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JOSE VICENTE TOLOZA VASQUEZ

Rut       : 5.019.913

F.Nacim. : 17-07-45, 31 años a la fecha de su detención

Domicilio : Amunátegui 1185, La Florida, Santiago

E.Civil  : Casado, un hijo póstumo

Actividad : Linotipista

C.Repres. : Partido Comunista, Juventudes; dirigente gráfico del Departamento Juvenil de la Central Unica de Trabajadores (CUT)

F.Detenc. : 15 de julio de 1976

 

                                                                   

 

SITUACION REPRESIVA

            José Vicente Toloza Vásquez, casado, un hijo, linotipista, militante comunista, fue detenido el 15 de julio de 1976, como a las 21:30 horas, en las inmediaciones del Paradero 2 y medio de la Gran Avenida -posiblemente en calle Milán- sin testigos, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), organismo que a la fecha realizaba una batida contra los militantes comunistas vinculados a la actividad tipográfica.

            Ese día, José Vicente Toloza salió de su casa a las 16:00 horas, para dirigirse a una de las sedes de la Vicaría de la Zona Sur, ubicada, precisamente en calle Milán. Allí participó en una reunión en la que fue visto por varias personas y donde se analizó la forma de prestar un servicio de capacitación laboral para los trabajadores de la zona. El encuentro terminó alrededor de las 21:30 horas, momento en que todos los presentes hicieron abandono del lugar. Un sacerdote que participó en dicha reunión, declaró ante el Tribunal que, a la salida -estaba ya oscuro- le llamó la atención ver pasearse frente al local a un individuo con gafas negras y ver un vehículo estacionado con varias personas dentro y en actitud de espera.

            Lo concreto es que el afectado salió junto al resto y se dirigió al paradero de buses. Nunca retornó a su hogar.

            Aunque, en lo particular, no existen mayores antecedentes de la detención y desaparición del afectado, el hecho se inscribió claramente en los operativos represivos de la DINA dirigida en contra de los comunistas vinculados a la actividad tipográfica. El primero en ser detenido fue precisamente el afectado; el 21 de julio de 1976, Guillermo Albino Martínez Quijón, tipógrafo y dirigente sindical de la Editorial Gabriela Mistral; el día 23, a Juan Luis Quiñones, Linotipista; el 28 de julio fue detenido Guillermo Gálvez Rivadeneira, periodista y dirigente sindical de Quimantú. La primera quincena de agosto fueron detenidas otras personas vinculadas a la Imprenta Horizonte, propiedad del Partido Comunista, Oscar Ramos Garrido y Juan Aurelio Villarroel Zárate. Todos, al igual que la víctima, permanecen en calidad de detenidos-desaparecidos y varios de ellos fueron vistos recluidos en Villa Grimaldi -recinto secreto de detención y tortura de la DINA- desde donde desaparecieron.

            Es así como la detención y desaparición de José Vicente Toloza se insertó, en la amplia arremetida de la DINA en contra del Partido Comunista ocurrida durante 1976. En este sentido cabe mencionar que el Gobierno, a través de dos declaraciones emitidas por la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS) el 14 y 17 de julio de 1976, lo reconoció ampliamente. Aunque las referencias estaban hechas hacia las detenciones de comunistas realizadas en mayo de ese año y en relación a 32 "casas-buzón" habidas en Santiago, se dejaba establecido que se había estimado adecuado "entregar sólo una parte de los abundante antecedentes, debiendo reservarse, por razones obvias, todos aquellos que afectan la investigación en curso referida a la acción subversiva del Partido Comunista". Por otra parte, casi un año antes de la desaparición del afectado, en octubre de 1975, el Almirante José Toribio Merino, en una entrevista otorgada a la revista "Qué Pasa", señalaba que al Partido Comunista se le estaba buscando "en todas partes y tratando de eliminar, enviando al extranjero -porque no es el espíritu matar a nadie- a los elementos antisociales".

            Hasta la fecha se desconoce la suerte corrida por José Vicente Toloza Vásquez en manos de sus captores.

           

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 19 de julio de 1976, se interpuso un recurso de amparo por el afectado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rolado con el Nº 622-76. El 5 de agosto de 1976, la Corte rechazó el recurso sólo en virtud de los informes negativos de las autoridades, acordando remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente. Se apeló de la resolución, la que fue confirmada por la Corte Suprema.

            En el 1º Juzgado del Crimen de San Miguel se instruyó entonces la causa rol Nº 44.288.

            Luego de que se despacharan diversos Oficios y orden de investigar, se sobreseyó temporalmente el proceso, el 2 de diciembre de 1976. La Corte de Apelaciones confirmó la resolución el 26 de enero de 1977, sin que se hubiese avanzado en la investigación relativa a la desaparición de la víctima.

            El 5 de agosto de 1976, ante el 11º Juzgado del Crimen de Santiago se interpuso denuncia de presunta desgracia por el afectado, la que fue rolada con el Nº 7.300. Durante la tramitación de ésta, el General de División y Ministro del Interior, Raúl Benavides Escobar, ofició al Tribunal señalando que José Vicente Toloza no se encontraba detenido por orden de esa Secretaría de Estado, (17 de agosto de 1976). Por su parte, frente a una orden de investigar, Investigaciones respondió que se había averiguado en postas, hospitales, Cárcel Pública, Instituto Médico Legal y Secretaría Nacional Ejecutiva de Detenidos (SENDET), sin lograr antecedentes que permitieran la ubicación de la víctima, (septiembre de 1976). También, el Ministro del Interior Benavides respondió al Tribunal, el 21 de noviembre de 1977, a nombre de la Central Nacional de Informaciones (CNI), diciendo que este organismo carecía de antecedentes en relación a la víctima así como no existía "constancia alguna de que hubiese sido afectado de detención por efectivos de los Servicios de Seguridad".

