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Jacobo STOULMAN BOERTNI

Acciones contra matrimonios mixtos argentino-chilenos

El 29 de mayo de 1977 fue detenido a la llegada del vuelo en que se desplazaban entre Santiago y Buenos Aires, antes de pasar el control de Policía Internacional el matrimonio chileno formado por Matilde PESSA MOIS y Jacobo STOULMAN BOERTNIK, sin militancia ni vinculaciones de tipo político. Posteriormente a su detención el matrimonio se encontró registrado en el Hotel Winston Palace de Buenos Aires, en esa época, usado por los servicios de seguridad de Argentina.

La Comisión tiene la convicción de que se trata de víctimas de violación a los derechos humanos. El caso, sin embargo, no se da en el cuadro de contexto antes narrado, dado que las víctimas carecían de militancia. La Comisión comprobó que la DINA tuvo conocimiento de este caso, pero carece de fundamentos para atribuir esta desaparición a agentes del Estado de Chile.

(Informe Rettig)


5 de Mayo 2004 La Nacion

Primera condena contra el general de la FACH

Una condena de 600 días de presidio contra el ex jefe del Servicio de Inteligencia de la FACH, general (R) Enrique Ruiz Bunger, como encubridor del secuestro del militante comunista Juan Luis Rivera Matus, en noviembre de 1975, dictó el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard. Si bien la pena se dictó con carácter de “remitida”, vale decir no se cumple en cárcel a cambio de un control periódico de identidad, es la primera vez que un juez sentencia a Ruiz Bunger, uno de los gestores del Comando Conjunto en 1975.

El magistrado también condenó en calidad de autor del mismo delito al ex jefe operativo de la CNI, mayor (R) Alvaro Corbalán. Igualmente, sentenció en calidad de autor al oficial (R) de Ejército Sergio Díaz López a diez años. Como encubridor fue condenado a 600 días de presidio remitido el oficial (R) de la FACH Carlos Madrid Heiden.

Corbalán cumple condena de presidio perpetuo desde hace unos días en la cárcel de Punta Peuco por el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, cometido por la CNI y la DINE en 1983 para intentar encubrir el asesinato de líder sindical Tucapel Jiménez. Además, fue dictada en su contra otra sentencia de presidio de diez años por el homicidio de Lisandro Sandoval.

El destino de Rivera Matus adquirió una connotación especial, puesto que fue el primer caso que puso en duda el informe de las Fuerzas Armadas de 2001 sobre el destino final de 200 detenidos desaparecidos como resultado de la mesa de diálogo de derechos humanos.

En marzo de 2001, realizando excavaciones en el Fuerte Arteaga en Colina, producto de información contenida en el mencionado informe, la ministra Amanda Valdovinos encontró un esqueleto completo, que finalmente se comprobó eran los restos de Rivera. Sin embargo, éste apareció en ese informe como lanzado al mar junto con otros 150 prisioneros políticos.

El secuestro y homicidio de Rivera Matus correspondió a una operación mixta entre la DNE, para la cual en 1975 trabajaba Corbalán, y el recién formado Comando Conjunto, uno de cuyos impulsores fue el general Ruiz Bunger.

Rivera, trabajador de Chilectra, fue secuestrado y llevado al Regimiento de Colina de la FACH, lugar donde permaneció unos días. Desde allí fue sacado por Corbalán y Díaz y conducido al interior del entonces recinto militar de Peldehue, donde fue ejecutado. La autopsia realizada a sus osamentas revelaron que el detenido, después de muerto, fue rociado con petróleo y quemado.

Rechazo a amnistía

En 2002 las revelaciones de Otto Trujillo, ‘Colmillo Blanco’, en La Nación Domingo, señalaron un dato hasta entonces escasamente conocido: la colaboración entre la DINE y el Comando Conjunto en 1975 para secuestrar y asesinar a Juan Luis Rivera Matus.

Los antecedentes suministrados por Trujillo fueron claves para la pista que siguió el juez Joaquín Billard. Ésta además continuó la vía abierta por el ministro Alejandro Solís y no aplicó la amnistía a favor de los condenados. Incluso las defensas de los sentenciados alegaron que Juan Luis Rivera Matus ya no era un detenido desaparecido, desde que sus restos fueron hallados en Fuerte Arteaga en 2001. Y que, por lo tanto, la figura del secuestro como delito de carácter permanente para rechazar la amnistía, ya no podía ser invocada.

Pero el juez desechó estos argumentos y dijo que, en ese caso, el delito se siguió cometiendo más allá de marzo de 1978, fecha hasta la que se extiende la amnistía. Pero los argumentos de fondo del magistrado apuntaron a que estos delitos, por ser de lesa humanidad, no son amnistiables.

 

 


21 de Mayo 2004 El Siglo

Las cuentas pendientes de Ambrosio Rodríguez

El actual Presidente del Tribunal Supremo de Renovación Nacional y defensor de Pinochet podría haberse ido a vivir tranquilo en alguna región apartada del país, como lo han hecho algunos que prefieren guardarse en un protector anonimato, pero desistió de eso y se quedó en el centro de los acontecimientos como desafiando a quienes tienen más de una cuenta pendiente con él.

