernardo Coronel Pedro Montalba Raleo en el cual manifestaba no existir antecedentes al respecto. El 4 de noviembre de 1975 el II Juzgado Militar confirmó el sobreseimiento temporal.

            El 15 de mayo de 1979 este expediente fue solicitado por el Ministro Rivas en la causa 24005-1 relativa a 23 denuncias por presuntas desgracias de lugareños de Paine y que incluía a Hugo Vidal Arenas, detenido en el Asentamiento El Escorial a fin de tenerle a la vista. Resolviendo el 18 de junio de 1979 el II Juzgado Militar, no ha lugar a la petición dado que "ha sido tramitada conforme a procedimiento penal militar de tiempo de guerra.

            El 27 de abril de 1979 el Instituto Médico Legal solicitó al II Juzgado Militar la orden judicial correspondiente a fin de proceder a su sepultación. Dicha orden nunca fue recibida por el Instituto, permaneciendo las osamentas insepultas en dependencias del Instituto Médico Legal por un lapso de 17 años. El 24 de marzo de 1974, se interpuso un recurso de amparo masivo por 131 personas ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rolado con el N°289-74. Hugo Alfredo Vidal Arenas fue incluido en él.

            Se consultó a las autoridades sin que se lograra establecer la situación particular de cada uno de los amparados. El 28 de noviembre de 1974, el amparo fue rechazado. Se apeló de la resolución. El Pleno de la Corte Suprema confirmó el fallo el 31 de enero de 1975, acordando nombrar Ministro en Visita Extraordinaria para que se abocara a la investigación correspondiente. La designación recayó en el Ministro Enrique Zurita Camps, quien el 24 de febrero de ese año instruyó al proceso el N°106657 en el Primer Juzgado del Crimen de Santiago. Los familiares de los detenidos desaparecidos fueron citados a declarar por el Ministro Zurita, quedando una nueva constancia de las circunstancias de su detención.

            El 25 de septiembre de 1975, sin que se hubiese profundizado en ninguno de los casos denunciados, se cerró el sumario por "no poderse adelantar más en la investigación". El 29 de septiembre del mismo año el Ministro dictó fallo, en el caso de Vidal Arenas así como en otros 27 casos de detenidos de Paine, sobreseyó temporalmente la causa por cuanto no quedaba plenamente justificada la existencia de algún hecho delictuoso. El 10 de mayo de 1976 la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la resolución del Ministro Zurita Camps.

            El 14 de enero de 1980, quedó interpuesta una querella por el delito de secuestro y homicidio de Héctor Santiago Pinto Caroca y sus compañeros Víctor Manuel Zamorano González, Francisco Javier Calderón Nilo, Aliro Valdivia Valdivia y Hugo Alfredo Vidal Arenas, en contra de efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo, culpable de los hechos.

            La investigación judicial bajo el rol 26037-3 la inicia el juez Fernando Montenegro Araya del Juzgado de Letras Maipo-Buin. Las respuestas a Oficios enviados al Ministerio del Interior, Policía Internacional, Dirección de Registro Civil, Cementerio General de Santiago e Instituto Médico Legal daban cuenta de que estas personas no figuraban en sus registros. Es decir no aparecían detenidas ni fallecidas. Por su parte la Escuela de Infantería de San Bernardo respondía que no era factible verificar esos nombres por encontrarse la documentación correspondiente incinerada, en conformidad a disposiciones reglamentarias que establecían su eliminación transcurrido 5 años en archivo.

            En el año 1980 declararon ante el Tribunal los ex detenidos José Luis Marchant Raba, Francisco Javier Garrido Morales y Carlos Farías Arévalo. Ellos confirmaron haber sido arrestados el 24 de septiembre de 1973 desde el Asentamiento El Escorial, por contingente de la Escuela de Infantería de San Bernardo y haber permanecido detenidos primero en la Escuela de Infantería y luego en el Campamento de detención ubicado en el Cerro Chena. Al ser consultados por los 5 detenidos motivo de la querella, declararon conocerlos, estar en antecedentes de su detención, pero no haberlos visto ni escuchado en ambos recintos en detención.

            También el juez inició intentos por identificar el personal que a la fecha de los hechos investigados se desempeñaban en el Campamento de detenidos de Chena, buscando por esta vía obtener información sobre el destino de los detenidos. Inicialmente ofició a la Escuela de Infantería el 29 de julio de 1980, desde la cual se le respondió que tal consulta debía hacerse al Ministro de Defensa Nacional" en cumplimiento a lo dispuesto en Oficio de la Subsecretaría de Guerra (R) Dpto. II /1 N°2460/6 del 19 de diciembre de 1979". El Ministro de Defensa, Raúl Benavides por su parte respondió el 28 de octubre del mismo año negando la existencia del Campo de Detenidos de Chena, agregando que sólo había habido detenidos en forma transitoria y esporádica en dependencias de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

            Ante tal información, la parte querellante entregó al Tribunal el Oficio de fecha 16 de abril de 1974 y que el Coronel Pedro Montalba Calvo, en su calidad de Director de la Escuela de Infantería de San Bernardo, hizo llegar a la Corte de Apelaciones de Santiago dando cuenta que Juan Guillermo Cuadra Espinoza e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz (campesinos de El Escorial) habían sido dados de baja por centinelas el 5 de octubre de 1973 en "el Campo de Prisioneros de Chena". Con ello el Tribunal se hacía de una prueba documentada incuestionable de la existencia de dicho Campamento de detención.