            El 9 de enero de 1978 se interpuso querella criminal por los delitos de secuestro, incomunicación prolongada y rigor innecesario en la persona de José Vicente Toloza, la que fue acumulada al proceso ya en tramitación. En la presentación, Teresa Salazar Cisternas -cónyuge del afectado- decía al Tribunal "la detención de mi esposo no se debe a que él deba responder por un hecho delictual...su detención obedece exclusivamente a razones políticas, y a que sus ideas no concuerdan con las oficiales de hoy". Además, se adjuntó la nómina que entregó a la opinión pública la Secretaría General de Gobierno referida a 276 casos de "presuntos detenidos-desaparecidos" que habrían sido supuestamente aclarados, la información oficial decía que se habían ubicado 1.200 "presuntos desaparecidos" y que las denuncias al respecto habían alcanzado los 1.700 casos, de los cuales 500 estaban siendo investigados "confidencialmente por los Tribunales de justicia". De los 276 nombres dados a conocer, ninguno nunca fue denunciado como desaparecido ni por organizaciones de víctimas ni por organismos de Derechos Humanos. Al respecto, la querellante solicitó se oficiara a la Secretaría General de Gobierno con el fin de recabar la necesaria información.

            Sin que se realizara esta diligencia, el 4 de mayo de 1978, el Juez aplicó la Ley de Amnistía recién dictada (D.L 2.191 de abril de 1978) y sobreseyó definitivamente la causa, el sumario había sido cerrado el 27 de abril del mismo año porque, según lo dispuesto por el D.L.2.191 "resulta inoficioso proseguir la investigación". Se apeló del fallo ante la Corte de Apelaciones. El Fiscal en su dictamen señaló "teniendo presente el delito denunciado; la circunstancia de no estimarse agotada la investigación, ni precisada la o las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores, hubieren participado en los hechos... este Ministerio es de opinión de revocar la resolución". Por su parte, los abogados querellantes señalaban "el delito que se investiga es el secuestro, la privación ilegal de libertad de José Vicente Toloza, y es deber de la Justicia restituirlo en el ejercicio de tan elemental derecho: su libertad personal, y asegurar su propia integridad física, su propia vida". Más adelante, se agregaba "nadie puede entonces - y menos el Juez- invocar una amnistía para dejar de proteger al ofendido". El 22 de junio de 1978, la Corte de Apelaciones revocó la resolución del Juez.

            Después de que se diligenciaran Oficios y se practicaran nuevas órdenes de investigar, las que no aportaron nuevos antecedentes, la causa pasó a ser conocida -17 de julio de 1979- por el Ministro en Visita Servando Jordán López, designado en calidad de tal por la Corte Suprema para investigar los casos de detenidos- desaparecidos denunciados en la jurisdicción de Santiago, marzo de 1979. El Ministro del Interior, Sergio Fernández Fernández, le informó por medio de un Oficio, el 31 de julio de 1979, que el afectado "no figura como detenido en los registros correspondientes de esta Secretaría de Estado y en tal sentido se ha informado reiteradamente al señor Juez del 11º Juzgado del Crimen".

            El Ministro Jordán exhortó entonces a diversos Juzgados del Crimen a lo largo del país, con el fin de que practicaran averiguaciones tendientes a establecer el paradero de José Vicente Toloza. Los resultados fueron negativos.

            El 11 de octubre de 1979 se declaró cerrado el sumario y el 31 de octubre del mismo año se sobreseyó temporalmente la causa. Se apeló de la resolución a la Corte de Apelaciones. Entre otras muchas indicaciones, en el escrito de apelaciones se decía "la justicia no puede detener su acción en esta etapa, en que los casos de cementerios clandestinos descubiertos, los cuerpos encontrados en las fosas de Yumbel y Lonquén, reconocidos por sus familiares como detenidos-desaparecidos, demuestran dramáticamente la verdad de todas las denuncias que por más de 6 años han estado realizando los familiares". La Corte de Apelaciones confirmó la resolución del Ministro Jordán del 2 de abril de 1980.

            La parte querellante recurrió entonces de Queja ante la Corte Suprema, afirmando ante dicho Tribunal que la investigación no se encontraba agotada y que era posible decretar variadas diligencias relativas al desaparecimiento del afectado. Entre ella se señalaba la citación a comparecer a Renato Zúñiga, director de DINACOS; constitución de la Visita en los locales de la CNI; y citación del Director de Investigaciones, General Ernesto Baeza, quien había informado al 2º Juzgado del Crimen en la causa por secuestro de Mariano León Turiel (detenido- desaparecido) que "en julio de 1976 se practicaron numerosas detenciones de militantes de las Juventudes Comunistas de Chile y del Partido Comunista". También se dejaba constancia de las declaraciones del Ex-Director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, ante el Ministro Servando Jordán en la que el agente afirmaba que "la DINA estuvo desde los comienzos y hasta fines de 1976 en una guerra clandestina con los grupos extremistas que existían en Chile y que actuaban de esa forma".

            (Antecedentes generales de la visita del Ministro Jordán en lo que se refiere a la DINA, se encuentran en el caso de Eduardo Alarcón Jara, detenido el 30 de julio de 1974).

            Además, la familia realizó una serie de gestiones administrativas tendientes a dar con el paradero del afectado. Escribió a distintas autoridades y a organismos de derechos humanos internacionales, todo sin resultados positivos.

           

 


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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