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JORGE ANDRES TRONCOSO AGUIRRE 

 

Rut       : 2.095.120, Santiago

F.Nacim. : 20-01-29, 48 años a la fecha de su detención

Domicilio : Población El Esfuerzo, Santiago

E.Civil  : Soltero

Actividad : Joyero-Relojero

C.Repres. : Militante Partido Comunista

F.Detenc. : 11 de mayo de 1977

 

                                                                   

 

SITUACION REPRESIVA

            Jorge Troncoso Aguirre, joyero, militante del Partido Comunista, fue detenido el día 11 de mayo de 1977, alrededor de las 14:00 horas, en la vía pública por efectivos de la Dirección de Inteligencia Nacional -DINA- que se movilizaban en un automóvil Fiat 125 color crema, patente TH 287 de Quinta Normal. Los hechos ocurrieron cuando Troncoso caminaba en dirección a su domicilio por calle General Velásquez con Santa Teresita, circunstancia en que fue interceptado por uno de los agentes que descendió del vehículo y lo encañonó con un revólver, obligándolo a subir al auto, que partió con rumbo desconocido. Según se ha podido establecer, el afectado fue conducido a un recinto secreto de la DINA ubicado en calle Irán con Los Plátanos, lugar donde fue objeto de torturas que le habrían causado la muerte.

            La detención de Troncoso Aguirre se vincula a la detención de otras siete personas, Carlos Veloso Figueroa, Carlos Veloso Reindembach, Osvaldo Figueroa Figueroa, Humberto Drouillas Ortega, Williams Zuleta Mora, Eduardo de la Fuente Sandoval y Luis Mardones Gana, algunos militantes demócrata- cristianos y otros comunistas todos, excepto Mardones, con residencia en Villa Mexico y dos de ellos, Mardones y Veloso Figueroa, funcionarios de la Fundación Cardjin, organismo patrocinado por el Arzobispado de Santiago que se dedicaba a la promoción de trabajadores.

            Los hechos se inscriben dentro de una maniobra de los servicios de seguridad contra la Iglesia Católica, con el objeto de desprestigiar a instituciones de Iglesia vinculadas al movimiento sindical y a la defensa de los derechos humanos. En los últimos meses se habían intensificado los conflictos con la jerarquía de la Iglesia. Por otra parte, a propósito del 1° de Mayo de 1977, un grupo de dirigentes sindicales había emitido una declaración, -la cual había transcrito Veloso Figueroa- y se había celebrado una liturgia el Día de los Trabajadores en la Catedral de Santiago, luego que el gobierno militar negara un permiso para celebrarlo en una manifestación pública.

            El día 2 de Mayo, el menor de 16 años Carlos Veloso Reindembach, a la salida de la Fundación Cardjin donde trabajaba su padre, fue secuestrado por horas por agentes de la DINA quienes lo torturaron. Esta situación fue denunciada de inmediato. Posteriormente fue detenido nuevamente Carlos Veloso y su padre y, por separado, presionados a firmar una declaración en que ellos inculpaban a parte de las personas anteriormente nombradas en el secuestro del menor. Ambos quedaron con detención domiciliaria, la que fue presentada ante la opinión pública como "protección".

            Entre los días 9 y 12 de mayo detuvieron a Figueroa, Drouillas, Ortega, Zuleta, de la Fuente, Mardones y Troncoso. Los detenidos fueron trasladados al recinto secreto de reclusión de la DINA de calle Irán con Los Plátanos y luego al recinto de incomunicados de la DINA Cuatro Alamos, hasta que el Ministerio del Interior requirió a los afectados ante la Justicia Militar, exceptuando a Troncoso Aguirre. Los detenidos pasaron a disposición del Fiscal Militar entre los días 4 y 10 de junio quedando todos detenidos.