            Sin haber resuelto el problema del secuestro y destino de los campesinos motivos de la investigación, el Tribunal resuelve con fecha 30 de abril de 1981 sobreseer temporalmente la causa argumentando que es mientras no se presenten nuevos y mejores datos para proseguir la investigación. La resolución fue apelada y la Corte de Apelaciones de Rancagua estuvo por la reapertura del sumario el 12 de mayo de 1981. Además ordenó que se oficiara nuevamente al Ministro de Defensa Nacional a fin de lograr la comparecencia del Coronel Pedro Montalba Calvo y del Tte. Andrés Magaña Bau. En cuanto a éste último existía una querella por el secuestro del comerciante René del Rosario Maureira Gajardo ocurrido el 16 de octubre de 1973 en Paine, concurrió al Tribunal en noviembre de 1981 negando toda participación en los operativos efectuados en el Asentamiento El Escorial y Fundo Liguay. Con posterioridad a esta declaración y no habiendo concluido la investigación, el Juez nuevamente cierra el sumario y resuelve sobreseer temporalmente el 1° de diciembre de 1981; junto a ella se sobreseía la causa 24862 que se había acumulado el 21-8-81 también por secuestro de un campesino del Asentamiento El Escorial, Domingo Galaz Salas.

            Cabe hacer presente que el Juez Instructor había sido puesto en antecedentes por los propios denunciantes de la existencia de un proceso iniciado por el mismo Tribunal relativo al hallazgo de restos humanos correspondientes a sus familiares detenidos desaparecidos (rol 23643). Pese a ello, el expediente no fue traído a la vista. Igual actitud se tuvo respecto a otras causas motivo de investigación de ese Tribunal por denuncias de arrestos ilegales ocurridos en Paine en 1973. Entre ellos cabe mencionar la causa rol 24005-1 que investigaba el delito de secuestro de 23 campesinos de Paine, la cual estaba a cargo del Ministro en Visita Humberto Espejo.

            En agosto de 1990, ante denuncia de inhumaciones irregulares ocurridas en Paine y que afectaría a detenidos desaparecidos de la zona, la Corte de Apelaciones Presidente Aguirre Cerda designó Ministro en Visita a Don Germán Hermosilla. El Ministro Visitador citó a declarar a familiares de las 70 víctimas de arrestos seguidos de ejecución y desaparecimiento y luego decretó diligencias relativas a exhumaciones. En cuatro lugares diferentes de Paine. Respecto a las casas de arrestos en el asentamiento El Escorial y que posteriormente fueron ubicados en Cuesta de Chada ordenó las siguientes diligencias, a) ubicar el destino de las osamentas; b) hacer un nuevo peritaje de las osamentas; c) rastrear la zona del hallazgo y en caso de encontrar evidencias someterlas a peritaje. Fue así como pudo establecer que las osamentas aún se encontraban en dependencias del Instituto Médico Legal. Iniciando un nuevo peritaje que se estudió por 3 meses se identificó claramente a cada una de las víctimas. Al rastrear el sector de la quebrada del cerro Redondo se encontraron 2 vainillas percutadas, 25 proyectiles deformadas y 18 en buen estado.

            Por su parte, el Laboratorio de Criminalística de Investigaciones, en su sección Balística Forense, estableció que "la mayoría de los proyectiles fueron diseñados para ser disparados por armas de fuego del tipo fusil ametralladora automáticas, cuyo calibre corresponde a 7,62 mm Nato siendo ésta munición de guerra. En cuanto a otros 2 proyectiles, uno corresponde al calibre 32 largo, diseñado para ser disparado por armas de fuego tipo revólver y la otra corresponde al calibre 7,9 m. diseñado para ser disparado por fusiles o carabinas de ese calibre". Y respecto al servicio que utilizaba este tipo de armas durante los 4 últimos meses de 1973, el informe concluía" Fuerzas Armadas, de orden y seguridad (policiales) como asimismo cualquier persona que tenga acceso a este tipo de armamento como grupos paramilitares".

            En enero de 1991 el Tribunal ordenó la entrega de las restos de Francisco Javier Calderón Nilo a sus familiares y ordenó la inscripción de su defunción.

            A fines de 1992 la causa 2-90-E se encontraba en tramitación en estado de sumario.

           

 

 


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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