El 10 de septiembre del año pasado, la Comisión FUNA llegó hasta la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para denunciar a Ambrosio Rodríguez Quiros, profesor de dicha escuela y conocido hombre de Pinochet. Entre las "hazañas" del ex funcionario público, los funeros denunciaron "la realización de los sumarios que terminaron con la expulsión, tras el golpe militar, de casi todos los académicos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Luego, siendo integrante del ministerio del Interior de Pinochet, firmó expulsiones del país, como la de su ex profesor Eugenio Velasco, y también impidió el ingreso al país de un niño de 4 años por ‘ser peligroso para la patria’.

A pesar de haber sido citado a declarar en reiteradas oportunidades en el caso del detenido desaparecido Alfonso del Carmen Araya Castillo, nunca se presentó a tribunales. Como Procurador General de la República, cargo inventado por Pinochet, supervisó la defensa de los violadores de derechos humanos, alargó el período de secuestro ‘legal’ determinado para la CNI y negó por meses el acceso de los querellantes al sumario por los crímenes de la Operación Albania. Ha sido parte de la defensa de criminales como Augusto Pinochet, Humberto Gordon, los culpables del Caso Degollados, el caso Valmoval -más conocido como los ‘Pinocheques’-, y en la misma Operación Albania, en conjunto con su socio Fernando Uribe-Etxeverría. También asumió la defensa del ex ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda Bravo, destituido por el Senado ‘por notable abandono de deberes’ en el caso de Alfonso Chanfreau, desaparecido en 1974".

También se hacía alusión a su citación a declarar "por el Juez Juan Guzmán en el caso de la desaparición en Argentina del matrimonio judío-chileno Stoulman-Pessa, en el que fue involucrado por el agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel", caso que fue recordado por el abogado de derechos humanos Eduardo Contreras en la reciente vista de la petición de desafuero de Pinochet por el Caso Operación Cóndor.

La carta de Arancibia Clavel

A pesar de que frente al ministro Juan Guzmán se escudó en el "secreto profesional" para no hablar sobre su participación en el caso de los desaparecidos Jacobo Stoulman y Matilde Pessa, una carta enviada desde Argentina por el agente Enrique Arancibia Clavel, hoy condenado a perpetua por el asesinato del matrimonio Prats-Cuthbert, lo incrimina directamente.

El confeso asesino, que firmaba sus misivas como Luis Felipe Alemparte, asegura en una de ellas que el 17 de julio de 1977 Ambrosio Rodríguez se reunió con "el gerente" (Manuel Contreras Sepúlveda) y con él para construir un relato sobre la desaparición del matrimonio judío. De allí nació la pista falsa que involucraba a Jacobo Stoulman con el financiamiento de los Montoneros argentinos y los Tupamaros uruguayos. En esos días, Rodríguez se encontraba en Buenos Aires por petición de las hijas de los Stoulman-Pessa, quienes le habían pagado una fuerte suma de dinero para que, como influyente abogado del régimen militar, les ayudara en la búsqueda de sus padres, desaparecidos el 29 de mayo de 1977.

Sin embargo, el abogado también había recibido pagos de otros interesados en que la pareja judía no volviera a aparecer. Se trataba de algunos de sus familiares directos y de los socios de Jacobo Stoulman en la casa de cambio Andes, León Dobry y Enrique Chamorro, quienes de esta forma se quedarían con los bienes de la pareja, mientras que el "gran rabino" Angel Kreiman evitaba confrontaciones con la dictadura.

Los dineros y la censura

Uno de los más interesados en que la pareja Stoulman no volviera desde Argentina era el rabino Angel Kreiman Brill, quien en esos días aparecía como un importante opositor a la dictadura. Pese a que en los primeros días de la desaparición apareció haciendo gestiones en el ministerio de Relaciones Exteriores para saber de su paradero, prontamente Kreiman se olvidó del tema y ni siquiera acudió a una cita, concertada por el coronel de la FACH y funcionario del ministerio Jaime Lavín Fariña, para tratar el caso en julio de 1977. Pero Kreiman estaba preocupado de no hacer "olitas", pues tenía muchas cosas que esconder y que eran conocidas por los servicios de inteligencia.

Junto con Cambios Andes y Turismo Top Tour, los negocios de Stoulman, sus "socios" procedieron a limpiar las cuentas que se mantenían en Suiza y que hoy equivaldrían a unos 35 millones de dólares. De esta forma, además de perder a sus padres, las tres hijas de los Stoulman-Pessa quedaron sin posibilidades de recuperar parte de sus inversiones.

El caso ha sido censurado en muchas ocasiones, especialmente tras el fin de la dictadura, porque junto con acusar a empingorotados personajes del régimen militar, como los involucrados en la Operación Cóndor que van desde el abogado Ambrosio Rodríguez hasta su defendido ex Comandante en Jefe, cruza la comunidad judía nacional y sus vínculos con los más variados sectores políticos.