            En el mismo período de la incomunicación, con el objeto de desprestigiar las denuncias sobre detenidos-desaparecidos y el actuar de la Vicaría de la Solidaridad en la defensa de los derechos humanos, a la recién nombrada institución llegaron tres falsos casos de desaparecimiento, cuyas familias solicitaron asesoría jurídica, después de lo cual -con gran publicidad-los supuestos desaparecidos aparecen en televisión y diarios desmintiendo su calidad de detenidos-desaparecidos y acusando a la Vicaría de la Solidaridad por esta situación.

            Los detenidos permanecieron cerca de treinta días incomunicados, donde los obligaron a declarar, bajo torturas físicas y sicológicas, que ellos habían sido los autores del secuestro del menor. Al menos dos de ellos, Eduardo de la Fuente y Osvaldo Figueroa estuvieron en la misma pieza con Troncoso, mientras eran interrogados y torturados. De la Fuente relata que estaba presente, pero con la vista vendada al igual que todos los detenidos, cuando los agentes comenzaron a aplicar corriente a Troncoso, quien insistía en manifestarles a los aprehensores que él nada sabía de lo que le preguntaban. El interrogatorio también lo alternaban con de la Fuente, quien agrega que, como Troncoso gritaba mucho el jefe del grupo ordenó que le taparan la boca y continuaron con la torturas, hasta un momento en que uno de ellos dijo "paren, háganle masajes, parece que se nos murió". Enseguida, ordenaron sacar a de la Fuente de la pieza y lo llevaron a un patio donde lo dejaron sentado en una silla. Osvaldo Figueroa, por su lado, fue careado la noche del 11 de mayo con Jorge Troncoso, que parecía -según dice- venir recién llegando, pues aún no mostraba huellas de malos tratos. Sin embargo, después un agente le dijo que él se había equivocado, que no era Troncoso, a quien había visto allí. Más tarde lo volvieron a introducir en la pieza de los interrogatorios y entonces vio a la víctima tendida en una camilla y él volvió a insistir que éste era Troncoso, pero el afectado no hizo ningún gesto, ni tampoco mostraba signos de respirar.

            Producido el fallecimiento de Troncoso Aguirre, la DINA había optado por confundir a la opinión pública y a su familia a través de informaciones que daban a Troncoso como cabecilla de la banda secuestradora del menor y adjudicándole la calidad de prófugo. La información tenía otra sutileza, aparecía alterada la identidad, se le llamaba Jaime Troncoso Valdés; esta persona también existía y en el mes de Abril de ese año había estado detenido por infringir el toque de queda.

            Recién el 13 de Junio, los Veloso -ya sin detención domiciliaria- pudieron contar la verdad de los hechos, las presiones de la DINA y la falsedad de la versión sostenida por ellos. Hicieron una declaración, la que fue entregada al Presidente de la Corte Suprema. Nuevamente el menor fue detenido, ahora por orden del Fiscal.

            Finalmente, la prensa acalló el resultado de lo ocurrido, y la incomunicación de que fue objeto Carlos Veloso por orden del Fiscal Militar que investigaba lo ocurrido.

            En definitiva, los acusados fueron dejados en libertad incondicional por falta de méritos, excepto Humberto Drouillas y Williams Zuleta, que fueron encargados reos por supuesta infracción a la Ley de Control de Armas, por formar parte de un grupo subversivo, es decir, por causas políticas.

            Los medios de comunicación, haciéndose parte de las imputaciones del régimen militar, atacaron a través de este caso la honra de las personas afectadas y la de organismos de la Iglesia Católica como la Vicaría de la Solidaridad -a quien acusaron de informar sobre falsos desaparecidos a raíz de los hechos ocurridos- y a la Fundación Cardjin.

            Pero, sin duda, el hecho más lamentable de este montaje fue la desaparición de Jorge Troncoso Aguirre que, pese a los testimonios que daban cuenta de su presunta muerte en un cuartel de la DINA producto de torturas, su detención fue siempre negada por el entonces Ministro del Interior, Sergio Fernández Fernández, y las autoridades militares.

            Cabe destacar que en el requerimiento del Ministerio del Interior a la Junta Militar se obviaba el nombre de Troncoso Aguirre, a pesar que por la prensa se le daba como el cabecilla del grupo, y que nunca se decretó orden de detención en su contra ni tampoco fue citado en el proceso por el secuestro del menor Veloso.