El periodista Iván Cabezas, luego de publicar en la Revista Semanal de La Nación el reportaje "Pregunta del millón de dólares: Quién hizo desaparecer al empresario Stoulman con su mujer, su fortuna y la plata del PC", no volvió a aparecer en la publicación. El editor Luis Alberto Ganderats presentó su renuncia poco tiempo después. Desde algunos ministerios se hicieron discretos llamados a TVN y una crónica de 5 minutos realizada por el periodista Rodrigo Espinoza fue hecha desaparecer por el Jefe de Prensa, Abel Esquivel, hasta del registro computacional de los reportajes.

También en la página periodística de internet El Mostrador fue censurado un reportaje preparado por la periodista Pascale Bonnefoy. Un llamado de León Dobry a su amigo -y compañero de Directorio del Dresner Bank- y co-dueño del diario electrónico Juan Agustín Figueroa impidió la salida del tema. Poco después, a Pascale Bonnefoy se le dio por terminada su relación contractual con El Mostrador.

Alejandra Stoulman Pessa no olvida el dinero entregado, pese a las dificultades económicas que vivían en ese momento, al abogado Ambrosio Rodríguez para que averiguara sobre el paradero de sus padres. No olvida que, de regreso de Argentina, el ex "Procurador General de la República" les relató sobre la relación de su padre con los Montoneros y los Tupamaros. El abogado de Pinochet se escuda en el "secreto profesional" frente al ministro Juan Guzmán, pero ya se había contradicho en otras declaraciones, cuando admite que viajó a Buenos Aires con el encargo profesional de buscar a la pareja desaparecida y luego sostiene que su ida era producto de "gestiones deportivas", como dirigente del fútbol.

Lo cierto es que fue a Argentina, que preguntó por los Stoulman Pessa y se reunió con "el gerente" Manuel Contreras, quien también ha conocido de su mano defensora en los tribunales chilenos.

La necesidad del desafuero

Para el abogado Eduardo Contreras, la Operación Cóndor "es uno de los episodios criminales más emblemáticos de la dictadura militar, al menos por tres de sus rasgos singulares. Primero, por la dramaticidad del horror aplicado a las víctimas, luego por su alcance internacional y finalmente porque, quizás más que en otros casos, aquí está más clara que nunca la participación personal de Pinochet como autor directo".

El desafuero del ex dictador, hoy presentado como "ex presidente", se solicita por "la existencia de los delitos y fundadas sospechas de su participación en ellos, pues para procesarlo es necesario quitarle la protección que le da el fuero de los ex presidentes de la República, creado ex profeso a favor del inculpado por la ley 19.672, publicada en el Diario Oficial de 28 de abril del año 2000", según señala Contreras.

Para los abogados querellantes, "la existencia de la asociación ilícita y de los delitos de secuestros calificados de los que trata este proceso, está sobradamente acreditada. La participación en los ilícitos de Augusto Pinochet en calidad de autor -en los términos del artículo 15 del Código Penal- ha sido demostrada plenamente.

No es un detalle menor recordar que los procesos sobre el crimen de Orlando Letelier y Ronnie Moffit, el caso de los 119 de Operación Colombo, el del asesinato del General Carlos Prats y su esposa Sofía, y el atentado contra Bernardo Leighton y su esposa, aunque hayan sido tratados separadamente por razones procesales, forman parte precisamente de la estrategia del Plan Cóndor. Las declaraciones públicas del propio inculpado, las informaciones de prensa de la época y la explícita confesión del director de la DINA, Manuel Contreras, lo confirman.

Los delitos que analizamos no sólo violan disposiciones de nuestro ordenamiento penal. Son crímenes contra la humanidad que violan además, entre otros documentos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las convenciones de Ginebra vigentes en Chile a la época de los ilícitos y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados".

La "demencia incurable"

Los querellantes realzaron el hecho de que "ante la imposibilidad de demostrar la inocencia del inculpado, su defensa alegó su demencia sobreviniente. Más allá de las irregularidades de la pericia a que fue sometido en el caso Caravana de la Muerte, que fueron oportunamente denunciadas, el examen demostró que su memoria, atención y funciones de reconocimiento eran muy buenas y que distinguía perfectamente lo bueno de lo malo. Es decir, es perfectamente imputable, y hoy tenemos nuevas pruebas de eso. Adjuntamos el video de la entrevista para la televisión de Miami de diciembre pasado, junto a su transcripción, donde se le aprecia perfectamente lúcido.

Además, el propio inculpado nos muestra día con día que no está ni loco ni demente. Hace pocas noches, según informó ‘El Mercurio’, Pinochet concurrió a una animada cena al restaurante ‘Lily Marlene’, donde escuchó esas marchas nazis que tanto le agradan. Se le ve sonriente, rebosante de salud, por lo que practicarle nuevos exámenes mentales es absolutamente posible y necesario".

 

 


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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