 

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 16 de mayo de 1977 se interpone un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 250-77, el que fue rechazado con el sólo mérito de lo informado por el Ministro del Interior, que señaló que el afectado no se encontraba detenido por orden de esa Secretaría de Estado.

            El 24 de mayo de 1977, la familia presentó una denuncia por secuestro de Jorge Troncoso ante el Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, rol 79.671-1, que después fue ampliada a querella por los delitos de secuestro, apremios ilegítimos y homicidio calificado.

            Ante el Tribunal se presentaron declaraciones juradas de los testigos de reclusión de la víctima, quienes señalaron detalladamente las circunstancias en que fue visto en el recinto de la DINA.

            En el proceso quedó establecido que el vehículo en que se movilizaban los agentes cuando fue detenido resultó pertenecer a la Presidencia de la República, según informe evacuado por la Municipalidad de Quinta Normal, a la cual pertenecía la patente individualizada.

            El hermano del afectado, Miguel Troncoso, se topó fortuitamente con los mismos agentes en el mismo automóvil en el centro de Santiago, ocasión en que solicitó a unos carabineros que les cursara una infracción a los sujetos. Los carabineros se acercaron al auto, pero sus ocupantes se identificaron como agentes de la DINA, por lo que nada hicieron. El Sargento que realizó el procedimiento declaró ante el Tribunal lo ocurrido, pero no pudo entregar los nombres de los agentes pues dijo no recordarlos.

            Se solicitó al Tribunal que se constituyera en el recinto de detención, pero el Ministro Sergio Fernández informó que el lugar de arresto de los inculpados (no así de Troncoso de quien negó hubiese estado detenido) del secuestro había sido Cuatro Alamos.

            La querella se amplió a la persona del Director de la DINA a la fecha de ocurrida la detención, General Manuel Contreras Sepúlveda.

            El 26 de septiembre de 1978 el Juez se declaró incompetente y remitió los antecedentes al Segundo Juzgado Militar. Pese a las apelaciones por esta resolución, ratificada por la Corte Suprema al rechazar un recurso de queja en este sentido, la causa se acumuló a una querella en contra del General Contreras y otros Oficiales jefes de la DINA seguida en la 2da. Fiscalía Militar, rol 553-78, por el secuestro de numerosas otras víctimas de desaparición.

            La causa rol N° 553-78 se había iniciado el 1° de agosto de 1978, cuando familiares de desaparecidos interpusieron ante el 10° Juzgado del Crimen de Santiago una querella criminal por delito de secuestro agravado en contra del General (R) Manuel Contreras Sepúlveda, del Coronel de Ejército Marcelo Luis Moren Brito y del Teniente Coronel de Ejército Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo. Al Tribunal se entregaron además las identidades de otros agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), los antecedentes de recintos secretos de detención del mencionado organismo y otros datos relativos a su estructura y medios con que contaba la DINA.

            Sin realizar ninguna diligencia, el 10 de agosto de ese año la Jueza del 10° Juzgado se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Justicia Militar; después de varias apelaciones en Mayo de 1979 la causa se radicó en la 2a. Fiscalía Militar de Santiago bajo el rol N° 553-78.

            En 1983, el Tribunal tuvo a la vista los cuatro cuadernos de instalación de la Visita Extraordinaria por casos de detenidos desaparecidos de la Región Metropolitana que sustanció el Ministro Servando Jordán, en ellos se contenía importante información respecto al actuar de la DINA y a la responsabilidad de ese organismo de seguridad en cientos de detenidos-desaparecidos.

            Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el Teniente Coronel de Ejército, Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esa causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2191), porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque, durante los 10 años de tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de noviembre de 1989, la solicitud fue acogida por el 2° Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa -la que aún se encontraba en etapa de sumario- por "encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados".

            Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que, al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.

            Antecedentes completos de la querella en contra de Manuel Contreras se encuentran en el caso de Eduardo Alarcón Jara, 30 de julio de 1974.

 

 


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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